REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 54ª, en martes 16 de septiembre de 2008
Ordinaria
(De 16:20 a 18:49)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz; la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernández; el Subsecretario del interior, señor Felipe Harboe Bascuñán, y el abogado del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Enrique Barros Bourie.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 49ª, especial, y 50ª, ordinaria, ambas en 9 de septiembre; 51ª, ordinaria, en 10 de septiembre; 52ª y 53ª, especiales, en 11 de septiembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", en relación con el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales 2008 (boletín N° 6.027-06).
Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud (boletín Nº 4.304-14).
2.-
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
3.-
Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
4.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (boletín N° 3.562-06).
5.-
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
6.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima (boletín Nº 2.949-05).
Con el siguiente retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros (boletín N° 5.407-05).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "suma", en cuanto al proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual comunica que se ausentará del territorio nacional los días 22 a 27 de septiembre en curso, para participar en la Reunión Plenaria de Alto Nivel del LXIII Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y dictar una conferencia en la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos de América.
Informa, además, que durante su ausencia la subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado a las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 5.936-12).
2.-
Proyecto de ley que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín N° 3.139-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes.
Con el último informa que dio su aprobación al proyecto de ley que refuerza los estímulos al desempeño del personal de la Corporación Nacional Forestal (boletín N° 6.068-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Cinco del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto que modifica la ley N ° 20.174, para cambiar la denominación de la provincia de Ranco por "del Ranco" (boletín N° 5.326-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con los dos siguientes remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas respecto del inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales y de los artículos 220, en su encabezamiento, y 16 de la ley N° 18.175.
--Se toma conocimiento.
Con los dos últimos remite copia autorizada de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados respecto de los artículos 13 del decreto ley N° 1939, de 1977, y 4° de la ley N° 19.260.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Espina, respecto de probables irregularidades en proceso de licitación de "Convocatoria para el desarrollo de proyectos de ecoturismo en áreas silvestres protegidas por el Estado", llevado a cabo durante 2005.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Kuschel, acerca del estado de avance de procesos de investigación sobre catorce personas desaparecidas.
Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Pérez Varela, referido a la situación que afecta a los pescadores artesanales en la provincia de Arauco.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Allamand, relativo a la paralización de actividades de los funcionarios del INP en la provincia de Valdivia.
Dos de la señora Ministra de Salud:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a las bombas lacrimógenas que se utilizan con motivo de manifestaciones públicas.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, tocante a las prestaciones médicas del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
De la señora Ministra de Agricultura, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Espina, atinente a las medidas adoptadas para la creación de Fondo de Tierras.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con los que da respuesta a igual número de oficios cursados en nombre del Honorable señor Horvath, concernientes al establecimiento de una instancia de trabajo entre los Ministerios de Transportes y de Hacienda para atender los problemas del transporte urbano y rural en la Región de Aisén y la situación que afecta a las dos barcazas que cubren el trayecto entre Quellón y Puerto Chacabuco.
De la señora Subsecretaria de Marina, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Allamand, sobre demolición del ducto para rebalses de emergencia en la localidad de Lago Ranco.
Del señor Superintendente de Pensiones, a través del cual responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Cantero, acerca de la situación que afecta al señor David Antezana.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, en contestación a un oficio despachado en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a la circulación de vehículos que transportan lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas de propiedad de ESSBIO S.A., en dirección al predio "Llano Blanco", de San Nicolás.
Dos del señor Director Nacional de Pesca:
Con el primero responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, con relación a los planes de administración de las especies en riesgo y, en particular, al estado en que se encuentran los recursos sardina, anchoveta y merluza en las Regiones Octava, Novena y Décima.
Con el segundo contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Horvath, en cuanto a fiscalización preventiva y correctiva de las actividades de las pisciculturas de la Región de Aisén.
Dos del señor Secretario General de Carabineros de Chile:
Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Romero, tocante a la posibilidad de elevar a Comisaría el nivel del destacamento de la comuna de Llaillay y a Subcomisaría la Tenencia de Putaendo.
Con el segundo contesta dos oficios expedidos en nombre del Honorable señor Espina, con relación a delitos de abigeato en las comunas de Ercilla, Collipulli y Victoria, en la Región de La Araucanía.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, referente al abandono de la vía férrea en un sector de Concepción.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales 2008 (boletín N° 6.027-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (boletín N° 5.172-09) (con urgencia calificada de "simple").
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Muñoz Aburto, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, respecto de los establecimientos del ramo ubicados en las Regiones de Aisén y Magallanes (boletín N° 6.103-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores Naranjo y Prokurica, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el establecimiento de medidas legales que obliguen a los organizadores de actos masivos con fines de lucro a devolver los gastos en que haya incurrido Carabineros de Chile con el objeto de prestar en ellos servicios de orden y seguridad (boletín N° S 1.111-12).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
De los Honorables señores Naranjo, Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez y Ominami, a través del cual proponen solidarizar con el Gobierno Constitucional de Bolivia y su Presidente; felicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República por su iniciativa de convocar a los países de UNASUR; respaldar la resolución final elaborada por los Mandatarios en la reunión celebrada en Chile, y valorar la participación de la OEA como interlocutora entre las partes en conflicto (boletín N° S 1.112-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ORPIS.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, me parece que la moción del Honorable señor Muñoz Aburto de la cual se dio cuenta debiera ir a la Comisión de Salud, ya que propone modificar la ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, respecto de establecimientos ubicados en las Regiones de Aisén y de Magallanes, materia propia más bien de ese órgano técnico que de la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se ha decidido que pase a esta última por tener que ver la iniciativa con atribuciones municipales.
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El señor NARANJO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO SOBRE
CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, si bien es cierto que siempre he sido partidario de que los proyectos de acuerdo sean conocidos por las Comisiones respectivas, le solicito recabar el asentimiento de la Sala para que, si esta lo tiene a bien, aquel que presentamos junto con los Senadores señores Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez y Ominami, referido a la situación en Bolivia y al encuentro de los Presidentes de la UNASUR, texto en el que se solidariza con el país altiplánico y se respalda la resolución tomada en esa reunión, se pueda votar sin que pase por la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ROMERO.-
No.
El señor NARANJO.-
Aquí es cuando¿
El señor ROMERO.-
¡Es lo mismo que usted hace permanentemente, Honorable colega!
El señor NARANJO.-
Está bien¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Sus Señorías deben evitar los diálogos.
Puede continuar el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Siempre que le pida al Senador señor Romero que se calle, señor Presidente, porque tengo el uso de la palabra, a no ser que me pida una interrupción, por su intermedio.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si usted así lo quiere,¿
El señor NARANJO.-
Prefiero terminar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Entonces, puede hacerlo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, solamente he apelado al buen criterio de la Sala.
Cuando se ha pedido algo similar, en determinadas circunstancias he formulado reparos.
El señor ROMERO.-
¿Cuántas veces?
El señor NARANJO.-
Pero, tratándose de proyectos de acuerdo cuya naturaleza hace urgente verlos -cabe recordar que no se sesionará hasta el próximo 30 de septiembre-, nunca he planteado inconvenientes.
Una demostración de ello fue el texto tendiente a expresar nuestra congratulación a Colombia por la libertad de Ingrid Betancourt -y que fue presentado por el Honorable señor Romero-, con relación al cual no expresé ningún reparo a que la Sala, por la premura, por la necesidad que implicaba, se pronunciara de inmediato, ya que era altamente conveniente que lo hiciera.
Entonces, estoy apelando a un criterio de convivencia, de amistad cívica entre nosotros. Si es algo que no se quiere respetar, está bien; pero que nadie se queje el día de mañana cuando no demos la unanimidad en otras circunstancias. Nada más.
He pedido el consentimiento de los señores Senadores por cuanto me parece que el proyecto merece ser tratado ahora y no después de la semana regional. Si no hay acuerdo, está bien. Es algo que forma parte de las reglas del juego. ¡Pero sin llorar después!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, me sorprende que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra utilice esa argumentación, porque en sesiones anteriores ha hecho lo mismo que acaba de reprochar. Simplemente estoy respondiendo a la falta de cortesía y amistad cívica que lo ha caracterizado en esta Corporación. Por esa razón me he opuesto. De otro modo, no hubiera tenido ningún problema en dar mi aceptación. Sin embargo, Su Señoría entiende de esa manera.
No hay acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Como no hay unanimidad para saltarse el trámite, el texto pasaría a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, solicito que se recabe una vez más el asentimiento de la Sala, por su intermedio, para poder ver hoy el proyecto de acuerdo sobre Bolivia. Si se revisan sus términos, se advertirá que son muy parecidos -aunque, por cierto, se usan conceptos distintos- a los utilizados por los nueve Mandatarios que asistieron ayer a la reunión de UNASUR. Y, por tratarse de un asunto particularmente importante -sobre todo, al haberse reunido el Presidente del Senado boliviano con el Presidente de nuestra Corporación-, estimo conveniente el pronunciamiento que se plantea y que esta rama del Congreso apoye de alguna manera una posición que, según entiendo, es unánime en el país.
En consecuencia, pido al Honorable señor Romero que dé la unanimidad para poder tratarlo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Senador señor Romero?
El señor ROMERO.-
No hay acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Siendo así, se requeriría someter el punto a votación.
El señor ROMERO.- No, señor Presidente. Es preciso respetar el Reglamento. Debe mediar unanimidad para modificar lo ya acordado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Al no haberla, la iniciativa tendría que ir a Comisión.
El señor LETELIER.-
¿Es por tratarse de un acuerdo de Comités?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Para precisar bien el punto, hago presente que se ha convenido que todos los proyectos de acuerdo vayan a la Comisión respectiva, a fin de que sean informados por ella. La cuestión es cómo eso se altera.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en tanto no se trata de una cuestión reglamentaria, entiendo que la decisión tiene que tomarla la mayoría de la Sala. Por tal razón, respaldo el juicio de la Mesa, pues las resoluciones pueden ser cambiadas en la forma expuesta.
El señor LARRAÍN.-
Está en juego un acuerdo unánime de Comités, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, en lo personal, soy partidario del proyecto, pero debo consignar que efectivamente existe un acuerdo de la Corporación en el sentido de enviar todo este tipo de iniciativas a las Comisiones especializadas -en este caso, es la de Relaciones Exteriores-, lo que se ha hecho permanentemente. No ha habido una modificación al respecto. No recuerdo que se haya planteado que alguna de ellas podía votarse sin cumplir con ese trámite.
Por otro lado, es cierto que la Comisión de Relaciones Exteriores no emite ningún informe, sino que simplemente procura ver que no haya alguna contradicción de tipo constitucional.
En consecuencia, tendríamos que apelar a una interpretación de la Mesa en este caso, pero me hago la obligación de hacer constar lo que he señalado, porque se acordó precisamente cuando presidí la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Es preciso ver cómo resolvemos el punto.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.- Señor Presidente, los precedentes son clarísimos. Por mi parte, he sostenido antes la tesis de que correspondía votar. Sin embargo, en la Sala, merced a la oposición del Honorable señor Naranjo, se impidió en dos oportunidades que nos saltáramos el acuerdo unánime. Y resulta que ahora, a petición precisamente del señor Senador que creó y sentó la jurisprudencia sobre la materia, se pretende modificar el procedimiento. No puedo entender, entonces, cómo vamos a actuar aplicando un sistema que debe ser igual para todos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Están inscritos para intervenir los Honorables señores Longueira, Vásquez y Naranjo.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, por mi parte, solo tengo claro que, si se decide en esta oportunidad si el proyecto de acuerdo va o no a Comisión, en lo futuro tendremos que votar respecto de cada uno de ellos si se requiere informe o no.
Aquí se aprobó un criterio unánime, y el Reglamento señala con toda nitidez, con motivo de un pronunciamiento de la Sala o los Comités, que solo por consenso se puede revertir una determinación. Entiendo que ello ha ocurrido en un par de ocasiones en que se ha pedido que medie tal requisito para que una iniciativa de este tipo no vaya a Comisión. Pero, si ello no se da, el trámite debe cumplirse.
Lo que me parece antirreglamentario -y nada de lógico- es que se vote. Sobre la base de esa condición, establezcamos, entonces, que cada vez que se presente un proyecto de acuerdo la Sala tendrá que decidir si se exigirá o no informe antes de resolver. Por lo tanto, es absurdo consultar en el caso que nos ocupa.
Lo único que resulta indudable, señor Presidente, es que se requiere unanimidad para revocar el acuerdo, ya tomado en el Hemiciclo -y eso sí que es reglamentario-, en el sentido de que cada proyecto de acuerdo requiere un informe previo de la Comisión técnica respectiva.
Por lo tanto, si ello no se registra, es obvio lo que corresponde hacer.
El señor LETELIER.-
Perfectamente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, deseo formular a la Secretaría la consulta respectiva, porque me parece que el acuerdo fue tomado en Sala, pero no estoy seguro. Eso es lo primero.
En segundo lugar, si hubiera sido adoptado en Comités, la Secretaría debe precisar si ello se realizó o no por unanimidad. Porque, en el primer caso, ningún Senador puede oponerse.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Fue en Sala.
El señor VÁSQUEZ.-
Ahora, si fue tomado en Sala, habría que ver cuándo y en qué forma ocurrió. De tal modo que lo lógico es que conozcamos la solución a partir de la información del señor Secretario.
Prefiero que dejemos pendiente el punto y que en un momento más recibamos la respuesta oficial de cuál fue el procedimiento utilizado, a fin de ver qué dice el Reglamento al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, solo intervengo para recordar lo siguiente. La decisión de que los proyectos de acuerdo fueran considerados por las Comisiones técnicas se tomó en una reunión de Comités.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así es.
El señor NARANJO.-
Pero en ningún momento se estableció que para saltarse ese procedimiento se requería la unanimidad de la Sala.
Ahora, por un convenio de caballeros, se entendió que un proyecto de acuerdo podía obviar ese trámite si concurría esa última condición. Y tal sistema no se halla en el Reglamento ni en ningún lado. Por eso, cuando la semana pasada se presentó uno de ellos y se pidió la unanimidad para evitar su envío a Comisión, el Senador que habla la dio, por entender que debía ser respaldado en forma inmediata por esta Corporación, en lugar de postergarse para la sesión siguiente o para diez días después.
Son pactos que se podrán o no respetar; pero siempre ha sido mi criterio que, cuando hay proyectos de acuerdo que, ante la urgencia de las materias que abordan, requieren ser vistos inmediatamente por la Sala, debe soslayarse el trámite de la Comisión. Si son de otra envergadura y no demandan un pronunciamiento tan urgente, he opinado que deben ir al órgano técnico.
Si el Senador señor Romero no quiere que se vea el texto sobre Bolivia, está bien. Es su decisión, y resulta respetable. Pero aquí no se encuentra en juego ninguna disposición reglamentaria. Es decir, la Sala podría decir perfectamente que cabe votar si acaso los proyectos de acuerdo se pueden saltar o no el trámite de la Comisión cuando corresponda. En ninguna parte está escrito que no se puede hacer. Lo que se acordó en reunión de Comités -no en el Reglamento de la Corporación- es que los proyectos de acuerdo deben ir a las Comisiones técnicas. Aún más, posteriormente se precisó que estas debían pronunciarse en no más de 10 días, y si ello no ocurría, las iniciativas podían ser tratadas por la Sala.
Por lo tanto, solicitar aquí que se vote obviar ese trámite no implica saltarse alguna norma reglamentaria ni los acuerdos que hemos adoptado. La Sala puede determinar, conforme a los mismos procedimientos que hemos dispuesto -que han sido bastante curiosos, por decir lo menos-, si un proyecto de acuerdo puede ser votado o no en lugar de ir a Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, creo recordar exactamente cómo ocurrió esta situación.
Hubo un acuerdo de Comités que resolvió que los proyectos de acuerdo debían pasar a la Comisión técnica. Tal resolución se adoptó -entiendo- por unanimidad.
En una ocasión posterior, se hizo presente -según recuerdo, por el mismo Senador señor Naranjo- que muchos órganos especializados no despachaban tales proyectos. Entonces la Sala acordó tramitarlos sin informe de Comisión cuando transcurrieran más de 15 días.
Ahora bien, en mi opinión, si se pretende cambiar un acuerdo, resulta muy inconveniente proponer dicha modificación y solicitar la votación respectiva de inmediato. Porque muchos señores Senadores actúan en la confianza de que existe un consenso al respecto. Por consiguiente, podrían no estar presentes en la sesión por entender que, planteado un proyecto de acuerdo, este debe ser enviado a la Comisión técnica pertinente.
Yo lamento mucho esta situación. Pero creo que, para el buen funcionamiento de la Corporación, cuando se cambia un acuerdo, debe existir unanimidad. De este modo, con todo derecho cualquier Senador puede plantear que en la próxima sesión votemos si modificamos o no el acuerdo. No es admisible hacerlo el mismo día. Si lo fuera, las reglas del juego van a depender siempre de lo que resuelva la Sala en un momento determinado.
Señor Presidente, de no haber unanimidad, soy partidario de que respetemos el acuerdo que se ha tomado. Y si se desea enmendarlo, debiera someterse a votación en la próxima sesión.
El Honorable señor Vásquez me pide que lea el artículo 19 del Reglamento, que dice: "Ningún Senador podrá oponerse a los acuerdos adoptados, dentro de su competencia, por la unanimidad de los Comités.
"La oposición que se haga se tendrá por no formulada y no será admitida a debate.".
Esa disposición está bien, pero yo voy más allá: en caso de querer cambiar un acuerdo de procedimiento en la Sala, si este no se produce por la unanimidad, debiera votarse en una sesión siguiente. De manera que los señores Senadores estén advertidos del tema que se va a tratar.
Por su intermedio, señor Presidente, le concedo una interrupción al Senador señor Vásquez.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, advertí al Senador señor Novoa sobre el artículo que leyó, porque ha ocurrido que, no obstante existir la unanimidad de los Comités, la Sala, en casos excepcionales, ha acordado saltarse la aplicación de esa norma.
En consecuencia, a mi juicio, la petición que se ha formulado en cuanto a que la votación se realice de inmediato, requiriendo la unanimidad, resulta correcta. Esa es la interpretación que por lo menos yo hago del Reglamento.
Por eso pregunté cómo se había gestionado la resolución de que los proyectos de acuerdo debían pasar a las Comisiones técnicas. Y creo que las disposiciones son claras. Si existe unanimidad en la Sala, podríamos votar la iniciativa en comento de inmediato.
Aprovechando la interrupción que se me ha concedido, quiero decir que estimo pertinente la petición, dada la naturaleza del tema y la unanimidad con que ha actuado la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en una reunión promovida por la Presidencia de Chile. Independiente de que haya Oposición o Gobierno, esta fue una política país, donde hubo gestos que uno debe reconocer como extraordinarios.
Me consta que han existido pretensiones -vengo saliendo de un congreso internacional- de culpar a los Estados Unidos por lo que está ocurriendo en Bolivia. Sin embargo, no hay una sola referencia en la declaración de UNASUR al respecto. Se cuidó mucho lo que se dice en términos de las relaciones internacionales.
Considero que la aprobación inmediata de este proyecto de acuerdo tiene una importancia país real.
Pero, en fin, no deseo saltarme el Reglamento. Simplemente estoy haciendo un alegato sobre la conveniencia de votar ahora la iniciativa. No obstante, reconozco que solo la unanimidad de la Sala puede alterar el acuerdo de Comités.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, sin entrar al fondo de la discusión, sobre lo cual se podrían decir muchas cosas, es evidente que, según indica el artículo 19 del Reglamento, habiendo un acuerdo unánime de Comités, este no puede deshacerse sino por la unanimidad de la Sala.
Pero hay otra norma, más tradicional y que existe desde antes de que se adoptara este acuerdo de Comités, que deseo dar a conocer.
Cuando se da cuenta de un asunto, este no puede ser tratado el mismo día, sino que necesariamente queda para una sesión siguiente. Para modificar esto, se aplica el artículo 95 del Reglamento, que señala: "Sólo por acuerdo unánime de la Sala, adoptado a proposición de los Comités, y únicamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias, se podrán tratar en el Orden del Día asuntos que no figuren en la Tabla.".
Es decir, si se da cuenta hoy día de un proyecto, este pasa a la tabla de la sesión siguiente. Esa es la regla ordinaria. Y solo puede alterarse por unanimidad. De manera que, para modificar un acuerdo de Comités, se requiere consenso, y aunque no lo haya, la regla estatuye que la materia debe tratarse en la sesión posterior a la que se da cuenta. Por algo no figura en el Orden del Día de hoy.
Por lo tanto, bajo ningún evento corresponde votar ahora el proyecto de acuerdo, a menos que exista unanimidad en la Sala.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, yo era partidario de la posición de la Mesa en este asunto, pero tengo la percepción de que esta cambió de opinión o ha sido convencida por los argumentos de algunos colegas.
Simplemente, quiero lamentar que en los temas de política internacional no se permita una posición de Estado y que, por situaciones formales, que yo no comparto -tengo otra tesis sobre tales procedimientos-, no se desee respaldar un accionar donde participaron nueve Jefes de Estado, instancia donde todos estamos bregando por la paz en Bolivia, por su integridad territorial, por la vigencia de la democracia. En los signos políticos observados ha habido más bien una afirmación de la institucionalidad naciente de UNASUR, de la cual deberíamos sentirnos muy orgullosos como país.
Algunos han tratado de generar una contraposición entre la OEA y la UNASUR, no obstante ser organismos que poseen espacios distintos. Porque se trata de buscar soluciones propias de América del Sur, que no son necesariamente fenómenos del hemisferio, pues en él históricamente hemos tenido la participación de otros países: de Centroamérica y de América del Norte.
Pienso que la afirmación de UNASUR o la definición de Sudamérica como una unidad geopolítica resulta tremendamente relevante. Lo que quisimos hacer con el proyecto de acuerdo presentado es, simplemente, valorar aquello; respaldar, como uno de los Poderes del Estado del país anfitrión, lo que han hecho los Mandatarios participantes en esta materia.
Deploro, sinceramente, que por formalismos -disculpen, no quiero agredir a nadie con mis conceptos-, quizá por pequeñeces, no se permita un pronunciamiento ahora. Y evidentemente que llevarlo a cabo en 15 días más no producirá el mismo alcance político para el Senado en el sentido de afirmar su valor.
Señor Presidente, entiendo que aquí la opinión de otros colegas se está imponiendo. A mi juicio, la decisión de que los proyectos de acuerdo vayan a las Comisiones es antirreglamentaria. Nosotros, como Comité, no estuvimos presentes en esa reunión. Hemos aceptado lo que se resolvió.
Pero lo curioso es que el Senado cercene sus facultades frente a acciones de coyuntura, del momento, y que, quizá por intereses un poco menores de algunos, no logremos como Poder Público un consenso mínimo.
Desde el punto de vista geopolítico, nos preocupa que Bolivia sufra un conflicto, ya que eso sí se halla dentro del interés del Estado que representamos acá.
Lamento mucho la situación.
Entiendo que ahora vamos a pasar a otro punto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor ROMERO.-
¡Señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Excúseme, señor Senador. No lo había visto.
El señor ROMERO.-
¡Nos está negando la palabra¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señor Senador, me tengo que guiar por...
El señor ROMERO.-
¡Si abrió el debate, tiene que dar la palabra a todos!
El señor LETELIER.-
¡Pero si usted no quiere debate, señor Senador!
El señor NARANJO.-
¡Se opuso a discutir la materia!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Senador señor Romero, ¿tendrá claro que no le he negado el uso de la palabra?
El señor ROMERO.-
¡Pero no mira para este lado!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Siempre lo hago. ¡Pero debo guiarme por estas cosas modernas¿!
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, por segunda vez.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, no quería entrar al fondo del debate, pero las expresiones del Senador que me antecedió en el uso de la palabra no son aceptables.
Me parece un acto muy pretencioso arrogarse una política de Estado a partir de una opinión personal.
Si los autores de este proyecto hubiesen querido verdaderamente lograr un acuerdo del Senado, habrían conversado con los integrantes de todas las bancadas. Y no lo hicieron. Sorprendieron con esta iniciativa y, sobre esa base, ahora hablan en nombre de la política de Estado.
Nosotros somos partidarios de tales políticas. Y en materia de relaciones exteriores siempre hemos actuado con ese criterio, con esa altura. Si no lo reconocen, no es por una cuestión de justicia, sino por una pequeñez de última hora.
Pensamos que en este ámbito hay que actuar con especial cuidado. Y lo hemos tenido. No hemos criticado ni hemos hecho una cuestión interna de este asunto con el Gobierno. Probablemente, criticamos acciones de otros gobiernos, porque consideramos que parte de lo que está ocurriendo es grave. Y tenemos una opinión sobre ello.
Pero si quieren desarrollar una política de Estado, consúltennos, conversen, porque es factible construirla en conjunto. Y lo haríamos con mucho gusto.
Sin embargo, no resulta razonable pensar que solo quienes hablan desde las filas oficialistas son los dueños de las políticas de Estado. ¡Por favor, tengamos un poquitito más de humildad!
No pretendemos nosotros definirlas; pero sí hemos manifestado -y lo seguiremos haciendo- que en ciertas áreas, como en las de relaciones exteriores y de defensa y seguridad, siempre estaremos en una postura de Estado. Y si en esta oportunidad no se da el pase, es porque no hemos visto de parte de quienes hoy impugnan esto una disposición en esa línea. Al contrario, se ha producido un acto de imposición que no me parece justo en esta materia y en muchas otras.
Hoy día en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, planteamos al señor Canciller nuestro interés por discutir el tema. Y le pedimos que cuando el Gobierno vaya a dar pasos de esta naturaleza también consulte a la Oposición, que nos llame. Tenemos algo que decir y queremos actuar en conjunto. Porque las políticas de Estado se construyen de ese modo, no en forma unilateral, por mucho que ustedes estén hoy día en el Gobierno.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Está inscrito el Honorable señor Romero. Luego de su intervención, le daré la palabra al señor Secretario y espero que entonces se resuelva este asunto que es de procedimiento.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, yo no quería entrar al tema de fondo; sin embargo, no tengo opción luego de lo que hemos escuchado: realmente resulta incomprensible que se quiera construir una política de Estado sobre la base de imponer criterios.
Hoy día tuvimos una sesión importantísima en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y en ella pedí -y así fue acordado- una reunión especial con el señor Canciller, con el objeto de analizar de verdad qué es una política de Estado en una materia tan delicada como esta.
Porque para nadie es comprensible que en una declaración sobre el sistema interamericano se omitan las palabras "Organización de Estados Americanos", estando presente en la reunión el propio Secretario General de dicho órgano regional.
El señor LETELIER.-
¡Lea la declaración!
El señor ROMERO.-
Pido silencio a los Senadores de enfrente.
Yo lo escuché con mucho respeto, Senador Letelier. Y quisiera decirle...
El señor LETELIER.-
¡Lea la declaración! ¡Si mira, verá que no es así!
El señor ROMERO.-
Señor Senador, yo lo escuché con mucha atención. Me parece que nos merecemos un mínimo respeto.
Señor Presidente, pienso que el tema es muy delicado.
Quienes estuvieron presentes en las sesiones de la Comisión fueron testigos de la altura de miras con que siempre hemos planteado las cuestiones de derecho internacional. En materias de esta naturaleza, realmente hay que ser muy prudentes. Luego de dicha reunión, sostuvimos una conversación muy franca y abierta con el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Y si algunos de los señores Senadores que han intervenido ahora hubiesen participado de ella, tal vez tendrían una opinión relativamente distinta de la que expresaron.
En todo caso, no nos oponemos a que se construyan políticas de Estado. Pero estas no se imponen: se consultan, se conversan, se acuerdan.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En realidad, señor Presidente, se trata de una materia bastante opinable.
Por una parte, la resolución para que los proyectos de acuerdo vayan a Comisión fue adoptada por la unanimidad de los Comités. Y existe una norma que señala que nadie puede oponerse a los acuerdos unánimes de los Comités.
Por otro lado, el señor Presidente anuncia durante la Cuenta el trámite que siguen esas iniciativas, cumpliendo con dicho acuerdo. Así, las envía a las distintas Comisiones; por ejemplo, a la de Salud, a la de Gobierno, etcétera, según corresponda. En esa virtud, un señor Senador puede objetar el destino señalado por el señor Presidente. Y eso se vota. El acuerdo en ese caso es por simple mayoría.
Pero -como digo- se trata de una situación muy opinable, porque existen argumentos en los dos sentidos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A mi juicio, las argumentaciones han sido expresadas con bastante lucidez y, efectivamente, hay razones válidas para ambas posiciones.
Buscando la lógica y la buena fe de este asunto, me hace mucha fuerza lo planteado por el Senador señor Naranjo. Su Señoría ha tenido una actitud -lo tenemos absolutamente claro- que va más allá de cualquiera otra apreciación. De hecho, fue el propio señor Senador quien recordó que, pese a que su representante no estuvo presente en la reunión de Comités donde se adoptó el referido acuerdo, ellos ratificaron la resolución adoptada, observando y cumpliendo su contenido.
Quiero dejar eso en claro, porque así ocurrió. Y creo que el Senador señor Naranjo tiene mucha autoridad al plantearlo de ese modo.
Sin embargo, a Su Señoría se le viene en contra el hecho de que en este tipo de cosas no podemos estar yendo para atrás y para adelante, dado que la Mesa debe encauzar la sesión en un sentido lógico. Estimo que este asunto debe seguir el curso que se había acordado, a menos que exista unanimidad para cambiarlo, la que no hay.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Guirardi, Horvath, Muñoz Aburto y Prokurica, que prohíbe la caza de cetáceos en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, hasta el 6 de octubre, a las 12.
2) Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que discuta tanto en general cuanto particular durante el trámite de primer informe el proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
3) Trasladar desde el quinto al tercer lugar del Orden del Día el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la protección de los trabajadores y de la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios.
4) Ratificar el acuerdo en el sentido de no dar lugar a la reposición solicitada por don Luis Mariano Rendón, abogado de los peticionarios del desafuero del Ministro señor Cortázar, en orden a usar de la palabra en la sesión de hoy, y
5) Votar la referida solicitud sin debate inmediatamente después de terminada la relación de la Secretaría.
El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Sobre los acuerdos de Comités?
El señor HORVATH.-
Sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, valoro el acuerdo adoptado por los Comités; pero quiero solicitar mayor plazo para formular indicaciones al proyecto sobre protección de los cetáceos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Qué fecha propone, señor Senador?
El señor HORVATH.-
Sugiero hasta el lunes 10 de noviembre, a las 12, señor Presidente, por todo lo pendiente sobre la materia.
De esa manera podríamos analizar en conjunto las diversas mociones relativas a protección de las ballenas y de los cetáceos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se establecerá dicho plazo en lugar del fijado por los Comités, y se aprobará lo resuelto por ellos.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, deseo pedir que se amplíe el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, a fin de que el Gobierno pueda enviar las indicaciones que anunció y que hasta ahora no han llegado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Cuánto tiempo propone Su Señoría?
El señor ARANCIBIA.-
Dos semanas más.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Hasta el 6 de octubre?
El señor ARANCIBIA.-
Conforme.
--Se extiende hasta el lunes 6 de octubre, a las 12, el plazo para formular indicaciones a la iniciativa señalada.
MODIFICACIONES LEGALES PARA VOTACIÓN DE
HABITANTES DE CHAITÉN EN ELECCIONES MUNICIPALES 2008
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificación de la ley N° 18.556, Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales de 2008. Cuenta con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
6027-06
--Los antecedentes sobre el proyecto (6027-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se autorizará el ingreso a la Sala del señor Subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe.
--Se autoriza.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es habilitar a Puerto Montt, Castro, Ayacara y Villa Santa Lucía para instalar allí mesas receptoras de sufragios con el propósito de que los ciudadanos que se encuentran inscritos en la Circunscripción Electoral de Chaitén puedan ejercer su derecho a sufragio en las elecciones municipales de octubre próximo.
La Comisión analizó la iniciativa tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobación, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto se transcribe en la parte pertinente del informe.
Cabe señalar también que en el informe se deja testimonio de que la Comisión acordó solicitar al Ejecutivo adoptar medidas de precaución para evitar la posibilidad de la doble votación, dada la especial regulación con que en el proyecto se propone superar la anomalía electoral generada por la erupción del volcán Chaitén en las localidades afectadas.
Finalmente, corresponde tener presente que la iniciativa reviste carácter orgánico constitucional, por lo que para ser aprobada requiere el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, solicito abrir la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI.-
"Si le parece", señor Presidente.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Hay consenso para aprobar el proyecto.
El señor LETELIER.-
Estamos todos de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Aunque haya unanimidad, debe dejarse constancia de cómo se pronuncia cada señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Prefiero que intervenga primero el Presidente de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, entonces, el Honorable señor Bianchi, hasta por 5 minutos.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, el proyecto es de mucho interés para todos los candidatos a alcalde y concejales de la comuna de Chaitén. Y, como señaló el señor Secretario, tiene por objeto habilitar a las ciudades de Puerto Montt y Castro y a las localidades de Ayacara y Villa Santa Lucía (estas últimas ubicadas en la provincia de Palena) para instalar en ellas mesas receptoras de sufragios con el fin de que los electores afectados por la catástrofe del volcán Chaitén puedan ejercer su derecho a sufragio en los próximos comicios municipales.
No me explayaré sobre la iniciativa, porque creo que concita el apoyo de Sus Señorías.
Por tanto, en nombre de la Comisión, insto a aprobarla por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, como manifesté en la Comisión, quiero expresar que en la Región de Aisén hay también gran cantidad de familias evacuadas de Chaitén. Y, en verdad, es mucho más fácil llegar a esta comuna desde Aisén.
En efecto, el viaje a partir del límite tarda dos horas y media. En cambio, desde Puerto Montt son 12 horas de navegación, si el cupo de las embarcaciones o las condiciones climáticas lo permiten.
En la Comisión se indicó que no se podía dejar pasar la oportunidad sin aclarar que, en razón del plazo, no se pudieron habilitar para sufragar lugares más cercanos a los evacuados, como La Junta, en la Región de Aisén, o Río Negro u Hornopirén, en la comuna de Hualaihué.
Sin embargo, tampoco podemos dejar pasar el hecho de que, transcurridos ya cuatro meses y medio desde la erupción, no se estén efectuando trabajos en sectores cercanos para revitalizar Chaitén.
Me parece verdaderamente increíble que, pese a los informes de geofísicos y de vulcanólogos acerca de áreas que se encuentran protegidas de cualquier situación que genere el volcán Chaitén, no se hayan iniciado las obras tendientes a rehabilitar la villa en el sitio que realmente corresponda, y que en el Congreso tengamos que aprobar leyes para que a los ciudadanos de esa zona les sea factible sufragar en los lugares hacia donde, en una suerte de estampida, fueron evacuados.
Esperamos que el Ejecutivo facilite las cosas para que la gente se reinstale en áreas seguras en torno de Chaitén.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos favorables), y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular. Se deja constancia, además, de que se reunió el quórum constitucional exigido, y la iniciativa queda despachada en este trámite.
Votaron la señora Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Chadwick, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO DEL SENADO RESPECTO DE ADMISIÓN DE ACCIONES JUDICIALES CONTRA MINISTRO DE TRANSPORTES, SEÑOR RENÉ CORTÁZAR
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde ocuparse en la acción constitucional del señor Manuel Baquedano y otros, mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto en el número 2) del artículo 53 de la Carta Fundamental, solicitan el pronunciamiento del Senado respecto de si ha o no lugar la admisión de acciones judiciales en contra del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz. Cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
S 1089-02
--Los antecedentes sobre la acción constitucional (S 1089-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 36ª, en 15 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Pediremos al señor Ministro y a su abogado, si lo estima procedente, que ingresen al Hemiciclo.
--Se incorporan a la Sala el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar, y su abogado, señor Enrique Barros Bourie.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, el artículo 53 de la Constitución Política de la República establece que "Son atribuciones exclusivas del Senado:".
"2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;".
En sesión 36ª, ordinaria, de 15 de agosto del año en curso, se dio cuenta a la Sala de la solicitud presentada por don Manuel Segundo Patricio Baquedano Muñoz y otros para que el Senado, en ejercicio de la atribución recién señalada, declarase si ha o no lugar a la admisión de las acciones ambiental, penal y civil de indemnización de perjuicios que pretenden iniciar en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar Sanz.
En la misma sesión, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento, los antecedentes respectivos fueron remitidos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que emitiera el informe correspondiente.
En sesión 48ª, ordinaria, de 3 del mes actual, se dio cuenta del informe de la Comisión y quedó para tabla.
En sesión 50ª, ordinaria, de 9 de septiembre del año en curso, y en virtud de lo señalado en el artículo 199 del Reglamento del Senado, se determinó que hoy la Corporación debía comenzar a tratar la solicitud ya indicada.
Las tres acciones que pretenden iniciar los solicitantes en contra del Ministro señor Cortázar, explicitadas en su escrito inicial y en uno posterior de "téngase presente", se fundan en los mismos hechos.
En efecto, los peticionarios, como se expresa en el informe de la Comisión, afirman que el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones no ha empleado las herramientas a su alcance para forzar a los concesionarios al cumplimiento de su obligación de instalar dispositivos de poscombustión en numerosos buses del Transantiago, de lo que nacen las responsabilidades que ellos desean hacer efectivas mediante el ejercicio de las acciones judiciales que anuncian.
Indican que 3.200 buses del plan de transporte capitalino denominado "Transantiago", no han cumplido con la obligación de instalar filtros que reduzcan la cantidad de partículas contaminantes que emiten a la atmósfera. Y detallan que dichos filtros retienen y eliminan por combustión, en promedio, 90 por ciento del material particulado y 99 por ciento del hollín que producen los motores diésel, sustancias relevantes por sus efectos nocivos en la salud de las personas, ya que por su reducido tamaño pueden penetrar al torrente sanguíneo y, en consecuencia, diseminarse por todo el cuerpo.
Agregan que las Bases de Licitación Pública de Uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Mediante Buses, fueron aprobadas por Resolución Nº 117, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del año 2003.
Dentro del marco fijado por esas Bases y sus modificaciones se suscribieron, en consecuencia, los contratos de concesión con las empresas prestadoras del servicio, convenciones que, a su vez, fueron aprobadas por Resolución Nº 331, del mismo Ministerio, del año 2005.
En las Bases y en los contratos, afirman los solicitantes, se establece un sistema de multas por infracciones a las obligaciones de los concesionarios, cuyo monto inicial, que asciende a 10 Unidades de Fomento por infracción, se incrementa progresivamente a 30 y a 100, a medida que se acumulan infracciones y que, en último término, dichas infracciones pueden provocar hasta la caducidad de la concesión.
Añaden los peticionarios que Santiago padece de una contaminación ambiental crónica, la que se agrava durante el invierno y concluyen en que el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ha sido remiso en el uso de los medios puestos a su alcance para corregir la omisión de los concesionarios que no han instalado filtros en los buses, provocándoles a los peticionarios y a los demás habitantes de Santiago un perjuicio en su salud, pues han debido respirar un aire más contaminado. Destacan sobre este particular que es aplicable a la omisión indicada el mecanismo de multas progresivas por incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.
Paso ahora a referirme a los tres tipos de acciones que procuran entablar los solicitantes en contra del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Acción ambiental
Los peticionarios quieren ejercer "la acción infraccional contemplada en el artículo 59 de la ley Nº 19.300, en relación a los artículos 54 y 56 del mismo cuerpo legal.".
El artículo 53 de la referida normativa, señores Senadores, que no fue citado por los solicitantes, dispone, a la letra, lo siguiente: "Producido daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado.".
Por su parte, el artículo 54 de la citada ley dispone, en lo pertinente, en forma textual, lo siguiente: "Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.".
A su vez, el artículo 56 prescribe, literalmente, lo siguiente: "Corresponderá a las municipalidades, en conformidad con su ley orgánica constitucional, y a los demás organismos competentes del Estado, requerir del juez a que se refiere el artículo 60, la aplicación de sanciones a los responsables de fuentes emisoras que no cumplan con los planes de prevención o descontaminación, o con las regulaciones especiales para situaciones de emergencia ambiental, o a los infractores por incumplimiento de los planes de manejo a que se refiere esta ley. El procedimiento será el contemplado en el párrafo 2º del Título III de la presente ley, y a los responsables se les sancionará con:
"a) Amonestación;
"b) Multas de hasta mil unidades tributarias mensuales, y
"c) Clausura temporal o definitiva.
"En todos estos casos" -continúa el artículo- "el juez podrá, según la gravedad de la infracción, ordenar la suspensión inmediata de las actividades emisoras u otorgar a los infractores un plazo para que se ajusten a las normas.
"Si cumplido dicho plazo los responsables de fuentes emisoras continúan infringiendo las normas contenidas en los respectivos planes o regulaciones especiales, serán sancionados con una multa adicional de hasta cuarenta unidades tributarias mensuales diarias.
"Los responsables de fuentes emisoras sancionadas en conformidad con este artículo, no podrán ser objeto de sanciones por los mismos hechos, en virtud de lo dispuesto en otros textos legales.".
Finalmente, el artículo 59 de la referida ley prescribe: "Se podrá ocurrir ante el juez competente para solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 56" -al que acabo de dar lectura- "por las personas y en la forma señalada en el artículo 54, sin que ello obste al ejercicio de las acciones que en esta última disposición se establecen.".
Afirman los solicitantes que el Transantiago es un sistema "administrado por el Ministerio de Transportes", por lo que "el responsable de las emisiones del Transantiago es su autoridad administradora, vale decir, el Ministro de Transportes.". Y añaden que "esa autoridad cuenta a su vez con los medios idóneos para forzar a los operadores a cumplir con sus respectivas obligaciones", que en el caso son las de desempeño ambiental "en cuanto a reducción de emisiones mediante dispositivos de post combustión".
Añaden que son titulares de la acción infraccional que pretenden imponer.
En un escrito posterior, de "téngase presente", presentado ante la Comisión, agregan que son directamente perjudicados, junto con otros más de cinco millones de habitantes de esta ciudad (se refieren a Santiago). Ello, pues han "debido respirar durante dos períodos críticos sucesivos de contaminación" (¿) "un aire contaminado con cientos de toneladas de material particulado respirable fino".
Acción penal
A juicio de los solicitantes, la conducta del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones configura también ilícitos penales.
Ellos serían los siguientes:
1º) El descrito en el artículo 256 del Código Penal, que a la letra prescribe:
"Art. 256. En iguales penas incurrirá todo empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos.".
Entre paréntesis, señores Senadores, las penas a las que alude el citado artículo son "suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.".
Sostienen, además, que el señor Ministro habría incurrido en dicho ilícito porque él tenía la obligación de proteger a los habitantes de Santiago de los daños de la contaminación, exigiendo el cumplimiento de la obligación de instalar filtros en los buses más contaminantes del Transantiago. Añaden que él no ignoraba cuál era su obligación y que, a la vez, "diversas autoridades de Gobierno y Parlamentarios le hacían ver la necesidad de que esa medida de protección se llevara a efecto".
2º) El delito descrito en el artículo 177 del Código Procesal Penal, que textualmente dispone:
"Art. 177. Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.
"La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.".
Señores Senadores, las personas a las que alude el artículo 175 que tienen la obligación de denunciar son, en lo pertinente: "Los fiscales y los demás empleados públicos" por "los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos".
Según opinan los solicitantes, el señor Ministro no denunció la conducta penal en la que habrían incurrido los operadores del Transantiago. Estos habrían infringido el artículo 318 del Código Penal, que sanciona al que ponga en peligro la salud pública.
3º) Añaden los solicitantes que hacen expresa reserva de las acciones que pudieren corresponderles en virtud de lo preceptuado textualmente en el artículo 239 del Código Penal, que prescribe:
"El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado.".
Agregan, en síntesis, que el señor Ministro "no ha aplicado en su rigurosidad el sistema de multas y con ello ha privado al Fisco de ingresos por cientos de millones de pesos".
Acciones civiles
Por último, la presentación de los requirentes expresa de manera textual: "Con el fin de no reiterar nuevas solicitudes de autorización senatorial innecesariamente, solicitamos al H. Senado desde ya autorizar la interposición de las acciones civiles que deriven de los ilícitos penales anteriormente referidos.".
__________
Respuesta del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento señala que el señor Ministro y sus abogados respondieron la petición de desafuero oralmente y en un escrito de "téngase presente".
Respecto del objetivo de la intervención del Senado en la materia que nos ocupa, expresan que se trata de lo que normalmente se denomina "desafuero civil", que "se concibe en relación con acciones civiles, es decir, con pretensiones jurídicas de índole patrimonial sobre las que debe pronunciarse la justicia.".
Como consecuencia de lo anterior, el señor Ministro y sus defensores estiman que no se debe "confundir el ámbito de la razonabilidad política de la gestión de un Ministro con el cumplimiento de obligaciones jurídicas".
Añaden que, a su juicio, han de concurrir diversos elementos para que pueda otorgarse la autorización solicitada. Estos, en síntesis, son:
"a) El solicitante debe invocar circunstancias que permitan estimar que ha podido sufrir injustamente daño a causa del comportamiento individual del Ministro;
"b) La responsabilidad debe surgir de actos ejecutados por el Ministro en el desempeño de su cargo; pero debe tratarse de actos personales del Ministro, cuyo mejor ejemplo es la suscripción de un acto;
"c) En consecuencia, la acción anunciada debe perseguir la responsabilidad civil individual del Ministro; debe tratarse de una acción indemnizatoria, en la que los demandantes muestren un interés personal;
"d) Para que la responsabilidad individual se configure, y el daño aparezca como injusto, debe demostrarse al menos un comportamiento susceptible de considerarse como culpa funcionaria del Ministro. En consecuencia, se exige una de dos hipótesis:
"i. que el Ministro haya incurrido en una culpa grave, infringiendo una regulación jurídica que limite las facultades prudenciales de administración que pertenecen a quien maneja asuntos públicos importantes; o,
"ii. que haya abusado de sus facultades, desviándolas hacia fines de beneficio personal o de terceros.".
Agregan que si se requiere un juicio previo de admisibilidad para que se puedan ejercer acciones patrimoniales contra el señor Ministro, ello "indica que el examen que el H. Senado debe efectuar recae sobre la plausibilidad de las pretensiones de los solicitantes", por lo que esta Corporación "requiere abocarse al examen de cuestiones de fondo que determinen la viabilidad de la pretensión anunciada.".
Continúan expresando que ninguna de las acciones previstas habilita para proceder al desafuero de un Ministro, puesto que la penal no es de la competencia del Senado y que, según señala la defensa, esta Corporación tradicionalmente "ha excluido categóricamente las acciones penales del ámbito de este desafuero.". Además, la acción sancionatoria ambiental es también de índole penal, ya que -como lo dijera en la Comisión, tengo entendido, el Honorable señor Larraín- constituye una manifestación del poder punitivo del Estado.
Finalmente, en lo que dice relación a las acciones civiles que podrían emanar de los delitos imputados, ellas requieren el previo ejercicio de acciones penales ante la justicia ordinaria.
a) Acción ambiental
En lo atinente a la acción punitiva ambiental, estima la defensa que, además, es improcedente, puesto que el señor Ministro "no es responsable de ninguna fuente emisora de contaminación", y porque "las sanciones de tipo penal son, en principio, independientes del daño que alguien puede haber sufrido".
Agregan que la contaminación del aire de Santiago es "crónica", según afirman los propios solicitantes, y que hoy la contaminación producida por los buses es "muy inferior a la que existía en períodos anteriores", a lo cual habría que agregar que el Transantiago "no es un plan de descontaminación de Santiago", aunque haya supuesto una mejora respecto de la situación anterior.
Añade que los solicitantes no han probado que sufrieron daño alguno y que "sólo la condición de víctima habilita a deducir una acción indemnizatoria", para la que carecerían de legitimación activa por esta circunstancia; además, porque tales acciones se hallan, en principio, reservadas al Estado y a las municipalidades, y porque los solicitantes no pueden "arrogarse una representación popular en los términos de la Ley Ambiental".
b) Acción penal
Expresa la defensa -como se ha dicho- que la normativa constitucional, por una parte, y los precedentes invariables del Senado y la doctrina, por otra, concluyen que no corresponde a la Cámara Alta pronunciarse sobre eventuales acciones penales. Para ejercer tales acciones "sólo se requiere tener una legitimación activa, que compete en general a los Fiscales del Ministerio Público o a la víctima de los delitos de que se trate".
Agrega que los delitos imputados son inverosímiles, puesto que no puede atribuirse al señor Ministro que maliciosamente haya retardado o negado a los particulares la protección o el servicio que debe dispensarles en conformidad a la ley y a los reglamentos (artículo 256 del Código Penal).
La función esencial de dicho Secretario de Estado es elaborar políticas públicas relativas al transporte y a las telecomunicaciones, no la de proveer directamente servicios o medidas de protección a los particulares.
En lo que dice relación al deber de denunciar, que establece el artículo 177 del Código Procesal Penal, este exige del funcionario un obrar malicioso que "sólo se concibe con respecto a funcionarios que tienen entre sus competencias proporcionar directamente servicios o protección a particulares, pero no es el caso del Ministerio, en materia de contaminación.".
En todo caso -agregan-, los operadores del Transantiago pueden haber infringido obligaciones contractuales, pero no han cometido un delito penal.
Para concluir, expresan: "la circunstancia de que el supuesto delito no denunciado deba producirse en situaciones de "catástrofe, epidemia o contagio", que están lejos de concurrir en la situación actual, es suficiente para alejar toda duda de ilícito penal en el comportamiento del Ministerio, y a fortiori del señor Ministro.".
c) Acciones contra la corrupción
En lo relativo a posibles actos de corrupción que pudiere haber cometido el señor Ministro y respecto de los cuales los denunciantes han hecho expresamente reserva de derechos, manifiesta a la letra la defensa: "esta imputación, absolutamente ajena a las cuestiones que dan motivo a la solicitud, es formulada sin ningún elemento de hecho que la respalde, en forma condicional y con el único objeto de mancillar el honor de un servidor público intachable.".
d) Acciones civiles
Finalmente, en lo que concierne a posibles acciones civiles derivadas, es necesario destacar que los solicitantes han expresado que no pretenden ejercer tales acciones sobre el patrimonio del señor Ministro, por lo cual -según la defensa- "esa declaración conduce a entender que han desistido de su solicitud en cuanto se dirige a las acciones civiles que emanarían de los delitos penales que imaginan".
En su escrito de "téngase presente, la defensa abunda en otros profusos razonamientos jurídicos y de hecho en apoyo de su posición, los que no consigno por exceder el marco de esta relación.
En virtud de los argumentos expuestos, concluye la defensa pidiendo que se declare inadmisible la solicitud de desafuero del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz, presentada por don Manuel Segundo Patricio Baquedano Muñoz y otros.
Informe de la Comisión
Veamos ahora en forma breve el informe de la Comisión.
Como indiqué con anterioridad, en sesión de 15 de agosto, la solicitud de que se trata fue enviada reglamentariamente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que celebró seis sesiones en las cuales recibió al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz; a sus abogados, don Enrique Barros Bourie y don José Miguel Valdivia; a los señores Ministros: Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo Quesney, y de Justicia, don Carlos Maldonado Curti, y a los peticionarios don Luis Mariano Rendón Escobar, don Manuel Segundo Patricio Baquedano Muñoz, don Luis Hernán Márquez Valdivia, don Patricio Ricardo Herman Pacheco, don Bernardo Zentilli von Kilsdonk, don Alberto Orlando Muñoz Véliz, don Lucio Flavio Cuenca Berger, don Ricardo Acuña Acuña, doña Luzmila Isabel Peña Castro, don Eduardo Giesen Amtmann, doña Daniela Vanessa Álvarez Hernández y don Manuel Antonio Zúñiga Sandoval.
Concurrieron, asimismo, los Senadores señores Guido Girardi Lavín y Jaime Naranjo Ortiz.
Al iniciar el estudio, la Comisión pidió informes en derecho a dos distinguidos catedráticos de Derecho Constitucional: don Teodoro Ribera Neumann y don Francisco Zúñiga Urbina.
La Comisión se abocó al estudio de la normativa constitucional pertinente, que fundamentalmente se contiene en los artículos 6º, 7º, 36, 38 y 53 de la Carta.
El artículo 6º consagra el principio de la supremacía constitucional; el 7º, el de la legalidad de las actuaciones de los órganos del Estado. El artículo 36 preceptúa que los Ministros son responsables personalmente por los actos que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con otros Ministros. El inciso segundo del artículo 38 prescribe que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por uno de dichos órganos puede reclamar ante los tribunales, sin perjuicio de la posible responsabilidad del funcionario que haya causado el daño.
Por último, el número 2) del artículo 53, relativo a las atribuciones exclusivas del Senado, determina el procedimiento previo que ha de seguirse ante esta Corporación si se pretende hacer efectiva la responsabilidad de un Ministro de Estado por los perjuicios que cualquier persona pudiere haber sufrido injustamente por actos de este en el desempeño de su cargo.
Luego de analizar en forma muy pormenorizada la historia y el sentido de la norma recién transcrita, desde la Carta Fundamental de 1823 hasta la que nos rige, la Comisión concluyó textualmente: "La evolución histórica de la norma del número 2) del artículo 53 de la Constitución de 1980, así como la historia fidedigna de su establecimiento, muestran que sólo se requiere la autorización previa del Senado para interponer acciones judiciales civiles indemnizatorias en contra de un Ministro de Estado.".
Añade la Comisión que una lectura coherente de nuestra Carta "permite arribar a la conclusión de que el desafuero de los Ministros de Estado sólo procede respecto de acciones civiles, pues el artículo 83 de la Ley Fundamental establece que es facultad exclusiva de un organismo autónomo y jerarquizado, denominado Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal pública en la forma prevista por la ley, sin perjuicio de la acción de la víctima, que consagra el inciso segundo de esa disposición", norma esta que no establece ningún requisito previo de admisibilidad para poder ejercer una acción penal pública, pues ese efecto tendría una interpretación que sostuviera que el ejercicio de las acciones penales está incluido también dentro del ámbito de aplicación del referido número 2) del artículo 53 de la Constitución.
En lo que dice relación a la responsabilidad civil, afirma el informe que se divide en dos tipos: uno encaminado a obtener una reparación o cese del daño -como es el caso de la acción pública existente para exigir que el dueño de un edificio que amenaza ruina lo derribe- y otro destinado a lograr una indemnización por perjuicios patrimoniales causados o a compensar el dolor y sufrimiento de las víctimas, lo que se denomina "daño moral".
A este respecto, concluye el informe: "El artículo 53, número 2), de la Constitución Política de la República se refiere expresamente a la acción que deriva de los perjuicios causados por un acto del Ministro en ejercicio de su cargo, por lo que debe concluirse que esa norma se refiere únicamente a la acción de responsabilidad civil indemnizatoria, ya que sólo respecto de ella tiene relevancia el perjuicio patrimonial ocasionado por el autor del daño que debe ser indemnizado.".
En cuanto a la responsabilidad penal, respecto de la cual los peticionarios requieren el pronunciamiento de esta Alta Corporación para accionar contra el señor Ministro, estima la Comisión, basada en los fundamentos anteriores, que la autorización del Senado no es necesaria ni procedente, puesto que los requirentes pueden accionar libremente por estos ilícitos "por las formas y procedimientos que contempla el Código Procesal Penal", y será la justicia ordinaria la que deberá determinar si tales acciones "son admisibles, si los hechos materia de las acciones efectivamente ocurrieron y si al Ministro en cuestión o a otra persona le corresponde alguna responsabilidad en ellos.".
En lo atinente a las acciones ambientales consagradas en el Título III de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estima la Comisión que pueden revestir tres formas, según sean los objetivos perseguidos. Primero, hay una acción indemnizatoria de los perjuicios causados por el autor del daño ambiental. Segundo, existe una acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado. Y tercero, nuestra legislación faculta a las municipalidades y a los demás órganos competentes del Estado para requerir de la justicia "la aplicación de sanciones a los responsables de fuentes emisoras que no cumplan con los planes de prevención o descontaminación, o con las regulaciones especiales para situaciones de emergencia ambiental, o a los infractores por incumplimiento de los planes de manejo a que se refiere esta ley." (se está haciendo referencia a la N° 19.300).
Estima la Comisión, textualmente, que "la única acción ambiental que podría considerarse dentro de aquellas que requieren la autorización del artículo 53, número 2), de la Constitución Política de la República, es la del artículo 53, frase final, de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es una acción indemnizatoria por el daño ambiental atribuible a un acto personal y culpable de un Ministro de Estado, porque sólo respecto de ella se cumplen los requisitos constitucionales. Sin embargo, los peticionarios no han solicitado el desafuero para este tipo de acción y, más aún, expresamente renunciaron a ejercerla en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.".
Añade el informe que las acciones respecto de las cuales los comparecientes solicitan la autorización de esta Alta Cámara son la destinada a obtener la reparación del medio ambiente dañado y la que tiene como propósito la aplicación de una sanción al autor de una infracción a la normativa ambiental, y puntualiza que en ninguna de ellas se "requiere la autorización previa del Senado para su interposición contra un Ministro de Estado.". Por ello -agrega el mencionado documento-, "los solicitantes, en la medida que posean titularidad activa, son libres de entablarlas directamente ante las autoridades judiciales competentes, y serán esas autoridades las que deberán resolver, soberanamente, acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de la acción y si cabe dar lugar a las peticiones concretas que en esa sede formulen las partes.".
Por último, y en lo concerniente a la solicitud para que el Senado autorice a demandar civilmente la responsabilidad del señor Ministro por los daños patrimoniales que podrían haberse causado conforme a los delitos que se le imputan, "la Comisión es de opinión que las acciones que tienen por objeto perseguir esa responsabilidad no forman parte de las que requieren el desafuero previo, ya que ella emana de la sentencia judicial que tiene por acreditada la existencia de un delito penal y la participación culpable en él del Ministro de Estado requerido.".
Concluye el análisis hecho por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en que "nada obsta al ejercicio de los derechos y acciones que reconocen y otorgan a las personas las normas generales sobre responsabilidad del Estado y las tendientes a establecer la eventual responsabilidad penal y administrativa del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.".
Señores Senadores, el referido órgano técnico, luego de sus debates, con los antecedentes recogidos y las argumentaciones que someramente he reseñado, resolvió, textualmente:
"En mérito de los fundamentos arriba consignados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, considerando que las acciones anunciadas por los solicitantes no corresponden a alguna de las que hacen necesaria la autorización previa del Senado, conforme al artículo 53, número 2), de la Constitución Política de la República, ya que ninguna de ellas persigue la responsabilidad civil indemnizatoria directa y personal, por perjuicios causados por actos negligentes o dolosos imputables al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar Sanz, en el ejercicio de su cargo, recomienda unánimemente al Senado declarar la improcedencia del desafuero solicitado por don Luis Mariano Rendón y demás personas individualizadas al comienzo de este informe.
"Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión resolvió consignar su opinión en el sentido de que, en lo atingente a las acciones penales y ambientales anunciadas, los solicitantes son libres de interponerlas directamente ante las autoridades administrativas y judiciales ordinarias competentes, y serán esas autoridades las que deberán resolver, soberanamente, la admisibilidad o inadmisibilidad de tales acciones y si cabe dar lugar a las peticiones concretas que en esas sedes se formulen.".
Es cuanto puedo relatar a Sus Señorías.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Cuál va a ser el procedimiento, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente que los Comités acordaron someter a votación de inmediato el informe que ha conocido la Sala.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Sin debate?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así es, Su Señoría
El señor GÓMEZ.-
Me parece muy bien.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
De acuerdo con las normas de nuestro Reglamento, estamos en condiciones de hacerlo.
El señor GÓMEZ.-
Votemos.
El señor CHADWICK.-
Es demasiado evidente, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En consecuencia, se procederá a la votación.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Votar que "sí" significa aprobar el informe de la Comisión?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Votar que "sí" implica acoger el informe, que unánimemente rechaza la solicitud presentada.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Resultado de la votación: 21 votos a favor y uno en contra.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, por un problema técnico, al parecer, mi opción afirmativa aparece consignada como negativa.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Habiéndose retirado del Hemiciclo algunos señores Senadores, no puedo repetir la votación, que sería el procedimiento habitual. Empero, si lo autoriza la Sala, puedo sumar la preferencia afirmativa de Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Hay acuerdo para que el Honorable señor Gazmuri corrija su voto?
Acordado.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (22 votos favorables).
Votaron la señora Matthei y los señores Arancibia, Cantero Chadwick, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente que el Senado debe hacerles llegar a los peticionarios del desafuero, no solo el resultado de la votación, sino también el informe de la Comisión de Constitución que permitió a la Sala tomar conocimiento de su solicitud y pronunciarse. Ello, dada la importancia que reviste dicho documento, donde se indica el camino para las acciones que pretenden interponer.
El señor Secretario me señala que el informe ya fue remitido. En consecuencia, solo resta acompañar el resultado de la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así se hará, señor Presidente.
Protección A trabajadores y comunidad ante
uSO de productos fitosanitarios
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por acuerdo unánime de los Comités, adoptado en sesión de hoy, corresponde tratar en seguida el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para establecer normas destinadas a proteger a los trabajadores y la comunidad frente a la utilización de productos fitosanitarios, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2596-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 10 de mayo de 2005.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
Trabajo, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
Discusión:
Sesión 51ª, en 10 de septiembre de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos de esta iniciativa, que se halla en segunda discusión, son los siguientes:
1.-
Delimitar las facultades del Servicio Agrícola y Ganadero en lo tocante a la regulación, fabricación, comercialización y aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios.
2.-
Homologar al régimen general de responsabilidad extracontractual el plazo para deducir demandas por perjuicios derivados de la aplicación de plaguicidas.
3.-
Confirmar las atribuciones del Ministerio de Salud para regular por la vía reglamentaria tanto las fumigaciones aéreas cuanto los requisitos y condiciones de seguridad exigibles a los expendios de pesticidas.
4.-
Reforzar el derecho a la información de los trabajadores agrícolas permanentes y transitorios que realicen labores que supongan contacto con pesticidas, plaguicidas o productos fitosanitarios tóxicos.
5.-
Facultar a los comités paritarios de higiene y seguridad para investigar afecciones cuyo origen presumible sea el uso de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto tanto en general como en particular, autorizada por la Sala en sesión de 22 de junio de 2005, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Espina y Vásquez.
En cuanto a la discusión particular, efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron acordadas por consenso.
La iniciativa pasó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Allamand, Letelier y Muñoz Aburto. Luego discutió en particular solo las disposiciones con incidencia directa en materia laboral, aprobándolas todas por consenso y en los mismos términos en que lo hizo la de Agricultura.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas: la primera consigna las normas que se modifican; la segunda, el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados; la tercera, las enmiendas introducidas por la Comisión de Agricultura, y la última, el texto final que se propone a la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible, aunque a veces esta expresión se utiliza mal, pues ocurre todo lo contrario.
Estamos ante un proyecto de enorme trascendencia para la salud de miles de trabajadores agrícolas, de sus familias y de la población en general.
Quienes representamos a Regiones vinculadas a la agricultura, donde esta actividad es la base de la economía local, hemos podido verificar los graves efectos que provoca en el ser humano el uso abusivo de plaguicidas.
Sin embargo, no podemos desconocer que nuestra agricultura ha experimentado importantes y decisivos cambios durante las últimas décadas, no solo a través de la incorporación de productos modificados y nuevas tecnologías, sino también del mejoramiento sustantivo de los estándares fitosanitarios.
En tal sentido, la agricultura se ha transformado en una significativa fuente de generación de empleos y riquezas para varias Regiones del país.
Empero, eso no puede implicar por ningún motivo dejar de lado diversos aspectos en materia de derechos laborales y de seguridad que deben ser corregidos, más aun cuando algunos envuelven graves peligros para la salud de los trabajadores. No resulta admisible hacer más competitiva nuestra agricultura a costa de la salud de ellos y de la población en general.
Una de las situaciones donde urge pronta solución se relaciona con las reiteradas deficiencias que en materia de higiene y seguridad presentan los centros laborales a resultas del uso de productos fitosanitarios, como plaguicidas o pesticidas.
En esa línea, es necesario reconocer que, en cuanto país, hemos intentado avanzar, pero sin hacer lo suficiente hasta ahora.
Hoy contamos con una normativa legal y administrativa confusa, dispersa, insuficiente y retrasada, donde la protección de la vida y la salud de los trabajadores no aparece claramente como el objeto más valioso del proceso productivo, lo que en muchos casos deja a aquellos desamparados frente a situaciones de grave riesgo.
Entre las principales falencias podemos señalar:
-Falta de complementación adecuada entre los diversos organismos fiscales involucrados;
-Creciente dispersión de normas, representada en una multitud de resoluciones, reglamentos, leyes y códigos de difícil inteligencia y coordinación, particularmente para los agricultores de escasos recursos, y
-Existencia de una deficiente regulación del uso de productos fitosanitarios, de su acceso al público y de sus modalidades de aplicación.
En ese sentido, las Naciones Unidas y la FAO han reiterado una y otra vez la obligación de los Estados de fortalecer la protección de los trabajadores agrícolas, a fin no solo de reducir, sino incluso de detener el número de intoxicaciones que estos sufren debido a la utilización de plaguicidas.
Tal hecho se da con mayor regularidad en países en vías de desarrollo, como el nuestro. En efecto, a pesar de que solo ocupan 25 por ciento de los plaguicidas utilizados a nivel mundial, en ellos se da 99 por ciento de las muertes.
Como señalé anteriormente, nuestra normativa, no obstante los esfuerzos realizados en los últimos años para avanzar en la materia, aún es insuficiente y no adecuada a los estándares sugeridos por la FAO. Si bien es cierto que se han prohibido las sustancias más peligrosas, falta aún todo lo referente a la asesoría técnica en el empleo de otras no tan nocivas pero cuya deficiente utilización las vuelve riesgosas; la comercialización de productos, y, fundamentalmente, el uso a través de fumigaciones o modalidades de bombeo.
Tenemos un gran desafío, consistente en conciliar una economía agrícola que pretende mejorar su productividad y los avances internacionales en la protección del sector laboral. La productividad y competitividad de nuestra agricultura no pueden lograrse a costa de la salud de los trabajadores del campo y sus familias.
Por tanto, resulta decisivo que el país asuma integralmente el denominado "Convenio de Róterdam", de la FAO, que establece, entre otras cosas, un listado de plaguicidas prohibidos y de algunos que pueden utilizarse con cierta seguridad, ya que debemos tener en cuenta que no existe ninguno de ellos ciento por ciento seguro si no se respetan otras situaciones, como la protección adecuada de los trabajadores.
Sobre esa base, señor Presidente, comparto plenamente los objetivos del proyecto:
1.-
La regulación de fumigaciones y otras conductas peligrosas para la salud;
2.-
El mejoramiento de la pesquisa y control estadístico de las afecciones derivadas del uso de productos fitosanitarios;
3.-
El perfeccionamiento de la legislación laboral en materia de prevención de riesgos y derechos de los trabajadores en caso de peligro inminente para su salud.
4.-
Y, finalmente, el mejoramiento de las normas referidas a la comercialización de productos fitosanitarios, la inutilización de sus envases y la destrucción de residuos.
Por estas consideraciones, voy a dar mi respaldo, en términos generales y particulares, a la iniciativa en debate.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, aparte de lo ya expuesto por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, anuncio mi voto favorable al proyecto dejando constancia de que en la Comisión de Agricultura, en la cual participé, se realizó un extenso y muy profundo debate respecto de cada uno de los preceptos aprobados.
Se contó con informes no solo del Servicio Agrícola y Ganadero, sino también del Ministerio de Salud, y, además, se analizó todo aquello que podía afectar la salud fundamentalmente de los trabajadores.
Sin embargo, hago presente que, en realidad, esto último es solo una verdad parcial, pues lo que la iniciativa busca es asegurar la salud de toda la población desde el momento en que el plaguicida, pesticida o elemento que se utiliza en la agricultura ingresa al país o es producido y envasado, hasta la comercialización misma de las mercancías a las cuales se aplica.
Es así, por ejemplo, como al Servicio Agrícola y Ganadero se le entregan facultades para decomisar todos aquellos productos agrícolas o vegetales a los que se hayan aplicado sustancias potencialmente peligrosas o cuya peligrosidad se haya comprobado, y como asimismo se contempla la regulación, mediante un reglamento especial, de las fumigaciones aéreas.
En definitiva, se trata de una protección no solo destinada a los trabajadores agrícolas, sino también a la salud de la población en general,
Estimo que se trata de un muy buen proyecto, bastante bien planteado. En la Comisión de Agricultura se trabajó con extremo detalle en cada una de sus disposiciones. Por lo tanto, votaré favorablemente, dado lo que significan los avances en materia de salud de los habitantes del país.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, me parece que lo interesante de la iniciativa es que abre una discusión. Desconozco si con ella podremos avanzar, porque no es cuestión solo de normas, sino también de recursos, de fiscalización y de voluntad para llevarla a cabo.
Los plaguicidas son biocidas, es decir, sustancias que destruyen la vida. Y, evidentemente, afectan también a las personas, cualquiera que sea la dosis, ya que muchos de ellos no tienen una "dosis umbral".
Una parte de los usados en Chile se encuentran prohibidos en países desarrollados, justamente por provocar un daño genético. Son genotóxicos. Ello podemos verlo muy bien en la Sexta y Séptima Regiones, donde se registra una de las tasas de malformaciones congénitas (defectos del tubo neural) más altas del planeta: los niños nacen con espinas bífidas, sin cerebro. Constituye una situación dramática.
Lo anterior disminuyó porque hace años logramos que se agregara ácido fólico a la harina que consumen las madres en período de gestación.
Pero existe un gran problema al respecto. Y si queremos avanzar decididamente en su solución, es preciso, además de apoyar el proyecto -que considero que va en el sentido correcto-, establecer normas más activas. Por mi parte, insisto en que con las actuales se podría velar mejor por la salud de los trabajadores que aplican plaguicidas o de las personas afectadas por el empleo de estos últimos, particularmente tratándose de la fumigación.
En seguida, nosotros no realizamos pruebas de bioseguridad o de aseguramiento de calidad. Todos los países desarrollados, por ejemplo, les efectúan test de plaguicidas a los alimentos importados, como lo ha hecho Corea del Sur respecto de las dioxinas. Chile, en cambio, no cuenta con aseguramiento de calidad respecto de ninguno de los productos que ingresan de países vecinos, los cuales muchas veces se encuentran contaminados de plaguicidas, como tampoco en relación con ninguno de los que se cultivan en nuestro territorio y se destinan al mercado. Tal sistema debería hacerse extensivo a los plaguicidas, las hormonas, los antibióticos y las dioxinas.
Asimismo, los plaguicidas son generadores de dioxinas, sustancias cancerígenas que han llamado la atención a nivel mundial. En nuestro país también hemos sido víctimas de la contaminación derivada de esos procesos.
Y cabe consignar que se usan indiscriminadamente. En Chile, numerosos estudios -en frutas y tomates, por ejemplo- demuestran que existe una visión inadecuada, evidentemente, pues algunos agricultores creen que mientras más plaguicida utilicen, en cantidad y variedad, mejor será la producción. Por ello, se encuentran normalmente tomates o frutas a los que no solo se les ha aplicado un alto nivel de un solo tipo de plaguicida, sino también de tres o cuatro diferentes, lo que da cuenta de mal asesoramiento, de mala información.
Tales sustancias se mantienen activas en el medio ambiente durante décadas. O sea, todas las que lanzamos allí permanentemente terminan en los suelos, cursos de agua, y se van acumulando en los distintos seres vivos: especies vegetales, marinas, animales, y, en definitiva, ingresan en las personas.
Los plaguicidas son disruptores endocrinos y, en particular, además de explicar malformaciones congénitas, causantes de cánceres, como los de mama y de próstata. Y justamente estos últimos han experimentado en Chile un crecimiento por completo fuera de lo predecible, lo que ha llevado a los especialistas a suponer que en gran parte se debe a la inmensa cantidad de plaguicidas que se están utilizando y a su mala aplicación.
Por lo tanto, el proyecto en análisis representa un avance, a mi juicio. Pero es preciso ir todavía mucho más allá.
Y espero que en algún momento podamos plantearnos en serio ese tipo de situaciones, sobre todo si el país quiere ser una potencia alimentaria. Estoy seguro de que si otras naciones empezaran a considerar los plaguicidas usados en nuestra producción se podría poner en riesgo la aspiración o potencialidad de convertirnos en exportadores de alimentos. Lo que pasa es que muchos de los agricultores que aplican esas sustancias detienen su utilización un mes antes de que los productos salgan al mercado y evitan, así, la detección de metabolitos en forma activa, pero eso no implica que no registren niveles importantes de contaminación.
Por lo tanto, pienso que debiéramos insistir en avanzar más rápidamente en la materia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, solo intervendré, en forma muy breve, para referirme a determinados aspectos.
Primero, manifiesto nuestro apoyo irrestricto al proyecto, porque nos parece adecuado, consistente y, además, urgente.
En segundo término, hemos obtenido algunas informaciones de estudios realizados en los servicios de medicina y de hematología, en especial, de las provincias de Arauco, Concepción, Biobío y Ñuble, en orden a que también, curiosamente, han aumentado no solo las deformaciones, sino también elementos cancerígenos perjudiciales para la médula ósea, como leucemias, linfomas o aplasias medulares, los cuales se vienen anunciando hace muchísimos años.
Alrededor de 1999, la Comisión de Salud del Senado analizó el punto y se planteó al Gobierno de la época la necesidad de estudiarlo, porque era evidente que se usaban mal los plaguicidas.
Algunos creemos que, dada la situación de los vientos en la zona sur -fundamentalmente, de centro sur a sur-, es muy difícil proteger a los trabajadores, en general, o a la comunidad. En el sector precordillerano de la Octava Región hay vientos muy fuertes, y lo que se realiza en determinado lugar puede ser perjudicial a 50 ó 60 kilómetros de distancia, de modo que, a la larga, no hay protección alguna.
Anuncio, entonces, mi voto favorable al proyecto.
Y pido que, en mi nombre, se envíe un oficio al Ministerio de Salud, con el objeto de que se remitan estadísticas comparativas de los últimos cinco años -es decir, desde 2003, cuando se formularon planteamientos sobre el particular-, respecto al nivel de enfermedades cancerosas en la zona desde Rancagua hasta Temuco, fundamentalmente en el valle central y la precordillera,
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador.
--Se accede.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Espina, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Prokurica, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobar la iniciativa también en particular?
El señor LARRAÍN.-
No, señor Presidente. Que se fije un plazo para presentar indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se determinará para tal efecto el lunes 6 de octubre, a las 12.
--Así se acuerda.
)--------------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri, quien formulará una proposición que la Mesa respalda.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, los proyectos de acuerdo sobre asistencia jurídica que figuran en el Orden del Día con los números 3 y 4 fueron relatados en la sesión ordinaria anterior y no se alcanzaron a votar por falta de quórum.
Propongo que esas iniciativas sean objeto de un pronunciamiento conjunto con la número 7, que es un proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, todo lo que constituye hábitos, costumbres, leyendas y que no es físico. Este último texto fue aprobado por unanimidad en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y existe cierta urgencia en despacharlo, porque se prevé para octubre próximo una Conferencia General de la UNESCO sobre la materia, y si queremos participar en ella con el tratado ratificado, debemos aprobarlo hoy día.
Sugiero que esos tres asuntos sean tratados como si fueran de Fácil Despacho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud.
--Así se acuerda.
Acuerdos entre Mercosur, Bolivia y Chile sobre
Asistencia Jurídica mutua en Asuntos Penales,
Complementario y Anexo, y Enmienda de Complementario; acuerdo de asistencia jurisdiccional entre mercosur, bolivia y chile, Y convención para salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Conforme a lo que acaba de resolver la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de los siguientes Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile: 1) Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002; 2) Acuerdo Complementario y su anexo al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002, y 3) Acuerdo de Enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el número anterior, suscrito en Asunción el 6 de junio de 2003, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. El asunto se encuentra en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3897-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
Discusión:
Sesión 51ª, en 10 de septiembre de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo de los Acuerdos recién indicados es intensificar la cooperación jurídica mutua, para realizar en menos tiempo trámites procesales de todo tipo.
La Comisión acogió tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Gazmuri, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), el proyecto de acuerdo aprobatorio de dichos instrumentos, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, suscrito en Buenos Aires el 5 de julio de 2002, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. El asunto se encuentra en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3907-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
Discusión:
Sesión 51ª, en 10 de septiembre de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo del Acuerdo es armonizar las prácticas vigentes en la cooperación judicial en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Gazmuri, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en París el 17 de octubre de 2003, en la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5501-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 14 de mayo de 2008.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 53ª, en 11 de septiembre de 2008.
Hacienda, sesión 53ª, en 11 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los principales objetivos de la Convención son la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; la sensibilización, en el plano local, nacional e internacional, acerca de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco, y el fomento de la cooperación y asistencia internacionales.
Cabe señalar que el artículo 2° de dicho instrumento define el patrimonio cultural inmaterial como "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas" ¿ "que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.".
El concepto mencionado se manifiesta en tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La iniciativa, por la materia que trata, fue estudiada igualmente por la Comisión de Hacienda, que la acogió también por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Escalona, Frei, García y Gazmuri).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general y particular los tres proyectos de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban en general y en particular los proyectos de acuerdo (15 votos a favor).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, García, Gazmuri, Gómez, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Ominami, Prokurica, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora URRUTIA (Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).-
Señor Presidente, agradezco profundamente la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Evidentemente, ello viene a llenar un vacío en el sistema jurídico internacional en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, considerando la relevancia que este reviste para la diversidad cultural y la función que cumple como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos.
La Convención pone de relieve la importancia de respetar el patrimonio cultural inmaterial y, consecuentemente, la tarea primordial del Estado y de la sociedad tendiente a adoptar las medidas necesarias para su salvaguardia.
Reafirma, además, la potestad soberana de los Estados para adoptar políticas o medidas que protejan el patrimonio cultural, tal como lo establece la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, también de la UNESCO, aprobada y ratificada por Chile durante el año 2007.
La aprobación de esta materia, sin lugar a dudas, vendrá a reforzar el proyecto -esperamos que muy pronto esté en el Congreso- que crea el Instituto del Patrimonio Cultural de Chile y, con ello, toda la tarea que involucrará la señalización, conservación, preservación, difusión y educación del patrimonio cultural del país, el cual abarca no solo los bienes muebles o inmuebles, sino también la comprensión integral de lo que significa nuestro acervo cultural.
Muchas gracias.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE SALIDA DE MENORES DEL PAÍS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre salida de menores desde Chile, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4594-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Muñoz Aburto, Letelier y Escalona).
En primer trámite, sesión 59ª, en 10 de octubre de 2006.
En tercer trámite, sesión 18, en 7 de mayo de 2008.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 45ª, en 29 de agosto de 2007.
Constitución (tercer trámite), sesión 45ª, en 29 de agosto de 2007.
Discusión:
Sesiones 51ª, en 11 de septiembre de 2007 (se aprueba en general); 53ª, en 2 de octubre de 2007 (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La iniciativa, originada en moción de los Senadores señores Escalona, Letelier y Muñoz Aburto, tiene como objetivo principal proponer un procedimiento especial para la autorización judicial de salida del país de menores cuyos padres se encuentren ausentes o en situación de grave incumplimiento del deber de mantener con el hijo un contacto directo y regular.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, sustituyó el texto despachado por el Senado. Ante ello, el Honorable señor Gómez sugirió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento dividir la votación y pronunciarse respecto de cada una de las propuestas de la Cámara Baja, lo cual fue acogido por dicho órgano técnico. Este resolvió rechazar las enmiendas realizadas por la Cámara de Diputados, con excepción de dos, cuales son la que entrega al juez de familia o con competencia en materias de familia la regulación de la relación directa y regular con el hijo y la que se refiere a la sustitución del inciso primero del artículo 49 de la Ley de Menores.
La Comisión adoptó sus decisiones por unanimidad, salvo el rechazo de tres enmiendas, que contaron con el voto a favor del Senador señor Gómez.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cinco columnas en que se transcriben los artículos pertinentes de la Ley de Menores, el proyecto aprobado por el Senado, las enmiendas realizadas por la Honorable Cámara de Diputados, los acuerdos adoptados por la Comisión y el texto definitivo que resultaría de acogerse la iniciativa legal.
En caso de que la Sala acordara aprobar la proposición de la Comisión informante, correspondería la formación de una Comisión Mixta, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión las recomendaciones de la Comisión de Constitución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se acogerá la propuesta del órgano técnico.
El señor LARRAÍN.-
Con la misma votación anterior, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Hay acuerdo?
--Se aprueba la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la misma votación consignada en el proyecto anterior; se designa a sus miembros para integrar la Comisión Mixta que deberá formarse, y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
INDEMNIZACIÓN PARA EX TRABAJADORES DE EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Pérez Varela, Ruiz-Esquide, Chadwick, Longueira y Zaldívar, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa que permita indemnizar a los ex trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón que se indican.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1101-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 45ª, en 19 de agosto de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto de acuerdo tiene por propósito pedir a la Primera Mandataria el envío a tramitación legislativa de una iniciativa que posibilite indemnizar a los ex trabajadores de ENACAR agrupados en el tramo N° 5 del Protocolo de Acuerdo firmado entre representantes del Gobierno y de los trabajadores despedidos en 1996.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
MEDIDAS PARA REAPERTURA DE COMISIÓN DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, AMPLIACIÓN DE SU ÁMBITO O CREACIÓN DE UNA NUEVA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Naranjo y Ominami, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1104-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
Oficio de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 53ª, en 11 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que implemente medidas legales tendientes a reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura y ampliar su ámbito de cobertura o crear una nueva, para que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentren reconocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor ARANCIBIA.-
No estoy de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En ese caso, en votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (8 votos a favor, 3 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Gazmuri, Gómez, Muñoz Aburto, Naranjo, Ominami, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores Arancibia y García.
Se abstuvo el señor Horvath.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminado el Tiempo de Votaciones.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro del Interior, a fin de obtener un pronunciamiento en cuanto a PETICIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE REGIÓN DE LOS RÍOS, y a SOLICITUD DE AUDIENCIA POR PARTE DE AGRUPACIÓN ÑUBLE REGIÓN; al señor Ministro del Trabajo, requiriéndole solución a PROBLEMAS DE SINDICATO INTER-EMPRESAS DE TRABAJADORES DE PROVINCIA DE ÑUBLE; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole informar sobre AUMENTO DE SUBSIDIOS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO y responder a PETICIÓN DE JUNTA DE VECINOS ISLA DEL SUR DE CHILLÁN; al señor Subsecretario de Deportes, solicitándole su opinión sobre PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL SANTA CLARA DE BULNES; al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, haciéndole presente PROBLEMAS PLANTEADOS POR CONSEJO DE TAXIS COLECTIVOS DE V REGIÓN, y a la señora Subsecretaria de Previsión Social, requiriéndole opinión sobre SITUACIÓN PREVISIONAL DE SEÑOR ELÍAS HERIBERTO MUÑOZ JOFRÉ.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndoles analizar SITUACIÓN HABITACIONAL DE JUNTA VECINAL "VILLA VALLES DE AYSÉN"; a las señoras Ministra de Salud y Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para que dispongan DEPÓSITO EN CONTENEDORES DE CUBIERTAS PLÁSTICAS DE GASEOSAS, y a los señores Intendente de Aisén y Fiscal del Ministerio Público en la Undécima Región, para que soliciten ANTECEDENTES POLICIALES SOBRE DELINCUENCIA EN SECTOR ALTO DE COIHAIQUE.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, requiriéndoles AGILIZACIÓN EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POBLACIÓN BULLILEO, COMUNA DE PARRAL.
Del señor NARANJO:
A los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, pidiéndoles ANTECEDENTES RESPECTO DE PERSONAS O INSTITUCIONES COLOMBIANAS QUE ENTREGARON INFORMACIÓN A SENADOR ALBERTO ESPINA Y A SEÑOR SEBASTIÁN PIÑERA SOBRE LAZOS ENTRE FARC Y CIUDADANOS CHILENOS.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, los Comités Socialista y Demócrata Cristiano no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
RECONOCIMIENTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN POR LABOR EN ANÁLISIS DE ADMISIÓN DE ACCIONES JUDICIALES CONTRA MINISTRO DE TRANSPORTES
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, en la sesión de hoy se tomó una decisión relevante con relación a una solicitud de desafuero.
La verdad es que se votó en la forma establecida en el Reglamento; pero cabe destacar un aspecto esencial: en medio de una disputa política complicada y difícil, la Comisión de Constitución resolvió jurídicamente un asunto muy complejo.
Agradezco, por supuesto, a los señores Senadores que participaron en ese proceso de discusión, cuya labor debe ser de conocimiento público. Me refiero a la señora Alvear y a los señores Larraín, Muñoz Aburto y Espina.
Lo resalto, señor Presidente, porque, en momentos en que se debate respecto del Transantiago, resolvimos sobre la admisión de desafuero del Ministro de Transportes luego de efectuar un análisis jurídico de fondo. Al parecer, es una de las pocas discusiones que se han dado en el Senado con un fundamento de tal naturaleza.
Cuando, existiendo una controversia de carácter político, se logra obtener una definición importante que se abstrae de esa situación, considero relevante, como Presidente de la Comisión de Constitución, señalarlo públicamente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS A GANADORES DE ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, recibí una carta de una profesora de Coquimbo que el año recién pasado ganó la asignación de excelencia pedagógica. En ella señala que participaron aproximadamente 2 mil docentes y que quedaron seleccionados alrededor de 350, de los cuales 26 pertenecerían a la Cuarta Región.
La remitente indica que tanto el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica como los evaluadores de distintas universidades llevaron a cabo un trabajo muy riguroso y serio.
Precisa que ganar la referida asignación da derecho a postular a la Red de Maestro de Maestros y a recibir un bono por 10 años, acumulable por semestres de acuerdo con el tiempo servido. Y agrega que el pago por la labor realizada el año 2007 y el primer semestre de este año debió efectuarse en junio.
Según esta persona, la Presidenta de la República habría señalado el 21 de mayo que quienes lograron la asignación de excelencia pedagógica obtendrían un notebook.
Esta docente reclama: "Hasta ahí, todo de maravilla, pero todo se ha quedado en palabras, y al consultar a otros acreditados de otros años siempre es lo mismo: pagan, pero con una diferencia de muchos meses, no cumpliendo las fechas, lo que significa que con ese dinero no se puede administrar, planificar estudios, comprar material para las clases¿". En el fondo, lo que la profesora desea hacer notar es que sencillamente no se puede contar con esa plata, porque nunca se sabe cuándo va a llegar.
Expresa que hasta ahora no le ha llegado ningún aporte y tampoco el notebook. Señala que en la Región solo se dan disculpas y se sostiene que todo depende de Santiago, lo cual es verdad. En definitiva, acusa que hay una inconsistencia absoluta entre las promesas que se hacen y la realidad.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que se clarifique si efectivamente se hicieron tales promesas; si se va a pagar o no y, en caso afirmativo, cuánto; si en verdad se ofreció un notebook y, de ser así, cuándo sería entregado, porque cuando se efectúa un concurso y las personas se preparan en serio, deja una muy mala imagen que finalmente las promesas no se cumplan o se ignore si se van a cumplir.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
DEMAGOGIA EN ANUNCIOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE SAN PEDRO. OFICIOS
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, el miércoles de la semana recién pasada tuvo lugar en Osorno, con asistencia de Su Excelencia la Presidenta de la República, un aparatoso acto -podríamos calificarlo de "publicitario"-, en el cual se colocó la primera piedra del nuevo puente San Pedro, una de las obras -como voy a explicar brevemente- más emblemáticas y necesarias para dicha ciudad.
Conforme al seguimiento que mi oficina parlamentaria ha hecho de los distintos proyectos de inversión sobre el particular, hay que remontarse a 1998 -¡diez años atrás!-, cuando por primera vez las autoridades públicas declaran que el viaducto existente presenta serios problemas y que, en definitiva, resulta indispensable construir uno nuevo.
En 2001 -tres años después de los primeros antecedentes que figuran en la prensa sobre esta materia-, la construcción del puente aparece incluida dentro de trece proyectos prioritarios para Osorno y el señor Aldo Signorelli, Secretario Ejecutivo de SECTRA, expresa que ellos "se pueden empezar a inaugurar en dos o tres años más". Esto ocurre -repito- el año 2001.
La tramitación del proyecto pertinente en el Sistema Nacional de Inversiones se inicia en 2002.
Al año siguiente, el Director Provincial de Vialidad, don Cristián Rivera -posteriormente Seremi de Obras Públicas-, consultado sobre el particular a raíz de la inquietud ciudadana reinante, hace una declaración digna de Ripley: que el real estado del puente es "una interrogante". Y lo señala la persona supuestamente a cargo del tema.
El año 2004 -ya producido el lamentable derrumbe del viaducto sobre el río Loncomilla- el Seremi de Obras Públicas de la época, frente a la preocupación de la gente por la situación del puente San Pedro, descarta que este se venga abajo diciendo que hay una "sicosis por la caída del puente Loncomilla".
Sin embargo, en enero de 2005, el entonces Gobernador Jaime Bertín -luego Intendente y hoy día publicitado candidato a alcalde de la Concertación- decreta ni más ni menos que el cierre del tránsito para vehículos pesados. Y la razón que se entrega a la opinión pública en ese minuto es muy simple: la estructura del puente San Pedro (el más importante -vuelvo a insistir- de Osorno, que conecta a esta ciudad con Rahue, a través del río del mismo nombre) no resistiría siquiera un sismo mediano.
El año 2006 se produce un cambio en el trazado del proyecto original; es decir, el puente, iniciado en 2002, en cuanto a los estudios, análisis de factibilidad y licitaciones, cuatro años después sufre un brusco cambio de emplazamiento, y el proyecto de ingeniería debe ser modificado sustancialmente, sin que, por supuesto, nadie dé ninguna explicación respecto de lo ocurrido con el trazado original, el cual habría adolecido de serios defectos desde el punto de vista técnico.
En enero de 2007, en otro publicitado evento con asistencia de la Presidenta de la República, se firma un convenio de programación donde, una vez más, se incluye el puente. En tal oportunidad se asume como compromiso que el inicio de los trabajos de ejecución tendría lugar ese mismo año. Ciertamente, dicho plazo tampoco se cumplió. En diciembre de 2007 ni siquiera había atisbos del comienzo de las obras.
En marzo del presente año se celebra un convenio tripartito -a continuación me referiré a ese tema- entre el Gobierno Regional de Los Ríos, el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Por último, el 10 de septiembre (el miércoles recién pasado) se realizó la aparatosa ceremonia pública a la que me referí al comienzo, en la cual, con asistencia -reitero- de la Presidenta de la República, de todas las autoridades regionales y de los candidatos de la Concertación en primera fila, se dice: "Señores, finalmente hemos cumplido y ahora sí iniciamos la construcción del puente".
He tenido acceso al Acuerdo al cual me referí, cuyo título es "ACUERDO TRIPARTITO DE ACCESO A INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO Y EXPROPIACIÓN". El documento fue suscrito en Puerto Montt el 28 de marzo de 2008 ni más ni menos que por el actual Intendente de Los Lagos, don Sergio Galilea; el Seremi de Obras Públicas, don Eduardo Vicencio, y por don Franco Faccilongo, en representación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
El citado convenio hace presente -recuerdo que estamos hablando de la ceremonia de colocación de "la primera piedra" de un puente que hace diez años se está construyendo-, que la construcción del puente "requiere necesariamente emplazar una de sus bases en los terrenos de propiedad de EFE antes singularizados". Es decir, en forma perentoria debe hacerse en un terreno perteneciente a la Empresa de los Ferrocarriles.
En la cláusula siguiente, se deja constancia de que EFE autoriza al Ministerio de Obras Públicas "para ingresar a dichos inmuebles aún antes de que éstos se encuentren efectivamente expropiados",
Y, con posterioridad, en el punto CUARTO -al cual daré lectura- se dispone expresamente: "por su parte el SEREMI de Obras Públicas de la Región de Los Lagos se compromete en este acto a expropiar parcialmente los inmuebles antes singularizados durante el primer semestre del año en curso" -es decir, el 2008- "y, el Gobierno Regional de Los Lagos, se compromete a poner a disposición del FNDR los recursos necesarios para proceder a dicha expropiación o adquisición de inmuebles".
En consecuencia, se establece claramente que, para los efectos de dar inicio a la construcción del puente, es fundamental realizar el proceso expropiatorio o de adquisición de los inmuebles que se individualizaron en el documento a que he hecho referencia,
Pero, no solamente eso, señor Presidente.
Parte de la cláusula tercera del Acuerdo Tripartito dice textualmente lo siguiente: "se deja expresa constancia que no podrán iniciarse trabajos de excavación en dichos inmuebles, en tanto EFE no haya autorizado la construcción del paso inferior del nuevo Puente San Pedro y no se hayan pagado los derechos correspondientes al atravieso que al efecto se constituya".
En relación con la condición de la expropiación parcial de los terrenos, el día viernes pasado estuve en el Conservador de Bienes Raíces de Osorno y personalmente constaté que no se ha materializado la expropiación ni la adquisición de tales inmuebles.
Por otra parte, tengo en mi poder un documento oficial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a través del cual se hace constar que hasta el mes de junio tampoco se habían cumplido los requisitos señalados en la cláusula tercera, esto es, la autorización para la construcción del paso inferior del nuevo puente San Pedro, a fin de que Ferrocarriles pueda funcionar, y no se hayan pagado -insisto- los derechos correspondientes al atravieso que al efecto se constituya.
En resumen, estamos, una vez más, frente a una acción demagógica, aparatosa, que debe inscribirse en la tónica permanente de intervención electoral que caracteriza a los Gobiernos de la Concertación.
En Osorno, este no es un tema nuevo.
Pocos días antes de la última elección presidencial, estuvo en dicha ciudad el ex Presidente Lagos para constituirse en la estación ferroviaria. Y, en un acto de parecidas características, se anunció que el tren al sur volvería a funcionar y que nuevamente contaríamos con un sistema ferroviario expedito entre Victoria y Puerto Montt.
Todo el mundo sabe que eso no pasó de ser otra aparatosa intervención de carácter propagandístico, dentro de un patrón permanente de intervención electoral.
La verdad, señor Presidente, es que esta última actuación inevitablemente nos hace traer a la memoria una situación que todo el mundo conoce: la del hospital de Curepto, donde también se realizó una inauguración.
En esa oportunidad, se inventaron hasta los enfermos. Nada de lo que se estaba inaugurando se hallaba en condiciones de ser objeto de dicha ceremonia.
De la misma manera, ahora tampoco se encuentra en condiciones -como dice el convenio a que he hecho referencia-, de iniciarse proceso de excavación alguno, mientras no se expropien los terrenos de EFE y se cumplan los otros dos requisitos.
Comprenderá, señor Presidente, que desafía la imaginación suponer que se puedan iniciar los trabajos de ejecución de un puente sin efectuar excavación alguna. Eso, simplemente, nos conduce al absurdo máximo.
En consecuencia, junto con formular ante esta Corporación la denuncia correspondiente, solicito que se despachen los siguientes oficios.
En primer lugar, al Ministerio de Obras Públicas, para que informe sobre la manera como se ha dado cumplimiento no solo al Acuerdo Tripartito al cual he hecho referencia, sino especialmente a cada una de las normas que inciden en esta materia. Es evidente que no puede emplazarse un puente ni comenzarse una construcción -como lo sabe un estudiante de primer año de Derecho-, sin haber saneado la situación de los inmuebles en que debe erigirse dicha obra.
Entonces, estimo fundamental que esa Cartera informe al Senado sobre el cumplimiento del Acuerdo Tripartito y del resto de las disposiciones que dicen relación a la correcta ejecución de esta obra pública y, en definitiva, nos haga llegar los antecedentes sobre la materia.
En segundo término, solicito que se oficie al señor Intendente de Los Lagos, don Sergio Galilea, para que explique detalladamente por qué no dio cumplimiento al compromiso -y lo ignoró absolutamente- que él mismo contrajo al suscribir este documento, informando por qué no se llevó adelante la expropiación de los inmuebles a que he aludido.
También, resulta muy importante que el señor Gobernador de Osorno dé a conocer a esta Alta Corporación un aspecto político de la mayor trascendencia. ¿Quién organizó el acto del día 10? ¿Fue el señor Gobernador? ¿Lo organizaron desde Puerto Montt o lo hizo la "Avanzada Presidencial" desde La Moneda?
Lo anterior es sumamente relevante por una razón muy simple. Porque, una de dos: o aquí se omitieron antecedentes de extraordinaria importancia a la Presidenta de la República, llevándola a efectuar una inauguración que no estaba en condiciones de celebrarse; o, a la inversa, La Moneda participa, de alguna manera, en este engaño a la opinión pública.
Entonces, resulta fundamental saber quién organizó esta -por llamarla de algún modo- ceremonia.
Y, por último, sin perjuicio de que haré formalmente la presentación correspondiente ante la Contraloría, pido que desde ya se haga llegar a la Contraloría Regional de Los Lagos copia de mi intervención, a fin de que haga saber al Senado de qué forma se ha dado cabal cumplimiento al Acuerdo Tripartito -ya sabemos que al menos tres de sus condiciones no se han cumplido-, pero sobre todo que informe respecto de la legalidad del proceso al que he venido haciendo referencia en relación con la construcción del puente San Pedro.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:49.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción