Sala inició el despacho del articulado del proyecto sobre concesiones eléctricas

Con un arduo debate, la Sala del Senado inició el análisis en particular del proyecto, en segundo trámite, que establece un procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.

En la oportunidad, se aprobaron las normas de quórum relativas a la forma en que se resolverán las dificultades que se susciten entre dos o más titulares de concesiones eléctricas y las cauciones que fijará el juez con motivo de la suspensión o paralización de las obras que se llevan a cabo en virtud de una concesión eléctrica.

Asimismo se dieron por aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de modificación y se inició el estudio de la treintena de indicaciones renovadas, de las cuales varias fueron declaradas inadmisibles por la Comisión de Minería y Energía, por lo cual los senadores patrocinantes de las modificaciones solicitaron votar la admisibilidad de las mismas en Sala.

Tras cumplirse la orden del día y por acuerdo de Comités se decidió continuar con el análisis de la iniciativa el próximo martes 2 de julio, a partir de las 15:30 horas, lo que significa que el Ejecutivo recalificará la urgencia que originalmente era de discusión inmediata, es decir, de seis días para ser despachada por cada rama legislativa.

Durante la primera jornada intervinieron los senadores Antonio Horvath, Jaime Orpis, Andrés Zaldívar, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Baldo Prokurica, Ximena Rincón, Alejandro Navarro, Alberto Espina, Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende, Jaime Quintana, Carlos Larrraín, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, José García Ruminot , Fulvio Rossi, y Lily Pérez.

Durante el debate del articulado de la iniciativa quedaron de manifiesto las distintas posturas: por un lado, los senadores Orpis, Zaldívar, Prokurica, Rincón, Espina, Frei Ruiz-Tagle, Allende, Larraín Peña, Sabag y García Ruminot hicieron énfasis en la necesidad de dar una mirada de país que permita destrabar la inversión en proyectos energéticos permitiendo el ingreso de las energías renovables y acelerando los procesos. Así como morigerar los costos de la energía para todo el país que “es uno de los más altos del mundo” y evitar un “blackout en 4 años más”.

Por su parte, los senadores Horvath, Girardi, Gómez, Navarro, Escalona, Lagos Weber, Quintana, Tuma y Rossi  justificaron sus dudas y reparos hacia la iniciativa debido a “la falta de una política energética de mediano y largo plazo, la asimetría en la relación de las empresas eléctricas  con las comunidades indígenas y los pequeños propietarios de predios donde pasará el trazado eléctrico y la elaboración de un marco legal que beneficiaría a las grandes empresas”.

VOTACIONES

Por 23 votos a favor 6 en contra y 1 abstención,  la Sala respaldó el artículo 31° bis que establece que “las dificultades que se susciten entre dos o más titulares de concesiones eléctricas, o entre éstos y titulares de concesiones mineras, de concesiones de energía geotérmica, de permisos de exploración de aguas subterráneas o de derechos de aprovechamiento de aguas, de concesiones administrativas o contratos especiales de operación para el aprovechamiento de sustancias no susceptibles de concesión minera, serán sometidas a la decisión de un árbitro de los mencionados en el inciso final del artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales”.

La disposición agrega que “en la determinación de las costas a que el juicio dé lugar, el juez árbitro considerará, como criterios para determinar si ha existido motivo plausible para litigar, entre otros, la existencia de proyectos u obras en ejecución en el área objeto de la concesión, derecho o permiso, o la realización o desarrollo de actividades relacionadas directamente con las concesiones, los derechos o permisos otorgados, que son objeto del litigio”.

La disposición agrega que “en todo caso, no constituirá un obstáculo para el otorgamiento y ejercicio de concesiones o servidumbres eléctricas la existencia de otros derechos, permisos o concesiones constituidos en el o los predios por terceros.”.

Al respecto, el senador Horvath advirtió que este tema es complejo porque “no se puede estar atropellando los derechos de unos por sobre los otros”.

JUICIOS, DAÑO AMBIENTAL Y MULTAS

En tanto, por 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó la norma del artículo 34 bis que dispone que  “toda vez que en un juicio cualquiera, incluyendo los juicios posesorios sumarios a que se refiere el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, el juez decrete la suspensión o paralización de las obras que se llevan a cabo en virtud de una concesión eléctrica, se suspenderán los efectos de dicha orden de paralización o suspensión de obras si el concesionario consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición de la obra o de la indemnización de los perjuicios que al continuarla pudieran seguirse al contendor en tales juicios, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme, según corresponda”.

Se agrega que “las cuestiones que se susciten en relación al monto de la caución fijada por el juez se tramitarán como incidente, lo que en todo caso no afectará la suspensión de la orden de paralización o suspensión de las obras si el concesionario hubiera consignado la caución inicialmente fijada por el juez. En caso que en la tramitación del incidente se solicite el informe de peritos, los gastos y honorarios que en tal caso se originen serán de cargo del titular de la concesión o permiso, debiendo designar al perito el juez competente. Con todo, si el demandante ha sido vencido en el juicio, será condenado al pago del peritaje señalado, sin perjuicio del pago de las demás costas a las que pueda ser condenado conforme las reglas generales”.

Este artículo fue el que motivó el mayor debate ya que algunos senadores consideraron que no se puede resarcir con dinero un daño ambiental. Al respecto, el senador Horvath dijo que con esta norma “el juez va a permitir que se levante una paralización de obras con una caución y eso es inconstitucional”.

