REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 92ª, en miércoles 4 de marzo de 2009
Ordinaria
(De 16:20 a 19:2)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz Pollmann.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las 87ª, ordinaria, en 20 de enero; 88ª, especial, y 89ª, ordinaria, ambas en 21 de enero, y 90ª, especial, en 30 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que tomó conocimiento del rechazo del Senado al proyecto que suspende por cuatro años la aplicación del artículo 3° transitorio de la ley N° 20.158 (boletín N° 6.195-04) y remite la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los tres restantes comunica que ha prestado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por gracia a Joan Alison Turner Roberts (boletín N° 6.077-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
2.-
Proyecto de ley que establece procedimiento para reclamación de multas de la Superintendencia de Valores y Seguros (boletín N° 5.998-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
3.-
Proyecto que modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, referido a la subdivisión de predios rústicos (boletín N° 5.049-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas en contra del artículo 38 bis de la ley N° 18.933 y de los artículos 2°, 11, 15, 16, 19, 26 y 29 del decreto ley N° 2.695.
--Se toma conocimiento.
Con los cuatro siguientes remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteados en contra del artículo 50 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
--Se toma conocimiento y se envían los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a los reiterados delitos que han afectado a numerosos agricultores y comerciantes de la comuna de Ercilla.
Del señor Ministro del Interior subrogante, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Kuschel, relativo a medidas que permitan mejorar la seguridad en Chaitén.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que responde un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Naranjo y Prokurica, acerca de una moción de su autoría que obliga a los organizadores de eventos a pagar un derecho compensatorio por concepto de gastos de seguridad, la que fue declarada inadmisible por contener materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República.
De la señora Ministra de Educación, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Frei, respecto de lo planteado por la Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Especial Philipps Claret, de Curicó.
Cuatro del señor Ministro de Justicia subrogante:
Con los dos primeros da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, referidos a la situación que afecta a la familia de don José Luis Soto y al estado actual de los recintos penitenciarios del país.
Con el tercero responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Girardi, relativo a la constitución legal de la corporación que administra el proyecto Parque Pumalín.
Con el último contesta un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Naranjo, Muñoz Aburto y Ominami, mediante el cual se solicitó la implementación de un programa especial de ayuda a los niños que han quedado en situación de desamparo por ser su madre víctima de parricidio (boletín N° S 1.098-12).
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, acerca de una eventual solución al problema planteado por el Sindicato Interempresas de Trabajadores Mercaderistas Reponedores de la Provincia de Ñuble.
Dos de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo subrogante:
Con el primero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, referido a los problemas que afectan a los vecinos del Condominio Lomas de Conguillío, de la ciudad de Victoria.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de los problemas que afectan a los deudores habitacionales Habitacoop de Coyhaique.
Dos del señor Ministro de Agricultura subrogante:
Con el primero da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Zaldívar y Larraín, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República la apertura de un poder comprador de trigo a precios del mercado internacional (boletín N° S 1.142-12).
Con el segundo contesta un acuerdo adoptado por la Cámara Alta, a proposición de los Senadores señor Naranjo, señora Alvear y señores Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Gómez, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República estudiar la entrega de un bono a los productores de trigo y la implementación de una política de Estado de seguridad alimentaria (boletín N° S 1.143-12).
Siete de la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente:
Con los tres primeros responde igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a las actividades de prospección minera que se realizan en el Valle de Putaendo y en Valle Hermoso; a la instalación de centrales termoeléctricas en el área urbana de la comuna de Caldera, y a la existencia de vertederos de plástico y otros elementos no biodegradables en el canal de Puyuhuapi.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Navarro, relativos a una emergencia ambiental en la planta siderúrgica de Huachipato y a la central termoeléctrica que se pretende instalar en la comuna de Penco.
Con el sexto da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, acerca de la contaminación por aguas servidas que afecta a los vecinos de calle Nahuelco, comuna de Purén.
Con el último responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido al Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto Disposición de Lastre y Sistema de Manejo de Drenajes" presentado por la División Andina de CODELCO.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la toma de muestras de ADN a niños de colegios municipales de la comuna de Concepción.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones subrogante, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la destinación de funcionarios de la Institución al paso fronterizo Pallavicini, ubicado en la comuna de Puerto Ibáñez.
Del señor Presidente del Banco Central, con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las restricciones que afectan el intercambio comercial con Bolivia.
Del señor Subsecretario del Interior, con el que envía el detalle de los fondos asignados en el trimestre octubre-diciembre de 2008 al Programa 05.01.05 "Seguridad y Participación Ciudadana" en la Ley de Presupuestos del año 2008 y su respectivo porcentaje de avance a la fecha.
De la señora Subsecretaria de Carabineros, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, acerca de los gastos en que incurrió la Institución para prestar servicios de orden y seguridad en los dos conciertos que realizó en el Estadio Nacional la cantante "Madonna".
Del señor Subsecretario de Pesca y de la señora Subsecretaria de Salud Pública, mediante los cuales dan respuesta a oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la contaminación de las aguas en la localidad de Repollal, comuna de Las Guaitecas.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, relativo a problemas que afectan a la localidad de Alto Hospicio.
De la señora Superintendenta de Pensiones, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido a estadísticas sobre utilidades difundidas por algunas AFP.
Del señor Superintendente de Pensiones subrogante, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, respecto de la situación que afecta a don Carlos González.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles subrogante, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de deficiencias de las instalaciones eléctricas en la población El Bosque II, de la ciudad de Coihaique.
Del señor Director del Trabajo subrogante, con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, referido a materias de orden laboral en relación con la Zona Franca de Iquique.
Del señor Director del Fondo Nacional de Salud, mediante el cual da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Prokurica, Allamand, Arancibia, Escalona, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Núñez, Orpis y Zaldívar, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas que permitan a un hombre casado ser carga de su mujer cotizante de FONASA (boletín N° S 1.137-12).
Del señor Director del Fondo Nacional de Salud subrogante, con el que contesta un oficio enviado por la Senadora señora Alvear, respecto de la incorporación de la esclerosis múltiple en la cobertura del AUGE.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante subrogante, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la contaminación de las aguas en la localidad de Repollal, comuna de Las Guaitecas.
Del señor Fiscal Nacional Económico subrogante, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Vásquez, referido a una eventual concertación de precios contra productores nacionales de trigo.
De la señora Secretaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, respecto de la construcción de obras fluviales en la ribera norte del estero Campiche, en la comuna de Puchuncaví.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, relativo al "Informe Matriz de Riesgos y Controles de la Planta Osvaldo Martínez" y a los bonos otorgados a ejecutivos de aquella Empresa durante los años 2007 y 2008.
Del señor Secretario General de la Fuerza Aérea de Chile subrogante, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, referido a la posibilidad de que se entregue en comodato a la Municipalidad de Quintero un inmueble de propiedad de la Institución.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, acerca de información sobre materias policiales en la Región de La Araucanía.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Girardi, respecto de la constitución del proyecto de Santuario de la Naturaleza de Pumalín.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Bianchi y Horvath, respecto de una moción de su autoría modificatoria de la ley N° 18.502, que establece impuestos a diversos combustibles, la cual fue declarada inadmisible por contener materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República.
De la señora Jefa del Fondo Social Presidente de la República, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, referido a proyectos presentados por el Gobernador Provincial de Concepción.
Del señor Fiscal Adjunto de Angol, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, relativo a la investigación por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos asignados para la ejecución de proyectos en la población El Retiro, comuna de Angol.
Del señor Gerente de la División Marketing del Banco de Chile, con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, respecto de la situación que afecta a don Mario Muñoz.
Dos del señor Gerente General de la ZOFRI, con los que contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a diversas materias de índole laboral relacionadas con los trabajadores de la ZOFRI y a los problemas producidos en el norte a raíz del decreto de Bolivia que impidió el acceso de automóviles usados a ese país.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto y Ominami, que modifica el artículo 164 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, en materia de información privilegiada (boletín N° 4.852-05).
--Queda para tabla.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores Naranjo y Navarro, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que condone las deudas que tenían hasta el año 2008, por concepto de servicio domiciliario de aseo, las familias que habitan en viviendas o unidades vecinales cuyo avalúo fiscal es igual o inferior a 225 unidades tributarias mensuales, actualmente exentas de dicho pago (boletín N° S 1.149-12).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De los Honorables señores Naranjo y Ominami, relativo a la posibilidad de que los bonos extraordinarios que el Estado otorgue a las personas que reciben asignaciones familiares o subsidio familiar se entreguen directamente a la cónyuge o conviviente que por orden judicial se encuentre recibiendo una pensión de alimentos (boletín N° S 1.150-12).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Honorables señores Naranjo, Muñoz Aburto, Navarro y Ominami, relativo a la posibilidad de establecer el 15 de febrero de cada año como Día Nacional del Brigadista Forestal (boletín N° S 1.151-12).
De los Honorables señores Naranjo, Muñoz Aburto y Ominami, sobre la implementación de un seguro especial de alto riesgo para los brigadistas forestales y el otorgamiento de pensiones de gracia especiales para las familias de los brigadistas que fallezcan en cumplimiento de sus funciones o resulten con incapacidad laboral permanente, así como de becas educacionales para sus hijos (boletín N° S 1.152-12).
--Pasan a la Comisión de Agricultura.
De los Honorables señores Horvath, Bianchi y Zaldívar, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas para revitalizar y proteger el área de Chaitén (boletín N° S 1.153-12).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En primer término, corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma de la Carta, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional, con nuevo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3436-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 85ª, en 22 de enero de 2008.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 77a, en 9 de diciembre de 2008.
Gobierno (nuevo), sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
Discusión:
Sesiones 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (vuelve a Comisión); 91ª, en 3 de marzo de 2009 (queda pendiente su discusión general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Cabe recordar a la Sala que en la sesión de ayer quedó pendiente la discusión general.
Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables señores Espina, Gazmuri, Ávila, Prokurica, Arancibia, Gómez, Letelier, Escalona, Muñoz Aburto, Zaldívar y Naranjo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Continúa la discusión general del proyecto.
El señor ÁVILA.-
¿Y si reducimos los tiempos, señor Presidente?
El señor BIANCHI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, solicito que, si lo tienen a bien la Mesa y mis Honorables colegas, se abra la votación de este proyecto -ya lo hemos venido tratando en extenso desde ayer y, como se ha señalado, varios Senadores no han hecho uso de la palabra-, sin perjuicio de que se conceda un tiempo adecuado para intervenir.
Lo planteo porque, según entiendo, algunos colegas deben retirarse antes de que se levante la sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Quiero acceder a esa petición, pero siempre y cuando no se restrinjan los tiempos, pues varios señores Senadores me han manifestado su interés por intervenir. Estamos ante una materia no menor, que tiene que ver con nuestro orden interno y reviste toda la importancia que Su Señoría le atribuyó en su brillante exposición del día de ayer.
En consecuencia, si le parece a la Sala, abriremos la votación, pero conservando el tiempo normal para las intervenciones.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
¿No debía comenzar el Senador señor Espina?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Sí. Estaba inscrito antes, pero no se halla presente.
Perdón, pero Su Señoría acaba de llegar.
El señor ESPINA.-
¿Se puede cambiar el orden, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No hay problema.
¿Senador señor Ávila?
El señor ÁVILA.-
En seguida viene el Honorable señor Gazmuri.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así es. Sin embargo¿
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, el orden de los inscritos es el siguiente: Honorables señores Espina, Gazmuri, Ávila, Prokurica, Arancibia, Gómez¿
El señor PROKURICA.-
Yo estoy en condiciones de comenzar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Recuerdo a la Sala que estamos en votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así es.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, me habría gustado que tanto las reflexiones de ayer como las de hoy se hubieran podido efectuar a la luz de un proyecto que tuviera un verdadero contenido regionalista, de más autonomía económica y política, y que avanzara en favor de un sector importante del país que se siente postergado y que, con justicia, reclama mayor protagonismo en la vida nacional.
El futuro de las Regiones frente al exacerbado centralismo existente hoy día sigue siendo poco alentador.
A modo de ejemplo, cabe puntualizar que las Regiones del norte enfrentan muchas veces el abandono del gobierno central.
Recordemos que solo las pérdidas del Transantiago acumuladas durante los primeros cuatro meses del año 2008 equivalían a la totalidad de los fondos asignados al FNDR de las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Y para este año el FNDR destinado a la Región Metropolitana supera en casi 4 mil millones de pesos los recursos fijados para Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Atacama, la Región que represento, enfrenta muchas carencias. Pero una de las principales es la atención de salud: un hospital regional que desde hace más de ocho años, pese al compromiso de dos Presidentes de la República distintos, espera una remodelación; más de 17 mil pacientes en listas de espera; hospitales sin médicos para atender a la población, y una carencia dramática de especialistas.
¡Cómo es posible que en el servicio público, para casi una Región completa, exista solo un par de especialistas cardiólogos para atender a todos los enfermos!
Otro punto que no puedo dejar de tratar es la distribución de los recursos del royalty, que se ha visto aquí, en la Sala, muchas veces: ¡a la Región Metropolitana se le asigna lo mismo que a la de Atacama, que recauda unos 50 millones de dólares por ese concepto! Y el Gobierno sigue insistiendo en retrasar el envío de un proyecto de ley que retribuya justamente a las Regiones mineras. En último término, puede patrocinar la iniciativa que el colega Orpis y otros Senadores presentamos para hacer justicia a estas Regiones.
Eso, sinceramente, es inaceptable y constituye un ejemplo de cómo los habitantes de las zonas más alejadas del país sufren cada día por el aislamiento.
Hace un mes, por iniciativa del Presidente del Senado, inauguramos la Sala Pedro León Gallo, en honor a uno de los más importantes regionalistas de la historia de nuestra patria.
A 150 años de la revolución constituyente, encabezada por el caudillo, lamentablemente siguen vigentes las causas por las cuales ese político se levantó e incluso formó un ejército. Había un profundo deseo de autonomía y justicia social para las Regiones frente al despojo de las riquezas aportadas por ellas al desarrollo del país y que hasta hoy se quedan en la Capital para financiar proyectos que en nada las tocan o favorecen.
Aquel ex regidor, sin duda, querría hoy también levantarse una vez más para defender a las Regiones mineras, como la de Atacama.
Llegó la hora, señor Presidente, de avanzar contra la tradición centralista, contra un Estado que no valora ni da real protagonismo a los distintos territorios. Desde las Regiones miramos con estupor el centralismo, que es malo no solo para ellas, sino además para el propio Santiago. La concentración de talentos, riquezas y oportunidades sigue en la Capital.
Hemos escuchado durante esta larga sesión distintas opiniones en el sentido de que el proyecto que hoy nos convoca, en algunos casos, significa un paso muy lento y no todo lo importante que quisiéramos, e incluso, que sería innecesario.
