Regulación de precios de exámenes: ¿cómo determinar la fórmula de costos?

Hasta el 16 de agosto, tanto los senadores de la Comisión de Salud como el Ejecutivo tendrán plazo para presentar indicaciones al proyecto que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente.

Esto luego que la instancia fuera autorizada por la Sala a ampliar este lapso para presentar mejoras al texto iniciado en moción. La petición surgió debido a que los congresistas quieren seguir escuchando invitados antes de comenzar la discusión en particular. La idea es cerrar este proceso para poner en votación las indicaciones que se formulen en base a las exposiciones.

De hecho este martes hicieron uso de la palabra el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica, Fernando Poblete; la presidenta de Trabajo Médico del Colegio Médico, Begoña Yarza; y el ex superintendente de Salud y académico de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza.

Los tres hicieron referencia a la forma en que otros países han intentado regular el precio de los exámenes, de las prestaciones ambulatorias y de las hospitalarias; la fórmula que permitiría establecer parámetros de costos entre los prestadores privados; y el arancel de Modalidad de Atención Institucional (MAI) como mecanismo de costo base que plantea el proyecto, el también llamado arancel FONASA.

A todo de conclusión, los legisladores reconocieron –transversalmente- que la intención es velar siempre por el bien superior de la salud y en entendido, permitir el acceso equitativo a las prestaciones. Las diferencias dicen relación en la forma de materializar aquello en esta norma en particular. Los senadores Rabindranath Quinteros, Carolina Goic, Guido Girardi y Francisco Chahuán reconocen la necesidad de regular derechamente las prestaciones, mientras que la senadora Ena Von Baer cree más bien en mejorar el acceso a la información.

Para el presidente de la Comisión, el senador Quinteros, “la necesidad de terminar con los abusos está fuera de discusión. Tampoco está en entredicho el rol de los prestadores privados porque creemos en la colaboración con el sector público. Nuestro interés es escuchar a todos los que quieran aportar a la discusión, no a detener el proyecto como lo están haciendo ciertos sectores en editoriales de los medios”.

El senador Girardi aseguró que “acá hay distintos intereses que no ponen por delante la salud. No puede ser que en la red UC, un hemograma cueste 5 mil pesos y en la Clínica Las Condes, 25 mil. Claramente no se usa una tecnología distinta para analizar esa sangre. Hay cosas que son injustificables. Lamentablemente nos vemos obligados a regular precios porque hay un problema ético”.

Luego el senador Chahuán recordó que formuló una indicación al proyecto que reforma las ISAPRES (Boletín N° 8105-11), donde proponía un comparador de precios de los medicamentos. “Me gustaría que esa norma se tenga a bien en este proyecto porque va en la misma dirección que es entregar más herramientas a los pacientes para tomar decisiones informadas”.

En la línea con lo anterior, la senadora Goic admitió que “propusimos el MAI como una forma de comenzar esta discusión. Agradecemos que nos orienten a diseñar nuevas fórmulas de cálculo que permitan entregar una mejor calidad de servicio y a un precio más justo”.

Finalmente, la senadora Von Baer aseguró que “este proyecto se hizo desde una mirada superficial porque se basó en un informe de la Superintendencia de Salud de carácter preliminar (…) Es muy delicado fijar tarifas porque hay muchas implicancias que no se están mirando (…) Me gustaría que se tomara una decisión: si seguimos con esta lógica de polarizar la discusión o vamos a lo técnico, a lo serio por el bien de los pacientes”.

Cabe recordar que la moción en primer trámite establece que "el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil, como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional del Fondo Nacional de Salud (FONASA)".  Asimismo se plantea la obligatoriedad de publicitar estos precios.

Con ese telón de fondo, el doctor Poblete reconoció que “el precio de las prestaciones en sí no resuelve el problema de los costos. El gran problema es cómo se transfiere el dinero por un servicio a los prestadores. Hoy los costos están asociados al volumen de la prestación. También la naturaleza de la atención de salud hace difícil establecer costos porque en una sola atención se realizan diversos servicios y cada uno tiene un precio distinto (…) Por eso creo que la discusión de fondo es compleja y es definir cómo se tasará cada acción de salud”.

Desde el Colegio Médico advierten que “el proyecto es adecuado en cuanto a proponer normas de publicidad y registro pero no así en cuanto a la regulación de precios. Sabemos que esto por sí solo no asegura terminar con los abusos, pero sí entrega una señal (…) Así como en Francia han clasificado los actos médicos estableciendo fórmulas de costo, creemos que acá podría hacerse lo mismo considerando también la variable territorial (…) Tal vez el MAI usarlo como mecanismo de costo, de manera que un ente institucional se haga cargo de ir ajustando su valor”.

A su vez, Inostroza calificó como equivocado usar el MAI como referencia debido a que se trata de “un arancel subvalorado (…) Parámetros como el PAD, MLE, GRD o GES son mejores de utilizar (…) Sabemos que sí funciona la regulación entre prestadores públicos y privados, pero no entre privados. En el extranjero tampoco hay regulación de precios entre privados (…) Sí me parece adecuado establecer un comparador de prestaciones en línea, una suerte de IMED, que debería estar en manos de una entidad pública”.