REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 96ª, en miércoles 16 de enero de 2013
Ordinaria
(De 16:20 a 20:19)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez, y la Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Carolina Schmidt Zaldívar. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma, y el asesor legislativo de esa misma Subsecretaría, señor Andrés Rodríguez Ariztía.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ESCALONA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 92ª y 93a, ordinarias, en 8 y 9 de enero del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero le retira la urgencia al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud para incorporar un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).
--Se tiene presente el retiro de la urgencia.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", para el despacho de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental para el uso de consolas (boletín N° 5.579-03).

2.- Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).

3.- Proyecto que modifica diversos artículos de la ley N°19.327, de Violencia en los Estadios (boletines números 5.877-07, 6.205-25, 7.251-07, 7.509-07, 7.718-25, 7.600-25, 7.721-25, 6.055-25, 6.175-25, 6.210-25, 7.229-07, 7.603-25 y 7.741-25, refundidos).

4.- Proyecto de ley que modifica normas en materia de nulidad del reconocimiento de la paternidad por vicios del consentimiento (boletín Nº 7.650-18).

5.- Proyecto de ley atinente a comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).

6.- Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07).

7.- Proyecto de ley que crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile y le destina recursos (boletín N° 8.272-08).

8.- Proyecto de ley que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento (boletín Nº 8.150-09).

9.- Proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, adoptado el 6 de diciembre del año 2005 (boletín N° 8.486-10).

10.- Proyecto que modifica ley N° 18.290, de Tránsito, para incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionar a quienes lo adulteren (boletines números 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).

11.- Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Responde consulta, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre estado de las plantas de tratamiento de Essbio dañadas por el terremoto de 2010 y efectividad del cobro a los clientes por tratamiento de aguas en el lapso en que no se ha prestado aquel servicio.
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral a los señores Juan Emilio Cheyre Espinosa, José Miguel Bulnes Concha, Gonzalo Molina Ariztía, Alfredo Roberto Joignant Rondón y Patricio Francisco Santamaría Mutis (boletín Nº S 1.548-05) (con la urgencia prevista en el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Segundos informes de las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento (boletín Nº 8.150-09) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Navarro y Lagos con la que proponen un proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de remplazo de alcalde incapacitado por causa penal.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el número 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que informa que aprobó el proyecto de ley que modifica diversas normas que regulan la actividad hípica nacional con el fin de incentivar y promover dicha actividad en Chile (boletín Nº 8.773-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor TUMA.- Pido la palabra.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Sobre la Cuenta?

El señor TUMA.- Acerca de un punto de la tabla, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en el tercer lugar de la tabla de hoy figura el proyecto de ley que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas relacionadas con la Ley de Quiebras.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó que, una vez aprobada por ella la idea de legislar (eso ya ocurrió), dicha iniciativa pasara a las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas. Para esto, técnicamente, la Sala debe acogerla en general cuanto antes.
Por ello, le solicito a Su Señoría que recabe la unanimidad necesaria para tratar aquel proyecto como si fuera de Fácil Despacho, al objeto de que en el curso de enero podamos despacharlo junto con el que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, que ya se encuentra en las referidas Comisiones unidas.

El señor ESCALONA (Presidente).- El artículo 94 del Reglamento dispone:
"Por acuerdo de Comités que representen las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, manifestado en el Orden del Día de una sesión ordinaria o extraordinaria, podrá alterarse la tabla de la misma sesión.
"Por acuerdo de Comités que representen la mayoría de los Senadores en ejercicio, manifestado en el Tiempo de Votaciones, se dará preferencia de lugar para alguna sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a cualquiera de los asuntos de la tabla ordinaria.".
En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo, signado con el número 3 en la tabla de la presente sesión.

El señor TUMA.- Muy bien.

El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.- Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedirle al Senador Tuma que posterguemos por algunos minutos la decisión, para consultar el punto con mi Comité y con el Senador miembro de la Comisión respectiva.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, su proposición resulta muy aconsejable, porque en este momento no existe quórum para adoptar acuerdo en tal sentido.
Senador Tuma, ¿le parece que reiteremos su petición en algunos minutos más?

El señor TUMA.- ¿Eso significa que podríamos interrumpir el tratamiento del primer proyecto de la tabla para debatir el que mencioné?
En todo caso, debo puntualizar que me dio su asentimiento el Senador Hernán Larraín, quien está muy interesado en analizar aquella iniciativa en las referidas Comisiones unidas, que él preside.

El señor ESCALONA (Presidente).- Entiendo que el ánimo de la Sala es acceder a su petición, señor Senador. Pero necesitamos un mínimo de Comités que ratifiquen el acuerdo requerido.

El señor TUMA.- Muy bien.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como Sus Señorías saben, esta mañana venció el plazo para formular indicaciones al proyecto que crea el FONDENOR y destina recursos al efecto.
El Ejecutivo tuvo problemas para presentar las suyas, por lo que me solicitó que consiguiera el acuerdo de la Sala para extender dicho término: hasta el próximo miércoles, 23 de enero, a las 12.
Por lo tanto, señor Presidente, le pido que recabe el consentimiento necesario para acceder a la prórroga por una semana, con lo que la Comisión de Minería y Energía está de acuerdo.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?

El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con segundo informe de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología unidas; informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo): sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Hacienda: sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 6 de julio de 2011 (se aprueba en general); 92ª, 93ª y 94ª, en 8, 9 y 15 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, correspondería pasar al número 9, que sustituye por otro el artículo 13 de la ley vigente.
Sin embargo, antes de eso está la indicación renovada N° 95 (página 29 del boletín comparado), la que, en todo caso, fue declarada inadmisible en las Comisiones unidas.
Para aceptar la renovación es previo ver lo relativo a la inadmisibilidad.
Ahora, la declaración habida en las Comisiones puede reverse, conforme a las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
La indicación, que fue presentada por los Senadores señoras Alvear y Rincón y señor Pizarro, tiene como propósito remplazar la letra g) del artículo 12 por otra del siguiente tenor:
"Administrar en forma autónoma su patrimonio y los recursos que reciba del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Sin perjuicio de ello, el Consejo no podrá contratar préstamos sin la previa autorización del Ministro de Hacienda.
"Los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos, para ser asignados a terceros como fondos concursables, en las materias que señala esta ley, no formarán parte del patrimonio del Consejo y para su administración éste deberá llevar contabilidad separada de cada uno de ellos.
"Las personas que presten servicios al Consejo, a cualquier título, se regirán por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias, con los mismos derechos y obligaciones que los de los trabajadores del sector privado.".



El señor ESCALONA (Presidente).- La declaro inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación renovada N° 95.


El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Telecomunicaciones, don Jorge Atton, y el Asesor Legislativo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, don Andrés Rodríguez.
--Se accede.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto de las letras d) y g), el Senador señor Novoa pidió votación separada.
Como la letra d) fue aprobada por mayoría en las Comisiones unidas, no está retirada la solicitud de votación separada.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación la letra d) del número 8.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán para fundamentar su voto.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, yo voy a votar en contra de esta letra, pues no considero adecuado que la misma información que debe enviarse a la Superintendencia de Valores y Seguros se ponga en conocimiento del Consejo Nacional de Televisión, que no es un órgano con las competencias necesarias para conocer de este tipo de asuntos.
Por eso, voto que no.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Perdón, señor Presidente, pero quiero saber si estamos votando el texto de las Comisiones unidas.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Novoa pidió votación separada de la letra d) del número 8 (páginas 29 y 30 del comparado).
La indicación anterior se declaró inadmisible.

La señora VON BAER.- O sea, ¿estamos votando el texto que dice "En este reglamento el Consejo deberá..."?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Así es, Su Señoría.

La señora VON BAER.- Gracias.
Señor Presidente, en las Comisiones unidas votamos en contra de esta letra porque mediante ella se realiza un cambio estructural al funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión.
En la legislación actual, dicho Consejo puede -es atribución suya- contemplar el funcionamiento de comités asesores. Por lo tanto, es él quien decide si consulta o no la opinión de ellos sobre las resoluciones que debe tomar.
Sin embargo, en la norma que estamos votando ahora se dice que el Consejo "deberá contemplar la organización y funcionamiento de comités asesores". Por consiguiente, a través de esta reformulación de la legislación le estamos quitando atribuciones.
En mi concepto -y así lo fundamentamos en las Comisiones unidas-, no debemos debilitar el funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión, sino, al revés -y lo hemos buscado mediante la legislación en proyecto-, fortalecerlo por la vía de darle más facultades a dicho órgano.
Por eso, buscando robustecer el funcionamiento del Consejo, voto en contra.

El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, usted ya fundamentó su voto.

El señor CHAHUÁN.- Debo hacer una aclaración.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Ah!
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente, deseo hacer una rectificación, pues argumenté a base de la indicación que se declaró inadmisible con anterioridad.
Respecto de esta norma en particular, voy a votar a favor. Esto fue parte del acuerdo. Y se incorpora al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dentro de los comités asesores del Consejo Nacional de Televisión.
Además, para el otorgamiento o término de concesiones locales de carácter comunitario, el Consejo Nacional de Televisión estará obligado a formar comités asesores que escucharán, mediante audiencias públicas, a las organizaciones sociales que requieran ser oídas.
Por tanto, voy a votar a favor de esta norma, que en las Comisiones unidas se aprobó por 8 votos a favor y 1 en contra, de la Senadora Ena von Baer.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la letra c), que pasó a ser d), del número 8, por no reunirse el quórum constitucional exigido (12 votos a favor y 7 en contra).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Chahuán, Escalona, Gómez, Horvath, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Espina, García-Huidobro, Kuschel, Orpis, Pérez Varela y Uriarte.


El señor ESCALONA (Presidente).- Los timbres sonaron durante el tiempo suficiente.
Si le parece a la Sala, se repetirá la votación, para lo cual se requiere acuerdo unánime.
No lo hay.

El señor WALKER (don Patricio).- ¿La situación obedece al funcionamiento simultáneo de Comisiones con la Sala?

El señor ESCALONA (Presidente).- Como es sabido, sesionamos martes y miércoles desde hace varios años.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, como el proyecto contiene varias normas de quórum especial, pido avisar de las votaciones a los órganos técnicos que sesionan en forma paralela. Si no, puede suceder que perdamos de nuevo una de ellas. Ello no me parece correcto.
Por lo menos, dejemos tales pronunciamientos para el final, con el objeto de que queden definidos los resultados. De no ser así, va a ocurrir lo mismo otra vez a raíz del quórum, no por registrarse poca votación. Tenemos mayoría en muchos aspectos.
Sugiero proseguir con las votaciones que exigen quórum simple.

El señor ESCALONA (Presidente).- Les ruego a los señores Senadores tener presente, al autorizar por unanimidad a la Comisión de Hacienda para sesionar en forma simultánea -todos dieron su beneplácito para tal efecto, en la mañana, ante la solicitud del Honorable señor García-, que después no se contará en la Sala con la mayoría suficiente.

La señora ALLENDE.- Ahora hay quórum.

El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, lo que ocurre es que el Gobierno -con razón, seguramente- califica de "discusión inmediata" la urgencia de ciertos proyectos. De hecho, en la Comisión de Constitución tenemos varios de esa índole. Y es lo que sucede con el que está viendo la de Hacienda en este momento, que tiene que pasar después a la Sala.
Entonces, cabe requerir la buena voluntad de todos. No me parece justo, si se manifiesta una disposición favorable -los Senadores de la Concertación podrían no haber dado el número para sesionar y estar presentes, en cambio, en el Hemiciclo-, que se empiecen a perder votaciones por falta de quórum.
Creo que lo lógico es acoger la propuesta de mi Honorable colega Gómez en el sentido de pronunciarnos primero sobre las normas que no son de quórum especial, a la espera de que se reincorporen al Hemiciclo los integrantes del órgano técnico.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Como una manera de completar la propuesta que se acaba de formular, propongo que la Sala fije una hora para el funcionamiento simultáneo de las Comisiones y que estas no lo hagan más allá de las 17 o las 17:15, a fin de que podamos votar. Si no, el proyecto no va a avanzar y no será posible despacharlo.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que la autorización a los órganos técnicos expire a las 17?

El señor WALKER (don Patricio).- Sí.

El señor CHAHUÁN.- Lo hay.

El señor ESCALONA (Presidente).- Acordado.
Entonces, es preciso comunicar lo resuelto.

La señora ALLENDE.- ¿No vamos a votar de nuevo?

El señor ESCALONA (Presidente).- No hubo acuerdo unánime para ese efecto, Su Señoría. La cuestión está saldada.
La señora ALLENDE.- Sin embargo, el Honorable señor Gómez pidió que avancemos en el tratamiento de las normas que no requieren un quórum especial, lo que se puede hacer de aquí a las 17 o 17:15, cuando volverán los integrantes de las Comisiones. Ello permitirá, al mismo tiempo, que no se distorsionen los resultados, como ocurre hasta este momento.

El señor ORPIS.- El efecto se registra igual.

El señor ESCALONA (Presidente).- Prácticamente, todas las normas son de quórum especial, señora Senadora.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16.45.
--Se reanudó a las 17:10.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
El Comité Renovación Nacional ha solicitado colocar al final del Orden del Día de la presente sesión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, reitero la petición que la Comisión de Trabajo determinó formular por unanimidad, al igual que las Comisiones de Economía y de Constitución, unidas, en orden a que el proyecto que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes, signado con el número 3 en el Orden del Día, sea aprobado en general sin debate, para efectos de que pase a los órganos técnicos mencionados en segundo término.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en las Comisiones unidas hemos tratado la materia, como expresó el Honorable señor Tuma, y la idea es que dicha normativa, que registró unanimidad en la Comisión de Trabajo y complementa lo que estamos haciendo, pues se refiere a la situación de los trabajadores con motivo de una quiebra, pase a nuestra instancia una vez acogida, con la fijación de un plazo para presentar indicaciones, en caso de ser necesario. Ello nos permitiría despachar todo lo relativo a la quiebra en una sola unidad, incluido lo atinente a las disposiciones laborales.

El señor TUMA.- Exacto.

El señor LARRAÍN.- Hay acuerdo en general, además, respecto de estas últimas, de manera que si fuera preciso introducir alguna modificación, ello se haría en el estudio en particular.
Por eso, proponemos que la Sala apruebe sin discusión la idea de legislar, ojalá de inmediato.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Como miembro de las Comisiones unidas, creo que la única manera de poder refundir las iniciativas es que ambas queden en las mismas condiciones de tramitación. El modo de hacerlo es por la vía de la aprobación en general del proyecto al cual se ha hecho referencia y de fijarle el mismo plazo para la presentación de indicaciones, con el objeto de que se encuentre en el mismo estado con el que modifica la Ley de Quiebras.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala se accederá a lo solicitado.
Acordado.



QUIEBRA COMO CAUSAL DE TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO


El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a lo acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8492-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 94ª, en 15 de enero de 2013.



El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, pido que la iniciativa pase en seguida a las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Eso ya está determinado.
Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 4 de marzo como plazo para formular indicaciones.
¿O la idea es despachar el proyecto la próxima semana?

El señor TUMA.- Así es.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Sí, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solicito que el término sea el mismo que en la modificación de la Ley de Quiebras y que las propias Comisiones unidas se vayan ajustando, porque será preciso refundir ambos textos.

El señor LARRAÍN.- Pero hay que formular indicaciones.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ello se puede hacer en el mismo trámite. Dejemos abierta la posibilidad.


El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo el próximo lunes 21, a las 12.
Acordado.




INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

El señor ESCALONA (Presidente).- Prosigue la discusión particular del proyecto sobre televisión digital.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Habiéndose rechazado la letra c), que pasó a ser d), propuesta por las Comisiones unidas, ya que no se reunió el quórum exigido para su aprobación, corresponde votar la letra c) del texto aprobado en general.
Advierto que se requiere quórum calificado para la aprobación.
El texto expresa lo siguiente:
"c) Agrégase en el último párrafo de la letra j), la siguiente frase final, pasando el punto final a ser una coma (,):
"excepto en el caso de que se trate de concesiones de carácter comunitario, en que el Consejo podrá formar comités asesores que escucharán a las organizaciones sociales que así lo requieran para la elaboración del correspondiente informe.".
Esa es la norma aprobada por la Cámara de Diputados y en general por el Senado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo que no se aprobó es la necesidad de formar comités asesores.
Para nosotros, esta última es una medida elemental. Se trata de la participación ciudadana, de la cual tanto hablamos, tanto discutimos. Ello fue definido en las Comisiones unidas por un acuerdo de todos los sectores. Todos concluimos que era un punto sumamente importante.
A lo mejor, el problema radicaría en implementar la norma, porque podría tener lugar una multiplicación. Pero todos coincidimos en que es fundamental hacer el esfuerzo de la consulta y del establecimiento de los comités asesores en el momento en que el Consejo Nacional de Televisión tenga que tomar sus decisiones.
Es muy distinto emplear la palabra "podrá", porque nadie sabe bajo qué condiciones ello sería posible, y no el vocablo "deberá", que constituye un mandato, una obligación, lo cual significa todo un movimiento y un trabajo que el organismo ha de realizar con las distintas instancias de la comunidad.
Entiendo que el rechazo se verificó por falta de quórum. Nosotros estábamos en la Comisión de Hacienda analizando otro proyecto, calificado de "discusión inmediata", producto de la urgencia generada por el Gobierno, y me parece increíble que no podamos retomar el asunto.
Este es un punto elemental en todo el proceso de debate del proyecto. Si la disposición se "cayó" por falta de quórum -me dicen, además, que la gente de la UDI, lamentablemente, votó en contra-, quiere decir, entonces, que queda en nada todo lo avanzado o acordado con el Gobierno en este tipo de materias, y nosotros nos declararemos en libertad para pronunciarnos después como queramos sobre todas las indicaciones que vienen.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicitó la unanimidad de la Sala para repetir la votación, pero ello no se obtuvo, Su Señoría.

La señora ALLENDE.- Se podría volver a pedir.

El señor ESCALONA (Presidente).- Es algo que tiene que hacerse después, porque estamos votando el texto precisado por el señor Secretario.
Senadora señora Allende, ¿solicita intervenir?

La señora ALLENDE.- Solo deseo reiterar la conveniencia de requerir nuevamente la unanimidad de la Sala.

El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero reiterar a la Sala que estamos votando el texto indicado por el señor Secretario, que se encuentra en la tercera columna del boletín comparado, páginas 30 a 31.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, simplemente deseo aclarar que en las Comisiones unidas no hubo unanimidad respecto de esta modificación. Fue aprobada por mayoría y de hecho por eso la estamos volviendo a votar en la Sala. Porque todas las enmiendas unánimes no han sido revisadas acá.
Tal como argumenté durante la votación anterior -y también lo planteé en las Comisiones unidas-, es distinto obligar al Consejo Nacional de Televisión a formar comités asesores que permitirle que los forme.
Creo que necesitamos un Consejo fuerte y con todas las atribuciones necesarias. Y por eso no considero adecuado obligarlos -así lo señalaron miembros del propio organismo- a formar comités asesores.
Reitero que solo intervengo para aclarar que esta modificación no fue aprobada en forma unánime en las Comisiones unidas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo también apelo a la petición formulada por la Senadora Allende en el sentido de volver a votar lo que anteriormente se rechazó por no reunir el quórum especial exigido.
Para ello, efectivamente, se requiere la unanimidad.
¿Por qué lo planteo? Porque creo que esa votación no reflejó la mayoría existente en el Senado. Porque por a, b o c razones y de buena fe autorizamos el funcionamiento simultáneo de algunas Comisiones con la Sala a fin de que ellas pudieran despachar otros proyectos. Eso hizo, no que no alcanzáramos mayoría, sino que no lográramos el quórum constitucional exigido para aprobar la norma. La votación nos dio la mayoría.
Y le pido a la Senadora Von Baer que revise su posición. ¿Por qué? Porque si sumamos los votos que se expresaron en las Comisiones unidas, de acuerdo con las posiciones que se manifestaron en la Sala, el resultado sería favorable y se cumpliría el quórum requerido. Porque votaron los representantes de Renovación Nacional más todos los parlamentarios de la Concertación.
Por lo tanto, no dar la unanimidad para votar nuevamente significaría distorsionar la real mayoría que existe en el Senado en relación con el precepto en cuestión.
Entonces, si hubo una autorización hecha de buena fe que evitó lograr el quórum necesario para aprobar la norma, les pido a mis colegas dar la unanimidad a los efectos de que podamos repetir la votación. Y ahí veremos si efectivamente se reúne o no el quórum requerido, con todos los Senadores que ahora sí están presentes.

El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien. Pero vamos a concluir esta votación antes de solicitar dicha unanimidad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es que, si se vota ahora, señor Presidente, en el fondo ya se estará resolviendo lo anterior.
Si se realiza esta votación, no habría necesidad de efectuar la otra. ¿Por qué estamos votando el texto aprobado en general por el Senado? Porque se rechazó la proposición de las Comisiones unidas. O sea, antes de pronunciarnos sobre el texto aprobado en general, lo que correspondería, y es lo que pido, es requerir la unanimidad de la Sala para votar nuevamente lo que se rechazó por no reunir el quórum constitucional exigido.

El señor ESCALONA (Presidente).- Lamento profundamente que no se siga el debate con atención. Yo abrí la votación. En dos ocasiones dije "En votación". Y ningún Senador hizo presente el punto que ahora plantea el Honorable señor Zaldívar, en el sentido de que podría generarse una dificultad en el caso de que no se diera la unanimidad para repetir la votación anterior.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Si se da la unanimidad, eso se puede corregir, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- ¡No! ¡Una vez abierta una votación no se puede volver atrás! ¡Hay que terminarla!

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para repetir la votación antes de la actual?

El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo unánime.
Por lo tanto, tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra c) del número 8 del artículo único del proyecto aprobado en general por el Senado (29 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor LABBÉ (Secretario General).- Las normas del número 8 son todas de quórum calificado. Por consiguiente, corresponde votarlas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, la bancada de la DC pide segunda discusión para todo lo que resta del proyecto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado segunda discusión.
En consecuencia, pasaríamos al punto 2 del Orden del Día.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente, para un punto de reglamento?

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Pido que nos dé 5 minutos para realizar una reunión de Comités en conjunto con los señores Ministros.

El señor ESCALONA (Presidente).- Por supuesto, señor Senador.
Se suspende la sesión por 10 minutos.
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--Se suspendió a las 17:27.
--Se reanudó a las 17:57.
)-----------(

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, la unanimidad de los Comités adoptó el siguiente acuerdo:
Repetir las dos votaciones que se efectuaron al retomar la discusión particular del proyecto sobre televisión digital esta tarde.
De consiguiente, debe someterse a la consideración de la Sala el texto propuesto por las Comisiones unidas para la letra c), que pasó a ser letra d), del número 8 del artículo 1°. Y, si resultare aprobada, naturalmente que ya no sería necesario pronunciarse sobre la norma acogida en general por el Senado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Por lo tanto, pasamos ahora a la iniciativa signada con el número 2 en la tabla de hoy.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pero hay que votar de nuevo la letra c) del proyecto sobre televisión digital.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se pidió segunda discusión para todo lo que resta de su texto.

La señora VON BAER.- Si nosotros dimos nuestra unanimidad, fue para que se retirara dicha solicitud.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Retira su petición de segunda discusión, Senador Pizarro?

El señor PIZARRO.- Claro que sí, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien.
En consecuencia, se procederá a repetir la primera votación efectuada en la tarde de hoy.
Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera votación, que recayó en la letra c), que pasó a ser letra d), del número 8 del artículo 1°, se realizó en atención a que la norma fue aprobada por mayoría en las Comisiones unidas (8 votos a favor y 1 en contra) y a que se pidió votación separada a su respecto.
La norma es de quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra c), que pasó a ser letra d), del número 8 del artículo 1° (22 votos a favor y 7 en contra), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Carlos), Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela y Uriarte.
El señor ESCALONA (Presidente).- Por lo tanto, queda sin efecto la segunda votación efectuada al comienzo de esta sesión.

Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, habría que pronunciarse sobre la letra f) del número 8 del artículo 1°.
Esta norma fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas, pero también es de quórum calificado y a su respecto se ha renovado la indicación número 123, para intercalar un párrafo segundo, nuevo, que dice:
"Del mismo modo, establecer que los operadores de carácter nacional deberán transmitir al menos una hora de programación infantil diaria. Cuando en una misma zona de servicio se opere, controle o administre más de una concesión esta obligación podrá cumplirse en cualquiera de ellas".
Hago presente que primero corresponde votar la norma propuesta por las Comisiones unidas. Y si esta se aprobare, habría que pronunciarse sobre la indicación renovada, que supone efectuar una intercalación en su texto.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de esta norma debido a que aumenta las horas de cultura que cada canal debe transmitir semanalmente, pasando de una a cuatro. Esto fue una materia de mucho debate en el Parlamento. Y se logró además que dos de esas cuatro horas fueran transmitidas en horario prime.
También se discutió en las Comisiones unidas si el concesionario tenía esta obligación respecto de una sola señal o bien de todas las señales que emitiera. Y se resolvió que ella abarcaba a la totalidad.
Por eso, creemos que constituye un aporte, fundamentalmente para generar mejor cultura y televisión. Y, por lo mismo, votamos a favor de este texto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, el Ejecutivo propone aprobar la norma y rechazar la indicación renovada, porque esta habla de más de una concesión, que no es factible, pues no es parte de lo incorporado en el proyecto. Es posible solo una concesión. Solo se podría establecer una excepción respecto de Televisión Nacional. Por eso, imponerle una carga adicional especial a dicho canal no nos parece razonable.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, cuando uno revisa el informe de las Comisiones unidas, se da cuenta de que en el texto relativo a ellas se alcanzó acuerdo. Hubo unanimidad, porque se subsumieron diversas indicaciones, llegándose a un texto común. Arribamos a un consenso, cediendo cada cual una parte de lo que pensaba.
Hago la puntualización, porque en votaciones anteriores no se logró un texto común.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente, esta norma es parte esencial del proyecto. Y contó con la unanimidad la redacción consignada en el comparado.
Aparte de lo manifestado por el Senador señor Chahuán, a nosotros nos interesaba lógicamente que estuviera establecida en forma clara la necesidad de transmitir cultura y programas que, desde el punto de vista de los contenidos, fortalecieran el rol de la televisión como instrumento cultural y no solo de entretención o de oferta de programaciones que no enriquecen el crecimiento y el desarrollo de los televidentes.
En el caso de la programación infantil, en el texto se colocan una serie de restricciones, como es natural, para evitar que incluso los propios programas infantiles que se transmiten vayan en contra de los menores.
Todos sabemos que mucha programación infantil es extraordinariamente violenta y que en varias ocasiones contiene mensajes subliminales, que resultan nocivos para la formación de los niños.
En la indicación que presentamos con las Senadoras Alvear y Rincón se establecía que "los operadores de carácter nacional deberán transmitir al menos una hora de programación infantil diaria. Cuando en una misma zona de servicio se opere, controle o administre más de una concesión...". O sea, la obligación está para quienes poseen una concesión.
El Ministro tiene razón en que en otra parte del texto nosotros dispusimos que se va a acceder a una sola señal. La única excepción fue para Televisión Nacional, en el entendido de que algún día con esa segunda podríamos tener la suerte de contar con un transportador público, que todos queríamos, pero que en el momento en que se discutió el Ejecutivo no estuvo en condiciones de avalar.
Con la salvedad hecha, y en el espíritu en que fue presentada la indicación, en nuestra opinión, esta se encuentra incluida dentro de la propuesta. Y por eso no la renovamos. Entiendo que algunos colegas la patrocinaron en nombre nuestro, y lo agradecemos.
Pero está salvada la situación, porque habrá concesionarios con una sola señal.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación la letra e), que pasó a ser f).

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata del texto propuesto por las Comisiones unidas.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra f) del número 8 del artículo 1º (28 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde pronunciarse acerca de la indicación renovada Nº 123, que no ha sido retirada. Para la Secretaría resulta imposible no ponerla en votación.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, nosotros no la podemos retirar, porque no fuimos quienes la renovamos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Así es.

El señor PIZARRO.- Es mejor retirarla. Yo no sé quién la renovó. ¿Está presente alguno de los colegas que lo hicieron?

El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a investigar su "paternidad".

El señor LABBÉ (Secretario General).- La firman los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Quintana, Navarro, Rossi, Gómez, Horvath, Cantero, Muñoz y Tuma.

El señor GÓMEZ.- La retiramos.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿La Senadora señora Allende mantiene su firma?

La señora ALLENDE.- No.

El señor ESCALONA (Presidente).- Por lo tanto, en este momento queda sin efecto la indicación renovada.
Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido votación separada respecto de la letra f), que pasó a ser g), sustituida por el texto que aparece en el comparado. Fue acordada por mayoría en las Comisiones unidas. Agrega una letra m), que contiene varios párrafos, el primero de los cuales fue aprobado por mayoría. Se trata de normas de quórum calificado.
Por consiguiente, habría que comenzar por votar el primer párrafo de la letra m), que dispone:
"Dictar normas generales y obligatorias para los concesionarios y los permisionarios de servicios limitados de televisión, relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público".
El segundo párrafo se refiere a lo que se entenderá por campaña de interés público.
Las normas estarían relacionadas. Si a Sus Señorías les parece, se podrían votar ambas.

El señor GÓMEZ.- No.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, esta es una norma respecto de la cual hubo discusión y mucho intercambio de ideas y de puntos de vista en cuanto al gravamen que se impone a los canales en la libertad de expresión o al uso o abuso que pudiese hacer el Gobierno respecto de esta tribuna.
Por lo tanto -reitero-, hubo mucho debate.
Como parte del acuerdo mayoritario logrado en las Comisiones unidas, se concordó en aprobarla de esta forma.
Por consiguiente, pido a la Sala aprobar la norma como viene, en todos sus incisos.
Es cierto que además habría reserva de constitucionalidad por algún efecto de los gravámenes.
Pero el acuerdo -creo que resulta importante que lo vayamos respetando en todos sus puntos, para mantener la forma en que se estructuró el proyecto- consiste en aprobar la norma aun con oposición de algunos parlamentarios.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, también quiero hacer un llamado a votar a favor del texto en debate, pues respecto de las campañas de utilidad pública logramos establecer un procedimiento para que no se prestaran a abusos, generando la necesaria coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la que, en definitiva, determinará cuáles campañas deberán transmitirse, previa aprobación, con elevado quórum, del Consejo Nacional de Televisión.
Por tanto, a nuestro juicio, al no producirse tales abusos, la norma apunta en el sentido correcto.
De otro lado, hago presente que la Senadora señora Von Baer hizo reserva de constitucionalidad al respecto; pero nosotros vamos a respetar el acuerdo con el objeto de dar armonía al proyecto de ley.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, solo quiero recordar -no por ser majadera- que cuando no estuve de acuerdo con el texto propuesto, el cual se discutió y votó, dije en las Comisiones unidas que en la Sala mantendría mi voto en contra.
Por lo tanto, en algunas partes de la disposición, como dijo el Senador Pizarro en la reunión de Comités, llegamos a acuerdo, acercando nuestras posiciones, y las votamos a favor; pero en otras no fue posible el consenso y no todos nos pronunciamos por la aprobación.
En consecuencia, reitero aquí mi posición contraria a esa fracción de la norma. Porque me genera serias dudas de constitucionalidad el hecho de que la Secretaría General de Gobierno imponga ciertas campañas de utilidad pública a los canales de televisión, aunque sea a través del Consejo.
Creo que con ello se vulnera la libertad de editorial, y, por ende, la libertad de expresión, porque habrá concesionarios que serán obligados por el Gobierno de turno a transmitir ciertos contenidos en tales campañas.
Por otra parte, la norma está discriminando entre medios de comunicación, porque a algunos de ellos, como la televisión, se les está imponiendo una obligación y a otros no se les aplica esa carga adicional.
Además, las campañas de publicidad van a ser gratuitas. O sea, los concesionarios de televisión serán los que tendrán que cargar con ese gravamen adicional. En tal sentido, puede existir una desproporción en la repartición de las cargas públicas, vulnerando el artículo 19, número 20º, de la Constitución Política de la República. Por eso, se hizo reserva de constitucionalidad al respecto.
En consecuencia, considero que, en vista de la libertad de expresión y, dado que se está estableciendo una discriminación en cuanto a otros medios de comunicación, teniendo en cuenta especialmente además que será el Gobierno de turno quien definirá los contenidos de una campaña de utilidad pública, yo habría preferido una norma distinta, que estableciese que, en caso de necesitarse una campaña de utilidad pública, los canales de televisión van a determinar los contenidos que se transmitirían.
Creo profundamente en la libertad de expresión, la cual se debe dar dentro de ciertos marcos establecidos por ley, como el respeto hacia todas las opiniones, la tolerancia, etcétera. Pero siempre se debe permitir a los medios de comunicación esa posibilidad. Porque si empezamos a coartar esa libertad, los Gobiernos podrían manejar los contenidos por difundir, lo que no sería bueno para la democracia.
Por lo tanto, como dije en las Comisiones unidas, votaré en contra de la norma.

El señor ESCALONA (Presidente).- Como está inscrito un número significativo de Senadores, solicito abrir la votación y que cada cual fundamente su voto en los cinco minutos correspondientes.
¿Si le parece a la Sala?
Acordado.
En votación el primer párrafo de la letra m).
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez para fundamentar el voto.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, esta disposición es bastante compleja. Sin embargo, como se dijo que se tratarán en conjunto diversas normas, quiero formular las siguientes observaciones.
Entiendo que se está votando el primer inciso de la letra m), respecto del cual estoy de acuerdo.
Se establece: "Se entenderá por campaña de interés público a aquellas transmisiones diseñadas por las autoridades competentes, para estos efectos el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que se han de emitir con el objeto de proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas.".
Luego, en el inciso tercero, se dispone: "El Ministerio Secretaría General de Gobierno determinará cuáles serán las campañas de utilidad o interés público, enviando la estructura, diseño y contenidos fundamentales de la o las campañas al Consejo, el que deberá aprobarlas, en un plazo no superior de 15 días corridos," -ojo- "con el voto conforme de al menos siete de sus miembros en ejercicio. Producida su aprobación, el Consejo remitirá a los concesionarios y permisionarios de servicios limitados de televisión la resolución respectiva...".
Es decir, cuando el Gobierno quiera hacer una campaña contra el sida, por ejemplo, o alguna otra que establezca igualdad en términos sexuales, o cualquier cosa que genere un debate profundo en el país, quien va a definir si se puede o no utilizar el mecanismo determinado aquí será el Consejo.
Entonces, contrariamente a lo señalado por la Senadora Von Baer, estimo que el Gobierno tiene todo el derecho a pedir a concesiones de medios de todos los chilenos y que se entregan a determinadas personas, difundir propaganda. No se debe dar la facultad al Consejo de determinar si se puede o no realizar. Eso es lisa y llanamente "censura". Porque quienes decidirán sobre las campañas serán diez personas que se nombrarán. ¡Nada importa el resto de la sociedad!
Pedí votación separada, porque el pronunciarnos sobre la norma en su conjunto provocará problemas.
Después se estipula que las campañas deberán difundirse gratuitamente. Ahí se produce la confusión, porque se establece una limitación, respecto de la cual también deseo una respuesta. Son 105 minutos en cinco semanas. Es decir, se limita la posibilidad del Gobierno de turno, a través de su Secretaría General, de efectuar campañas de bien público. Porque de eso se trata.
En el inciso final se dice que la limitación puede renovarse.
Más adelante se dispone: "Sobre esta extensión los concesionarios de servicios de televisión y los permisionarios" -los canales de cable- "de servicios limitados de televisión podrán cobrar al Estado la exhibición de estas campañas a las tarifas no mayores y descuentos no menores que los que ofrezcan a cualquier cliente de publicidad comercial.".
Entonces, por lo menos yo votaré a favor del inciso primero.
Pero pedí votación separada, porque respecto de lo que sigue tengo reparos. Y me parece sensato que un Gobierno responsable -porque aquí se dice que algunos pueden ser irresponsables; y al respecto escuché al Senador señor Rossi manifestar que uno de Derecha podría hacer propaganda en contra, pero así es la democracia- busque la formula de distribuir y definir qué campañas contra el sida son importantes. Porque los canales a los que se ha entregado una concesión del espectro público y que se encuentran en manos privadas hoy día ya impidieron en su momento la difusión de campañas contra el sida.
Por lo tanto, me parece que el resto de la norma como está redactado no debe aprobarse.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a propósito de este precepto, quería señalar que aquí hay un tema bien de fondo: si es posible o no en concesiones otorgadas a operadores de la señal (en este caso, de televisión digital) que en determinado momento el Estado, a través del Gobierno, establezca la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público.
Esa fue la primera parte de la discusión.
Algunos dijeron acá: "No, porque eso va a significar un abuso, un aprovechamiento o un menoscabo a los concesionarios, que se verán obligados a transmitir campañas gratuitamente".
Entonces, el primer criterio que se adoptó fue que sí es necesario y fundamental que exista la posibilidad de transmitir tales campañas y que es equilibrado exigir a los concesionarios, considerando que se les entrega un espectro de radiodifusión televisiva gratuito, que transmitan las campañas de utilidad o interés público que establezca el Gobierno de turno, con el acuerdo del Consejo Nacional de Televisión.
Se dispone la participación del Consejo justamente para que no se abuse, como aquí se ha señalado, y para que los contenidos de esas campañas sean, en verdad, de interés público y no de difusión de obras o de actividades normales que el Gobierno efectúa.
Si el Gobierno quiere dar a conocer sus obras o sus políticas de salud o de vivienda, debe hacer lo que ya hace: contratar espacios publicitarios y pagar por ello con los recursos que la Ley de Presupuestos destina para tal efecto.
El proyecto establece un mecanismo distinto.
Primero, contempla la obligatoriedad, como un mínimo de reciprocidad por parte de los operadores a los que se les entregan, de manera gratuita, señales del espectro radioeléctrico en concesión.
Segundo, se dispone que el Consejo determinará si el contenido de las campañas es efectivamente de interés público. Y se fija un alto quórum para su aprobación, a fin de que sean consensuadas e involucren a toda la ciudadanía.
Tercero, se define "campaña de interés público" y se indica qué carácter podrá tener: nacional o regional.
Lo relativo al nivel regional cobra sentido, por cuanto se entregarán muchas concesiones con ese alcance. En Regiones muchas veces es necesario hacer campañas de interés público, ¡y no tenemos por qué exigirle al Estado o al Gobierno que pague su transmisión!
Por ejemplo, en la Región de Coquimbo, que represento, prácticamente todas las comunas están declaradas "zona de catástrofe", a raíz de la tremenda sequía que las afecta, y les estamos pidiendo a los organismos públicos y a todos los ciudadanos que hagan buen uso del recurso hídrico. Esto perfectamente puede constituir una campaña de interés público. El Gobierno de turno la diseñará y le dirá al Consejo: "Mire, vamos a promover el buen uso del agua en una zona donde hoy día no está garantizada ni siquiera para la bebida".
Ese es el sentido de esta norma.
Además, como las campañas no pueden ser indefinidas, se fija un plazo para su término. En ese lapso los canales dejan de recibir ingresos al no poder ocupar esa franja publicitaria. Por lo demás, en los incisos siguientes de la norma se consigna que tales campañas deberán transmitirse en las franjas más importantes, a fin de que lleguen efectivamente a la población en la forma en que se aspira.
En nuestra opinión, la disposición que nos ocupa finalmente quedó bastante equilibrada.
No se trata de cercenar la libertad de expresión, ni mucho menos. Es un asunto de interés público.
Se contemplan los mecanismos correspondientes y se evita el abuso por el Gobierno de turno, a que hacía referencia una Senadora, con el equilibrio que refleja un Consejo pluralista, que claramente va a representar la diversidad del país.
Se establece también la reciprocidad por parte de los operadores. Y si el día de mañana se requiere dar continuidad a una campaña, se podrá cobrar al Estado por esa extensión, lo que constituye algo normal.
Los Gobiernos cuentan con recursos para campañas de difusión. Con ese fin, contratan los espacios en los canales correspondientes y pagan por ellos, como se hace para cualquier otro tipo de publicidad.
Por las razones expuestas, vamos a aprobar esta disposición.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, la norma en discusión se funda en algo que considero elemental, pero que, lamentablemente, no es parte de una conciencia colectiva. Es muy importante recordar que estas señales son patrimonio de todos los chilenos.
Algunos hacen caso omiso de ello. Aparentemente, aunque el espectro radioeléctrico pertenece al país, a la sociedad toda, actúan como si esas señales no hubieran sido entregadas en concesión -y es muy generosa, pues se otorga por un período prolongado, y con posibilidad de renovación-, a partir de la cual se harán negocios muy sustantivos, muy lucrativos.
¿Y qué se les pide a cambio? Ciertas contraprestaciones mínimas y básicas. Por ejemplo, velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, que implica respetar el pluralismo, la diversidad, la paz, la dignidad humana, y ayudar a construir una sociedad más afectuosa. Y, adicionalmente, se les solicita algo esencial: que estén disponibles, en situaciones extremas, para difundir campañas de utilidad pública.
Me parece vergonzoso que actualmente no se esté en condiciones de pedirles a estos medios la transmisión de programas que son de absoluto interés público.
Al respecto, cabe recordar que Chile enfrentó un brote de cólera en la década de los noventa. Fue el único país de Latinoamérica que erradicó esa enfermedad. ¿Y cómo lo consiguió? Haciendo entender a la gente que existía un bien superior: la salud de todos los chilenos. Y en nombre de ese bien, se realizaron campañas de utilidad pública. Así se logró que toda la población construyera ciudadanía en la lucha contra ese flagelo y colaborara para terminar con él.
De ese modo nuestro país -repito- fue el único en Latinoamérica en erradicar el cólera.
De no existir esas campañas de interés público, habría sido imposible lograr tal objetivo.
En esta materia aquí advierto una visión de neoliberalismo extremo. Es una expropiación del derecho de todos. Se les entrega en bandeja una concesión a ciertos privados y sin ninguna contraprestación.
Yo creo que todas las cosas tienen un límite. Y en esto ese límite se excede.
Además, se ha establecido un conjunto de restricciones absolutamente equilibrado -incluso, yo diría que en exceso-, para regular la transmisión de una campaña de interés público: primero interviene el Ministerio Secretaría General de Gobierno; luego, el Consejo Nacional de Televisión, que deberá aprobarla con un quórum altísimo.
¡Cómo no les vamos a pedir una contraprestación a quienes se les entrega un patrimonio de todos los chilenos, para difundir asuntos de interés nacional, los cuales la mayoría de las veces se vinculan a problemas de salud!
Aquellos que cuestionan tal planteamiento no tienen un criterio respecto a la necesidad de construir un país mejor, donde exista un bien común que esté por sobre los intereses económicos y el concepto de propiedad privada, la que en este caso no es tal, pues le pertenece a la sociedad chilena toda.
Por lo tanto, creo que esta discusión es un tanto desafortunada y refleja que todavía no avanzamos en tener cierto concepto de bien común; cierto concepto de políticas altruistas; una visión más consensual sobre lo que significa construir una sociedad más justa, más equitativa.
Insisto: estamos hablando de algo que pertenece a todos los chilenos y que se lo entregamos a privados, por lo cual les pedimos un conjunto de contraprestaciones mínimas, como la de trasmitir campañas en beneficio de la sociedad y, en particular, de la salud de la población. Para ello, fundamentalmente, se necesitan campañas de interés público.
Yo voté a favor esta norma en las Comisiones unidas, pese a no concordar con las restricciones y exigencias propuestas y con el quórum altísimo con que el Consejo Nacional de Televisión deberá aprobar estas campañas. Sin embargo, en pos de los acuerdos que hemos construido, estimo que debemos darle también nuestra aprobación en la Sala. Ello es indispensable para preservar los intereses superiores de la sociedad chilena y el bien público, el que -repito- debe estar por sobre pequeños intereses de rentistas a quienes se les entrega un patrimonio que pertenece a todos los chilenos.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica plazo para reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo (boletín N° 8.772-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Queda para tabla.

El señor ESCALONA (Presidente).- Como acaba de informar el señor Secretario General, el Ejecutivo ha dispuesto la urgencia de "discusión inmediata" para esta iniciativa, la cual vence el próximo lunes.
En consecuencia, solicito el acuerdo unánime de la Sala para incluirlo en la tabla de hoy y tratarlo a partir de las 19.

El señor LARRAÍN.- No.

El señor ESCALONA (Presidente).- No existe unanimidad.
Senador señor Hernán Larraín, ¿usted no da el acuerdo?

El señor LARRAÍN.- No.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo.
Eso me obligará a citar a sesión para el lunes.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Prosigue la discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, es extraño como actúa el Gobierno, porque quiere que despachemos rápidamente este proyecto, pero les pone urgencia a otros. Habría que pedirle que priorice las materias que le interesan y que ordene su agenda en el tema legislativo. En otro ámbito puede ser más difícil.
El asunto que nos ocupa es bien relevante.
Luego de escuchar las intervenciones de varios parlamentarios, comenté a algunos colegas de la Alianza que los veo muy sobreideologizados.
Y, efectivamente, esta discusión, más que técnica, es de fondo, porque implica el uso de la libertad.
Este debate me recuerda el que sostuvimos sobre educación, cuando se abordó la libertad del sostenedor. ¿Recuerdan? El sostenedor, de alguna manera, podía elegir a las familias. No son estas las que escogen el colegio al que irán sus hijos. Entonces se dijo que aquellos podían discriminar y seleccionar a los alumnos utilizando platas del Estado, y todo en nombre de la libertad de enseñanza. En efecto, con recursos públicos, se empleó el concepto de libertad para hacer lo que ellos quisieran, muchas veces en contra del bien común.
Lo mismo pasa acá.
¿De qué libertad estamos hablando? ¿Se trata de la libertad de un privado, de un concesionario para no asumir una cuota de responsabilidad en la búsqueda del bien común, en la difusión de una campaña de utilidad pública para promover la salud, para prevenir una enfermedad?
Tal obligación es y debe ser parte de lo que uno entiende por correcto funcionamiento de un canal de televisión. Está en la esencia del proyecto.
Si el espectro radioeléctrico fuera propiedad privada de un canal de televisión, cabría señalar: "Es suyo. Puede hacer lo que quiera; lo mismo que una persona con un televisor en su casa: lo puede romper, dar vuelta, cambiar de pieza".
Pero aquí estamos hablando de un bien nacional de uso público; estamos hablando de una propiedad del Estado; estamos hablando de un espectro radioeléctrico que pertenece a todos los chilenos, el cual se entrega en concesión a un privado, por lo que debe ser regulado. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí.
En consecuencia, no me parece en absoluto contradictorio o que vaya en contra de la libertad o atente contra los derechos del privado dueño de la concesión de un bien nacional de uso público el que regulemos esta actividad, tal como se ha normado en tantos otros ámbitos. Además, en este caso se trata de fines altruistas.
Por lo mismo, me hace ruido lo que plantea el Senador Gómez. Uno espera que un Gobierno elegido democráticamente sepa muy bien qué es de utilidad pública y qué promueve el bien común. Si no, habrá mecanismos ex post -y no ex ante- para resolver la situación, como recurrir al Consejo Nacional de Televisión en caso de que el Ministerio Secretaría General de Gobierno no cumpla con el correcto funcionamiento al plantear una campaña que, en lugar de buscar el bien común, esté cargada de proselitismo, en fin.
Por eso entiendo cuando el Senador Gómez habla de censura. El Consejo Nacional de Televisión alguna vez cumplió el rol de censor en este país -ustedes lo saben muy bien-, y nos decía qué podíamos ver y qué no. Pues bien, en la práctica, ahora podría pasar lo mismo respecto de este tipo de materias, con lo cual le cortaría los brazos al Gobierno de turno para difundir campañas relevantes para la población, que buscan el bien común y que claramente son de utilidad pública.
Entonces, resulta muy importante entender bien el concepto de libertad. ¡Cuidado con usarlo mal, sobre todo cuando estamos hablando de bienes que pertenecen a todos los chilenos! Eso es esencial. El espectro radioeléctrico es de todos y se le entrega a un concesionario con ciertos requisitos. Pero también se puede revocar. Para eso, hay organismos reguladores.
¡Entonces, cortémosla con esto de que los canales de televisión creen que pueden hacer lo que quieran con sus señales y no atender una responsabilidad que tienen con el país, el mismo que les otorgó la concesión!
Y después dicen: "Es gratis". ¡Esa es la otra! Y a mí me sorprende.
En cierta oportunidad participé en un foro en la Universidad de Chile, en el cual casi todos los expertos argumentaban que se debería cobrar un royalty por la concesión del espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Por la misma razón por la que se exigió un royalty en el ámbito de la pesca. Algunos alegaron entonces que era muy poco. Eso dijeron en la Sala. ¡Y ahora, en cambio, esta otra concesión la entregamos gratis! "A usted se le otorga gratuitamente el espectro radioeléctrico para que haga negocios, para que influya en la sociedad".
Todos sabemos que la televisión se trata no solo de un tema económico, de ganar plata con auspiciadores, sino también de influir en la sociedad. De hecho, muchas veces los canales hacen que varíe la opinión pública o la inducen a cambiar.
Por lo tanto, ante la queja de que sea gratis la transmisión de estas campañas, valga recordar que es demasiado gratis la concesión. Aquello debe ser parte de las responsabilidades de los canales de televisión.
Y 105 minutos en cinco semanas me parece extremadamente poco.

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más para terminar.

El señor ROSSI.- Gracias, señor Presidente.
¡De qué estamos hablando! ¡Son 3 minutos al día para mensajes de utilidad pública, y cinco semanas al año!
Insisto: aquí se está dando gratis, se está regalando, se otorga sin cobrar nada la concesión de un bien que pertenece a todos los chilenos.
En consecuencia, voy a aprobar la norma que nos ocupa, con la salvedad de que, a mi juicio, el Consejo Nacional de Televisión no debiese tener la facultad que ahí se consagra. Soy partidario de otorgar atribución a otro organismo ante el cual apelar -independiente de las otras acciones que ejerza un particular o una institución- cuando se observe que el Gobierno no cumple con sus funciones.
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El señor ESCALONA (Presidente).- El Comité de Renovación Nacional me ha solicitado que pida nuevamente el asentimiento de la Sala para discutir, luego de despachar la disposición que estamos votando -advierto que ya son las 18:41-, el certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel.
--Así se acuerda.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que han planteado los Senadores señores Gómez, Rossi y otros, hago presente que, francamente, me cuesta entender los discursos que señalan que lo propuesto atenta contra la libertad, cuando estamos hablando de la obligación de sumarse a campañas de utilidad pública.
Aquí se ha dicho con absoluta claridad que estamos entregando gratuitamente concesiones de algo que pertenece a todos los chilenos. Y creo que su uso, aparte de ser un muy buen negocio para los canales de televisión, implica asumir un compromiso con el país.
Difícilmente un Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, hará campañas de utilidad pública que no lo son. Eso es muy obvio y evidente. Además, existen presupuestos sectoriales, como se ha dicho con claridad, que permiten a una Cartera de Estado mostrar sus logros, lo cual, por lo demás, se observa con frecuencia en la televisión.
Aquí estamos hablando de campaña de utilidad o interés público. Y entendemos el sentido de responsabilidad que ello involucra. Resulta evidente que, como ha ocurrido en el último tiempo, esta se va a ejercer en forma casi excepcional. Es decir, no estamos en presencia de estas campañas a cada rato.
Por lo tanto, no puedo entender esa aprensión y los discursos que señalan que se atenta contra la libertad.
En verdad, aquí está claro que la concesión de las señales, que se entregan gratuitamente, constituye un muy buen negocio para los canales de televisión, y lo seguirá siendo en la medida en que ganen contratos de publicidad, sobre todo en las horas prime. En algunos casos, ello se logra gracias a programas de muy dudosa calidad, los cuales ciertamente les asegura un determinado público. Todo ello redunda en mayores cobros por avisos publicitarios.
En consecuencia, señor Presidente, no puedo estar de acuerdo con los discursos -incluso, se invocan derechos constitucionales- que sostienen que lo propuesto atenta contra la libertad. ¡No los entiendo!
Ahora bien, se trata de campañas establecidas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Estamos hablando de la responsabilidad de un Gobierno, el cual fue elegido democráticamente; o sea, que tiene legitimidad. Uno puede ser de Oposición y no formar parte de la actual Administración, pero es claro que esta cuenta con la legitimidad y el respaldo que le entregó la ciudadanía, en virtud de un programa, de ideas y de determinado liderazgo.
Entonces, francamente, me cuesta entender lo que algunos imaginan o el temor al fantasma que los persigue. Por suerte, lo hemos dejado bastante atrás. Es preferible ni recordar lo que ocurría en la época de la dictadura, cuando no había libertades de ningún tipo. Y todos sabemos cómo se utilizó la televisión en ese entonces. A mi juicio, ese fantasma ni siquiera merece ser recordado.
Hemos probado durante más de 20 años la democracia. Y nadie podría decir que ha habido abusos con las campañas de utilidad pública. Donde sí se ha observado abuso es en algunos canales abiertos de televisión, que, habiendo recibido la concesión gratuitamente, se han negado a transmitir campañas, como ha ocurrido con la prevención del Sida, lo que realmente ha sido lamentable, porque resultaba evidente que lo que se estaba buscando como bien mayor era informar, crear conciencia en la población, particularmente juvenil, acerca de cuáles son las mejores medidas para prevenir esa enfermedad. Y, francamente, debo lamentar que haya habido canales que se negaron a ello.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con esta norma.
Ahora bien, creo que el asunto no debiera pasar por el Consejo Nacional de Televisión. Me parece que la legitimidad de la Secretaría General de Gobierno -como dije- radica en el Gobierno elegido democráticamente. Pero si ello constituye un acuerdo para votar el precepto, estoy dispuesta a aceptarlo. No obstante, voy a pedir votación separada respecto del último inciso, porque no considero pertinente, bajo ninguna circunstancia, que se diga, en caso de tener que prorrogar la campaña, lo que es bastante raro porque estas siempre son acotadas en el tiempo y en el espacio, que los concesionarios de televisión podrán cobrarle al Estado por ello conforme a "tarifas no mayores y descuentos no menores que los que ofrezcan a cualquier cliente...".
Eso es inaceptable.
Señor Presidente, anuncio mi voto en contra de ese último inciso, porque no estoy dispuesta a que, respecto de canales que están haciendo un muy buen negocio y bastante lucrativo, más encima el Estado tenga que pagarles por verse en la necesidad de prolongar la exhibición de ciertas campañas, lo que además es muy raro y excepcional.
Francamente, eso lo estimo innecesario.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, primero, creo que hay que partir sobre la base de algo que es de la esencia misma del sistema de concesiones y que, por lo demás, está reconocido en muchos fallos: que es posible imponer cargas. A quien tenga determinada concesión se le puede colocar equivalentemente una. Lo que no corresponde es poner una carga discriminatoria. Es decir, a unos sí y a otros no.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que la norma es perfectamente factible de ser tratada y aprobada sin que se infrinja disposición constitucional alguna, ni tampoco ningún tipo de libertades.
Este es un tema que, ciertamente, no es novedoso dentro de los propios Gobiernos, que normalmente han tenido esa facultad, incluso tratándose de cadenas nacionales, las que muchas veces, si son abusivas, reiterativas, por supuesto caen en una limitación del derecho de los concesionarios en relación con el derecho que se le otorga a un Gobierno.
Pero a mí me parece bien la norma de la letra m) en todos sus incisos, y discrepo de algunas observaciones que se han formulado acá.
Creo que es bueno que el Estado tenga la posibilidad de realizar campañas de bien público; que ellas deban ser transmitidas por estos medios de comunicación -los cuales cuentan con concesiones otorgadas por él-, y que se establezca un límite de tiempo para evitar los abusos. Ahora, uno podrá discrepar si resultan apropiadas o no cinco semanas, o tantos minutos; pero ponerles una limitación también es esencial.
Además, considero pertinente que el asunto quede radicado en determinada autoridad del Estado -en este caso, la Secretaría General de Gobierno-; sin embargo, no juzgo adecuado que dicha entidad, porque la Administración de turno puede ser en un sentido o en otro, tenga la facultad para imponer lo que ella quiera y calificar si es de utilidad pública o no una campaña. Por eso me parece bien que haya un contrapeso de otro órgano del Estado, como el Consejo Nacional de Televisión.
Estimo positivo que dicho Consejo tenga que aprobar la campaña de bien público y que, además, se requiera un quórum alto -a lo mejor, en eso estoy contradiciendo a otros que piensan distinto-. ¿Por qué? Porque me parece que sus diez integrantes, desde el momento en que los nombramos aquí, en el Senado, tienen que ser personas responsables; con capacidad de discernimiento; que eviten, por cierto, el abuso; que cumplan con las normativas legales, etcétera.
Y, por lo tanto, la exigencia de un quórum elevado la considero también como algo objetivo para impedir que haya abuso en un sentido o en otro.
Pienso que las campañas de bien público estructuradas así van a operar en forma más o menos legítima. Y, por lo demás, siempre, frente al posible abuso del Estado, de quien tenga la capacidad de ejercer estas campañas, estará por supuesto la posibilidad de fiscalización por parte de un órgano estatal, como la Cámara de Diputados, para determinar las responsabilidades que correspondan.
Por esas razones, me parece bien la norma. Se podría objetar, a lo mejor, lo relativo a las cinco semanas de duración de la campaña y sugerir que sean ocho. Pero creo que la Comisión estudió el punto y trató de establecer el mayor tiempo posible.
Por otro lado, entiendo el argumento de por qué después de las cinco semanas se va a cobrar. Lo peor de todo sería que no se estableciera disposición alguna en ese sentido y quedarnos, tal vez, nada más que con los tres minutos diarios, sin que se pueda continuar haciendo campaña. ¿Por qué? Porque ya se habrá ocupado totalmente ese tiempo.
Entonces, lo lógico es que sí haya una norma que permita extenderla.
Ahora bien, podría determinarse que fuese el 100 por ciento o el 50 por ciento de la tarifa, lo cual habría que reglamentar. Pero es necesario establecer una disposición para prolongar la campaña, por lo menos, con una limitación en cuanto a su cobro y que sea, además, obligatorio el transmitirla, a fin de que el Estado, por cierto, pueda llevarla a cabo.
Y en lo referente a la publicidad, quiero recordarle al Senado que hace poco aprobamos una disposición legal mediante la cual limitamos la posibilidad al Gobierno de efectuar propaganda en relación con las obras o actos que él realice. Esa ley se halla vigente desde este año, y espero que opere de tal manera que no haya abuso tampoco en ese sentido por la Administración de turno.
Por tales razones, me parece bien lo que proponen las Comisiones unidas.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, la verdad es que no sé si mi intervención va a constituir un aporte a partir de lo que he escuchado decir a otros señores Senadores y señoras Senadoras...

El señor PIZARRO.- ¡Siempre es un aporte...!

El señor LAGOS.- ... Pero no puedo reprimirme de comentar esta parte del proyecto de ley.
Entiendo la necesidad de llegar a un acuerdo, y lo valoro en general. Pero acá hay un aspecto que es preciso considerar, dado todo lo que hemos vivido en los últimos cuatro o cinco años en nuestro país: movilizaciones sociales; demandas; ciudadanos chilenos que están más despiertos, que son más exigentes con sus derechos, que le piden más a la autoridad, al Senador, al concejal, en un Estado donde hay cosas que tienen que modificarse.
Hoy día tuvimos una sesión especial en el Senado sobre la situación que afecta a La Araucanía, y pienso que realmente fue un aporte, por el tono que tuvo y porque por primera vez se abre la posibilidad de ahondar acerca del tema en cuestión.
Entonces, lo que quiero decir es que, frente a todo eso, discutimos el rol de la televisión, la importancia que reviste.
Estamos hablando, para que lo entiendan los chilenos comunes y corrientes, de si un Gobierno puede hacer campaña de utilidad pública y bajo qué condiciones. Y este proyecto qué establece. Que sí le es posible realizarla. En todo caso, deberá pedirle el visto bueno, la autorización, al Consejo Nacional de Televisión.
Sin embargo, tengo una discrepancia con lo anterior. Yo no le temo a los Gobiernos de turno, pues existe un Estado de Derecho en Chile y vivimos en democracia, que podría ser mejor. Por eso, no les tengo miedo. Pero pedirle a un Consejo Nacional de Televisión...
Pongámoslo en castellano mejor.
¿Cuántos miembros va a tener ese organismo? Diez.

El señor ESPINA.- Once.

El señor LAGOS.- Estará integrado por diez personas, las cuales serán nombradas por el Presidente de la República, y este Senado deberá pronunciarse si los ratifica o no. ¿Y qué dice la experiencia respecto del actual sistema político chileno? Que se llama "pluralismo" cuando provienen de distintos partidos políticos; si se trata de un solo sector, "cuoteo". O sea, dicho órgano va a estar cuoteado: serán cinco de un lado y cinco del otro.

El señor ESPINA.- Pero son once.

El señor LAGOS.- El tema es otro. No nos perdamos.
Señor Presidente, que no se me interrumpa.
Entonces, lo que quiero señalar es que el sistema es...

El señor PIZARRO.- Disperso.

El señor LAGOS.- ¡Sí, soy disperso, como dice el Senador Pizarro...!
Lo que ocurre es que lo que se plantea desnaturaliza todo. Porque un Gobierno es elegido en primera o segunda vuelta con el 52 o 53 por ciento, y tiene derecho a efectuar una campaña de utilidad pública; pero deberá contar con el visto bueno de siete miembros de un total de diez. ¡Bueno, perdónenme: eso significa un veto a la Administración de turno!
Por otro parte, el grado al que se llega acá para regular esta materia es bien notable. Yo no recuerdo un texto legal en el que hayamos establecido, a nivel de ley, aspectos tales como cuántos días puede durar una campaña o cuántos segundos. Aquí se habla de 60 segundos. Generalmente, esas materias siempre se dejan para el reglamento. En esta oportunidad eso no ocurre porque hay que salvaguardar algunos intereses.
¡No entiendo por qué 60 segundos si el Gobierno quiere hacer la campaña en un minuto y medio! Pero así está escrito en la normativa que vamos a apoyar, que tiene acuerdo.
Y, por último, hay algo que han dicho todos: la verdad es que se pretende cobrar por la extensión de la campaña de utilidad pública.
Esto lo vamos a poner en Twitter y va a generar revuelo.
Cuando las personas se enteren de que para hacer campaña de utilidad pública se requerirá el acuerdo de siete de los diez miembros que componen el Consejo y, además, de que los canales de televisión podrán cobrar por ella -eso sí, el justo precio-, todos concordarán en que es un exceso...

El señor PIZARRO.- Se cobra después de haber sobrepasado cierto tiempo, Senador.

El señor LAGOS.- Sí, claro. Después de transcurridos los 21 minutos semanales y superados los sesenta segundos por cada emisión. Es decir, si un Gobierno requiere realizar una campaña de utilidad pública tendrá que contar con el visto bueno del Consejo Nacional de Televisión y, además, deberá pagar.
Yo -para ser bien franco- no entiendo por qué tiene que pagar. Mejor dicho, comprendo cuál es el razonamiento que está detrás de ello, pero no lo comparto. Porque a los canales de televisión se les dio una concesión gratuita y se les está pidiendo otorgar espacios para transmitir campañas de utilidad pública.
¿Cuántas campañas de utilidad pública ha habido en Chile en los últimos diez años?

El señor PIZARRO.- No existe la posibilidad de hacerlas, señor Senador.

El señor LAGOS.- ¿Cuántas ha habido? ¡Ninguna!
Entonces, señor Presidente, lo que esconden aquellos que me interrumpen es que vamos a seguir viviendo en un país en el que, cuando intentemos hacer una campaña publicitaria para fomentar el uso del preservativo y evitar el contagio del Sida, ciertos canales de televisión -algunos privados- se van a negar. ¿Y eso ocurrirá gracias a qué? A una minoría del Congreso Nacional que, en virtud del binominal, empata y puede nombrar a la mitad de los miembros del Consejo Nacional de Televisión, con lo cual, entonces, vamos a quedar bloqueados.
¿Y saben por qué lo digo? Porque como no se dijo en veinte años la gente no sabe...

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor LAGOS.- Deme treinta segundos más, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Tendrían que ser sesenta de acuerdo con su argumentación, Su Señoría...!

El señor ROSSI.- ¡Que pague el sobretiempo, señor Presidente...!

La señora VON BAER.- ¡Qué pare, señor Presidente...!

El señor LAGOS.- Concluyo enseguida, señor Presidente.
Se ha hecho un esfuerzo tremendo en el tema de la televisión digital, y en estas cosas es donde nos caemos, porque, al final, la responsabilidad es de todos nosotros.
Y quiero decirlo: con el actual sistema binominal, con la forma establecida para nombrar a los consejeros, seguimos con un modelo "la mitad tuya, la mitad mía". Entonces, si para obtener un permiso requiero siete votos pero solo cuento con cinco, tengo que ir a "pololear" a dos de enfrente, y si estos están bien alineados, no me lo van a otorgar.
Y si deseo hacer una campaña de utilidad pública, tendré que pagar si me excedo de los sesenta segundos diarios que me dieron para transmitir un spot.
Por las razones expuestas, voy a rechazar esa parte de la norma. Gracias, señor Presidente.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Hago notar que este es el primer aplauso después de tres sesiones consecutivas analizando esta iniciativa...!
¡Muchas gracias a las tribunas por ese estímulo...! ¡Pero háganlo una sola vez...!
Quedan cuatro oradores inscritos.
Debo informar a la Sala que el Ejecutivo retiró la urgencia al proyecto, razón por la cual concluiremos esta votación y pasaremos a la siguiente iniciativa que la Sala acordó despachar.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero señalar que estoy muy de acuerdo con esta norma. Me parece que es muy equilibrada. Tan así es que escuché dos líneas argumentales: hay quienes votan que no, porque sostienen que se está dando un poder enorme al Gobierno de turno, y hay otros que la critican, porque no se le otorga a la Administración de turno el poder suficiente.
Esta es una disposición que tiene todo el sentido común.
Ella establece que los canales de televisión que reciban una concesión gratuita del Estado, durante una hora y media al año -¡al año!- deben realizar campañas publicitarias para "proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas".
Y, a continuación, señala: "Estas campañas no podrán durar en total más de cinco semanas al año, ni más de 60 segundos por cada emisión, y hasta completar 21 minutos a la semana."
Es decir, ¡cómo el Estado no va a poder, durante una hora y media al año, realizar una campaña publicitaria para promover la defensa de derechos de las personas!
Pero, además, tiene un filtro, que es razonable que exista, porque los Gobiernos pueden abusar.
Por ejemplo, el Gobierno de Chávez abusa de las normas e impone campañas publicitarias que han significado duros ataques, a través de disfrazar sus mensajes mediante ellas...

El señor TUMA.- ¡Venezuela no viene al caso!

El señor ESPINA.- Sí, mi querido amigo. Todavía se puede hablar mal de Chávez en Chile.
Entonces, cuando se establece que siete de los once miembros del Consejo Nacional de Televisión -que es un quórum de 65 por ciento, o sea, casi los dos tercios- deben coincidir en el contenido de una campaña, me parece que queda muy bien cubierto el derecho a que un Gobierno pueda hacer publicidad.
Y se lo comenté al Senador Orpis: ¿cómo un Gobierno no va a poder destinar una hora y media gratuita al año para explicar el daño que hacen las drogas? ¿Cómo no va a poder hacerlo?

El señor GÓMEZ.- ¡Es muy poco tiempo!

El señor ESPINA.- Y puede hacerlo por más tiempo, pero en ese caso debe cancelar lo que corresponde a gastos de publicidad.

El señor LAGOS.- ¡Con siete miembros hay que pedir permiso!

El señor ESPINA.- Entonces, señor Presidente, estimo que la disposición en comento está bien diseñada.
Además de ello, la norma tiene una virtud: es fruto de un acuerdo político. En efecto, frente a dos visiones opuestas -unos quieren que exista la mayor cantidad de horas posibles, ojalá todas gratuitas, y otros piensan que con ello se afecta la autonomía e independencia de cada canal-, el Parlamento está haciendo lo correcto: buscar un acuerdo.
Y, por supuesto, esos acuerdos nunca van a dejar ciento por ciento satisfechos a unos y a otros, pero constituye un avance extraordinariamente relevante, porque brinda la posibilidad de que se haga una campaña publicitaria en una primera etapa gratuita y luego pagada.
Debo recordarles que actualmente en Chile toda -¡toda!- la publicidad es pagada. Sin embargo, ahora estamos diciendo "Hágala gratuita por 105 minutos".
Y -reitero- se establece un filtro, lo cual me parece muy adecuado, porque los controles de los Poderes del Estado son muy útiles. Es posible que mañana -no se sabe- un Gobierno quiera abusar de estas normas, y todos aquellos que hemos estado en la Oposición y en el Gobierno sabemos que nada más sano para la democracia es que el poder siempre tenga sistemas de control, porque la tentación del abuso existe tanto en Administraciones de Derecha como de Izquierda.
Por lo tanto, los sistemas de control son buenos para la democracia.
En consecuencia, yo respaldo al Gobierno y a los parlamentarios que han expuesto a favor de esta disposición. Considero que es un buen acuerdo, que avanza en la dirección correcta y que, sin duda, contribuye a fortalecer la difusión de los derechos de las personas sobre la base de controles adecuados que impidan un mal uso de este instrumento.
Por esa razón, voto que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- No voy a hablar, señor Presidente

El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias, Su Señoría. ¡Una gran contribución!
Senador Coloma, ¿usted va a seguir el ejemplo del Honorable señor Pizarro?

El señor COLOMA.- ¡Al Senador Pizarro, generalmente, no lo sigo, señor Presidente...!

El señor PIZARRO.- ¡Menos mal...!

El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien.
Entonces, puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero dar a conocer mi punto de vista con relación a un tema que resulta muy interesante.
Pienso que no existen las verdades absolutas -oigo con interés los planteamientos de los distintos parlamentarios- y, por eso, quiero dejar sentada mi posición sobre el particular.
Mi visión tiene dos aspectos.
El primero es de carácter conceptual. Yo soy más partidario de las libertades que de las lógicas del Estado. Valoro más una sociedad que apunta a generar institucionalidad, donde la gente y los medios puedan desempeñarse con libertad, obviamente, al amparo de la ley, de la moral, de las buenas costumbres y cumpliendo sus obligaciones para con el Estado que, entre otras, es pagar impuestos.
Porque todo el mundo habla de la gratuidad, pero las empresas que gozan de algún tipo de concesiones pagan impuestos, no constituyen excepciones respecto a otro tipo de organismos, y desarrollan una actividad lícita y legítima.
En consecuencia, no por el hecho de que se trate de una concesión los canales de televisión van a usufructuar de un grado de exigibilidad distinta del de otras actividades.
En esa lógica, de acuerdo con la forma como se resuelven este tipo de materias uno va entendiendo la clase de sociedad en la que quiere vivir. Personalmente, no me gustan las verdades oficiales, aunque tengan un filtro -que me parece inteligente como se ha planteado aquí-, ni tampoco me agradan los temas obligatorios que surgen a partir de la decisión de un Gobierno, cualquiera que este sea.
Creo mucho más en la expresión inteligente, libre, variada de lo que un pluralismo de veras ofrece. La norma en debate va en una dirección contraria a este, representa una excepción al pluralismo, donde se habla de la verdad de un Gobierno.
No creo en ese tipo de sociedad. Yo creo mucho más en una sociedad que respeta las libertades. Y si hay la necesidad de realizar campañas sociales, existen los mecanismos a través de la Ley de Presupuestos para hacerlas de manera legal, eficiente y útil.
No me parece que como sociedad -y tiendo a pensar que Chile se ha desarrollado en este aspecto- debamos retrotraernos a una legislación que sí existía: la de las cadenas obligatorias u oficiales, ahora planteadas de modo diferente.
Por eso, admitiendo la validez de pensar distinto, yo entiendo la posición de aquellos que no están en contra de esta norma, porque creo que, al final, esto dice relación con visiones legítimas de la sociedad. Algunos prefieren más Estado, otros preferimos más libertad. Y ambos puntos de vista son perfectamente lícitos. Pero el correlato de lo que pienso es rechazar esta disposición.
Además, señor Presidente, hay un argumento práctico que me inquieta.
Como el proceso de análisis ha sido largo, uno puede ver de qué manera se ha verificado la discusión en otros países.
En tal sentido, quiero decirles que este es hoy el tema que más se discute en Ecuador, Argentina y Venezuela, a partir del ejercicio práctico de normas equivalentes -no idénticas- a las que se están aplicando en el Chile actual.
El gran tema de la elección venezolana fue precisamente que, mientras el candidato de la Oposición, Capriles, hacía su manifestación, el Gobierno de Chávez, al amparo de una disposición vigente -probablemente sin los contrapesos de acá-, decidió efectuar una cadena nacional obligatoria para transmitir la graduación de los policías, considerando que era muy importante que la gente entendiera lo que es la institucionalidad antidelincuencial: ¡tan importante como para tapar la campaña del líder opositor...!
En el Congreso argentino se está planteando una iniciativa de parlamentarios para terminar precisamente con aquello. ¿A partir de qué? De que en los últimos dos años la Presidenta de ese país ha impulsado cada 22 días, en promedio, con su presencia, una campaña de tal naturaleza (hablando ella, por cierto), lo que, a juicio de los congresistas trasandinos, genera una ideologización de las políticas públicas inaceptable.
Y lo mismo ocurre en Ecuador, donde el reclamo es que el poder oficial se enquista dentro de esa fórmula, que está diseñada -yo sé- para otras cosas, a fin de, en la práctica, hacer una forma de proselitismo que resulta intolerable para la libertad.
Esta es una materia interesante, señor Presidente. Asumo que hay, legítimamente, posiciones diferentes. Aquí no están los buenos y los malos. Porque es un tipo de discusión que no se da en esa lógica. Pero sí se da en la lógica de quienes apreciamos más las libertades que al Estado.
Por eso, voto que no.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, yo voto a favor de esta norma. Y lo hago precisamente porque creo en la libertad, pero también pienso que el Estado tiene algo que decir en temas relevantes para la sociedad.
Hace algo más de un año el Honorable señor Orpis presentó un proyecto de ley que ha recibido el apoyo de muchos de nosotros acá, en el Senado, el cual apunta a que las educaciones pública y privada entreguen horas semanales para el combate de un flagelo terrible que existe en nuestro país: la droga.
El colega Jaime Orpis se ha caracterizado por el combate contra la droga desde su Fundación.
Entonces, si les pedimos a las educaciones pública y privada -y reitero que he apoyado la iniciativa en comento- que asuman la lucha contra la droga y aceptamos que el Estado reciba esta carga adicional en algo tan relevante y que es de utilidad pública, debemos ser coherentes y requerirle también a nuestra televisión, la cual recibe las concesiones sin que se le solicite nada a cambio, que colabore de manera mínima en dicha cruzada.
Yo lo digo con fuerza: ¡me siento muy orgullosa de que sea nuestro Gobierno, el Gobierno del Presidente Piñera -a través del Ministro señor Errázuriz, del Subsecretario señor Atton, del Ministro señor Larroulet, quienes nos acompañan esta tarde-, el que apoye el acuerdo en torno a esta norma!
¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de utilidad pública nos estamos refiriendo a un bien superior que hemos de impulsar también desde el Estado, sea quien sea el que se halle en el Gobierno.
Por eso, tal como dijo muy bien el Senador Espina, esta disposición tiene condicionantes. Y una de ellas, muy relevante, es la de que una gran mayoría de los miembros del Consejo -siete de un total de once- debe autorizar o visar las campañas públicas que el Gobierno de turno quiera emprender.
¡Cómo no sería maravilloso tener gratuitamente en nuestra televisión toda la campaña de tolerancia cero contra el consumo de alcohol!
¡Cómo no sería maravilloso tener de igual forma en nuestra televisión campañas de utilidad pública en torno a la no violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores!
Y, así, podríamos enumerar infinitos casos vinculados con la utilidad pública.
Entonces, a nuestros privados: libertad de emprender, y démosles todas las facilidades. Pero también pidámosles a quienes están en el rubro de la televisión un aporte retributivo y recíproco para con nuestra sociedad.
Por último, quiero hacerme cargo de lo que dijo la Senadora señora Allende en el sentido de que los 105 minutos de televisión anuales (no es más que eso) que les vamos a pedir a las emisoras se extiendan, y siempre en forma gratuita, en función de campañas de utilidad pública.
Llamo a ser cuidadosos a ese respecto. Yo no comparto lo que planteó Su Señoría. Porque hay muchas emisoras locales. Y quiero nombrar solo dos: VTV2 Valle Televisión, del Aconcagua, y CLL Televisión, de Catemu y Llaillay.
Repito: existen numerosas estaciones televisivas en cada una de las Regiones que representamos en el Senado; y son emisoras pequeñas, locales, con una realidad regional distinta.
Entonces, la carga adicional de 105 minutos que vamos a imponer para campañas de utilidad pública está estupendamente bien. La aplaudimos, la apoyamos y nos sentimos orgullosos de ella. Pero, por supuesto, debe tener un límite, para no reventar en la práctica a las televisoras locales y de medios regionales, que son mucho más pequeñas y sobreviven asimismo gracias a la publicidad.
Con todas las consideraciones precedentes, voto muy contenta a favor de esta disposición.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la verdad es que estoy confundido con esta norma. Y lo digo porque me imagino que hoy el Ministerio de Salud, cuando quiere realizar una campaña para incentivar la vacunación contra la meningitis, por ejemplo, no lo hace a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno: creo que va directamente a una productora y financia la campaña con sus propios recursos.
Supongo que lo mismo hace el Ministerio de Vivienda respecto a los subsidios habitacionales; que otro tanto hace el Ministerio de Educación con relación al beneficio de becas para la enseñanza superior, y que, así, cada Ministerio decide en función de su propia misión, de su propia tarea institucional, la campaña de bien público que desea llevar adelante.
Por lo tanto, la objeción que me merece esta norma es la de que de aquí en adelante las campañas deberán coordinarse a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Esta norma me llama más la atención todavía cuando señala que "El Ministerio Secretaría General de Gobierno" -o sea, ya no el Ministerio respectivo- "determinará cuáles serán las campañas de utilidad o interés público, enviando la estructura, diseño y contenidos fundamentales de la o las campañas al Consejo".
En el hecho, le estamos entregando al Ministerio Secretaría General de Gobierno una tremenda tarea, una enorme responsabilidad. Y lo que más me preocupa es que, según entiendo la norma, estaríamos dejando al margen de aquello a los Ministros sectoriales, que son normalmente los que llevan adelante este tipo de campañas.
Señor Presidente, me gustaría que aclaráramos el punto, para saber exactamente a qué nos vamos a atener.
Aquí se está hablando también de que las campañas no van a poder durar -si mal no recuerdo- más de cinco semanas al año, ni más de 60 segundos por cada emisión, y hasta completar 21 minutos a la semana.
Los Ministerios, aparte de estas campañas publicitarias que van a ser gratuitas -entiendo que lo serán, por lo menos, en una primera etapa que no implica la extensión del período-, ¿van a poder igualmente hacer otras? ¿Las van a tener que pagar, tal como ocurre hoy en día, o solo deberán circunscribirse a las del período gratuito que se les exige a las concesionarias?
A mi juicio, es importante aclarar esas dudas que me surgen para resolver la votación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, reconozco que no ha sido una votación fácil para mí. De hecho he cruzado prácticamente las tres opciones en el curso del debate, pero al final he tomado una decisión.
La verdad es que el Senador Coloma tiene razón en cuanto a los riesgos que se corren con el concepto de sociedad. Yo comparto plenamente aquel que Su Señoría planteó, pero, en forma paralela, señor Presidente, hay determinadas situaciones en el país que requieren generar conciencia, modificar actitudes, cambiar cultura. Y tal como señaló la Honorable señora Lily Pérez, echo mucho de menos, con relación a la prevención del consumo de drogas -tema en el que he luchado por muchos años y en el que no ha habido acuerdo- que exista un mensaje potente, coherente, unívoco, para intentar disminuir ese flagelo. Y me encantaría que existiera una campaña de bien público orientada en tal sentido.
Bajo el segundo concepto, sería contradictorio que votara en contra de la norma. Pero también me hace fuerza el tema de la libertad, porque al final se corre el riesgo de que el Gobierno de turno imponga ciertas visiones respecto de toda la sociedad, las cuales son propias de un gobierno determinado, en un momento preciso.
Lo que finalmente me hace fuerza, señor Presidente, para aprobar la norma es el filtro, el contrapeso que se establece. Eso es lo que marca la diferencia.
La única complicación que veo -debo señalarlo- es que a diferencia de otros nombramientos, aquí simplemente se requiere contar con la mayoría de los miembros en ejercicio y, por tanto, se trata de mayorías muy pequeñas. Y eso, a la larga, puede imponer cierta tendencia en el consejo, la cual terminará prevaleciendo en su propia composición y en la sociedad.
Habría sido muy importante que se escogiera mediante mayorías más altas a quienes formarán parte de dicho consejo. En mi concepto, eso hubiese sido un filtro más efectivo, pues se requerirían más acuerdos y dicho órgano resultaría más equilibrado.
Reconociendo todos los riesgos, señor Presidente, voy a votar a favor de la norma.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso primero de la letra m) del artículo 12, contenido en el número 8 (23 votos a favor, 8 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela y Uriarte.
Se abstuvo el señor García.


El señor ESCALONA (Presidente).- Queda, en consecuencia, aprobado el inciso.
Señor Ministro, lo quiero estimular manifestándole que hemos aprobado tres incisos en el transcurso de esta sesión.

El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Muy bien, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, el Ejecutivo retiró la urgencia al proyecto que nos ocupa en este momento. Por tanto, correspondería que nos ocupáramos en el relativo al impuesto específico a los combustibles, cuya urgencia de "discusión inmediata" expira el próximo lunes.


MODIFICACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO PARCIAL DE IMPUESTO ESPECÍFICO AL DIÉSEL


El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica plazo para reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel a las empresas de transportes de carga y modifica otros aspectos de este mecanismo, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8772-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 94ª, en 15 de enero de 2013.
Certificado de Comisión:
Certificado de la Comisión de Hacienda: sesión 96ª, en 16 de enero de 2013.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general por mayoría en la Comisión de Hacienda (votaron a favor los Honorables señores García, Novoa y Pizarro y se abstuvieron los Senadores señores Frei y Lagos), resultando, en consecuencia, aprobada la idea de legislar.
El texto de la iniciativa, Sus Señorías, está transcrito en las páginas 5 y 6 del certificado que emitió la Comisión de Hacienda.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.

¿Habría acuerdo?

El señor WALKER (don Patricio).- Sí.

El señor GARCÍA.- Está bien.

El señor ESCALONA (Presidente).- Acordado.
Les recuerdo a los señores Senadores que de todas maneras se necesita cumplir el quórum exigido para aprobar en particular la iniciativa.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma para fundamentar su voto.
Sus Señorías disponen de hasta cinco minutos para intervenir.

El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto en comento vuelve a someter esta materia a la consideración del Congreso, dado que los Gobiernos han sido incapaces de definir una política pública permanente que permita resolver en forma definitiva lo relativo a este impuesto que se generó en un momento determinado de la historia de Chile, en el que quizás pudo haber sido diseñado convenientemente como modo de recaudación tributaria.
Sin embargo, a medida que fue cambiando la realidad del país y especialmente el precio internacional del combustible, esta recaudación se convirtió, en verdad, en un suplicio, en un castigo, en una sanción para todos los consumidores, muy especialmente para los transportistas y quienes usan sus vehículos para trabajar.
En definitiva, el hecho de que estemos debatiendo ahora este proyecto de ley es porque ya hace algún tiempo establecimos una iniciativa que daba la posibilidad de descontar o recuperar dicho impuesto específico. Al efecto, habíamos dispuesto una concesión gradual, dependiendo del volumen de las ventas. Y eso lo hicimos en forma transitoria, pero ahora tenemos que volver a aprobar un proyecto -nuevamente con carácter transitorio- ante la incapacidad de dar una solución definitiva al tema.
Nosotros planteamos que es importante el impuesto específico para el ingreso fiscal como modo de recaudación. Pero también señalamos que hay otras formas para que el Estado obtenga los mismos ingresos de una manera más democrática, más justa, al momento de recaudar tal volumen de recursos.
El sistema del impuesto específico se diseñó, básicamente, para que dichos recursos permitieran construir y mejorar las carreteras y caminos en Chile.
Hoy día han pasado tantos años desde su implementación que los caminos y carreteras de Chile se costean de un modo distinto. Nuestro país actualmente cuenta con respaldo y financiamiento para hacerlo de forma independiente, con los recursos propios del Estado, sin necesidad de recurrir a los usuarios de tales carreteras.
No obstante, lo más grave, señor Presidente, es que quienes consumen petróleo a los precios que tenemos no son solamente los usuarios de las carreteras, sino también la industria minera, que no paga este impuesto; la industria naviera, que tampoco lo paga y la industria en general, que lo recupera.
En definitiva, los únicos que lo pagan son los consumidores y las personas que usan las carreteras debido a su actividad económica.
Conviene tener presente que el sistema de recaudación se podría democratizar bastante más. Hoy día, para poner el ejemplo solo del impuesto específico de las bencinas, cabe considerar que este concepto representa 255 pesos por litro, sin importar el nivel del precio. Como el 80 por ciento de los consumidores de combustible no pagan el tributo, la distribución de este último importaría pasar a cancelar 50 pesos, un quinto del monto actual. Naturalmente, tal medida sería un alivio, porque todos cubrirían un poquito, y se mantendrían los ingresos estatales.
Mas ni por esta vía ni por alguna otra se ha aplicado una política pública en la que el Estado haya tomado una decisión para resolver definitivamente el problema, y otra vez nos vemos impelidos a aprobar una normativa que alivia transitoriamente la carga, pero que no hace justicia respecto de los tributos a consumidores y usuarios, en especial a aquellos cuya actividad económica dice relación con el transporte.
Voy a aprobar el proyecto, señor Presidente, porque peor es nada. Sin embargo, creo que el Estado y el Gobierno deberían asumir una conducta diferente, para hacerlo más democrático y justo.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Saludo a los dirigentes de los transportistas que nos acompañan en las tribunas, especialmente al señor Juan Araya, quien viene a aumentar el volumen del respaldo a la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la disposición actual, con relación a las empresas de transporte de carga, señala que todos tienen derecho, a partir del 1° de julio de 2006, a un reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, de carácter único, del 25 por ciento. Esta es la regla general, y de no aprobarse el proyecto del Ejecutivo, se volvería a ese porcentaje.
Lo cierto es que la propuesta del Gobierno, tal como ocurrió el año pasado, es mucho más conveniente en los cuatro tramos que se contemplan. En efecto, ellos serían los siguientes:
1) De 80 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 2 mil 400 unidades de fomento.
2) De 70 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 2 mil 400 unidades de fomento y no excedan de 6 mil.
3) De 52,5 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 6 mil unidades de fomento y no excedan de 20 mil.
Aquí se observa una mejoría respecto de la ley aprobada el año pasado, que ya expiró, la cual hacía referencia a las ventas entre 6 mil y 15 mil unidades de fomento.
4) De 31 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 20 mil unidades de fomento.
Por lo tanto, uno tiene que pensar en qué situación quedarían mejor los transportistas. Probablemente, no nos hallamos ante el ideal. Coincido con que no hemos tenido tiempo para discutir normas de una vigencia más permanente y que no signifiquen al final, sobre la base de los distintos tramos, que las ofertas que se plantean con motivo de una presentación a propuestas públicas o privadas sean distintas en función del porcentaje de reintegro. Tarifas y costos son tan estrechos, que es posible que alguien quede fuera por encontrarse en un rango de un monto menor. Lamentablemente, no ha sido posible tratar la cuestión en forma más detenida. Repito que estamos sin ley y que es necesario aprobar de manera urgente las nuevas disposiciones, pues, de no ser así, se volvería al reintegro de carácter general del 25 por ciento. Y, como lo he señalado, ninguno de los tramos sería ahora igual o inferior a ese porcentaje: todos lo superarían.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor.
Comprendo la queja de algunos gremios, pero creo que se tiene que hacer lo que, en definitiva, también los favorece, y no hay duda de que la situación en que los dejará la iniciativa, una vez aprobada, será mucho mejor que volver a lo establecido en la ley N° 19.764.

El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, me abstuve en la votación del proyecto en la Comisión de Hacienda y expresé mis razones para ello.
En dicho órgano técnico hemos tratado el asunto en los últimos cinco años. Desgraciadamente, siempre lo hacemos en el último momento antes del receso de febrero. En una reunión a las 15, que debe levantarse con rapidez, prácticamente no se alcanza a discutir nada: se vota a favor o en contra, o "por lo menos malo", como han dicho algunos, o por lo mismo, como lo expresó el Honorable señor García.
Reitero que la situación data de cinco años, cuando se subió el reintegro -estamos haciendo referencia a ese aspecto, no al impuesto específico a los combustibles, que no hemos abordado-, el cual se fijó, en definitiva, en 80 por ciento por el altísimo precio de los combustibles, ya que el petróleo llegó a 150 dólares. En 2009 se estableció la tabla aplicable. Y cada fin de año se escucha a los gremios y después anunciamos que en el siguiente vamos a analizar las alternativas.
A la Comisión asistieron varios Senadores de Gobierno, como los Honorables señores Hernán Larraín, Carlos Larraín, Chahuán y Coloma, quienes consignaron que el 20 de diciembre de 2011 se firmó un acuerdo para realizar una serie de estudios y modificaciones. Pero, como siempre, llegamos al último día y a la última hora, y es preciso votar sin otras posibilidades. La situación, entonces, se sigue dilatando.
Lo mismo ha pasado en lo relativo al impuesto específico. Desde el día en que partió el famoso "SIPCO" le dijimos al señor Ministro que ello no iba a funcionar. Después vino una segunda ley, y al comienzo del año pasado se presentó un nuevo proyecto, que lleva durmiendo en la Comisión de Hacienda prácticamente durante un año.
O sea, en la breve discusión en dicho órgano técnico, efectuada rápidamente, como decía, de 15:15 a 15:30 -entremedio fue necesario volver a la Sala para dar quórum-, no se alcanzó a tratar la materia realmente a fondo.
Han sido los parlamentarios de Gobierno, quienes firmaron el acuerdo el año pasado, los que han advertido acerca de la falta de debate, de conversación y de análisis en profundidad.
Lo concerniente al reintegro y al impuesto específico no ha sido estudiado a fondo por el Congreso y seguimos con un asunto que no va a quedar resuelto. En el proyecto original se determinaba un plazo de cuatro años para el porcentaje respectivo, disminuido a tres años en la Cámara de Diputados y a dos años en el Senado; pero lo más probable es que, al igual que en los últimos cinco años, llegaremos a enero, en el año correspondiente, con una nueva iniciativa, y espero que en algún momento encontremos el tiempo suficiente para abocarnos al reintegro y sus objetivos, así como también al impuesto específico.
Ojalá no nos sigamos ocupando en proyectos de "discusión inmediata" en las dos semanas previas al receso, ya que no se alcanza a hacer nada, sencillamente, y solo cabe votar sí o no, o abstenerse, porque no hay otra solución.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, al Senador señor Frei le hemos escuchado expresar varias cosas que ya se han repetido en el Hemiciclo.
Me parece muy bien que esté presente el señor Ministro de Hacienda, para que podamos comentar estas materias.
Efectivamente, se ha enviado de nuevo un proyecto sobre el reintegro parcial a las empresas de transporte del impuesto específico al petróleo diésel, y, como dijo nuestro Honorable colega, lo único que podemos hacer es votar a favor. De lo contrario, la situación será peor -lo destacó también el Senador señor García- que aquella que se presentaría si no se despachara la iniciativa.
Ahora, cabría haber perfeccionado bastante el texto, pero no ha habido tiempo para debatir, como se señaló. Podríamos haber escuchado más a los afectados por el impuesto, a los transportistas. Se pedía mejorar, no solo la situación del tercer tramo, para que se contemplaran ingresos anuales entre 6 mil y 20 mil unidades de fomento, sino también del primero y del segundo, relativos, respectivamente, a ingresos anuales iguales o inferiores a 2 mil 400 unidades de fomento y a aquellos superiores a esa cantidad y que no excedan de 6 mil. Sin embargo, eso tampoco fue posible.
Indiscutiblemente, la devolución del 80, del 70, del 52,5 y del 31 por ciento, según el tramo, constituye un beneficio, mas no es la cuestión de fondo. Tenemos que discutir, de una vez por todas, el impuesto específico a los combustibles, del cual se ha reclamado en todos los Gobiernos y desde hace mucho tiempo.
Se han pedido su eliminación, su limitación o su disminución transitoria, medida esta última aplicada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que representó casi un 40 por ciento.
Hemos hecho referencia a que, a lo mejor, habría que estudiar un tributo plano, que pague toda empresa o persona consumidoras de petróleo o de bencina y que se aplique parejamente, con lo cual podríamos fijar una tasa mucho menor y tal vez de más bajo efecto.
Sí puedo manifestar -lo hemos hecho reiteradamente- que el único ganador en relación con el alza de los precios del petróleo y de las bencinas ha sido el Ministerio de Hacienda.
¡No diré que el señor Ministro, porque la recaudación no va a sus arcas, sino a las de esa Cartera...!
De acuerdo con el rendimiento -lo hice presente el año recién pasado- del impuesto a los combustibles, comparado un año con otro, habiéndose aplicado el SIPCO por primera vez luego de aprobarse el proyecto de ley respectivo por el Congreso en enero de 2011, el Fisco obtuvo una mayor recaudación del orden, según recuerdo, de casi 200 millones de dólares. Ello, deducido lo que se traspasó por la aplicación del mecanismo, que me parece que bordeó 60 o 70 millones de dólares.
Mas no se trata solo de eso: el IVA también proporciona una mayor recaudación.
Me habría gustado que la totalidad del mayor rendimiento del impuesto hubiera ido por lo menos a aminorar las alzas de precio experimentadas por las bencinas y el petróleo. Hoy día, las de 93 o de 95 octanos bordean 800 pesos el litro y el dólar vale menos que hace dos años o es similar en algunos casos: 470 pesos.
Me pregunto qué pasaría si el día de mañana tuviéramos que hacer un esfuerzo por mejorar el valor de esa divisa, para el efecto de las exportaciones, como lo pide el sector productor agrícola, y se llegase a 500 o 520 pesos, con el precio internacional del petróleo en los niveles en que hoy día se encuentra. ¿A cuánto ascendería el valor de la bencina en el próximo tiempo?
¿Está realmente funcionando el SIPCO? Desde luego, me pueden oponer que sí lo está haciendo, porque, si no, la situación sería mucho peor.
A lo mejor es así.
Incluso fue preciso corregir su aplicación mediante la disminución del plazo por el cual debía hacerse el cálculo, para poder determinar si había o no modificación en los precios.
Pero se registra con los combustibles algo realmente increíble, que llamaría "imagen del serrucho": un día, el valor baja; al otro, sube.
Fue bien curioso lo que ocurrió cuando aprobamos el proyecto de ley sobre la materia en septiembre del año pasado. Claro, faltaban 30 o 40 días para las elecciones municipales y todos podríamos ser mal pensados al preguntarnos el porqué. Se nos apuró para despachar una enmienda del SIPCO -lo hicimos en muy pocos días-, porque el jueves de esa semana iban a subir las bencinas en 24 pesos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señor Presidente.
Si se aplicaba la reforma propuesta -y tuvimos que acogerla- bajaría el precio. En efecto, así fue, no en 24 pesos, sino en 18. Mas pronto volvió a elevarse.
Hace poco tiempo hubo declaraciones muy optimistas también de parte del Gobierno en el sentido de que el SIPCO estaba funcionando, porque se había registrado una baja de veintitantos pesos. ¡Pero en las últimas tres semanas ha subido en más de 40! Entonces, el sistema no está operando.
Tenemos que considerar, derecha y seriamente, un impuesto a los combustibles que sea equitativo, que mantenga el rendimiento -nadie pretende dejar uno menor-, pero sin una inestabilidad permanente en el precio. Por eso, llamo al señor Ministro a estudiar la materia.
Voy a votar a favor del proyecto. Sería peor pronunciarse en contra, porque no sacaríamos nada y perjudicaríamos a los transportistas. A mi juicio, que estamos aprobando no es lo mejor. Espero, sin embargo, que el señor Ministro de Hacienda, en el período que le resta, nos traiga una buena iniciativa.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Quisiera saludar, a petición de la Senadora señora Alvear, a los apoderados de los colegios Áreas Verdes, República Dominicana, Cataluña y Villas Unidas, de La Florida, y expresarles el deseo de Su Señoría de que tengan éxito en su demanda en orden a que esos establecimientos públicos no sean cerrados.
¡Gracias por acompañarnos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN (don Hernán).- Señor Presidente, tal cual se recordó, el señor Ministro de Transportes llegó el año recién pasado a un compromiso con dirigentes gremiales -un grupo de Senadores participamos en calidad de testigos, por así decirlo- para asegurar que dentro de un plazo razonable se establecieran, a través de una mesa de trabajo, ciertas modificaciones al impuesto específico que grava a la actividad de los transportistas.
En lo fundamental, se consideró la idea de incorporar en el proyecto de ley una estructura de descuentos distinta, con un acuerdo global que definiera de otro modo los tramos.
Seguidamente, se incluyó lo relativo a la factibilidad de que los tramos de recuperación de impuesto selectivo sean en función del petróleo consumido y no de la facturación de las empresas.
Y, finalmente, se hizo referencia a una fórmula que permitiera revisiones periódicas más espaciadas que la revisión semanal actual del precio de los combustibles, con el propósito de asegurar una mayor estabilidad en el tiempo y evitar cambios constantes.
Con respecto a este último punto, el señor Ministro de Hacienda nos ha informado que ello no es posible, porque habría que revisar los contratos de ENAP, que se hallan establecidos por la vía de contratos semanales.
Se discutió sobre la conveniencia o no de tener en cuenta el petróleo consumido y no la facturación de las empresas, pero no se pudo llegar a acuerdo.
En relación con el primer aspecto -al final, el más relevante-, el Gobierno planteó la modificación del tercer tramo, esto es, el del 52,5 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales superen 6 mil unidades de fomento y no excedan de 15 mil, como dispone la norma actual. Ahora se llegará a 20 mil unidades de fomento.
A quienes participamos en la discusión, los Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Coloma y el que habla, a los que se han sumado los Honorables colegas Orpis, Horvath, Sabag, Prokurica y Carlos Larraín -no quiero dejar a ninguno fuera-, la enmienda no nos parece razonable ni suficiente. Quisiéramos pedirle al Ejecutivo un esfuerzo adicional, sobre todo centrado en el sector de "clase media", por así llamarlo, en el mundo del transporte.
Porque los pequeños transportistas se hallan protegidos de alguna manera con el reintegro del 80 y del 70 por ciento, pues están dentro de un ámbito adecuado; pero en el caso de aquellos que se ubican en el 52,5 por ciento, que es adonde apuntó correctamente el Ejecutivo con la ampliación del tramo, dicho porcentaje se considera insuficiente. Solo mil transportistas se verían beneficiados por este cambio del monto para impetrar el beneficio: desde 6 mil a 15 mil unidades de fomento por 6 mil a 20 mil unidades de fomento.
Hemos conversado con los dirigentes del sector y queremos plantear que, en lugar de aumentar el tramo a 20 mil UF, se incremente hasta 40 mil, con lo cual quedaría cubierto un número muy significativo de sectores medios, no de los grandes, los que incluso podrían bajar su porcentaje a 25 por ciento.
El presidente de uno de los gremios del transporte mencionó hoy día, en la reunión de la Comisión de Hacienda, que ellos eran partidarios de dejar dos tramos: uno en 80 por ciento y otro en 25 por ciento, bajándose ellos, que son los grandes -por así decirlo- a este último.
Bueno, como esa petición no fue aceptaba, porque implica -imagino- mucho mayor gasto o mucho menor ingreso, sí queremos pedir que las personas del segmento donde se ubican los medianos queden en el 52,5 por ciento, pero hasta las 40 mil UF. Eso significa -en pesos, para entenderlo mejor- que partiendo de 135 millones de facturación anual, en lugar de llegar a 450 millones, se llegue a 900 millones. Estas no son cifras muy significativas. Estamos hablando de facturación anual.
Y eso nos da un nivel de ingreso promedio importante.
Es efectivo que en el país hay un grado de actividad muy amplio. Y, en tal sentido, los transportistas no presentan falta de trabajo. Pero los márgenes económicos con que están funcionando son muy bajos.
Por ese motivo,...

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional.

El señor LARRAÍN.- Muchas gracias.
Por ese motivo -decía-, muchos de los Senadores aquí presentes, interesados en cumplir nuestros compromisos con los transportistas, los cuales fueron asumidos también por el propio Gobierno en la persona del Ministro de Transportes, queremos pedirle al Ejecutivo que haga un esfuerzo adicional, para poder así votar con entusiasmo a favor de este proyecto.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, la materia que nos ocupa ha sido motivo de bastante conversación y discusión entre los Senadores, a quienes aludía don Hernán Larraín recién. Pero también la hemos debatido con el Ejecutivo, siempre pensando en la posibilidad de mejorar un poco el contenido de la propuesta, de tal modo de abarcar a más gente.
Cuando aquí se habla de las "grandes" empresas de transporte, en el fondo se está hablando, con mayor propiedad, de pymes. No estamos hablando de CODELCO, ni de ENAP, de grandes industrias de la minería o de la electricidad. Hoy día Chile gasta 15 mil millones de dólares en combustibles importados, de los cuales 6 mil o 7 mil van a dar a la generación de electricidad.
En definitiva, ellos no pagan este impuesto. ¡Y en buena hora! De otro modo, quizás el precio del kilowatt se dispararía aún otro poco, puesto que no se pueden construir plantas hidroeléctricas si nos atenemos a ciertas ideologías imperantes.
Pero nosotros, en el caso de que se trata, estamos bogando por la posibilidad de que más gente se beneficie de su propio trabajo.
El Fisco recauda del orden de 2 mil 200 millones de dólares al año en impuesto a los combustibles. ¡2 mil 200 millones de dólares al año!

El señor FREI (don Eduardo).- Más el IVA.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Más -me acota el ex Presidente Frei- el aumento gradual del IVA, que ocurre cada vez que sube la base de cálculo.
Por lo tanto, aquí, en el fondo, no se está pidiendo que el Gobierno dé un subsidio, sino solicitando, con la mayor humildad posible -y por todos los canales lógicos, antes de llegar a la tribuna del Senado; en la Comisión de Hacienda, por ejemplo-, que por favor el Fisco esté dispuesto a dejar de percibir un poco de dinero. Nada más que eso.
Estamos hablando de cantidades pequeñas. Los propietarios de camiones o quienes los operan no están pidiendo la luna, sino una contribución pequeña, que significa un reconocimiento a la tremenda actividad que generan. En el fondo ellos no están, como quien dice, tendiendo la mano.
Al fin y al cabo, hasta el 2008 existía un 80 por ciento de reintegro plano. ¡80 por ciento!
Después del año 2009 se segmentó según facturación. De paso, se hace notar que la facturación incluye muchas veces servicios que no tienen nada que ver con la adquisición de combustibles y que son, por explicaciones razonables que hemos dado, no separables del negocio propiamente de transporte.
El año 2010 se les pidió a ellos hacer un esfuerzo especial por el terremoto. Y lo hicieron.
El 2011 se alteró el modo de cálculo, se abandonó la unidad tributaria mensual por la unidad de fomento.
En definitiva, solo estamos pidiendo una pequeña mayor generosidad del Gobierno.
Quienes estamos en estas bancadas -si no todos, casi la totalidad- no estamos a favor de un aumento de los impuestos. Creemos que los gravámenes son una manera de privar a las personas de sus propios recursos. Preferiríamos que pudieran conservar lo que generan con su trabajo. Es comprensible: hay presiones para el gasto fiscal. Algunas completamente descomedidas. Y otras, aun, más frívolas. Pero, ¡por favor!, que no se haga a costa de la clase media chilena, de gente que hace una contribución efectiva a la vida nacional.
Por lo tanto, me sumo al grupo de parlamentarios que nos vamos a ver obligados a votar que no en este proyecto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, lo primero que quiero resaltar es lo relacionado con el plazo -una cuestión formal frente al tema de fondo que hay que dilucidar-, pues, en ese sentido, el Gobierno se superó a sí mismo.
Busqué las intervenciones que se realizaron el año pasado a propósito de un proyecto similar. En esa oportunidad se señaló que la iniciativa venía a reemplazar una ley aprobada en julio de 2010 y que vencía el 30 de noviembre de 2011. Y el Gobierno ingresó el texto legal al Congreso el 30 de noviembre de 2011, con urgencia de "discusión inmediata". Ahora, la normativa venció el 31 de diciembre de 2012, y el proyecto fue enviado el 8 de enero de 2013. O sea, se superó, desde el punto de vista del retraso, en una semana.
Ironías de lado, el punto de fondo es otro.
Como dijo el ex Presidente Frei, con "discusión inmediata" qué vamos a discutir. O decimos que sí o decimos que no; no hay otra alternativa.
Quiero recordar, además, leyendo las intervenciones de muchos de nosotros, que el Senador Andrés Zaldívar anticipó lo que iba a ocurrir, junto con otros -no me voy a incluir, para no hacerme propaganda- respecto a que no iba a pasar nada con el proyecto. Y que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y varios Senadores -estos últimos como garantes o testigos de una parte del gremio de los transportistas- iba a ser letra muerta. Eso generó ácidos intercambios de opinión acá: irónicos; algunos nos trataron de "ciudadanos de poca fe"; otros de que nos queríamos "atrincherar en la política chica", y de no tener la mirada grande de los acuerdos como el que suscribieron algunos colegas.
Nosotros manifestamos, básicamente, que no había voluntad. Pero no por un capricho, sino porque, a renglón seguido de que dicha declaración se firmara en Valparaíso el 20 de diciembre de 2011, el Ministro de Hacienda, en esta misma Sala y en la Comisión, dijo que no iba a haber un nuevo proyecto de ley. Y en consecuencia, todo lo que estaba contemplado acá -mesa de trabajo, estudios- no tenía sentido.
Aquel fue nuestro argumento.
¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es si se quiere o no un sistema de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para los transportistas. Esa es la primera definición que debemos zanjar. Yo entiendo que el consenso es que sí. Porque para eso se ha enviado la presente iniciativa.
Entonces, la segunda discusión es: ¿cómo debe ser ese reintegro? Hoy día contamos con una ley que hace seis años que no funciona y que dispone un reintegro de 25 por ciento parejo para todos. Dicha normativa ya no sirve en la actualidad, porque se modificó el 2008, se volvió a modificar el 2009 o el 2010, y así estamos todos los años.
Por lo tanto, no existe la decisión de abordar el asunto en su globalidad. En la Comisión de Hacienda se le plantearon diversas propuestas al Ejecutivo, tal como bien manifestó el Senador Carlos Larraín. Y yo no veo espacio para analizarlas. Claro, la iniciativa llegó tarde, ya venció el plazo. Ahora vamos a tener que legislar con efecto retroactivo.
La pregunta, entonces, es: ¿se quiere reintegro? Si se quiere, ¿cómo debería ser?
Y lo menos que están pidiendo algunos representantes -yo no voy a tomar partido por las distintas visiones que hay dentro del gremio; no me corresponde, por lo demás- es que, si se trata de un impuesto a los combustibles, el reintegro sea en función del consumo de estos y no de otros elementos. Eso sí me hace sentido. Porque por lo menos los transportistas de mi Región no solo le meten diésel al camión, sino que además se preocupan de una serie de temas logísticos: bodegaje, cuidado, etcétera. En consecuencia, no me parece justo. Y estamos pidiendo al Gobierno que se abra a modificar esto.
Y a los que creyeron, tal vez de buena fe, que el problema se iba a resolver el año pasado con el acuerdo suscrito, se les dijo que no. Porque el que toma la decisión en el Ejecutivo en esta materia no es el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones -con todo respeto hacia él, pues me cae muy bien-, sino el titular de Hacienda y, principalmente, el Presidente de la República.
Y por razones que no he logrado entender, pero que deben ser buenas, no hay posibilidad de discutir un sistema de reintegro que no sea el que existe hoy día, que parchamos todos los años en función de lo que está ocurriendo. Antes no teníamos tramos; después aparecieron tres; ahora hay cuatro; subimos los techos; pasamos de la UTM a la UF. Pero no vamos al tema de fondo. Y ese es el punto central: hacerse cargo de que hay un impuesto a los combustibles en Chile y que a un sector se le dice "Le voy a devolver un poco de recursos", mientras que a otro importante no se le cobra un peso por el consumo de combustible.
¿Se trata de una decisión que toma la sociedad en su conjunto? Sí. ¿A través de quiénes? De sus representantes. ¿Y quiénes son? El Gobierno y los parlamentarios de turno. O sea, esta situación la deberíamos resolver nosotros, pero es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa en estas materias, señor Presidente.
En consecuencia, si esto no se soluciona de manera satisfactoria, no queda más que rechazar.
Y yo apoyaré el establecimiento de un sistema de reintegro en función del consumo de combustible. Porque están pagando un impuesto a los combustibles y no al bodegaje, a la logística, etcétera.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el 19 y el 20 de diciembre de 2011, hace poco más de un año, en medio de una paralización de los transportistas de nuestro país, logramos finalmente sentarnos a una mesa con un grupo de dirigentes que representaban a las federaciones del norte y del sur y con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para los efectos de firmar una declaración. Ella decía relación con la posibilidad de constituir una mesa de trabajo que durante enero de 2012 se abocara a los siguientes aspectos (leo textual):
"1. La estructura de descuentos incorporada en el proyecto de ley. El objetivo es revisar la factibilidad de un nuevo acuerdo global definiendo de una manera distinta los montos considerados en el proyecto de ley.
"2. La factibilidad de que los tramos de recuperación de impuesto selectivo sea en función del petróleo consumido y no de la facturación de las empresas.
"3. Una fórmula que permita revisiones periódicas más espaciadas que la revisión semanal actual del precio de los combustibles, para asegurar una mayor estabilidad en el tiempo del precio de ellos, de modo que las empresas de transportes no se vean afectadas por fluctuaciones semanales de sus costos, los que por su permanente variación son difíciles de traspasar mediante fórmulas de indexación a los generadores de carga".
En virtud de ello, comenzamos a crear instancias de diálogo con el Ministerio de Transportes. Solicitamos audiencias durante varios meses, hasta que en septiembre logramos sentarnos con la Subsecretaria de Transportes para abocarnos a esta materia.

El señor LAGOS.- No en enero.

El señor CHAHUÁN.- Hubo una ácida discusión el día que debatimos este asunto en la Sala del Senado. Y algunos parlamentarios de enfrente sostuvieron que finalmente no íbamos a conseguir nada, entre ellos el Senador Lagos. Nosotros nos esforzamos y creímos que con la palabra empeñada se lograría mejorar el proyecto. Estábamos convencidos, porque teníamos el compromiso y la firma de un Ministro de Estado: el de Transportes. Y además contábamos con el compromiso de otros Secretarios de Estado con los cuales hablamos telefónicamente.
Sobre la base de aquello, el Presidente de Renovación Nacional, Senador Carlos Larraín, el colega Prokurica y quien habla iniciamos conversaciones con el Ministerio de Hacienda, para contar con una ley que en definitiva acogiera algunos de tales aspectos, que nos parecen absolutamente necesarios y oportunos.
¡Si acá estamos hablando de la posibilidad del reintegro del impuesto específico a los combustibles! ¿Y por qué se va a establecer un criterio respecto a la facturación de las empresas? Estamos premiando que esas compañías puedan establecer logística, y finalmente reciben una devolución del impuesto específico que no corresponde.
Creo que hay que fijar criterios para los efectos de definir dónde hay que focalizar en definitiva el reintegro.
Y también nos parece relevante lo que se ha planteado: instaurar un modelo según el cual la cotización del combustible, que se efectúa semanalmente, pueda espaciarse en el tiempo -15 días-, para indexar aquello en el precio final del transporte. ¿Y quiénes son ahora los afectados? Los transportistas de clase media. Por eso hemos alzado nuestra voz.
En tal sentido, nosotros le pedimos claramente al Ejecutivo que realizara un esfuerzo adicional.
¿Qué hizo el Gobierno?
En vez de tres tramos, constituyó cuatro. Y además estableció un aumento de los niveles de facturación en uno de esos tramos, de 15 mil a 20 mil unidades de fomento.
Eso no satisface en nada.
Por el contrario, hoy día, estando en la Comisión, el propio gremio planteó la posibilidad de bajar el tramo que recibe un reintegro de 31 por ciento a 25 por ciento, y establecer un solo tramo para el resto, lo que consideramos justo, razonable. Y me parece bien, además, que aquellos con un reintegro mayor estén dispuestos a sacrificar su propio reintegro en beneficio del resto. Porque, si no, hay una competencia desleal, pues el que hoy tiene posibilidades...

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.

El señor CHAHUÁN.- Gracias, señor Presidente.
Decía que el que tiene posibilidades de agregar logística finalmente ahorra impuestos, porque le llega un reintegro por este ítem, en circunstancias de que el reintegro es por impuesto específico. Entonces, nadie entiende nada.
Tal como señalaba el ex Presidente Frei, en los últimos cinco años ha ocurrido lo mismo. Por eso, pido que el próximo esto no se repita.
Y espero que todavía haya espacio para que el Gobierno reconsidere su posición. Porque le hemos hecho una solicitud, lealmente. Y además, con otros Senadores hemos firmado y hemos sido garantes de una voluntad política del Gobierno. Se trata de los colegas Hernán Larraín, Coloma, García-Huidobro y quien habla.
Quiero decir -y con esto termino- que a partir de hoy día vamos a pensarlo dos veces antes de suscribir una carta respaldando el compromiso político de un Ministro de nuestro Gobierno.

El señor ESCALONA (Presidente).- Encontrándonos en votación, un Ministro tiene derecho a hacer uso de la palabra para rectificar situaciones de hecho planteadas en las intervenciones de los Senadores.
Es lo que ha solicitado el Ministro de Transportes, a quien le doy la palabra.

El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, quiero hacer una pequeña corrección respecto del acuerdo que yo firmé con algunos parlamentarios. Es una precisión que considero muy relevante.
Ese acuerdo se suscribió porque cuando se iba a discutir el proyecto de ley el año pasado este planteaba una vigencia de tres años. Así venía. Y en ese contexto -una iniciativa proyectada a tres años- me parecía muy sensato sentarse a hacer cambios. Pero en la Sala se modificó la duración y se acortó la vigencia a un año. Y por lo tanto todo el sentido del acuerdo, que era revisar la materia, dado que la ley duraría tres años, se desvaneció con la reducción de la vigencia a doce meses.
En consecuencia, el acuerdo tenía mucho sentido en el contexto original en que se firmó, pero lo perdió al aprobarse el proyecto en los términos en que lo fue.
Muchas gracias.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, puede hacer uso de la palabra para rectificar situaciones de hecho, no para efectuar intervenciones de carácter general.
Estamos en votación. El Reglamento es sumamente claro.
Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me gustaría precisar un punto adicional acerca de la interpretación que se está dando respecto del cumplimiento del acuerdo.
En primer lugar, me referiré a los temas de hecho, reconocidos por los gremios, en las mesas de trabajo, donde se abordaron los tres puntos contenidos en dicho instrumento, firmado por el Ministro Errázuriz.
En segundo término, pese a haber avanzado en el punto uno, se omite decir que en el tramo que va de 15 mil a 20 mil UF, con un porcentaje de 52,5 por ciento de recuperación, se incorpora a cerca de mil empresas al reintegro, que estaba en el 31 por ciento. Por lo tanto, esto constituye un beneficio.
En cuanto a la fórmula para revisiones periódicas más espaciadas, hay algo que se produce de hecho: los contratos de ENAP son establecidos semanalmente, razón por la cual para obtener revisiones más prolongadas en los precios tendríamos que modificar los contratos de esa empresa con los distribuidores, lo que es complicado. Esta situación la hicimos ver como corresponde.
Hay un segundo punto que es importante: si nosotros espaciamos para dos semanas la revisión del precio, efectivamente vamos a tener mayor estabilidad en la primera de ellas; pero en la segunda se va a generar un salto mayor todavía. Entonces vamos a tener menor y mayor volatilidad en un período de 14 días. Por lo tanto, la mayor estabilidad que se está persiguiendo no se va a conseguir.
En lo relativo al tercer punto, relacionado con el problema de la facturación, quiero decir que es incorrecto lo planteado por el Senador señor Chahuán: que hay gente que va a recibir reintegro por logística. Eso no es verdad, pues no hay personas que vayan a obtener reintegro por ese concepto, porque el se obtiene cuando el impuesto específico es pagado.
Lo que ocurre es que una empresa que además de transporte de carga realiza actividades de logística, puede ser empujada a un tramo más elevado por venta y, por lo tanto, tener un reintegro menor. Pero tal circunstancia se soluciona en el proyecto en el párrafo que dice: "Para determinar el monto de los ingresos y establecer el porcentaje de recuperación a que se tiene derecho, se deberá considerar el total de los ingresos del conjunto de personas relacionadas con el contribuyente que realicen actividades de transporte de carga.".
La actividad de transporte de carga es distinta de la logística y de la de bodegaje, que son operaciones que también realizan los transportistas.
Reitero que lo planteado tiene una solución en la iniciativa. Porque la empresa puede perfectamente dividir su quehacer de manera de tener como objetivo el transporte de carga, y también crear otra empresa que, con los mismos dueños y sin perjudicar a la primera, lleve adelante actividades de logística y de bodegaje, y de esa forma reducir la facturación y tener acceso solo por el transporte de carga a un tramo de reintegro mayor.
En consecuencia, quiero plantear únicamente como referencia que lo firmado por el Ministro Errázuriz se cumplió. Estudiamos cada uno de los puntos del acuerdo. Se avanzó en donde se pudo y en lo que fue factible de lograr, porque la solución propuesta dejaba en peores condiciones la estabilidad de los precios, con períodos más largos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, como han planteado los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente los Honorables señores Hernán Larraín y Chahuán, algunos de nosotros fuimos garantes del acuerdo con el fin de paralizar la huelga de camioneros que hubo el año antepasado, en que nos comprometimos a la firma de una declaración en que se incorporaban a las federaciones de mi Región y a las de la Primera, la Quinta y la Séptima y también a los camioneros que laboran desde Los Ángeles a Castro.
Los camioneros estuvieron disponibles a firmar dicho protocolo. Pero para nosotros la solución dada por el Ejecutivo es insuficiente, porque se trata de personas de clase media y de trabajo, a quienes les afectan de manera muy fuerte las alzas de los combustibles. Cuando estos suben de precio también lo hacen los neumáticos, los aceites y otros insumos, que son fundamentalmente derivados del petróleo.
Aquí se habla de facturación anual, pero si la llevamos a mensual, cambia absolutamente el escenario. Por ejemplo, quienes pueden hoy en día descontar hasta 80 por ciento del impuesto específico son aquellos que no facturan más allá de 4 millones y medio de pesos mensuales. Pero al respecto cabría preguntar cuánto vale un flete de Arica a Puerto Montt y cuántos viajes hace un camionero en el mes. Es decir, se trata de los más pequeños de los pequeños.
En el segundo tramo, quienes recuperan 70 por ciento del impuesto son aquellos que tienen una facturación inferior a 11 millones 400 mil pesos mensuales.
Si nos trasladamos al tramo de las 20 mil UF, que es donde se amplía el rango, vemos que se trata de facturaciones de 38 millones de pesos mensuales. ¡Y no me van a decir que esa facturación la hace una gran empresa! No, es de los pequeños y medianos transportistas, cuyos costos de operación son altísimos.
Por esas consideraciones, lamento que no se haya ampliado mayormente el tramo. A mi juicio, la propuesta hecha por los camioneros en la Comisión de rebajar a 25 por ciento el número de quienes son los más favorecidos en cuanto a ingresos brutos y a otras cantidades -son de clase media y modestos camioneros- y quedar en el rango de 80 por ciento, estimo que era absolutamente razonable.
Me impacta el hecho de que camioneros de la Sexta Región, a quienes represento, me hayan planteado que están en contra de la propuesta. Entiendo la situación por la que ellos atraviesan y espero mejores negociaciones para el futuro, porque después de un año algo se avanzó, aunque muy poco.
¿Saben los señores Senadores en cuánto se está subsidiando al transporte público en Regiones debido a la situación del Transantiago? ¿Cuánto se les está dando a los camioneros? ¡Nada! Lo que se está haciendo aquí es que puedan descontar un porcentaje del impuesto específico que ellos pagan, en circunstancias de que la UDI siempre ha estado en contra de ese tributo que no solo se aplica a los camioneros, sino también a la clase media y a quienes tienen un vehículo.
Vamos a seguir luchando para que ese impuesto en definitiva desaparezca. Ello es fundamental a fin de no seguir aprovechándonos de quienes integran la clase media y permanecen cautivos de un sistema en el cual resulta fácil obtener recursos de ese sector por la vía tributaria.
Pregunto al señor Ministro de Hacienda ¿qué ocurre con esto? Que se incentiva a eludir el pago de impuestos, porque de alguna manera se tratará de subfacturar para estar en los tramos más bajos. Y esto no significa ir por el camino correcto.
Por eso, solicito formalmente al Gobierno hacer un esfuerzo mayor para ayudar a la clase media y a los pequeños camioneros del país.
Es necesario apoyar a ese sector, con el objeto de que rebajen lo que pagan diariamente. En consecuencia, votaré negativamente, por no estar conforme con la solución dada al problema por el Ejecutivo en este proyecto.
De igual modo, pido al señor Ministro de Hacienda hacer un esfuerzo en el mismo sentido, máxime cuando nosotros no vamos a estar de nuevo disponibles a suscribir otro protocolo para terminar con un paro de los camioneros en el país.
Sin duda, nuestra palabra también es muy importante. Por eso, cuando uno firma un compromiso, espera reciprocidad de la contraparte, actitud que es totalmente distinta a la asumida en esta oportunidad por el Ejecutivo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, cada año nos toca tratar este tipo de proyectos, que afectan a los transportistas.
El de ellos es un gremio que merece todo nuestro respeto y consideración, dado el gran aporte que hacen al desarrollo del país.
En el último tiempo, hemos visto cómo muchas de sus fuentes de trabajo han resultado quemadas en cierto territorio de nuestra patria, pero ellos, estoicamente, siguen manteniendo sus actividades.
Es evidente que aspiraban a mucho más que este acuerdo a que ya se llegó con el Ejecutivo y con el grupo de parlamentarios que participó también buscando un entendimiento.
Uno siempre anhela obtener más. Y el Ministro de Hacienda es quien debe colocar el tope a las peticiones que permanentemente recibe: de los gremios, de los trabajadores, de los ministerios, de los contribuyentes. Todos quieren pagar menos y obtener mayores beneficios. Sin embargo, gracias justamente a la fortaleza de los Ministros de Hacienda, desde el año 1990 hemos tenido un equilibrio económico espectacular. Y en el mundo somos acreedores y se nos respeta, porque se han manejado con seriedad y responsabilidad las finanzas públicas del país.
Por eso, siempre respeto mucho el liderazgo que tiene en esta materia la persona que maneja la caja pública.
La iniciativa beneficia con 80 por ciento de reintegro de lo pagado por impuesto específico al petróleo diésel a casi 15 mil transportistas pequeños cuyas ventas lleguen a 54.738 millones de pesos al año; y con porcentajes menores a 4 mil transportistas con ventas de hasta 136 millones de pesos al año; a otros 3 mil con ventas de hasta 456 millones de pesos anuales, y sobre esa cantidad, con 31 por ciento a más o menos 1.000 empresas transportistas.
Todo eso tendrá un costo fiscal de 21.102 millones de pesos al año, que sin duda no es una gran cantidad.
Como sabemos, el impuesto específico se estableció para mantener las carreteras y pavimentar los caminos del país. Quienes no usan las carreteras no pagan ese tributo.
El mayor consumo de petróleo diésel se registra en las compañías mineras, en las plantas termoeléctricas y en la agricultura. Pero en ninguna de esas actividades se paga el impuesto específico, lo que es lógico de acuerdo con el espíritu con que este se creó.
Los transportistas sí lo pagan -aunque después de su creación, las carreteras se concesionaron en Chile- cada vez que transitan por una carretera, para la mantención de estas.
Por eso, a muchos les resulta injusto pagar este doble gravamen. Pero entiendo que a los gremios de transportistas -algunos de sus dirigentes, que están en las tribunas, me han pedido que aprobemos el proyecto en debate- no los satisface plenamente. Pero es lo que se ha podido conseguir hasta el momento.
Respetaré el acuerdo de los gremios con los parlamentarios y el Ejecutivo y voy a votar favorablemente el proyecto, para que ojalá se apruebe hoy día aquí y se transforme pronto en ley, sin cumplir otro trámite, pues, según sean las circunstancias, esto podría quedar pendiente hasta el mes de marzo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: por la aprobación general del proyecto, 12 votos a favor; 9 en contra; 3 abstenciones, y un pareo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Von Baer y los señores Escalona, Espina, García, Kuschel, Pérez Varela, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos) y Orpis.
Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo), Prokurica y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).


El señor LABBÉ (Secretario General).- Como las abstenciones influyen en el resultado, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, correspondería repetir la votación.
Sin embargo, dado que esta sesión fue convocada hasta las 20, su hora de término está vencida.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, la repetición de la votación queda pendiente hasta el próximo martes.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Ministro de Educación, solicitándole antecedentes sobre IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Del señor BIANCHI:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole informar ESTADO DE AVANCE Y TOMA DE RAZÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE PUERTO NATALES (Región de Magallanes).
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--Se levantó la sesión a las 20:19.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción