Incremento de casos de VIH: debaten sobre qué campaña sería más efectiva para la prevención

Implementar una campaña de prevención temprana y facilitar el acceso al test de Elisa fueron las medidas por las que abogaron los integrantes de la Comisión de Salud frente a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esto en el marco de la explosión de casos de VIH en el país.

Los legisladores escucharon a la autoridad sanitaria con el fin de esclarecer las cifras que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación y que hablan de un incremento sin precedentes del número de infectados.

El presidente de la Comisión, el senador Guido Girardi valoró la información entregada por la autoridad y la voluntad de realizar una campaña de educación sexual que incluya métodos como el uso del condón.

“Aunque se critique, me parece positivo el ejercicio que hizo hace algunos meses la ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, de elaborar un manual de educación. Creo que hay que hablar de sexualidad tal como es hoy. Puede que no nos guste lo que pasa, pero hay que hacer frente a ello. Un libro o un pedazo de látex no promueve una conducta sexual”, puntualizó recordando que los pocos fondos que hoy se destinan a esta enfermedad se van casi exclusivamente a pagar medicamentos.

Frente a ello, el senador Francisco Chahuán cuestionó la iniciativa de la municipalidad de Santiago, comentando que “creo que puede estimular conductas irresponsables”. A su vez abogó por la realización de una campaña de educación sexual temprana que cuenta con los fondos adecuados.

“Tengo un estudio que demuestra que en los gobiernos de la ex presidenta Bachelet se rebajaron los montos destinados a educar en esta materia. Así se descontinuó lo que se venía haciendo en cuanto a comunicar lo grave que es infectarse”, hizo ver junto con enfatizar la urgencia de notificar adecuadamente a los pacientes con VIH, recordando que “es justo conocer esta situación a tiempo y respetar este derecho”.

Por su parte, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe reflexionó acerca de la baja tasa del uso del condón. “No creo que esto responda a la falta de una campaña educacional por televisión. Creo que se perdió el miedo al embarazo no deseado o a morir por Sida o a contagiarse de él. Esto apela a algo mucho más profundo”, indicó.

Considerando que el 40% de los pacientes que son diagnosticados, conoce su estado cuando su enfermedad está muy avanzada, la legisladora apeló a la urgencia de facilitar el acceso al test de Elisa, incluso comentó la pertinencia de generar un autotest –similar al de embarazo-, de manera de simplificar el trámite.

La subsecretaria explicó que al 2017, el Minsal contabiliza 65 mil personas viviendo con VIH, de los cuales 46 mil han sido diagnosticados. De estos últimos, 41 mil se controlan habitualmente, lo que significa que hay cerca de cinco mil personas que no lo hace conociendo su condición.

“Hay 39 mil pacientes recibiendo tratamiento. Y cinco mil no se someten a control a pesar de que constantemente el sistema los busca para que asistan a chequearse (…) Ahora, el 99% de los casos conocidos responde a contagio por vía sexual (…) En la Encuesta Nacional de Salud 2016-17, solo un 22% de las personas de entre 15 y 24 años –segmento que presenta mayor prevalencia de este mal- reconoce usar condón, lo que es bajísimo y habla del alza en el contagio”, comentó la subsecretaria Daza.

La autoridad adelantó que en las próximas semanas el ministro Emilio Santelices dará a conocer el plan nacional de la cartera para frenar esta enfermedad, mientras reconoció que el presupuesto para esta área fue en el 2017, de 63 millones de pesos. “Este año se contaba con 98 millones de pesos, sin embargo estos fondos ya fueron ejecutados, por lo que será necesario reasignar recursos para materializar las acciones que se proyecten”, aclaró.

Durante la sesión, los congresistas destinaron unos minutos a escuchar el estudio “Evaluación, y aplicación de impuestos a los alimentos con nutrientes dañinos para la salud en Chile”, de autoría de Camila Corvalán, Cristóbal Cuadrado, Claudio Agostini y Guillermo Paraje, expertos en materia nutricional y economía de la Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Católica.

Los científicos recordaron que el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington ha estimado que se registran una 17 mil muertes al año en Chile producto del consumo de una dieta no saludable, es decir, la sobre ingesta de alimentos altos en grasas, sal y azúcar.

Asimismo, estimaron que el sobrepeso y la obesidad son responsables de un millón de licencias médicas por año, cifra que al 2013 se estima que llegará a un millón 156 mil permisos. A su vez, reconocieron que los costos de estas condiciones sobre el sistema de salud, ascienden a 330 millones de dólares anuales (alrededor del 3% del gasto en salud). Y en cuanto a gastos totales, se calcula que alcanzan casi 500 millones de dólares por año.

Considerando este escenario, los profesores propusieron elevar en 1,9 pesos por gramo de azúcar, 30 pesos por gramo de grasas y 23 pesos por gramo de sodio. Si estas medidas se implementaran en conjunto, estiman que bajarían los casos de hipertensión un 49%, un 59% de diabetes y un 41% los accidentes cerebrovasculares (ACV).

Esta nueva carga impositiva sería factible de aplicar puesto que el Servicio de Impuestos Internos (SII) lo confirmó. Además, se recaudarían entre 350 y 400 millones de dólares anuales. En cuanto a los efectos en la canasta básica, los expertos aseguraron que no tendría consecuencias en el costo de los alimentos de las familias más pobres.

Al respecto, el senador Chahuán solicitó que la Biblioteca del Congreso (BCN) revisar la existencia de estudios sobre los efectos que han tenido este tipo de medidas impositivas sobre la industria alimentaria en otras naciones. Por su parte, la senadora Van Rysselberghe reconoció que cuando se publicó la ley de etiquetado nutricional “no le tenía fe pero hoy se ven resultados favorables considerando cómo se ha cambiado la composición de los productos buscando que no tengan sello negro”.

Por su parte, el senador Girardi recordó que el tema de los impuestos se estudió cuando se debatió la reforma tributaria, lográndose gravar solamente a las bebidas azucaradas. “Acá es distinto, queremos poner impuesto a los nutrientes críticos. Entiendo que se está conversando con el Ministerio de Hacienda sobre esto”, destacó.

También hizo uso de la palabra en la sesión, la doctora Claudia Riedel, quien expuso sobre la incidencia de la incorporación del yodo en la sal en la salud de la población.

La especialista explicó que Chile tiene una de las tasas más alta de hipotiroidismo del mundo que alcanza un 20% (clínico 2,2% y subclínico 19,4%). Buscando una explicación a este fenómeno, Riedel investigó la calidad de la sal, la que desde la década del 60 ha sido yodada en diversas proporciones. De acuerdo a su investigación, existiría una estrecha relación entre esta enfermedad y el consumo de yodo.

En tal sentido, la facultativa reconoció la necesidad de contar con fondos para ampliar su estudio, puesto que sería necesario hacer un monitoreo del yodo en la sal en todas las regiones del país. La idea es analizar durante un año el comportamiento de mil pacientes por región, midiendo su salud metabólica y el consumo del citado nutriente.

Otro tema contingente que se analizó fue la posibilidad de tramitar un proyecto de ley que permita la eutanasia, tema que está siendo revisado en la Cámara Baja. Al respecto, el senador Girardi recordó que la primera propuesta que se estudió en tal sentido, fue de autoría de un conjunto de senadores (Boletín N° 9602-11), la que pondrá en tabla de la Comisión de Salud con el fin de abrir la discusión.

Por su parte, el senador Chahuán se mostró contrario a la idea, planteando que “me habría gustado la misma disposición de la actual oposición, cuando propusimos poner en tabla el proyecto de reforma a las Isapres (…) La eutanasia está resuelta porque en la ley de deberes y derechos de los pacientes se aprobaron indicaciones sobre el buen morir. Una cosa distinta es que se quiera hablar de una eutanasia activa y a eso me opongo”.