Despachan iniciativa que crea registro voluntario de contratos agrícolas

Por unanimidad el Senado despachó en particular el proyecto, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas. De este modo, quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

El texto legal establece un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único, con el objetivo de dotar de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales.

Al respecto, los legisladores destacaron que durante la tramitación, el mensaje fue perfeccionado y se logró establecer que al no cumplirse un contrato, de parte de cualquiera de las partes, se establece una sanción.

Durante la sesión intervinieron los senadores Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Andrés Zaldívar, Alberto Espina, Lily Pérez San Martín, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Alejandro García Huidobro, Alejandro Navarro y Ricardo Lagos Weber.

En la oportunidad, también se acordó someter a la consideración de la Sala una indicación originada por el senador Quinteros y que contó con el respaldo transversal. La norma apunta a prever situaciones de emergencia agrícola en el incumplimiento de contratos agrícolas y establece que “las declaraciones de emergencia o de catástrofe agrícola serán apreciadas por el juez de una causa como presunción grave para establecer la presencia de caso fortuito o de fuerza mayor alegada por las partes”.

El senador Coloma resaltó la importancia del proyecto y recordó que durante el trámite legislativo se perfeccionó el artículo 17 que precisó contempla “cuando el productor venda a una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador al contrato agrícola registrado, o cuando el comprador no adquiera los productos objeto del contrato o pague por ellos una cantidad inferior, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra, por un monto de hasta el veinticinco por ciento del precio del contrato (…). Esta es la fórmula adecuada para la ley”, dijo.

Por su parte, el senador García Ruminot hizo presente la mayor operatividad que proporciona el proyecto. “Este registro va a significar servir de respaldo para acciones financieras y podrá abaratar créditos o líneas de financiamiento”, indicó y coincidió con la importancia de que con este proyecto de ley, “se da más agilidad y hace más operativo el sistema de compras de productos y sancionamos a quienes no dan cumplimento a contratos de esta naturaleza”.

Opinión similar manifestó el senador Zaldívar, para quien “este registro permitirá crear un sistema para lograr recursos a través del sistema financiero”, pero no obstante a su respaldo señaló que “lo único que me llamó la atención, es que el registro debería ser llevado por el Ministerio de Agricultura, pero está radicado en el de Economía; sin embargo, efectivamente es un avance conveniente para el mundo de la agricultura”.

“Es importante porque pone a las partes en igualdad, lo que es tranquilizador para un productor; es una cuestión cultural que se irá socializando”, señaló el senador Espina, quien advirtió que “quien compra el producto siempre tiene una situación dominante, no hay condiciones de igualdad de la partes, entre –por ejemplo- los molinos que compran para hacer harina y los productores que tiene urgencia por vender, de lo contrario los precios se le pueden derrumbar”.

Dar certeza a la actividad y el aporte a la modernidad que se le entrega al sector, fueron destacados por la senadora Pérez San Martín, quien catalogó la iniciativa legislativa como “un paso enorme y que a juicio de la mayoría es importante por la transparencia”. Asimismo, destacó que los contratos agrícolas “entregan certeza sobre variedad y volumen, lo que facilita la negociación, tanto con clientes nacionales como internacionales y abrirá la puerta a otros beneficios”.

A su turno, el senador Larraín subrayó que “la agricultura tiene que ir modernizándose”, además, destacó que los contratos, “si se hacen con agroindustriales, los productores podrían tener apoyo tecnológico de éstos (…), se puede acceder a financiamiento para otras necesidades y también esta vía ayuda a integrar la agricultura a los mercados”. En otro orden, precisó que respecto a la consulta del senador Zaldívar, “los registros que hay están todos en el Ministerio de Economía, lo que permite una mayor fluidez, desde el punto de vista del acceso”.

El senador Letelier recordó que hace años, junto a la ex diputada, hoy senadora Muñoz, presentó un proyecto para regular los contratos de los productores frutícolas con las empresas exportadoras y lamentó los cuestionamientos que recibió en la oportunidad. Con respecto a los contratos agrícolas, señaló, “no me parece mal este registro, debo reconocer que no es para el pequeño agricultor, es para quienes pueden obtener financiamientos de la banca”; y se preguntó “cuándo nos abocaremos a los contratos de los pequeños agricultores, que tiene que vender su exportación y no tienen capacidad de negociación”.

“El proyecto es importante para la transparencia y modernización, hay un cambio cultural entre los involucrados”, destacó el senador Quinteros, quien propuso una indicación y, por acuerdo de la Sala, fue considerada en cuanto a incluir en el texto una norma para prever las situaciones de emergencias agrícolas en caso de incumplimiento de contratos. El legislador indicó que el espíritu de la ley está en los artículos 17 y 18, “que se hacen cargo del conflicto siempre latente en la compraventa, en los efectos del incumplimiento de los contratos, pero no se incluyeron normas más específicas” a esta falta, sentenció.

La senadora Adriana Muñoz consultó por el posible impacto jurídico y la evaluación contractual que podría tener la norma obligatoria ya que si bien “se dispone una inscripción y un registro voluntario esto deviene en una obligación”. Al respecto, su par el senador Hernán Larraín le respondió señalando que “el proyecto establece la inscripción voluntaria pero una vez que se registra el contrato es obligatorio para las partes. Es decir,  no cambia naturaleza voluntaria de la inscripción”.

En tanto, el senador García Huidobro,  aseveró que este proyecto contribuirá a “generar una mayor competencia en la bolsa de productos agrícolas, de modo que los pequeños agricultores que les cuesta mucho operar puedan tener incentivos para agruparse y vender anticipadamente sus productos”.  Valoró el texto legal porque a su juicio va en el sentido correcto al otorgar mayores posibilidades de independencia y mejorar la competitividad.

A su turno, el senador Navarro coincidió en el sentido que este proyecto “abre un espacio para llevar mayor certeza a los pequeños agricultores y ganaderos,  en regiones como la del Biobío, donde la situación de los pequeños ganaderos es insostenible”. Asimismo expresó su confianza que el nuevo marco legal genere procesos de mayor equidad y transparencia.

A su vez, el senador Lagos Weber compartió el espíritu del proyecto pero advirtió que a su juicio la nueva norma “no termina con la simetría que se da entre pequeños productores y compradores porque se requiere la voluntad del comprador”. Dejó constancia además que en este caso se abre un “precedente porque se aplica un criterio especial para el sector agrícola donde el Estado actuará de garante de estos contratos. Ojalá este principio se pueda extender a  otros sectores económicos donde exista esta asimetría”, dijo.

A ese respecto, su par, el senador Coloma precisó que “no es que aquí haya un aval del Estado sino que se registra un contrato y una vez registrado pasa a ser obligatorio”.