REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 26ª, en miércoles 13 de junio de 2012
Ordinaria
(De 16:26.. a 20:4)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE;
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE; EUGENIO TUMA ZEDAN Y ANTONIO HORVATH KISS, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Andrés Allamand Zavala; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick Piñera.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que crea un sistema de financiamiento para la educación superior (boletín Nº 8.369-04).
--Pasa a las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple" para el tratamiento de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).
2.-
Proyecto de ley que obliga a incluir la remuneración denominada "semana corrida" dentro de la base de cálculo del feriado de los trabajadores dependientes (boletín Nº 8.156-13).
3.-
Proyecto que modifica ley N° 18.290, de Tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren (boletines Nos. 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que ha aprobado las enmiendas, con excepción del artículo 5° que desechó, propuestas por el Senado al proyecto de ley que otorga a los funcionarios del sector salud que indica, una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín Nº 8.036-11) (con urgencia calificada de "suma"), e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento.
Del señor Intendente de la Región del Biobío:
Da contestación a dos solicitudes de información enviadas en nombre del Senador señor Navarro, referentes a las situaciones siguientes:
1.-
Observaciones críticas sobre los programas e instrumentos que el Gobierno utiliza para llevar adelante las labores de reconstrucción a raíz del terremoto de febrero de 2010.
2.-
Monto de recursos entregados a la Región como compensación por el Transantiago, y si ese aporte se destinó a evitar el alza del valor de los pasajes o a obras de infraestructura.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.539, permitiendo a los pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, incorporarse a Cajas de Compensación de Asignación Familiar (boletín N° 7.441-13).
--Queda para tabla.
Moción
De los Senadores señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro y Larraín (don Carlos), con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica el Código Civil con el objeto de establecer que la existencia legal de la persona comienza al momento de la concepción (boletín N° 8.367-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Chahuán, Bianchi, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Prokurica y Rossi, con el que se solicita al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones informar si se constituyó la mesa de dialogo con los dirigentes gremiales de dueños de camiones y el grado de avance en las materias comprometidas (boletín N° S 1.491-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, en la sesión del día de ayer -ya me había retirado, porque tenía un compromiso con mi hijo menor- se hizo mención a la situación de los pensionados que no pagan el 7 por ciento en salud, respecto a lo cual el Ministro de Salud hizo algunas afirmaciones que no puedo dejar de comentar en esta Sala.
Efectivamente, cuando se tramitó el proyecto sobre pensiones básicas solidarias, por un error legislativo, por un vacío en la ley, se dejó fuera del sistema de libre elección en el Fondo Nacional de Salud a los pensionados que accedían a ese beneficio y que tenían menos de 8 mil 500 puntos.
Esa circunstancia no fue constatada durante todo este tiempo. Pero a raíz de la tramitación de la iniciativa legal presentada por el Presidente Sebastián Piñera, que exime del pago del 7 por ciento de cotización en salud a los pensionados, el FONASA hizo un cruce de sus bases de datos, lo que determinó que había un acceso indebido al beneficio de libre elección.
De acuerdo a toda la información que hemos recabado, la decisión de eliminar el acceso a la libre elección a 112 mil personas -casi todas mujeres- fue tomada en forma autónoma por el Director del FONASA, probablemente, bajo el discurso de "cortar los abusos en el uso de los beneficios sociales" o de "eliminar el clientelismo de la Concertación".
La verdad, señor Presidente, es que a pesar de ser este un vacío legal, una omisión en la ley promulgada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, en todo ese tiempo, nunca se adoptó una decisión administrativa que dejara fuera de beneficios sociales a las personas.
Al parecer, producto de la decisión autónoma del Director del FONASA, y frente a los estragos que esta ha causado -terminaré luego, señor Presidente-, se anuncia que esa situación se va a remediar mediante una ley.
Debo señalar que no es dable que se incurra en actos que dañan a las personas y que, además, se pretenda enrostrar o asignar responsabilidades a un Presidente anterior.
Al señor Ministro se le preguntó sobre el particular cuando se tramitó el proyecto que eliminó dicho cobro del 7 por ciento, y él respondió que esta decisión no iba a implicar costos para los pensionados.
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El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, en el día de ayer, casi al término de la sesión, se informó respecto a un acuerdo de los Comités que fijaba un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República.
Sin embargo, el Senador señor Rossi, en nombre del Comité Socialista, se opuso a ello por cuanto -y la Secretaría lo verificó- su Comité no había asistido a esa reunión.
De consiguiente, en conformidad al Reglamento, el Comité Socialista ejerció un derecho que le corresponde y, en consecuencia, ahora procede poner en votación en la Sala si se acepta prorrogar dicho plazo hasta el lunes 18, a las 13, como fue pedido anteriormente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Solicitamos al Honorable señor Muñoz Aburto que dé el asentimiento unánime para fijar ese nuevo plazo.
¿Habría acuerdo, señor Senador?
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
CREACIÓN DE DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR FORESTAL
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Día Nacional del Trabajador Forestal, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6462-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 13 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La iniciativa tiene por objeto fijar el 3 de mayo de cada año como Día Nacional del Trabajador Forestal.
La Comisión discutió el proyecto en general y particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y le dio aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Navarro.
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto.
El señor COLOMA.- ¡Eso sí que es Fácil Despacho!
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE SEÑOR JUAN BUSTOS RAMÍREZ
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Gómez, Lagos y Tuma, en primer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Juan Bustos Ramírez, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8087-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Navarro, Gómez, Lagos y Tuma):
En primer trámite, sesión 81ª, en 14 de diciembre de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es que se autorice erigir un monumento en la provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso, en memoria del destacado abogado, ex Diputado y servidor público señor Juan Bustos Ramírez.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto solo en general y le dio aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Navarro.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 18 de junio, a las 13.
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Lagos, Quintana, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria del dirigente sindical y ex Diputado señor Manuel Bustos Huerta, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8111-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Navarro, Lagos, Quintana, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 84ª, en 21 de diciembre de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La iniciativa tiene por objeto que se autorice erigir un monumento en la Región Metropolitana en memoria de Manuel Bustos Huerta, reconociendo así su gran contribución a los trabajadores del país.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Navarro.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para la presentación de indicaciones
el lunes 18 de junio, a las 13.
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ERIGIR MONUMENTO A DON ROBERTO MATTA ECHAURREN
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Chahuán, señora Allende y señores Bianchi, Girardi y Larraín (don Hernán), en primer trámite constitucional, que amplía el plazo para erigir el monumento al artista Roberto Matta Echaurren, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8038-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Chahuán, señora Allende y señores Bianchi, Girardi y Larraín (don Hernán):
En primer trámite, sesión 69ª, en 16 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito de la iniciativa es ampliar de 5 a 8 años el plazo establecido en la ley N° 20.132 para erigir un monumento en memoria del señalado artista, dado que ha expirado el plazo original para hacerlo, sin que se haya constituido la Comisión encargada de ejecutar la obra.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y le dio aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Navarro.
El texto que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto.
CONVENCIÓN SOBRE CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO DE RECURSOS PESQUEROS EN ALTA MAR EN OCÉANO PACÍFICO SUR
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur", suscrita en Auckland el 14 de noviembre de 2009, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7892-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 11 de abril de 2012.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 23ª, en 6 de junio de 2012.
Discusión:
Sesión 24ª, en 12 de junio de 2012 (se aplaza su votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en sesión del día 12 de junio quedó aplazada la votación de este proyecto de acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Corresponde, entonces, proceder a realizarla.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente ayer se aplicó el artículo 135 del Reglamento. El Comité Demócrata Cristiano me ha encargado -porque el Senador señor Pizarro se encuentra en una reunión de Comisión- pedir la aplicación del artículo 129, esto es, segunda discusión.
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, obviamente cualquiera puede pedir lo que le parezca, pero lo que se acaba de solicitar -yo creo que el Senador Zaldívar lo intuye- está fuera de Reglamento.
Hay tres formas de ir atrasando una materia: aplazando la discusión, pidiendo segunda discusión o aplazando la votación, que es distinto. Y lo que se solicitó ayer -tengo aquí los antecedentes-, tal como lo dice el Senador Zaldívar, es el aplazamiento de la votación, conforme al artículo 135, inciso segundo, del Reglamento.
¿Y cuál es el efecto del aplazamiento de la votación? Que en la sesión siguiente se vota. No se puede volver a generar una segunda discusión. Porque, si no, no tendría ningún sentido la norma como está planteada.
En esos términos, señor Presidente, yo le pido que someta a votación la iniciativa, tal como se acordó ayer, a petición del Comité Demócrata Cristiano. Además, este es un tema que ha tenido un amplio consenso y que ha sido sumamente discutido. Es una materia importante y todas las intervenciones de la sesión pasada fueron en el sentido positivo.
Así que, desde nuestra perspectiva, a lo menos, lo que procede es votar, tal como fue acordado el día de ayer.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
El Senador señor Zaldívar ha pedido nuevamente la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, son dos derechos diferentes que tienen los parlamentarios y, en este caso, los Comités. En virtud del primero, contenido en el artículo 135, se puede pedir el aplazamiento de la votación. Pero el artículo 129 considera otra situación, porque está pendiente la votación todavía -no se ha votado-, y permite pedir la segunda discusión.
La primera discusión se hizo en la sesión anterior. Por lo tanto, estamos solicitando que haya una segunda discusión antes de realizar la votación.
Son dos artículos distintos, que contemplan situaciones diferentes.
Por lo tanto, lo que está pidiendo el Comité es algo que se ha aplicado en otras oportunidades: la segunda discusión, antes de la votación. O sea, una vez que terminemos la segunda discusión, procedemos a votar lo que está aplazado.
El señor COLOMA.- ¡Eso no es así!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Muy bien. Vamos a dilucidar el tema de Reglamento. Señor Secretario, ¿cuál es la interpretación de la Secretaría?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La opinión de la Secretaría, que se ha aplicado en el Senado durante muchos años -al menos, desde 1990 a la fecha-, es que efectivamente existen esos dos derechos, pero se ejercen en forma sucesiva...
El señor COLOMA.-
¡Obvio!
El señor LABBÉ (Secretario General).-
... Y la disposición especial sobre Fácil Despacho, que es el artículo 135, señala que, pedido el aplazamiento de la votación, en la sesión siguiente se procede a votar.
Ayer, en dos oportunidades, el señor Presidente consultó expresamente al Senador señor Pizarro, que estaba ejerciendo el derecho del Comité, si lo que pedía era segunda discusión o aplazamiento de la votación. Y Su Señoría señaló que estaba solicitando esto último.
Nada más, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
En consecuencia, de acuerdo con el Reglamento, la Mesa somete a votación el proyecto de acuerdo.
En votación general y particular.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, he solicitado la palabra porque me tocó, como Canciller del Presidente Ricardo Lagos, iniciar el 2005 las negociaciones en el ámbito del Pacífico sur sobre un tema tan importante como la creación de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur.
En esa oportunidad -estoy hablando del año 2005-, estuve en Australia y en Nueva Zelandia, principalmente a invitación de ellos, con un objetivo mayor y fundamental para nuestros países: velar por la pesca en alta mar. Y la verdad es que siempre tuvimos en mira la posibilidad de que tanto Nueva Zelandia como Australia, de ese lado del Pacífico, y Chile y Perú, de este lado del Pacífico, pudiéramos concurrir a la creación de un marco jurídico segurizante (valga el término) frente a la acción depredadora de grandes compañías pesqueras trasnacionales o de otros países que operan en un vacío jurídico por la inexistencia de una normativa que rija la pesca en altamar.
Por lo tanto, aquello estaba y está claramente en el interés de Chile, de Australia, de Nueva Zelandia.
Con el Perú la situación siempre ha sido un poco más compleja. Y quiero ser muy claro al respecto.
Desde nuestro punto de vista, como Democracia Cristiana, no hay duda sobre el fondo. Nosotros hemos discutido -y se debatió en la Comisión de Relaciones Exteriores- más bien una cuestión de oportunidad -y no es menor-, pues solo falta que ratifique un país para que la Convención entre en vigencia y se establezca la organización regional de pesca.
Perú no ha concurrido a la ratificación. ¡Bueno!
La negociación duró cuatro años -del 2005 al 2009-, hasta que el 14 de noviembre de 2009 se suscribió el Tratado, en virtud del cual se crea la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur.
¿Qué ocurrió?
Aquí viene la segunda etapa, el capítulo dos.
Después del año 2009, una vez firmada esa Convención, que hasta el día de hoy no ha sido ratificada por el mínimo de países requerido, vino la "carrera olímpica" y, por lo tanto, se dañó claramente el interés nacional, por una serie de razones. Pero, en ausencia de normas, obviamente la acción depredadora de las grandes empresas transnacionales y de otros países ha provocado una merma a naciones ribereñas como las nuestras: de ese lado, Australia y Nueva Zelandia; de este lado, Perú y Chile.
De ahí pasamos a un tercer capítulo: el intento de poner fin a la "carrera olímpica" en tanto en cuanto no se ratificara el Tratado.
Y vino el Acuerdo de Cali, del año 2010, donde se fijaron algunas normas desde la perspectiva de la conservación de las especies.
¿Normas de qué tipo? Interinas, voluntarias, no vinculantes; por ende, normas transitorias.
Aunque fue un avance lo de Cali, no dio cuenta de la precarización existente en esta materia, que aún se mantiene.
Por consiguiente, la sustancia de este proyecto, más allá del juicio de oportunidad, que es un punto debatible, apunta justamente a segurizar aquello que es precario; a asegurar una sustentabilidad multilateral que permita el establecimiento de un marco jurídico tendiente a la conservación de las especies y a la sustentabilidad de pesquerías transnacionales o altamente migratorias, como es el caso del jurel, que interesa mucho a Chile.
Señor Presidente, según lo visto durante la discusión, creo que no hay mayor duda sobre el fondo del asunto. Y por eso soy partidario de votar a favor del proyecto de acuerdo y, por tanto, de ratificar la Convención.
Sí, hay que tener mucho cuidado -y esta es tarea principalmente de la Cancillería- en, como país, no darles ventajas a naciones que no han ratificado -es el caso del Perú- y que tienen menos normas internas dentro de las 200 millas o de la zona económica exclusiva.
Y las cifras son preocupantes.
Daré un solo ejemplo: durante 2011 Perú aumentó en 15 veces su captura de jurel; y en lo que va corrido de 2012 ya ha superado las 120 mil toneladas autorizadas...
El señor ESCALONA (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Muchas gracias.
Señor Presidente, ahí tenemos un problema de oportunidad. Pero es beneficiosa para el interés nacional la existencia en el Pacífico Sur de reglas del juego, de un marco jurídico claro, estable y equitativo.
En tal sentido, deseo recordar -y se discutió en la Comisión, producto del acuerdo de la Cámara de Diputados- que nuestra Cancillería hará la siguiente declaración: "De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44, Chile reafirma lo establecido en el Artículo 20 (...) en cuanto a que, para el establecimiento de medidas de conservación u ordenamiento aplicables a todo el ámbito del recurso pesquero, se requerirá el consentimiento expreso de la o las Partes Contratantes que sean Estados ribereños interesados", que es el caso de Chile.
En consecuencia, sin perjuicio del juicio de mérito sobre la oportunidad, estimo que, claramente, conviene al interés nacional la ratificación de este Tratado.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se ha inscrito un número significativo de Senadores y Senadoras.
Les ruego a Sus Señorías no entusiasmarse tanto, porque luego deberemos tratar el proyecto referente a las farmacias.
Además, ¡el Senador Navarro está esperando la hora de Incidentes...!
El señor PROKURICA.-
¡Para eso no hay acuerdo...!
El señor LAGOS.-
Cada vez que me inscribo, señor Presidente, ¡usted nos dice que mejor no hablemos...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pocas veces he tenido más convicción para fundar un voto favorable. Y me pronunciaré afirmativamente porque en el Tratado que nos ocupa se juntan dos elementos a mi juicio vitales.
Primero, una buena idea, una buena disposición que hace historia.
Yo quiero ser claro en el punto. Y lo analizamos detenidamente en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Desde el año 2000 hasta ahora se ha observado un significativo aumento en la presencia de flotas extranjeras que operan en altamar sin sujeción alguna a normas de conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros.
Ello ha generado que algunas especies, como el jurel -no es la única-, en la práctica hayan colapsado, entre otras razones por errores cometidos eventualmente en el ámbito interno.
El deterioro ha sido progresivo, va en aumento, y se dirige hacia una cuenta que terminará simplemente en la extinción de un recurso importante para nuestro país y para el resto del mundo.
De ahí surge -y lo dijo en 2006 Chile, una de las naciones suscriptoras- la idea de -está en los antecedentes-, tras ocho rondas de 32 países, ponerse de acuerdo en la generación de normas internacionales que permitieran conservar las especies y ordenar la forma de operar internacionalmente.
¿Y cuáles van a ser los criterios futuros de participación en la pesca? La transparencia, los datos, la información, en procura de alcanzar el propósito de, como comunidad internacional, cuidar recursos que de otra forma se seguirán devastando.
En tal línea, el acuerdo que se nos pide es significativo. Porque lo peor que podríamos hacer sería dejar que las cosas fluyeran como en la actualidad, pues, claramente, eso conduciría a un final conocido: el término de las especies.
Señor Presidente, la Convención en comento, además de estar pensada con gran visión de futuro, es especialmente oportuna.
Al respecto, algunos plantean si es bueno o no que otros países importantes en esta materia, como Perú, continúen operando de la misma forma.
Desde mi perspectiva -y así lo expuso el Gobierno a través del Ministro de Economía y del Canciller-, para que se gatille la Convención en análisis existen dos fórmulas.
Me explico.
La entrada en vigor del Tratado depende de la ratificación de ocho países signatarios. Entonces, puede esperarse hasta noviembre para que una nación eche a andar ese instrumento internacional, que está destinado a hacer historia. Porque los crudos hechos nos dicen que siete ya depositaron los acuerdos de sus Parlamentos y de sus Gobiernos. Falta, pues, uno. Ese país que falta como elemento fundacional de una política de protección de las especies en altamar puede ser Chile (obviamente, a otras naciones también les resulta factible aprovechar esa oportunidad).
Desde mi perspectiva, es muy grande la diferencia entre que Chile sea conducido porque una Convención funciona y le genera ciertas obligaciones internacionales y que, conforme a lo que hemos planteado nosotros, se convierta en parte activa de la nueva institucionalidad.
Por eso, señor Presidente -y lo digo con absoluto respeto-, entiendo que algunos Senadores, legítimamente, pidan más tiempo para tomar una decisión sobre el particular. Pero a mí me parece fundamental que seamos actores en el nuevo escenario internacional que debe establecerse en materia pesquera.
Dicho sea de paso, la próxima reunión del comité técnico se celebrará en Lima, en octubre del año en curso. Y para nosotros revestirá gran importancia lo que ocurra en ella, dependiendo de si somos parte de un compromiso y con quienes ya lo asumieron convencemos a los restantes países de ir en el mismo sentido, o bien, de si pertenecemos a las naciones que deben ser persuadidas por la comunidad internacional.
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que nos ocupa fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Y la tramitación ha sido relevante; nadie podría afirmar que no se ha oído a todos los interesados. Entonces, es el momento de aprobarlo, porque el Tratado le conviene al mundo -ello siempre es significativo-, y particularmente a Chile; es beneficioso para la preservación de los recursos pesqueros, y es oportuno.
Demorar la ratificación de esta Convención o no ratificar implicaría condenarnos a deshacer un largo camino construido en la lógica del Estado de Chile -porque no es un Gobierno, sino el Estado- y, en consecuencia, afectar la sustentabilidad de un recurso que por otro lado nos hemos comprometido a cuidar.
Por eso, señor Presidente, fundamento mi entusiasta voto favorable.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Pocas veces lo habíamos visto tan convencido en una intervención, señor Senador.
El señor LAGOS.- ¡Ojalá que no se halle pareado...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Está inscrito a continuación el Honorable señor Hernán Larraín, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se vio en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, mas sin un trámite formal, en el ánimo de aprobarlo con fluidez, por cuanto sus miembros entendimos que, estando radicado en la de Relaciones Exteriores, podríamos asistir a las sesiones respectivas, evitando de este modo un trámite legislativo adicional.
Como acaba de señalar el Senador Coloma, esta iniciativa es muy importante para Chile.
Nuestro país no solo se ha anticipado con presencia en la altamar del océano Pacífico, sino que también se ha autoimpuesto regulaciones legales en el sentido de que lo que captura más allá de las 200 millas lo descuenta de su zona económica exclusiva.
Reclamamos por ello en su minuto. Y preguntamos qué incentivo tenía ir a pescar afuera si lo extraído se nos restaba de nuestra propia cuota.
Sin embargo, el afán de Chile era dar un ejemplo a nivel internacional sobre cómo regular el único mar que no tiene ordenamiento ni fiscalización y, por lo tanto, no puede asegurar la conservación de las especies hidrobiológicas y de los ecosistemas asociados.
Debo puntualizar, señor Presidente, que la crisis del jurel se registra por una razón totalmente distinta: porque se entrega una cuota cercana a los 4 millones de toneladas sin aval científico, sin el informe del IFOP, y, en la práctica, se están destruyendo cerca de 300 mil toneladas, las cuales se administran hoy para mantener la actividad.
Como señalaba, en esta materia Chile ha tenido presencia histórica en el océano Pacífico.
Si uno revisa el océano Atlántico, el Índico, lo que está alrededor de la Antártica, lo que se halla en el Atlántico Norte y en el Ártico, observa que todo eso se encuentra regulado.
Entonces, solo queda pendiente de ordenamiento el océano Pacífico. Y a esto apunta justamente la Convención a cuya ratificación se nos ha llamado.
En el océano Pacífico están pescando Rusia, Cuba, China, Vanuatu -país no muy conocido-, Corea, la Unión Europea, Belice e Islas Faroe. Pero lo hacen sin sujeción a ninguna norma de conservación.
Por lo tanto, como se ha manifestado acá, debemos realizar un ordenamiento. Y esta es una oportunidad excelente que se nos da para que Chile sea el país que permita que la Convención entre en vigor.
Hasta el momento han ratificado dicho instrumento internacional Cuba, Islas Cook, Islas Faroe, Nueva Zelanda, Corea, Australia y la Unión Europea.
Si Chile aprueba este proyecto de acuerdo, empezará a regir dicha Convención y pasaremos a ser parte de los comités de manejo subregionales, que discuten y proponen medidas de conservación y de manejo para el área de competencia, etcétera. Las decisiones se tomarán por consenso; en algunos casos, por dos tercios. O sea, Chile, aparte estar en la actividad, será un actor relevante en la organización del Pacífico.
En cuanto a lo señalado acá sobre nuestra relación con el Perú, me parece que en esta materia no hay que ser ingenuo. En los hechos, nunca hemos logrado ponernos de acuerdo con el vecino país. Los peruanos, en el área del límite marítimo, que en forma arbitraria pusieron en cuestión (hoy día la situación se revisa a nivel internacional), han pescado sin sujeción a norma alguna. Empero, Chile lo ha hecho con estrictez. Y eso también se halla presente en la captura de las especies pelágicas -anchoveta, sardina y, principalmente, jurel-, en el sentido de que están extrayendo volúmenes que exceden con mucho lo que en materia de conservación han señalado las organizaciones internacionales.
Yo celebro que se vaya al Perú, que se trate de razonar, que se haga diplomacia parlamentaria. Pero opino que no podemos dejar una decisión de esta naturaleza sujeta a algo que es bastante difícil de lograr.
Por las razones expuestas, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y desde luego como parlamentario, llamo a votar a favor y, con ello, a aprovechar la excelente oportunidad que tiene nuestro país para proyectarse en el Pacífico de manera ordenada, que permita recuperar los recursos y conservarlos -en este aspecto también estamos adelantando con otras leyes, con organizaciones no gubernamentales-, y asimismo, proteger los sensibles y valiosos ecosistemas marinos.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo en que la Convención que nos ocupa es muy importante desde el punto de vista de la conservación de las especies.
En cuanto a ella, yo he planteado lo siguiente.
Si la Comisión de Régimen Interior dio su autorización para que una comisión nuestra fuera a hablar acerca de esta materia con los peruanos en su Parlamento, me parece conveniente esperar los resultados de las conversaciones, para después votar con plena convicción sobre lo que es mejor para Chile.
Ahora, yo tengo una duda en cuanto a por qué Perú no ratifica el Tratado.
El Senador Coloma dijo: "Me gustaría que estuviéramos entre los ocho países requeridos como mínimo para que la Convención entre en vigor".
Yo no le doy tanta importancia a ese aspecto. Podremos ratificar después. El ser fundador no otorga determinada calidad. No existe la categoría de "fundador". Los beneficios y las obligaciones son iguales para unos y otros.
Aquí el punto -se lo escuchamos al Senador Ignacio Walker; y es cierto- radica en que Perú ha aumentado en 15 veces su pesca en la zona que le corresponde.
Chile -lo dijo acá el colega Horvath- siempre ha sido muy respetuoso en materia de conservación del recurso pesquero y tiene una legislación mucho más estricta. Incluso, impone veda en la zona norte. Perú, no. Y como los peces no se detienen en los límites sino que continúan su marcha -porque son migratorios-, normalmente las especies que no se extraen acá se van al lado peruano -se ha reclamado permanentemente por tal situación; a pesar de ello, creo que ha sido bueno implantar la veda-, donde son capturadas por la nación vecina, que no tiene límites.
Entonces, pienso que es preciso motivar a Perú -uno de los suscriptores importantes del Tratado- para que se sume a una conducta común. No hay que renunciar a la posibilidad de alcanzar acuerdo.
Desde el momento en que ratifiquemos la Convención -y lo vamos a hacer-, no tendremos capacidad a ese respecto.
Ahora, debemos tener presente que el Tratado se refiere a la pesca realizada en los mares internacionales, o sea, más allá de las 200 millas. Y, como muy bien se expresó acá, todo lo que se capture fuera de ese límite significará disminuir nuestra posibilidad de extracción dentro de la cuota correspondiente al mar territorial chileno.
¿Qué sucederá, señor Presidente?
Nosotros vamos a ratificar el Tratado porque conforme a él se nos permitirá pescar el promedio de los últimos cinco años. Por tanto, nuestra cuota de captura -a lo mejor la fijación se necesitará para la conservación del recurso- será muy inferior que la de Perú, país que, según se manifestó, ha aumentado con demasiada exageración su actividad pesquera.
¿Qué he planteado yo sobre el particular? Que veamos lo que van a señalar los parlamentarios peruanos y reunamos todos los antecedentes. Quizás vamos a ratificar la Convención de todas maneras; pero lo haremos con plena conciencia de lo que ello significará.
Esa es, señor Presidente, la razón por la cual planteé la posibilidad de darnos estos días, hasta que retorne nuestra delegación, para después decidir informadamente. Y tal vez no variará nuestra posición.
En tales condiciones, a pesar de creer que el Tratado es conveniente y de que Chile es uno de los actores, me voy a abstener (no votaré en contra, pues soy partidario de él).
Además, debo puntualizar que Rusia, que se comprometió a ratificar el Tratado (y me parece bien que lo haga), es uno de los grandes pescadores más allá de las 200 millas. Pero faltan otros grandes pescadores: China, Japón, etcétera. Y me gustaría ver a estos países ratificar una Convención como la que nos ocupa, pues cuentan con fábricas flotantes que permanentemente capturan más allá de las 200 millas recursos cuyos volúmenes sin duda exceden nuestras posibilidades de extracción.
Me voy a abstener, señor Presidente, por las razones expuestas: no por ser contrario al Tratado, sino porque creo que habría sido mejor, más prudente, esperar ese informe, que podría haber sido enriquecedor. Por lo menos, hubiéramos votado con una convicción plena de lo que hacemos.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, lo primero que deseo consignar es que este es un asunto que llegó a la Comisión de Relaciones Exteriores, donde suponíamos que no íbamos a tener mayor inconveniente en ratificarlo y aprobarlo por las razones manifestadas por varios Honorables colegas.
Son importantes y fundamentales el ordenamiento en la conservación de las especies y, para un país como el nuestro, todas las medidas que se tomen. Mientras más reglamentación exista y mejor se puedan aplicar estos tratados y acuerdos, sin duda que ello nos favorece desde todo punto de vista.
También se planteó con claridad que el principal punto en discusión tiene que ver con la captura indiscriminada del jurel, lo que está generando una crisis en la preservación del recurso.
Ahora, lo que se presentó como un informe casi de trámite en la Comisión empezó a transformarse en un problema un poquito mayor. La información que nos entregaron las autoridades era que se contaba con una coincidencia total y absoluta de todos los partícipes: operadores, artesanales, industria pesquera, tripulantes, trabajadores de las empresas, etcétera. Se suscitó un debate porque empezaron a expresarse opiniones contrarias a la aprobación del tratado o que al menos lo colocaban en cuestión respecto de un punto que aquí se ha mencionado: la oportunidad y la urgencia con que queríamos acogerlo.
Al respecto, la Cancillería nos manifestó que existían compromisos de los países a los cuales aquí se ha hecho referencia. Al menos, de Perú, Rusia y Corea del Sur, que son los principales en este ámbito. Y no teníamos claridad, para ser franco, respecto de China y las otras naciones con grandes cuotas o capacidad de captura.
De manera extraña, por decir lo menos, se nos afirmó que, además, la ratificación había sido solicitada y acordada por los actores en la pesca y confirmada por nuestro Ministro de Economía, aquí presente, en Perú y ante los otros miembros que ya habían firmado el instrumento internacional.
Nos pareció razonable y lógica la aprobación, pero empezamos a consultar opiniones. En esta Sala sostuvimos una reunión donde todos los partícipes en el sector nos dijeron: "No tienen por qué apurarse, porque las razones que se están dando para ello no son tales. El que pasemos o no a pertenecer al Comité Científico no va a cambiar la realidad ni las cuotas de captura que Chile ya ha estado respetando. Las cantidades están determinadas producto de que nuestro propio país se ha autolimitado justamente para ceñirse al tratado.".
El argumento de que teníamos que ratificar para entrar primero y, por lo tanto, adquirir un poder decisorio en la Comisión no es tal. No se iba a registrar un cambio, desde el punto de vista de Chile.
Y sí se manifestó con toda claridad, como lo ha dicho mi Honorable colega Zaldívar, la aprensión existente en relación con el cumplimiento del actor principal, para los efectos nuestros. Porque, a lo mejor, lo que hagan al otro lado Rusia o China no nos importa tanto como lo que deje de hacer Perú. Y en este último caso, entonces, se puso en cuestión la información respecto del tratamiento que se le iba a dar al instrumento que nos ocupa. Es ahí donde nace toda la dificultad respecto de si es necesario aprobar o no ahora.
Los antecedentes que recibimos de la Cancillería del país vecino y de algunos actores políticos eran distintos de aquellos a los cuales se comprometieron con nuestro Ministro de Economía en el propio Perú. Ello no es extraño, porque conocemos a nuestros vecinos y es natural que existan esas diferencias. Pero nos parecía razonable hacer algunas indagaciones, lograr una mayor claridad, y, por lo tanto, veíamos que el apuro no era tan grande.
Allá se va a desarrollar una reunión de la Comisión Científica en el mes de octubre y se suponía que Perú tenía que dar antes pasos decisivos en la ratificación.
La relación que intento hacer es importante para comprender por qué mantenemos una discrepancia, a pesar de concordar en el fondo.
La información que recabamos no era exactamente la misma con que contaban nuestra Cancillería o nuestro Ministro de Economía. Es así de claro y de crudo. No hay ninguna novedad, como dije recién.
Tuve la oportunidad de hacer personalmente algunas averiguaciones al más alto nivel en ese país y me di cuenta de que el asunto no constituía una prioridad, tal como se había manifestado. En consecuencia, nos pareció oportuno desarrollar las gestiones para lograr una mayor claridad conceptual.
El viaje de la delegación obedece al trabajo permanente a nivel de ambos Congresos, de una reunión bilateral, donde la cuestión, claro, iba a ser consultada por nosotros. No era una condicionante.
Pero la situación en este momento, objetivamente, es que los peruanos no han cumplido ni piensan hacerlo. Al revés, parece que se hallan en una competencia loca, como lo ha expresado el Senador señor Horvath, por tratar de demostrar que en los últimos años registran un promedio de captura muy superior al que podría ser el real y han depredado y extraído todo lo que les ha sido posible, en una suerte de carrera olímpica como la que tuvimos nosotros hace muchos años. Ese es exactamente el motivo por el cual estábamos pidiendo un poco de tiempo más. Hacíamos referencia a unos quince días, a una semana.
Aprovecho para decirle, señor Presidente, que discrepo total y absolutamente de la interpretación del señor Secretario respecto de la segunda discusión. Hoy día recién estamos llevando a cabo un debate sobre la materia y deberíamos empezar a pronunciarnos, y la petición respectiva tiene lugar en el momento en que se va a votar. Así que dejo constancia, para los efectos reglamentarios, de mi completo desacuerdo con lo que han decidido la Secretaría y la Mesa.
Por último, hago presente que mantengo un pareo con mi Honorable colega Uriarte, compromiso que voy a respetar, lógicamente. De no ser así, me habría abstenido, al igual que el Senador señor Zaldívar, nada más que por una cuestión de oportunidad y por creer que, en este tipo de materias, mientras más consenso logremos será mejor.
No puede ser casualidad -y le he pedido las explicaciones del caso al señor Ministro de Economía, quien podrá exponerlas- que todos los actores, de los distintos niveles, hayan venido a manifestarle a la Comisión, en esta misma Sala, que no era conveniente una aprobación tan rápida. Entonces, uno se pregunta: "¿Por qué diablos nos apuramos?". El Gobierno sabrá y tendrá sus razones. El Senador que habla, por lo menos, quiere dejar constancia de lo que nos correspondió definir a nosotros.
Estando de acuerdo con el fondo del proyecto, señor Presidente, creo que el factor de la oportunidad me habría obligado a abstenerme en esta votación.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Como estamos en votación, el señor Ministro sólo puede hacer uso de la palabra para rectificar conceptos.
Lamento que sostengamos una distinta interpretación reglamentaria, Honorable señor Pizarro, pero usted sabe que estos aspectos resultan siempre enigmáticos.
El señor PIZARRO.-
Así es la vida.
El señor ESCALONA (Presidente).-
No hay nada más misterioso que el Reglamento a esta altura de la existencia...
El señor LARRAÍN.- ¡Otras cosas lo son más...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, cuando se discutió la materia en la sesión de ayer, tenía claro que no era de Fácil Despacho, pero pensé que, en los hechos, se iba abordar de manera rápida, dadas las discusiones registradas en la Comisión de Relaciones Exteriores y la importancia del asunto y del objetivo que se persigue.
El instrumento que nos ocupa, amparándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en el Acuerdo de Nueva York, de 1995, permite que países ribereños de la costa del Pacífico, entre otros, se pongan de acuerdo para generar un conjunto de normas aplicables en especial en alta mar, pero no exclusivamente.
Y el tratado trae aparejada la belleza -porque exhibe una, señor Presidente- de que, junto con fijarse tales disposiciones, reglas que Chile, por ejemplo, se dé en sus 200 millas puedan ser respetadas en un país ribereño en la medida en que un miembro del tratado así lo acepte o al menos explique las razones en contrario o si tiene una medida mejor.
Con la convención, entonces, se podrá hacer frente, en el caso del jurel, recurso transzonal o altamente migratorio, a aquellos que hoy día no se hallan sujetos a ninguna regla internacional y se contará con un marco jurídico en relación con los mismos peces a los cuales mi Honorable colega Zaldívar hacía referencia, que entran y salen de las 200 millas.
Como estamos todos de acuerdo con el fondo -eso es lo que he escuchado-, las dudas surgen respecto a la oportunidad. Todos coincidimos en que la proposición parece buena y en que constituye un paso gigantesco, por no existir esta regulación internacional. Aceptando que alguien tenga una visión distinta, mi lógica opera tal vez al revés: hoy día se carece de dicho ordenamiento y falta una ratificación para que pueda entrar en vigor y sea posible comenzar, en consecuencia, a fijar las reglas.
Y un país muy importante para nosotros, como Perú, ha dado señales de que ese trámite no le resulta prioritario, si bien no puedo afirmar que no va a cumplirlo. Dificulto que por una visita o dos de ocho de los nuestros eso vaya a ocurrir.
En consecuencia, ¿cuál es el interés del Estado de Chile, no de un sector que se dedique a la pesca? Que el tratado entre en vigencia lo más pronto que se pueda y que seamos nosotros los que formemos parte de los que van a empezar a determinar la normativa. Porque, verificada la ratificación que falta e iniciada la vigencia, los que accedan después van a tener que adoptar y aceptar las disposiciones ya establecidas.
No es indiferente, por lo tanto, la cuestión de la oportunidad. Comprendo el razonamiento de algunos de mis Honorables colegas, señor Presidente, y lo respeto, pero, desde el punto de vista del interés -repito- del Estado de Chile, si se trata de ser parte de una convención en virtud de la cual se podrá regular respecto del alta mar algo que hoy día no existe, prefiero ser de los que escriban la norma y no esperar para preguntar después cuál me tocó.
Pido aprobar el proyecto de acuerdo, señor Presidente, porque creo que resulta fundamental.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Me ha llamado la atención su reflexión sobre la belleza, en lo atinente a la materia que nos ocupa.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, la belleza existe. Es cosa de abrir los ojos. Hay que abrirse a percibirla.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Me impresiona, señor Senador.
El señor LAGOS.- Ella sí es misteriosa. Solo se requiere una actitud.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Kuschel.
Su Señoría tiene que aportar algo nuevo al respecto...
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, respecto de la oportunidad, no comprendí hacia dónde iba el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, pero terminó aterrizando en lo que nos interesa. Si algunos colegas preguntan cuál es el apuro y expresan que una nación que no es la nuestra lleva a cabo una carrera olímpica, debemos entender que la oportunidad para nosotros es cuanto antes, ahora.
Lamento el tiempo que hemos perdido, en circunstancias de que nuestro país fue precisamente el que estuvo promoviendo desde 2002 el acuerdo internacional en estudio. No sé por qué ahora -no he podido advertir las razones- hemos sido reticentes en acogerlo.
Y estimo que no tenemos nada que coordinar con Perú en la materia. Este instrumento internacional le conviene a ese país igual o más que a nosotros. Ahora, si no lo ratifica, es su decisión.
Por los antecedentes que se han proporcionado acá, debemos cumplir el trámite a la brevedad, y siento que hayamos demorado tanto.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- En una forma acorde con sus ancestros, Su Señoría ha opinado según una lógica estricta...
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Por mi parte, señor Presidente, no sé si podré aportar, pero me parece razonable el comentario de mi Honorable colega Lagos, al cual agregaría la belleza de pensar. Creo que está muy bien que hoy día nos demos el tiempo para considerar qué le significa a nuestro país la Convención y por qué queremos la conservación y el ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar. No solo no contamos con estos últimos, sino que también tenemos que proteger los ecosistemas, como se ha dicho correctamente.
