REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 100ª, en martes 5 de marzo de 2013
Ordinaria
(De 16:17 a 19:52)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg; del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei Fornet, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma, y el asesor legislativo de esa misma Subsecretaría, señor Andrés Rodríguez Ariztía.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de la sesiones 97ª, ordinaria, en 22 de enero, 98ª, especial, y 99ª, ordinaria, ambas de 23 de enero, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín N° 8.810-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el segundo retiró, el jueves 24 de enero, la urgencia que había hecho presente para la tramitación de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales (boletín Nº 8.612-02).

2.- Proyecto de ley que establece nuevo mecanismo de cálculo del sueldo base para el personal a jornal de las Fuerzas Armadas (boletín Nº 8.613-02).

3.- Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).

4.- Proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).

5.- Proyecto de ley que crea un sistema de financiamiento para la educación superior (boletín Nº 8.369-04).

6.- Proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).

7.- Proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (boletín Nº 7.958-05).

8.- Proyecto que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).

9.- Proyecto de ley que establece elección directa de los consejeros regionales (boletín N° 7.923-06).

10.- Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).

11.- Proyecto que modifica diversos artículos de la ley N°19.327, de Violencia en los Estadios (boletines N°s. 5.877-07, 6.205-25, 7.251-07, 7.509-07, 7.718-25, 7.600-25, 7.721-25, 6.055-25, 6.175-25, 6.210-25, 7.229-07, 7.603-25 y 7.741-25, refundidos).

12.- Proyecto de ley que modifica normas en materia de nulidad del reconocimiento de la paternidad por vicios del consentimiento (boletín Nº 7.650-18).

13.- Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).

14.- Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).

15.- Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07).

16.- Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).

17.- Proyecto de ley que crea y destina recursos para el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (boletín N° 8.272-08).

18.- Proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, adoptado el 6 de diciembre del año 2005 (boletín N° 8.486-10).

19.- Proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).

20.- Proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren (boletines Nos. 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).

21.- Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
--Se tienen presentes los retiros de urgencia mencionados.
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificada de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).

2.- Proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín N° 8.324-03).

3.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior (boletín Nº 8.041-04).

4.- Proyecto de ley que crea un sistema de financiamiento para la educación superior (boletín Nº 8.369-04).

5.- Proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín Nº 7.761-24).

6.- Proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (boletín Nº 7.958-05).

7.- Proyecto de ley que establece elección directa de los consejeros regionales (boletín N° 7.923-06).

8.- Proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines Nºs 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).

9.- Proyecto de ley que introduce mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal (boletín Nº 8.129-07).

10.- Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).

11.- Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).

12.- Proyecto de ley que ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, en materias de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes (boletín N° 8.563-07).

13.- Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín N° 8.810-07).

14.- Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).

15.- Proyecto de ley que regula la carretera eléctrica (boletín N° 8.566-08).

16.- Proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).

17.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).

18.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).

19.- Proyecto que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el Fondo de Apoyo Regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).

20.- Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).

21.- Proyecto de ley que crea el Sistema Elige Vivir Sano (boletín N° 8.749-11).
Con el último hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales (boletín Nº 8.612-02).

2.- Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).

3.- Proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (boletín Nº 8.774-04).

4.- Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).

5.- Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07).

6.- Proyecto de ley que crea y destina recursos para el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (boletín N° 8.272-08).

7.- Proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín N° 2.357-09).

8.- Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).

9.- Proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines N°s. 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los tres primeros informa que prestó su aprobación a las siguientes iniciativas:
Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Proyecto de ley que crea el Sistema Elige Vivir Sano (boletín N° 8.749-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Con el último expone que aprobó la enmienda introducida por esta Corporación al proyecto de ley que modifica el plazo para reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel, para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo (boletín N° 8.772-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos en materia de inconstitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín N° 8.091-21):

1.- El presentado por un grupo de señores Senadores respecto de los artículos 1°, numeral 19, y segundo transitorio del mencionado proyecto.

2.- El formulado en lo que se refiere al artículo 1° del proyecto indicado, en sus numerales 20; 3, letra c), y 48, por un grupo de señores Senadores, requerimiento al que fue acumulado por esa magistratura el deducido por un grupo de señores Diputados para su tramitación y fallo.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos al archivo.
Expide copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en el ejercicio del control de constitucionalidad de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín N° 8.091-21).

2.- Proyecto de ley que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín Nº 8.264-06).

3.- Proyecto que modifica la ley N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco (boletín Nº 7.914-11).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus respectivos antecedentes.
Envía copia de resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
a) Artículo 15 de la ley N° 18.020, que establece subsidio familiar para personas de escasos recursos y modifica normas que indica, e inciso primero del artículo 151 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
b) Artículo 5° de la ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Envía copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las disposiciones que a continuación se enuncian.
a) Artículo 781, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil.
b) Artículo 70, inciso primero, del Código de Minería e inciso segundo del artículo 2º de la ley N° 19.573, interpretativo de aquel.
c) Artículos 276 y 334 del Código Procesal Penal.
d) Artículo 96 en relación con el artículo 93, ambos del Código Tributario.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro (s) de Relaciones Exteriores:
Envía antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Navarro, relativos al acuerdo de cooperación medioambiental para áreas marinas y terrestres entre Chile y Estados Unidos, durante la sexta reunión del Consejo de Asuntos Ambientales.
Responde solicitud, cursada en nombre de la Senadora señora Pérez San Martín, respecto al contenido de una serie de afiches publicitarios instalados en Santiago con el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas.
--Quedan a disposición de Sus Señorías en la Secretaría del Senado.
Del señor Contralor General de la República (s):
Informa, en respuesta a consulta efectuada en nombre del Senador señor Bianchi, que al organismo contralor no se ha remitido, para efecto del control de legalidad, resolución alguna referente a la construcción del nuevo hospital de la comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Da respuesta a una solicitud de antecedentes, remitida en nombre de los Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señor Gómez, sobre auditorías a la gestión institucional.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde solicitud de información, formulada en nombre de la Senadora señora Alvear, con relación a medidas de seguridad adoptadas para evitar la ocurrencia de incendios en el sector de "El Panul".
Contesta petición de información, enviada en nombre del Senador señor Frei, en cuanto a denuncias de las comunidades mapuche de Llifén, comuna de Futrono, en materia de vulneración de las normas legales de protección a pueblos indígenas.
Atiende consulta, remitida en nombre del Senador señor Kuschel, referente a las acciones en desarrollo para devolver a la ciudad de Chaitén el carácter de capital de la provincia de Palena.
Adjunta respuesta de la Dirección General de Carabineros al acuerdo adoptado por esta Corporación, a proposición del Senador señor Horvath, en cuanto a reforzar el resguardo policial para la seguridad de quienes concurren a la sede legislativa en la ciudad de Valparaíso.
Remite informe de la Secretaría General de Carabineros, en respuesta al acuerdo adoptado por el Senado, a proposición del Senador señor Chahuán, relativo a una modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, con el objeto de crear un servicio especializado de protección del patrimonio cultural (boletín N° S 1.508-12).
Del señor Ministro de Hacienda:
Atiende petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el monto anual de recursos que el Estado destinó en los últimos veinte años para complementar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Da contestación a solicitud, cursada en nombre del Senador señor Larraín Fernández, respecto del envío a tramitación legislativa de una iniciativa legal con el objeto de dar protección integral a los derechos de la infancia.
Informa, en respuesta a consulta formulada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, los gastos realizados por esa Secretaría de Estado en publicidad o difusión durante los años 2010, 2011 y 2012.
Del señor Ministro de Educación:
Responde solicitudes de información, cursadas en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre los siguientes asuntos:

1.- Recursos invertidos por el programa Mecesup, durante el lapso 2010-2012, en avisaje de concursos para la contratación de académicos en las universidades chilenas.

2.- Situación del colegio particular subvencionado "Talcahuano", ubicado en la comuna del mismo nombre.
De la señora Ministra de Justicia:
Contesta solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Navarro y con la adhesión del Honorable señor Horvath, sobre actos de violencia y vulneración de los derechos del niño, por parte del Servicio Nacional de Menores.
Contesta petición, remitida en nombre de los Senadores señor Escalona, señora Alvear y señores Letelier, Muñoz Aburto y Walker (don Patricio), en cuanto a factibilidad de enviar a tramitación legislativa una iniciativa de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Del señor Ministro (s) de Justicia:
Da respuesta a petición, enviada en nombre del Senador señor Horvath, para que se revise la situación que afecta a don Eduardo Giacamán Palma, exfuncionario de Gendarmería de Chile.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Horvath, sobre normativa laboral aplicable a la dotación de las naves mercantes de cabotaje nacional.
Remite, a solicitud formulada en nombre del Senador señor Navarro, copia del acuerdo logrado en el último paro nacional de trabajadores portuarios, suscrito el 5 de octubre de 2012.
Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señores Bianchi, Horvath, Rossi y Walker (don Patricio), relativo a factibilidad de enviar a tramitación legislativa una iniciativa que modifique el decreto ley N° 3.500, de 1980, para establecer la exención total de la cotización previsional de salud que afecta a las pensiones que señala su artículo 85 (boletín N° S 1.502-12).
De la señora Ministra de Obras Públicas:
Responde consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, referente a la posibilidad de que la concesionaria de la Autopista del Itata realice estudios para dar seguridad en el acceso al relleno sanitario denominado Centro de Manejo de Residuos Sólidos de Concepción, en la Región del Biobío.
Del señor Ministro de Salud:
Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, acerca de la decisión de aprobar con condiciones el proyecto Punta Alcalde presentado por la Empresa Nacional de Electricidad S.A, acuerdo al que concurrió como integrante del Comité de Ministros a que se refiere el artículo 20 de la ley N° 19.300.
Atiende consulta, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, relativa al aumento de dotación del Hospital Clínico de Magallanes y, asimismo, a la desvinculación de personal de dicho centro asistencial.
Contesta consultas formuladas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los siguientes asuntos:

1.- Cronograma de vacunación por meningitis W-135 en la Región del Biobío y número de dosis que se distribuirán en la red pública de salud y en las entidades de salud privada.

2.- Antecedentes disponibles en la autoridad sanitaria de la Región del Biobío, respecto de la fiscalización por el fallecimiento de tres trabajadores del Centro de Manejo de Residuos Sólidos de Concepción.

3.- Estadísticas sobre la evolución del número de donantes de órganos y de personas que expresamente han rechazado serlo, desde el año 2010 en adelante.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, referente a iniciativas en marcha para favorecer la radicación de especialistas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Responde solicitud, cursada en nombre de los Senadores señores Gómez y Zaldívar (don Andrés), sobre factibilidad de legislar para conceder a los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales universitarios de los servicios de salud una asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios.
Del señor Ministro (s) de Salud:
Adjunta copia del oficio de respuesta a consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Allende, referente a posibilidad de extender el horario de funcionamiento de la sala cuna del Hospital Regional de Copiapó.
Atiende solicitud, enviada en nombre del Senador señor Chahuán, para que se ponga urgencia a la tramitación del proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11), y del que enmienda la ley N° 19.925, facilitando el control al expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad (boletín N° 4.379-11).
Da respuestas a solicitudes de información, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las siguientes materias:

1.- Antecedentes técnicos existentes en dicha Secretaría de Estado sobre proyecto de la Empresa Nacional del Petróleo para el embarque de petcoke en el puerto de Coronel.