El senador Orpis recalcó que el objetivo de esta iniciativa y de esta norma en particular es “agilizar los procesos de concesiones de obras”. Mencionó que además se adoptan los resguardos económicos en caso que se declare una paralización de las obras.

El senador Zaldívar explicó que la norma tiene lógica ya que se puede hacer esta caución porque si se pierde el juicio se deben demoler las obras iniciadas e indemnizar los eventuales perjuicios cometidos.

Una opinión contraria expresó el senador Girardi quien explicó que “muchas veces las autorizaciones ambientales son verdaderos fraudes” y a su juicio con esta norma lo que se está haciendo es que se va a inhibir la acción de los tribunales de justicia.

En la misma línea el senador Gómez dejó constancia de “la tremenda asimetría” que existe entre los afectados por obras de este tipo y quienes tienen la posibilidad de pedir permisos. “Los afectados son comunidades sin recursos ni abogados y lo único que se logrará es facilitar la construcción de centrales de parte de empresas que cuentan con dineros suficientes”.

CONCESIONES Y COSTOS

El senador Prokurica aclaró que se trata de reducir los plazos que se demoran las concesiones eléctricas. “Son obras que serán la columna vertebral por donde se conducirá la electricidad del país y cuando alguien las suspende, aunque sea legítimamente, no está dañando a las empresas sino a miles de consumidores que deben pagar los altos costos de la electricidad”.

La senadora Rincón aludió al acuerdo en orden a tramitar de manera paralela este proyecto y el de energías renovables no convencionales que ya fue despachado por la Cámara a tercer trámite. Por ello refutó las críticas y señaló que este proyecto expresamente hace mención al respeto a los principios ambientales de la Convención de Washington.

El senador Navarro se mostró contrario a la iniciativa y a esta norma porque “genera una gran asimetría, es un traje a la medida de Hidroaysén y rompe con el principio de igualdad para discutir temas ambientales”. Aseveró que “son los tribunales los que deben garantizar la defensa de los débiles ante los poderosos”.

El senador Espina se mostró extrañado por las críticas ya que “esta norma específica favorece a las pequeñas empresas y a los dueños de los predios, porque tendrán certeza de que habrán recursos para indemnizarlos en caso que se paralicen las obras. Recordó que hoy “las grandes empresas pueden esperar años y años que se apruebe un proyecto porque tienen los recursos suficientes”.

En tanto, el senador Escalona si bien reconoció la necesidad de abordar en forma urgente el tema energético dijo que los argumentos y el texto legal están enfocados a las grandes empresas. “No estamos hablando de pequeños productores, en el negocio eléctrico no hay mipyme y lo que ocurrirá es que se pasará por sobre las comunidades indígenas”.

INVERSIONES Y BLACKOUT

El senador Frei dijo que este proyecto mejora la situación actual “donde no hay nada que hacer cuando se paralizan las obras” y aseguró que en los últimos 10 años solo se han autorizado centrales a carbón y diésel, por lo que pidió una “mirada de país” para enfrentar los altísimos costos de la energía que llegan a US$ 230 dólares por mega y el alto riesgo de caer en 4 o 5 años más en un blackout o desabastecimiento.

Una visión distinta manifestó el senador Lagos Weber quien si bien compartió el diagnóstico no está seguro de que la falta de inversiones en proyectos energéticos sea solo por la judicialización de los mismos. “Creo que hay razones más estructurales” y aunque esta iniciativa está bien inspirada “jurídicamente es complejo generar una ley donde solucionemos los problemas con dinero”.

La senadora Allende afirmó que tiene claro que la institucionalidad actual es débil y por eso manifestó que parte esencial del acuerdo entre diputados, senadores y el Ejecutivo es impulsar paralelamente el proyecto sobre energías renovables no convencionales. “Lo importante es tener una visión integradora y facilitar los procesos administrativos”.

En tanto, el senador Quintana dijo que “hubiera esperado una agenda eléctrica de largo plazo pero lo que tenemos son cambios menores con dos proyectos sobre concesiones eléctricas y carretera eléctrica que favorecen el camino a Hidroaysén”

PLANTAS TERMOELÉCTRICAS

El senador Larraín Peña solicitó “más serenidad” para abordar el tema energético y recordó que durante los gobiernos de la Concertación se entregaron más de un centenar de permisos de construcción de plantas termoeléctricas, por lo tanto no se puede descartar la matriz hidráulica con caudales más previsibles.

El senador Sabag valoró el acuerdo alcanzado entre Comisiones de Minería del Senado y la Cámara junto al Ejecutivo para destrabar este proyecto e impulsar el de energías renovables. “Tenemos que pensar en el país, el problema de energía lo tendrán los gobiernos que vienen hay que mirar la cosa grande”.

El senador Tuma acogió el llamado de sus pares a mirar el país, pero advirtió que hay muchos pequeños propietarios que se verán afectados y “nadie dice nada de las compensaciones”. Por ello “debemos apoyar un proyecto que persiga dar una seguridad energética al país pero tiene que ser proyecto integral. Éste considera solo algunos intereses”.

En tanto, el senador García Ruminot manifestó que las compensaciones a las comunidades deben ser justas pero eso no significa que se paralicen los proyectos de energía. “Lo que reclamamos es que se pague el precio justo, pero a la vez hay que agilizar el trámite de concesiones eléctricas o corremos el riesgo de quedar a oscuras”.

El senador Rossi se mostró contrario a la redacción de la iniciativa porque a su parecer la redacción no es taxativa con el respeto a los tratados vigentes. Recordó que muchos proyectos mineros no han respetado la Convención de Washington y han afectado áreas silvestres protegidas.