Surgen críticas ante anuncio del Ejecutivo del envío del proyecto de Carretera Eléctrica

Ante el anuncio del Ejecutivo del envío del proyecto de ley que regula la Carretera Eléctrica, el senador José Antonio Gómez, integrante de la Comisión de Minería y Energía criticó duramente la iniciativa por carecer de una proyección clara para la construcción y ejecución de una matriz energética limpia y renovable para del país.

"El problema no es Castilla, no es HidroAysén, ni la Carretera Eléctrica, el problema es que Chile requiere de una estrategia energética urgente y, al menos en este gobierno, no la tendremos" dijo al ser consultado por esta nueva iniciativa del gobierno que se dio a conocer solo un par de días después del rechazo de la Corte Suprema a la construcción de la termoeléctrica Castilla.

Para el senador Gómez, el proyecto que anunció el Presidente Piñera en La Moneda, "deberíamos llamarlo franjas de expropiación o de servidumbre, que van en beneficio de los grandes centrales (...) es un artificio legal para pasar a llevar la ley indígena, el Convenio 169 de la OIT, la ley ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado".

Agregó que, "lo que está claro es que, después de 5 ministros de Energías en menos de tres años, la institucionalidad ambiental no está cumpliendo sus objetivos".

Precisó que, al igual que en el tema educacional, en lo relativo a la estrategia energética la actual administración sólo reacciona, "cuando lo que se requiere, de forma urgente, es terminar con la neutralidad económica, con la concentración del mercado y potenciar de una vez por todas la autoridad ambiental".

En esa línea propuso 10 medidas para la generación de una estrategia energética que dé cumplimiento a la demanda nacional en los próximos años: Nueva Ley Eléctrica que clarifique la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada para el desafío del país, que transforme a la actual Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC en una Superintendencia de Energía.

Asimismo plantea la Transformación de la ENAP; la renuncia definitiva a la energía nuclear en Chile y enfoque de todos los recursos económicos, humanos e institucionales a disponer de oferta ampliada de Energías Renovables No Convencionales (ERNC); la inversión estatal incrementada en prospección de energías geotérmicas y mareomotriz.

Así como la adopción de una estrategia de estructuración de Fondos de Reservas Estratégica Petrolera junto con una política de fomento de los biocombustibles y de reducción de nuestra dependencia petrolera; la  oficialización de los combustibles sólidos, permitiendo al Estado exigir tecnologías de última generación y calidad de combustible como requisito previo a la Evaluación Ambiental de proyectos.

Asimismo propuso retomar la Política Nacional de Eficiencia Energética que el actual gobierno dejó caer reduciendo en más de 10 veces el presupuesto de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética: promover políticas agresivas de inserción de ERNC a través de la medida de Introducción de Tarifas y de la nueva ley 20/20; asegurar la generación de electricidad residencial a través de una nueva ley de Net Metering y elevar a rango legal la obligación de generar políticas regionales de energía vinculantes y que aseguren la afirmación del principio de generación distribuida.