Ya sabemos que se registra casi la extinción de algunas especies muy importantes. En el informe se expresa que "el Coordinador Regional de Pesquería del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, señor Mauricio Gálvez, sostuvo que esta Convención debe ser ratificada a la brevedad, sobre todo por la situación en que se encuentra el jurel. En este sentido, agregó que se pueden acordar planes y medidas respecto al jurel, o bien, establecer cuotas. Indicó que la ratificación puede hacer sustentable el desarrollo de dicho recurso y proteger otros, como la jibia, la caballa y la reineta. Puntualizó que la Convención no sólo resguarda al jurel," -la especie suscita una honda preocupación- "sino que también protege otros sistemas vulnerables.".
El solo hecho de que logremos coordinarnos, de que podamos dialogar, de que tratemos de establecer estas reglas a un lado y otro del Pacífico manifiesta por sí solo la importancia del instrumento que nos ocupa. Además, la aplicación del enfoque precautorio y de un enfoque ecosistémico dice relación justamente con lo que deseamos preservar.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que la aprobación del tratado es oportuna, necesaria, y mi voto va a ser a favor. Espero que todo se verifique lo antes posible.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hace una década se dictó la ley sobre los límites máximos de captura por armador, que entregó cuotas con nombre y apellido. Ello permitió concentrarse en el jurel y pasar de casi 5 millones de toneladas, en 1995, a las escuálidas 252 mil de 2012.
Los industriales chilenos impulsaron la creación de la Organización Regional del Pacífico Sur para "ordenar" la pesca en alta mar y buscar el establecimiento de cuotas. Parlamentarios viajaron a Asia Pacífico a promover la firma del Convenio. Sin embargo, algo varió. Las flotas extranjeras comenzaron a "hacer historia", y el diseño de nuestros empresarios sufrió un pequeño colapso.
Han pasado ya seis años desde la iniciativa. SONAPESCA y ASIPES fueron las que promovieron el acuerdo como un tema de país, pero hoy día quieren convencer al Congreso y al Ejecutivo de no ratificar el instrumento internacional, pues "no hay garantías".
El no verificar ese trámite respecto de la ORP daría cuenta de que somos un país muy poco serio. Chile entraría en la categoría de "pirata" de la pesca del jurel en alta mar.
Este último es un pez transoceánico que se encuentra desde las costas del Pacífico hasta Tasmania, en Australia. Puede vivir 14 años y medir un metro veinte, y en Chile estamos discutiendo acerca de rebajar la talla mínima de 26 centímetros a 23. Ya ni siquiera se trata de juveniles, ni de reclutas, sino de minijuveniles, aun antes de desovar, sobre la base de la tesis de existir stocks diferentes, en circunstancias de que toda la información científica indica uno de carácter único para todo el Pacífico sur.
Por eso, la ratificación de la Convención es urgente, de tal manera que la aplicación del principio precautorio y del enfoque ecosistémico permita salvar el recurso. Hoy día, todos los informes científicos señalan que se llegaría, en forma optimista, a un 19 por ciento de su biomasa, si no hubiera pesca, y solo a un 5 por ciento de la biomasa desovante con capacidad de reproducirse. O sea, estamos en medio de una crisis. Y los registros de captura entregados a nivel internacional respecto de 2011 estimaron esta última en 522 mil 440 toneladas, de modo que sobrepasaron todas las opciones y recomendaciones científicas.
Chile tiene que ponerse a disposición del cuidado, del uso precautorio del recurso, pues no es el único que lo utiliza.
Por cierto, Perú no ha cumplido.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de obligar a los países a que cumplan? Que se apruebe la Convención lo más pronto posible.
Si Perú no la suscribe y esta entra en vigencia, nuestro vecino tendrá que obligarse a cumplir lo establecido en ella. Y no podrá hacer lo que quiera en su zona económica exclusiva o en altamar.
Por eso, estimo que debemos aprobar este proyecto de acuerdo, pues tiene que haber un ordenamiento jurídico de la pesca del jurel si no queremos matar este importante recurso, que ha producido tanta riqueza en Chile y del cual en la actualidad dependen miles de empleos.
Hay quienes han querido convencer a los trabajadores de que la no firma de este instrumento posibilitaría la mantención de sus puestos laborales. Ya lo dije en 2002: si no se lleva a cabo un trato social entre la industria pesquera y los trabajadores, estos últimos serán los que pierdan en caso de una crisis.
La Ley de Pesca funciona en nuestro país solo si hay pesca; cuando no existen recursos, no lo hace. Y, por cierto, debemos contar con una ley de pesca capaz de funcionar de manera permanente, preservando el recurso y protegiendo los derechos de los trabajadores.
Me pronunciaré a favor de esta ratificación, toda vez que considero importante que la Convención entre en vigencia cuanto antes, a fin de obligar a cumplir a los países que no lo están haciendo, porque así nos protegemos todos.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque ya casi todo se ha dicho.
Solo deseo recalcar que Chile ha sido uno de los precursores en la búsqueda de un acuerdo para regular lo que sucede en aguas internacionales, donde el mundo, hasta ahora y desde hace mucho tiempo -cientos de años- ha promovido la globalización de los recursos pesqueros.
Como no existe ninguna regulación, impera la ley de la selva, o más bien "la ley del mar", porque ahí cada uno hace lo que quiere, hasta ahora.
Me parece un avance aprobar esta Convención, que los países se obligan a respetar en aguas internacionales, más allá del imperio que sus legislaciones nacionales tienen para regular el tipo de pesca, las artes de pesca, y para proteger los recursos, tanto el jurel como otras especies. A mi juicio, constituye un progreso muy importante de civilización mundial establecer marcos regulatorios que se apliquen fuera de las aguas territoriales.
La ratificación de este instrumento va a proveer al planeta de más y mejores especies. Se trata de un paso adelante en la protección de los recursos pesqueros.
Hubiese sido deseable que Perú lo aprobara junto con Chile, porque creemos que, en una competencia por un mismo recurso que se mueve entre ambas naciones, resulta indispensable que ellos también se sometan a esta Convención. No obstante, si no lo hacen, los propios acuerdos internacionales los obligarán a cumplir gran parte de lo que ella prescribe.
De manera que, sin perjuicio de mi deseo de hacer esfuerzos para ratificar en conjunto este instrumento, creo que su aprobación es urgente, indispensable y conveniente para los intereses de Chile, de la pesca artesanal, de la industria pesquera y, en general, de la preservación del recurso marítimo.
Voto que sí.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (26 votos a favor, 2 abstenciones y 3 pareos), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los señores Sabag y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, los señores Espina, Frei (don Eduardo) y Pizarro.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señor Ministro, lamento la descortesía de no haberle dado la palabra hace un momento, pero usted sabe cómo es el Reglamento.
Podría haber tenido una deferencia con usted, por su condición de ex Senador, pero aquel es muy estricto.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Me parece bien que el Reglamento no deje hablar a los Ministros en medio de una votación. ¡Pero se podría haber interpretado que no rige esa norma para quienes han sido Senadores, señor Presidente...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
¡No la hemos incluido todavía, señor Ministro...!
Tiene la palabra.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer esta votación unánime del Senado, lo cual significa que en 30 días más entrará en vigor la Convención.
Me parece que con ello Chile pasa a ser parte de la historia de la conservación de estos recursos en el Pacífico Sur.
Considero que, si hay un país al cual esta Convención le conviene, es precisamente al nuestro, que la impulsó durante el Gobierno del Presidente Lagos; la continuó con la Presidenta Bachelet, y la ha concluido en el período del Presidente Piñera.
Estimo que, con esta votación, las Administraciones chilenas muestran, en el concierto internacional, un compromiso resuelto con la sustentabilidad de los recursos pesqueros del Pacífico Sur.
Algunos señores Senadores discutieron en torno al sentido de la oportunidad. Yo quiero aportar una mirada diferente.
Creo que la oportunidad se produjo hace ya varios meses y que Chile no estaba quedando bien al mostrar una dilación inexplicable, pues había sido uno de los países que impulsaron la creación de la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur.
Me parece una gran noticia para quienes queremos que estos recursos se regulen, se administren y tengan una mirada de sustentabilidad que nos garantice volver a contar con los stocks que las pesquerías tradicionales tuvieron, especialmente la del jurel, en el Pacífico Sur.
Además, deseo precisar algo muy importante.
Hace algunas semanas me tocó ir a Perú. Solicitamos, como Gobierno, una audiencia con el Ministro responsable del área, José Urquizo, a la cual me acompañó el embajador chileno José Luis Balmaceda. En el caso de Perú, estuvo presente el embajador Nicolás Roncagliolo (creo que así se llamaba, si mal no recuerdo). Y en esa ocasión el país vecino se comprometió a avanzar en esta materia.
Considero que hoy en el concierto internacional resulta imposible que una nación no suscriba estos compromisos. Ojalá Perú también lo haga antes de que se lleve a cabo la reunión del Comité Científico de la ORP, que Chile ha promovido realizar en Lima durante el mes de octubre.
A mi juicio, aprobar esta Convención reviste gran relevancia para nuestro país, porque, si no la ratifican ocho países que sean estados ribereños antes de noviembre, el número de naciones necesario para que entre en vigencia aumentará a 10. En mi opinión, en el caso de Chile no existe ningún motivo para rechazarla.
Si algo hemos sido capaces de conservar como país es nuestra política internacional y nuestro prestigio en los diferentes foros mundiales.
Esta aprobación del Senado, junto con la que ya se había producido en la Cámara Baja, nos pone a la altura de nuestra imagen en estas organizaciones. Y me parece que el compromiso que muestra el Parlamento chileno con esta ratificación, en materia de sustentabilidad de los recursos, es muy trascendente.
Quiero señalar que los mismos conceptos contenidos en la ORP fueron incorporados al proyecto de "Ley larga" que está tramitando el Congreso. Por lo tanto, existe coherencia en la sustentabilidad que estamos incluyendo en nuestro país, la cual se encuentra integrada en estas organizaciones internacionales.
Creo que esta no es una votación cualquiera, sino una que va a marcar el inicio de una Convención de gran relevancia para el Pacífico Sur.
Muchas gracias.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE REGULACIÓN DE FARMACIAS Y MEDICAMENTOS
El señor ESCALONA (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en mociones de los Senadores señores Girardi y Ruiz-Esquide y del ex Senador señor Ominami; de los Senadores señora Alvear y señor Ruiz-Esquide; del Senador señor Muñoz Aburto, y de la Senadora señora Alvear, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en materia de regulación referente a farmacias, con segundo informe de la Comisión de Salud, informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre los proyectos (6523-11, 6037-11 y 6331-11, 6858-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de ley (mociones de los Senadores señores Girardi y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami; de los Senadores señora Alvear y señor Ruiz-Esquide; del Senador señor Muñoz Aburto, y de la Senadora señora Alvear):
En primer trámite, se dan cuenta en las siguientes sesiones:
1) Sesión 19ª, en 19 de mayo de 2009 (6523-11).
2) Sesión 45ª, en 19 de agosto de 2008 (6037-11).
3) Sesión 82ª, en 6 de enero de 2009 (6331-11).
4) Sesión 4ª, en 23 de marzo de 2010 (6858-11)
Informes de Comisión:
Salud: sesión 40ª, en 4 de agosto de 2010.
Salud (segundo): sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Hacienda: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Discusión:
Sesiones 41ª, en 10 de agosto de 2010 (se aprueba en general); 24ª, en 12 de junio de 2012 (queda pendiente su discusión particular).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, en la sesión de ayer se sometieron a votación las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Salud que no fueron objeto de petición de votación separada, incluyendo la norma de quórum. Y quedaron pendientes las proposiciones aprobadas solo por mayoría.
Ahora bien, se ha solicitado votación separada para las siguientes disposiciones:
1) En el artículo 1°, N° 1:
--El artículo 94, inciso primero, para eliminar "eficacia comprobada".
--El artículo 97, inciso primero, para eliminar "eficacia".
--El artículo 100, en cada uno de sus incisos.
2) El artículo 2°.
3) En el artículo 3°, la primera frase del inciso segundo.
Además, corresponde votar las enmiendas aprobadas por mayoría tanto en la Comisión de Salud como en la de Hacienda.
Siguiendo el orden del articulado, habría que votar primero el inciso primero del artículo 94, contenido en el número 1) del artículo 1° del proyecto, para eliminar "eficacia comprobada".
El señor ESCALONA (Presidente).-
Agradecemos la presencia de miembros de Greenpeace en tribunas, quienes nos acompañaron con paciencia en la discusión del asunto anterior, en el cual mantuvieron un comportamiento ejemplar.
También saludamos a los representantes de los diferentes gremios del sector farmacia: trabajadores y empleados, según entiendo.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, lo primero que quiero hacer es pedir, en nombre del Comité Partido Socialista, segunda discusión. Ello es factible, según me indicó la Secretaría, respecto de las normas que aún quedan por votar.
Ahora, me habría gustado que estuviera presente el Ministro. Siempre que hablamos de salud, él no está. Sin embargo, nos acompaña el Secretario General de la Presidencia, quien imagino que lo va a representar.
Señor Presidente, esta es una moción combinada con una indicación muy potente del Ejecutivo, para ser francos. Y quizás sea el proyecto más importante que ha presentado la Cartera del ramo durante el mandato del Presidente Piñera. Porque aborda un tema tremendamente importante para la ciudadanía. Toda la gente se ha relacionado alguna vez con farmacias, medicamentos, en fin.
La iniciativa en debate establece un fortalecimiento muy claro de las atribuciones rectoras y normativas del Instituto de Salud Pública y aborda una serie de materias que a mi juicio es relevante resaltar.
En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la protección de la salud de la población a partir de la exigencia de normas de seguridad medicamentosa y de buenas prácticas de manufactura. Aunque parece algo obvio, hay laboratorios en que se han encontrado pelos en las tabletas. También está todo lo relativo a las instalaciones en las que deben mantenerse y preservarse los medicamentos.
Otra cuestión fundamental es la receta médica. Se establece la obligación de colocar siempre en ella el medicamento de acuerdo a su denominación común internacional, o el nombre del genérico, lo cual beneficia al paciente.
Por otro lado, quiero precisarles a los Senadores Coloma y Novoa -por su intermedio, señor Presidente- que los medicamentos tienen eficacia comprobada en la medida que son bioequivalentes. Uno no puede exigirle a un medicamento que salve al paciente cuando la enfermedad es muy grave. Nadie está obligado a lo imposible; tampoco un medicamento.
Pero -como digo- la eficacia comprobada tiene que ver con la bioequivalencia, que, en el fondo, es un proceso en que se certifica que un medicamento cumple con ciertos requisitos, de tal manera que es equivalente, desde el punto de vista del efecto clínico que puede tener, al medicamento patentado o a la patente de invención. Hay medicamentos genéricos, y también genéricos de marca.
A eso se refiere la expresión "eficacia comprobada", la cual, a mi juicio, no se presta para ningún tipo de interpretación equivocada.
Lo otro importante es que un medicamento solo puede ser sustituido en la farmacia por un medicamento de igual o menor precio.
Ahora, mediante este proyecto se pretende impedir las comisiones por la venta de determinados productos; la denominada "canela". Se ha presentado una indicación a los efectos de que ello no perjudique el ingreso de los dependientes de farmacia, que tiene un componente mixto: un monto fijo, más las comisiones por las ventas de ciertos productos.
Esto es muy relevante, porque de esa manera no habrá ninguna inducción para vender determinados medicamentos, que no siempre son los más convenientes.
Otro aspecto trascendente es la rotulación de los fármacos. Los medicamentos tienen que estar rotulados en la cajita. Alguien de una farmacia dijo que eso era imposible en la práctica. Pero, si están rotulados los lápices en el supermercado, no veo por qué no pueda estarlo también un medicamento.
El fraccionamiento de los remedios es otra cuestión importante. Si a alguien le dicen que requiere un tratamiento por dos días, una tableta cada 8 horas, ¿por qué le van a vender 20 o 30? Con un químico farmacéutico perfectamente se pueden garantizar las condiciones para que el fraccionamiento se realice de buena forma.
Un tema crucial, que no quisiera dejar de lado, dice relación con el reparo que manifesté a la intervención del Senador Espina. Quiero dejar establecido en la Versión Oficial que lo tocante al artículo 129 D, en relación con la integración vertical, no formaba parte de las materias que la Sala encargó, para su análisis, a la Comisión de Constitución.
Allí se está prohibiendo algo que quizás se da en muchos otros ámbitos de la economía. Incluso, lo discutimos cuando vimos la iniciativa de los tecnólogos médicos con mención en Oftalmología. Un oftalmólogo no puede vender lentes. De la misma manera, un laboratorio que produce medicamentos no puede distribuirlos, ni comercializarlos; tampoco tener farmacias, porque, si así fuera, finalmente no habría competencia. ¿Qué hace un laboratorio? Buscar todas las fórmulas posibles para vender los medicamentos que él mismo produce.
Esa es una materia fundamental. Por eso, nos preocupaba la votación unánime contra dicho artículo, contenido en el número 2) del artículo 1° del proyecto.
Diría, entonces, que este proyecto aborda las materias de manera bastante integral.
Las funciones y facultades que se le dan a la Central Nacional de Abastecimiento son muy importantes y significativas. Voy a graficarlo de la siguiente manera. Si ningún laboratorio, por razones políticas, ideológicas, morales, religiosas, quiere registrar sanitariamente en el ISP la píldora del día después, la CENABAST tiene la obligación de garantizar el acceso al medicamento y puede registrarlo. Los registros transitorios y extraordinarios son posibles frente a coyunturas sanitarias que así lo ameriten.
No dispongo de más tiempo, señor Presidente, así que dejo hasta aquí mi exposición, reiterando que estamos ante una iniciativa muy relevante. Además, ratifico mi solicitud de segunda discusión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Senador Rossi, entendemos que usted debe asistir a un importante evento internacional, por lo que no contaríamos con su presencia a partir de algunos minutos más. Por eso, le queremos pedir que nos precise si está solicitando segunda discusión para todos los artículos pendientes, o solo para el que mencionó.
El señor ROSSI.-
Solo para el 129 D.
El señor ESCALONA (Presidente).-
¿Y para el artículo transitorio vinculado con él?
El señor ROSSI.-
También. Estoy de acuerdo con lo que usted me plantea, señor Presidente. No es mi intención obstaculizar la tramitación de este proyecto. De modo que pido segunda discusión para esos dos preceptos.
El señor ESCALONA (Presidente).-
¡O sea, interpretamos de manera correcta a Su Señoría...!
El señor ROSSI.- ¡Usted generalmente lo hace así...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, muchas de las materias a las cuales se refirió el Senador Rossi ya fueron aprobadas. Porque no se ha pedido votación separada para la mayoría de ellas.
Hay cinco o seis artículos que sí se encuentran en tal situación. Yo me voy a referir, específicamente, al que está en discusión, es decir, al artículo 94, en la parte que dice que corresponderá al Ministerio de Salud velar por la eficacia comprobada de los medicamentos.
Solamente me voy a abocar a eso.
Con todo respeto, quiero diferir de la opinión que acabo de oír.
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, eficacia es la "capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera". No tiene nada que ver con la bioequivalencia.
La eficacia es un concepto muy específico. Y en esta iniciativa de ley se establece que el Ministerio debe garantizar la eficacia comprobada, o sea, que los medicamentos tengan la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
La pregunta que surge es: ¿Se les garantiza a todas las personas? ¿Se garantiza que el medicamento tenga una composición que en la generalidad de los casos ayuda?