2.- Efectos en el sistema municipal de salud, derivados de la exclusión hecha por el Fondo Nacional de Salud de 470.000 afiliados de instituciones de salud previsional inscritos en consultorios públicos.

3.- Antecedentes técnicos en que se fundó el llamado a no consumir mariscos provenientes de Lirquén, ante la presencia de la toxina que provoca la llamada "marea roja", hecho por el señor Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío.

4.- Consulta sobre eventual cierre del Hospital Traumatológico de Concepción y su transformación en Hospital Clínico Regional.

5.- Régimen de retención de las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores que prestan servicios a honorarios en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre iniciativas de la Subsecretaría de Salud en materia de estilos de vida y de alimentación más saludables en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Da respuesta a un acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señores Bianchi, Cantero, Horvath, Prokurica, Rossi y Walker (don Patricio), para perfeccionar el régimen de Garantías Explícitas en Salud, en cuanto a tratamiento psicológico a pacientes que sufren de cáncer de mamas (boletín N° S 1.510-12).
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Responde consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre evaluaciones hechas por esa Secretaría de Estado respecto del impacto vial en zonas de vivienda social, debido a la falta de espacios para estacionamiento.
Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Da contestación a solicitud, enviada en nombre de los Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señores Chahuán, Escalona, Gómez y Sabag, relativo a la implementación de medidas especiales para dar continuidad a la Orquesta Marga Marga.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Contesta solicitud de estudio, remitida en nombre del Senador señor García, sobre factibilidad de que el personal civil de la Dirección General de Aeronáutica Civil, filial Región de La Araucanía, vuelva a cotizar en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
Del señor Subsecretario (s) de Pesca y Acuicultura:
Contesta petición de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a resoluciones recientes de aprobación de concesiones para explotar salmón en la Región del Biobío.
De la señora Subsecretaria (s) de Previsión Social:
Atiende consulta del Senador señor Navarro, referente a la aplicación de los recursos destinados en los últimos cinco años al Fondo de Educación Previsional.
Del señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre normativa de seguridad de personas ante presencia de lobos marinos.
Del señor Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil:
Da contestación a una solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Frei, para adoptar medidas frente a la disminución de pasajeros y aviones de la aerolínea LAN que aterrizan en el aeródromo Cañal Bajo, Osorno.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado:
Informa tramitación dada a consulta, enviada en nombre del Senador señor Cantero, respecto de acciones judiciales que se podrían deducir por el daño sufrido por los geoglifos Chug Chug, en el valle de Quillagua.
Del señor Director (s) de Presupuestos:
Responde solicitud, cursada en nombre de los Senadores señor Ruiz-Esquide, señoras Pérez San Martín y Rincón, y señores Escalona y Pizarro, para que se estudie factibilidad de legislar en materia de condiciones más favorables al ejercicio del derecho al trabajo y la libertad personal de los empleados públicos, especialmente los que prestan servicios a contrata o a honorarios.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Responde sendas solicitudes de antecedentes sobre los siguientes asuntos:

1.- Informa en cuanto a normas, criterios, plazos y procedimientos utilizados por ese servicio público para determinar el avalúo de los inmuebles, petición remitida en nombre del Senador señor Gómez.

2.- Expone sobre alcances financieros y razones que motivaron la condonación de una deuda por un monto de 59 mil millones de pesos a la empresa Johnson's, materia consultada por el Senador señor Ruiz-Esquide.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo (s) de la Corporación de Fomento de la Producción:
Remite antecedentes, requeridos en nombre del Senador señor Navarro, sobre el Programa Start UP Chile.
De la señora Directora Nacional (s) del Instituto Nacional de Estadísticas:
Se excusa de atender petición de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre tablas de mortalidad asociadas a las expectativas de vida de hombres y mujeres, casados y viudos por no existir aquellas.
De la señora Directora (s) del Trabajo:
Responde solicitud de antecedentes, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, en cuanto a niveles y tasas de infraccionalidad del sector agrícola de la Región de Atacama, especialmente en la "temporada de cosecha de uva de mesa" en los valles de Copiapó y de Huasco.
Del señor Superintendente (s) de Pensiones:
Entrega información, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, sobre diversos aspectos del sistema de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, de 1980.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Absuelve consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la adecuada consideración por Essbío, al otorgar la factibilidad para la construcción de nuevos sectores habitacionales en Penco, de la existencia de ductos y tuberías antiguos cuyo diámetro es menor al requerido para evacuar las aguas servidas.
De la señora Superintendenta (s) de Salud:
Atiende consulta, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a procedimientos de fiscalización para verificar qué sistema de salud soporta el costo de la atención de los trabajadores de empresas forestales de la Región del Biobío afiliados a isapres, y la de sus cargas familiares.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero:
Reporta antecedentes, pedidos en nombre de la Senadora señora Allende, sobre daño ambiental a vegas y bofedales en el sector Pantanillo, ubicado en el sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco - Laguna Santa Rosa.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Remite información sobre monto de recursos erogados y número total de bonificaciones forestales otorgadas en el año 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N° 701, de 1974.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Responde consulta, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa al cierre de las instalaciones de la empresa Agrosuper, en la comuna de Freirina, y adjunta copia de informe sobre el proyecto "Agroindustria del Valle de Huasco".
Remite antecedentes, recabados en nombre del Senador señor Navarro, sobre resoluciones adoptadas por ese Servicio en el marco de la evaluación realizada al proyecto de la Empresa Nacional del Petróleo de embarque de petcoke en el puerto de Coronel.
Del señor Intendente Regional de Antofagasta:
Responde consulta, remitida en nombre del Senador señor Cantero, acerca de las acciones legales que esa Intendencia puede ejercer en relación con el daño causado a los geoglifos denominados Chug Chug, en el valle de Quillagua, por la instalación de torres de alta tensión para la minería.
Del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública, Dirección de Presupuestos:
Responde dos peticiones de información, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, tocantes al número de personas que trabajan en el sector público, régimen de contratación, sumas de dinero que perciben por su desempeño y forma de cumplimiento de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales y de salud.
Contesta petición, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, atinente a factibilidad de legislar con vistas a la creación de un fondo de transporte aéreo para los habitantes de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Justicia de Antofagasta:
Responde solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Cantero, en materia de problemas de seguridad y hacinamiento en la Unidad de Siquiatría del Hospital Regional de Antofagasta, debido al trabajo que desempeña allí personal de Gendarmería.
Del señor Director (s) del Hospital Regional de Antofagasta:
Contesta petición de información, remitida en nombre del Senador señor Cantero, referente a la inseguridad y el hacinamiento existentes en el Servicio de Psiquiatría de ese centro asistencial, en relación con el trabajo que desempeñan funcionarios de Gendarmería.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano:
Responde dos solicitudes de información, dirigidas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las situaciones que se indican:

1.- Construcción de muro de contención en las calles San Luis y San Agustín, de esa comuna.

2.- Aplicación de normas de seguridad para las personas, ante la presencia de lobos marinos, en el sector de restaurantes del puerto de Talcahuano.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín Nº 7.761-24) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Letelier, Cantero, García-Huidobro, Quintana y Walker (don Ignacio) con la que inician un proyecto de ley que instituye el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y Sewellinas (boletín N° 8.807-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Senador señor Bianchi, con la que da inicio a un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios con el fin de garantizar la igualdad en la participación de los candidatos independientes en el proceso electoral (boletín N° 8.808-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señor Larraín Fernández, señoras Allende y Alvear y señores García y Tuma, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín N° 8.805-07).
De los Senadores señores Chahuán, Girardi, Letelier y Uriarte, con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica los estatutos de la prisión preventiva y de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte (boletín N° 8.809-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Orpis, con la que da inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia del delito de hurto de energía eléctrica (boletín N° 8.806-08).
--Pasa a la comisión de Minería y Energía.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de la Senadora señora Allende, con la que propone un proyecto de ley que incorpora un inciso final al artículo 6° del decreto ley N° 1.350, de 1976, que crea la Corporación del Cobre de Chile, con el objeto de establecer la aprobación de un presupuesto de tres años que dará cuenta del aporte fiscal para la formación de fondos de capitalización y reserva, según se establezca en el Plan Trienal.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Estimados Senadores, pido la atención de ustedes un momento para saludar al Senador señor Orpis por su restablecimiento después del accidente que sufrió. Es una felicidad para nosotros que él se encuentre acá esta tarde.


MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SENADOR SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN

El señor ESCALONA (Presidente).- En seguida, como la vida es así: tiene noticias buenas y noticias malas, solicito a la Sala guardar un minuto de silencio en memoria del ex Senador y Presidente del Senado, señor Adolfo Zaldívar Larraín.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión del día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en esta sesión, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes proyectos de ley:
-El signado con el número 13 de la tabla, que concede la nacionalidad, por especial gracia, al sacerdote John Eugene Barber Vanston.
-El que figura en el cuarto lugar del Orden del Día, que regula el contrato de seguro.
2.- Autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar hoy simultáneamente con la Sala, a partir de las 17:30, con el fin de conocer el proyecto de ley que establece el pago de un beneficio en favor de los trabajadores portuarios eventuales que indica.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Orpis, ¿ha solicitado el uso de la palabra?

El señor ORPIS.- Sí, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo agradecer a la Mesa y a usted en particular; a Su Excelencia el Presidente de la República; a la inmensa mayoría de los parlamentarios, y a muchas personas de mi Región y mi Circunscripción por la preocupación que tuvieron por mi estado de salud. Eso demuestra que, más allá de nuestras diferencias, existe amistad cívica.
Solo quería transmitir ese sentimiento.
Gracias.
--(Aplausos en la Sala).


PLAZO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN PARA ANÁLISIS E INFORME SOBRE PROYECTOS RELATIVOS A SISTEMA BINOMINAL

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para una cuestión de Reglamento.

El señor TUMA.- Así es, señor Presidente.
En nombre de los Comités de Oposición, solicito a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para encargar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, en un plazo máximo de treinta días, evacue un informe acerca del proyecto de ley correspondiente al boletín N° 8.799-07, presentado por el Honorable señor Chahuán, que dice relación con la reforma al sistema binominal.
Tenemos un alto interés en que el Senado pueda volver a debatir este asunto.
Hacemos esta solicitud con la convicción de que la sociedad chilena ha expresado cada vez más fuerte la necesidad de realizar determinadas transformaciones, que dependen también de terminar con el empate y con el sistema binominal.
En la última ocasión en que debatimos esta materia no hubo disposición de Senadores de la Alianza para llevar a cabo una modificación. Pero, presentado un proyecto de ley por parte de Senadores del oficialismo, creemos que están dadas las condiciones para que el Senado pueda debatir y aprobar un cambio a este sistema.
Por lo tanto, señor Presidente, le solicito que tenga a bien recabar el acuerdo de la Sala para este fin.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en esta materia existe más de una reforma propuesta. Conocimos la del Honorable señor Chahuán y otros miembros de la Alianza, pero también hay otra que hemos presentado independientes, firmada, incluso, por Senadores de la Concertación. Entonces, yo pediría ampliar el acuerdo en el sentido de que se vea el espectro de las distintas reformas para llegar a una solución acordada que permita reemplazar para mejor el actual sistema binominal.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo había pedido la palabra inicialmente por otro motivo y no quiero dejarlo pasar. Deseo solicitarle a la Mesa, en nombre de nuestros Comités, que fije una fecha para rendir homenaje en memoria del ex Senador Adolfo Zaldívar. Creo que es lo que corresponde.
Respecto de la solicitud que ha hecho el Senador Tuma, independiente de su contenido, hay una inquietud que me surge y que me hace dudar de si incluso procede reglamentariamente: las urgencias son un mecanismo calificado en la Constitución, que le entrega al Presidente de la República la facultad para definir el plazo en que las Comisiones deben actuar. No me parece que, por acuerdos de mayoría de la Sala, podamos generar un sistema de urgencias en el funcionamiento de las Comisiones que las obligue a resolver proyectos de cierta manera.
Y quiero sentar aquí un criterio, porque "Hoy por ti, mañana por mí". De acordarse lo propuesto, cualquier mayoría, en algún minuto, podría empezar a definirles a las Comisiones cómo deben hacer su trabajo. Y no me parece que ese sea el camino, independientemente de la importancia que uno le pueda asignar o no a un proyecto determinado.
Estoy planteando un tema de fondo, de carácter reglamentario. Yo no sé si es admisible, por ese mismo motivo, fijar urgencia al trabajo de una Comisión, pero el hecho de sentar el precedente de que las Comisiones, porque la mayoría de la Sala así lo resuelve, deben ajustarse a tal o cual plazo, puede generar un mecanismo muy inconveniente para el funcionamiento del Senado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha inscrito el Senador señor Uriarte.
¿En relación a este tema?

El señor URIARTE.- No, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, sobre el particular, quiero pedirle a nuestras bancadas que demos la unanimidad. Creo que es la oportunidad de que el Congreso Nacional pueda debatir acerca de la materia en cuestión.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, yo voté a favor, entre paréntesis, del último informe que se vio en la Comisión de Constitución respecto de este asunto. De manera que no tengo ningún problema en que se debata y se aprueben las modificaciones del caso. No obstante, quiero ser práctico. Está bien que se le recomiende a la Comisión de Constitución que empiece un estudio a fondo y que a la brevedad llegue a una conclusión. Pero se solicita un plazo de treinta días, en el que hay que ver diez proyectos.
Entonces, ¿para qué ponemos fechas que no se van a cumplir?
La Comisión de Constitución -quiero decirlo con toda franqueza- está sacando una nueva Ley de Quiebras, que es un proyecto extraordinariamente complejo. Y está entrando a analizar un conjunto de iniciativas de esa entidad.
En consecuencia, la forma de resolver esto -porque no conseguimos nada con llegar a votar un proyecto que nuevamente se va a perder- es solicitarle a esa Comisión que realmente estudie, analice el articulado, lo vea y en un tiempo breve pueda traer un informe. Pero no fijemos días y plazos, porque, si no, si se le pide que lo evacue el lunes, el martes, el miércoles, se va a dar la misma mayoría de la otra vez. Algunos vamos a votar a favor, otros en contra.
Entonces, por qué no hacemos las cosas bien y permitimos que esta materia se debata a fondo, encomendando a la Comisión que traiga un informe a la brevedad, lo que sí comparto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Es sobre otro tema, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, efectivamente en la Comisión de Constitución tenemos muchos proyectos de ley en tabla. Estamos sesionando lunes, martes, miércoles y jueves. Pero convengo en que esta iniciativa es de la mayor importancia.
La Sala, en mi opinión, tiene atribuciones para, mediante un mandato, fijarles plazo a las Comisiones. No obstante, concuerdo con el Senador Espina en que 30 días pueden ser insuficientes.
Entonces, quizás sería factible determinar 60 o 90 días para que la Comisión de Constitución estudiara a fondo la materia y la informara.
Recuerdo que, cuando sesionamos en dicho órgano técnico en enero -si no me equivoco- y se votó el informe pertinente, algunos Senadores que sostuvieron la tesis de minoría dijeron que eran partidarios de viabilizar la aprobación de la enmienda del binominal, que su voto negativo no significaba estar en contra del cambio del binominal. Lo recuerdo muy bien.
Por tanto, si estableciéramos un plazo de 60 días, por ejemplo, podríamos cumplir el objetivo sin el contratiempo de legislar apurados, tal como lo plantea el Senador Espina.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala fijar plazo hasta el 1° de mayo?

La señora ALLENDE.- Sí.

El señor TUMA.- Muy bien.

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, hay que votar.

El señor COLOMA.- Pido la palabra.

El señor ESCALONA (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, mucho más allá del tema de fondo, que es perfectamente discutible -cada uno podrá opinar, leer el informe y resolver en conciencia-, subyace algo bastante más profundo: existe un mecanismo de urgencias para los efectos legislativos.
A uno podrá gustarle o no. Yo he reclamado varias veces contra las imposiciones que el Ejecutivo le hace al Parlamento sobre el particular. Pero esas son las reglas del juego.
En mi concepto, que nosotros le fijemos plazo a una Comisión por una mayoría cualquiera -lo que nos ocupa hoy no va a ser tan complicado- puede cambiar completamente el sistema legislativo.
Mi pregunta es qué pasa si, transcurrido dicho plazo, no se puede llegar a acuerdo. ¿Quiere decir que fracasó el proyecto? Si es así, no me parece bien.
Ese es el tipo de cosas respecto a las cuales uno puede hacer una recomendación.
Yo, como Presidente de la Comisión de Agricultura, no veo ningún problema en que, a propósito de un proyecto de esa área, alguien me diga: "Tratemos de ponerle el máximo empeño en despacharlo". Pero no voy a aceptar -y no me cabe duda de que tampoco lo harían los Presidentes de las demás Comisiones- que la Sala le coloque a ese órgano técnico un plazo que no tiene sustento en ninguna norma constitucional o legal.
Entonces, me parece que lo que plantea el Senador Espina es más de sentido común: que se haga un esfuerzo -me encantan las discusiones políticas; hemos debatido esta materia durante muchos años; pero eso no es parte del problema- y le demos a una Comisión autonomía suficiente para trabajar en forma adecuada, inteligente, razonada. Y no pretendamos hoy que exista una mayoría para acá, porque luego puede haber otra para allá, y eso lleva a poner las urgencias en direcciones diversas.
Señor Presidente, yo entiendo su intención de buscar formas para lograr un acuerdo común. En todo caso, me parece que podemos hacer una recomendación, desplegar un esfuerzo, mas no efectuar una imposición, respecto de la cual, por lo demás, no existe norma alguna que sancione un eventual incumplimiento.
Otra posibilidad, señor Presidente, es que usted pida colocar urgencia; y el Ejecutivo determinará lo que le parezca. Pero sigamos el curso normal, el curso institucional. No tratemos de ir enderezando un curcuncho. Si no, vamos a terminar cambiando todas las reglas con que hemos funcionado. Porque se podrá decir que el Parlamento funciona bien o mal, pero todos debemos convenir en que lo hace con respeto a las mayorías y minorías ciudadanas.
Señor Presidente, destaco su espíritu de encuentro, que me parece muy positivo para reiniciar la actividad legislativa; sin embargo, yo por lo menos reclamo el derecho a que las urgencias las fije el Ejecutivo. Lo otro puede traducirse en recomendaciones.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estamos entrando a un tema que, por supuesto, deriva en una discusión un poco más de fondo. Pero no confundamos la cuestión de las urgencias con el calendario de despacho que puede establecerse en forma autónoma el propio Parlamento.
El Senado lo hace de manera frecuente. Muchas veces tomamos acuerdos de Comités, por ejemplo, para que determinado proyecto se despache en cierta fecha o para que algo se realice en un lapso preestablecido. Entonces, perfectamente esta Corporación, que por supuesto debe ser prudente en la adopción de sus acuerdos, puede fijarle plazo a una Comisión para que informe una iniciativa; una vez vencido, ella de todos modos llegará igual a la Sala, donde tendrá que votarse, con informe o sin él.
Lo mismo sucede con las urgencias del Ejecutivo, que obligan al Parlamento a despachar el asunto dentro del plazo correspondiente. Y si la Comisión de la Cámara pertinente no ha evacuado su informe, la iniciativa debe ir a la Sala.
El único elemento negativo en tal sentido surge cuando se trata de un proyecto que debe pasar por la Comisión de Hacienda. En ese caso la situación es bastante compleja: por un lado, el despacho no puede tener lugar si no media informe de ese órgano especializado; por otro, es menester respetar el plazo de la urgencia.
Pero yo voy a la autonomía del Parlamento, señor Presidente.
El Senado puede fijarse calendarios y formas para el despacho de los proyectos; puede alterar la tabla, de acuerdo con los quórums correspondientes. Eso es del ámbito de las mayorías. Estas pueden gustarnos o no. Empero, al amparo de ellas es factible elaborar un calendario para el despacho de normativas legales, de informes, en fin.
Ahora, ante este tipo de situaciones, es necesario actuar con lógica y prudencia. En esa línea, hay que hacer las cosas con tiempo y no decirle a una Comisión que dispone de 24 horas para llevar a cabo un cometido.
Si me señalan que una materia debe despacharse dentro de dos meses, me parece razonable; mas no si me dicen que ello ha de hacerse en el término de 15 días.
Ahora, conforme al Reglamento que nos rige, tenemos facultades y autonomía para fijar la manera de tratar y despachar las materias sometidas a nuestro conocimiento. Incluso, hoy podríamos traer a la Sala ese Estatuto y modificarlo por mayoría para establecer una norma como la que se ha planteado, que según algunos es discutible. Podríamos consagrar allí un sistema de urgencias. Y ello, porque tenemos autonomía para fijar nuestras propias...

El señor LARRAÍN.- ¡Eso sería inconstitucional!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En ninguna parte está prohibido modificar el Reglamento del Senado, salvo que la enmienda sea contraria a nuestra Ley Orgánica Constitucional. Y en ella no existe norma alguna que nos impida calendarizar la tramitación de los proyectos. Inclusive, en esta Corporación hemos llegado a acuerdos para despachar proyectos ajustándonos a cierto calendario sin asumir las urgencias hechas presentes por el Ejecutivo.
Insisto: en los Comités permanentemente hacemos definiciones para despachar proyectos en determinada forma.
Por tanto, creo que en este caso hay que buscar la prudencia.
Se ha propuesto que este asunto lo despache la Comisión de Constitución -soy consciente de que tiene mucho trabajo- la primera semana de mayo. Me parece que es un plazo prudente. Ello es perfectamente posible, y contamos con facultades para proceder de ese modo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se halla inscrito el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Seré muy breve, señor Presidente.
Creo que el Senador Zaldívar fue superclaro respecto a las atribuciones que tiene el Senado para introducir enmiendas en la línea expuesta.
Yo quiero hacer dos reflexiones.
Acá existe una mayoría. No se trata de que esta "pase la máquina". Pero la idea es que las mayorías tengan algún sentido.
Entonces, primero, no forcemos la situación al punto de que la mayoría deba imponerse, y segundo, tratemos de entender el problema más de fondo.
En la materia de que se trata hay proyectos que están dando vueltas desde el año 2005. Y la última vez que votamos no se obtuvo la mayoría necesaria para aprobar una modificación.
Ahora la excusa -porque siempre se acude a excusas- es "No hay tiempo", "Las materias son muy complejas como para abordarlas en treinta días", en fin.
¡No nos saquemos la suerte entre nosotros...!
Un proyecto estuvo cinco años en el Senado. Se remitió a la Comisión de Constitución. Gracias al voto favorable del Senador Espina, pudo verse en la Sala. ¿Y qué pasó al final del día? Fue rechazado. Y lo lamento.
Entonces, no se trata de que no entendemos la materia, ni de que nos falta tiempo para ver si nos ponemos de acuerdo: ¡no hay acuerdo! Y, por la exigencia de los quórums constitucionales previstos, no se puede modificar una ley que algunos consideramos injusta.
Señor Presidente, yo lamento que el Senador Chahuán, luego de que habíamos discutido al respecto con otro colega que está acá, haya votado en contra cuando nos pronunciamos sobre el proyecto anterior. Pero ahora Su Señoría presentó una iniciativa, y de ella queremos colgarnos para debatir la materia.
Por último, quedará consignado en el Senado que ¡la Derecha chilena -así, con estas palabras- no desea modificar el sistema electoral! Y es mejor que diga "No queremos discutirlo". Pero no inventen que tienen la agenda sobrecargada o que se trata de materias muy técnicas.
Estamos hablando de un sistema electoral que se ha deslegitimado socialmente, pues lo que tenemos no da para más.
No comparto la tesis de un Senador que se sienta al frente -en este minuto no está en la Sala-, quien una vez me señaló: "Lagos, no te preocupes, si el sistema aguanta una vuelta más de tuerca". O sea, son conscientes de que hay un problema delicado en la sociedad chilena, pero prefieren seguir estirándolo, porque tienen la sartén por el mango a raíz de los quórums constitucionales requeridos.
Entonces, ¡sean francos!
¡Qué bueno que volvimos de vacaciones con mucho entusiasmo! Espero que todos estemos repuestos. ¡Y algunos lucen bien tostados!
Pero digamos las cosas como son.
Nosotros estamos proponiendo esto porque queremos modificar un sistema electoral que no nos gusta. Y que los de la vereda de enfrente no se escuden en formalismos.

El señor COLOMA.- ¡Ya hemos votado el asunto varias veces!

El señor LAGOS.- Siga votando en contra, señor Senador, y que quede consignado. ¡Pero no diga lo que no corresponde!

El señor COLOMA.- ¡Nunca vulneraremos la Constitución!

El señor LAGOS.- Mejor diga: "No quiero discutirlo y no voy a dar mi voto".
Eso es lo que debe hacer, Su Señoría, y no escudarse en las formas.
Son veinte años de un sistema que no da para más. Ustedes lo han vivido y lo saben.

El señor COLOMA.- ¿Necesita vacaciones de nuevo...?

El señor LAGOS.- ¡Yo me aburro en las vacaciones! ¡Me gusta estar acá...!
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, con relación a esta materia, hace poco más de un mes votamos en el Senado otra iniciativa, presentada en su momento por el Presidente Lagos. Y fue enviada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la cual se le fijó un plazo para los efectos de pronunciarse sobre su viabilidad.
O sea, a propósito de un proyecto que acerca del mismo tema formuló otro Jefe de Estado -no el actual-, la Sala le estableció un plazo al referido órgano técnico.
La moción en comento reitera la materia porque muchos Senadores, aun cuando votaron "No" en aquella ocasión, manifestaron su disponibilidad para debatirla y expresaron que ese mismo día iban a presentar un proyecto de ley. Y así fue.
Entonces, yo no veo cuál es el inconveniente. ¿Por qué la vez anterior se le fijó plazo a la Comisión de Constitución para los efectos de analizar la iniciativa del entonces Presidente Lagos y ahora se argumenta que ello no es posible ante la moción que formuló un Senador actualmente en ejercicio?
Me parece, señor Presidente, que la fecha sugerida por usted, en torno al 1° de mayo, es prudente en la medida en que permite analizar con calma el proyecto respectivo antes de traerlo a la Sala.
Repito: no veo cuál es la dificultad; en la última ocasión se otorgó mayor tiempo por ser necesario, debido a equis razones.
En mi opinión, no deberíamos estar perdiendo tantos minutos en tratar un punto que ya resolvimos hace algunos meses.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, esta no es una discusión reglamentaria, sino una discusión política. ¡Para qué venimos con cuentos, si lo que estamos definiendo acá es si estudiaremos o no la modificación del sistema binominal, que ha sido imposible corregir a consecuencia de que nunca hemos tenido la posibilidad de alcanzar los quórums que la Constitución establece debido a que la Alianza no ha dado los votos necesarios! Y así ha ocurrido durante muchos años.
Pero, aun así, me voy a meter en la discusión reglamentaria, porque el Reglamento del Senado permite algunas cosas.
Por supuesto, pedirle informe a la Comisión de Constitución cuando surgen dudas de constitucionalidad, que es lo que se hizo en la situación anterior.
Sin embargo, su artículo 36 dispone:
"Deberán pasar a la Comisión respectiva los proyectos de ley y los asuntos que se tramiten como tales...".
"Al comienzo de cada sesión de Comisión, el Presidente deberá dar cuenta a ésta de los asuntos que se hayan recibido, en conformidad al inciso precedente.".
"Dos o más miembros de una Comisión podrán requerir por escrito al Presidente de la misma para que, dentro del plazo de sesenta días contado desde la ocurrencia de tal hecho, ponga en tabla un determinado asunto que se encuentre pendiente.".
Por lo tanto, el Reglamento permite que dos miembros de una Comisión le soliciten a su Presidente que aplique dicho precepto dentro del plazo de sesenta días, prorrogables por otros treinta.

El señor LARRAÍN.- ¡Para poner un asunto en tabla!

El señor GÓMEZ.- Pero se supone que cuando se pone en tabla es para discutirlo.
En fin, señor Presidente, creo que la Sala tiene absoluta libertad para decidir respecto de estos temas.
En tal sentido, me parece razonable la propuesta que usted hizo. Y pido votarla de inmediato, porque esa es la forma de resolver las cuestiones en democracia.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Someteré al pronunciamiento de la Sala la proposición consistente en que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informe sobre los proyectos relativos a la modificación del sistema electoral vigente -son más de uno, como indicó el Senador señor Horvath-, en un plazo que no exceda el 1° de mayo, sin perjuicio de prorrogarlo si no es suficiente.
En votación.

El señor LETELIER.- ¡Que se toquen los timbres, señor Presidente!

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los señores Senadores que concuerden con la proposición formulada por el señor Presidente deben votar "Sí"; aquellos que estén en desacuerdo, "No".
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición efectuada por el señor Presidente del Senado (23 votos a favor, 8 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela y Uriarte.
Se abstuvo el señor Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés).


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El señor ESCALONA (Presidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, le solicito requerir la autorización necesaria para que la Comisión de Salud pueda funcionar en forma simultánea con la Sala a partir de las 18:30 a fin de ratificar un acuerdo que ya adoptamos ad referéndum acerca de un proyecto de ley que vimos esta mañana.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Para otro asunto reglamentario, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se recabe el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Constitución desarchive un proyecto de ley que establece un mecanismo de igualdad de género en la conformación del Tribunal Constitucional.
Esa iniciativa ingresó en 2008, y el año 2012, por aplicación del artículo 36 bis del Reglamento del Senado, fue archivada sin debate.
Creo que el Tribunal Constitucional, al igual que muchos otros órganos del Estado, requiere paridad de género. Hoy, de diez miembros, solo uno es mujer. Y pronto el Senado y la Cámara de Diputados deberán efectuar designaciones para llenar cargos vacantes.
Por lo tanto, considero pertinente un debate sobre un mecanismo que permita la igualdad de género en la composición de dicho Tribunal.
Así que pido requerir el acuerdo indispensable para el desarchivo del mencionado proyecto, al objeto de que por lo menos haya la posibilidad de que lo analice la Comisión de Justicia, ya que -reitero- se determinó su archivo sin que mediara debate.
--Se autoriza el desarchivo.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quiero formular dos solicitudes.
La primera, para el desarchivo del proyecto contenido en el boletín 6.894-11, relativo a la tabla de factores en los planes de salud, debido a que en la Comisión especializada estamos comenzando a estudiar todos los temas relacionados con la modificación de la Ley de Isapres.
La segunda, para el traslado del proyecto del Senador Navarro incorporado en el boletín 6.034-07 desde la Comisión de Constitución, donde está hoy, hasta la de Transportes y Telecomunicaciones, con el propósito de tramitarlo junto con las iniciativas contenidas en los boletines 7.086-15 y 8.809-07, que tratan sobre la misma materia.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
--Se accede a ambas solicitudes.
V. ORDEN DEL DÍA



NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A SACERDOTE JOHN EUGENE BARBER VANSTON

El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar en primer lugar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al sacerdote John Eugene Barber Vanston, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8297-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 17 de julio de 2012.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 99ª, en 23 de enero de 2013.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión discutió este proyecto en general y particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Larraín Fernández, Letelier y Ruiz-Esquide, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El órgano técnico deja establecido que, después de analizar la iniciativa y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros de actuación notable en beneficio de nuestra comunidad, se formó la convicción de que el señor John Eugene Barber Vanston es merecedor del reconocimiento reservado a personas que han prestado servicios valiosos.

El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general y particular a la vez.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto.
--Se aprueba.


ADECUACIÓN DE CONTRATO DE SEGURO A EXIGENCIAS DE CONTRATACIÓN

El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el contrato de seguro, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5185-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 11ª, en 17 de abril de 2012.
Hacienda (segundo): sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Discusión:
Sesión 21ª, en 23 de mayo de 2012 (se aprueba en general).

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión hace constar, para los efectos reglamentarios, que el artículo 3° y el artículo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto acogido en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador solicite, con el respaldo de la unanimidad de los presentes, su discusión o votación.
--Reglamentariamente, se dan por aprobados.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El órgano técnico realizó diversas modificaciones a la iniciativa sancionada en general, todas las cuales registraron unanimidad. Las enmiendas de esta índole deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición o que existan indicaciones renovadas.
De ellas, la recaída en el artículo 543, contenido en el artículo 1° del proyecto, exige 22 votos a favor por incidir en normas orgánicas constitucionales.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión, y en la cuarta, el texto que quedaría al aprobarlas.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación, ya que se requiere quórum especial.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
-Se aprueban las proposiciones de la Comisión de Hacienda, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronuncian a favor 31 señores Senadores, y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS


El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8207-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo que se persigue es crear, en el interior del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la finalidad de asesorar y colaborar en la elaboración de planes y programas y en la toma de decisiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos.
Asimismo, se establece un Comité Interministerial de Derechos Humanos, integrado por los titulares de seis Secretarías de Estado y presidido por el Ministro de Justicia, cuya misión principal será asesorar al Primer Mandatario en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en materia de derechos humanos.
La primera de las Comisiones citadas acogió la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Larraín Fernández, Letelier y Ruiz-Esquide.
Por su parte, la Comisión de Constitución hizo otro tanto con la concurrencia de los Honorables señora Alvear y señores Espina, Larraín Fernández y Patricio Walker.
El texto propuesto se transcribe en el primer informe de este último órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe tener presente que los números 1, letra f); 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 1° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 22 votos para su aprobación.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general.

Ofrezco la palabra.
Está inscrito el Senador señor Navarro, pero no se encuentra en la Sala.
Puede intervenir la señora Ministra.

La señora PÉREZ (Ministra de Justicia).- Señor Presidente, la iniciativa sometida a la consideración de esta Honorable Corporación viene a satisfacer una necesidad urgente, porque hoy día no existe un espacio de decisión específico destinado a poder promover un tratamiento institucional sistemático en materia de derechos humanos dentro de la Administración del Estado.
En términos orgánicos, el proyecto establece la Subsecretaría de Derechos Humanos y un Comité Interministerial de Derechos Humanos, y, como instrumento impulsor de la política en la materia, contempla un plan nacional de derechos humanos.
Con relación a la Subsecretaría, se propone instaurarla con el objetivo de que pueda promover políticas públicas en este ámbito, particularmente en lo que tiene que ver con la capacitación de funcionarios, el fortalecimiento de programas de formación y, también, la estrecha colaboración con el Comité Interministerial, que va a ser el organismo encargado de establecer el plan nacional mencionado.
Dicho Comité tendrá por finalidad asesorar al Presidente de la República en la elaboración del plan y la determinación de los lineamientos de la política respectiva.
La iniciativa de incorporar la Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia dice relación con la necesidad de tener una visión desde el punto de la exigibilidad de los derechos. Es decir, se trata de que estos no solo existan en el papel, en las convenciones internacionales o en la ley, sino también de que puedan ser efectivamente ejercidos por sus titulares. Y, por eso, la entidad va a permitir una mejor coordinación al interior del Estado; un impulso, sobre todo, de una política de promoción y fomento de los derechos humanos, y particularmente, como señalo, desde los propios funcionarios públicos, en cuyos planes de capacitación es necesario avanzar.
Hago propicia la ocasión para agradecer a los integrantes de las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos, quienes se dieron el tiempo para recibir a todos los invitados a las distintas sesiones, en las cuales se analizaron con sumo detalle los organismos que se plantean: no solo la Subsecretaría, sino también el Comité Interministerial.
Particularmente, destaco el apoyo que obtuvimos del representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, quien nos ha hecho partícipes de un trabajo conjunto con los demás Ministerios de Justicia iberoamericanos y asimismo ha impulsado iniciativas similares a la que hoy día se presenta.
Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quisiera informar el proyecto en nombre de la Comisión de Constitución, que presido, la cual lo estudió detenidamente y lo aprobó por unanimidad, en atención a su enorme valor.
En lo personal, también me tocó participar en su análisis como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, he podido apreciar dos veces la importancia que reviste la iniciativa del Gobierno.
En su momento, le propuse al entonces Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que se le diera espacio, porque en el ámbito institucional existe un vacío, sin lugar a dudas, en lo que dice relación con el tratamiento de los derechos humanos.
No escapa a nadie la relevancia de estos últimos, no solo en Chile, sino asimismo en el mundo entero, como un pilar fundamental en el desarrollo de la humanidad y del Estado de Derecho. Y, no obstante, se ha registrado en el último tiempo, institucionalmente, una sensación de desarticulación, de falta de coordinación en los organismos públicos vinculados con el tema. Por lo tanto, aquí y en muchos otros países han surgido distintas iniciativas para generar una respuesta.
En concreto, la proposición del Ejecutivo plantea, para el efecto de liderar sus esfuerzos en el ámbito que nos ocupa, la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia, a la que se sumará un Comité Interministerial de Derechos Humanos.
No se trata de generar en torno a la Subsecretaría o a sus órganos dependientes un servicio público destinado, en el sentido del Derecho Administrativo, a satisfacer ciertas necesidades en forma directa, sino de coordinar la labor que el Ejecutivo tiene que desarrollar en distintas áreas para cumplir estos propósitos.
Chile es signatario de muchos tratados internacionales, de distinta naturaleza, referidos a la tortura, a los niños, a la infancia, a los discapacitados y a una serie de aspectos que dicen relación, precisamente, con los contenidos contemporáneos de los derechos humanos. Sin embargo, en la organización del Gobierno o del Ejecutivo no hay ninguna instancia donde se pueda responder en forma sistemática, coordinada.
Justamente a cubrir dicho vacío se halla destinada, en primer lugar, la institución en examen, la cual, más que un servicio público, como digo, es un ente coordinador de los esfuerzos en la materia que deben efectuar el Gobierno actual y los futuros. Y, al mismo tiempo, se pretende contar con un órgano que pueda ser responsable de organizar las acciones en torno a los compromisos que Chile ha asumido, en el campo internacional, con los derechos humanos.
En tal sentido, el proyecto viene a complementar otras medidas que se han tomado, como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual tiene que ver más bien con la sociedad civil y representa la actividad de distintos sectores, los que están precisamente fiscalizando y observando el comportamiento en diferentes áreas y, en particular, el de las autoridades. Sin embargo, en su accionar, el organismo no cuenta con un interlocutor equivalente en el Gobierno. Desde luego, con el Presidente de la República se podrá relacionar siempre; pero no hay una entidad a la que pueda prestarle apoyo, asesoría o pedirle una respuesta sobre las inquietudes que pueda ir desarrollando en el ejercicio de sus funciones.
Respecto a las preocupaciones que originalmente surgieron en distintos ámbitos en cuanto a que la iniciativa en estudio pudiera superponerse o traslaparse con las funciones del Instituto, este último, lejos de ello -es algo que se manifestó públicamente en ambas Comisiones-, se encuentra plenamente de acuerdo con la creación de la Subsecretaría, porque llena un vacío en nuestra institucionalidad.
El proyecto que nos ocupa ha de ser comprendido como una respuesta de país frente a una cuestión crecientemente importante, como la de los derechos humanos. Quizás por nuestra experiencia histórica de las violaciones que ellos experimentaron durante el período 1973-1990, la asociación que los chilenos tienden a hacer en la materia tiene que ver con este aspecto puntual. La iniciativa no apunta específicamente a eso. Ha habido muchas otras y seguirá habiéndolas. Y se originará también alguna responsabilidad al respecto. Pero la función del texto es más amplia, porque los derechos humanos no solo están circunscritos a un período histórico o a una situación determinada o a hechos específicos.
Si tuviéramos que pensar qué está ocurriendo en Chile hoy día en el ámbito de que se trata, podríamos decir que donde se violan los derechos humanos es en las cárceles, porque en muchas de ellas se registran situaciones -las han descrito Ministros de la Corte Suprema- de trato cruel, inhumano y degradante. Está bien que sea sancionada -y duramente- una persona que haya cometido un delito, pero ese otro efecto no resulta aceptable por ningún concepto.
¿Quién se está ocupando de velar por que ello no ocurra?
Y lo que se expone acerca de los presos se puede extrapolar a muchas otras áreas, donde tienen lugar hechos parecidos: a veces, en relación con discapacitados, con adultos mayores, con menores, en fin.
Enfrentar tales problemas con visión de país, en forma coordinada, es la tarea que está llamada a cumplir la nueva Subsecretaría. Ello ha suscitado un debate muy importante. En general, en la Comisión de Derechos Humanos -ya dará cuenta su Presidente sobre el particular; pero me tocó asistir a ella, como lo mencioné- se planteó una aprobación por parte de prácticamente todas las instituciones que participaron.
Algunas organizaciones relacionadas con los derechos humanos no dieron su apoyo, pero fueron una excepción. En parte, eso tiene que ver con distintas situaciones que motiva el debate acerca de la creación de la Subsecretaría y que, por cierto, deberán ser zanjadas en la discusión particular.
Entre ellas, cabe mencionar las inquietudes respecto del nombre, en cuanto a si acaso deberíamos crear una Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia o cambiar el nombre de la Secretaría de Estado y llamarla "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", como le parece al Senador que habla, para que la responsabilidad en la materia, aunque la ejecución corresponda a un Subsecretario, recaiga en el titular de una Cartera, a fin de darle la jerarquía que corresponde.
A lo anterior se agrega la necesidad de buscar una coordinación mayor de las políticas de reparación ya existentes. Los programas en el Ministerio del Interior, por ejemplo, deben tener una mayor visibilidad y coordinación, de alguna manera, con lo que la Subsecretaría puede realizar.
Las relaciones con el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos también pueden ser mejoradas si este se incorpora, con derecho a voz, en las sesiones del Comité Interministerial.
Y este último no incluye a miembros que parece de la esencia que formen parte de la institucionalidad que se crea, como en el caso del Ministerio de Educación.
En fin, surgen diversas dudas con relación al debate. Pero deseamos consignar que en la Comisión de Constitución le planteamos al Ejecutivo la conveniencia de que pudiera anticipar criterios sobre ellas y un compromiso de indicaciones particulares, como finalmente ocurrió. Quiero señalar -ello se encuentra en el informe de nuestra Comisión- que hay una respuesta acerca de las modificaciones que el Ejecutivo se comprometió a introducir, y que dicen relación con los planteamientos que antes mencioné sobre tareas, funciones y responsabilidades de la Subsecretaría, integración de la Comisión Interministerial, en fin. No deseo repetir lo indicado en el informe. Si ustedes miran su contenido, verán que las inquietudes y los compromisos que el Gobierno asumió se encuentran recogidos. Ello quedó consignado para que nosotros tuviéramos claro que lo que se había hecho presente en el debate sería incorporado mediante indicaciones, muchas de las cuales son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Por las razones expuestas, la aprobación, ojalá unánime, de esta iniciativa por parte de la Sala del Senado le daría un enorme realce al compromiso con los derechos humanos, que Chile tiene la obligación de desarrollar.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me da mucho gusto referirme a este proyecto de ley.
Se trata de una iniciativa que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 2012. Además, constituye una materia a la que le puso mucho énfasis durante su campaña presidencial. En su programa hay un acápite especial en materia de promoción y resguardo de los derechos humanos.
La creación de esta Subsecretaría realmente es algo muy importante.
Por eso -por su intermedio, señor Presidente-, quiero reconocer la labor de la Ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien nos acompaña hoy, que "jineteó" de alguna forma este proyecto cuando era Subsecretaria de Justicia. Y, actualmente, en su rol de Ministra lo sigue haciendo.
En ese contexto, como miembros de la Comisión de Derechos Humanos, nos tocó realizar muchísimas audiencias y reuniones de trabajo con expertos en el área, nacionales e internacionales, y con distintas agrupaciones. Quisimos escuchar a todas las personas y grupos que tuviesen algo que decir en esta materia.
¡Qué duda cabe de que los derechos humanos en un país como el nuestro, que se encuentra en un desarrollo importante en todo orden, incluyen temáticas que van obviamente desde la violencia política hasta aspectos que hoy forman parte de una agenda más moderna, como el resguardo de los derechos civiles; el resguardo de los derechos de las madres, de los padres, de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres, de las minorías sexuales; el resguardo de la identidad de los pueblos originarios; el resguardo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental!
Hoy hablar de la vulneración de derechos humanos implica abordar no solo lo relativo a la violencia política, asunto que no ha dejado de estar presente en la discusión del proyecto en análisis, sino también todas las otras temáticas que dicen relación con la violación de las garantías fundamentales de las personas.
¿Con qué nos enfrentamos hoy día en nuestro país? Con un vacío legal en cuanto a establecer qué órgano del Estado debe promover las políticas públicas de resguardo y promoción de los derechos humanos, y cuál, además, ha de organizar, construir, agendar y coordinar todos los planes que impulse el Gobierno de turno -en este caso, el nuestro- respecto a estos temas. Reitero: hoy tenemos un vacío legal sobre el particular, pues no contamos con una entidad gubernamental, del Estado, que se haga cargo de esta situación.
La Subsecretaría de Derechos Humanos que se crea se encontrará bajo el paraguas del Ministerio de Justicia. El Senador señor Hernán Larraín planteaba recién que dicha Cartera podría incluso cambiar su nombre por el de "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". ¿Por qué no? Creo que ello le da mayor fuerza a la nueva Subsecretaría.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos, y también en la de Constitución. Estamos recién en el primer trámite en la Sala. Es muy importante aprobar la idea de legislar.
Obviamente, durante la discusión en particular y los trámites posteriores se podrán hacer las indicaciones necesarias; por ejemplo, para determinar quiénes participarán en el equipo interministerial que verificará todos los planes. En fin, podemos seguir avanzando en un montón de materias durante el debate en el Senado para mejorar sustantivamente un proyecto que ya es bueno, pero que puede ser perfeccionado.
Señor Presidente, he visto la mejor disposición de parte de la Ministra de Justicia y del Gobierno, en general, para sacar adelante esta iniciativa, que es realmente muy revolucionaria. Tal vez hoy no se le toma el peso que tiene. Pero resulta relevante contar con una Subsecretaría de Derechos Humanos en el mundo globalizado actual.
Chile ha firmado una serie de acuerdos internacionales. Sin embargo, hoy día no existe ninguna entidad de Gobierno que fiscalice, verifique, chequee que todos los convenios que hemos suscrito como país en los últimos 23 años realmente se estén cumpliendo. Tenemos una ausencia absoluta de ello, en circunstancias de que hemos aprobado un montón de instrumentos internacionales que buscan cautelar los derechos de las personas.
Con todo, señor Presidente, debemos apoyar este proyecto de todas maneras. Se trata de una iniciativa innovadora, que implica un cambio total.
Me siento absolutamente orgullosa de que sea nuestro Gobierno el que impulse la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Porque los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político. Su protección -así lo he pensado siempre- debe ser patrimonio de los chilenos y las chilenas en todos los ámbitos. Y, en especial, nosotros, como Senadores y Senadoras, debemos procurar que no se vulneren las garantías fundamentales de las personas.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, no abunda recordar, para dimensionar la importancia del proyecto que hoy nos convoca, el enorme impacto social, cultural y político que representa como tal el concepto de "Derechos Humanos" para los chilenos y las chilenas.
Del mismo modo, como defensora del humanismo cristiano debo recordar a Jacques Maritain, uno de los principales redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y promotor del ideario humanista al que adscribo. Por esta razón, por cierto, me siento muy contenta de participar en este debate.
Si fuéramos capaces de identificar la causa recurrente de nuestras diferencias más álgidas, probablemente identificaríamos los derechos humanos como una materia especialmente sensible -ha ocasionado desgarros en la historia de nuestro país-, que brota con particular virulencia entre nosotros en época electoral, situación que no hemos podido conversar y resolver calmadamente como sociedad. Ello, en verdad, no ha sido factible. Tenemos ahí una discusión pendiente.
Sin duda, el tema de los derechos humanos, tal como manifestó la colega que hizo uso de la palabra con antelación, excede las violaciones masivas que nosotros experimentamos en el pasado reciente a nuestras garantías fundamentales. Pero, evidentemente, ellas siguen estando presentes en la actualidad, como un "nunca más" o los testimonios que día a día nos llegan producto de las distintas investigaciones. Así sucede al ver el diario de hoy y leer que se van a exhumar los restos de nuestro Premio Nobel Pablo Neruda: no puede sino darnos un escalofrío pensar en por qué el juez va a realizar tal diligencia.
En tal sentido, señor Presidente, junto con valorar la iniciativa que ha presentado el Gobierno, quisiera señalar con mucha claridad que esta representa una gran oportunidad no solo para crear una institucionalidad necesaria, sino también para que nuestro Congreso debata con respeto y altura de miras las distintas posiciones que puedan suscitarse en torno a un tema que simboliza para nuestro país una llaga moral capaz de dividir el alma de una nación y de traspasarse de generación en generación.
Por eso, ahora que ha comenzado un nuevo año electoral, que ha tenido como antesala una tensión social que hace mucho tiempo el país no vivía, resulta preciso enfrentar esta materia con la máxima civilidad, diálogo y entendimiento posibles, respetando en dicho esfuerzo las legítimas diferencias que puedan existir y evitando cualquier aprovechamiento político que eche por tierra un debate que debe servir para unir al país y educar a las nuevas generaciones de chilenos y chilenas.
Durante este año, ciertos asuntos elevarán los niveles de nuestra discusión. De allí que, ante un clima social de alta expectación, el desafío que tenemos desde esta Corporación es mucho más amplio que el resultado de la próxima elección democrática. Se trata, finalmente, del estado de nuestras relaciones políticas para enfrentar las altas expectativas de la ciudadanía frente a un nuevo Gobierno, y también de la capacidad de generar y respaldar acuerdos que fortalezcan, revaloricen y profundicen nuestra democracia.
Por ello, considero de tanta relevancia que hayamos acordado discutir en la Comisión de Constitución el proyecto que modifica el régimen binominal.
Por último, señor Presidente, es importante entender que la generación de instituciones públicas no es suficiente por sí misma para dar por clausuradas o por resueltas materias que exigen un apego y compromiso moral irrestricto para su defensa y promoción.
Por el contrario, si a dichos organismos no se les dota de una construcción valórica sustentada en principios sólidamente afianzados como sociedad, terminan fracasando, lo que agudiza aún más las diferencias que puedan existir y evidencia dramáticamente la incapacidad de construir consensos morales básicos, que son los que, en definitiva, forjan la identidad y el carácter de una nación ante situaciones complejas.
En consecuencia, el proyecto me parece necesario, considerando que Chile carece de una orgánica coherente y estructurada en relación con los derechos humanos.
En la discusión particular tendremos la posibilidad de enriquecer la iniciativa y recibir opiniones de las distintas miradas que puedan concurrir a perfeccionar la propuesta.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar y aprovecho de felicitar a la señora Ministra, quien ha llevado adelante este proyecto con mucha dedicación y esfuerzo.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, parto señalando que me parece valorable el esfuerzo por fortalecer la institucionalidad pública, política y gubernamental de los derechos humanos, y con rango de ley. Por ello, desde ya anuncio mi voto favorable a la iniciativa en general.
Los Estados se hallan obligados a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, sin discriminación, de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Tal obligación demanda del Estado abstenerse de violar las garantías fundamentales y prohibir las acciones que entorpezcan el goce y el ejercicio de tales derechos. Por lo tanto, deben establecerse todas las medidas que aseguren el cumplimiento efectivo de estos y las políticas públicas necesarias para resguardarlos.
Por eso resulta importante que tal institucionalidad se halle a nivel del Ejecutivo. Esta tendrá que orientar, promover y diseñar las políticas públicas y el plan nacional para la protección de los derechos humanos.
Como aquí se ha dicho, todos entendemos que las garantías fundamentales revisten cierta amplitud. Y últimamente han surgido derechos básicos muy importantes.
Sin embargo, al hablar de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no es posible en nuestro país, menos que en ningún otro, ignorar que tuvimos un pasado muy doloroso. Del mismo modo, cabe recordar que, a partir del año 90, se han hecho múltiples esfuerzos, como la instalación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como "Comisión Rettig", a la que le costó muchísimo obtener cierto grado de aceptación, credibilidad y confianza. Finalmente, con el paso del tiempo, ese trabajo se fue asentando, y nuestro país muy lentamente, poco a poco, comenzó a conocer una verdad que se mantuvo oculta por mucho tiempo.
El paso siguiente al conocimiento de la verdad fue la aplicación de justicia. En esto hubo tremendas obstrucciones. Basta recordar lo hecho por el fiscal Torres. ¡Cuánto esfuerzo le costó al país, en su larga transición, para decir que la justicia comenzaba a abrirse paso! Respecto del Poder Judicial, poco a poco se incorporaron los principios de imprescriptibilidad y no amnistiabilidad de los delitos graves, gravísimos, de lesa humanidad.
Podríamos hacer una larga relación sobre el particular, señor Presidente.
Ha habido distintos programas al respecto y diversas comisiones (contra la tortura, de detenidos políticos desaparecidos, en fin). Existe una institucionalidad dispersa. Entonces, nos haría bien contar con una institucionalidad pública, clara, responsable.
Sin embargo, quiero entender que todas las atribuciones que se entregan a la Subsecretaría de Derechos Humanos son complementarias con las del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es un ente autónomo, y esa es su virtud. En tal sentido, hay que respetar a ambos organismos y mirarlos como buenos interlocutores de similar rango. En este punto no me gustaría ver una superposición de funciones. La Ministra me hace señas afirmativas. Me alegra que compartamos el planteamiento, porque se trata de algo fundamental.
Cometeríamos un grave error si disminuyéramos las facultades de dicho Instituto. Este, además de ser el encargado de confeccionar el informe anual sobre la situación de los derechos humanos, expresa opiniones muy importantes sobre temas significativos para la población. Es cosa de recordar las acciones de mediación que realizó a propósito de las prolongadas huelgas de hambre de algunos dirigentes mapuches. Sus acciones han sido, a mi juicio, bastaste valiosas para resolver problemas muy acuciantes.
Esta es la primera inquietud que tengo. Sé que estamos en la discusión general del proyecto, pero debo hacerla presente a la Sala y a la señora Ministra. Debemos velar para que no haya superposición de funciones entre ambos organismos.
En segundo lugar, cabe señalar que con esta iniciativa se busca brindar las mayores garantías para el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo la protección del Estado, a través de una institucionalidad más efectiva que procure el resguardo y la promoción de los derechos humanos. No queremos más obstáculos administrativos o mecanismos engorrosos para ejercer tales derechos. Todo lo contrario: normas que hagan más eficiente su protección.
Ahora, hay un anhelo que muchos de nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo: el defensor del pueblo. Pero nunca hemos logrado el compromiso suficiente para sacarlo adelante. Se trata de una institución presente en muchos países. De alguna manera, representaría un avance para la defensa de los derechos de las personas que viven en Chile, los cuales no siempre están verdaderamente garantizados. Y yo creo que el referido organismo cumpliría este rol.
Me gustaría que alguna vez discutiéramos con seriedad la posibilidad de establecer el defensor del pueblo. Ojalá ello se concretara.
Por último, cuando en la Comisión de Derechos Humanos se debatió el proyecto, distintas organizaciones aludieron en forma recurrente a la necesidad de crear, ya sea dentro o fuera de la Subsecretaría, una nueva comisión, de carácter permanente, para calificar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Ese es un asunto insoslayable. Haríamos muy mal si tratáramos de omitir, a propósito de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, situaciones que evidentemente marcaron la historia de nuestro país y a diversas generaciones.
Además, considero positivo que se incorpore en el Comité Interministerial de Derechos Humanos que se crea al Ministerio de Educación.
Me llama mucho la atención que se haya agregado, y me alegro; pero me parece insólito que no se incluyera desde el inicio, porque si hay una necesidad evidente, de vital importancia, es la presencia del Ministerio de Educación. Espero que en las mallas curriculares que tengamos en el futuro para la formación de nuestros estudiantes, figure lo relativo a los derechos humanos.
Lamentablemente, en la actualidad no es así. Y creo que al país le hace mucha falta, al igual que es necesaria una mayor educación cívica. Todos estamos contestes en ello; cada uno de nosotros nos damos cuenta de que en la población hay confusión acerca de las atribuciones y facultades de las instituciones; a veces se confunde el cargo de Diputado con el de Alcalde; no se sabe lo que significa la tramitación de una ley, y se ignoran otras materias bastante básicas.
Como dije, me gustaría ver en las mallas curriculares los asuntos de derechos humanos, para que fuéramos socializando y dando a entender a nuestros niños, desde muy pequeños, que el Estado siempre debe promoverlos y respetarlos.
Eso es algo sustantivo.
Por lo tanto, desde ya anuncio mi voto positivo al proyecto en general. Imagino que cuando se trate en particular, se podrán recoger algunas de estas observaciones que me he permitido exponer a la Sala. Pero estimo importante, junto con aprobar la idea de legislar, señalar la necesidad de mejorar el articulado, lo que es siempre posible.
Concuerdo en que ya era hora de tener una mejor coordinación y menos dispersión y, además, que se haga por ley, con este rango, para que no nos quedemos solamente -aparte del Instituto Nacional de Derechos Humanos- con ciertos programas.
Y a propósito de estos últimos, no me gustaría ver desaparecer el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La presente legislación no debe ser causal para la desaparición de él, porque en definitiva acompaña a las víctimas, que requieren esa reparación.
Nosotros, así como lentamente avanzamos en Verdad, lentamente hemos avanzado en Justicia. Y, obviamente, también hemos avanzado, en parte, en Reparación, aunque no todo lo necesario ni lo suficiente.
Por eso, creo en la necesidad de una Comisión Permanente de Calificación de Violaciones a los Derechos Humanos, porque claramente ha habido algunas omisiones. Y en lo concerniente a reparación, el país no ha sido muy generoso frente a todo ese dolor y a lo que ello ha significado para muchas víctimas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, este proyecto, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, sin duda permite un debate que Chile necesita.
Los Estados modernos tienen la obligación legal de resguardar los derechos humanos: cautelarlos, promoverlos y defenderlos. Y esa obligación del Estado chileno, para ser válidamente ejecutada, requiere tres dimensiones, las que el país aún no ha sido capaz de abordar.
La primera de ellas la constituye el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo, que puede informar, hacer seguimiento e incluso actuar frente a hechos que cuestionan esos derechos o las situaciones de abierta violación de ellos.
A mi juicio, en Chile ese Instituto todavía es muy débil, con poco músculo, pero cuenta con autonomía, es importante su existencia y ha ido cumpliendo su labor. Esperamos que, con el tiempo, la cultura nacional permita que dicha institución haga más.
La segunda dimensión es lo que la ex Subsecretaria de la Cartera y ahora Ministra de Justicia nos planteó, porque ella fue la responsable en esa Secretaría de Estado de impulsar la iniciativa que nos ocupa.
Después me voy a abocar a los problemas del proyecto, a sus inconsistencias (en las que me concentraré) y también a sus virtudes.
