Acuerdan legislar para avanzar en mayores grados de probidad en la función pública

Con plazo para realizar indicaciones  hasta el próximo 1 de julio quedó el proyecto en segundo trámite, sobre probidad en la función pública. La idea de legislar fue aprobada por 21 votos a favor y 4 abstenciones.

 En la segunda jornada dedicada al debate de esta materia intervinieron los senadores Camilo Escalona, Isabel Allende, Fulvio Rossi, Hosaín Sabag, Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro. Además del ministro secretario general de la Presidencia Cristián Larroulet.

En la ocasión si bien todos los legisladores coincidieron en la necesidad de avanzar en mayores grados de transparencia y para prevenir conflictos de intereses, quedaron de manifiesto algunas inquietudes que serán tema del debate en particular.

Entre, estas últimas se cuentan las dudas sobre las inhabilidades que debieran regir para los funcionarios públicos que dejan sus cargos, de modo que no pasen en forma automática al sector privado y los resguardos frente al eventual uso malicioso que se le pueda dar a las declaraciones de bienes e intereses.

ARGUMENTOS

El senador Escalona reflexionó sobre que “estamos atravesando por una de las etapas de mayor desconfianza hacia la política y los conflictos de interés están en el centro de esta desconfianza. Este fenómeno de carácter general afecta al conjunto del sistema político”.  Por ello apuntó a la necesidad de incorporar  más propuestas para la solución de eventuales conflictos de interés, como por ejemplo, en el caso de funcionarios públicos que dejan altos cargos y casi de inmediato pasan al sector privado”. Advirtió que si no se abordan los temas en forma adecuada el sistema político “será horadado  y debilitado de manera irreparable”.

La senadora Allende valoró que se esté avanzando en regular y actualizar el ejercicio de la función pública. Recordó que durante la administración de la ex Presidenta Bachelet se presentaron varias propuestas para regular el Lobby, mejorar la institucionalidad de la Contraloría o la creación de la Auditoría General de Gobierno. En esa línea, se mostró partidaria de introducir algunos perfeccionamientos durante el debate en particular.

A su vez, el senador Rossi llamó la atención sobre la necesidad de prevenir los conflictos de interés tanto públicos como privados. “Basta ver lo sucedido con diversos fallos judiciales sobre cláusulas abusivas en contratos”, dijo y destacó también el tema de eventuales inhabilidades, aludiendo a otras instituciones como por ejemplo, los municipios donde se otorgan contratos a empresas donde los propios miembros del concejo tienen participación.

El senador Sabag si bien valoró el texto legal hizo notar sus aprensiones por las experiencias ocurridas en otros países donde se ha producido un uso malicioso de toda esta información que se pone a disposición del público. “Hay casos donde han ocurrido plagios de parientes con el fin de apuntar al pago de rescates, por eso hay que buscar una forma de prevenir estos hechos tal como lo ha incorporado Estados Unidos”.

En la misma línea, el senador Coloma fue más cauteloso y precisó que “no tengo una visión tan optimista sobre el texto legal sino más bien algunos reparos respecto a filosofía de este proyecto”. Ejemplificó que un “un concepto deseable como la transparencia también se transforma en traba”, aludiendo a los cientos de petición de información por transparencia que reciben los ministerios y que apuntan a temas muy específicos y de interés particular. Por ello, advirtió sobre  “los excesos que puede producir una buena idea mal implementada”.

A su vez, el senador García Huidobro profundizó en el análisis en particular de la iniciativa señalando que hay temas que no se han abordado, por ejemplo, si los directores de empresas públicas van a tener que enajenar sus acciones, tal como se les exige a parlamentarios, ministros y autoridades.  “Hay casos de gerentes de Codelco que son dueños de empresas contratistas y es válido plantear estos temas cuando son ellos los que manejan miles de millones”, dijo.

Finalmente, el ministro Larroulet valoró la aprobación de la idea de legislar de la iniciativa y anunció que espera durante el debate en particular acoger las inquietudes manifestadas. Asimismo explicó que este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas que se encuentran en trámite, como por ejemplo, la que perfecciona la ley de transparencia, que está en la Comisión de Gobierno del Senado y la que regula el lobby, que está en la Comisión de Constitución de la Cámara.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La iniciativa impone a todo funcionario público el deber de actuar con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el ejercicio de sus tareas. Establece, respecto de las autoridades y funcionarios públicos, la obligación de efectuar una declaración de intereses y patrimonio, de carácter público, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo, y de actualizarla cada 2 años o transcurridos 30 días desde que ocurra un hecho relevante que la modifique.

Las declaraciones deberán ser de libre acceso a través de internet. Asimismo establece las sanciones para quienes, estando obligados a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, no lo realizan oportunamente o lo efectúan de manera incompleta.

Por otro lado, impone a las autoridades la obligación de constituir un “Mandato de Administración Discrecional de Cartera de Valores”, señalándose que éste constituye un contrato en virtud del cual la autoridad, en la forma y los casos señalados en este proyecto de ley, y con el objeto de precaver posibles conflictos de interés, encarga a uno o más terceros autorizados, la administración discrecional de valores que integren su patrimonio, quienes se hacen cargo separadamente de éstos, por cuenta propia y riesgo del primero. (Fideicomiso ciego).

Establece normas relativas a las modificaciones del mandato, las obligaciones y prohibiciones, tanto del mandante como del mandatario, y del término del mandato y restitución de los bienes al mandante.