A mi juicio, dicho concepto debe ser revisado, porque estamos pidiendo al Ministerio de Salud que asegure algo inadmisible: no se puede prometer que un medicamento posea la capacidad de lograr el mismo efecto en todas las personas.
Por ende, podríamos enfrentarnos a una situación que, por el hecho de que un fármaco que se aprueba no surta el resultado deseado, signifique una responsabilidad para el Estado; y también que, si no se certifica esa condición, no se registre.
Ese es el punto.
Acá estamos aprobando una norma legal. Y yo tengo que ver cuáles pueden ser sus consecuencias.
En mi opinión, la calidad y la seguridad de los medicamentos pueden ser garantizadas por el Ministerio de Salud o por el registro. La "eficacia" es un concepto distinto.
Por eso, pido votación separada respecto del término "eficacia", para tener claridad en cuanto a las obligaciones que estamos imponiendo al Ministerio de Salud y a los requisitos para registrar los remedios.
No tiene más efecto que eso; o sea, precisar el alcance jurídico de la palabra "eficacia". Nada más. El resto de las normas me parecen muy razonables.
Y como se puso en votación el artículo 94, propongo que el resultado se extienda al artículo 97, que también habla de "eficacia" para el caso del registro, a fin de evitar otro debate sobre el tema, porque es el mismo concepto.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, sin duda, como dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el que nos ocupa es una de las iniciativas más importantes que hemos visto en materia de salud.
Los objetivos que las modificaciones proponen son, entre otros, los siguientes:
-Velar por el acceso a medicamentos esenciales.
-Redefinir el rol de diversos agentes del sector salud.
En efecto, la CENABAST podrá registrar productos farmacéuticos en caso de excepción y los Seremis de Salud tendrán la opción de vigilar la presencia de medicamentos falsificados, adulterados, alterados y contaminados, teniendo facultad para su decomiso.
-Fortalecer la regulación y control sanitario de los medicamentos, incorporando medidas que favorecen el incremento y aseguramiento de estándares de calidad y consagrando normas sobre su publicidad y promoción.
En esto permítanme discrepar de quienes opinan que debe votarse por separado cierta disposición.
Es imposible certificar que un fármaco va a ser igual de efectivo en todas las personas. No es lo que el precepto asegura, sino el hecho de que las normas establecidas en esta materia -las que hacen pasar los medicamentos por el Instituto de Salud Pública (como sucede con la FDA en Estados Unidos)- certifiquen que un fármaco produce ciertos efectos o tales daños.
Es lo único que puede decir. Y es lo que la norma dispone. También preceptúa el perfeccionamiento en la prescripción terapéutica, definiendo la receta médica y permitiendo su emisión por medios electrónicos.
Asimismo, se incorpora la exigencia de extender la prescripción, empleando la denominación genérica del medicamento y el nombre de fantasía, en su caso. Estimo que esto, señor Presidente, es una cuestión absolutamente necesaria.
Respecto de "la canela", como la llaman algunos en forma curiosa, todos sabemos que debemos preocuparnos de que las remuneraciones de la gente que trabaja en farmacias no se vean reducidas por la presente ley. Pero digamos las cosas como son. Aquí se da la institucionalización de algo que no me parece presentable ante la opinión pública: que algunos médicos vayan al Caribe y a otros países por supuestos seminarios y que los gastos los pague un laboratorio determinado que señala al profesional: "Si usted receta mi producto, yo le regalo el viaje". Y que eso lo hagan también con el personal de las farmacias, en mi opinión, termina perjudicando al consumidor.
Entiendo que la iniciativa legal precave aquello.
Por supuesto que nos preocupa la remuneración de aquellos que laboran en las farmacias, a fin de que ella no se les rebaje como consecuencia de esta ley. Pero digamos las cosas derechamente: cuando una empresa da una comisión o "canela", o a un médico o a un funcionario se le paga un viaje o un seminario por prescribir tal o cual remedio, ¿le parece bien, señor Presidente? No.
Con eso, sin duda, se vulneran los derechos de las personas que adquieren un remedio. Esta iniciativa pretende que ellos paguen por algo efectivo, eficiente y más barato -como el genérico-, y no que deban consumir un producto de tal o cual laboratorio que costea la comisión o el viaje.
Echo de menos, a veces, dar a conocer las cosas que ocurren habitualmente.
Entonces, el proyecto pretende prohibir ciertas prácticas. Y considero bueno que lo digamos con claridad, porque los viajes y las remuneraciones extras los están solventando los consumidores al adquirir un remedio.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solo quiero referirme a una materia específica planteada ayer por el Senador señor Rossi, quien, lamentablemente, se ha retirado de la Sala. Hablé con él antes para darle personalmente la explicación que ahora expongo, que se relaciona con el informe de nuestra Comisión.
La señora ALLENDE.-
¡No lo vaya a leer de nuevo...!
El señor LARRAÍN.-
No, señora Senadora.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se leyó ayer ese informe.
El señor LARRAÍN.-
Se planteó -y con razón-, que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia había ido más allá del cometido específico que se le había formulado. Y sobre ello es la explicación que quiero entregar.
El encargo a la Comisión fue pronunciarse en particular sobre algunas disposiciones que creaban figuras penales en el Código del ramo por el proyecto que nos ocupa, y que se hallan contenidas en el artículo 5° original.
Sin embargo, cuando revisé la Versión Oficial y me impuse de los antecedentes, pude ver que en la discusión en general en la Sala y luego en la discusión en particular en la Comisión se planteó un debate de constitucionalidad de la norma sobre "integración vertical", consignada en el famoso artículo 129 D. En vista de eso, consideré oportuno -así lo aceptaron los demás integrantes- pronunciarnos sobre la materia.
Si alguna competencia le cabe a nuestra Comisión es precisamente en los asuntos constitucionales. No pretendíamos invadir ni ir más allá de lo que nos corresponde, pero el texto ya estaba en nuestras manos. Y a pesar de que más de algún señor Senador quería entrar al estudio de otras disposiciones, nos pareció que ello no nos correspondía, aun cuando en esta cuestión quisimos agregar una opinión.
Quiero recordar que los informes tanto de nuestra Comisión, como los de cualquier otra, son opiniones y no son determinantes. No se trata de un fallo del Tribunal Constitucional lo que aquí se ha producido. Pero nos pareció responsable actuar si teníamos la oportunidad de hacerlo para ilustrar el alcance del precepto.
Además, no es una opinión de conveniencia. Puedo considerar muy inadecuada la "integración vertical", pero la pregunta que surgió en el debate -y que formulamos a algunos constitucionalistas- es si acaso la Carta Fundamental permite prohibir este tipo de integración. Y la conclusión a que llegamos es que no lo posibilita. Por eso digo que no es un juicio de conveniencia, sino simplemente uno técnico. Y la Sala, por cierto, lo podrá votar.
Tampoco altera su tramitación, por cuanto la disposición recibió votación dividida y de todas maneras el Senado debe pronunciarse.
Solo quería hacer dicha aclaración para un mejor entendimiento respecto del trabajo de la Comisión, del que, en esta materia, soy responsable.
El señor ESCALONA (Presidente).-
¡Fue muy valorado ayer ese esfuerzo...!
El señor LARRAÍN.- ¡Lo sé...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto largamente esperado por los ciudadanos.
Recuerdo que hace 16 años presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa que iba en la misma dirección de lo que hoy estamos discutiendo. Lamento que nos hayamos demorado tanto en el despacho de una legislación tan necesaria para garantizar la salud, la transparencia en el mercado y la competencia.
En esos años todavía existían las pequeñas farmacias. Algunos parlamentarios nos asociamos con el gremio correspondiente, que ya planteaba en ese tiempo la necesidad de regular a las grandes cadenas y a los laboratorios, que mantenían ahogadas a las pequeñas boticas. Estas debían comprar los productos casi al doble del costo de los que adquirían en las cadenas. Y en verdad a aquellas les salía más barato obtenerlos al por mayor en las cadenas al precio de público que hacerlo en el laboratorio. Aun siguen algunos capitales vinculados a los laboratorios y farmacias.
En esa época se dio un debate. Sin embargo, no avanzó en la Cámara de Diputados un proyecto que planteaba la necesidad de que la venta se hiciera por el nombre genérico y de que se desarrollaran los estudios de bioequivalencia. Hubo gran discusión. Pero, en definitiva, el ISP de entonces señaló que no tenía espaldas para llevar adelante lo que proponía esa iniciativa y mucho menos disponía de personal para satisfacer la demanda tan grande de distintos laboratorios y para efectuar los estudios de bioequivalencia.
Hoy estamos obligando al ISP por ley. Y mi preocupación radica en que dicho organismo se verá desbordado por tanta demanda y, en definitiva, la ley no se podrá cumplir, porque pasarán años en que los laboratorios -obligados por ley a entregar los medicamentos genéricos-, tendrán que disponer también los estudios de bioequivalencia, que el ISP no podrá evacuar en tiempo y en forma. Por ello, la presente iniciativa debería ir acompañada de un fortalecimiento del Instituto de Salud Pública, a fin de satisfacer los requerimientos.
Por otro lado, estamos arreglando una cosa, pero a la vez dejando a los trabajadores de farmacias en condiciones que implican disminuir sustantivamente sus remuneraciones, en muchos casos hasta la mitad. En mi opinión, el proyecto debería considerar eso.
Con el Senador señor Letelier y otros colegas hemos impulsado una indicación para mantener los ingresos de los empleados, a pesar de que la iniciativa eliminará la posibilidad de seguir entregando comisiones por venta de medicamentos de determinados laboratorios.
En mi concepto, abordar lo relativo a la integración vertical es indispensable. Con todo el respeto que me merecen la Comisión de Constitución y su Presidente, el Senador señor Hernán Larraín, así como la defensa férrea que realizó el Honorable señor Espina, yo no concuerdo con el informe de aquella por la inconstitucionalidad que contendría el artículo que impide la integración vertical.
Si fuese inconstitucional, ¿por qué no declarar de igual manera las normas sobre generación y distribución eléctrica en cuanto a que las empresas del rubro no pueden tener capitales asociados? Por ejemplo, Transelec tiene que dedicarse a la transmisión eléctrica. No puede ser distribuidora ni tampoco generadora. Hacerlo sería inconstitucional; es decir, solo le está permitido atender al público. Lo establecimos en la Ley Eléctrica. ¿Y por qué razón aquí no se puede hacer lo mismo? Lo que es bueno para una cosa también lo es para otra.
Por consiguiente, reafirmo mi respaldo al proyecto. Felicito a sus autores. Pienso que la iniciativa va a satisfacer la ansiada demanda ciudadana de tener acceso a la salud y a un mercado competitivo en abastecimiento de medicamentos.
Anuncio mi voto favorable.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, en primer término, quiero explicar por qué se originó este proyecto.
La presente iniciativa se inició cuando un grupo de parlamentarios hicimos una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica respecto de una situación que todo el país conocía.
Comparamos los precios de los medicamentos de la CENABAST con los de las cadenas de farmacias, que eran hasta más de mil por ciento superiores a los de aquella. Además, se les aplicaba diez por ciento más respecto de los de farmacias. Y nos dimos cuenta de que estas se ponían de acuerdo, de que había una colusión: al mismo tiempo, el mismo día, todas subían sus precios. Y esto era estacional: en verano subían los anticonceptivos; en invierno, los inhaladores. Así, un inhalador que valía mil 200 pesos en el mercado, lo vendían en 10 mil; un antibiótico que costaba 2 mil pesos lo podían llegar a comercializar hasta en 20 mil. Una receta para un niño con bronquitis obstructiva que no superaba los 5 mil pesos, podía llegar a costar 30 mil.
Quiero recordar que los establecimientos de salud públicos, tanto hospitales como consultorios, entregan solo el 40 por ciento de la receta.
Esto fue acogido a tramitación en la Fiscalía Nacional Económica. Después de una ardua y valerosa investigación, dicho organismo estableció que había un delito, pues las empresas se habían coludido para afectar a los consumidores.
Nuestra presentación recibió recriminaciones, incluso, un tanto injustas. Algunos colegas nos acusaron de que estábamos atacando arbitrariamente a estas empresas. Y evidentemente la situación cambió cuando la Fiscalía estableció la irregularidad.
Producto de estos hechos, un grupo de parlamentarios, entre los que se incluyen los Honorables señores Ruiz-Esquide y Rossi y señora Alvear, iniciamos un proyecto de ley que buscaba establecer regulaciones para que la situación descrita nunca más volviera a ocurrir.
Efectivamente, lo de la integración vertical se puede discutir desde el punto de vista constitucional. Pero, cuando una farmacia es dueña de un laboratorio, tiene un interés o impulso inevitable a privilegiar la venta de sus marcas.
Nosotros recurrimos no solo a la Fiscalía Nacional Económica, sino también al Ministerio Público y a los juzgados de policía local, porque las farmacias no exhiben al público la lista de precios. Y es obligatorio que lo hagan.
¿Cómo opera el sistema?
Llega un paciente a la farmacia con su receta. Nadie va porque quiera; se ve obligado; es un imperativo, porque tiene la necesidad de recuperar su estado de salud. El vendedor, en la parte de atrás de su computador, en el post -este es el sistema de la "canela"-, tiene una oferta o incentivo en orden a que si vende el medicamento que tiene convenio ese día, le dan 500 pesos por unidad. Si expende cualquier otro pero diferente al de la receta, le entregan solo 5.
El señor PROKURICA.-
Así es.
El señor GIRARDI.-
Y la persona es víctima de una manipulación indecente de los dueños de la farmacia que la obligan a ganarse una parte de su remuneración engañando y defraudando. Eso tiene que terminar. Debe ponerse fin al fraude y a la posibilidad de que los dependientes de farmacias reciban remuneraciones que se conforman sobre la base de engañar y llevar adelante un fraude hacia los pacientes. Porque nunca el convenio con la farmacia consiste en entregar un medicamento más barato, sino uno más caro que el de la receta. Y, además, si no lo hace, la echan de su trabajo.
Aquí hay un escándalo y un fraude vergonzoso, y que además está incentivado, porque muchas veces los productos de marca son del propio establecimiento.
Por eso los médicos no pueden ser dueños de una farmacia, porque ocurriría lo mismo. Si nosotros los médicos pudiéramos recetar y enviar al paciente a la farmacia propia, sucedería exactamente igual.
En consecuencia, se tomó, en conjunto, la medida de sancionar la "canela". Estoy de acuerdo en que presentemos una iniciativa para apoyar esto.
El proyecto en debate -como señalaba un señor Senador- también sanciona a los médicos que obtengan beneficios a partir de lo que recetan. Es muy importante recomendar los genéricos, por un problema de acceso a la salud. La política en general -que hemos compartido con el Ministerio- es garantizar los mejores medicamentos a precios más bajos: calidad y precio.
Senador Novoa, es posible hacer bioequivalencias. Pero resulta caro. Es cierto. Para ello, debe confeccionarse un piloto a fin de demostrar en vivo, en un paciente, que el efecto de un producto genérico, como determinada amoxicilina, es igual al del compuesto original. Ese proceso tiene un alto costo y es demoroso.
Asimismo, existen otras medidas modernizadoras muy importantes. Por ejemplo, la receta médica electrónica -la introdujimos nosotros- y los biomedicamentos. En diez años más todos los remedios serán producidos por bacterias, mediante bioingeniería. Entonces ya no se presentará el problema de la bioequivalencia. Habrá mutaciones pero muy poco significativas. Lo relativo a los elementos químicos formará parte del pasado.
Además, se plantea la alternativa de farmacias itinerantes para pueblos pequeños. Esto permitirá incluso vender medicamentos en los consultorios de localidades apartadas.
En resumen, pienso que estamos en presencia de una muy buena iniciativa legal. Y llamo a este Congreso a aprobarla.
Ahora, respecto de la integración vertical, es cierto que puede haber un problema de constitucionalidad. Si seguimos permitiendo que las farmacias sean dueñas de los laboratorios, continuará en vigor un instrumento absolutamente perverso, por el excesivo interés de los propietarios de estas de vender sus marcas propias en desmedro de otras, con lo cual se afecta la competencia y la salud de los pacientes.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, pido que abra la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
Acordado.
El señor NOVOA.-
Que se aclare lo que vamos a votar.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Están inscritos, en todo caso, los Senadores señores Ruiz-Esquide y Navarro.
Tiene la palabra el señor Secretario para precisar lo que se votará.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Honorable señor Novoa pidió votación separada del inciso primero del artículo 94, para suprimir la expresión "eficacia comprobada", y del inciso primero del artículo 97, para eliminar la palabra "eficacia".
El señor ESCALONA (Presidente).-
Esas son las normas respecto de las cuales cabe pronunciarse.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, a pesar de que estamos en la discusión particular, se ha hecho un debate en general sobre la materia. Porque se ha hablado del artículo 129 D y de otras disposiciones.
Quiero usar la palabra en ese mismo sentido.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede realizar su intervención con entera libertad, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchas gracias, señor Presidente.
No deseo cansar a Sus Señorías con tanto debate.
En primer lugar, me referiré al artículo 94, inciso primero, respecto del cual el Senador Novoa ha pedido votación separada, por cuanto no le parece apropiada la expresión "eficacia comprobada". En verdad, en esta materia rige el viejo aforismo médico: "No hay enfermedades, solo enfermos". Por lo tanto, el tratamiento general comprobado para combatir determinada enfermedad puede tener efectos distintos en una persona o en otra.
Por eso, estimamos que la aludida norma debería acogerse tal como está.
En segundo término, respecto de las votaciones separadas solicitadas, en general no tenemos problemas, salvo en lo relativo a la materia planteada por el Senador Hernán Larraín, que dice relación con el artículo 129 D.
Dicha norma pretende impedir lo que ha sido la causa fundamental de los enredos habidos en el mercado farmacéutico, que ha servido para generar toda clase de dificultades en materia de transparencia.
Por lo tanto, llamo a mis colegas -a pesar de la vibrante defensa realizada ayer por el colega Espina del informe de la Comisión de Constitución, aclarado ahora por el Senador Hernán Larraín-, porque nos parece legítimo, razonable, bueno, digno, justo, equitativo y saludable -como dice el salmo-, a aprobar el articulado del proyecto tal cual viene de la Comisión de Salud.
Tercero, quiero recoger las palabras del Senador Hernán Larraín: la opinión de la Comisión de Constitución es valiosísima, pero no constituye un mandato para la Sala. Ello, a pesar del ominoso discurso que se pronunció la sesión pasada, cuando se dijo que, si no acogíamos lo planteado por el informe, para qué lo pedíamos.
Yo siempre he sido reacio a que, en cada ocasión, se solicite el parecer de dicho órgano técnico. Pero, una vez emitido el informe pertinente, este constituye una opinión, y nada más que eso.
Por otra parte, señor Presidente, ayer hice una observación -quiero ser muy franco al respecto- que, tal vez, careció de prudencia. Señalé que en estas materias había permanentes dificultades en cuanto al uso de los medicamentos por parte de las personas, a la cantidad de veces que se debe comprar remedios, a su costo, etcétera, y que, por lo tanto, legítimamente, me parecía que en tales asuntos había que ser muy claro.
Una colega se sintió molesta y pido excusas si me faltó prudencia. No ha sido jamás mi intención poner en duda lo que hacen los Senadores. Pongo en duda lo que realizan los grandes laboratorios y las grandes farmacias para lograr sus objetivos.
Además, esta materia se tornará mucho más difícil de abordar cuando llegue el proyecto, que está en la Cámara de Diputados, relativo a la venta de medicamentos en los supermercados, idea que reviste gran complejidad.
En definitiva, los miembros de la Democracia Cristiana -creo- aprobaremos -no sé si algún camarada difiere de mí- todas las normas de la iniciativa, salvo lo referente al artículo 129 D propuesto, porque nos parece que trata de una materia intrínsecamente necesaria. De lo contrario, el proyecto entero no tendría mucho sentido.
Por último, hago presente que no hablo de "canela", por respeto a los trabajadores del sector. En todo caso, me parece inadecuado -lo he dicho siempre- que a ellos se les pague no solo el salario fijo, que merecen, sino también un porcentaje correspondiente a las ventas. Ello los obliga -seamos claros: ¡los obliga!- a una especie de carrera olímpica, como se señaló denante, por conseguir clientes. Además, constituye un abuso contra los trabajadores el que se diferencie entre quien vende más y quien vende menos.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señor Senador, el artículo 129 D y la norma transitoria vinculada a él quedaron para segunda discusión, a solicitud del Comité Socialista.
Ahora el señor Secretario especificará nuevamente -destaco esta palabra-, para que no haya confusión, lo que corresponde colocar en votación, según lo acordado por la Sala.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se ha solicitado votar separadamente, en el artículo 94, inciso primero, y en el artículo 97, inciso primero, la supresión de la expresión "eficacia comprobada" y del término "eficacia", respectivamente.
Quienes voten "Sí" acogen la eliminación propuesta; quienes voten "No" mantienen lo aprobado por la Comisión de Salud.
El señor ESCALONA (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en conversaciones con los dirigentes de los trabajadores de farmacias, me han informado que la "canela", práctica que conocimos años atrás, se ha eliminado por completo. ¿Qué era la "canela"? El porcentaje por venta que se acordaba entre el dependiente y el laboratorio. Eso ha variado. Hoy día es el dueño de la farmacia el que tiene relación directa con el laboratorio.
Lo que hoy se llama "canela" en realidad es una comisión que se pacta entre el propietario de la farmacia y los trabajadores, lo que pasa a formar parte de la remuneración. En efecto, el sueldo base es el ingreso mínimo, y a él se le agregan las comisiones.
¿Qué son las comisiones? Un porcentaje del precio de los medicamentos. Por ejemplo: por la venta de paracetamol, 0,3 por ciento; de Tapsin, 2,4 por ciento.
Eso constituye un incentivo para ofrecer y vender el producto que otorgue mayor comisión, porque al dueño de la farmacia así le interesa. Y, según me han informado los representantes de los trabajadores, que nos acompañan en las tribunas, si ellos no cumplen con cierto número de ventas, los echan. ¡Porque se les fijan metas! O sea, pueden obtener 200 mil, 300 mil pesos de ingresos por concepto de comisiones, pero, si no cumplen las metas fijadas, hay despidos, hay menoscabo.
Señor Presidente, está claro que el proyecto busca regular, entre otras cosas, el que no se incentive la venta de productos que dañen el bolsillo y la salud del consumidor. Pero también plantea limitaciones a la integración vertical.
Sin embargo, tal como han señalado algunos señores Senadores, la iniciativa no resuelve la situación en que quedará el personal de las farmacias. Pese a que afectará sus remuneraciones, esta propuesta no pasó por la Comisión de Trabajo.
--(Aplausos en tribunas).
Si queremos evitar que se cometan abusos, debemos aliarnos precisamente con los dirigentes y con cada uno de los 20 mil trabajadores farmacéuticos que hay en Chile. Ello también protegerá a los pacientes, a los compradores de medicamentos.
Señor Presidente, lamento que el proyecto no haya sido visto por la Comisión de Trabajo, en circunstancias de que sus normas van a afectar tanto las remuneraciones como el desarrollo laboral.
El inciso segundo del artículo 3° establece la obligación de etiquetar el precio de cada producto en las cajas individuales. Esto se hacía 20 años atrás. Ahora que se exigirá, además, publicar una lista de precios al público, marcar el envase de cada medicamento en realidad no representa mayor transparencia. Para comprar un producto, bastará que dicha lista se exhiba en un lugar visible.
Señor Presidente, reitero que me preocupa que el proyecto no dé cuenta de la situación en que quedarán los trabajadores. Si se aprueba el articulado con esa parte pendiente, se producirá un efecto colateral perverso. Y después deberemos volver a tratar el asunto. Si ello sucede de la mano con movilización de dicho personal, nuevamente caeremos en la lógica de preocuparnos una vez que hay reacción de la gente, de los ciudadanos.
Siento que hoy estamos a tiempo de corregir aquello, si hubiera voluntad para hacerlo.
En cuanto al anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional por la limitación del derecho de propiedad que el proyecto determinaría, se ha señalado también que promover la competencia es una finalidad constitucionalmente legítima. Es decir, el Estado debiera promover la competencia como un bien digno de protección o promoción. Su valor se deduce -lo señalan los constitucionalistas en su informe- "de lo dispuesto, entre otros, en los artículos 1°, incisos tercero y quinto, y 19, números 21 y 24, ambos de la Constitución Política".
Claramente, el sentido de competencia en beneficio del bien común tiene que ser protegido.
Entonces, señor Presidente, si bien se ha hecho una salvedad en la votación pertinente, me preocupa que al final se recurra al Tribunal Constitucional a raíz de esta llamada "limitación a la propiedad".
Hay que ponerle fin al abuso. El proyecto se basa en hechos concretos que dañaron el bolsillo de cientos de miles de pacientes, y esperamos que sus disposiciones contribuyan a que aquellos no se vuelvan a producir.
En toda esta batahola, los trabajadores siempre han sido la parte que ha sufrido las consecuencias. Y ello se manifiesta mediante la imposición de un contrato y la amenaza de despido.
¡No tienen por qué pagar ellos los efectos que esta iniciativa puede provocar!
--(Aplausos en tribunas).
Debemos tenerlos como aliados para hacer cumplir la ley. Porque los mejores fiscalizadores de que esta se cumpla son quienes venden. Ellos constituyen el nexo entre el paciente, el comprador, y la farmacia. Pero el proyecto no resuelve esta contingencia.
Señor Presidente, pido que los autores del proyecto o el Ejecutivo tomen nota de eso. Ojalá podamos poner en votación separada el asunto. Si no, tendremos que corregirlo después.
El señor TUMA.-
Hay una indicación.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Pido un minuto más, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Bien.
El señor NAVARRO.-
El Senador Girardi me acota algo que es cierto: es posible alterar los precios en los computadores, de manera permanente y evolutiva, y, por tanto, no tener certeza al respecto. Sin embargo, si las listas de precios son publicadas y controladas de manera firme, aquello se podría evitar.
Siento que faltó diálogo para establecer un mejor mecanismo y lograr los objetivos a que nos hemos referido: respetar los derechos de los usuarios, de los compradores, pero también los de los trabajadores.
Yo he respaldado la propuesta del colega Girardi. Recordemos que este proyecto refundió tres iniciativas, originadas en mociones de varios Senadores, y que fue patrocinado por el Gobierno.
¡Pero hagamos las cosas bien! Si no, al final, por aspectos como el descrito, la futura ley terminará siendo cuestionada.
Quiero que esta normativa termine con la integración vertical y proteja a los consumidores, pero sin causar daño a los trabajadores. Al contrario, debe favorecer sus condiciones laborales y sus remuneraciones.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, concuerdo con el proyecto. Me parece importante avanzar en la protección de los usuarios.
Hace algún tiempo, en el país vimos el triste espectáculo de la colusión entre farmacias para fijar precios, de manera estacional -como expresó el Senador Girardi-, a unos y otros medicamentos. En definitiva, era una forma de estafar a la población.
Al no funcionar bien el libre mercado o la competencia en una economía tan monopólica como la nuestra, suelen ocurrir esas situaciones.
Cuando hay solo tres grandes distribuidores y estos son capaces de ponerse de acuerdo, evidentemente la sociedad en su conjunto y, en particular, los sectores de mayor vulnerabilidad son los más perjudicados.
En el caso de la colusión de las farmacias, todavía no se ha terminado de aclarar lo que pasó ni de reparar el daño causado. Me temo que una vez más va a haber bastante impunidad. Pero, por lo menos, hemos tomado mayor conciencia sobre la materia.
Señor Presidente, junto con condenar la colusión de las farmacias, hago presente que me parece igual de condenable el actual sistema que rige entre ellas y sus empleados.
Es lamentable que la remuneración de estos tenga una parte variable que dependa de las comisiones, por decirlo de una manera más digna.
Resulta increíble lo que hemos escuchado: so pena de perder el trabajo, de ser expulsados de la farmacia o de recibir una sanción, ellos se ven sometidos a una situación inaceptable.
¡Es hora de que terminemos con ese abuso contra los trabajadores!
--(Aplausos en tribunas).
No es lógico que se les remunere en tal forma. Ellos son los tienen que dar la cara, y laborar bajo presión.
Pienso que, así como hemos denunciado la colusión de las farmacias, es hora de que denunciemos el abuso que se comete contra los trabajadores.
--(Aplausos en tribunas).
Solicito a la Sala aprobar una indicación que suscribimos diversos parlamentarios para evitar el daño colateral que produciría este proyecto, el cual es positivo, por todo lo que aquí ya se ha dicho y que considero innecesario repetir. Sería triste que tuviera ese efecto indeseado, que no buscamos.
Reitero mi petición de aprobar dicha indicación, con el propósito de garantizar que no se verá afectada la remuneración de los trabajadores.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI.-
Pido la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Su Señoría ya intervino.
El señor GIRARDI.-
Quiero fundar el voto, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.-
¿Me permite?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Senador señor Chahuán, usted había retirado su inscripción para hablar, en aras de facilitar la tramitación de la iniciativa.
El señor LARRAÍN.-
Le recuerdo que estamos en discusión particular, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Así es, Su Señoría. Usted fue Presidente del Senado. Sabe bien cómo funciona esto.
El señor LARRAÍN.-
Es que parece más bien debate general que particular.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, el problema es que las intervenciones que hemos oído se han orientado a una fundamentación general del texto propuesto y no de lo que se está votando: dos expresiones en los artículos 94 y 97.
Si seguimos en esa línea, no vamos a despachar el proyecto hoy, y dudo que lo hagamos en el curso de la próxima semana.
En consecuencia, le solicito procurar que las intervenciones se aboquen a las materias que estamos votando.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señor Senador, yo no estoy en condiciones de garantizar ese propósito, porque depende de la intervención de cada parlamentario.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, que el señor Secretario aclare la forma de votar.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señora Senadora, le he pedido cinco veces al señor Secretario que explique la votación. Y esta es la sexta.
En todo caso, la votación ya está concluida. No se ofrece más la palabra acerca de la materia en cuestión, porque ya intervinieron todos los Senadores sobre el particular. Naturalmente, cuando tratemos el próximo punto se podrán inscribir de nuevo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Honorable señor Novoa pidió votación separada del artículo 94, inciso primero, para suprimir la expresión "eficacia comprobada", y del artículo 97, inciso primero, para eliminar la palabra "eficacia", porque las dos disposiciones estaban relacionadas.
Por consiguiente, se pusieron en votación ambas proposiciones.
En ese sentido, quienes votan que sí, apoyan la supresión, y los que votan que no, son partidarios de mantener lo propuesto por la Comisión de Salud, en cuanto a la expresión y a la palabra a las que me he referido.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión de las expresiones "eficacia comprobada" y "eficacia" contenidas en el inciso primero del artículo 94 y en el inciso primero del artículo 97, respectivamente (13 votos contra 11 y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis y Prokurica.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Alvear y los señores Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés)
No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro y Sabag.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ahora los señores y señoras Senadores recuperan el derecho de hacer uso de la palabra.
El señor NOVOA.-
¡Van a hablar de cualquier cosa, señor Presidente!
El señor LARRAÍN.-
¡A esta hora se improvisa...!
El señor ESCALONA (Presidente).-
No importa. Yo no cuestiono lo que hablen.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
A continuación, los Senadores señores Novoa, García-Huidobro y Letelier han pedido votación separada de cada inciso del artículo 100, correspondiente al artículo 1° del proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el artículo 100.
Están inscritos para intervenir los Senadores señores Girardi y Ruiz-Esquide y señora Alvear.
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, este artículo dice relación directamente con el fraude que hicieron las farmacias.
Deseo explicar nuevamente por qué se puede realizar ese fraude: porque las farmacias no tienen lista de precios. Y a pesar de que ganamos un juicio contra ellas, aún no la implementan. Cuando alguien necesita comprar un medicamento, debe acercarse al computador y le dan el precio. Pero si va por un paracetamol, no puede saber cuánto cuestan las distintas versiones de ese producto.
¿Qué hacen las farmacias? Efectúan los cambios en el computador central y así van modificando los precios.
Por eso, junto con el Ministerio de Salud, propusimos que cada producto llevara un rótulo con su valor, en la misma forma como se expenden los diversos artículos en un supermercado. La única manera de proteger al consumidor es exigiendo que el medicamento exhiba un precio, al igual que la ropa o cualquier otra mercadería, porque así no lo pueden cambiar.
El tema de la "canela" es fundamental. Yo insisto en dar a conocer la manera en que funciona esto. Se obliga al trabajador a vender determinados productos, porque su sueldo y, además, su permanencia en el trabajo están vinculados con la comercialización de mercaderías sujetas a convenio. De modo que recibe un estimulo muy superior si vende determinado paracetamol, de un laboratorio específico y no de otro. El dependiente, entonces, está obligado a reemplazar la receta.
Esos son los instrumentos que han permitido que esas empresas cometan fraude. Así pueden elevar hasta un mil por ciento el valor de los medicamentos, porque, primero, no hay lista de precios y no tienen obligación de marcarlos en los distintos productos. Además, sus computadores se encuentran en red y les es posible cambiar los precios en todas las farmacias o en algunas de ellas, en determinados sectores.
Por lo tanto, si no se aprueba este artículo, estaremos haciendo letra muerta la defensa de los consumidores respecto a la colusión.
Este artículo tuvo su origen en el Ejecutivo y su propósito es enfrentar la colusión de las farmacias. En efecto, se obliga a los trabajadores a cometer fraude; a vender determinados productos, y a cambiar la receta o la indicación médica por un medicamento siempre más caro, respecto del cual la farmacia tiene un convenio.
Lo anterior no solo se ha sostenido acá, sino también en el Ministerio Público, y hay más de una docena de altos ejecutivos formalizados por esos manejos. Y la única manera de evitar ese tipo de prácticas es aumentando las sanciones e impidiendo que ellas puedan realizarse.
El artículo 100 apunta justamente a eso: a que se respete la receta médica. Es cierto que el comprador puede modificarla en caso de que se le prescriba un remedio caro. Pero ello ha de provenir de él, y no del dependiente. Normalmente, en la farmacia le dicen al cliente: "No hay el producto que usted pide; pero tenemos este otro". Esa es la forma como ellas proceden.
Por lo tanto, es fundamental aprobar este artículo. De lo contrario, las farmacias, sobre todo las cadenas, van a seguir con las mismas prácticas abusivas, de corrupción, de fraude, obligando a sus funcionarios a sumárseles, porque las "canelas" constituyen una parte muy importante de la remuneración.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, ¿me permite hacer presente una cuestión de Reglamento?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, como está claro que cada uno habla de lo que quiere y no de lo que estamos votando, le pido al señor Secretario que antes de poner en discusión un precepto dé lectura a su texto. Porque en el artículo 100 no vislumbro la materia a la que se ha referido el Senador Girardi, menos en su inciso primero.
Entonces, pongámonos de acuerdo para poder ordenarnos.
Sugiero, como moción de orden, que se lea primero lo que vamos a discutir para así entendernos todos.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Muy bien.
El inciso primero del artículo 123 del Reglamento establece que "La discusión particular tiene por objeto examinar el proyecto en sus detalles y pronunciarse sobre el segundo informe de la Comisión, en su caso".
Y el inciso segundo señala: "La discusión se hará por artículos sucesivos. Sin embargo, la discusión particular de los códigos o de los proyectos de considerable extensión podrá hacerse por título o en otra forma, si la Sala así lo acuerda.".
Aquí no estamos discutiendo un título, sino el artículo 100, acerca del cual el Senador señor Letelier solicitó que la votación se hiciera inciso por inciso. Por lo tanto, si bien se halla en debate dicha norma, la primera votación se hará respecto al primer inciso.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, deseo hacer una consulta.
Lo que pasa es que ayer, el Senador señor Letelier y otros, entre quienes me cuento, planteamos la inquietud de cómo garantizar a los trabajadores que no se les disminuyan sus ingresos cuando se prohíben los incentivos. Eso fue lo que hicimos presente, y con mucha fuerza.
El Honorable señor Letelier nos dijo, por lo menos a nosotros, que había formulado una indicación sobre el particular. Quisiera saber si ella se encuentra en la Mesa para ser discutida.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La indicación a que se refiere Su Señoría fue presentada por diversos señores Senadores, y tiene por objeto agregar un nuevo artículo transitorio, justamente en relación con las remuneraciones de los trabajadores. De consiguiente, como vamos en el articulado del proyecto, llegaremos a ella cuando sea su minuto.
Ahora, dado que no es una indicación renovada, habrá que decidir su situación en ese momento.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, es evidente que va en un artículo transitorio, porque es una situación de excepción. Pero la norma se halla ligada directamente a lo establecido en el artículo 100. Ese es el meollo del asunto...
La señora ALLENDE.-
Así es.
El señor PIZARRO.-
... Y, tal como han señalado todos los señores Senadores, si no aprobamos esto, no tiene mucho sentido el esfuerzo que se ha hecho. Porque aquí es donde hay que cortar, de alguna manera, el círculo vicioso. Sin embargo, si se cambia radicalmente la situación contractual de los trabajadores, ellos van a ver disminuidos sus ingresos.
Entonces, los empleadores van a decir después: "Ah, claro, no se preocupen, si esto lo hicimos porque la ley nos obliga y estos señores fueron los que les rebajaron los ingresos".
Por eso, nosotros somos partidarios de establecer una fórmula que permita, por lo menos, garantizar los sueldos promedio. Yo sé que es una situación de excepción, pero, por lo que me informaron en la Comisión de Trabajo, eso se ha hecho en otro proyecto.
Este es el tema, señor Presidente, y yo pido que busquemos una alternativa de solución. Digo lo anterior, pues puede ocurrir que veamos el artículo transitorio quién sabe a qué hora, cuando ya no podamos arreglar el problema.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Señor Senador, usted también ha sido Presidente del Senado y sabe perfectamente bien que cuando llegue el momento de discutir esta indicación corresponde que la Sala se pronuncie. Como no es una indicación renovada, se requiere la unanimidad para tratarla. Y se pedirá en su momento.
El señor PIZARRO.-
Exacto. Esa es la razón por la cual solicito que la discutamos ahora.
El señor ESCALONA (Presidente).-
La Mesa, para facilitar el adecuado conocimiento, le pide a la Secretaría que proceda a fotocopiar la indicación y a ponerla en los pupitres de los señores Senadores, pero es facultad de la Sala su definitiva aprobación.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, para una cuestión de Reglamento.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, usted tiene toda la razón: la indicación hay que votarla en su momento. Pero también la Sala, para legislar como corresponde, puede perfectamente alterar la disposición en ese sentido, ya que el artículo transitorio está relacionado con el artículo 100. Porque, yo entiendo lo que se ha planteado respecto de este último: existe la inquietud de que si lo aprobamos y se quitan todos los incentivos a los trabajadores y luego se rechaza el artículo transitorio propuesto en la indicación, automáticamente se estará produciendo el daño que nadie quiere...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO. Así es.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
... Entonces, para hacer una cosa razonable, yo le plantearía a la Sala que primero votáramos el artículo transitorio y luego el artículo 100, porque va a depender de aquel qué es lo que pasa con este último.
El señor NOVOA.- Si quieren, votamos todo al final.
El señor ESCALONA (Presidente).-
El Comité Socialista me informa que solicita segunda discusión.
El señor LARRAÍN.-
¿De todo?
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Muñoz, le ruego que me puntualice si es acerca de un artículo o del conjunto de ellos.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, pedimos segunda discusión respecto de todas las normas que están pendientes.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Muy bien.
--Quedan para segunda discusión todas las disposiciones restantes a partir del artículo 100.
ESTABLECIMIENTO DE CAUSAL DE CESACIÓN TEMPORAL EN CARGO DE CONCEJAL
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Orpis, Rossi y Sabag, en primer trámite constitucional, que establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la causal de cesación temporal en el cargo de concejal, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8291-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Orpis, Rossi y Sabag):
En primer trámite, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2012.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 16ª, en 9 de mayo de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 23ª, en 6 de junio de 2012.
Discusión:
Sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012 (se aprueba en general).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 15 de mayo de 2011.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En virtud de la aprobación de una indicación sustitutiva de Su Excelencia el Presidente de la República, la Comisión realizó enmiendas consistentes en reemplazar los dos numerales del texto del proyecto aprobado en general, las que acordó por unanimidad.
Las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna Senadora o algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas.
Ahora bien, estas enmiendas unánimes deben ser aprobadas con 21 votos, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe, en la tercera columna, las modificaciones introducidas por la Comisión y, en la cuarta, el texto como quedaría al aprobarlas.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
En discusión particular.
Hay una propuesta de la Comisión. Salvo que algún señor Senador quiera impugnarla, correspondería votarla.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, desde la perspectiva del Ejecutivo nos parece que esta es una iniciativa muy relevante, que apunta a resolver problemas que han ocurrido en la dirección de los gobiernos comunales.
El texto en debate ha sido fruto de una moción, entre otros, del Senador Orpis y cuenta con una indicación del Ejecutivo. Específicamente, procura subsanar dificultades como las que se han presentado en Arica, donde la conducción de la municipalidad queda muy precaria o debilitada, y, en segundo lugar, solucionar la situación de otros municipios en donde el reemplazo de los concejales ha sido afectado por acusaciones de distinta naturaleza.
En suma, creemos que es un proyecto importante, favorable, que resuelve un problema institucional que hemos visto durante el último tiempo y cuenta, por lo tanto, con el respaldo del Poder Ejecutivo.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, esta iniciativa es urgente resolverla y ojalá que la Sala la apruebe en el día de hoy y que el Ejecutivo le coloque urgencia para tramitarla en la Cámara de Diputados.
Inicialmente, la moción consideraba solo uno de los aspectos, que es el reemplazo en el caso de estar impedidos los concejales o la mayoría del concejo. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades solo establece el reemplazo, salvo un caso muy excepcional, en virtud de una sentencia. Pero no por impedimento.
En la práctica, lo que ocurrió en Arica es que la mayoría del concejo, por una medida cautelar, se ha visto impedida de concurrir a las sesiones y resolver una serie de materias vinculadas con el ejercicio de la función comunal.
Ese vacío legal que existe en la legislación se resuelve con esta moción, al establecerse un mecanismo de reemplazo temporal.
En segundo lugar, señor Presidente, en virtud de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, el proyecto pretende resolver otro tema en particular, que se incorpora a la moción original y que se refiere a la elección, entre comillas, de los alcaldes cuando el concejo no reúne el quórum pertinente para tal fin, lo que se ha producido en una serie de municipios del país.
Creo que lo peor que le puede ocurrir a una institución como la municipalidad es que exista vacío de poder, ya sea en el concejo o a nivel de la máxima autoridad comunal.
Ambas situaciones se resuelven mediante esta iniciativa, que no solo se circunscribe al caso de Arica, sino que además es aplicable al sinnúmero de problemas de tal índole que se han registrado a lo largo de nuestro país.
Por lo expuesto, le solicito al Senado que apruebe este proyecto con la mayor urgencia posible.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
A continuación está inscrito el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
No haré uso de la palabra, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Yo tampoco intervendré, señor Presidente.
El señor GÓMEZ.-
Que se abra la votación.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, quiero valorar la iniciativa en debate y ratificar el planteamiento del colega Orpis en cuanto a que el Ejecutivo, si el Senado la aprueba, le ponga la máxima urgencia posible en la Cámara de Diputados.
Debo informar que hace más de tres meses el Alcalde de Nancagua fue destituido por la justicia y que hasta hoy no se ha podido elegir a su remplazante porque en las sesiones extraordinarias permanentemente no se da el quórum requerido y, por tanto, el municipio continúa sin su más alta autoridad.
Este proyecto resuelve definitivamente dicho problema, que emana de que la ley vigente tiene un vacío, y permite dar gobernabilidad a la comuna de Nancagua y a cualesquiera otras que puedan verse enfrentadas a igual situación.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la moción que dio origen a este proyecto se presentó con la finalidad de solucionar fundamentalmente el problema ocurrido en la Municipalidad de Arica. El Ejecutivo lo acogió y lo mejoró de manera sustancial para abarcar otros casos, como el de la elección de remplazantes de los Alcaldes de La Florida y de Nancagua: en sus municipios, al no asistir los concejales a las sesiones respectivas, durante muchos meses ha habido un vacío de poder por falta de la primera autoridad comunal.
Cuando por fuerza mayor muchos concejales no pueden concurrir a las sesiones, se busca una salida como la que da esta iniciativa, que servirá para muchas comunas que afrontan graves problemas de similar naturaleza.
El texto de la ley en proyecto es muy claro. Con él se solucionan problemas derivados de vacíos legales.
En efecto, el legislador nunca imaginó que, en un concejo de ocho miembros, seis, más el alcalde, estuvieran inhabilitados.
En otras municipalidades, por no llegarse a acuerdo para elegir al alcalde, los concejales no han asistido a las sesiones durante varios meses, provocando con ello un vacío de poder en la comuna.
Con la indicación del Gobierno se mejoraron sustancialmente las normas de esta iniciativa. De esta manera se dan condiciones de gobernabilidad en todos los municipios del país.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, solicité la palabra para pedirles a los miembros de la Comisión de Gobierno una aclaración.
Llevando la situación al extremo, se podría dar el caso de que, por el hecho de estar presos -tal sucede en Arica-, los concejales se vean impedidos de asistir a las sesiones tras una, dos, tres, cuatro o cinco citaciones y, por tanto, queden inhabilitados.
¿Pero qué pasa si salen libres?
El señor SABAG.-
Pueden volver a ejercer sus funciones.
La señora ALVEAR.-
Así es.
El señor PIZARRO.-
A eso apunto.
Mi duda es qué ocurre si esos concejales salen libres y quedan sin cargo alguno que los inhabilite para seguir ejerciendo sus funciones.
Estoy viendo que el último inciso del artículo 76 bis que se sugiere agregar a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece la posibilidad de que asuman suplentes. Pero entiendo que, si desaparece el impedimento, los titulares vuelven a ejercer sus cargos en propiedad.
El señor ORPIS.-
Así es.
El señor PIZARRO.-
De esa manera se evita el abuso que podría cometerse para tratar de cambiar la correlación de fuerzas en el concejo o para impedir que un concejal ejerza su cargo.
Me quedó aclarada la duda, señor Presidente.
El señor ORPIS.-
Votemos, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, efectivamente, este proyecto de ley aborda dos situaciones: la de Arica y la de La Florida.
Ahora, se nos plantea la solución más fácil. Lo hice ver en la Comisión, pero no insistí, para no entorpecer el despacho del proyecto.
En mi opinión, debió haberse pensado más en buscar una fórmula para que quien suceda al alcalde saliente corresponda a la mayoría de votos expresada por la ciudadanía.
Por lo tanto, si tiene que ser remplazado un alcalde del pacto que obtuvo más votos, es lógico que lo sea por un concejal de ese pacto. Y si se tratara de un independiente, ahí podría aplicarse la norma que hoy día estamos discutiendo.
Sin embargo, no se dio esa solución, pues no hubo tiempo suficiente para algo diferente de lo que se hizo.
En consecuencia, quiero llamar la atención en tal sentido. Buscamos más bien un procedimiento para evitar que los concejales no den el quórum requerido para sesionar y dejen pendiente la nominación del alcalde, y por tanto, acéfala la alcaldía.
En esa línea, lo lógico sería que el remplazante fuera el representante de la expresión mayoritaria de los votantes y no el de la expresión ciudadana minoritaria.
El señor ORPIS.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Está abierto el debate.
Yo comparto la observación del Senador señor Zaldívar.
Consulto a la Secretaría cuándo vence la urgencia del proyecto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El 20 de junio, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Esta iniciativa contiene normas de quórum especial, y...
El señor WALKER (don Patricio).-
No hay en la Sala votos suficientes, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.-
Que se toquen los timbres.
El señor ORPIS.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Debo recordar que una vez abierta la votación no hay vuelta atrás.
En este momento no tenemos quórum suficiente.
El señor GÓMEZ.- Así es.
La señora ALVEAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, para no arriesgar el proyecto, quiero formular una solicitud.
Con esta iniciativa legal se intenta resolver dos problemas. Y, existiendo discrepancias respecto a uno de ellos, me parece prudente separar la votación de ambos.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
¿La señora Senadora pide formalmente separar la votación?
La señora ALVEAR.-
Sí, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Aún no he abierto la votación.
El Reglamento permite solicitar separación de la votación antes de que ella se inicie.
Señor Secretario, clarifique por favor el sistema que se aplicará.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Perdón, señor Presidente, pero tal vez la Secretaría incurrió en una distracción.
La votación separada que se acaba de pedir recae en un artículo único conformado por dos numerales.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Así es.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
A su vez, el numeral 1) tiene dos letras: a. y b.
Todas las modificaciones introducidas por la Comisión inciden en normas orgánicas constitucionales.
Al respecto, hago presente que, por tratarse de normas que deben aprobarse con quórum especial, no rigen los pareos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, es claro que debemos votar en forma separada el Nº 1) completo, que corresponde al sistema de remplazo para el caso de las municipalidades donde no haya alcalde, y el número 2), que aborda la situación concreta planteada por el Senador Orpis con motivo del problema registrado en Arica.
El señor ORPIS.- Así es.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, le solicito que ordene tocar los timbres para llamar a votación, pues tengo la esperanza de que muchos Senadores que se encuentran en el edificio -algunos, en las proximidades de la Sala- vengan a votar.
En seguida, deseo señalar que en la comuna de Arica la situación es dramática, porque el concejo ni siquiera puede hacer una enmienda presupuestaria. De manera que la municipalidad y los servicios que ella debe prestarle a la comunidad se están viendo seriamente afectados, dañados, ante la imposibilidad de materializar acuerdos, emprender acciones, modificar el presupuesto, etcétera.
Ahora, asumiendo que solo aprobáramos el reemplazo de los concejales temporalmente impedidos de ejercer sus funciones -esto ocurre con la mayoría de los de Arica, quienes se hallan en prisión preventiva-, igual deberíamos solucionar lo relativo a la nominación del alcalde, y con mayor razón tratándose de comunas donde constituye práctica habitual el no dar quórum -esto hay que decirlo también: en repetidas oportunidades es de lado y lado, no de un solo sector político- para que no se imponga determinada mayoría, muchas veces sin considerar el daño que se le causa a la comunidad.
Por eso, sería muy bueno hacer sonar los timbres o avisarles a los Senadores ausentes que tenemos una votación importante en la Sala.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra al señor Ministro.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, yo también quiero insistir en destacar la urgencia que reviste esta iniciativa.
A propósito de lo que plantearon algunos señores Senadores, debo puntualizar que el Ejecutivo hizo presente la suma urgencia y que va a mantener esta calificación en la Cámara de Diputados.
En todo caso, nos parece fundamental que ojalá se apruebe hoy este proyecto, que implica una contribución importante a la institucionalidad y a la autonomía de los gobiernos locales.
La situación que se está viviendo en comunas como la de Arica, donde ha tenido que intervenir la Contraloría General de la República -de alguna manera por falta de capacidad nuestra para corregir debilidades institucionales-, impide que se manifieste la autonomía local.
Por tanto, deseo reiterar la petición de que se apruebe esta iniciativa, que solo resuelve situaciones muy recurrentes, haciéndolo de manera práctica, rápida, para permitir que los gobiernos comunales sigan funcionando.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Votemos en forma dividida, señor Presidente, como se solicitó.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Ya están sonando los timbres.
Abriré la votación apenas se constate el ingreso de quienes se hallan fuera del Hemiciclo.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, en primer lugar, dentro de lo complejo de esta situación, que puede cambiar en cualquier momento, comparto la idea del Senador Zaldívar en orden a que reemplace al alcalde quien pertenezca al pacto por el que este se presentó a la elección.
Segundo, tengo una duda que deseo que se me aclare.
Como podrían realizarse varias votaciones, quiero saber cuál es el quórum mínimo que se exigirá para ser elegido alcalde o concejal.
Porque estaba sacando la cuenta, y concluyo que será factible elegir a alguien con dos votos.
El señor SABAG.-
Lógico.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Si se prefiere esa fórmula, está bien. Pero tal mecanismo me parece bastante poco representativo, considerando la dramática situación en que podría estar la alcaldía o el concejo.
A mi juicio, eso es una "minorización".
¡El remedio parece ser peor que la enfermedad...!
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
No hay más inscritos.
Voy a abrir la votación.
Antes el señor Secretario precisará los términos de ella.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Conforme a la solicitud que se formuló, la Sala debe pronunciarse sobre el número 1) del artículo único.
Votar "sí" significa aprobar esa disposición, y "no", lógicamente, lo contrario.
El señor ORPIS.-
Hay que realizar dos votaciones.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Y en ambos casos se necesita quórum de ley orgánica constitucional.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
En votación el número 1) del artículo único, que tiene dos letras: a. y b.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
El señor Secretario leerá el numeral completo.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El proyecto dice lo siguiente:
"Artículo único.-
Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades:
"1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 62:
"a. Remplázase, en la frase final del inciso tercero, donde dice el "inciso siguiente" por "los incisos siguientes".
"b. Agréganse los siguientes incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, nuevos:
"En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario municipal citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fracasada, en idénticas condiciones a ésta.
"Si la segunda, nuevamente no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario municipal citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la anterior. Esta nueva sesión extraordinaria destinada a elegir alcalde se celebrará con el o los concejales que asistan y resultará elegido alcalde, aquel concejal asistente que en ella obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de empate, será considerado alcalde aquél de los concejales igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección municipal respectiva.
"Si esta tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse, asumirá como alcalde aquel concejal en ejercicio y sin impedimento, que hubiere obtenido el mayor número de sufragios en la elección municipal correspondiente.
"El concejal que resulte electo alcalde en virtud de lo dispuesto en este artículo no podrá ser de aquellos que ejerzan el cargo temporalmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 bis, a menos que la totalidad de los miembros del concejo haya sido designada conforme a dicha norma.".
Hasta ahí llega el numeral 1.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
La Senadora señora Alvear pidió votar separadamente ese número, y es lo que estamos haciendo efectivo en este momento.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación
--Por no haberse reunido el quórum constitucional exigido, se rechaza el número 1) del artículo único del proyecto (13 votos a favor y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Gómez, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
En votación el número 2).
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el número 2 del artículo único, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 23 señores Senadores se pronuncian a favor, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
FACULTAD DE POLICÍAS PARA PRACTICAR PRIMERAS INVESTIGACIONES DE DELITO
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Espina, Hernán Larraín y Prokurica y de los entonces Senadores señores Allamand y Chadwick, en primer trámite constitucional, relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7050-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Espina, Larraín (don Hernán), y Prokurica y de los entonces Senadores señores Allamand y Chadwick):
En primer trámite, sesión 33ª, en 7 de julio de 2010.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 23ª, en 6 de junio de 2012.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es ampliar las facultades de las policías para practicar las primeras diligencias de la investigación de hechos que revisten el carácter de delito, sin esperar una orden del fiscal, para evitar que se pierdan información y medios probatorios, elevar el éxito de las investigaciones y favorecer la disminución de la delincuencia.
La Comisión deja constancia de que, no obstante ser el proyecto de artículo único, lo votó solo en general para permitir la presentación de indicaciones que hagan posible la revisión de distintos aspectos durante la discusión particular.
La idea de legislar fue aprobada por tres votos a favor, de los Senadores señores Espina, Carlos Larraín y Hernán Larraín, y uno en contra, de la Honorable señora Alvear.
El texto que se propone acoger en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señoría tienen a su disposición.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En discusión general.
Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Pido segunda discusión, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en la primera discusión.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
AUMENTO DE SANCIONES A RESPONSABLES
DE INCENDIOS FORESTALES
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8155-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2012.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son aumentar las penas a quienes ocasionen incendios forestales y las multas reguladas en la Ley de Bosques; consagrar dos agravantes de responsabilidad para el autor del delito en el caso de que se afecte la vida animal o vegetal en un área silvestre protegida o de que haya actuado para obtener un beneficio económico; contemplar una atenuante si se adoptan en forma inmediata y eficaz las medidas tendientes a la extinción y al control del siniestro, y regular la situación en que varias personas participen en el delito y no sea determinado el autor.
La idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Larraín Fernández y Tuma.
Cabe hacer presente que el órgano técnico, con la misma votación, acordó proponer a la Sala que la discusión en particular sea encomendada a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Agricultura, unidas, por contener el proyecto disposiciones que modifican el Código Penal.
El texto que se propone acoger en general se transcribe en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, tal como lo dio a conocer el señor Secretario, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión -también nos acompañó en la sesión respectiva el Honorable señor Sabag-, y pido a la Sala, dado que se trata solo de la discusión general, que lo sancione en la misma forma.
La normativa en estudio extiende, en primer lugar, lo que debemos entender por incendio forestal, expresión que se hace extensiva a "cualquiera otra forma de vegetación arbórea, arbustiva o herbácea".
También agrega un artículo 476 bis al Código Penal, de tal manera de agravar la sanción cuando en el siniestro concurra alguna de las siguientes circunstancias: que se afecten las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida, como ocurrió recientemente, en los meses de verano, en Torres del Paine, o que el incendiario haya actuado para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del ilícito.
Por último, incorpora un artículo 476 ter al mismo ordenamiento, disposición en el sentido de que "será circunstancia atenuante la adopción inmediata y eficaz de medidas tendientes a la extinción y control del incendio forestal.".
Por todas estas razones, señor Presidente, considero que la iniciativa es necesaria. Nuestras áreas silvestres protegidas requieren precisamente una mayor protección frente a incendios intencionales, como los que hemos conocido en muchas oportunidades.
El proyecto de ley tuvo que ser reducido a las normas expuestas, dado que no obtuvimos acuerdo, lamentablemente, para transformar la actual Corporación Nacional Forestal, de carácter privado, en un Servicio Nacional Forestal público. Por no tener la entidad esta última condición, no se han podido contemplar muchas otras normas tendientes precisamente a la prevención de incendios. El texto quedó limitado finalmente a lo que expresó el informe del señor Secretario.
Pido a la Sala que vote a favor de la iniciativa.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto es importante, oportuno, adecuado, por cuanto se queman anualmente más de 50 mil hectáreas de bosque, lo que causa un grave daño al patrimonio nacional.
Muchas personas que creen que en esa forma perjudican a las empresas forestales están muy equivocadas. Estas tienen aseguradas estacas, alambres, todo, y reciben, por supuesto, el pago correspondiente. ¡El que pierde es el país! Si son bosques de 10 a 15 años, no se recuperan.
Y, lamentablemente, ¿cuántos son los condenados por estos incendios? Se cuentan con los dedos de las manos. La pena es sumamente baja. En consecuencia, la iniciativa resulta conveniente.
Por mi parte, también asistí al órgano técnico.
El texto que nos ocupa modifica el artículo 476 del Código Penal y agrega los artículos 476 bis y 476 ter. Naturalmente, sin perjuicio de ser acogido, debe pasar a la Comisión de Constitución para que sean estudiadas esas disposiciones. A mi juicio, es apropiado. Por supuesto, se aprobó por unanimidad en el órgano técnico, y le pido a la Sala hacer otro tanto. No requiere quórum calificado.
Gracias.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Se puede abrir la votación?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, solo deseo reforzar los antecedentes expuestos por mis Honorables colegas García y Sabag, en el sentido de que nuestro país exhibe 48 millones de hectáreas con procesos de erosión, de desertificación, muchos de ellos debidos a sobretalaje, siniestros y utilización inapropiada de suelos.
Ello dice relación con algo muy acendrado en la mentalidad y actitud nacionales. Si se revisan escritos de don Vicente Pérez Rosales, de don Juan Steffen, de don Augusto Grosse, cabe observar que todos los procesos de colonización y exploración llevaron aparejados fuertes incendios. En tal sentido, no solo la experiencia de Chile, sino también la de otros países ha sido la de abrir campo para la ganadería. En la época a que hago referencia no se contemplaba la utilización forestal y sí el roce a fuego. Y es preciso actuar, no únicamente por la vía de la penalización, sino también de acentuar de manera fuerte la prevención y, desde luego, la educación.
Las áreas silvestres protegidas por el Estado corresponden a un 19 por ciento del territorio nacional y la cantidad de personas que prevén incendios no es suficiente para nada. Como lo expuso el Senador señor Sabag, las cifras son más que elocuentes: se queman más de 50 mil hectáreas por año y se foresta menos que esa superficie. Por lo tanto, solo en cuanto a superficie, el balance, desde el punto de vista forestal, resulta en contra. Si a eso agregamos que lo que se quema es bosque nativo y lo que se reforesta es exótico, el saldo es peor.
Aprovecho de hacer un llamado a los parlamentarios de los distintos sectores para que lleguemos, junto con el Gobierno, a un acuerdo real con miras a tener una CONAF pública. Necesitamos un organismo de esa índole, y las materias en las que se registran desencuentros no son muchas. En consecuencia, existe la posibilidad de lograr una coincidencia entre la Concertación o la Oposición, la Alianza, los independientes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y el Gobierno para lograr dicho propósito en el año en curso.
Desde luego, voto a favor.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
A continuación intervendrá el Senador señor Tuma.
Si no hay objeciones, Su Señoría me reemplazará con posterioridad en la testera, porque deseo hacer uso de la palabra.
Acordado.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Pido abrir la votación.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto va a concitar, sin duda, el respaldo, no solo de parlamentarios, sino también de campesinos y poblaciones rurales de todos los sectores afectados en los últimos años por incendios, en algunos casos intencionales, y en otros, provocados por descuido o por razones naturales. En definitiva, está apuntando en la dirección de desincentivar la negligencia y de castigar muy severamente acciones que se traduzcan en siniestros causados en forma planificada, intencionales.
En la Comisión de Agricultura, cuando se trató el asunto, expresé mi aprensión respecto de completar la iniciativa, para hacerla coherente, con la disposición en el sentido de que "será circunstancia atenuante la adopción inmediata y eficaz de medidas tendientes a la extinción y control del incendio forestal". La forma de la redacción solo beneficia, aparentemente, a quien cause un daño intencional, pero no a quien enfrenta una casualidad o se le escapa el fuego en un roce.
Entonces, hago presente la conveniencia de introducir una corrección, durante el plazo para formular indicaciones, a fin de precisar que la causal debe comprender, con mayor razón, a quien provoque un incendio por descuido o negligencia y adopte la actitud de prevenirlo y sofocarlo.
Voy a votar a favor.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿No se ha abierto la votación, señor Presidente?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
En votación.
Me sustituirá en la testera, en este momento, el Senador señor Tuma.
--(Durante la votación).
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, nadie podría negar el interés del Gobierno en poner coto a los siniestros de bosques: destruyen viviendas, ponen en riesgo la vida de las personas, deterioran el patrimonio forestal. En definitiva, son considerados un desastre natural.
Ello lo vivimos en la Región del Biobío a partir del 1° de enero recién pasado, cuando se registró la destrucción en Itata, por ejemplo, de toda la planta de paneles de Celulosa Arauco, lo que generó la cesantía inmediata de centenares de trabajadores.
Estos incendios son un hecho real, concreto, y, en definitiva, los esfuerzos que tenemos que desplegar para su control y, particularmente, su prevención deben ser parte de políticas de Estado, pero también de las empresas.
Nuevamente, la propuesta del Ejecutivo para poder enfrentar tan grave problema es el aumento de multas y también el establecimiento de mayores sanciones de privación de libertad. Se castigaría con 11 a 50 unidades tributarias mensuales el empleo de fuego en contravención a la Ley de Bosques del cual no se haya seguido un incendio forestal y con 100 a 150 unidades tributarias mensuales en caso de que este último se hubiera registrado. En ambas situaciones se mantendría la pena de presidio.
En el inciso tercero, se sustituiría la prisión por presidio menor en su grado mínimo a medio y se elevaría la multa al fijarse de 50 a 200 unidades tributarias mensuales. Se sanciona el cuasidelito que se comete con imprudencia o negligencia, como lo ocurrido en Torres del Paine, hecho que no constituye, por cierto, una infracción a la regulación del uso del fuego en faenas agrícolas o forestales. Se realiza una diferenciación.
A mi juicio, el proyecto de ley es importante, pero total y absolutamente insuficiente. En una iniciativa de esta naturaleza, que busca enfrentar el fenómeno de fondo, esperaría encontrar un factor preventivo, no solo sancionatorio o penal. Porque se encuentra demostrado que quien causa un incendio no se pregunta, al momento de prender el fósforo, si la multa es de 11 a 50 unidades tributarias mensuales, ni si la pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio.
Por lo tanto, abrigo serias dudas de que una legislación que disponga un aumento de penas, como la que nos ocupa, se refleje en una disminución de los siniestros. En cambio, me asiste la convicción de que el aumento de la educación, de la colaboración; la entrega a las empresas de la responsabilidad de ser un buen vecino; el establecimiento de una CONAF pública capaz de enfrentar, en los hechos, el combate al fuego, pero también de implementar las tareas preventivas y educativas del Estado, nos llevará a obtener mejores resultados.
Hago un llamado al Ejecutivo -y a los miembros de la Comisión de Agricultura, que lo han visto- a que revisemos este proyecto de ley.
Entiendo que nos hallamos en la discusión general y que se va a abrir plazo para presentar indicaciones. Por tanto, tenemos una tremenda oportunidad para integrar factores de prevención, de educación, de mayor responsabilidad de las empresas.
Ya han muerto decenas de brigadistas, jóvenes con muy poca experiencia. Por consiguiente, debe existir una reglamentación.
De hecho, hemos presentado un proyecto que establece y regula la figura del brigadista forestal, fijando condiciones de capacitación, de contratación y de mantención en el frente de combate al fuego, como asimismo la intervención y participación de las Fuerzas Armadas como un elemento anexo en la lucha contra este tipo de siniestros.
Señor Presidente, siento que esta iniciativa, tal como está -solo aumentando la penalidad, incrementando las multas reglamentarias e incidiendo en el tipo penal-, no es suficiente.
La clave aquí se encuentra en la suma integrada de instrumentos preventivos, de elementos de educación y del rol de una alianza estratégica público-privada. Este problema no se va a solucionar si no se resuelve en forma adecuada cómo el Estado y el sector privado lo enfrentan. En el sector mapuche, por ejemplo, a veces de manera liviana y absolutamente injustificada y discriminatoria, son asimilados estos incendios a las comunidades. Un informe de la Cámara de Diputados del año 96 o 97 estableció que no había nexo alguno para vincular de modo inmediato los incendios forestales con la causa mapuche. Cada incendio es investigado de manera particular. En eso se hallan los fiscales.
Señor Presidente, en materia de prevención de incendios quiero hacer la siguiente observación.
¿Alguien en esta Sala sabe qué pasa con el helicóptero polaco de la CONAF? No vuela. Su mantención, su uso y la contratación de un piloto resultan tan onerosos, que en la actualidad se encuentra en la losa sin poder despegar por falta de recursos para contratar pilotos en forma permanente.
¡Esa es la CONAF que tenemos!
En cuanto a las capacidades de la empresa privada en Regiones, un helicóptero es capaz de transportar mil litros de agua. No tenemos ningún avión cisterna capaz de enfrentar de manera efectiva el ataque frontal al fuego en zonas aisladas mediante el uso de agua o atenuantes. Además, muchos de esos mil litros que la gente ve lanzar desde los helicópteros cuando se combate el fuego se evaporan antes de llegar al corazón del incendio.
En suma, señor Presidente, voy a votar a favor, pero con un sentido muy restringido, muy regulado, de lo que podamos hacer. Confío en la buena voluntad de los integrantes de la Comisión de Agricultura para generar un texto que de verdad apunte a la prevención de los incendios de manera efectiva, a través de la educación y de la participación ciudadana y no solo del aumento de las penas.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor TUMA (Presidente accidental).-
No hay más Senadores inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Vamos a fijar plazo para formular indicaciones en la próxima sesión ordinaria.
El señor GARCÍA.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, entiendo que tenemos quórum para establecer la fecha de presentación de indicaciones.
Sugiero que sea el primer lunes de julio.
El señor PROKURICA.- "Si le parece".
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
No hay quórum en la Sala en este minuto, señor Presidente.
Además, deseo sugerir que, cuando se fije plazo en el inicio de la siguiente sesión ordinaria, se tome en cuenta que el primer lunes de julio es feriado. En consecuencia, podría proponerse el último viernes de junio, que es 29. Incluso, es factible acordarlo en reunión de Comités el martes próximo.
El señor GARCÍA.-
Muy bien.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Igualmente, en esa misma instancia se podría analizar la petición relativa a que en el segundo informe el proyecto sea analizado por las Comisiones unidas de Agricultura y de Constitución.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Así obraremos entonces.
Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, al señor Ministro de Minería y a la señora Directora Nacional del Trabajo, solicitando informe detallado sobre DENUNCIAS DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES Y FISCALIZACIONES REALIZADAS EN PROYECTO MINERO PASCUA LAMA (Región de Atacama).
De la señora ALVEAR:
A los señores Ministro y Superintendente de Salud, con el fin de que entreguen antecedentes pormenorizados sobre EVOLUCIÓN DE EXCEDENTES DE COTIZACIÓN EN ISAPRES.
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole indicar el estado de avance de compromisos adquiridos por su Cartera para permitir la ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A GAS NATURAL COMPRIMIDO EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Energía, solicitándole disponer MEDIDAS NECESARIAS PARA PRONTA PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO DE LEY N° 20.571, DENOMINADA "NET METERING O MEDICIÓN NETA".
)--------------(
El señor TUMA (Presidente accidental).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
El señor ORPIS.-
Le cedemos el tiempo al Senador Kuschel.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
DIFICULTADES PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE PUENTES EN CHAITÉN. OFICIO
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, hace poco me llamaron de Chaitén tres personas preocupadas porque una empresa que estaba reparando y construyendo cinco puentes se retiró al no poder seguir avanzando debido a que un propietario del terreno había impedido las faenas. Y otra empresa, que iba a construir cuatro puentes más, no va a ir.
Como es de su conocimiento, hace varios años -creo que siete, si no me equivoco- el Gobierno accedió a declarar santuario de la naturaleza al Parque Pumalín. En ese momento, se estableció una franja de 10 metros de ancho para realizar tales tareas. Sin embargo, ese acuerdo no se está cumpliendo.
Por consiguiente, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que nos aclare esta situación y para que se reinicien a la brevedad las labores suspendidas.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
HABILITACIÓN DE CAMINO SIN TRANSBORDO ENTRE PICHANCO Y
CALETA GONZALO Y APERTURA DE NUEVOS FRENTES DE
TRABAJO EN TRAMO LAGO FAGNANO-YENDEGAIA.OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en el mismo sentido de lo expresado por el Senador Kuschel, pido oficiar al Ministerio de Obras Públicas y al Ministro Secretario General de la Presidencia, ya que existen un par de convenios firmados entre la Fundación Pumalín y el Gobierno de la época relativos no solo a dar facilidades para el mejoramiento del camino y la realización de las obras necesarias para la integración física entre Puerto Montt y Chaitén, en la franja que pasa por el Parque Pumalín, sino también a una compensación vinculada con la entrega de ciertos terrenos fiscales a cambio de los que ocupaban algunos colonos y que eran necesarios para la existencia de la franja.
Esos caminos eran utilizados mucho antes de la compra e inicio del Parque Pumalín.
En tal sentido, solicitamos al Ministerio que, respecto a la franja correspondiente al tramo sin transbordo desde Pichanco hasta Caleta Gonzalo, se hagan las mismas gestiones, no solo con la Fundación Pumalín, sino además con la Fundación San Ignacio del Huinay y con particulares, a fin de empezar el estudio que permita la habilitación del camino, sin transbordo, que está financiado. Se cuenta con los antecedentes desde hace bastantes años.
En la misma materia, en su mensaje del 21 de mayo, el Presidente de la República señaló que se iban a abrir nuevos frentes de trabajo en el extremo sur de la Carretera Austral. Me refiero al tramo entre el lago Fagnano y la bahía Yendegaia, para el cual existen estudios y procesos de acercamiento entre las organizaciones presentes allí, como la Fundación Yendegaia, para definir tres frentes de trabajo y construir ese camino que, a nivel de senda, podría estar listo en un plazo menor a dos años y medio.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
FALTA DE INFORMACIÓN A USUARIOS SOBRE USO DE EXCEDENTES
DE COTIZACIONES DE SALUD EN ISAPRES. OFICIOS
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, diversas informaciones de prensa que hemos leído en estos días dan cuenta de una acumulación de excedentes de cotización en salud de montos significativos, tanto a nivel global como también cuando ello es medido por cotizante en las isapres.
Quiero decir que esa información por una parte me alegra, pero, al mismo tiempo, me inquieta.
Me alegra porque da cuenta de que la ley N° 20.317, de 2009, ha operado plenamente. Ella fue fruto de una moción de mi autoría, que se inició en el 2006 y que con gran esfuerzo y bastante trabajo y gracias a muchas voluntades y conversaciones logramos, como Parlamento, que se convirtiera en ley.
Presenté esa iniciativa para hacer irrenunciables los excedentes de cotización en salud en las isapres y permitir que estos se depositaran en las cuentas de excedentes, quedando a disposición del cotizante para ser dispuestos en gastos futuros de salud que debieran salir de su bolsillo, incluidos medicamentos.
Esos excedentes fueron parte real de la cotización en salud, pero las isapres, antes de esta ley, se los quedaban, sin otorgar contraprestación clara en compensación. Por ello, la normativa aprobada fue un gran logro. En definitiva, se posibilitó trasladar miles de millones de pesos desde el bolsillo de las isapres al bolsillo de los cotizantes.
Las informaciones publicadas en los medios señalan que más del 50 por ciento de los afiliados al sistema era dueño de excedentes de cotización en salud, y que, en total, se han acumulado más de 48 mil millones de pesos. En promedio, entonces, estos cotizantes cuentan con cerca de 70 mil pesos de su propiedad para ser utilizados en gastos de salud, que de otra forma saldrían de su bolsillo.
Todos estos datos son motivo de orgullo. Como legisladores corregimos una gran injusticia y desarrollamos un sistema que claramente se ha traducido en soluciones para los afiliados.
Pero, como decía, estas informaciones son también motivo de inquietud. Sin duda, el hecho de que las personas desconozcan sus derechos sobre tales excedentes y no los utilicen, da cuenta de un trabajo deficiente de la Superintendencia de Salud respecto de informar a los usuarios del sistema sobre su existencia y la posibilidad de usarlos.
Hace dos días, señor Presidente, puse en mi Twitter que los excedentes de las isapres eran propiedad de los cotizantes y que cada uno de ellos averiguase cuánto tenía acumulado. Fue el tweet más visto, y la cantidad de consultas que me hicieron pone de manifiesto la ignorancia de la ciudadanía en cuanto a que los excedentes que las isapres acumulan son de propiedad de los afiliados. De manera que vuelvo a solicitarle a la Superintendencia de Salud que señale esa información en forma clara, porque los ciudadanos no tienen conocimiento de esta situación.
Antes, al menos una vez al año la Superintendencia informaba de la evolución que tenían esos excedentes, su acumulación, su uso y, en definitiva, qué se hacía con ellos. Eso recordaba a todos que tales excedentes existían, y se incentivaba su uso.
Pero de la actual Superintendencia de Salud no hemos escuchado nada sobre los excedentes, ni menos se ha preocupado de informar a los cotizantes sobre su existencia y los derechos que les corresponden sobre ellos.
Quiero hacer un llamado de atención a dicha entidad sobre el particular. La Superintendencia tiene recursos, medios técnicos y, sobre todo, responsabilidades para servir a sus usuarios. No vemos preocupación de la autoridad en esta materia.
Por eso, al menos pedimos que se informe adecuadamente y que esta información esté desarrollada en detalle.
Por tales razones, señor Presidente, solicito al Ministerio de Salud, más precisamente a la Superintendencia de Salud, que informen al Senado en forma pormenorizada sobre la evolución de los excedentes de cotización de salud en isapres.
Solicito información sobre los excedentes acumulados tanto a nivel global como de los excedentes acumulados por cotizante, en particular los saldos iniciales; los excedentes generados en el año, sus intereses y reajustes anuales; los traspasos que se han realizado a otras isapres en el año; las comisiones anuales; los usos que se les han dado; los saldos finales; los números de cotizantes; personas que ejercieron el derecho a retracto, y toda otra información relevante sobre el particular.
Pido, señor Presidente, que esta información sea presentada por años -año a año-, desde el 2005 hasta la actualidad, y en especial que se entregue una comparación entre aquel período y el 2012, para ver el impacto que ha tenido la ley N° 20.317 en ese lapso.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Horvath, Navarro y Pizarro.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Horvath asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Horvath, en calidad de Presidente accidental.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Movimiento Amplio Social, tiene la palabra el Honorable señor Navarro. Hago presente que Su Señoría dispone también de los tiempos del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia.
RECONSIDERACIÓN DE DICTAMEN SOBRE PAGO Y REINTEGRO
DE HORAS SINDICALES EN EXCESO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, estimados colegas, quiero referirme a una nueva amenaza hacia la labor sindical en Chile. La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen mutilador de derechos ganados por ley para los dirigentes sindicales.
La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) me ha hecho llegar documentación, en nombre de la ANEF, sobre el dictamen N° 17886N12, de fecha 28 de marzo de 2012, el cual ha quitado a los directores de las asociaciones de funcionarios públicos la remuneración completa de sus horas sindicales. Tal como se escucha: ¡la remuneración completa de sus horas sindicales!
Ese dictamen ordena que los directores de las asociaciones gremiales de funcionarios públicos solo pueden realizar labores sindicales pagadas íntegramente por los servicios en los que trabajan si tales horas sindicales no pasan de 11 o 22, en caso de directores regionales o nacionales, respectivamente. Es decir, sobre esas horas debe pagar la asociación gremial correspondiente.
Señala expresamente que el exceso de estas horas "en lo sucesivo, deberían ser asumidas por la asociación gremial pertinente" y que, para peor, los servicios públicos "adopten las medidas necesarias para obtener el reintegro de los valores que, siendo de cargo de la asociación pertinente, hubieren sido enterados por dicho servicio, lo cual es, por cierto, sin perjuicio de establecer la eventual responsabilidad que, en el hecho descrito, pudiere asistirle a los posibles afectados". O sea, en la práctica, se disponen incluso sanciones para quienes hubieren recibido el pago de horas sindicales por parte del servicio, una vez superadas las horas legales, con tope máximo de 22.
Esa interpretación de la ley N° 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, es absolutamente regresiva de los derechos de los trabajadores del sector público. Si el exceso horario es ilegal, la pregunta que salta a la vista es cómo es posible que la Contraloría nunca haya objetado, sino hasta ahora, los pagos de tales remuneraciones, para abonar o aumentar. Ahora el Órgano Contralor le solicita al Gobierno que pida la devolución a los representantes de los trabajadores de lo recibido, contra su propia interpretación del mismo derecho. Esto -lo quiero advertir- va a lesionar seriamente los sueldos de los dirigentes sindicales, no solo los pasados sino también los futuros.
Aquí se genera un atentado contra el derecho de propiedad de los funcionarios a su remuneración. Hacer retroactiva tal interpretación es echar por el suelo las conquistas sindicales. Y junto a los despidos masivos que conocimos en la Administración Pública tras la instalación de este Gobierno de Derecha, el que menciono es el principal golpe a las garantías laborales, del que nos hemos enterado en las últimas horas.
Quiero advertir -lo he conversado con dirigentes de la ANEF y de la ANFUP- que viene una crisis. Por conocer al señor Contralor, espero que ordene una revisión de dicho dictamen, pues los trabajadores del sector público no se quedarán tranquilos. Aquí hay un movimiento sindical que ha logrado cosas relevantes, como el aumento de remuneraciones de 10 por ciento obtenido hace un par de años.
El apoyo a los dirigentes es masivo en la lucha contra dicha resolución. Viene la discusión del reajuste en un par de meses más, y hay que prepararse para un escenario muy complejo.
A mi juicio, la Contraloría puede y debe revisar su dictamen y reconsiderarlo, porque es extremadamente negativo para los funcionarios públicos y particularmente para el mundo sindical.
Quedamos a la espera de un fallo definitivo.
Señor Presidente, pido oficiar al señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, para que nos informe en detalle, más allá de la propia resolución, cuál fue el motivo de la diferente y tardía interpretación al respecto.
Durante los últimos veinte a treinta años se han venido pagando horas sindicales en los propios servicios públicos; o sea, habrían actuado en la ilegalidad. Qué hecho determina que ahora ese criterio cambie y que se diga que deben ser descontadas a los trabajadores.
Por otra parte, solicito que también se oficie a Gendarmería de Chile, que ha sido el primer servicio que, de manera apresurada en mi opinión, dictó una resolución para poner en práctica el dictamen.
Esperamos que una nueva determinación de la Contraloría pueda devolver sus derechos al movimiento sindical, que haya una interpretación correcta de la doctrina y que el Director Nacional de Gendarmería pueda revisar su rápido accionar.
No quiero pensar que donde se puso en práctica el pronunciamiento de Contraloría exista de parte del señor Director un incentivo perverso, una animadversión en contra de los dirigentes laborales.
La forma de resolver los problemas con el mundo sindical y con los funcionarios penitenciarios es con más diálogo, con mejores legislaciones, con el Estatuto Administrativo, con una nueva ley de Gendarmería o con una nueva política carcelaria, y no aplicando de manera apresurada resoluciones del órgano contralor.
El señor Director podrá decir que de no acogerlo lo van a sancionar. Yo diría que es necesaria la prudencia. Es abogado, pero no funcionario de carrera. Y pienso que no ha terminado de conocer a los más de ocho mil funcionarios de la institución, pese a lo cual hizo suyo el dictamen, sin consulta alguna.
Espero que también allí haya una reconsideración. Si no, vamos a enfrentar el peso del movimiento sindical. Y esto no es amenaza ni bravuconada. Por el contrario, solo se trata de conocer el mundo laboral de dichos servidores, quienes han sido humillados, pisoteados y postergados. En definitiva, siguen siendo los parientes pobres de la trilogía de la seguridad pública, ya que los otros dos -tribunales de Justicia y Carabineros-, lo tienen todo. Han tenido reformas, mayores ingresos, aumento de funcionarios; y los gendarmes han quedado total y absolutamente marginados.
Planteé al señor Teodoro Ribera, Ministro de Justicia, que aquí ha de haber una revisión. Los problemas de las cárceles no se resuelven con despidos, sino capacitando y respetando la dignidad de los gendarmes. Y, por cierto de más del 50 por ciento del personal que no viste uniforme y que igualmente trabaja en este tercer componente del sistema de protección de la seguridad pública nacional.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CARTA A PRIMER MANDATARIO SOBRE VIOLENCIA Y VULNERACIÓN DE SENAME A DERECHOS DEL NIÑO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero hacer pública una carta que he preparado y que solicito se envíe a Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera.
Dice:
"De mi consideración:
"Junto con saludarlo cordialmente, le escribo" o envío la presente carta para manifestarle nuestra más honda preocupación e indignación por los hechos que pasamos a describir, y que dicen relación con la violencia y vulneración de los más sagrados derechos de los niños en Chile, por parte del SENAME y del sistema de protección infantil.
"Más de 30.000 niños maltratados por sus padres o por terceros son atendidos por el SENAME. Pero ¿cuántos de ellos son maltratados por la misma institución?
"Sr. Presidente, en un informe entregado a la Corte Suprema en agosto de 2011, los magistrados Mónica Jeldres y Germán Núñez detectaron serios problemas en diversos centros de residencia del Servicio Nacional de Menores, SENAME.
"Los jueces denuncian, entre otros, la existencia en los hogares del SENAME de la Región Metropolitana y Valparaíso casos de:
"Abusos de menores.
"Deficiente infraestructura.
"Escasas medidas de seguridad.
"Mala alimentación.
"Personal insuficiente.
"Mezcla de adolescentes infractores con vulnerados.
"Uno de ellos es del Hogar de Niñas María Goretti de Valparaíso, el cual se recomendó su cierre tras deficiencias en la calefacción y en la falta de intimidad del espacio, completamente interconectado.
"El centro Cread de Playa Ancha fue otro de los cuestionados, porque alberga a menores vulnerados con otros que han cometido delitos, incluso de diferentes edades.
"En la residencia Don Bosco, en Macul, se verificó un escape de gas y se señaló un mal servicio de alimentación.
"Finalmente, en Aldeas Infantiles SOS Madreselva, en Macul, se sugirió el cierre del lugar debido a que no hay un plan preventivo de drogas y enfermedades venéreas de sus residentes.
"Este fenómeno es generalizado: en junio de 2011 se conoció el caso del hogar de menores de Coyhaique, financiado por el SENAME, y administrado por la Obra don Guanella, de la Iglesia Católica, donde los niños fueron violados y violentados por sacerdotes y funcionarios del hogar. Para el año 2006, el hogar recibía del Estado más de 178.000 pesos mensuales por interno acogido. Eran 55. O sea, 118 millones de pesos anuales para asegurarse que los niños estuvieran bien.
"En un oficio, fechado el 19 de mayo del 2005, constan los siguientes diagnósticos iniciales detectados:
"L.I.I.C. (12 años). Presenta juegos sexuales hacia otros compañeros, incluyendo en su práctica a animales.
"J.L.A.T. (7 años). Presenta masturbación reiterada y juegos sexualizados a otros compañeros.
"C.A.B.B. (13 años). No presenta conductas sexualizadas. Sin embargo, devela hace algún tiempo haber sido abusado sexualmente.
"A.R.S.D (11 años). Presenta conductas sexualizadas hacia otros internos, desplazando su sexualidad hacia animales.
"Pese a eso, las carpetas fueron ignoradas y la investigación judicial comenzó muy tarde.
"El año 2010, en un centro cerrado del SENAME, la joven C.V.A. de 17 años fue hallada con VIH y sífilis. Entonces, la menor fue derivada a otro centro similar -en Pudahuel-, ya que no existía un lugar más adecuado para tratar su adicción, las secuelas de las violaciones de sus parientes. La misma jueza Jeldres acusó también el 2010 que en otro centro de protección de la red del SENAME, Coanil, la menor G.G.G. fue hallada amarrada a una silla y las fotografías se filtraron a los medios de comunicación.
"En octubre de 2010 salió a la luz las violaciones, prostitución infantil, estupro y abusos cometidos por 8 funcionarios del Hogar Capullo de Chiguayante, VIII Región, sobre niños de hasta 6 años. Incluso se coludieron con dos taxistas locales para cometer los delitos en un circuito ilegal de prostitución por la zona. Si bien hubo condenas de hasta 15 años de cárcel, nadie pudo prevenir los delitos, en un lugar que pretende ofrecer protección y rehabilitación de los niños.
"Ya en junio de 2006 se informó que la Fiscalía Sur de Santiago investigaba siete denuncias por delitos de estupro, violación y abusos deshonestos en la fundación Mi Casa. La vocera de la Fiscalía Sur, Andrea Coppa, manifestó que los responsables serían `distintas clases de personas vinculadas, algunos cuidadores y otros monitores'.
"En agosto de 2005 se revelaron las violaciones en el hogar Pequeño Cottolengo de Rancagua: un menor de seis años y un joven de 24, con retardo mental, quienes se encontraban internados en dicho establecimiento. Los casos de violación se suman a los de dos menores, de 13 y 17 años, por los cuales fue imputado el director del Hogar Pequeño Cottolengo. En el juicio, la fiscal Suazo leyó además la declaración de un psiquiatra, donde el profesional afirma que le llamó la atención que el niño de 13 años `de manera espontánea se bajaba los pantalones y la ropa interior, para luego dar la espalda, exhibiendo sus nalgas a la espera de algo'.
"Con la actual legislación, Sr. Presidente, un menor golpeado por sus padres puede compartir pieza con menores que han cometido homicidios y/o violaciones. En los hogares del SENAME se mezclan niños que han sido vulnerados o abusados por sus padres o entorno, con los niños que han sido condenados por haber cometido delitos criminales. No se discrimina por peligrosidad o edad. En virtud de la mezcla de menores con compromiso delictual con otros que no lo son, o por juntar niños de distinto perfil, sexo y edad, el sistema permite implícitamente la violación entre ellos, lo que es muy común.
"Así ocurrió en abril de 2008, en el Centro de Privación de Libertad (CPL) que alberga a menores infractores de ley en La Araucanía. El autor fue un joven de 18 años en contra de un niño que ya había sido violado anteriormente. Esta denuncia era la tercera en el año en el mismo hogar. Miguel Lara, presidente de la Asociación de Funcionarios Regionales del Sename (Anfur Cautín) junto al secretario Ronny Harcha, entregaron una carta a la ex intendenta de la IX Región, Nora Barrientos, donde dan cuenta que en CPL siguen ocurriendo hechos de gravedad que afectan a los trabajadores y a los adolescentes internos. `Nuevamente por el hacinamiento se detectó un caso de abuso sexual al interior, el cual afectó al mismo joven por segunda vez, hecho ocurrido por las instalaciones eléctricas defectuosas en las dependencias de internas mujeres, que fueron trasladadas en la noche a enfermería, con lo cual colapsó el espacio', expresaron.
"En la misiva afirmaron que en la madrugada del 12 de agosto en un centro de Limache los internos tomaron como rehén a un funcionario de trato directo y temen que aquello ocurra en el centro de Cholchol. `Dadas las condiciones de hacinamiento e inseguridad de los últimos meses, esto se agrava con la falta de planificación, personal de trato directo, condiciones higiénicas e insumos', sostuvieron. Los trabajadores criticaron en especial la inexistencia del agua potable, calefacción en todo el centro. `Acotamos que el agua potable se está acarreando desde el 6 de agosto en tambores y bidones desde las casas de los vecinos de Cholchol o de domicilios de funcionarios'. Afirmaron que las dependencias de alimentación están colapsadas, tanto en infraestructura y salubridad personal. Los dirigentes afirmaron que la falta de personal de trato directo significa agresiones hacia el personal y también entre los jóvenes que conforman pandillas al interior. `Es frecuente que el centro no cuente con personal de enfermería, hecho que es grave, ya que los medicamentos son administrados por personal no capacitado'.
"Otro caso aconteció en el Hogar Nuevo Amanecer de Coronel en marzo del año 2006 perteneciente al Servicio Nacional de Menores (Sename), cuando la víctima B.A.C.M. de 16 años se encontraba en una sala de estar hasta donde llegó el imputado de 17 años, sindicado con las iniciales R.F.L.C., junto a otros dos menores.
"El acusado asfixió a la víctima procediendo posteriormente a la violación, mientras los otros dos menores vigilaban que no se acercara algún funcionario del recinto.
"A pesar de todas las denuncias y la necesidad de probar los delitos, hay listas de espera de un año para hacer peritajes y acreditar los abusos sexuales en contra de un menor de edad, debido a que el Estado no invierte en más y mejores psicólogos para agilizar estos peritajes.
"En el contexto de todo lo anterior, cabe señalar que también existe una resistencia institucional para abordar casos especiales, los que al ser derivados a los hogares del SENAME, terminan en la vulneración de los derechos más básicos de los niños. Es el caso de las niñas de nacionalidad haitiana PM. y McM, de 9 y 8 años de edad, respectivamente. En estos momentos se encuentran en una residencia financiada por SENAME, el cual ha demandado a la persona que las trajo a Chile ofreciéndoles una familia, y con la cual vivieron CUATRO años. El sistema de protección encabezado por el Sename reclama ser el suficiente custodio de los derechos de los niños", pero los hechos que he descrito señalan todo lo contrario.
"En un Informe psicológico de la psicóloga clínica ALEJANDRA JIMÉNEZ VENEGAS, de 15 de Noviembre de 2011, se señala que `Llama la atención cómo se ha jugado con los sentimientos de estas pequeñas, esta es una vulneración grave. Sin poder ellas manifestar sus deseos y opiniones ante los tribunales (...) Como consecuencia, muchos de los daños en estos niños son irreversibles'.
"Refiriéndose a la separación de su madre adoptiva chilena, señala el informe que `Un niño que sufre estos malos tratos puede que aprenda a que es mejor no relacionarse con los demás y solo utilizarlos; a no entregarse a la confianza y al amor, perdiendo sentido toda relación humana. Aprenderá a desconfiar de los demás y por lo tanto de sí mismo'". Efectivamente, va a tener un serio daño interno en sus relaciones interpersonales.
"El gobierno había anunciado la división del Sename en un organismo protector y otro encargado de niños que han delinquido (el Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación y el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia), proyecto que iba a ser presentado en marzo, situación que aún no sucede.
"Ya el año 2007 se había pactado en los Acuerdos sobre Seguridad Ciudadana entre la Concertación y la Alianza la reforma integral del SENAME", pero el compromiso no se ha cumplido.
El SENAME requiere una urgente, decidida y profunda intervención.
"Ud., Sr. Presidente, ha abordado la reforma del SENAME en las dos últimas cuentas anuales de su gestión presidencial, pero aún no pasa nada.
"El 08 de agosto de 2011, la representante del Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Marta Maurás, señaló que `Chile tiene que avanzar hacia la definición de una ley de protección integral de derechos, ya que nuestro país es uno de los pocos de América Latina que no tiene un marco normativo que responda a la Convención de los Derechos del Niño, a pesar que fue uno de los primeros en ratificar este tratado'.
"El sistema de protección del SENAME se compone de 10 hogares administrados directamente por este, y por algo más de 300 recintos manejados por organismos privados subvencionados por el SENAME.
"Todos estos hogares, albergan casi 80.000 niños en todo Chile.
"Gran parte del trabajo preventivo se realiza por ONG's que son financiadas por el Estado, de acuerdo a las políticas del SENAME. Sara Ávalos, Directora de COTRA, señala que el rol de estas organizaciones privadas se limita a `la ejecución de modelos predefinidos y diseñados desde la realidad de Santiago'.
"Una gran cantidad de estos hogares de menores se han estado cerrando desde el año 2007 a la fecha, dejando a muchos niños y adolescentes en riesgo social y que muchas veces han sido víctimas de la vulneración de sus derechos sin un lugar especializado para recibirlos.
"Cabe recordar, Sr. Presidente, que estas instituciones son las responsables de la protección y la alimentación de los niños en todo el proceso de reparación de los daños"(sicológicos) "que se realiza por medio de atención ambulatoria y en el caso de las residencias con alojamiento.
"Estos hogares reciben una subvención de alrededor de 10 mil pesos por menor atendido en centros de acogida y cerca de 200 mil pesos para aquellos en residencias especializadas (donde son tratados por profesionales de alta calificación). Ante la precariedad, muchas ONG's han optado, en vez de cerrar, por la atención ambulatoria.
"En un informe que fue realizado a petición del propio Sename, se indica que la subvención estatal para los centros residenciales, para los programas de familias de acogidas y los programas de protección especializada, sólo cubre los costos reales en un 58%.
"En muchos de estos hogares contratan a personas que son sólo cuidadores, pero que no están preparadas para trabajar con niños. No hay una adecuada selección del personal, pero tampoco hay capacitaciones para ellos, que garantice atención especializada y de calidad".
Para solucionar todos estos problemas" (y dada la gravedad de lo que he señalado), se requieren más de 50 mil millones de pesos.
"En noviembre de 2011, el Sr. Ministro Joaquín Lavín anunció la presentación de un defensor del Niño, pero este proyecto, muy necesario y que se felicita, no aborda la problemática de los Hogares del SENAME o financiados por el Estado, y que efectivamente tienen serios déficits.
"Sr. Presidente, estamos profundamente preocupados por la vulneración de derechos por parte del Estado hacia los niños de Chile. No sería ninguna falsedad decir que hasta hoy los niños son objeto de sistemáticas violaciones de derechos humanos en Chile, provocadas por la omisión del Estado, quien no realiza una inversión suficiente para garantizar su bienestar, protección, rehabilitación y seguridad. En los hogares del SENAME existe un clima propicio para que los niños sean violados, golpeados, descuidados, abandonados a su suerte.
"Sr. Presidente, Ud. sabe de todo esto, pues Ud. mismo ha prometido el mejoramiento del sistema a través de proyectos de ley que hemos esperado año a año. Le pedimos que presente los proyectos de ley que solucionen" los problemas presentados. El estado actual del SENAME es nefasto y requiere una reforma desde sus cimientos. Asimismo, le pedimos que el Presupuesto de la Nación refleje la real necesidad de los niños, no la necesidad de la burocracia estatal vulneradora de derechos.
"Esto es inminente, Sr. Presidente. Cada día que pasa es un nuevo saco intolerable (...) de vulneraciones hacia niños inocentes. Esta es una herida para Chile. Y es Ud. quien puede solucionarla y engrandecer a este país. Si lo hace, señor Presidente de la República, el país entero le va a reconocer, y particularmente estos niños, que hoy día se encuentran abandonados.
"Agradecemos su atención y esperamos una pronta respuesta".
En el CERECO de Coronel la situación es gravísima. Los gendarmes están a punto de iniciar acciones, pues también se encuentran abandonados por su institución. Y la situación al interior del mismo centro es absolutamente inaceptable en sus patios, donde el agua ha aflorado de las alcantarillas, sin que hasta ahora se realice ningún tipo de intervención.
Señor Presidente, la carta dirigida al Primer Mandatario es en nombre de muchos de los niños afectados.
El señor HORVATH (Presidente accidental).- Señor Senador, desde luego, comparto y respaldo el oficio destinado a establecer rápidamente la nueva institucionalidad en materia de menores y el correspondiente financiamiento.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:4.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción