REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 81ª, en martes 11 de diciembre de 2012
Especial
(De 15:11 a 15:54)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:11, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ORDEN DEL DÍA


VIGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO

El señor ESCALONA (Presidente).- El Senado de la República fue convocado a esta sesión especial, con el objeto de conmemorar un nuevo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Es el Vigésimo Tercero desde que en las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, se estableció como norma del Derecho Internacional Humanitario, a la cual nuestro país adhirió, según ley de la República del 27 de septiembre de 1990. De manera que prontamente, desde el restablecimiento de la democracia, el Estado de Chile hizo suyos, como parte de su juridicidad, los contenidos, basados en el principio de la protección de la infancia y de resguardo integral de sus derechos.
En consecuencia, es a esta conmemoración a la que dirigimos esta sesión.
Ofrezco la palabra.

El señor ROSSI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, al culminar la Segunda Guerra Mundial en 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos "como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse". Con este hito histórico en la humanidad, aparece claramente el propósito de atribuir la calidad de ley fundamental para la humanidad, con carácter universal, incluso para los Estados no contratantes. De esta manera, la Declaración importa un límite al ejercicio del poder.
Desde entonces la Declaración y la evolución de un sistema internacional de garantías a los Derechos Humanos van configurando el límite positivo (Derecho Positivo) que la conciencia jurídica universal pretende imponer al poder y a las ideologías que rigen el control social en todas las naciones, cuestión aún muy lejos de lograrse, pero que indiscutiblemente sirve de referencia a nuestros sistemas jurídicos y que sin duda es un avance, teniendo en vista el principio de supranacionalidad, esto es, que los Estados limitan su soberanía y se someten voluntariamente a un estatuto que no emana directamente de sus órganos, sino del consenso con otros Estados, gestado a partir de los diversos tratados internacionales suscritos a lo largo del siglo XX.
Las violaciones de derechos humanos son múltiples y sistemáticas, y en la actualidad el poder las comete más abiertamente, pues no hay lugar a justificaciones ideológicas. Sobre este hecho es absurdo pensar que una ley o límite legal detenga, por efecto mágico, los actos ilegítimos del poder. Pero mucho más absurdo sería negar que ese límite positivo ha servido y sirve para desenmascararlo con mayor facilidad.
Es por eso que surge la necesidad actual de complementar la Declaración con otros instrumentos internacionales que contribuyen a perfeccionar su función limitadora y de garantías, tareas que lentamente han sido realizadas, como la controvertida ratificación del Tribunal Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pues la evolución del Derecho Internacional Humanitario y el sistema internacional de protección de los derechos humanos así lo demuestran.
Es en este contexto que los derechos humanos de los niños y las normas a las que deben aspirar todos los Gobiernos para fomentar el cumplimiento de estos derechos, se encuentran articulados de forma precisa y completa en un tratado internacional de Derechos Humanos: la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó unánimemente, en su resolución 44/25, la Convención el 20 de noviembre de 1989, y el Tratado entró en vigor en septiembre de 1990.
La Convención es el instrumento de Derechos Humanos que más ratificaciones ha recibido en toda la historia, ya que casi todos los países del mundo, excepto un grupo minoritario, han aprobado sus disposiciones. Esta amplia aceptación sirve para incrementar el protagonismo de los niños en la tarea de lograr el respeto universal de los Derechos Humanos.
Basada en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño está compuesta de una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos los Estados Partes y que no admiten reserva. Se estipulan los Derechos Humanos básicos que deben disfrutar los niños en cualquier lugar, sin discriminación alguna, tales como los derechos a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra las influencias peligrosas (vulnerabilidad) y contra el maltrato y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.
Todos los derechos descritos en la Convención se ajustan a la dignidad humana y al desarrollo armonioso de todos los niños.
La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. Estas pautas son puntos de referencia que sirven para medir el progreso. Los Estados Partes de la Convención están obligados a establecer y poner en práctica todas las medidas y políticas de conformidad con el interés superior de los niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama completa de Derechos Humanos: derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales, de todos los niños. Estos valores fundamentales o principios rectores de la Convención sirven para orientar la forma en que se cumplen y se respetan cada uno de los derechos y de punto de referencia constante para la aplicación y verificación de los derechos de los niños.
Los cuatro principios rectores de la Convención son los siguientes: no discriminación (artículo 2); el interés superior del niño (artículo 3); la supervivencia del desarrollo (artículo 6) y la participación (artículo 12).
Al ratificar ese instrumento, los Gobiernos se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado su responsabilidad ante la comunidad internacional por el cumplimiento de este compromiso; en el caso chileno, un deber de respeto y garantía en el orden jurídico internacional, cuestión que no debe perderse de vista al momento de las reformas legales en la materia, en especial al plantearse una ley de responsabilidad penal juvenil, así como una ley de protección a la infancia, pues sus normas necesariamente deben ser interpretadas conforme a los derechos y obligaciones que impone la Convención.
Sus influencias no se reducen a las modificaciones legislativas recientes en materia de protección a la indemnidad sexual del menor al sancionar la pornografía infantil y la pedofilia, ya que además hay una política de prevención, promoción y protección de la infancia a cargo del Servicio Nacional de Menores en temas tales como el maltrato infantil (en sus dimensiones físicas y emocionales); trabajo infantil; explotación sexual infantil; protección de derechos; responsabilidad juvenil; prevención, y protección de niños de la calle, entre otras medidas.
En el caso concreto, las políticas de la infancia en nuestro país a partir de la Convención se han traducido en la creación de la Oficina de Protección de Derechos, instancia de nivel comunal destinada a brindar protección integral a los niños y adolescentes que se encuentren en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos.
Las OPD ofrecen atención directa a niños y jóvenes en su contexto familiar y comunitario. Además, potencia la articulación, fortalecimiento y complementación de circuitos de servicios y recursos para la población infanto-adolescente, y facilita el posicionamiento de este segmento de la población como agente activo en la resolución de su problemática social, habilitándola para el efectivo ejercicio de sus derechos. De esta forma, se espera contribuir al diseño y gestión de políticas locales para la infancia y generar un sistema local eficiente en materia de protección, a la luz de la Convención.
Desde el punto de vista de las políticas preventivas, el SENAME se articula como parte de un Sistema de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el que, mediante una oferta de programas específicos de tipo ambulatorio, tiene por finalidad prevenir la vulneración de derechos, detectar situaciones que afecten el normal desarrollo de sus usuarios, y proporcionar atención psicosocial, a través de la oferta de diversos espacios de participación, a niños y adolescentes, a sus familias y comunidades.
Todo lo anterior por medio de proyectos ambulatorios; integración activa de las familias, con el propósito de fortalecer destrezas protectoras, y promoción de derechos a nivel comunitario, para generar el desarrollo de una cultura y entorno protector de los derechos juveniles.
Finalmente, cabe tener presente la influencia de la Convención en materia de trabajo infantil, pues el Servicio Nacional de Menores se ha hecho parte del Comité Nacional Asesor para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, en el cual participan distintas instituciones estatales, organizaciones sociales y de trabajadores y empresarios, y que es coordinado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En este contexto, la institución realiza iniciativas para el compromiso de la formulación de una Política y un Plan Nacional al respecto y para contribuir al desafío de coordinar dicho plan a escala nacional. Todo lo anterior con miras a fijar una edad mínima para trabajar, así como para establecer disposiciones reglamentarias de horarios y condiciones laborales, que se derivan del instrumento internacional al que hoy se rinde homenaje, quedando el desafío pendiente de efectuar un esfuerzo por sistematizar y unificar todas las normas que se insertan en las políticas de prevención, promoción y protección de la infancia.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, han pasado más de dos décadas desde la suscripción por parte de nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y no me voy a referir al diagnóstico, porque el Senador señor Rossi lo hizo con mucha profundidad.
Hemos avanzado en algunas normativas, como las leyes sobre Filiación, la de Tribunales de Familia, la de Responsabilidad Penal Adolescente y la de Violencia Intrafamiliar.
Me quiero referir solo a los temas pendientes en que nos hallamos al debe o en deuda.
¿Qué nos falta para dar cumplimiento a las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño?
En primer lugar, estamos en deuda. Así nos lo ha hecho ver el Comité de los Derechos del Niño en su última recomendación del año 2005, donde señala claramente que Chile no ha cumplido con algunos compromisos claves.
Nos falta avanzar, considerablemente, en el otorgamiento de un marco legal a los principios establecidos en la Convención, como la Ley de Protección Integral de la Infancia. Y esta es una cuestión muy importante.
Nuestra ley de menores viene desde 1967. Por desgracia, es una norma tutelar, paternalista, que se preocupa de los niños y adolescentes en cuanto personas en riesgo social, individuos con derechos vulnerados, pero no en cuanto a sujetos de Derecho. En muchos seminarios internacionales se la cita como ejemplo de una legislación que debe cambiar.
Por eso, hay que valorar que el Presidente del Senado y los Senadores señora Alvear, señor Letelier y quien habla hayamos presentado un proyecto para establecer una Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, que nace del trabajo con las ONG. En las tribunas hay algunas presentes: la Red Nacional de ONG de Infancia y Juventud, AGNU; la Fundación para la Confianza, con su presidente don José Andrés Murillo. Y queremos agradecer a todos ellos por los insumos que han entregado a esta iniciativa legal. Por supuesto, reconocemos al abogado Luis Correa, quien trabaja con el Presidente de nuestra Corporación, y también a Nicolás Espejo, de la UNICEF.
¿Cuál es la idea? Crear herramientas que permitan superar los obstáculos que los órganos del Estado (Poder Judicial, Congreso y Ejecutivo) pueden generar en el ejercicio de estos derechos; y fijar una serie de principios, reglas y obligaciones que determinen el marco de acción del Estado.
También hay otro proyecto muy relevante referente a la creación de un Defensor de los Derechos del Niño.
Cuando un consumidor tiene problemas con una empresa -por ejemplo, La Polar-, va al SERNAC; cuando un trabajador atraviesa dificultades con su empleador, porque no respeta los derechos laborales, va a la Inspección del Trabajo. ¿Y dónde se recurre en Chile cuando no se honran los derechos de los niños y del adolescente? A ningún lugar. Y por eso presentamos, hace un año y medio con el Senador señor Letelier una iniciativa que crea el defensor de la infancia. Pero requiere patrocinio gubernamental -desgraciadamente, no lo hemos obtenido-, porque implica gastos.
Presentamos un proyecto de reforma constitucional para obligar a legislar sobre la materia. ¿De qué se trata? De crear un órgano autónomo que no tenga que "mirar la cara" -perdóneme la expresión- a los Gobiernos de turno y que pueda plantear los asuntos vinculados a los niños y a los adolescentes con libertad, con independencia. ¿Para qué? Para proponer reformas legales, reglamentarias; para hacer ver las materias que no se han cumplido y que Chile debe satisfacer por mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, y para que se constituya en una especie de "Pepe Grillo", que pueda poner el dedo en la llaga, diciendo dónde estamos al debe en lo referente al respeto de los derechos de los niños.
Estos son dos temas relevantes.
Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una ley de protección integral de la infancia ni con un Defensor de los Derechos del Niño. Por eso tenemos que avanzar en estas materias y proveer una política y una normativa que aborden sistemática e integralmente la cuestión de la infancia y no de la manera, muchas veces, miscelánea, diseminada, como lo hacemos ahora.
Por otra parte, tenemos dos proyectos de ley importantes que discriminan entre el niño en riesgo social, con un servicio que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social, y la responsabilidad penal juvenil, que va a tutelar el Ministerio de Justicia.
No podemos avanzar en ellos sin antes progresar, al menos paralelamente, en una Ley de Protección Integral y en la creación del Defensor de los Derechos del Niño. De nada nos sirven diagnósticos y discusiones, si ellos no se materializan en políticas concretas.
Por otra parte, tenemos casos pendientes en materia de peritajes por abusos sexuales para acreditar delitos de hasta un año. Aumentamos en 350 por ciento los recursos del CAVAS, en el Médico Legal, para terminar con las listas de espera.
Nos falta avanzar en la imprescriptibilidad o en aumentar los plazos de prescripción para poder sancionar o perseguir la responsabilidad penal de los abusadores sexuales de niños.
Debemos hacernos cargo de un tema muy dramático: la violencia contra los niños. La UNICEF señala que el 71 por ciento de los niños reconoce ser víctima de violencia, de los cuales 25 por ciento recibe maltrato grave y más del 8 por ciento ha padecido abuso sexual.
En Chile, el año pasado hubo 22 mil denuncias por abuso sexual. Por cada una de ellas hay ocho casos que no se declaran. Es un tema grave y tenemos que priorizarlo. ¡Los niños no pueden seguir esperando!
Según la Contraloría, hay 7 mil 500 menores aguardando ser atendidos por programas de ayuda especializada; niños explotados sexualmente, que requieren reparación y adictos a las drogas, que necesitan rehabilitarse.
Se precisan 50 mil millones de pesos, según la Fundación San Carlos de Maipo, para atender dichas necesidades.
El Presidente de la República dijo el 21 de Mayo: "...los niños no marchan ni protestan, pero su voz se escucha fuerte en La Moneda". Eso es lo que queremos que ocurra de verdad, para que todos trabajemos transversalmente, a fin de pagar la deuda que el país arrastra con los niños.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero adherir a la ocasión que hoy día se celebra, diciendo que para los Senadores de Renovación Nacional todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia es de la mayor importancia. No hace falta decirlo, pero de pronto las cosas "por sabidas se callan, y por calladas se olvidan".
Nosotros podemos comprobar que han quedado atrás los abusos propios de la era del capitalismo manchesteriano; el trabajo de niños de siete u ocho años en las minas del carbón, quienes laboraban por nueve, diez y once horas, acarreando cargas muy superiores a sus fuerzas; los inefables abusos de los regímenes totalitarios que se cometieron no solo contra niños, sino también contra adultos (pero de los primeros uno puede presumir que gozan del amparo de la inocencia de una vida que empieza).
De igual modo, podemos celebrar que haya habido avances legislativos, a los cuales ya se han referido otros Honorables colegas. Por ejemplo, la Ley de Filiación, que confiere alguna seguridad. A la vez, la normativa que intenta combatir la violencia intrafamiliar, de difícil detección -ya lo sabemos-, pero particularmente gravosa para la formación de un niño.
Y desde ya anuncio mi voto favorable al proyecto sobre protección integral de la infancia a que hizo mención el Senador Patricio Walker. Si viene inspirada por él, estoy seguro de que cubrirá todo lo que valga la pena.
Sin embargo, quedan algunas realidades que tendríamos que procurar superar si de veras nos interesa la vida de los niños.
Por lo pronto, hay que constatar que subsisten muchas formas de explotación social y económica en varios países que alimentan la circulación internacional de bienes. Cuántas veces no concurrimos nosotros mismos a comprar productos acerca de los cuales en más de una ocasión se ha informado que tienen como componente el trabajo infantil. Esto es hoy día una realidad. Vale la pena preguntarse si a uno no le asiste algún grado de complicidad en esa situación. Porque a veces hacemos denuncias muy rimbombantes y no nos preguntamos qué porción de responsabilidad nos cabe a nosotros en ciertos abusos que se perpetúan. Por ejemplo, es conocido el trabajo infantil que hay detrás de la fabricación de alfombras en ciertos países del Oriente.
También vale la pena anotar, como algo doloroso y malo, la persistencia y aun el aumento de los delitos de abusos sexuales contra los niños. El año pasado hubo más de 20 mil denuncias en esta materia.
Y quizás, como último capítulo en la categoría de los retrocesos, podríamos indicar el debilitamiento de la estructura familiar, cualquiera que sea la forma que esta adopte. ¡Qué necesario sería que se promulgara un estatuto de la familia para reforzar su estructura! El 65 por ciento de los niños nacen hoy fuera del vínculo matrimonial, lo cual pone a muchos de ellos -no a todos- en una situación de desventaja. No hay ámbito mejor para el desarrollo personal que la familia. ¿Y qué se hace por esta? Yo creo que poco.
Hace algunos días manifesté en un seminario que sería muy bueno que en Chile los grupos familiares tributaran por el mecanismo llamado "de partes", que se aplica en lugares como Francia: se suman los ingresos familiares y luego se dividen por el número de dependientes -incluyendo a los mayores- para bajar las tasas de impuesto que gravan el ingreso familiar.
En conclusión, pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer.
En el plano individual, mostrar un poco más de recelo frente a algunos de los bienes que se nos ofrecen a precios muy módicos.
Asimismo, hacer un esfuerzo deliberado para dar un poquito más de protección a quienes se atreven a sacar adelante una familia.
Finalmente, cómo no vamos a poder hacer un esfuerzo -sé que es fácil decirlo y difícil implementarlo- por mejorar el nivel de la televisión que se introduce en todas las casas. No hace falta ir a un lugar para recibir los infinitos mensajes distorsionadores que se emiten.
Termino expresando que hoy es un día importante. Debemos acentuar nuestra preocupación por el futuro de la infancia. Quizás de esa manera aseguraremos un porvenir mejor para nuestro propio país y para muchos otros.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en representación de la bancada del PPD, quiero relevar la importancia de esta sesión especial.
Y, a propósito de ello, quiero traer a colación un proyecto de acuerdo que se aprobó por unanimidad en esta Sala, firmado por todas las bancadas y por todos los Senadores. Señala lo siguiente:
"Considerando:
"1. Que en la actualidad no existe en Chile ningún cuerpo legal integral que reconozca y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país;
"2. Que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a Chile derogar su actual Ley de Menores y promulgar una Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y, asimismo, crear un órgano autónomo de defensa de tales derechos, recomendación que sirvió de base para la formación de una mesa de trabajo y de la elaboración de un texto preliminar;
"3. Que estando en conocimiento de que existe el propósito de presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a reformar el Servicio Nacional de Menores (SENAME), surge la preocupación de que este proceso no vaya acompañado de un marco normativo integral y global en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
"4. Que en este sentido se propone que, junto a la creación de un Servicio en materia de protección de derechos de la infancia, que reemplace al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), separando su función en dos servicios especializados, uno en materia penal adolescente y otro para niños, niñas y adolescentes que requieren protección especial por su condición de vulnerabilidad, se incorporen además a la discusión legislativa los proyectos de ley que permitan contar con una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y con un Defensor de los Derechos del niño, niña y adolescente;
"5. Que, asimismo, resulta necesario adecuar la legislación vigente en pro del reconocimiento de los derechos universales de los menores. En este sentido, es preciso avanzar hacia la derogación de la ley N° 16.618, de Menores, pues este cuerpo legal no se adecua al principio de pleno reconocimiento de los niños y niñas en su calidad de sujetos de derechos como lo demanda la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990, y
"6. Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario propiciar desde el Congreso Nacional un acuerdo que tenga por objeto avanzar hacia la pronta discusión de un proyecto de ley sobre protección integral a los derechos de la infancia, que contemple, entre otros elementos esenciales, los siguientes:
"a) Principios, derechos y garantías expresos para todos los niños.
"b) Un sistema de protección integral que genere y coordine la política sobre la infancia y los derechos de los niños a nivel nacional y comunal.
"c) Mecanismos de participación infanto-adolescente y tutela judicial y administrativa frente a la violación de los derechos.
"d) La prohibición de toda forma de maltrato contra los niños, incluso dentro del hogar.
"e) La creación del Defensor de los Derechos del niño, niña y adolescentes, como figura autónoma para la defensa de los derechos de los menores.
"El Senado acuerda:
"Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, previo al envío y debate parlamentario del proyecto de ley que tiene por objeto reformar al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), se remita al Congreso Nacional una iniciativa legal referida a la protección integral de los derechos de la infancia y la creación de un Defensor de los Derechos del niño, niña y adolescentes.".
He dicho.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Saludamos a los jóvenes y estudiantes que se encuentran en las tribunas, pertenecientes al Instituto Claudio Matte de Santiago.
Bienvenidos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- También extendemos nuestro saludo a los representantes de la red de organizaciones no gubernamentales que trabajan con la infancia, que tienen una permanente y antigua dedicación por el tema de los derechos de las niñas y los niños en nuestro país.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, no existe consenso en nuestro país sobre esta materia.
Por desgracia -y no quiero que se entienda mal-, nadie habla contra los derechos de la infancia.
Somos un país que suscribió un compromiso internacional hace 23 años. Hace más de uno el Senado le hizo llegar un proyecto de ley al Gobierno actual; se estableció una mesa de trabajo; hubo un compromiso formal al respecto. En lo personal, me correspondió acompañar, junto con otros colegas, a diferentes organizaciones cuando se entregó dicha iniciativa al Presidente de la República, Sebastián Piñera, en presencia de los señores Ministros de Justicia y de Desarrollo Social. Sin embargo, producto del fracaso de esa mesa de trabajo, en el día de hoy nos hemos visto en la necesidad de presentarla directamente al Senado de la República, contrariamente a lo que era nuestra intención inicial: que dicha normativa, sobre protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fuera parte de una política nacional planteada desde el inicio de manera conjunta.
Yo no voy a repetir, señor Presidente, lo que indicaron mis colegas Rossi y Patricio Walker sobre el diagnóstico y lo que nos falta por avanzar en esta materia. Pero permítame detenerme en tres tópicos.
El primero se refiere a la importancia de hacer las cosas en orden. En primer lugar, Chile necesita una ley integral de protección o reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que contemple una profundización del principio del interés superior de la infancia; que defina el decálogo, por así llamarlo, de los derechos explícitos -y subrayo el término "explícitos"- de los cuales el Estado se hace responsable de garantizar, así como de los procedimientos administrativos y judiciales para hacerlos realidad.
Se presentó la citada iniciativa al Ejecutivo y lo que existe, después de un año de trabajo, es frustración. Y la confirmación de esa frustración la tengo aquí en mis manos: el Ordinario Nº 8156, fechado el 4 de diciembre de este año, de la señora Ministra de Justicia subrogante, Patricia Pérez, al señor Presidente del Senado, que refleja de cuerpo completo la falta de consenso que tenemos sobre el particular.
En dicho documento, la señora Ministra subrogante indica lo siguiente:
"Por medio del presente, procedo a dar respuesta a lo señalado en el oficio del antecedente, a través del cual remite el proyecto de acuerdo celebrado en sesión del día 2 de octubre del presente año, donde se resuelve solicitar a S.E. el Presidente de la República que, previo al envío y debate parlamentario del proyecto de ley que tiene por objeto reformar el actual Servicio Nacional de Menores, se remita al Congreso Nacional una iniciativa legal referida a la protección integral de los derechos de la infancia y la creación de un Defensor de los derechos del niño, niña y adolescente.
"En este sentido, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el Proyecto de Ley que Suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la Infancia y Adolescencia, Boletín Nº 8487-07, presentado a tramitación, las materias referidas a la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán de competencia del Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, el que estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social.
"En este escenario, el mencionado Ministerio se encuentra trabajando en un anteproyecto de ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo cual tengo a bien sugerir al Honorable Senado oficiar a la mencionada Cartera de Estado para que informe sobre la materia.".
Pido un minuto adicional, señor Presidente, para redondear mis ideas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ya se le concedió, señor Senador.

El señor LETELIER.- Ahí se demuestra que el Ejecutivo no entiende de lo que estamos hablando. Cree que el problema es la institucionalidad, la separación del SENAME en dos servicios: uno que vele por los niños, niñas y adolescentes que se hallan en situación de vulnerabilidad, y otro que se encargue de la institucionalidad que el país requiere acerca de niños y niñas que han tenido problemas con la justicia. Son dos realidades distintas, y hay que avanzar en ellas, pero previamente a eso se necesita una ley marco sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Eso es lo que debemos hacer de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos, y es lo que el Senado ha solicitado al Ejecutivo: una ley marco y, paralelamente, la creación del Defensor de la infancia.
Hoy recordamos un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ratificamos nuestro compromiso con ella.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín, quien se acaba de inscribir.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en nombre del Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente, deseo adherir a lo planteado en esta reunión, donde se busca fortalecer el compromiso de nuestro país con la infancia y los derechos de los niños y niñas.
Sobre el particular, debo reiterar que nosotros suscribimos el proyecto de acuerdo a que se ha aludido en la presente sesión, así como también, en particular, otro reciente, en el que planteamos la necesidad de buscar, cumpliendo con los compromisos asumidos por Chile en Naciones Unidas y en tratados internacionales sobre la materia, una protección más integral de los derechos de la infancia, de manera de contar, en una legislación amplia, con los elementos esenciales requeridos que aquí ya se han descrito: principios, derechos y garantías expresos para todos los niños; mecanismos de participación infanto-adolescente y tutela judicial y administrativa frente a la violación de los derechos; un sistema de protección integral que genere y coordine la política sobre la infancia y los derechos de los niños a nivel nacional y comunal, etcétera.
Así que, en ese sentido, nos hacemos parte y valoramos el espíritu y la orientación con los cuales la Sala adhiere hoy a esta iniciativa de protección integral de los derechos de la infancia y de creación del Defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora, en cuanto a la respuesta dada por el Ejecutivo a través de la Ministra de Justicia subrogante -a la que se refirió el Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, ella se circunscribe, fundamentalmente, a la labor que esa Cartera ha desarrollado en cuanto al SENAME, haciendo mención a la presentación de un proyecto que divide el actual servicio en dos nuevas instituciones de atención a la infancia y adolescencia, con el propósito de permitir una separación en el trato a los menores en situación irregular o infractores de ley respecto de los demás, lo que efectivamente hará posible abordar temáticas distintas que hoy, en la confusión, llevan a la obtención de resultados que no son los mejores.
Pero aquello no significa que el Ejecutivo no esté preocupado de lo sustantivo: la necesidad de enviar un proyecto de ley de protección de los derechos de la infancia. Y la propia Ministra Pérez destaca que el Ministerio de Desarrollo Social está desarrollando un texto integral sobre la materia. Tal vez, si existiera voluntad y este fuera el espíritu de la Corporación, lo que se podría hacer es insistir en que se acelerara su envío, a fin de cumplir con mayor rapidez los compromisos adquiridos.
Sin embargo, de la comunicación recibida se desprende que en el Gobierno existe la voluntad de avanzar en una mirada más global en lo que dice relación a la protección de niños, niñas y adolescentes, aparte de lo más específico y quizás más urgente, ya que es efectivo que el SENAME no está llevando a cabo su labor de la manera que uno quisiera, por las razones aquí descritas y que han sido de larga discusión en el país durante los últimos años. Es muy valiosa la división propuesta, que a mi juicio redundará en una mejor atención de los menores que ya se encuentran en la condición de vulnerabilidad.
Con todo, la idea es avanzar en un sistema de protección integral más amplio. El Ejecutivo está trabajando en ello, y, si le pareciera a la Sala, se podría reiterar la inquietud ya manifestada por el Senado, teniendo presente la respuesta que nos ha enviado la Ministra de Justicia subrogante, en cuanto a oficiar al Ministro de Desarrollo Social, en el sentido de que el Senado solicita la pronta presentación de un proyecto de ley que asegure en Chile, bajo los principios del ámbito internacional que ya han sido reseñados, la mayor y mejor protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero pedir la atención de la Sala respecto de lo siguiente.
Se nos ha solicitado, por parte de la Red de ONGs Infancia y Juventud de Chile (ROIJ), que durante largos años ha seguido este tema en el país, que, en el marco de esta sesión especial y habiendo intervenido ya los oradores inscritos, pueda dirigirse a la Sala, en representación de dicha entidad, la joven Angiel Astudillo.
¿Habría autorización para ello?
--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, invitamos a la señorita Astudillo a ingresar a la Sala y dirigirse al Senado.
Tiene la palabra.

La señorita ASTUDILLO (Representante de Red de ONGs Infancia y Juventud de Chile).- Señor Camilo Escalona Medina, Presidente del Senado; señor Vicepresidente; señoras Senadoras y señores Senadores.
Me presento.
Mi nombre es Angiel Astudillo y soy vocera de la ROIJ y de la campaña "Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos".
Como ustedes deben recordar, hace un año estuvimos en este lugar tratando el mismo tema. Me refiero al proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que viven en Chile.
Nos parece de suma importancia informar a los Senadores y Senadoras las principales problemáticas que se nos presentan en nuestro diario quehacer en el país.
Nos hemos organizado y reflexionado, en estos últimos años, junto a los otros adolescentes de las ONG que se reúnen a lo largo del territorio, y hemos destacado los ejes donde creemos que se producen las principales vulneraciones sobre los asuntos que afectan nuestra vida, como la Educación, la Salud, la Participación, la Recreación y la Vida en Familia.
Nos preocupa, hoy más que nunca, la constante vulneración de derechos que están teniendo los niños, niñas y adolescentes de nuestros pueblos originarios por la persistente represión, que impide el crecimiento integral como sujeto social de Derecho.
Hemos participado en el proceso de elaboración de la propuesta de ley que, como ya mencioné, fue presentada en el año 2011, en la que nosotros y nosotras hemos trabajado arduamente. Nos urge. Sin embargo, no ha sido considerada por el Ejecutivo. Asimismo, nos decepciona y frustra profundamente que el Ministerio de Desarrollo Social haya modificado y cambiado el objetivo principal de ella.
Ante este escenario, los niños, niñas y adolescentes hemos reestructurado las acciones de trabajo para potenciar nuestra lucha y conseguir, con éxito, que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con una Ley de Protección de Derechos.
Estamos aquí, tal como hace un año, exigiendo el compromiso de ustedes, Senadores y Senadoras, para que en Chile los niños, niñas y jóvenes vivan con derechos.
Gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión
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--Se levantó a las 15:54.
Patricio Fernández Ruiz-Tagle,
Jefe de la Redacción subrogante