Ley corta antidelincuencia: apoyan idea de legislar

Hasta el viernes 4 de diciembre se estableció como plazo para recibir indicaciones al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos y que fue aprobada en general por 34 votos a favor.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Alberto Espina, Alejandro Navarro, Juan Antonio Coloma, Eugenio Tuma, Juan Pablo Letelier, Ricardo Lagos Weber, Jorge Pizarro, Alejandro García Huidobro, Rabindranath Quinteros y Francisco Chahuán, quienes expresaron la importancia de la norma; no obstante, dejaron constancia de la necesidad de considerar aspectos como la prevención, la rehabilitación, la reinserción, la situación de las cárceles, entre otros.  

La iniciativa tiene como propósito mejorar el funcionamiento del sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social (robos, hurtos y receptación), de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que éstas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.

Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan:

- Incremento de las correspondientes sanciones;

- Dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena;

- Fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas y de la libertad condicional;

- Establecimiento de medidas para liberar a Carabineros de labores administrativas;

- Creación de un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito;

- El establecimiento de un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, para facilitar el cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

DE URRESTI:

"Existirán condenas efectivas y se impondrán por el tiempo que la ley establece, distinguiéndose primerizos y reincidentes. Habrá certeza de las penas, mayor rigor en la reincidencia, se elevarán las penas tratándose de robos o receptaciones cuantiosas que excedan las 400 UTM para erradicar las redes organizada, se regula el control de identidad, entre otras importantes materias (…). La Comisión escuchó a diversas instituciones durante 6 sesiones".

HARBOE:

"Las penas que este Congreso impone no son las penas que los jueces le aplican a los delincuentes y no es porque no tengan buena voluntad, es porque el Código Penal le permite a los jueces salirse de los marcos legales, pero esta legislación hará frente a esto, tal como lo hicimos en la ley de control de armas y en la denominada Ley Emilia (…) Con respecto al control de identidad, a mi juicio no atenta contra ningún derecho ciudadano"

HORVATH:

"El proyecto está bien avanzado en la capacidad de disuasión, pero el punto también es la reinserción y reparación, lo que podemos avanzar a través de indicaciones (…). Con respecto a los reincidentes se da mayor certeza, pero el impedir que puedan acceder a penas alternativas creo que también es relativo, porque en las cárceles que hoy tenemos esas personas salen peor de lo que entran. Asimismo, queremos saber cuál es el plan de los recintos penitenciarios, las oportunidades de trabajo y la institucionalización de gendarmería".

LARRAÍN:

"Esta iniciativa es extraordinariamente importante para aplicar la pena efectiva de hurto y receptación y mejorar la persecución penal. Los datos abalan esta necesidad de presionar y focalizarse en estos delitos, porque durante el 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social, en donde las víctimas son los ciudadanos comunes y corrientes (…) Lo más delicado es que los delitos más violentos son los que menos resultados tienen, en 2014 menos del 10% tuvo solución".

ESPINA:

"En nuestro país existe una sensación de miedo y tiene un sustento porque el año pasado el 93% de los robos violentos que se investigaron y concluyeron, terminaron si ningún resultado. En nuestro país hay 66 mil prófugos de la justicia por delitos graves, ¿alguien puede creer que esto es normal? (…) Es un derecho que las personas estén protegidas en su seguridad personal y aquí se debe, además, avanzar en tres frentes: prevención,  rehabilitación y persecución penal".

NAVARRO:

"La batalla contra la delincuencia es la madre, este es un fenómeno mundial, está instada en todos los países y aquí concurrimos en que hay que seguir aplicando leyes para terminar con esto, pero cada ley que aplicamos ha aumentado el delito, por lo que hay que reflexionar de cómo estamos legislando (…). Hemos venido diciendo fuerza, dureza y mano dura contra la delincuencia, es el clamor popular y en este proyecto estamos incrementando sanciones, pero ¿dónde están las estadísticas que dicen que así bajará el delito?".  

COLOMA:

"Estamos frente a uno de los proyectos que está más influenciado por un entorno social. Hay una sensación ciudadana que angustia: la delincuencia va ganando la batalla (…). No cabe duda que este punto global no se enfrenta con una sola ley, hay lógicas de rehabilitación que deben estar relacionadas, nadie pretende que solo se enfrente uno de los elementos, pero no por eso va a disminuir la tremenda importancia que tiene este proyecto".

TUMA:

"Esta es una prioridad en los temas ciudadanos (…). Los delincuentes quedan libres a pesar de que quedan detenidos infraganti, porque les dan plazo para investigar, en este aspecto la ley es muy laxa. También en la cadena del delito tenemos responsabilidades de los denunciantes, que no denuncian o no reiteran; de las fiscalías que archivan causas; de las policías, que no pueden acreditar el delito".

LETELIER:

"Quiero partir con una mirada distinta, lo que está en juego es y son los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro país que son víctimas de un abuso de una fuerza superior, que violenta el derecho de vivir en un medio seguro y sano (…). Muchos han abusado del vacío de la ley que esta legislación quiere corregir, pero me gustaría consultar por qué hay temas que se obvian y otros se enfatizan, dónde vamos aponer el énfasis".

LAGOS:

"Esta es una ley tremendamente importante que llega a llenar un vacío, pero hay que señalar que además se requiere de un nuevo Código Penal (…) Acá se permite mayor eficacia de persecución, se crea un banco unificado de datos operados por el Ministerio Público, se logra equilibrio en el control preventivo, entre otras importantes medidas. (…) Mi convicción es que en Chile lo que inhibe cometer delitos es la cárcel".

PIZARRO:

"Esto es cercano a la comunidad, en su vida diaria y me parece que cuando uno habla de estos temas hay que encararlos en toda su dimensión, como en prevención, a través de la educación, la formación de familia, el fortalecer valores, la práctica de deportes, ocupar los espacios de los barrios y no dejar que otros los ocupen, el empleo (…). Hay una gran importancia de la rehabilitación o reinserción, si no trabajamos en estos ámbitos no podremos cortar este círculo vicioso".

GARCIA HUIDOBRO:

"Hay que valorar el trabajo que realiza carabineros, quienes hacen un esfuerzo de detener a las personas, pero vuelven a salir y muchas veces hay amenazas (…). Además, hay que mirar fuertemente la reinserción de quienes han delinquido, porque en las cárceles no existen talleres o empresas trabajando en conjunto, para que las personas se sientan útiles y pueda ganarse la vida. Podría existir un incentivo a las empresas para esto y también se requiere un cambio cultural para respetar al otro".

QUINTEROS:

"Desde otra perspectiva, estoy convencido que la delincuencia debe ser enfrentada con políticas integradas: rehabilitación, programas para niños y jóvenes, el empleo juvenil, políticas de droga, reincorporación laboral, e incluso recursos para la salud mental y la forma como estamos construyendo nuestras ciudades, sin duda son factores que inciden (…). Con respecto al control de identidad, forma parte de las funciones de resguardo y seguridad pública".

CHAHUÁN:

"Un grupo de senadores de RN presentamos un proyecto que buscaba atender la mayor preocupación de nuestra sociedad: la delincuencia. Hoy han aumentado los índices de victimización y hay una desconexión entre las urgencias sociales y las urgencias del Ejecutivo, creemos que es necesario hacerse cargo de la comunidad y lamento que los proyectos iniciados en el Senado no hayan sido contemplados".