Efectivamente, me gustaría que hubiese un avance más profundo, porque esta iniciativa tiene muy poco de fomento para una descentralización real y mucho menos de regionalización verdadera.
Sí, incluye un elemento relevante para el ejercicio democrático: la elección directa de los consejeros regionales.
Esa es una cuestión que no puede seguir esperando. Ahora los consejeros regionales serán conocidos y más cercanos a la gente, y podremos hacerles exigencias e indicarles sus responsabilidades y su trabajo, lo que hoy en día resulta más difícil.
Y algo muy significativo: por la vía planteada se evitará un foco de corrupción que se ha ido generando en ese sector. Todos lo conocemos, nadie lo dice, pero es así: ¡hay un foco de corrupción en la forma como se nombra hoy día a los consejeros regionales!
Señor Presidente, quiero destacar la labor realizada en este debate por el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización (CONAREDE), y en especial, la de Heinrich von Baer y Miguel Cellino -nos acompañan esta tarde en las tribunas-, quienes han dado pasos muy fundamentales a los efectos de comprometer a los parlamentarios y a los partidos políticos para avanzar hacia la regionalización, aunque el de ahora es muy pequeño.
Pero también quiero reparar en que, pese a que la totalidad de los sectores políticos aquí representados están convencidos de que Chile debe hacer más por sus Regiones, la mayor prueba de centralismo es la actitud de los partidos, que definen sus candidatos a cargos de elección popular sin considerar un aspecto esencial: que ellos sean en lo posible oriundos de las Regiones, que conozcan los problemas de los lugares por los que postularán.
En los próximos meses veremos cómo, una vez más, las colectividades partidarias distribuyen a candidatos salidos de Santiago para pelear cupos parlamentarios en Regiones del país que a veces ni siquiera conocen.
Amigos de la CONARADE, amigos de la regionalización, esa es quizás una de las razones por las cuales todos nos hallamos en contra del centralismo y a favor de la regionalización.
Pero nada cambia.
Por último, resulta penoso que no tengamos ocasión de realizar un debate especial, dedicado, profundo sobre estos temas y nos veamos respaldando un proyecto hecho "en la medida de lo posible", en lugar de una iniciativa sólida, que realmente entregue a las Regiones el protagonismo que merecen, para llegar al Bicentenario con un Chile derechamente alcanzando un pleno desarrollo, sin las crueles y absurdas diferencias existentes entre las Regiones y Santiago.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero adherir al reconocimiento hecho por el Honorable señor Prokurica a la labor que en materia de regionalización y descentralización ha llevado a cabo desde hace muchos años el CONAREDE, en especial a través de su Presidente, señor Heinrich von Baer, y de don Miguel Cellino, quienes no han limitado su actuación al proyecto que hoy nos ocupa. Ellos son pioneros y han desplegado esfuerzos extraordinariamente importantes para hacer conciencia, no solo en los parlamentarios de Regiones sino también en aquellos que representan a ciudades más grandes, de que la regionalización es una cuestión de interés nacional. Creo que esa labor demuestra la enorme relevancia que tienen las organizaciones de ciudadanos para llevar adelante iniciativas como las que ellos han impulsado durante varios años.
Además, hago tal reconocimiento, fundamentalmente, porque dichos personeros iniciaron su trabajo en la Región de la Araucanía, a la que represento en el Senado.
En consecuencia, me parece bueno que en la Versión Oficial de esta sesión quede testimonio del esfuerzo gigantesco que ellos han realizado para crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de fortalecer la regionalización.
Señor Presidente, el artículo 3° de la Constitución Política dice: "El Estado de Chile es unitario.".
Pero quiero recordar que en la última reforma que aprobó el Senado se incorporó a esa norma un inciso tercero que expresa: "Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.".
Recuerdo perfectamente -porque me tocó integrar la Comisión de Constitución- el momento en debatimos tal norma. Y se difundió en las Regiones, forjándose una gran esperanza en que todas las actividades de los órganos del Estado iban a apuntar a fortalecer la regionalización.
Digo eso porque la ley -nosotros concurrimos a su formación junto con el Ejecutivo- tiene poco valor si no va a acompañada de la voluntad política de ponerla en práctica.
Nos hemos llenado de leyes en los últimos años. Pero cuando uno las evalúa y hace un seguimiento, ve que muchas ellas son letra muerta. Porque una cosa es que en su texto se postule la regionalización y otra la voluntad efectiva del Gobierno de llevar adelante un proceso que la fortalezca como una manera de propender al desarrollo armónico del país.
Yo siento que a ese respecto se ha avanzado muy poco. Porque si uno analiza la legislación dictada en los últimos años se percata de que, al final de cuentas, prácticamente ninguno de los textos se dirige a los cuatro ejes que deben tenerse presentes cuando hablamos de fortalecer la regionalización.
La iniciativa que nos ocupa hoy, sin duda, constituye un avance y apunta en el sentido correcto.
En primer lugar, la forma de generación de las autoridades.
No es lo mismo que las autoridades encargadas de administrar los recursos regionales sean designadas por el gobierno central o elegidas por la Región. ¡La diferencia es enorme!
El intendente, que es el representante del Presidente de la República en las Regiones -me parece bien que haya uno en cada una de ellas-, puesto en la disyuntiva de defender los intereses regionales cuando aparezcan en contraposición con los del gobierno central, ciertamente que optará por los de este, pues su cargo es de exclusiva confianza del Primer Mandatario. De manera que, ante un dilema de tal índole, el intendente no toma la decisión final pensando en qué favorece más a la Región, sino mirando los intereses de quien lo nombró en su cargo.
Por consiguiente, el hecho de que las autoridades no surjan del gobierno central es, sin duda, una manera real de fortalecer el proceso de regionalización. Y no tengo dudas de que la elección de los consejos en forma directa por la ciudadanía dará más autonomía, más independencia, al gobierno regional y a quien sea su presidente para defender los intereses locales.
En segundo término se halla lo de las competencias. Este aspecto queda entregado a la Ley Orgánica Constitucional. Y me alegra que así sea, porque en el texto anterior se hallaban establecidas en la Carta, lo que a mi juicio era un error, en la medida en que se trata de una materia que se puede ir modificando con el transcurso de los años. Parece correcto que la Ley Orgánica Constitucional sea la que señale expresamente los ámbitos de competencia que irán asumiendo las distintas Regiones.
Sobre el particular, señor Presidente, se plantea un argumento muy recurrente: "No deleguemos atribuciones en las Regiones, porque quizás en ellas no se encuentre la gente suficientemente capacitada en la toma de decisiones vitales para el país".
Por mi parte, me pregunto: ¿y por qué van a tener más capacidad, más noción de la realidad, más percepción y sentido social, quienes viven a cientos de kilómetros de donde se deben tomar tales decisiones?
Entonces, el ámbito de competencia, en cualquier democracia, presenta un aspecto central: que sean las propias Regiones las que vayan materializando el mayor número de determinaciones respecto de lo que a ellas mismas les afecta.
En tercer lugar -y recuerdo que un señor Senador lo dijo en la sesión pasada- se encuentra lo atinente a los recursos.
La verdad de las cosas es que estas reformas son letra muerta si finalmente los recursos no se entregan a las Regiones en la forma y cantidad requeridas. Podemos acordar la elección de los consejos regionales y otorgarles competencias, pero si no se distribuyen de una manera razonable los fondos para que las Regiones propendan a su desarrollo, lo demás pasa a ser, de uno u otro modo -repito-, letra muerta.
Ese es un asunto pendiente que hace urgente fortalecer los procedimientos sobre entrega de recursos a las Regiones y los mecanismos de control para que sean bien administrados. Porque si hay algo que la sociedad chilena ha aprendido, a través de los años, es que no basta con proporcionarlos. Hay Regiones que los reciben, pero ni siquiera se alcanzan a gastar por completo.
Y así me lo corrobora el Senador señor Muñoz Barra, con quien hemos visto tantas veces, en la Región de La Araucanía, que se otorgan a Obras Públicas fondos para infraestructura y no se gastan como corresponde, se despilfarran o, simplemente, no se ocupan y se deben devolver.
Esto último ocurrió dos o tres años atrás, cuando más de 10 mil millones de pesos destinados a ese rubro no se gastaron nunca y hubo que reintegrarlos al Gobierno central. Eran dineros que se perdieron, en vez de ser empleados en inversiones que habrían ayudado mucho al desarrollo, en particular de las zonas rurales, donde los déficits de infraestructura son más notorios, más importantes y afectan más al desarrollo económico y, por ende, a la calidad de vida de la gente.
Por lo tanto, el tercer elemento, muy relevante, dice relación a la entrega, control y fiscalización oportunos de los recursos para las Regiones.
Y un cuarto elemento, no mencionado en el debate y que quiero incorporar, son los incentivos para la inversión privada a lo largo del territorio.
Salvo en las zonas australes extremas, no existen estímulos para que las empresas prefieran instalarse, generar mano de obra y desarrollarse en Regiones. Les resulta siempre más cómodo y, desde el punto de vista inicial -así lo creen-, más rentable el ubicarse lo más cerca posible de las grandes ciudades y, en especial, de Santiago.
Los países que logran un desarrollo equitativo son aquellos que crean incentivos de carácter tributario o para contratación de mano de obra a fin de que las empresas opten por irse a regiones, y, adicionalmente, fijan un costo más alto para las que siguen operando en el área metropolitana. Así ha acontecido en Estados Unidos; en España, Francia y otras naciones europeas, y sucede actualmente, incluso, en muchas partes de Asia.
Entonces, el cuarto elemento, consistente en lograr, mediante incentivos, que la empresa se desarrolle en Regiones resulta esencial, porque es hoy día el motor del crecimiento de la economía de un país.
En síntesis, señor Presidente, he hecho esta narración de los que, a mi juicio, constituyen los cuatro pilares fundamentales del fortalecimiento de la regionalización por creer que el proyecto que nos ocupa es un avance significativo, aunque no tan profundo como lo será finalmente.
Y me alegro de que se hayan suprimido diversas disposiciones que en la sesión anterior sostuve que no estimaba correcto incluir en la Carta, porque no me parecían propias de ella, y de que se haya dejado el debate respectivo para cuando se modifique la Ley Orgánica Constitucional. Otras, derechamente, carecían de sentido, como aquella que establecía, según recuerdo, que los intendentes y gobernadores tendrían fuero respecto de las acciones judiciales que se pudieran entablar contra ellos, pues estimé que era algo que no tenía nada que ver con una iniciativa sobre descentralización o regionalización del país.
La iniciativa en debate va en la línea correcta. Espero que se enriquezca con las indicaciones que en su momento se formulen.
Sin embargo, la prueba de fuego no radicará solo en ella -como tampoco residió en el inciso tercero del artículo 3° de la Constitución, que ya establece, como señalé, la obligación de los órganos del Estado de promover el fortalecimiento de la regionalización-, pues si no hay voluntad política para la concreción, en definitiva se siembran esperanzas y después se cosechan desilusiones.
Por tal motivo, señor Presidente, anuncio que votaré a favor del texto en examen.
Y confío en que esta sea la primera etapa de un proceso de regionalización acentuado que Chile viene anunciando hace muchos años. Ello se mira con esperanza en Regiones, pero también con gran escepticismo, ya que estos proyectos finalmente no logran su objetivo por no existir detrás voluntad política. Ojalá en esta oportunidad sí la haya, no solo en el Gobierno actual, sino también en los futuros, con el propósito de alcanzar el crecimiento del país en forma más armónica, más justa y más equitativa y con mayor fuerza para el desarrollo regional.
Por las razones expuestas, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, también me pronunciaré a favor de la presente reforma de la Carta, en primer lugar porque su finalidad principal es una cuestión planteada prácticamente durante los últimos veinte años por todos quienes consideramos fundamental que un organismo como el consejo regional tenga su origen en el ejercicio directo de la soberanía popular.
Hoy día existe una situación bastante anómala. Los consejos regionales son autoridades de relevancia creciente al administrar por lo menos una parte de la inversión local a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que ha ido aumentando de manera bastante sustantiva durante los últimos Gobiernos. Y, como cuerpos colegiados, poseen atribuciones en materia presupuestaria regional que, por analogía, son incluso mucho mayores que las del Congreso Nacional, pues no aprueban, como nosotros, grandes partidas, sino inversiones específicas, concretas y hasta de poca monta. El que sean elegidos mediante un sistema indirecto carece de sentido.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, son entidades invisibles, opacas y sin responsabilidades directas con la gente, pese a su progresiva importancia.
Al margen de cualquier otra consideración sobre los aspectos de la regionalización, el elemento que señalo tiene mérito por sí mismo. En efecto, el fortalecer la representatividad de los consejos regionales apunta a robustecer la identidad política de las Regiones.
No es casualidad que haya habido una resistencia muy fuerte -a veces, soterrada y transversal- en el propio Congreso Nacional a que los consejeros regionales fueran elegidos en forma directa. Y por las peores razones: las de defensa corporativa de pequeños privilegios parlamentarios. En algunas iniciativas anteriores se llegó a incluir una disposición a mi juicio escandalosa -felizmente, no figura en la que estamos analizando-, pues impedía que los consejeros regionales designados en esa forma postularan a cargos de representación parlamentaria en la elección siguiente. Ello indica con claridad cómo a veces los celos corporativos, incluso de los Congresos, operan en sentido contrario a la democratización del país y al desarrollo de las Regiones.
Los procesos de regionalización, descentralización y autonomía, en todas las naciones donde se han llevado a cabo, obedecen básicamente a tradiciones nacionales, a reclamos ciudadanos, a representación política de las Regiones. Nuestro proceso de regionalización, en cambio, tuvo un origen completamente distinto: fue una decisión político-administrativa de un Gobierno autoritario. No recogió, salvo una demanda genérica, un gran movimiento ciudadano.
Tanto es así, que las Regiones no fueron producto de acuerdos políticos entre las antiguas provincias. Todas las dificultades que enfrentamos hoy día con motivo de la reivindicación de partes de sus territorios, de provincias específicas, para constituir nuevas Regiones son consecuencia del antecedente que he señalado. Ya hemos despachado dos leyes dividiendo las Regiones originales establecidas por el Régimen militar.
Y se formulan muchas otras demandas. En la circunscripción que represento existe un cierto movimiento subregionalista de las provincias en las cuales no se encuentra la capital regional. También imagino que las viejas y antiguas provincias de San Felipe y Los Andes pueden no sentirse cómodas por una resolución inventada administrativamente. Y veo que mis coterráneos chillanejos asimismo reivindican la regionalización de la provincia de Ñuble, porque, desde el nacimiento de la República, nunca han sido penquistas.
