Reglas de uso de la fuerza: aprueban en general la iniciativa y anticipan cambios a la propuesta
La Sala ratificó la idea de legislar y durante el debate se anunciaron propuestas sobre el principio de proporcionalidad, el rol de la justicia militar y regular armas menos letales, entre otras medidas.
18 de junio de 2024
Anticipando algunos de los temas que se discutirán en el análisis en particular, como el rol de la justicia militar y el principio de proporcionalidad, la Sala del Senado aprobó en general con 40 votos a favor y 3 abstenciones, el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, los senadores se dieron un mes de plazo -hasta el 18 de julio- para presentar indicaciones al proyecto que cumple su segundo trámite.
La iniciativa tiene como objetivo normar el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones, así como también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público; en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y la ley.
Previo a la votación, el senador Pedro Araya informó los aspectos relevantes del proyecto, en su calidad de presidente de las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública.
El parlamentario hizo un análisis detallado del contenido de la iniciativa y señaló que hubo coincidencia en la necesidad de elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza, así como también se refirió a aquellos puntos en los que hubo más debate.
Entre ellos, se relevaron aspectos como la competencia de los tribunales para conocer las causas que se originen con ocasión del uso de las reglas de la fuerza; solicitud de regular en esta ley el empleo de las armas menos letales; eximentes de responsabilidad penal, y evitar la sobrerregulación y superposición de regulaciones. Asimismo, se observó que la Dirección General de Aeronáutica Civil debe quedar sujeta, en lo pertinente, a los preceptos de esta ley, tal como sucede con la Dirección General del Territorio Marino y de Marina Mercante, entre otras materias.
Si bien en esta ocasión se votó en general la iniciativa, en la discusión se anticiparon algunos de los temas que concitarán mayor atención durante el debate en particular.
Por un lado, la ministra de Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a los aspectos que quiere modificar el Ejecutivo como incluir el principio de proporcionalidad y agregar más reglas de uso de las que contiene actualmente el proyecto, entre otras medidas.
En tanto, los senadores Enrique Van Rysselberghe, Carmen Gloria Aravena, Matías Walker, Rojo Edwards, Gastón Saavedra, José Miguel Insulza, Francisco Chahuán, Ximena Rincón, Claudia Pascual, José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Iván Flores, Daniel Núñez, Kenneth Pugh, Paulina Vodanovic y Alejandro Kusanovic plantearon sus puntos de vista sobre la iniciativa.
Los senadores indicaron que es necesario contar con normas claras, definidas y estructuradas y poner al día al país ante las situaciones de coyuntura que se van presentando. En tal sentido manifestaron que al delimitarse el actuar de las fuerzas, no solo se dan garantías para los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, sino que también a los ciudadanos y se evitan problemas o excesos.
No obstante, hubo opiniones divergentes respecto del rol de la justicia militar, pues hubo quienes se manifestaron a favor de que sea ese tipo de judicatura la que resuelva en casos relacionados con el uso de la fuerza, mientras que otros sostienen el principio que cuando exista un acto cometido contra un civil, sea la justicia ordinaria la que lo vea.
Asimismo, hubo posturas divergentes respecto de si se incorpora o no el principio de proporcionalidad, que fue excluido en el primer trámite. En ese sentido, hubo quienes señalaron que es fundamental para que exista una relación entre el riesgo, la acción que se está enfrentando y la respuesta que se tiene, mientras otros plantearon se podría afectar lo aprobado en la Ley Naín-Retamal, argumentando que es fundamental considerar el principio de racionalidad.