Efectos de cambios al sistema de justicia militar fueron objeto de análisis

Un intenso intercambio de opiniones respecto de los efectos que pueden tener los cambios aprobados por el Congreso en materia de justicia militar, para poner fin al enjuiciamiento de civiles en tribunales castrenses, realizaron los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado junto al Ministro de Justicia Felipe Bulnes y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

Al término del encuentro los senadores Andrés Chadwick y Patricio Walker explicaron que surgió una inquietud respecto del impacto que tendrá el traspaso de causas y sobre la constitucionalidad de algunos procesos.

"Estuvimos analizando todas las dudas que pudiesen haber existido y a mí juicio y a juicio del gobierno no hay ningún problema de constitucionalidad y no se advierte que puedan haber mayores riesgos en la tramitación de los procesos. El gobierno siempre tiene la posibilidad de volver a estudiar y a enviar un veto, pero hasta el momento no hay nada de eso", dijo el senador Chadwick.

Agregó que las inquietudes dicen relación con "el traspaso de un proceso inquisitivo como es la justicia militar a un proceso acusatorio como es el proceso penal nuevo. Entonces son dos tipos de procedimientos distintos, pero ambos están plenamente vigentes en Chile y guardan las normas de debido proceso así que concluimos que no veíamos mayoritariamente diferencias".

El senador Walker señaló que su preocupación apunta a que "va a haber una mayor carga de trabajo de 5 mil a 6 mil causas que se van a traspasar a la justicia civil, y la idea es que existan los fiscales disponibles para efectivamente tomar estas causas para que se tramiten bien y que se respeten adecuadamente los derechos de los imputados".

Agregó que "se nos dio la certeza por parte del Ministro de Justicia que ellos están dispuestos a entregar todos los recursos que sean necesarios para fortalecer el capital humano de los fiscales, de modo tal de poder enfrentar estas causa con la debida dedicación que se requiere".

REFORMAS

Pero además de analizar los efectos del cambio a la justicia militar, la Comisión de Constitución también analizó de manera informal el proyecto que permite a los chilenos votar en el extranjero y la reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios.

Respecto del primer punto, los senadores Soledad Alvear y Alberto Espina señalaron que existe la disposición de buscar un acuerdo, pero sobre la base del diálogo.

Asimismo, la senadora Alvear manifestó que "le hicimos presente al Ministro Secretario General de la Presidencia Cristian Larroulet, que como Concertación, si bien había conversaciones, no había ningún acuerdo de que el voto de los chilenos en el exterior tuviera como requisito una permanencia de 9 meses en el país en el transcurso de 10 años".

Agregó que esa "propuesta del gobierno ha sido completamente rechazada por la Concertación, de manera tal que señalar que existe un protocolo de acuerdo respecto a este punto no me parece adecuado. Nosotros hemos querido que no exista ningún vínculo".

Por su parte el senador Espina manifestó que "si es necesario avanzar en ese punto para llegar a un acuerdo, hay que hacerlo. Si lo que vale es llegar al acuerdo y por lo tanto, todos tenemos que estar dispuestos a ceder en nuestras posiciones para generar ese acuerdo en la medida que respete un principio básico: que el destino de Chile tienen que resolverlo las personas que tienen vínculos con nuestro país"

Respecto de la reforma que entrega reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, el senador Espina señaló que "el próximo martes se va a definir el procedimiento de consulta. El proceso de consultas hecho con anterioridad cumple todos los requisitos y distinto es que se va a abrir igualmente un nuevo proceso, porque creo que es necesario y bueno hacerlo".

En tanto, la senadora Alvear manifestó que tiene dudas respecto de si la consulta que se realizó con anterioridad es la adecuada y cumple con los requisitos internacionales, razón por la cual se debe tomar una decisión al respecto.

"Lo que dice la OIT en el convenio 169 es que deben ser escuchadas  las distintas etnias con el objeto de llegar a algún acuerdo. El sistema de audiencias públicas en la cual solo hemos escuchado a algunas organizaciones y el proceso de encuestas que realizó el gobierno donde solo participaron el 9% de las etnias me parece que no cumple con los requisitos que establece la OIT", dijo.