Entonces, se presenta un problema de muy diversa naturaleza.
Como no podemos dibujar de nuevo todo el mapa de las Regiones, me parece que la elección directa del Consejo Regional es, por lo menos, un gran avance. Imagino que en la Ley Orgánica Constitucional habrá que establecer que esa representación deberá hacerse sobre una base provincial. Ello dará fortaleza a la identidad política de las provincias, que sí la registran en su identidad histórica. Porque, en Chile, las provincias -las 27 que los de nuestra generación aprendimos en el liceo-, salvo algunas de las nuevas que se crearon también de manera puramente administrativa, exhibían una fuerte identidad regional.
Por este elemento, voy a votar a favor.
Sin embargo, lamento la tardanza: ¡veinte años! Esperaba que la elección directa se llevara a cabo en los pasados comicios municipales o en los parlamentarios próximos. Sin embargo, quedaremos hasta 2009. Seguimos con el ritmo cansino intolerable de reformas políticas indispensables en aspectos que no hacen otra cosa que rigidizar el sistema político.
Lo dice el Senador que habla: ¡Chile se halla en una crisis de representación política brutal! Creo que este es el país, entre los que conozco en el mundo, que elige menos autoridades por sufragio popular. Ignoro si en alguna democracia existen consejos o asambleas comunales tan pequeños como los nuestros. No cabe el debate de los problemas de una ciudad en un organismo formado por seis miembros. ¡Sencillamente, no cabe!
En cualquier ciudad media, europea o sudamericana, esos consejos los integran treinta o cuarenta personas. Pero cuando uno plantea ese punto en Chile pareciera que fuese un extraterrestre. Y le dicen: "¡Pero cómo vamos a gastar tanto en viáticos a los concejales!".
Y la democracia representativa ya tiene problemas en el mundo, porque, en sociedades diversas, estratificadas como las nuestras, desiguales, representar al resto de los ciudadanos es una tarea difícil. Antes, ello era más fácil en sociedades más homogéneas política, social y culturalmente. Nosotros registramos un déficit brutal en el sistema referido.
El proyecto apunta tardíamente en la buena dirección, porque recién vamos a corregir en cinco años más esta anomalía tan destacada. Me parece un tiempo fastidiosamente largo para reformas indispensables.
Quiero, además, felicitar por el trabajo de la Comisión, pues creo que ha sido serio. Se han introducido aspectos no incluidos en la consideración original y que apuntan al corazón de los procesos de mayor autonomía regional. Y se fijan criterios, por lo menos, para el traspaso de competencias, las cuales podrán ser solicitadas al Ejecutivo por un quórum importante del Consejo Regional, estableciéndose, en caso de una negativa, una suerte de instancia arbitral -en este caso sería el Senado-, de manera que el planteamiento de las Regiones no quede restringido a una suerte de derecho de petición.
Me parece inteligente la fórmula de que las Regiones puedan pedir dicho traspaso, lo que permite, además, que lo soliciten aquellas con capacidad para administrar competencias. Porque el otro elemento que se ve en todos los procesos de descentralización en el mundo es que no todas tienen igual aptitud de gestión de sus propios asuntos. Y ello es difícil afirmarlo, pues puede parecer que uno menoscaba a una Región en detrimento de otra. Pero es evidente que una Región como la del Biobío, que cuenta con recursos económicos, humanos, tecnológicos y científicos, tiene mayor capacidad de gestión de sus propios asuntos -no quiero aludir a nadie en especial- que la de Atacama o la de Aisén.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Que la Séptima!
El señor GAZMURI.-
La Séptima es intermedia.
Si además las quieren partir por la mitad, cada vez van a tener menos capacidad de autogestionar sus asuntos públicos. O sea, la disminución al extremo fortalece al centralismo, en definitiva, de una manera evidente. Ello, si queremos tener Regiones que puedan generar su propio dinamismo, lo que, en general, me parece bien.
Me queda claro que se encuentra pendiente un debate a fondo sobre la regionalización. Tienen razón quienes han señalado que el proyecto de ley, en la medida en que constituye una reforma de la Carta, avanza criterios, principios, que deberán ser concretados en leyes orgánicas específicas.
La materia que nos ocupa es central, señor Presidente, por quedar expuesta, como aquí se ha dicho, la visión de futuro que tenemos de Chile, en cuanto a su balance territorial, considerando el problema que ha sido denunciado en la Sala, o sea, la tendencia a la concentración en la megalópolis del Gran Santiago, al que se va a unir muy rápidamente el Gran Valparaíso, lo cual ahoga al país. Y esa tendencia es imparable, salvo que medie una política de Estado muy fuerte en contra.
La dinámica de la economía de mercado lleva a la superconcentración. Ese efecto se provoca -ello es evidente- por las grandes ventajas que presenta la concentración en todo orden de cosas. Y es algo que vemos.
Incluso, es cada día más difícil que los equipos directivos de las empresas que logran desarrollarse en Regiones permanezcan en ellas. Así lo hemos observado en la Región del Maule. Esa fue una de las razones por las cuales me opuse a la privatización de Colbún, que, en la condición de empresa pública, podía mantener una dimensión regional. Sin embargo, contra todas las promesas formuladas, lo primero que hizo Colbún -y era natural, desde el punto de vista de una transnacional- fue cerrar la oficina central en la ciudad de Talca y trasladarse a Santiago. Solo dejaron allí a un encargado de la represa.
Lo que señalo es evidente. Si no hay políticas públicas de estímulo, como lo han dicho aquí otros señores Senadores -habrá que estudiarlas-, el proceso concentrador, en la lógica de la economía de mercado y sin un Estado fuerte que descentralice, es inevitable. Lo otro son palabras al viento, dígase lo que se diga. Y eso significa, además, que inicialmente "se pierden" oportunidades, porque es más caro establecerse en Regiones para muchos asuntos.
Falta realizar ese debate.
Mi impresión, señor Presidente, es que la discusión, que es muy central, no va a poder ser llevada a cabo al margen del conjunto de cuestiones constitucionales pendientes en el país.
Y con esta reflexión finalizo.
En ese caso se encuentra un acuerdo de dicha índole. En los primeros tiempos de la transición ello no aparecía con la misma urgencia que hoy, porque era preciso normalizar el país. Veníamos saliendo de una grave ruptura nacional y, por tanto, reconstituir en democracia la unidad mínima de la nación determinaba que las grandes cuestiones constitucionales no estuvieran en el primer plano del debate público. Pero tenemos una Carta que hemos ido reformando por partes.
Recuerdo que la primera reforma se refirió a un asunto muy discutido, y que hoy parece obvio: la elección directa de los concejos comunales. Me acuerdo de un distinguido Senador de las bancas de enfrente cuando en la primera conversación sobre la materia, en 1992, nos dijo: "Probemos cuatro o cinco años si el sistema municipal previsto en la Constitución de Pinochet funciona o no". Así comenzaron en la Sala estos debates. Felizmente, no tenía razón mi distinguido amigo -puedo decir hoy su nombre porque después contribuyó a la reforma- el ex Presidente del Senado don Sergio Díez.
Esa primera enmienda constitucional -reitero- fue hecha en 1992.
Lo relativo al sistema binominal en su minuto lo discutimos, desde los acuerdos -se encuentra presente el Ministro Viera-Gallo-, entre el gabinete de Pinochet, presidido por el Ministro del Interior de la época, y la Concertación, que había ganado el plebiscito. En esa oportunidad se manifestó: "Hagamos un sistema por ocho años y después lo cambiamos". ¡Veinte años! ¡Desde hace veinte años venimos con el mismo asunto, con los mismos argumentos!
Todos señalan que las atribuciones de nuestro Congreso aparecen tremendamente disminuidas en comparación con cualquier democracia presidencialista del mundo. Supuestamente estamos todos de acuerdo. ¡Veinte años! ¡Veinte años!
O sea, el inmovilismo institucional entra en contradicción creciente con el dinamismo de la sociedad y del mundo. Por tanto, creo que a poco andar tendremos que enfrentar el tema de una nueva Constitución. No me imagino que se pueda resolver bien la cuestión regional si no es en el marco de una reforma general de nuestro sistema institucional.
¡Señor Presidente, veo que me quitaron la electricidad de una manera arbitraria...!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¡Aquí también hay un problema de centralismo¿!
El señor GAZMURI.-
¡Seguimos con esto¿!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Señor Senador, tiene un minuto adicional para concluir su intervención.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, muchas gracias por haberme "reconectado" el sistema.
Una última idea.
Existe un planteamiento que al principio, hace dos, cinco años, me parecía un poco extraño, aunque todavía lo es para mucha gente. Celebro que uno de los precandidatos de la Concertación a la Presidencia de la República, el Senador señor Frei, haya planteado por primera vez desde esa posición la necesidad indiscutible que tiene nuestro país de ponernos como perspectiva -y ello debe ser común- una nueva Constitución para el Bicentenario. Si no, el conjunto de asuntos respecto de los cuales reclamamos no encontrará solución armónica.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, en este momento ha llegado a la Mesa una comunicación de la Comisión de Economía mediante la cual pide abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica el DFL Nº 1, de Economía, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, hasta el 10 de marzo, a las 16, en la Secretaría de la Comisión.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Minería y Energía -entiendo que usted la dirigirá dentro de poco-, solicito que el proyecto que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos sea analizado por aquella en su parte técnica. Se trata de una materia particularmente compleja, como bien lo hemos ido aprendiendo los miembros de dicho órgano técnico.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición.
--Así se acuerda.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, no me voy a extender en consideraciones acerca de la descentralización, porque es la gran ausente en el proyecto.
El texto que nos ocupa refuerza algunos conceptos ya conocidos e introduce una corrección democrática a la elección de los consejeros regionales. Estas autoridades, curiosamente, venían siendo elegidas bajo la modalidad que impera en Estados Unidos respecto de sus presidentes, esto es, a través de representantes. Este rol lo desempeñaban los concejales, quienes, en una segunda instancia, después de haber sido investidos por el favor popular, quedaban con la potestad para elegir a los consejeros regionales.
Ahí se estaba produciendo un nivel de perversión francamente preocupante. En muchas partes se abrieron auténticas subastas, con el propósito de favorecer determinados nombres. Quienes son elegidos bajo una modalidad asentada en la corrupción naturalmente no ofrecen ninguna garantía de comportamiento digno y apegado a las normas de probidad imperantes en nuestra legislación.
Con la decisión que hoy adoptemos dejaremos atrás un mecanismo híbrido de elección que arrojó una experiencia lamentable para el sistema institucional del país.
El texto posee un mérito: suscitar debates acerca de la descentralización. Pero se trata de discusiones bizantinas. Hay dos conceptos: la descentralización y la participación, que llenan la retórica política de los últimos tiempos. De pocas cosas se habla con más abundancia que de estos dos aspectos consignados en nuestra legislación, pero se encuentran allí como un decorado, ya sea constitucional o legal.
Al final de su intervención, antes de que lo "desconectaran", el Senador señor Gazmuri efectuó una afirmación que apunta a lo medular del problema. Decía que mientras no contáramos con un nuevo Texto Constitucional difícilmente tendríamos la capacidad como Estado para producir un reordenamiento a lo largo y ancho del país.
Lo que sucede es que esta es una institucionalidad cautiva por una Carta Fundamental que impide el pronunciamiento de la ciudadanía acerca de materias que resultan fundamentales para el buen desarrollo del país en todos sus aspectos.
Se da el caso absurdo, como todos sabemos, de que muchos alcaldes, para determinar si los bares deben abrir a una hora u otra, pueden convocar a consultas populares. Claro que las efectúan a su modo. Pero, más o menos, se cumple con la idea de que haya una elemental participación en los asuntos comunales. Sin embargo, cuando se trata de materias relativas al desarrollo de la nación en sus ámbitos más centrales, la ciudadanía se ve privada de emitir un pronunciamiento.
En fin, no podría ser de otro modo.
Esta Constitución tiene un origen fascista. Y ello no constituye un epíteto gratuito que se le formula a la suprema creación de algunos talentos muy iluminados que en su minuto trabajaron en el tema. Fue prácticamente una copia de las actas constitucionales que a la sazón tuvieron vigencia en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Y estas, a su vez, fueron el fiel reflejo de las actas del Gobierno de Pétain, en Francia, para la época del dominio nazi.
Cuando un país se gobierna sobre la base de un texto que tiene el germen del fascismo instalado en su esencia, todo lo que se desprenda de allí no puede sino apuntar a un poder central por excelencia.
Por ello, durante todos estos años ha sido un verdadero calvario ir lentamente aflojando los nudos autoritarios existentes en la Carta Fundamental.
Pero la situación no da para más.
He dicho más de alguna vez que como conglomerado de Gobierno, como Concertación, nos hemos ido cocinando en nuestra propia tinta a lo largo ya de dos decenios.
El punto está en que la Constitución no le sirve ni siquiera a sus propios creadores, porque nos deja en una condición de minusvalía respecto de otras naciones en un mundo globalizado.
Las constituciones no deben significar una tranca para el desarrollo. Tampoco pueden ser el origen de una institucionalidad pétrea en un mundo esencialmente dinámico y donde es indispensable enfrentar los problemas con gran flexibilidad desde todo punto de vista, pero, fundamentalmente, con oportunidad y agilidad. Esto no lo puede tener una institucionalidad que presenta las características que antes señalé.
En fin, esa discusión da para largo.
Yo solo deseo poner énfasis en un punto. Me hubiera gustado mucho que estuviese presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para que se hubiera referido a él.
Observo que en el diseño que lleva a cabo el proyecto estamos instalando una suerte de bomba de tiempo, un área de discordia, por el choque de competencias que necesariamente en su minuto llegará a producirse.
El texto de la iniciativa crea el cargo de presidente del consejo regional como una autoridad distinta del intendente.
El señor LARRAÍN.-
¿En qué proyecto está eso? ¡A lo mejor Su Señoría se equivocó de discusión!
El señor ÁVILA.-
¡Cómo en qué proyecto!
El señor LARRAÍN.-
Eso no figura en el articulado.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Quiere solicitar una interrupción, Senador señor Larraín?
El señor LARRAÍN.-
No.
El señor ÁVILA.-
En realidad, me está haciendo una sigilosa observación, que atenderé una vez que culmine mi intervención.
En todo caso -por si algún asidero pudiere tener lo que me acaba de manifestar el Honorable señor Larraín-, de existir una disposición como la que cito, me parece que generaría un foco de conflicto por las competencias en pugna que chocarían una vez que cada una de esas autoridades desarrolle la función que estima propia de su cargo.
En resumen, señor Presidente, el tema de la institucionalidad en Chile es el principal obstáculo para la descentralización del país. Y esto se resuelve con una nueva Constitución.
Como se trata de lo que denominé una "corrección democrática", naturalmente apoyaré la elección directa de los consejeros regionales. Y quedaremos a la espera, como siempre, de que las medidas que apunten a una auténtica descentralización sean debidamente consideradas, pero no como hasta ahora, bajo impulsos espasmódicos del Estado, sino mediante la solución de fondo, cual es, llamar a una nueva Asamblea Constituyente para que en el futuro nos rija la Carta Fundamental del Bicentenario.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, anuncio que votaré a favor del proyecto en debate.
Sin embargo, quiero formular algunas observaciones que estimo importante discutir más adelante.
En primer lugar, deseo manifestar mi preocupación por la modificación de la norma relacionada con la forma de renovación de los Senadores. El artículo 49, inciso segundo, dice: "Los Senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y de la Región Metropolitana.".
La iniciativa propone eliminar la última parte de dicho inciso. Señala: "Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.".
Es preciso dejar claro que dicha ley tendría que estar vigente mucho antes de que se produzca la renovación de los Senadores. Porque la ley Nº 18.700 no resuelve esa situación. Y tendríamos problemas de interpretación respecto de cómo se va renovar la Cámara Alta, pues se modifica la Constitución.
Lo planteo como inquietud, que habrá que resolver prontamente.
En cuanto al tema de fondo, que es el que importa, debo señalar que, en general, se proponen enmiendas a los gobiernos regionales y a las administraciones comunales. Y en verdad cada una de las reformas o planteamientos tienden -diría yo- a mejorar un poco el sistema, pero no a reafirmar de manera efectiva la regionalización. Porque los gobiernos regionales, que son órganos descentralizados, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente, cuentan con ciertas facultades; pero dependen fundamentalmente del Gobierno central. Por lo tanto, no disponen de plenas facultades ni capacidades, sino que más bien administran las políticas impartidas desde aquel.
En consecuencia, no se están dando atribuciones a las Regiones para que realicen un trabajo desde el punto de vista de su propia estructura, de su forma de vida, del desarrollo que eventualmente pudieran lograr realmente con un gobierno regional.
Y, en esa perspectiva, es importante lo que se plantea: que los consejeros regionales sean elegidos por sufragio universal, de acuerdo con la ley orgánica respectiva que se dictará. Por lo menos, ese es un componente que va a permitir que las personas que participen en ellos sean elegidas por votación popular.
Sin embargo, el problema radica en que no basta con ser elegido. Si no se dispone de un elemento esencial después de la elección, que es contar con recursos que puedan ser analizados, proyectados y definidos por la propia Región, se seguirá administrando de acuerdo a lo que en definitiva resuelva el Gobierno central.
En consecuencia, creemos indispensable fijar un criterio. Porque si nos atenemos al tenor del artículo 113, conforme al cual corresponderá al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la Región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación, resulta claro que hay una definición exacta y precisa del Gobierno central hacia el regional.
Por consiguiente, es conveniente determinar que haya autoridades regionales elegidas y establecer claramente recursos propios para las Regiones. Pero no aquellos que surgen del 65 por ciento de las ventas de las propiedades fiscales, ni del 70 por ciento de las patentes mineras, ni los que provengan eventualmente de los casinos. La idea es que si, por ejemplo, la Región de Antofagasta necesita 50 mil millones de pesos para su inversión y desarrollo, se le asignen esos fondos y que ella con sus autoridades decidan lo que será su futuro progreso, para que no tengan que discutir en Santiago, en el Ministerio de Hacienda, la construcción de una carretera o de una escuela, ni pedir autorización para tales efectos. Porque así es como funcionan actualmente las Regiones.
Por lo tanto, sin perjuicio del avance que pudiera haber en la materia, no se observa la autonomía necesaria que debería tener una Región para planificar su desarrollo.
Cada una de ellas presenta sus propias particularidades. De manera que lo razonable es que cuenten con facultades, con sus autoridades y con recursos, sin perjuicio de los fondos nacionales y de si el Gobierno central decide realizar inversiones en hospitales, lo que puede estar sujeto a cierto análisis.
Ciertamente, los recursos vienen del Gobierno central. Pero hay asuntos que son propios de la Región y que nunca serán bien resueltos de la manera como se plantea en el proyecto.
En cuanto a la transferencia de funciones, cabe señalar que el artículo 114 dice: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.".
A este respecto, cabe destacar que es relevante la discusión en cuanto a introducir o no en la Constitución esa norma. Porque en virtud de ella se está dando una facultad al Presidente de la República, que no es obligatoria, para transferir funciones.
Por eso, cuando se analizó la posibilidad de que algunas funciones se podían transferir de acuerdo con la Carta Fundamental, se concluyó que eso era importantísimo para la descentralización. Y lo que se hace aquí es dotar de facultades. No se están transfiriendo funciones.
En todo caso, eso también es absurdo, ya que el gobierno regional debería necesariamente contar con funciones propias. Ciertas normas de tránsito, algunas de educación u otras, no pueden ser definidas por el Gobierno central.
Si el artículo en cuestión permanece igual, de ninguna manera habrá la transferencia de funciones que todos esperamos; los gobiernos regionales no tendrán autoridades elegidas ni contarán con atribuciones y recursos para el desarrollo.
Si seguimos con el sistema de tutelaje desde el Gobierno central, no se conseguirá lo que finalmente esperan todas las personas que viven en lugares distintos a la Capital: disponer simplemente de las mismas facultades y condiciones con que se desarrolla y se desenvuelve la Región Metropolitana o el centro del país.
Por eso, señor Presidente, voy a votar favorablemente la iniciativa. Sin embargo, me parece que algunas normas deben ser corregidas, toda vez que, de lo contrario, se generarán expectativas en orden a que se está regionalizando cuando en realidad estamos constituyendo un elemento de transferencia de funciones, con la misma tutela del Gobierno central hacia las Regiones. Y creo que eso necesariamente debe ser corregido.
Termino mis palabras diciendo, primero, que las autoridades de que trata el proyecto deberían ser elegidas; y segundo, que resulta necesario que las que administran el gobierno interior del país cuenten con recursos propios, asignados y definidos en ellas mismas, sin perjuicio de los fondos nacionales que se entreguen, a fin de que haya realmente regionalización, autonomía y decisión regional.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, yo no estaba presente cuando ayer se dio cuenta del ingreso del proyecto que modifica la Ley de Riego, el que fue tramitado a la Comisión de Obras Públicas.
Estimamos que dicha iniciativa, por su naturaleza, debería también ser remitida a la de Agricultura.
Por lo tanto, pido que se recabe la anuencia del Senado para que así ocurra.
No tengo inconveniente en que sea tratada en Comisiones unidas, si así lo resuelve la Sala, o bien en forma separada. Lo importante, a mi juicio, es que debe haber un informe del órgano técnico en agricultura, dada la transcendencia que reviste para la actividad agrícola cualquier modificación relacionada con la estructura de riego del país.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si no hay inconveniente, se accederá a la petición.
--Así se acuerda.
RENUNCIA DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL SENADO.
ELECCIÓN DE NUEVA MESA. ACUERDO DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, en este momento ha llegado a la Mesa un acuerdo de los Comités del siguiente tenor:
"En Valparaíso, a 4 de Marzo de 2.009, los representantes de los Comités del Senado que suscriben acuerdan que, en la sesión ordinaria del próximo Miércoles 11 de Marzo se dé Cuenta de la renuncia a sus cargos de los actuales Presidente y Vicepresidente del Senado y se proceda, en la misma sesión, a elegir sus reemplazantes, todo ello para que produzca sus efectos a contar del día 13 de Marzo.".
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala¿
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El acuerdo no tiene que ser aprobado, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En todo caso, es mejor ratificarlo.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, deseamos adherir a lo formulado.
No concurrimos a ese acuerdo, porque nadie nos consultó. Pero, como Comité Socialista, quiero decir que nos sumamos con tristeza a dicho cambio.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Su humor es muy fino, señor Senador. Y sus expresiones las tomamos en toda su dimensión.
¡Se podría decir que se trata de un acuerdo implícito¿!
El señor MUÑOZ BARRA.-
¡Que no se diga después "que se caiga el techo"¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¡Espero que no...!
Ojalá que quien nos suceda lo haga mejor. Estamos seguros de que así va a ser.
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Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, en primer término, quiero expresar mi reconocimiento al esfuerzo hecho para avanzar en esta materia, porque en períodos de campaña electoral todos ponemos énfasis tremendos en la importancia de la descentralización y la regionalización, pero después entramos en una suerte de invernadero en que esas ideas se guardan y se mantienen latentes hasta los próximos comicios.
En esta oportunidad, deseo reconocer que se avanza en algo que resulta de particular importancia para esta Corporación y para el país: la elección de consejeros regionales. Creo que es lo más relevante del proyecto en discusión.
Ha sido reconocida con mayor o menor elocuencia por los distintos participantes en el debate la perversión del sistema antiguo, en el cual había verdaderas loterías y formas de acceder al cargo que estaban absolutamente reñidas con la moral y la ética pública acordes a nuestra tradición republicana.
Por lo tanto, voy a votar sin ninguna reserva a favor del proyecto en esta etapa, apuntando específicamente a realizar un reconocimiento a la modificación propuesta.
Sin embargo, a pesar de que lo de la descentralización, regionalización -o como le queramos llamar-, si bien queda bosquejada en esta iniciativa la posibilidad de avanzar en tal dirección y de que las leyes orgánicas constitucionales correspondientes logren materializar lo que consensuemos aquí, yo miro el asunto con cierto escepticismo. Porque, como se ha expresado hasta el cansancio, pareciera que desprenderse del poder no obedece al orden natural de las personas.
Por lo tanto, en cuanto a la buena intención de entregar las denominadas "competencias" a los gobiernos regionales, me gustaría ver de qué manera lograremos concretarla en una legislación posterior.
En particular, me referiré a la actual estructura del gobierno regional, su relación con la administración comunal y los CORE en especial. Entre paréntesis, estos últimos nacieron en una ley aprobada en esta Corporación en 1991. Por tanto, no provienen del régimen "dictatorial". Son posteriores, y corresponden al período democrático.
Quiero resaltarlo, porque hubo una referencia al respecto y me gustaría enmarcarla donde corresponde.
Obviando esa consideración, estimo que tenemos un sistema que no funciona bien. Contamos con gobiernos regionales en que las figuras denominadas seremis dependen esencialmente de los Ministerios. Se dice que se relacionan de manera funcional con el Intendente, pero lo cierto es que entre la autoridad de este y la del Ministro del ramo no hay dónde perderse. El Secretario de Estado es quien los designa.
Me tocó participar en una ceremonia donde se nombró a un seremi en cuya designación no estaba de acuerdo el Intendente. ¡Hasta ese punto llega a hacerse público el desencuentro...!
Lo relativo a los seremis -que refleja que la administración central no tiene una contraparte regional- me parece un punto vital.
Por suerte, me tocó administrar una institución que opera a lo largo de todo el país. Y debíamos planificar su desarrollo a través de planes de 10 años, de 4 años y anuales en los que íbamos materializando tales etapas. Esa planificación nacía de un matrimonio entre la propuesta de la Región -de la zona naval en ese caso, que es la que ve las necesidades de desarrollo de su área- y una visión central que permitía asignar recursos a unos y otros de acuerdo a un plan general básico.
La planificación viene de abajo; se analiza en el centro; se reparten los recursos y la ejecución es descentralizada.
Pero eso no ocurre en este sistema.
Hoy día los gobiernos regionales -¡digámoslo con franqueza!- carecen de capacidad de planificación alguna y, si la poseen, no cuentan con influencia en la toma de decisiones en Santiago.
O sea, si queremos avanzar en un sistema de descentralización -estoy dando ideas pragmáticas-, debemos asociar al gobierno regional una muy potente capacidad de planificación que, discutida en el Gobierno central, obtenga los recursos financieros para su materialización y ejecución.
¿Qué tenemos en la actualidad? Unos CORE cuyo origen -se da ya por descontado- va a ser cambiado. Pero lo único que hacen es actuar sobre la base de una preasignación que se les fija. Y si se cuenta con ciento y tantos millones o cincuenta millones, ¿cómo se distribuyen? En los proyectos que presentan las municipalidades más afines a la ideología política del CORE. ¡Hablemos francamente en lo que estamos afirmando¿!
Se aprueban determinados proyectos. Como los que requieren más de 50 millones deben ir a un proceso más complejo, se presentan todos con una cifra menor. Y si se gastan menos de 50 millones, estamos impulsando un desarrollo regional estúpido, sin destino. Y eso, como sabemos, sucede hoy día.
Entonces, en la medida en que no haya planificación y el CORE se limite a aprobar proyectos presentados por las municipalidades con montos insignificantes, en lo futuro las Regiones seguirán arrastrándose. Y eso me preocupa.
Tiene que haber capacidad de planificación central para decidir hacia dónde va la Región de Valparaíso, la de Atacama, la del Biobío, etcétera. Una vez definido eso, se asignan los recursos anuales para materializar los proyectos de manera descentralizada en las Regiones. Entonces, ahí contaremos con un consejo regional que podrá resolver los grandes problemas regionales con los recursos necesarios y no destinar los que se le entreguen a dos cuadras de pavimentos participativos, que es en lo se gastan los 50 millones con que disponen en este momento.
Si queremos pensar en grande, en una estructura seria, en que las Regiones empiecen a jugar un rol definitivo, importante, participativo en la conducción del país, debemos efectuar una modificación sustantiva. Los seremis, los gobiernos regionales, la estructura actual no sirven. Un barniz de modernización tampoco nos llevará a ninguna parte y seguiremos haciendo más de lo mismo. Aquí hay que meter mano de frentón.
No quiero llegar a la profundidad de algunos distinguidos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra respecto de querer cambiar la institucionalidad nacional para perfeccionar la descentralización. Sí estimo que podemos apuntar a modificaciones sustantivas en la estructura del Estado. Y ojalá estemos iluminados en el detalle del debate de las leyes orgánicas constitucionales que enmienden el sistema, a fin de lograr una estructura eficiente, efectiva, que permita realmente enfrentar con seriedad esta situación.
Lo que tenemos ahora no sirve; con más de lo mismo, tampoco. Debemos poner énfasis en contar con una capacidad de planificación regional y con consejeros aptos para sacar adelante proyectos trascendentes para la Región.
La relación que de alguna manera bosquejaba el Honorable señor Ávila entre la presidencia del consejo regional que pudiera plantearse -creo que se deberá llegar a eso en algún momento- y la actitud o responsabilidad del Intendente, es un hecho de la causa. O sea, tendremos que analizar aquí quién "la lleva", quién ejercerá la potestad máxima o será la autoridad máxima. O dejamos al Intendente en un rol casi protocolar o determinamos los límites de acción del respectivo presidente del consejo regional, que sería la figura que -según se escucha por ahí- podría existir. Es un asunto que definiremos acá.
Pero en tanto no mejoremos la capacidad de planificación de las Regiones ni la definición de las estructuras y las modificaciones que deseamos realizar en ellas -caminos, accesos, puertos, ciudades- y no podamos hacerlo con proyección en el tiempo, seguiremos con el sistema anual y la distribución regional de hasta 50 millones de pesos en cada una de las "trascendentes" decisiones que tomen los futuros CORE.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, como han planteado diversos señores Senadores en el transcurso del debate, se ha requerido mucho tiempo para poder llevar adelante la presente reforma constitucional, tan necesaria para el país. Para ser más precisos, la venimos discutiendo desde el 2003.
En ese sentido, me parece fundamental -no se ha resaltado del todo su importancia- el perfeccionamiento de nuestra democracia. Creo que es una tarea permanente y no debemos asustarnos de acometerla. Porque muchos desean que nuestra Constitución se mantenga prácticamente intacta. Pero yo no le tengo miedo a su permanente mejoramiento, porque ello contribuye a afianzar nuestro sistema democrático.
Para fortalecer y perfeccionar nuestra democracia no basta solo con ir modificando las diversas instituciones políticas, también es menester que los ciudadanos se sientan involucrados con ella. Y para esto, resulta decisivo y fundamental aumentar su participación.
Una sociedad civil fuerte y concientizada es condición necesaria para una democracia estable y desarrollada.
Los chilenos desarrollamos nuestras vidas en las Regiones, provincias, comunas, ciudades y barrios en que habitamos. Es justamente en esos lugares donde se encuentra la riqueza humana de Chile y, en buena medida, donde se gestan o frustran las oportunidades de cada uno de nuestros compatriotas.
Por consiguiente, la participación es una herramienta clave para la descentralización, para aproximar el Estado a las personas, y para que estas, a su vez, se incorporen más activamente al proceso de desarrollo del país.
En tal sentido, la democratización de los municipios que hemos llevado a cabo y la generación de gobiernos regionales representativos deben cumplir un rol decisivo.
Por tanto, tenemos que avanzar en la descentralización. La concentración de las decisiones y del poder político en la Región Metropolitana, la dificultad de los actores sociales y económicos regionales para impulsar sus propios proyectos de desarrollo y la incapacidad de las autoridades locales para responder a las prioridades de la comunidad son parte del complejo entramado de la desigualdad, la discriminación y la ineficiencia.
La descentralización, señor Presidente, constituye un pilar fundamental en la construcción de un proyecto de país para todos.
En esa línea, debemos reconocer que, desde la recuperación del sistema democrático, hemos dado pasos importantes para profundizar y perfeccionar nuestra democracia, y adecuarla a canales de mayor participación ciudadana.
Solo deseo recordar que durante el Gobierno del Presidente Aylwin se democratizaron los municipios y se crearon los gobiernos regionales.
Sin embargo, la sola cercanía física de las municipalidades, las intendencias y los gobiernos regionales no es garantía suficiente para que los chilenos expresen sus prioridades y las autoridades las incorporen a sus decisiones.
Desde esa perspectiva, considero fundamental la elección directa de los consejeros regionales. Porque -por decirlo de alguna manera- la actual constitución de los consejos regionales adolece de serias dificultades y debilidades.
Solamente citaré las principales:
El mecanismo de selección existente hoy día no fue pensado para asegurar la fiel representación de la comunidad, y muchas veces prima otro tipo de intereses.
La legitimidad de los actuales consejeros regionales se encuentra mermada y, en gran parte, ellos son desconocidos por la comunidad que pretenden representar.
Al recaer su selección en los propios partidos políticos y en las autoridades municipales, se estimula la marginación de sectores muy relevantes, como los de las mujeres, las etnias y otros, con menos capacidad para operar en el sistema. Y -como se señaló- el cargo de consejero regional se ha transformado en un verdadero botín de guerra.
Muchas veces los consejeros no representan a las organizaciones políticas de su Región o a los intereses socioeconómicos de esta. Aun más, la existencia de prácticas clientelísticas reemplazan mecanismos más transparentes o democráticos de evaluación del trabajo que desarrollan los CORE.
En otro sentido, la deslegitimidad y las debilidades que presentan los consejeros regionales se vinculan con su baja participación en actividades sociales, institucionales o comunales, lo cual afecta su credibilidad y representatividad.
Por lo anterior, señor Presidente, me parece fundamental avanzar en la reformulación de la manera en que se constituyen y actúan los consejos regionales. El compromiso consciente de los ciudadanos es un requisito fundamental en la democracia moderna, así como una forma de mejorar la gestión del Estado, lo cual se logra, entre otras cosas, aumentando la participación a nivel regional y local.
Por eso, comparto plenamente las modificaciones que se plantean mediante la iniciativa en análisis. Para nuestra democracia, para su profundización y para su permanente perfeccionamiento será sano que se realice la elección popular de los consejeros regionales. Con ello, estarán mucho más cerca de la ciudadanía y habrá mayor participación de la gente en la generación de quienes los representarán el día de mañana.
Asimismo, este mecanismo de elección fortalecerá la identidad regional y se constituirá en una expresión concreta de la mayor democratización en el proceso de descentralización que debe vivir el país.
De igual manera, resulta fundamental el establecimiento de requisitos de idoneidad, obligaciones, limitaciones e inhabilidades para las autoridades regionales.
También se establecerán procedimientos de control ciudadano de las funciones que deben cumplir los consejeros regionales.
No tengo ninguna duda de que este mecanismo de elección directa significará un mejoramiento de las condiciones de trabajo de los CORE, particularmente en lo que dice relación a la infraestructura y al tiempo que deben dedicarle a su tarea.
Ello también implicará la existencia de mecanismos más fluidos de traspaso de competencias desde los órganos centrales a los gobiernos regionales.
Además, el hecho de que los gobiernos regionales cuenten con mayor autonomía les facilitará la suscripción de convenios de programación con servicios públicos.
Me parece fundamental, para procurarles mayor autonomía a los CORE, que el día de mañana se dicten leyes relacionadas con rentas regionales que otorguen bases financieras adecuadas a los gobiernos de las Regiones; que definan objetivos, fuentes de recursos, gastos e inversiones, sistema de distribución interregional, modalidades de fiscalización y participación en los frutos de algunos tributos. Ello se hace hoy en día con los municipios a través de la Ley de Rentas Municipales.
De la misma forma, creo que será necesario avanzar en todo lo que significa la construcción de un patrimonio regional, lo cual debe realizarse a partir de los bienes de los organismos estatales y de otros bienes centralizados.
En resumen, señor Presidente, avanzar en la descentralización implica más democracia. Se termina la paradoja que viven los chilenos, a quienes se les da la posibilidad de elegir a sus autoridades nacionales y comunales, pero no las regionales.
Sin embargo, no es posible desconocer que, si bien es cierto la legitimidad, en primera instancia, se encuentra vinculada a la elección popular y a procesos sociopolíticos que van más allá de la emisión de un voto, la legitimidad de los consejeros regionales solo será posible en el marco de una gestión que conjugue tanto elementos tecnocráticos como democráticos.
La descentralización real y la adecuada gestión de los gobiernos regionales y locales dependerán, en gran medida, de la capacidad de cada comunidad de hacer suya la nueva institucionalidad que nazca, y de utilizarla en la promoción del desarrollo comunal y regional, en función de sus propias prioridades.
De igual forma, debemos tener claro que elegir a las autoridades regionales directamente no implica un debilitamiento del Estado ni del sentido de pertenencia nacional, sino, por el contrario, que las autoridades con responsabilidades superiores puedan concentrarse en ellas con mayor dedicación y eficiencia.
Por eso, señor Presidente, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, voy a votar a favor del proyecto en debate, cuya principal idea matriz es la elección de los consejeros regionales por sufragio universal. Es la materia central que se aborda. Y, sin duda, concurriré a su aprobación.
Por otro lado, hago mías las opiniones vertidas acerca de la distorsión producida a través del tiempo -ayer lo señaló el Senador García, entre otros- respecto del proceso de elección de los consejeros regionales. En efecto, en cierta medida se ha deformado la representación indirecta transformándose, más que en una delegación de representantes o en una votación indirecta de consejeros de determinada posición política, en algo distinto.
Algunos hablan, en pasillos y en otros lados, de la compra de votos para ser consejero regional, o de cosas aún peores. No es la primera vez que esto se menciona. En verdad, se viene discutiendo desde hace ya más de ocho años.
Por eso, estoy feliz de que hoy, finalmente, avancemos en la idea de elegir a los consejeros regionales mediante sufragio universal.
Comparto lo propuesto en el sentido de que una ley orgánica constitucional se encargue del detalle. Sin duda, esto conlleva en forma implícita un cambio de proporciones en la organización administrativa del Estado. Aquí no se menciona explícitamente, pero una de las alternativas más probables es que en tal normativa se establezca que el encargado de presidir el consejo regional -no está establecido en el texto- sea un consejero elegido por elección universal, aunque podrían continuar en esa función los intendentes.
Ese asunto no se encuentra zanjado en el proyecto que vamos a aprobar. Pero quiero plantear que, en mi opinión, es bueno que quien sea electo como consejero o presidente del consejo pertenezca a la Región.
Sin embargo, señor Presidente, deseo manifestar algunas inquietudes al respecto.
Chile no es un Estado federado, y, a veces, algunos tienden a confundir la descentralización o la desconcentración con el federalismo. Uno de los principios básicos de este -que tiene que ver con la historia de la constitución de los Estados-naciones, más propios de Europa que de América Latina- era la existencia de territorios con autonomía en la producción y administración de recursos, y en la generación de las autoridades políticas y de la institucionalidad para fijar las reglas dentro de aquellos.
Los gobiernos provinciales en Argentina, las regiones en México, la realidad en Brasil, dicen relación a historias diferentes, así como a distintas capacidades para generar ingresos propios. Y lo mismo ocurrió en Estados Unidos de América, donde 13 colonias distintas, con gobiernos locales disímiles, se fusionaron para crear una república federada.
Pero no sucedió así en la historia de Chile. En nuestro país, quizás tres o cuatro territorios aspiraron en el siglo XIX a convertirse en regiones con ciertos grados de autonomía. Pero en la actualidad no se da en lo más mínimo tal situación. Hoy tenemos una división administrativa conformada por 15 Regiones, las cuales no generan sus propios recursos. Es más, las propuestas de regionalización apuntan a la administración de los recursos que se les envían a las Regiones, pero no a los que ellas producen.
Siento que si no se discute tal cuestión, el debate sobre la regionalización en Chile siempre será parcial, insuficiente o distorsionado. Se requiere analizar su estructura tributaria y ver si existen Regiones capaces de generar sus propios recursos, con el objeto de otorgarles ciertos grados de autonomía para definir su destino -donde de verdad se centra el problema de la descentralización-, o si seguimos subsidiando con recursos de otras Regiones algunos territorios que quizá deseamos conservar por razones geopolíticas.
Lo anterior resulta válido, pero es preciso sincerar la discusión. Porque administrar lo ajeno es bien cómodo y fácil.
Excúseme, señor Presidente, por colocar énfasis en lo anterior, pero represento a una Región que genera recursos propios y en cantidades significativas tanto en el sector minero como en el exportador hortofrutícola -que conforma el corazón de la idea de Chile como potencia agroalimentaria-, y, sin embargo, por desgracia, debido al centralismo o a nuestra cercanía con la Región Metropolitana, padecemos tremendas distorsiones y terminamos subsidiando a otras Regiones en muchos aspectos. Y existen datos que así lo demuestran.
Soy partidario de elegir a los consejeros regionales por votación universal. Considero muy bueno establecer la posibilidad de traspasar competencias, aunque habría que acotarlas bien.
Sobre el particular, abrigaba ciertas dudas de constitucionalidad respecto del texto presentado en una sesión pasada, las cuales mantengo hasta hoy, porque tal materia no se encuentra dentro de las ideas matrices de la iniciativa original. Y algunos colegas presentes en la Sala me enseñaron que la Constitución se debe respetar -algunos lo prometimos, otros lo juraron- en las buenas y en las malas. Entiendo que lo propuesto ahora no formaba parte de las ideas fundamentales del proyecto. Pero aquí existe una voluntad política distinta, y lo comprendo.
No obstante lo anterior, me asaltan tremendas inquietudes sobre qué se desea descentralizar. Si se quiere avanzar hacia un Estado federado, que lo digan claramente quienes están por esa opción. No soy partidario de ello. Pero tal cuestión define precisamente qué facultades y atribuciones se pueden traspasar y cuáles no. En definitiva, ¿quién decide?
Aquí algunos colegan han propuesto una forma de resolver las contiendas de competencia, entre comillas. Pero se trata de algo grave. Porque se plantea que una Región pueda imponerle a la Presidenta, con el voto del Senado, el traspaso de ciertas competencias para administrar recursos que no genera. Creo que ello obedece más bien a una discusión acerca de la institucionalidad de la República.
Discúlpenme colegas, no quiero ser ofensivo, pero resulta obvio que las Regiones que dependan en mayor grado de recursos ajenos, o que aspiren a una identidad propia, serán las primeras en querer disponer de más facultades.
El ejemplo aquí planteado -al parecer por el Senador Espina- sobre las capacidades de inversión de la Novena Región tiene que ver con las propias limitaciones de esta. No se trata de que sea un mal territorio o de que tenga un intendente ineficiente. Sus dificultades son más profundas, dicen relación al desarrollo y a la institucionalidad del Estado.
Comparto la idea de la descentralización, y en esta iniciativa buscamos en primer término la descentralización de la representación política.
En cuanto al traspaso de competencias, la forma en que se hará -se establece que una ley orgánica constitucional lo determinará- nos va a llevar al debate acerca de si somos o no un Estado unitario y cuáles son sus límites.
A mi juicio, la insinuación de que un gobierno regional esté facultado para imponerle a la Presidenta de la República el traspaso de competencias, con apoyo del Senado -esa es la conclusión lógica-, puede acarrear consecuencias institucionales bastantes complejas.
Planteo el asunto, pues siento que no se puede avanzar más en esa dirección sin establecer los mecanismos para que las Regiones generen y administren sus propios recursos.
Señor Presidente, los norteamericanos tienen una frase que dice: "taxation without representation". Esa fue la causa de la revolución de la Independencia de los Estados Unidos, pues se cobraba impuesto sin que los ciudadanos tuvieran representación. Por el contrario, tener representación sin haber generado ingresos propios que esos mismos representantes van a administrar, también es complejo.
Desde ya anuncio que, tal como me pronuncié en la Comisión cuando se trató en general, voy a aprobar esta iniciativa.
Creo en la elección de los consejeros regionales, pero tengo duda sobre cómo vamos a acoplar el Gobierno y la representación del Ejecutivo en las Regiones con los consejos regionales. Me parece que no hemos discutido mucho esta materia. Es preciso evitar ciertos paralelismos institucionales y que los intendentes se transformen en figuras decorativas, porque en un Estado unitario hay funciones que se deben mantener más allá del orden y la seguridad.
A mi juicio, existen otros aspectos que han permitido que en Chile, a diferencia de lo ocurrido en otros países, tengamos un Estado presente en todo el territorio, de norte a sur. Es una de nuestras ventajas comparativas respecto de algunas naciones del continente al cual pertenecemos que exhiben un escaso crecimiento del Estado. Y ello en parte se debe a que han tenido un débil desarrollo del Estado unitario.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, he solicitado intervenir con un propósito central: manifestar mi apoyo a lo que considero el corazón del proyecto de ley, cual es la elección directa de los consejeros regionales.
No deseo menoscabar la importancia de las palabras que sobre regionalización y descentralización han expresado un gran número de señores Senadores. Sin embargo, siento que esta breve iniciativa tiene el mérito de lo directo y concreto, que apunta a resolver un problema que se generó en la última elección de consejeros regionales, realizada hace pocas semanas. Dicho acto alcanzó un punto de atención severamente preocupante de todas las fuerzas políticas: la articulación de intereses ilegítimos, bajo el refugio del anonimato que significa la elección indirecta.
Se trata de un número muy reducido de consejeros cuya tarea principal -dada la naturaleza del consejo regional- es la toma de decisiones acerca de un significativo porcentaje de la inversión en la Región. Sin embargo, el método indirecto de su elección, basado en el voto de los concejales comunales, ha ido generando una completa distorsión del sistema. En efecto, basta que un número muy pequeño de concejales se pongan de acuerdo, se articulen, incluso con independencia de las fuerzas políticas a las que originalmente pertenecen, para que elijan a cierto consejero con el propósito de que este resguarde no la representación provincial o regional que le corresponde, sino, esencialmente, con el objeto de que actúe como una especie de gestionador de los diferentes proyectos que interesan a los concejales a quienes debe su mandato. Y, luego, se produce una equívoca articulación entre intereses públicos y privados que acentúan la opacidad de este sistema.
Es bastante fácil, cuando no hay un debate público, cuando los ciudadanos no saben quiénes son los consejeros, ni conocen sus propuestas, ni siquiera sus nombres, ni menos la fuerza política a que pertenecen, que ellos puedan, en virtud de un alegato de interés de una comuna o de determinados sectores de una provincia, postular un proyecto, el que se anuda con los intereses empresariales que están detrás de quien va a llevar a cabo cierta obra. Y, entonces, al final, se produce una situación tremendamente negativa desde el punto de vista de la profundización democrática.
Por lo tanto, señor Presidente, no discrepo de la importancia que reviste el proceso de regionalización. No obstante, poner atajo a las múltiples distorsiones del actual mecanismo de elección de los consejeros regionales, es un propósito que valida más que suficientemente la aprobación del proyecto.
Hemos debatido bastante en los medios de comunicación respecto a la falta de probidad y de transparencia, sobre el tráfico de influencias y la corrupción. Y la manera en que se ha instalado este sistema de nominación de los consejeros regionales constituye una puerta tremendamente peligrosa hacia las malas prácticas en el aparato público y hacia decisiones profundamente dudosas que, precisamente, se hallan posibilitadas por el desconocimiento público del funcionamiento de los consejos regionales y de las personas que los conforman.
Por consiguiente, la elección directa y el debate público que está asociado estrechamente a ella, espero que signifiquen una vacuna potente para superar estas severas distorsiones.
Porque independientemente de la opinión que podamos tener acerca del volumen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para una Región o para una provincia no es menor la decisión del lugar en que se construirá un puente, una carretera, un policlínico, o dónde está la asociación regional para construir el hospital y en qué ciudad va a quedar. Esas decisiones revisten un impacto muy importante en las Regiones. Y cuando ellas se toman basadas, simplemente, con criterios de abuso de poder, se produce un severo desprestigio de la política y un debilitamiento del sistema democrático en su conjunto.
En consecuencia, señor Presidente, espero que tengamos la capacidad de dar el paso siguiente, esto es, la aprobación de la ley orgánica constitucional respectiva, a fin de que esta reforma, que constituye un paso muy importante para lograr la elección directa de los consejeros regionales, se lleve a la práctica prontamente, con la preparación de las condiciones institucionales que se requieren para tal efecto.
Es cuanto quería señalar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, la regionalización es un largo proceso que se inicia por allá en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, que continúa en el del Presidente Allende y se concreta, de modo incipiente, durante la dictadura.
Sin embargo, desde la recuperación de la democracia este proceso ha cambiado de cariz, se han democratizado las instituciones y han aumentado las competencias y atribuciones locales. La enmienda que nos ocupa es un nuevo paso en esa dirección.
Creo que todos vamos a estar de acuerdo en democratizar los consejos regionales y en transferir facultades a los gobiernos de las Regiones, por lo que, más que extenderme en ello, me referiré a aspectos en que debe tenerse un cuidado especial en la discusión en particular.
Primero, como señalé, me parece que establecer la elección de consejeros es un avance importante, pero creo necesario precisar la norma sobre generación e integración de los consejos. Lo que se propone es muy básico y no asegura un sistema transparente, directo y participativo de elección.
Si bien la regulación puntual debe quedar entregada a la ley, en la Constitución tendríamos que fijar ciertos principios mínimos y elementales.
No me resultaría explicable que, por una omisión, mañana se aprueben fórmulas legales que promuevan amplias incompatibilidades o elecciones por listas cerradas, como se propuso en un protocolo en la Cámara de Diputados.
Conocemos ya el desastre que ha significado el sistema indirecto. Existen denuncias por cohecho y compra de votos en varias Regiones. La mía no ha estado exenta de este tipo de denuncias. Sabemos de grupos que con dos o tres concejales, por acto de magia o más bien del dinero, aparecen eligiendo cuatro o cinco consejeros regionales. Es una vergüenza que no podemos permitir que se replique. Las listas cerradas son un caldo de cultivo para ello, que trasladará las anomalías al interior de los partidos.
Tampoco procede, a mi juicio, inventar subterfugios o incompatibilidades que impidan a un consejero postular al Congreso. Si al cabo de cuatro años el consejero lo hizo mejor que el Diputado o el Senador, será la gente la que juzgue.
Debe asegurarse, asimismo, una representación armónica de las provincias. Estoy pensando, por ejemplo, en Regiones como la de Aisén y la de Magallanes, donde el grueso de los habitantes se concentra generalmente en una de ellas. Es preciso incorporar algún principio de resguardo a las provincias de menor población.
Segundo, respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales, me parece que lo que se intenta es un avance, pero me preocupa que sea, con todo respeto, "a la chilena", esto es, dando pasos a medias, que no dejan molesto ni tampoco satisfecho a nadie.
Aquí hay un esbozo de descentralización al modo español, pero no completo. Establecer un listado de competencias constituye un avance; sin embargo, también es un peligro si no se genera un mecanismo de financiamiento y se explicitan los roles. Me temo que estemos replicando la municipalización: muchas y ambiciosas atribuciones y recursos escasos e inciertos.
Lo que debemos hacer es una reforma completa, con traspaso de competencias y recursos, aunque sea estableciendo una gradualidad extensa. No obstante, estas ambigüedades y atribuciones carentes de recursos son riesgosas y, como decía, ya conocemos sus resultados en el plano municipal.
Lo mismo creo respecto de la máxima autoridad regional. No me parece adecuada la alternativa planteada, donde el intendente es la máxima autoridad regional, pero tiene al frente un presidente del Consejo, una especie de tribuno de la plebe que solo generará polémicas permanentes.
Vale para ello idéntico enfoque. Personalmente, soy partidario de una reforma cabal: un intendente elegido, que sea a la vez presidente y líder del gobierno regional. En España eso funciona así, y si bien existe una especie de delegado del gobierno central, nadie lo conoce ni sabe quién es.
Si a eso lo llamamos "descentralización", "federalismo" o "regionalismo", me da igual, pero me parece más sensato que un sistema timorato, con atribuciones inciertas y poderes en la sombra.
Por último, considero imprescindible establecer un sistema para la generación de nuevas Regiones. Creo que este proceso no está agotado y crecientemente avanzamos hacia una conformación local más parecida a las 25 provincias con que contábamos antes de la regionalización que a las 15 ya generadas Regiones.
Por lo anterior, votaré favorablemente la reforma, aunque presentaré las indicaciones correspondientes en el sentido antes señalado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra para fundar su voto, por 5 minutos, el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, al final del debate sobre esta reforma constitucional deseo hacer un planteamiento político.
Cuando en diciembre discutimos el proyecto que nos ocupa, se resolvió devolverlo a la Comisión de Gobierno, más que por un problema formal, porque se estimó que aquella había ido demasiado lejos en su propuesta sobre descentralización.
En vista de lo anterior, dicho órgano técnico decidió, simplemente, remitirse al texto despachado por la Cámara de Diputados. Pero es grato escuchar, señor Presidente -y creo que deberán estar presentes en la discusión particular-, los distintos planteamientos efectuados por los señores Senadores, por cuanto en su mayoría ya fueron abordados por la Comisión de Gobierno. Me parece que existe un gran piso político en su interior para avanzar decididamente, no solo en la elección de los consejeros regionales, sino también en el tema de la descentralización.
Considero oportuno enfrentar ahora ese tópico, aprovechando que no existe premura de tiempo. Los consejeros regionales acaban de ser elegidos y no volverán a renovarse sino hasta en cuatro años más. Por ende, disponemos de espacio para abordar en profundidad los asuntos vinculados a la descentralización: la presidencia regional; la cuestión de las competencias y la obligatoriedad de traspasarlas; los mecanismos de solución de controversias, como cuando una Región pida determinadas atribuciones, etcétera.
Todas esas materias fueron analizadas en diciembre, de tal manera que, en lo personal, me siento plenamente satisfecho del vuelco que se ha producido en el debate de esta reforma constitucional.
En verdad, este debate es radicalmente distinto del que se registró a fines del año pasado. A mi juicio, señor Presidente, ha llegado la hora de la verdad en materia de descentralización. A diferencia de lo expresado por el Senador señor Larraín en el día de ayer, creo que hay temas que no necesariamente son propios de ley orgánica y que deben ser abordados en la misma Constitución. La figura del presidente regional, por ejemplo, es un punto que hay que analizar a nivel de la Carta Fundamental; lo mismo el eventual mecanismo de resolución de controversias cuando determinada competencia sea solicitada.
Por lo anterior, estoy seguro de que dentro de la Comisión vamos a acelerar lo más posible el tratamiento de la reforma constitucional y de la ley orgánica, para tener no solo consejeros regionales elegidos, sino también un proceso de regionalización bastante más acabado y profundo del que hoy cuenta el país.
Votaré que sí.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, me alegro de la forma como se ha ido dando el debate entre nosotros. Creo que refleja de verdad una toma de conciencia respecto de una decisión que es urgente adoptar, a fin de dejar nuestra institucionalidad política en condiciones de cumplir con las exigencias reales de una democracia y de un país en desarrollo como el que debemos asumir.
Francamente, señor Presidente, considero importante el paso que damos. Sé que aún quedan otros, pero es un primer avance en esta materia.
Ahora bien, lo que deseo recalcar -porque creo que desde diversos puntos de vista se ha ido contribuyendo a una gran inteligencia en los planteamientos que aquí se han entregado- es que necesariamente, para lograr eficacia en el ejercicio del poder, habrá que entrar a modificar nuestra institucionalidad a todo nivel.
Aquí, de lo que se trata es de que el ciudadano, la gente, sienta y entienda que tiene en sus manos la posibilidad de participar plenamente en las decisiones.
De alguna forma, pienso que el actual estado de cosas no da para más.
Sinceramente, me parece que este proceso de regionalización y descentralización no solo es necesario para potenciar a nuestro país en todas las instancias regionales y territoriales, sino también para que la propia Región Metropolitana deje de aparecer beneficiada por la actual forma de ejercicio del poder e incluso por la manera como se aplica o la dinámica que posee el modelo económico vigente, que tiende a la concentración.
Creo, señor Presidente, que debemos tomar decisiones en la dirección hacia la que hoy se aprecia gran voluntad, y asegurarnos de que se materialicen y no queden en simples declaraciones o meras instituciones, como las famosas asambleas provinciales de la Constitución de 1925.
Por eso, señor Presidente, quiero poner énfasis en esta necesidad. Nosotros somos un país bastante estructurado, con instituciones muy fuertes. Sin embargo, no es posible que tales instituciones nazcan de una mera concepción política o ideológica. Si verdaderamente queremos que las instituciones guarden correspondencia con el país real, esa debe ser la exigencia.
En tal sentido, ayer se formularon dos o tres planteamientos que me motivaron a participar en el debate de esta tarde.
Argumentaciones como las de los Senadores señores Larraín, Núñez y otras que escuché hoy tienen toda una lógica en cuanto a mostrar la falencia de las decisiones que se toman actualmente y la falta de correspondencia cuando no hay voluntad política para lograr los propósitos tenidos en vista.
Sin embargo, creo que subyace una cuestión mucho más de fondo.
Nosotros no tenemos regiones como algunas de España; Chile no es el País Vasco, no es Cataluña, no es Galicia. Tampoco ocurre lo que en Italia o, incluso, en Alemania, con todas las riquezas y variedades de su territorio.
Aquí, claramente, el Estado y la voluntad política fueron construyendo nuestra nación. ¡Si hace doscientos años íbamos desde Coquimbo hasta el río Biobío! ¡Eso era todo! Al Senado venían siete miembros: dos por el sur, tres por Santiago y dos por Coquimbo. El resto del país se generó después. Y eso tampoco obedece a que cada una de las Regiones que señalé tuviese particularidades propias.
Entonces, debemos revisarlo todo.
¿Por qué trece Regiones? ¿Cuál es la diferencia entre la Sexta y la Séptima?
El Senador Larraín, con mucha agudeza, decía: "Yo estoy en la Séptima, la más malita, la más del sur o la más atrasadita". Tiene toda la razón. ¿Y cuál es la diferencia? Prácticamente, ¡ninguna!
Queremos que las Regiones -como decía el Honorable señor Letelier- administren sus recursos. ¡Pero cuáles! ¡Si la Decimoprimera no alcanza ni siquiera al 0,1 ó 0,2 por ciento del producto! Sin embargo, la Segunda es distinta. Y aquí ha habido una visión demasiado economicista para determinar, por ejemplo, cómo se distribuye el royalty.
Entonces, ¿dónde estamos?, ¿en qué estamos?
Si queremos regionalización -y yo soy el más dispuesto-, impulsémosla en serio. Fortalezcamos las Regiones. Corrijamos los vicios; los de los CORE, por ejemplo. ¡Sin lugar a dudas!
Empero, pienso que existe un problema bastante más de fondo.
Deseamos Regiones como corresponde. En cierto momento se vislumbró que Concepción podía ser un contrapeso de Santiago.
¡Pero de qué contrapeso me están hablando!
O Valparaíso. ¡Pero qué contrapeso de Santiago es esta ciudad si a fines del siglo XIX tenía 280 mil habitantes y la Capital no superaba los 400 mil! Y hoy día, ¿cuántos?
Vayamos, pues, en el camino adecuado. Y este problema no es solo de un Gobierno o de una coalición. Pongámonos de acuerdo.
Y no me vengan con la historia de que se atenta contra el poder unitario. ¡No! Alemania es una nación federal donde, con claridad, la regionalización está presente. Estados Unidos, país inmenso, es federal no solo por su tamaño. Suiza también es federal, y tiene un territorio pequeño.
Entonces, ¿dónde radica el problema? En buscar la eficacia y ver cómo se contribuye a que la eficacia del poder se oriente en el sentido de la democracia y nos permita desarrollarnos.
Señor Presidente, aquí debe haber objetivos de país. No es admisible que Santiago siga creciendo como un monstruo y que todas las inversiones lleguen allá porque, como dicen algunos, "la plata llama a la plata". ¡No! Tiene que haber una visión de país, un objetivo de país.
¿Qué país queremos construir? ¡Esa es la discusión de fondo que debería tener el Senado!
Hace algunos días asistimos a una ceremonia, señor Presidente -Su Señoría fue uno de los protagonistas-, en la cual se dio a una sala del Senado el nombre de quien fuera quizás el prócer del gran movimiento que hoy día vemos como una necesidad urgente. Y no fue comprendido. Me refiero nada menos que a don Pedro León Gallo, quien a mediados del siglo XIX -en 1850- se dio cuenta de la situación que ahora nos preocupa y reclamaba en su Región (el señor Presidente lo sabe muy bien). Porque ya en ese tiempo nuestras materias primas, como el cobre, se exportaban en condiciones absolutamente aberrantes: a veces, un concentrado con algo de valor agregado.
¿Pero cuál es la diferencia con lo que sucede hoy día? ¡Estamos en lo mismo!
Si don Pedro León Gallo hubiese hecho pesar su voluntad regionalista, no le quepa la menor duda, señor Presidente, de que hoy tendríamos otra política minera, como decía el Honorable señor Letelier, con mucha razón, a propósito de lo que ocurrió durante el proceso emancipador de Estados Unidos, a través del cual los norteamericanos sentaron lo que querían hacer. ¡Y cómo lo hicieron! Si apenas eran tres estados en la parte norte. Después se fueron al sur, con Jackson. Y luego, al oeste. ¡Porque tenían vocación política! ¡Y ojalá no sigan avanzando mucho¿!
Uno a veces se ríe de eso. Y perdonen que lo diga con tanta franqueza, pero sucede que a ratos hacemos las cosas a medias: puentecitos, caminitos, un poquito más, un poquito menos.
Yo comparto plenamente la visión de varios señores Senadores que se muestran críticos no por oponerse al proyecto sino porque esperan que alguna vez hagamos bien las cosas y tengamos una discusión de fondo sobre el particular.
Díganme por qué existen las trece Regiones que se concibieron originalmente, qué razón tienen varias de ellas. ¿Obedecieron a una motivación geográfica? ¡No! ¿Respondieron solo a una causa económica productiva? ¡No! ¿Alguna razón étnica? ¡Por favor! No tenemos, gracias a Dios, este problema.
Señor Presidente, urge llevar adelante el proceso de regionalización. Pero debemos actuar con inteligencia, con visión, pensando en el país que queremos desarrollar y no en el que hoy se está asfixiando. Porque es evidente que en Santiago se invierte más de la mitad del producto para resolver problemas que casi ya no tienen solución.
En consecuencia, si deseamos construir una nación diferente -y aún estamos a tiempo-, no basta una mera legalidad: se precisa también una institucionalidad que responda a una concepción política mayor, de fondo, con voluntad, para que de una vez por todas en Chile las cosas se hagan en serio y en la dirección correcta.
Concluyo, señor Presidente, pidiéndole al Gobierno que busque un acuerdo mayor en esta materia. Porque, si no resolvemos este asunto, no solo dejaremos de lograr el desenvolvimiento interno, sino que además, ante la inmensa demanda que pesa sobre el país por el proceso de globalización que se nos viene encima, vamos a acentuar en forma cada vez más irritante los problemas que existen entre nosotros, dejando a los sectores mayormente excluidos sin posibilidad de desarrollo alguno.
Esto es urgente. La regionalización y la descentralización se imponen por sí mismas en el Chile moderno que todos anhelamos.
Voto que sí.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Llegó a la Mesa el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma, en tercer trámite constitucional, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el propósito de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y la inscripción automática en los registros electorales.
--Queda para tabla.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Continúa la votación general del proyecto sobre gobierno y administración regional.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, mucho han dicho mis Honorables colegas sobre la materia.
Por supuesto, la política regional está relacionada -qué duda cabe- con el grado de autonomía y descentralización que debe tener la Región con respecto al poder central. A eso hemos de apuntar.
Cuando hablo de descentralización me estoy refiriendo a una modalidad de administración del Estado que debe caracterizarse porque el órgano descentralizado posea personalidad jurídica, patrimonio propio y un importante ámbito de competencia para resolver los problemas que le son inherentes, sin que ello signifique la opción por un Estado federal.
Se trata, entonces, de que la descentralización sea funcional, es decir, que las Regiones tengan competencia para adoptar sus propias determinaciones en el ejercicio de sus funciones; territorial, o sea, que exista un traspaso de poder de decisión hacia el ámbito regional en todo sentido, y política, vale decir, que el órgano descentralizado genere -como se está planteando aquí, al menos en parte- sus autoridades a través de procesos electorales.
Cuando hablamos de descentralización regional nos estamos refiriendo a dar verdadera autonomía a las Regiones. Más específicamente, esto significa dotar a los gobiernos regionales de autonomía administrativa, financiera y técnica para abocarse a las tareas del desarrollo económico, social y cultural, y, al mismo tiempo, aportar desde las Regiones al progreso del país; todo ello, sin alterar la concepción de Estado unitario, planteada a veces como una forma de detener las inquietudes de quienes representamos a Regiones. O sea, de ninguna manera estoy impulsando la idea de un Estado federal, experiencia que, como todos sabemos, históricamente ha tenido muy malos resultados en nuestro país.
Pero me preocupa lo que hoy día vivimos en Chile. Me causa inquietud ese ogro grande e insaciable que es la Región Metropolitana, la cual -fíjense los señores Senadores- cuenta con 43 por ciento -¡43 por ciento!- de la población del país y cuya extensión territorial abarca solo el 2,04 por ciento de nuestra superficie total; concentra 47 por ciento del PIB nacional; centraliza 26,3 por ciento de los proyectos de inversión pública y 21,5 por ciento de la inversión privada, y tiene 60 por ciento del consumo nacional.
Además, ¡cómo no me va a preocupar, como hombre de Región, que la Capital -como le gusta que la llamen- sea sede de los 46 grupos económicos más importantes del país, disponga del 71 por ciento de las grandes empresas y concentre el 80 por ciento de los depósitos bancarios!
La Región Metropolitana tiene un producto per cápita superior al del resto del país y aporta el 47,5 por ciento al PIB nacional. Consideremos que la Novena Región, que representamos con otros colegas, solo tiene una participación de 2,41 por ciento en el PIB nacional.
En seguida, quiero plantear algunos aspectos de la realidad que vive Chile hoy. Y me basaré en una encuesta que encontré antes de llegar a esta sesión; data de 1998, pero las cifras no han variado mucho.
El ingreso medio de los ocupados era entonces de 343 mil 680 pesos para la Región Metropolitana, seguida por la de Antofagasta, con 317 mil 913. En La Araucanía, el promedio de sueldo era de 191 mil 625 pesos para las mismas labores, realizadas con igual capacidad e idéntico profesionalismo.
Es decir, en el Chile que vivimos las mejores remuneraciones están en Santiago.
¿Qué significa eso? Que los profesionales más idóneos se van a la Capital. De ahí la ausencia de especialistas en medicina en Regiones, por ejemplo, ya que la mayoría se radica en Santiago. En el caso del hospital de Temuco, que actualmente es nuestro único centro de nivel 1, tenemos una lista de espera de más de 34 mil personas.
Ahora, si vamos de nuevo a las estadísticas, para afianzar lo que estoy diciendo, observamos que los profesionales perciben un ingreso medio de 868 mil 561 pesos en Santiago, de 656 mil 413 en la Región de Atacama y de 475 mil 803 en la Novena.
Señor Presidente, la regionalización -qué duda cabe- envuelve un propósito muy noble. Y hoy día da un pasito.
¡Digamos la verdad! ¡No nos engañemos! ¡No lancemos una señal en el sentido de que lo que estamos haciendo hoy día apunta medular y contundentemente a permitir que desde las Regiones también construyamos el país!
La regionalización -reitero- implica un propósito muy noble. ¿Cuál? La defensa de la vida y la cultura locales; la profundización de la democracia, y el estímulo al desarrollo integral a que tenemos derecho, todo lo cual aporta a su vez al crecimiento, a la diversidad y, por ende, al enriquecimiento del país.
A mi entender, ¿qué características fundamentales debe tener una política para la Región?
Lo hemos conversado con dirigentes regionales. Y, al respecto, quiero destacar la actuación sistemática del señor Heinrich von Baer -se encuentra aquí, en las tribunas del Senado-, quien ha sido un soldado permanente de esta causa. Ha estado reuniendo a la gente. Y a veces pienso que cree estar arando en el desierto. Empero, debo reconocer que ha sido un motor importante. Y me enorgullece que desde la Región de La Araucanía haya estado estimulando, de una u otra manera, a los diferentes Gobiernos que hemos tenido desde 1990.
En mi opinión, debemos tener autonomía funcional, territorial y política; mayor competencia para adoptar decisiones en el ejercicio de las funciones locales. Se exceptúan de ella, por supuesto -para que no haya confusión-, las funciones judiciales, las de defensa, las policiales, las de relaciones internacionales, las de política monetaria y las de recaudación de impuestos.
En otras palabras -lo reitero-, estoy hablando de una autonomía administrativa, financiera y técnica para enfrentar los retos del desarrollo económico, social y cultural.
Además -qué duda cabe-, es imprescindible aumentar el porcentaje de inversión pública de decisión regional autónoma.
Hay, señor Presidente, aspectos que es necesario abordar también con sentido de Región.
Tenemos el caso de las minorías étnicas de La Araucanía y de otras Regiones. Para hacerles justicia en esta visión de Estado en que se ve la problemática regional, sería bueno reconocer ya constitucionalmente su existencia como pueblos para poder resolver su pobreza, su marginalidad social, y para apoyar el fortalecimiento de su propia cultura.
Yo quiero decirles a los señores Senadores que en mi Región, la Novena, habitan 50 mil familias mapuches, casi todas con una pobre y triste economía de subsistencia. A veces, por hechos aislados de una minoría ínfima, se las quiere estereotipar y hacer aparecer como que todo el conjunto de esa etnia no respeta el Estado de Derecho. Pero se sabe que no es así. La inmensa mayoría de esas 50 mil familias trabajan abnegadamente, incluso con personas que poseen porciones de territorio importantes, aun con las forestales, por una relación más amable, más realista y más humana.
Hay, por supuesto, sectores radicalizados a los que tanto quien habla como las autoridades de la Región tratan de encauzar dentro de las normas del Estado de Derecho.
Por eso, señor Presidente, voy a dar mi voto afirmativo a esta iniciativa. Pero la verdad es que, mientras Santiago decida sobre los fondos públicos y de repente nos encajone, nos reclame que hay que disponer tantos millones de dólares para financiar su sistema de transporte público y, con cierto rubor, nos diga "También les vamos a dar un raspadito de la olla a las Regiones", yo diría que eso es, más que un acto generoso, algo que daña la piel y sensibilidad de la gente de las Regiones. Porque, si no existiera lo del Transantiago, faltaría la motivación necesaria para que pudieran llegar recursos a diferentes lugares del país.
¿Y ellos a cuánto ascienden, en proporción a lo que se queda en Santiago? ¡Es el "raspado de la olla"! ¡Constituye algo ínfimo!
¿Por qué se registran 6 millones de habitantes en la Capital, cuya superficie equivale a 2 por ciento del territorio total del país? Porque los hijos de Regiones deben elegirla como destino al no encontrar fuentes laborales, al no existir posibilidades, al no presentarse otro futuro, en la medida en que la concentración sigue y sigue.
Por último, planteo que incluso debieran cumplirse determinadas normas constitucionales, en el sentido de que quienes representan a las Regiones deben ser personas radicadas de verdad en ellas y que comparten el invierno, el verano, el otoño y la primavera locales, sin ser designadas a dedo por las diez manzanas del poder en Santiago y llegar con bonitos cuentos y ofertas a sorprender a mucha gente con ofrecimientos de solución de dificultades que se olvidan una vez terminados los comicios. Y, sin embargo, siguen apareciendo en los canales de televisión de la Capital para hablar de la contaminación, del Transantiago, de la delincuencia y de todos los problemas que tienen que ver con la Región Metropolitana.
Ninguno de los muchos que han llegado hasta allá y ocupado sillones en el Senado o la Cámara de Diputados se refiere a los problemas que se enfrentan en los caminos vecinales, en las pequeñas comunidades. No saben dónde se sitúan las poblaciones más modestas de nuestras zonas; cuáles son la latencia cultural y las ansiedades de nuestra gente.
Por eso, en la misma modificación que estamos introduciendo ahora debiéramos contemplar el término de la hipocresía de que meses antes de las elecciones algunos señores arrienden una pieza, en donde no ponen ni una cama ni una silla, y posteriormente afirmen que viven en la Región, conforme a la ley, y que, por lo tanto, tienen derecho a ser candidatos en los comicios electorales.
Señor Presidente, con bastante aprensión, no con alegría, doy mi voto al proyecto que nos ocupa, pero quiero consignar que este es un pasito demasiado corto y que en las Regiones tendremos que seguir soñando con que algún día exista en este país una verdadera regionalización.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, en consideración al tiempo disponible y a mis obligaciones, renuncio a intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Habría sido muy interesante escucharlo, Su Señoría.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MUÑOZ BARRA.-
El sistema no me permite hacerlo, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Podemos agregar el pronunciamiento de Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 6 de abril, a las 12.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Longueira.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Demócrata Cristiano, que no intervendrá.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
LEGALIDAD DE REGLAMENTOS ESCOLARES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, un estudio del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y que publicó la UNICEF en diciembre pasado, titulado "La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación", aborda lo relativo a los reglamentos de los establecimientos de enseñanza en Chile.
Los resultados se consideraron en una mesa de discusión de expertos, para analizarlos y efectuar diversas propuestas al objeto de corregir el actual estado de cosas.
El texto, basado en los contenidos de 189 reglamentos, muestra señales claras de algunas contradicciones y materias que debieran ser parte del debate y el trabajo de las comunidades escolares.
El primer dato que llama la atención es que solo 49,2 por ciento de las regulaciones se ajusta al orden legal vigente. En la enseñanza básica, el promedio se eleva a 53,8 por ciento, en tanto que en el nivel medio baja a 44,2 por ciento. Es decir, 55 por ciento de los reglamentos escolares de la educación media no se ajusta a derecho.
En el ámbito municipal, tales preceptivas se ajustan a la ley en 51,4 por ciento. En los particulares privados se baja a 50 por ciento, en tanto que en los particulares subvencionados se desciende a 44,8 por ciento.
Entre los aspectos reglamentarios que se alejan de la legalidad se halla, en cuanto a la discriminación, todo lo referido a conductas sexuales, respecto de lo cual solo 1,6 por ciento de los ordenamientos se adecua al derecho -es decir, más de 98 por ciento de ellos, cuando incluyen el concepto, se hallan fuera de la Constitución-, 37,5 por ciento no lo hace y 60,9 omite normas expresas sobre el punto.
Algo parecido ocurre con la discapacidad: solo 17,9 por ciento aborda la materia con apego a la ley, mientras que 82,1 por ciento omite pronunciarse. O sea, en la mayoría de los reglamentos de las comunidades escolares no se define cómo tratar a los jóvenes con discapacidad o, como prefiero llamarlos, en condición especial.
Respecto a factores étnicos, 94,7 por ciento no se manifiesta, lo que llega a 87,7 por ciento en lo concerniente a lo religioso. En lo relativo a los embarazos adolescentes, solo 13,2 por ciento se ajusta a las normas legales vigentes. ¡Solo 13,2 por ciento!
Las conclusiones de la investigación son claras: los reglamentos, en su mayoría, no son pensados o utilizados como herramientas para ayudar a la convivencia, sino que más bien se encuentran enfocados a cuestiones disciplinarias, a la sanción, pero violando derechos resguardados por la Carta.
Un ordenamiento de esa naturaleza, sin embargo, no puede hallarse por encima de la Constitución o la normativa legal vigentes. Así lo consigna el estudio de la Universidad Diego Portales, recogido y difundido por la UNICEF.
Como concluyó el representante para Chile de ese organismo internacional, Egidio Crotti, "debemos tener en cuenta que en educación todo depende de qué tipo de sociedad queremos y en qué punto estamos de acuerdo y en cuáles no".
Los reglamentos reflejan solo una visión unilateral de las direcciones de los establecimientos.
Señor Presidente, solicito que el estudio sea remitido a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Educación.
Frente a una clara y evidente ilegalidad, no cabe sino establecer normas jurídicas que determinen con qué tipo de reglamentos deben contar, necesaria y obligatoriamente, los planteles educacionales.
No estoy en contra de la capacidad y la autoridad de generarlos. Lo que digo es que algún organismo debe velar porque esos textos se ajusten a derecho.
Entonces, pido que se envíe el informe al organismo contralor, a fin de que pueda determinar la normativa legal que proceda para la dictación y aplicación de los reglamentos.
Asimismo, solicito remitirlo al Ministerio de Educación, al objeto de que entregue una opinión sobre su contenido y las medidas que está adoptando para corregir la situación; a la Asociación Chilena de Municipalidades, y, especialmente, al Colegio de Profesores de Chile, en sus niveles en cada una de las quince Regiones.
Estimo necesario que los organismos referidos, junto con entregar su opinión acerca del estudio publicado por la UNICEF, emitan un pronunciamiento oficial sobre la legalidad de las regulaciones en cuestión.
Pienso que el Ministerio de Educación debería evaluar a nivel nacional los reglamentos y la normativa a la cual deberían ceñirse, de manera tal que brinden autoridad a las direcciones de los colegios, pero en ningún caso estén por encima de los derechos consagrados en la Constitución.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RIESGO DE CRECIDAS EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en la sesión de ayer expuse la situación provocada por las crecidas del río Baker en la provincia Capitán Prat, Undécima Región, que Su Señoría conoce muy bien.
La semana pasada y en estos días, a raíz del mal tiempo, particularmente en la zona de los ríos de Aisén, tuvieron lugar aluviones y crecidas que ponen en riesgo a comunas como la de Tortel.
El frente climático, asociado a "El Niño", ha provocado en la Región un superávit de precipitaciones de 58,23 por ciento, con relación a un año normal, registrándose hasta ahora 177,9 milímetros, en tanto que el año pasado, a igual fecha, se llegaba a 66,2 milímetros.
Ello coincide con las predicciones y modelamientos matemáticos para el fenómeno en el sur de Chile, y existen estudios de la Dirección Meteorológica que hacen visibles y cotidianos para Aisén los efectos del cambio climático. En los últimos meses las temperaturas han sido las más altas de la historia y se han presentado intensas precipitaciones e inundaciones catastróficas, además de aumentar los caudales por deshielo, en fin.
Lo más preocupante, señor Presidente, son los vaciamientos del lago Cachet 2, que han ocasionado grandes pérdidas a los pobladores de Valle Colonia, Valle Grande, sector Ñadis, Vargas, Ventisquero, Cute y caleta Tortel por el aumento repentino y violento del caudal del río Baker, que en un lapso de 12 horas ha subido de 573 a 3.008 metros cúbicos por segundo. Ello implica una violencia extraordinaria.
Debido, principalmente, a la falta de comunicación y conectividad, la población de esos sectores no recibió en forma oportuna el aviso de evacuación por el desagüe del lago y no alcanzó a proteger sus bienes, por lo que las mayores pérdidas se han traducido en bovinos y ovinos que han sido arrastrados por el río.
Después de siete días de precipitaciones, el caudal del Baker, en la confluencia con el río Colonia, aumentó paulatinamente a partir del 13 de febrero recién pasado, hasta llegar a su máximo el 18 del mismo mes, elevándose de 1.100 a 2.763 metros cúbicos por segundo.
A diferencia de lo que ocurre con los eventos de GLOF, denominación que recibe el desagüe del superávit de los lagos, las inundaciones no fueron repentinas y ocurrieron en lapsos más largos que aquellos en que se avisa a la población ribereña, los cuales son extremadamente cortos.
Existe real preocupación y temor en caleta Tortel -he conversado con el Alcalde, señor Bernardo López-, pues el fenómeno del GLOF y el de las crecidas del Baker ya ocurrieron en el pasado. Se cuenta con registros del primero en el Valle Colonia, en los años cincuenta, cuando el lago Arco era el responsable de las abruptas crecidas de los ríos Colonia y Baker. Los antiguos colonos se ponían en alerta cuando se acercaban esas contingencias.
El denominado "Proyecto Centinela" -lo comentamos con el señor Presidente- se diseñó con el propósito de advertir sobre tales situaciones, pero no se ha implementado. Solicito que el Gobierno Regional y la ONEMI proporcionen los datos relativos a los costos que ello demanda, por cuanto el proyecto de HidroAysén para instalar en los ríos Pascua y Baker represas para la contención del agua puede provocar un grave problema. Los elementos que he expuesto no se encuentran incluidos en el estudio de impacto ambiental, el cual no contiene la información que estoy entregando y que es producto de documentos elaborados por diversos especialistas a nivel local y nacional.
Por eso, resulta necesario y urgente que en definitiva se efectúen los análisis adecuados, como asimismo que la ONEMI, ante el eventual riesgo que deriva de los lagos Cachet 1 y Cachet 2, establezca un plan de emergencia a fin de que el operativo de evacuación de los pobladores y animales de la zona en riesgo se realice de manera oportuna.
Es importante plantear un cambio en la mentalidad de la burocracia, con el objeto de prepararse con anticipación para enfrentar las dificultades.
También se precisa incentivar estudios en Campos de Hielo y fortalecer la educación, tal como recomiendan los expertos.
Cabe observar, señor Presidente, que en algunos sectores del Valle Colonia el río Baker aumentó su nivel en 5,47 metros. Las fotografías a que hemos tenido acceso, proporcionadas por empresas de turismo y colonos, reflejan claramente que se trata de una amenaza real.
Los lagos Cachet 1 y Cachet 2, de producirse un desagüe o GLOF, pueden poner en grave riesgo a caleta Tortel, pues no se halla garantizada la oportuna reacción, ni del municipio, que cuenta con escasos recursos, ni de las autoridades encargadas de proteger a la población.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, al Gobierno Regional de Aisén, a la ONEMI y a la CONAMA, en relación con todas las medidas que correspondan y, en especial, la información tendiente a facilitar la prevención de situaciones como la descrita, que causa gran preocupación en los habitantes de caleta Tortel y de lugares aledaños al río Baker.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en sesión de 23 de diciembre de 2008 intervine en la hora de Incidentes para denunciar el uso abusivo de la publicidad por parte de algunas administradoras de fondos de pensiones en torno a las ganancias que habrían obtenido sus afiliados.
Ello se registró en diversos medios de difusión nacional, con respecto al total de utilidades que habrían arrojado esas entidades para los cotizantes, incluyéndose gráficos que exhibían una ganancia que consideramos desproporcionada, pues se contabilizaba el pago realizado por los trabajadores como parte de la producción o utilidades de las AFP.
Del mismo modo, el lenguaje utilizado: "rentabilidad negativa", eufemismo que se usa para las pérdidas de capital, tiende más bien a confundir.
He recibido la respuesta de la Superintendente de Pensiones, señora Solange Berstein, la que leeré por considerarla relevante. Se hace referencia a que el Senador que habla "solicita una aclaración de este Organismo, respecto de la publicidad, a su juicio engañosa, que efectúan las Administradoras de Fondos de Pensiones, específicamente de AFP Habitat S.A. con relación a una publicación del día 27 de noviembre de 2008".
"Lo anterior, habida consideración que en su opinión la rentabilidad negativa corresponde a un eufemismo que se utiliza para referirse a la pérdida de capital,".
"Al respecto, se debe señalar que esta Superintendencia observó y representó oportunamente a AFP Habitat S.A. los términos de la publicidad a la cual alude el H. Senador Navarro, representándosele que dicha publicidad podría inducir a equívoco, la que en todo caso, fue eliminada.".
Es decir, señor Presidente, la Superintendencia formuló la observación del caso y la publicidad que denunciamos como engañosa fue suprimida.
El oficio agrega que "a través de la Circular N° 1.586, esta Superintendencia modificó la Circular N° 1.518, en aquello que se refiere a algunas normas sobre publicidad que pueden realizar las AFP, precisándoseles los términos en que pueden realizar publicidad sobre la rentabilidad que eventualmente obtengan, de manera que resulte clara y unívoca para los afiliados.".
Pienso que hemos cumplido una tarea importante, pues se ha resuelto que las administradoras de fondos de pensiones deben entregar a sus afiliados una información concreta y no en términos muy complejos, que la inmensa mayoría de los 9,5 millones de trabajadores cotizantes en ellas no pueden comprender -tampoco algunos señores parlamentarios-, porque la forma de presentarla es equívoca.
TRABA PARA ACCESO A CAPITAL SEMILLA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se envíe oficio al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), a fin de que informen acerca de si el hecho de que una persona aparezca en DICOM le impide obtener el beneficio del capital semilla.
Resulta paradójico que a alguien que queda cesante se le diga: "Puede postular a capital semilla en FOSIS o en SERCOTEC para realizar un emprendimiento", ya que, en la medida en que se tienen deudas y se figura en DICOM, algunos de los beneficiarios -entre comillas- han tenido problemas para acceder a dicho sistema.
Pienso que, si se suscita una contradicción semejante, se justifica una revisión, por lo cual solicito, en especial al FOSIS y a SERCOTEC, que se determine si el hecho existe y que, en caso afirmativo, se estudie un cambio, en definitiva, pues la idea es materializar una ayuda al pequeño emprendimiento. No estamos hablando de grandes, ni de medianas, ni siquiera de pequeñas empresas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMA HABITACIONAL DE POBLADORES DE PEDRO DE VALDIVIA BAJO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete, que envíe un informe respecto del proyecto que se pretende aplicar en Pedro de Valdivia Bajo, comuna de Concepción, Región del Biobío.
Dicha iniciativa fue comprometida por el entonces Presidente de la República don Ricardo Lagos y también por la Presidenta Bachelet. Contempla la construcción y el diseño de un nuevo barrio en uno de los sectores más tradicionales y antiguos de Pedro de Valdivia Bajo. Allí la gente rellenó las laderas del río para tener un lugar donde vivir.
El proyecto actual considera construir un 10 por ciento de casas y un 90 por ciento de departamentos. Pero está claro que las familias quieren casas y no departamentos.
Se están efectuando trabajos en la calle Arrau Méndez con el objeto de rediseñar el barrio. Sin embargo, la gente no quiere abandonar sus hogares ni que les expropien hasta no saber exactamente qué tipo de vivienda les construirán.
El 99 por ciento de los pobladores quieren casas y solo el 1 por ciento, departamentos. Esto, según una encuesta realizada por ellos mismos.
Hace algunos días entregaron una carta a la Intendencia, al SERVIU, a la Alcaldesa, al Seremi de Vivienda y a la Gobernación, y aún no reciben respuesta.
Solicito que el Ministerio de Vivienda entregue un informe lo más detallado posible sobre la situación actual del proyecto de remodelación de Pedro de Valdivia Bajo, en la comuna de Concepción.
Asimismo, pido que el litigio que se mantiene con un privado por la realización de la construcción de nuevas viviendas en el sector La Mochita pase del Consejo de Defensa del Estado al SERVIU. En este Servicio se estaba ganando el juicio. Dicho Consejo lo ha limitado.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado respecto del proceso judicial que se lleva a cabo por el caso de La Mochita, a fin de poder agilizar el trámite o, en su defecto, devolverlo definitivamente al Ministerio de Vivienda para cumplir con los pobladores de Pedro de Valdivia Bajo, que quieren vivir donde lo han hecho toda su vida y no ser erradicados.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:02
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Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción