Quieren dar prioridad a las empresas regionales en las licitaciones realizadas por organismos públicos

Con el propósito de permitir que las empresas regionales cuenten con mecanismos que les permitan ser favorecidas en las licitaciones realizadas por organismos públicos, los senadores Pedro Muñoz, Carlos Bianchi, Camilo Escalona y Andrés Zaldívar presentaron un proyecto para modificar la Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

La iniciativa que fue remitida a la Comisión de Hacienda del Senado propone incorporar a la citada ley una norma que señale que se "deberán contemplar mecanismos que favorezcan a los oferentes de regiones distintas de la Región Metropolitana, especialmente cuando los bienes o servicios deban utilizarse o prestarse en dichas zonas".

Según los autores de la iniciativa, el sistema Chile Compra, actualmente conocido como Mercado Público, fue concebido como un instrumento que, aprovechando las nuevas tecnologías de la información, permitía al Estado modernizar su sistema de adquisiciones, ahorrando recursos, al tiempo de permitir a pequeños y medianos proveedores mejorar sus posibilidades de negocios.

Agregan, que los actuales indicadores del portal son muy relevantes, pues durante el año 2010, se transaron 6.577 millones de dólares, contabilizándose 850 organismos públicos requirentes y unos 100.000 proveedores realizando operaciones exitosas.

"Destaca, particularmente, que de ellos un 40% lo constituyen pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es significativo el incremento en la competitividad de las ofertas, uno de los objetivos primarios del sistema, alcanzándose en la actualidad un promedio de 6 oferentes por licitación", sostienen los legisladores.

DESCENTRALIZAR

Los autores de la iniciativa señalan que todo lo anterior redunda en ahorros para el Fisco que se estima bordean los US$ 230 millones anuales, pero sin embargo, una de las críticas al sistema es que en aras de obtener ahorros y priorizar, en forma importante, aunque no excluyente, las mejores ofertas, Mercado Público constituye sólo un sistema de encuentro entre servicios públicos y proveedores, eludiendo incorporar objetivos y la consecuencia de finalidades relevantes para la economía nacional, como la diversificación productiva y la descentralización.

"El sistema no contempla estímulos especiales respecto de la participación de las empresas regionales, dándose en muchos casos el absurdo que propuestas con un claro componente y utilidad local son adjudicadas por empresas de mayor tamaño de la capital, que compensan el transporte con sus mayores economías de escala", sostienen.

Del mismo modo, señalan que "el sistema ya ha probado que puede incorporar elementos que permitan enfatizar en objetivos o finalidades permanentes del Estado, como ocurrió con la ley 20.238 que sanciona con la suspensión del mecanismo, por dos años, a las empresas que sean condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador".

Por ello, afirman, "creemos necesario incorporar una modificación a la Ley 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que obligue a que las bases de licitación establezcan siempre un estímulo para las empresas donde haya de prestarse los servicios o utilizarse los bienes, salvo cuando ello deba ocurrir en la Región Metropolitana. De este modo, se cumpliría el objetivo de priorizar las empresas locales, pero sin que ello afecte la opción de las firmas regionales de competir por las licitaciones en la capital".