Se mantuvo reajuste de 4,2% y se aumentaron bonos para el sector público en el Senado

Tras una ardua y tensa sesión que no estuvo exenta de fuertes intercambios de argumentos entre parlamentarios de la Coalición por el Cambio y de la Concertación además de protestas en las tribunas, el Senado aprobó y despachó el proyecto de ley de reajuste al sector público. De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República, luego de ser ratificada en los mismos términos, por la Cámara de Diputados.

En lo fundamental, contempla, a contar del 1 de diciembre de 2010 un reajuste de 4,2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076 y el personal del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297. Esta norma fue aprobada por 15 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones.

Además se establece la entrega de un bono por cierre de negociación de $215 mil para aquellos funcionarios que ganen menos de $525 mil  y de $107.500 para quienes ganen entre $525 mil y $1.743.750. Esta disposición obtuvo el respaldo unánime.

Asimismo dispone un aguinaldo de Navidad de $40.000 para los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 2010 sea igual o inferior a $525.000 y de $21.224, para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad y no exceda de $1.743.750.

En tanto, el aguinaldo de Fiestas Patrias será de $51.500 para los trabajadores cuya remuneración líquida, que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2011, sea igual o inferior a $525.000, y de $35.875, para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad y no supere $1.742.750.  Se incluye además un reajuste para los aguinaldos y bono de invierno para el sector pasivo. Todas estas normas del articulado del proyecto también se aprobaron en forma unánime.

POLÉMICA POR DESPIDOS

El debate en la Sala estuvo precedido de una larga jornada de negociaciones en la Comisión de Hacienda, donde se aprobó la  propuesta del Ejecutivo que reajusta los salarios de los empleados de la administración pública en 4,2%.

Sin embargo, la votación dividida con que llegó el informe legal al hemiciclo fue el anticipo de un duro debate donde intervinieron los senadores Camilo Escalona, José Antonio Gómez, Fulvio Rossi, José García Ruminot, Carlos Bianchi, Andrés Zaldívar, Evelyn Matthei, Ricardo Lagos Weber, Alberto Espina, Eugenio Tuma, Isabel Allende, Lily Pérez, Soledad Alvear, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mariano Ruiz-Esquide, Pedro Muñoz, Ximena Rincón, Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alejandro Navarro y Antonio Horvath.

En representación de La Moneda intervinieron los ministros de Hacienda, Felipe Larraín y del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

El momento más complejo se produjo cuando el senador José Antonio Gómez, anunció que recurrirá ante  "la Corte Interamericana de Derechos Humanos para velar por los derechos laborales de los funcionarios despedidos" e incluso anunció que realizará una reserva de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por desigualdad ante la ley.

Compartió esta postura su par, el senador Fulvio Rossi quien  aseguró que ha habido más de 7 mil funcionarios despedidos, lo que significa que existen "razias y discriminación por las ideas".

Respondió las críticas el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien señaló que ha habido un "manejo simplista de las cifras de despidos" por parte de los legisladores de la Concertación y expresó que "lo real es que a un 96% de los funcionarios a contrata se les renovó sus contratos, es decir, que solo a un 4% no se le renovó los contratos, lo que equivale a poco menos de 5 mil funcionarios a contrata".

Agregó que "durante la última administración de la Presidenta Michelle Bachelet se desvincularon a 4 mil personas y en 2009 a fines de su gobierno, se incorporó a un buen número de personas a trabajar en la administración del Estado". Recalcó además que "el gobierno no ha perseguido a nadie por razones políticas y está dispuesto a discutirlo donde sea".

En tanto, el senador Carlos Bianchi señaló que si bien estaría dispuesto a llegar a una presentación ante tribunales internacionales advirtió que "hay que tener cuidado porque el Estado de Chile es uno de los peores empleadores, desde hace más de 20 años y para esa verdad no hay rectores morales", dijo y recordó que presentó un proyecto para abordar esta realidad, el cual será patrocinado por Ejecutivo en abril próximo.

PRECARIEDAD DEL EMPLEO Y ESTABILIDAD

Los argumentos abrieron un amplio debate entre los senadores de la Concertación y la Coalición por el Cambio sobre los despidos del sector público, la precariedad del empleo en el ámbito público durante los últimos 20 años; la falta de diálogo y el monto del reajuste.

Los senadores García Ruminot, Matthei, Espina, Pérez San Martín, Allamand, Chahuán y Horvath defendieron el derecho de los Ministros a "defender al gobierno" frente a acusaciones de persecución política y llamaron a sus pares de la Concertación a hacer autocrítica sobre los 20 años de gobierno donde se aumentaron las plantas a contrata y honorarios.

Además recordaron que durante los gobiernos de la Concertación también hubo despidos de funcionarios públicos y acusaciones al interior de la propia coalición gobernante por "los operadores políticos". Sin embargo, en esa oportunidad, "nadie levantó la voz", dijeron.

Argumentaron que ahora el Ejecutivo a través del ministro Felipe Larraín se comprometió a reestudiar la situación de los funcionarios despedidos el 30 de noviembre pasado que así lo soliciten a las respectivas Subsecretarías y a abordar con una solución de fondo el régimen de los funcionarios a contrata y honorarios de la administración pública a contar del mes de abril de 2011.

A su turno, los senadores Escalona, Zaldívar, Lagos Weber, Tuma, Allende, Alvear, Frei Ruiz -Tagle; Ruiz-Esquide, Muñoz, Rincón y Navarro admitieron que el tema de las contratas y honorarios se arrastra desde hace varios años, pero "de ningún modo eso justifica los miles de despidos y el trato indigno que han sufrido muchos funcionarios por el solo hecho de pensar distinto".

Pidieron al Presidente Sebastián Piñera que honre su compromiso de estabilidad laboral de los funcionarios públicos asumido durante la campaña presidencial y aseguraron que esperan que el ministro de Hacienda cumpla con su palabra empeñada de reevaluar los casos de funcionarios despedidos injustamente.

Finalmente, hicieron énfasis en que toda esta demora en la tramitación del proyecto se habría evitado si el Ejecutivo hubiese accedido a aumentar el monto del reajuste al sector público en una cifra superior al 4,2%, en la línea con las expectativas de mayor crecimiento económico y alto precio del cobre.