A ley proyecto que fortalece el Ministerio Público

En condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación, quedó el proyecto que fortalece el Ministerio Público. (Boletín Nº 8265-07). Ello, luego que el Senado aprobara la iniciativa tras un extenso debate, y la Cámara de Diputados hiciera lo propio.

El texto legal al cual se le introdujeron diversos perfeccionamientos durante su trámite en el Senado tiene por objeto modernizar y fortalecer integralmente el Ministerio Público mediante el desarrollo de tres ejes fundamentales para el logro de estos propósitos: el perfeccionamiento institucional con la incorporación de 577 nuevos funcionarios; la investigación y tramitación de causas menos complejas y complejas y, la atención de víctimas y testigos.

Durante el debate de la idea de legislar, que se aprobó en forma unánime al igual que los artículos que concitaron respaldo hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, Felipe Harboe, Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Rabindranath Quinteros, Baldo Prokurica, Juan Antonio Coloma, Lily Pérez San Martín, Iván Moreira, José García Ruminot, Alberto Espina, Pedro Araya, Eugenio Tuma, Alejandro Navarro, Alejandro Guillier,  Juan Pablo Letelier e Isabel Allende. Además el senador Carlos Montes, dejó constancia de su inhabilitación tanto en la discusión como en la votación de este proyecto por tener un pariente que se desempeña en la Fiscalía.

En tanto, en la discusión en particular solo se produjo la votación dividida del artículo tercero transitorio del proyecto, relativo a la incorporación de hasta 28 funcionarios a honorarios a la planta del Ministerio Público.

Si bien la norma se aprobó por 22 votos a favor y 3 en contra diversos senadores hicieron presente sus aprensiones porque se estaría generando un “precedente” que no se ha aplicado en otras reparticiones públicas, pues la ley general de la administración del sector establece la necesidad de concursar.

No obstante, la explicación del Ejecutivo es que se trataba de una situación excepcional porque se trataba de "un encasillamiento a raíz del traspaso de hasta 28 abogados desde la Justicia Militar a la Fiscalía".

Al respecto, intervinieron y dieron a conocer sus distintos puntos de vista los senadores Juan Antonio Coloma, Andrés Zaldívar, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe, José García Ruminot, Eugenio Tuma y Víctor Pérez Varela

- Reduce de 10 a 8 los años de duración en el cargo del Fiscal Nacional

- Regula las facultades de los abogados asistentes del Fiscal, permitiendo que el Ministerio Público realice sus actuaciones procesales ante los tribunales de garantía a través de estos profesionales, quienes además, serán subrogantes por el sólo ministerio de la ley de los fiscales adjuntos, según designación que haga el Fiscal Regional.

- Introduce mejoras en las normas que regulan la carrera funcionaria de los fiscales adjuntos elevándose el grado desde el que ésta comienza; se crea un nuevo sistema de ascenso cada dos años, de carácter técnico y reglado y, se faculta al Fiscal Nacional para autorizar la realización de concursos internos para proveer vacantes de fiscal adjunto.

- Establece normas que aseguren una carrera funcionaria para para todos quienes presten servicios en el Ministerio Público, en materia de ascensos; concursos internos y ajustes de grado del nivel de cargos auxiliares.

- Aumenta la planta en 577 cargos distribuidos de la siguiente forma: 122 fiscales adjuntos,  203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos. Este incremento de dotación será progresivo dentro de un período de tres años, considerándose un 40% para el primer año.

- Impone al Ministerio Público el deber de publicar en su sitio electrónico institucional un Plan Institucional Anual mediante el cual se informe, entre otras materias, sobre su misión, sus principales líneas de acción, objetivos estratégicos, indicadores de desempeño y otros elementos que permitan medir su grado de cumplimiento, por región.

- Crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, para el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles, el cual se implementará en tres regiones y gradualmente en el plazo de 3 años.

- Se fortalece la atención de víctimas y testigos.