Condicionan aprobación de proyecto que da autonomía a la Defensoría Penal Pública

"No estoy dispuesto en avanzar en normas que den autonomía a la Defensoría de los autores de delitos, mientras el Parlamento no apruebe el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas que fue despachado hace más de dos años por el Senado y que la Cámara de Diputados tiene paralizado".

Con estas palabras, el senador Alberto Espina definió su postura respecto del proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría Penal Pública con carácter de autónoma, que comenzó a ser estudiado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Dicha iniciativa está cumpliendo su primer trámite y según explicó la presidenta de la citada instancia legislativa y autora del proyecto, senadora Soledad Alvear, en general "hubo una opinión favorable de esta iniciativa y quedamos invitar al Ministro de Justicia y a la Defensora para que nos pueda dar a conocer cuales son los elementos que ella ha pensado para una Ley Orgánica de una Defensoría  autónoma".

Si bien el senador Espina se mostró dispuesto a estudiar esta iniciativa, dijo que es fundamental que ella venga aparejada de la creación de la Defensoría de las Víctimas.

"A mi juicio aquí hay una situación dispar porque hoy día quienes cometen delitos tienen defensoría, porque el Estado gasta plata en defenderlos, en cambio los que son víctimas de los delitos no tienen defensoría y hoy estamos discutiendo si le vamos a dar autonomía económica al organismo que defiende a los autores de delitos, pero los que son víctimas ni siquiera tienen la posibilidad de tener un abogado pagado por el Estado", manifestó.

Por ello, senador Espina señaló que "mientras el proyecto de Defensoría de las Víctimas no se despache, yo por lo menos voy a votar en contra del proyecto de autonomía y rango constitucional de la Defensoría de autores de los delitos, porque creo que es mucho más importante tener abogados para quien es víctima del delito".

INSTITUCIONALIDAD NECESARIA

Asimismo, el senador precisó que la Fiscalía Nacional del Ministerio Público no tiene como función defender los derechos de las víctimas, sino que de representar al Estado frente a un delito que se comete.

"En muchos casos, hay discrepancias entre lo que la Fiscalía quiere hacer en un juicio respecto de lo que la víctima estima correcto. Por ejemplo, la Fiscalía puede querer tipificar un delito como cuasi delito de homicidio, es decir que fue por imprudencia, sin embargo la víctima puede decir que fue doloso, es decir con intención. Es lo más antidemocrático dejar a las víctimas de delitos, cuando no tienen recursos para proveérselos por si mismos y quedar supeditado al monopolio de la Fiscalía", sentenció.

Cabe recordar que el proyecto de reforma constitucional señala que "existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley" y que será una ley orgánica constitucional la que determinará su organización y atribuciones.