Cámara Alta comienza el debate en particular del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Procurar la protección laboral de los trabajadores de Conaf, perfeccionar las definiciones y replantear los recursos destinados a la nueva institucionalidad, fueron los principales aspectos advertidos en esta primera sesión de análisis en particular del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El texto legal, que posee suma urgencia, tiene por objeto principal, procurar la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, para lo cual se establece una institucionalidad pública, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dotada de la estructura orgánica, principios y funciones que le permitan implementar y desarrollar la conservación.

Al comenzar el debate hicieron uso de la palabra los presidentes de las tres Comisiones que revisaron el texto legal.  

El senador Guiso Girardi, en su condición de presidente de la Comisión de Medio Ambiente sentenció que este es un proyecto anhelado e importante, al tiempo de realizar un reconocimiento al rol de Conaf y la calificó como prestigiada y apreciada institución. Con respecto al proyecto, precisó que “Chile se merece tener un servicio de biodiversidad, proyecto que ha tenido un largo trámite” y recalcó su importancia, en el marco del cambio climático y que busca gestión para los recursos naturales. “Este proyecto no es todo lo que queremos, porque no intervine en espacios que no están dentro de las áreas protegidas, pero es un gran avance”.

Luego, la presidenta de la Comisión de Trabajo, senadora Adriana Muñoz, detalló que se profundizaron normas laborales, con varias audiencias realizadas. Con todo indicó que entre las prevenciones advertidas está el riesgo del régimen híbrido laboral, entre el código del trabajo y el estatuto laboral. Asimismo recomendaron, a través de indicaciones, asegurar el traspaso completo de los funcionarios, primero a Conaf y luego al Servicio Nacional Forestal (Sernafor), por lo que sugirieron eliminar la frase “al número máximo de funcionarios a traspasar”, pues –precisaron- relativiza el traspaso total. Además enumeró una serie de observaciones de los integrantes de la Comisión.

Desde la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber comentó que sostuvieron un largo debate sobre el mecanismo de traspaso de Conaf a los nuevos organismos y señaló que el Ejecutivo se comprometió a presentar una indicación ad hoc. El legislador indicó que algunos miembros manifestaron que son partidarios de contemplar 2 servicios, uno de gestión y otro abocado a la biodiversidad. Además, se rechazó el artículo 22 que disponía una resolución que establecería en forma anual la estructura del servicio indicando el número máximo y grados. Por último manifestó que se criticó el “escaso presupuesto” del proyecto.

Sobre definiciones de ecosistemas fue la primera votación separada, la que se despachó por 22 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, para lo que la senadora Ena Von Baer advirtió que el proyecto entrega algunas atribuciones fuera de las áreas protegidas, por lo que –a su juicio- propicia superposición de las instituciones a cargo de los planes de manejo, lo que llamó a perfeccionar.  

Luego, el senador Iván Moreira recordó la larga tramitación del texto, que se inició en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que tuvo más de 1550 indicaciones y un informe de mil páginas. A su turno, la senadora Carmen Gloria Aravena reconoció y agradeció la labor de los guarda parques y destacó del proyecto que se asegure el tema laboral, pero instó a asumir un mayor compromiso con los recursos.

Coincidiendo con la importancia del rol de los guarda parques, la senadora Ximena Órdenes lamentó que Chile “asigna menos de 1 dólar por hectárea de áreas protegidas”, por lo que calificó como insuficientes los recursos consignados, considerando el número de funciones establecidas en este proyecto. Para la senadora Isabel Allende urge esta nueva institucionalidad, pero reconoció que es un proyecto complejo “y legítimamente, para los trabajadores de Conaf no era fácil ver la importancia de hacer un salto”.

Los insuficientes recursos también fueron parte del argumento de la senadora Ximena Rincón, quien manifestó su preocupación. “Si queremos de verdad abordar estas discusiones debemos poner recursos” y coincidió con los problemas que conllevaría hacer cumplir la ley, “si estamos superponiendo funciones”.

El senador Juan Pablo Letelier aclaró que es “contrario a que las áreas silvestres protegidas estén dentro del Servicio de Biodiversidad, es un tremendo despropósito”, apuntó. En tanto, el senador David Sandoval puso de relevancia la importancia y urgencia de la nueva institucionalidad, “con 15 millones de hectáreas a lo largo de Chile (…), es necesario pasar a una nueva etapa”.

“Con la importancia que tiene este proyecto es difícil comprender la tardanza en su tramitación”, reconoció el senador Rabindranath Quinteros, quien llamó a descentralizar este nuevo servicio. Por su parte, el senador Guido Girardi aclaró que “cuando los ecosistemas están amenazados o degradados (…) existirá un comité técnico o científico que pueda proponer alternativas, medidas, para recuperar o impedir que se degraden más. (…) Es valioso tener una orientación para recuperar o impedir su extinción”.

Pese a valorar el avance, el senador Juan Ignacio Latorre dejó constancia de aspectos que se deben abordar para que la norma sea eficaz, como el financiamiento y el concepto de compensación; además, de la falta de medidas de protección. Acto seguido, el senador Juan Antonio Coloma coincidió con los argumentos de la senadora Von Baer y evidenció que “no podemos tener 2 tratamientos, dos formas de enfrentar y ese es el tema de fondo”.

“¿Cómo vamos a hacernos cargo de algo que está afectando a la humanidad?”, se preguntó el senador Kenneth Pugh, quien puso atención al tratamiento, que “no puede ser para todos igual”, reconoció, aludiendo al Estado v/s privados. Luego, el senador Alejandro Navarro señaló como primordial tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión de Trabajo, para dar certezas a los trabajadores de Conaf.

“Este proyecto aumenta el espectro de funciones y va a lograr generar una estrategia de inversión respecto a la conservación lo que generará bienestar y un turismo sustentable con motor de desarrollo” dijo el senador Rafael Prohens quien precisó que se requiere compatibilizar la protección del medioambiente y la actividad de los pequeños productores.

En tanto, el senador Álvaro Elizalde recalcó que “lo importante es que el estándar ambiental es más alto y existe una mayor exigencia de parte de la ciudadanía que tiene conciencia del impacto del calentamiento global y la responsabilidad que nos corresponde”. Por eso, se mostró partidario de una institucionalidad ambiental robusta.

El debate se retomará en la Sesión Ordinaria de mañana miércoles 24 de julio.

El mensaje contempla, entre otros, el fijar los principios a los cuales deberán sujetarse todo tipo de políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten, en el contexto del presente marco normativo, tendientes a la protección y conservación de la biodiversidad.

Estos principios son, entre otros: la exigencia de una actuación coordinada entre los distintos órganos competentes para la implementación de políticas de conservación; la prohibición de que los actos administrativos pueda sufrir modificaciones que signifiquen una disminución en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados previamente, (principio de no regresión); la regla que dispone que quien cause daño a la biodiversidad o a uno o más de sus componentes deberá responder por el mismo (principio de responsabilidad) y el del resguardo del uso sostenible y equitativo de genes, especies y ecosistemas, para el bienestar de todos, (principio de sustentabilidad).

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente. Se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o locales.

Fija las funciones y atribuciones del Servicio que se crea; dispone que el Servicio estará a cargo de un Director Nacional; y regula la composición del patrimonio del Servicio.

Entrega a un Reglamento la fijación de la organización interna del Servicio y de las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de sus unidades, regulándose el régimen laboral de su personal, el cual se regirá por las normas del Código del Trabajo, ingresarán mediante concurso público, estarán sujeto a las normas sobre evaluación; probidad; destinación y subrogación; capacitación; responsabilidad disciplinaria; infracciones; procedimiento sancionatorio y término de la relación laboral que se establecen.

En lo relativo a los Instrumentos para la conservación de especies y su variabilidad genética, se contempla: la elaboración de planes de recuperación, conservación y gestión de las especies que hayan sido clasificadas en alguna categoría de conservación, los cuales deberán considerar las circunstancias mínimas que se establecen; la declaración como monumento natural de una o más especies o especímenes de animales o plantas, con base en su interés estético o a su valor histórico o científico; y el establecimiento de planes y normas destinados a la prevención, , control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras

Crea el Comité Científico Asesor; crea el Fondo Nacional de la Biodiversidad; crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituido por el conjunto de áreas protegidas, del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas y continentales.

Establece la existencia de un cuerpo de guardaparques, que será la autoridad competente para el manejo y fiscalización de las áreas protegidas del Estado, correspondiéndoles la función de velar por la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas del Estado, y las demás que se determinan.

Entrega al Servicio la función de fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas, de las obligaciones de los propietarios y administradores de las áreas protegidas privadas, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas y, en general, de todas las actividades que se desarrollen en éstas; estableciéndose aquellas infracciones respecto de las cuales el Servicio podrá ejercer la función sancionatoria conforme al procedimiento especial que se regula, y aplicar las sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectar al infractor.