Y la tercera dimensión es que, aparte de tener un órgano coordinador de políticas públicas al interior del Estado, resulta fundamental que alguien defienda a quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos, como un Defensor del Pueblo o un Ombudsman.
Esas son las tres dimensiones que un Estado debe tener para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales.
La iniciativa en debate aborda una dimensión que encierra una contradicción.
Me parece necesario que el Estado cuente con una instancia de coordinación -como aquí se ha señalado- para generar consistencia en sus políticas públicas; para desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos, y para que, más allá de la coordinación, se garantice, a través de acciones medibles y con seguimiento, la calidad del funcionamiento del Estado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de su contraparte en legislación y políticas públicas nacionales.
La importancia del Comité Interministerial de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Derechos Humanos está fuera de discusión.
Eso es muy relevante.
Sin embargo, el proyecto otorga a la nueva Subsecretaría un rol contradictorio, porque, a diferencia de lo que dijo una colega (aquí presente) -este es un debate sustantivo- sobre qué se entiende por violación de derechos humanos, en el mundo ya hay consenso respecto de la violación de derechos humanos versus un delito.
La violación de tales derechos tiene un agente activo del Estado que atenta contra los derechos de sus ciudadanos, de las personas, y los violenta. Algunos de esos delitos son de lesa humanidad.
Hay quienes piensan distinto. Y a veces aquí los extremos se juntan. Porque, como en el sistema interamericano hay quienes consideran que los medios de comunicación y las corporaciones son potenciales violadores de los derechos humanos y que, por tanto, la defensa de la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere que se revise la definición conceptual -lo que nuestro país no comparte-, de la misma forma, el hecho de que haya violencia política o crimen organizado -absolutamente condenable, por cierto-, no se puede considerar que esas acciones que violentan los derechos de particulares por particulares se encuentren en esta categoría.
Conforme al proyecto, el Estado coordinará las políticas que garanticen el cumplimiento de su obligación de promover y defender los derechos humanos. Pero una de las incongruencias que contiene es que también deberá ayudar a coordinar la defensa que el propio Estado hace cuando es acusado de violar tales derechos.
Esta es una de las complejidades de un Estado moderno. Pero evidentemente, cuando el caso del profesor Almonacid -asesinado por carabineros-, fue llevado a la Corte Interamericana por su familia, porque no hubo justicia en el país, quien defendió al violador de sus derechos humanos fue el Estado de Chile. Y será este también el que, según la iniciativa en debate, definirá la coordinación de su defensa.
En verdad, tal incongruencia se da en todos los Estados modernos. Y con eso no estoy diciendo que ella se pueda salvar. No es fácil, porque el Estado, en tanto agente potencialmente violador de derechos humanos, tiene que coordinar su defensa en esa forma.
La Subsecretaría de Derechos Humanos servirá de apoyo a las coordinaciones con la Cancillería -que en última instancia lleva a cabo esa defensa- y con el Consejo de Defensa del Estado, órgano que muchas veces ha sido criticado por su actitud en los juicios entablados contra el Estado. Veremos cómo prosigue en el tiempo y si se mantiene esta incongruencia.
Tal incongruencia se enfrentaría en mejor forma si tuviéramos la tercera dimensión que reclamo del Ejecutivo: la creación del Defensor del Pueblo. Porque ¿quién ampara, por ejemplo, al ciudadano de San Francisco de Mostazal detenido y golpeado brutalmente por agentes del Estado y cuyas imágenes fueron subidas a YouTube en enero pasado? Hoy en día el Estado no lo hace. ¿Quién lo protege? Dejo abierta la pregunta.
Señor Presidente, a mi juicio, el proyecto tiene otra incongruencia: no se hace cargo de los Programas de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Los mantiene, pero no los toca, lo cual considero un error.
Por el contrario, en el quehacer de la Subsecretaría que se crea, se deben incorporar los programas de reparación de derechos humanos como parte de la coordinación de las políticas públicas. Dichos programas deberían tener una ventanilla única y permanente para la reparación, y no como ha ocurrido hasta ahora en que se establecen plazos fijos para el ingreso de los antecedentes que les permitan calificar.
En nuestro país, los informes de las Comisiones Valech 1 y 2 aún tienen muchos casos pendientes, sin calificar. Por lo tanto, debería aplicarse un criterio de silencio administrativo cuando ello no ocurre. Y eso tendría que abordarse en este proyecto de ley.
De la misma forma, cabe precisar cuál va a ser el rol del Estado como defensor, en forma transitoria, hasta que haya un Ombudsman, por lo menos en los crímenes más graves.
Señor Presidente, en la defensa jurídica y en el proceso de calificación de delitos, es donde el Estado debe hacerse responsable. Y no me refiero solo a lo que pasó durante la dictadura, sino a lo que ocurre cotidianamente cuando los derechos humanos son violentados por órganos estatales.
Como bien sostuvo el Senador señor Hernán Larraín, probablemente donde más el Estado chileno actúa hoy en día contra los derechos humanos es en el sistema carcelario, hecho respecto del cual debemos hacernos cargo como legisladores. Hay más de 50 mil personas privadas de libertad, algunas de las cuales se encuentran en condiciones infrahumanas, lo que violenta sus derechos en forma cotidiana.
Señor Presidente, sin lugar a dudas, el proyecto -como dijo la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries- es bueno y ayuda a avanzar en la institucionalidad, pero para poder completarlo se requiere de una visión más global.
Para que la iniciativa en análisis se transforme efectivamente en un avance dentro de la institucionalidad global del Estado de Chile -porque los Gobiernos pasan y la institucionalidad es lo que más nos interesa cautelar en esta materia-, necesitamos fortalecer el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos y crear, efectivamente, una instancia de coordinación. Aquí se propone su dependencia del Ministerio de Justicia. Ese es un tema que se puede discutir.
Asimismo, se requiere asegurar la existencia de un defensor de la víctima de violación de sus derechos humanos. No lo tenemos en el país. Y hasta que no se cree esa figura -si bien esta institucionalidad puede ser un avance muy importante de coordinación, aunque debe ser perfeccionada e incorporada al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior-, vamos a tener una inconsistencia.
En ese sentido, confío que con la señora Ministra de Justicia podremos avanzar en ello.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, al igual que otros colegas, voy a aprobar el proyecto en análisis.
Pienso que al comparar carencias versus virtudes en materia de derechos humanos, la balanza se inclina francamente en favor de las segundas. Es decir, se trata de una iniciativa que vale para lo que el país necesita.
Solo quiero hacer algunas observaciones, siendo la primera de ellas de carácter histórico.
Me parece que lo que estamos discutiendo hoy día en forma oficial -como es la creación de una Subsecretaría- constituye un elemento princeps dentro de la Administración Pública para defender los derechos humanos, realzar su vigencia y evitar su agravio. Viene siendo uno de los signos de la civilización occidental que dura ya más de 2 mil o 3 mil años. Es decir, el mundo entero ha visto un cúmulo de observaciones y de agravios a los derechos humanos en las guerras, llevadas a cabo con tal saña, provocados por el sistema institucionalizado de ciertos países, especialmente de los que en determinado momento fueron fruto de dictaduras de cualquier tipo, o bien de sistemas y modelos económicos como el nuestro, que tiene una forma de tratar los derechos humanos de las personas de menos recursos que agobia hasta el exceso la manera en que uno debe representarla en el Senado.
En la actualidad, a cada una de esas respuestas negativas que ha habido en la historia del mundo, surge la sensación progresiva de que los derechos humanos se transforman, poco a poco, en un elemento esencial para la civilización occidental y para nuestro país.
No basta con decir que debemos enfrentar los problemas de salud, de comercio y de economía sin considerar los derechos humanos.
La vigencia de tales derechos la entiendo como el hecho esencial por el cual estamos en el Senado representando al pueblo de Chile. Si algún legado uno debería dejar cuando ya no forme parte de él -porque morimos, cambiamos de trabajo o lo que fuere- en cuanto a qué hicimos en la vida, es haber evitado que los derechos de las personas fueran agraviados y atropellados, como ha sucedido a través de un sinnúmero de sistemas en el mundo.
Dicho lo anterior, deseo plantear, además, que desde hace ya muchos años hemos venido planteando la tesis de crear el Defensor del Niño o el Defensor del Pueblo. Y recojo lo dicho por el Senador que me precedió en el uso de la palabra, en orden a que esta era la oportunidad de incorporarlo. En su momento, lo discutimos con la señora Ministra y también con otros señores Senadores, pero se nos señaló que eso no venía incluido en la idea de la actual iniciativa de ley, aunque para la creación de esos cargos se han presentado una serie de proyectos durante estos años.
Es verdad que ahora estamos aprobando un mecanismo que me parece positivo.
Primero tuvimos que resolver si esta materia merecía o no la presentación de un proyecto especialísimo. Siempre he sostenido que sí, por eso lo voté con entusiasmo. ¿Es el lugar? También lo dije con la misma franqueza. Y desde hace muchos años he señalado -lo reitero hoy- que prefería un Ministerio de los Derechos Humanos. Está en la impronta de nuestra sociedad la necesidad de resguardar tales derechos, de manera que, honestamente, creo que bien merecía una institución a ese nivel.
Planteamos hace un tiempo la idea de crear un Ministerio, dependiente directamente de la Presidencia de la República. Pero también comparto la inquietud de que no podemos seguir llenándonos de Ministerios al crearlos para cada caso en que uno tenga alguna idea preclara.
Por lo tanto, yo me quedo con que el proyecto es bueno y que las materias que aborda están en el lugar adecuado.
Considero que las ideas planteadas ahora sobre el Defensor del Pueblo serán materia o de un nuevo proyecto o de algunas modificaciones o de otra solución que permita avanzar en esa línea.
Ahora bien, mi preocupación es cómo entendemos esta defensa de los derechos humanos. Hay dos maneras de enfrentarla: por una parte, hacer un diagnóstico acerca de cuántas veces, en qué condiciones, en qué circunstancias, cómo, cuándo y dónde se produce el agravio, y, por otra, simplemente al revés: prevenir y hacer una política tal que en las estructuras nacionales, en el régimen socioeconómico, en la forma en que se hace la política, que es el arte de construir el país, se haga prevención, para no tener que actuar frente a casos específicos.
Yo me quedo con la segunda opción. Honestamente, creo que debemos lograr una fórmula que permita la existencia de tal cúmulo de prevenciones que los derechos humanos sean agraviados el menor número de veces.
Hoy en la mañana aprobamos -y lo vamos a ratificar en la Comisión de Salud- un proyecto que tiene esa esencia frente a un tema muy concreto: la salud de la gente, el bienestar de las personas, el cómo vivir y estar mejor. Y esto se obtiene con una política de prevención, que provenga no solo del Estado sino de toda la sociedad, al objeto de que la gente no siga falleciendo de lo que muere en la actualidad, lo cual resulta verdaderamente inaceptable en una sociedad con la evolución que presenta.
También aquí hay que pensar en ello.
En esa perspectiva, permítanme reiterar en los dos minutos que me quedan, una preocupación que he mencionado hasta al cansancio y que, curiosamente, es ratificada en la prensa de los últimos tres días, en particular de ayer y de hoy.
Los derechos humanos sociales son agraviados de por sí cuando la desigualdad entre las personas es excesivamente grande. Nadie pretende afirmar que todos los chilenos deben percibir el mismo ingreso. ¡No es así! Lo digo porque hay algunas filosofías, como la marxista, que llegan a esa conclusión. Eso no es posible porque las capacidades humanas no son idénticas. Lo que se busca -y es lo que hace, a nuestro criterio, defender el humanismo cristiano en esta línea- es que las diferencias no lleguen a ser tan grandes que los derechos humanos de los más pobres terminen siendo rasgados, truncados, agredidos por la sola existencia del modelo capitalista que hoy seguimos.
Hay cifras verdaderamente increíbles, y las confirman hoy la prensa de Derecha, de Gobierno, a la que no se puede calificar de revolucionaria y contraria al orden público. Ellas, señor Presidente y estimados colegas, son tan brutales como lo que indicaré a continuación.
Según esos datos, conforme al ingreso de las empresas más grandes de Chile, los más pobres en la escala social económica debieran trabajar por dos mil o tres mil años para equiparar las ganancias que obtienen los más ricos.
Lo que señalo es parte del proceso que tenemos que llevar a cabo, y por eso voy a aprobar esta iniciativa con absoluto cariño y afecto.
Una última cosa, señor Presidente, solo para hacer un poquito más jocosa mi intervención.
Cuando leíamos las cifras que se daban a conocer sobre las riquezas de los chilenos que se hallan entre las fortunas más grandes del mundo (aparecen en el Informe Forbes), veíamos que hasta hace poco figuraban solo cuatro o cinco empresas o personas naturales con un patrimonio del orden de los 5 mil, 6 mil u 8 mil millones de dólares. La utilidad anual que esto genera marca la diferencia de los dos o tres mil años de trabajo, lo que es insólito, absolutamente increíble. Sin embargo, hoy día -así lo dice tal publicación- ya son catorce las empresas, las personas o las familias que figuran entre las 100 más ricas.
Alguien hizo un chiste sobre ello: señalaba que cómo podíamos reclamar por la concentración económica en el país si ahora la habíamos diluido en catorce familias.
¿Eso significa francamente un aumento en la participación de los chilenos en la riqueza? ¡No! La verdad es que la sola institucionalidad, o más bien, la realidad objetiva...

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo.
La Mesa le concede un minuto adicional, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Gracias, señor Presidente.
Decía que la realidad objetiva hace que sea necesario prevenir en cuanto al respeto de los derechos humanos de los más pobres, de la gente con menores ingresos en nuestro país.
No obstante, no lo vamos a conseguir con lo que estamos aprobando ahora. Ello ayudará. Pero mientras no hagamos algo distinto: cambiar el régimen económico y social, obviamente los derechos humanos seguirán siendo atropellados.
Voto que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, deseo sumarme a las felicitaciones expresadas a la Ministra de Justicia, señora Patricia Pérez, por impulsar este proyecto de ley.
Lo cierto es que en Chile todos estamos de acuerdo en que el tratamiento de los derechos humanos no ha sido parte de la institucionalidad unificada ni ha contado con potestades transversales de carácter estatal, debido a que existe una dispersión en el tratamiento institucional de esta materia, la que es abordada a través de simples programas o de organizaciones gubernamentales, pero con fines muy parciales, específicos y puntuales. Ejemplos de ello son la Comisión Coordinadora para dar cumplimiento a las Observaciones del Estado de Chile, que preside el Canciller, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por tanto, no se ha implementado cabalmente una política unitaria que permita coordinar las distintas iniciativas sectoriales y desarrollarlas en forma coherente, es decir, en cuanto a lo que significan la definición y la aplicación de políticas públicas en este ámbito.
Quiero destacar, señor Presidente, que dentro de los objetivos de la iniciativa de ley en estudio se encuentran la creación de esta Subsecretaría con la finalidad de asesorar y colaborar en la elaboración de planes, programas y toma de decisiones relativos a la promoción y la protección de los derechos humanos, como asimismo, el establecimiento de un Comité Interministerial de Derechos Humanos, que estará integrado por los titulares de seis Secretarías de Estado y será presidido por la Ministra de Justicia. Su misión principal será asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en el ámbito de los derechos humanos, constituyendo una instancia de información, de orientación, de coordinación y de acuerdo para los ministerios y servicios que lo integrarán.
Cabe señalar que, efectivamente, hay naciones en las que existe una Subsecretaría de Derechos Humanos -es el caso de Argentina, de Brasil, de México, de Ecuador-. Ahí tenemos una experiencia muy rica, que de alguna manera debe ser emulada por nuestro país.
En cuanto a los objetivos específicos que se persiguen, se ha hecho mención a muchos aspectos pendientes. Por ejemplo, se ha señalado que hay áreas donde se violan los derechos humanos, como las cárceles. Y la verdad es que en dichos lugares ellos son vulnerados todos los días.
Por otro lado, creo que es muy importante avanzar también en asuntos relacionados con la infancia.
Sobre ese particular varios Senadores presentamos un proyecto para crear una normativa de protección integral a los derechos de los niños y los adolescentes. Lo que se pretende es modificar o derogar la Ley de Menores, de 1967, que consagra un tratamiento muy tutelar, bastante vertical de los adultos respecto de los niños, por cuanto estos son considerados en la medida en que sean pobres y vulnerados en sus derechos, pero no como sujetos de derecho per se.
En tal sentido, queremos, en primer lugar, brindar protección universal -es decir, para todos los niños, las niñas y los adolescentes- de manera integral, o sea, en todos los ámbitos; y, en segundo término, crear una defensoría de los derechos de los menores.
La idea es que haya una instancia autónoma, imparcial, que no dependa del Gobierno de turno y que sea una especie de "Pepe Grillo", un ente que ponga el dedo en la llaga y diga dónde no se respetan aquellos derechos en nuestro país.
Respecto a ese punto tenemos que avanzar mucho, al igual que en la creación de un defensor de los derechos del pueblo.
Deseo señalar, señor Presidente, que el respeto a los derechos humanos no es algo lógico. Cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile se pensaba que tales derechos formaban parte del paisaje. Pero se violaron sistemáticamente. Por eso resulta tan importante educar, y que los ramos que contempla el Ministerio de Educación comprendan instrucción, enseñanza, capacitación, información y sensibilización en el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Asimismo, me parece sumamente importante que como sociedad, como planeta, condenemos cada día más a todo tipo de dictaduras. No hay dictaduras buenas, ya sean grandes, chicas, de Derecha o de Izquierda. Todas merecen condena. ¿Por qué? Porque terminan, bajo el amparo del poder del Estado, violando los derechos humanos. Y debemos condenar toda violación a los derechos humanos, cometida en dictadura o en democracia, porque en esta también se violan los derechos fundamentales, como desgraciadamente ocurre en nuestro país, según sostienen informes de la Universidad Diego Portales.
Señor Presidente, el mejor homenaje que podemos tributar a un hombre grande como fue el cardenal Raúl Silva Henríquez -creador de la Vicaría de la Solidaridad y "voz de los sin voz"- es aprobar esta muy relevante iniciativa.
Y, por último, esperamos incorporar en la discusión particular algunas modificaciones y mejoramientos, de modo que tengamos una buena ley en esta materia.
Voto que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero expresar mi absoluto respaldo a este proyecto y felicitar al Gobierno del Presidente Piñera y, por cierto, a los parlamentarios que en forma transversal lo han apoyado.
Debo decir que nuestra Administración es autora de al menos dos iniciativas en materia de protección a los derechos humanos -según se me viene a la memoria-, que son extraordinariamente valiosas.
La primera es la Ley contra la Discriminación. Este cuerpo legal establece en la práctica una muy importante protección a las personas que son discriminadas, lo cual constituye una forma de violar sus derechos básicos.
La segunda es el proyecto en debate, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya función esencial será asesorar y colaborar en la elaboración de los planes y programas y en la toma de decisiones que, en el ámbito de los derechos humanos, debe adoptar el Estado de Chile.
Por supuesto, me sumo con mucho agrado a las felicitaciones dadas a la Ministra Patricia Pérez que, entre paréntesis, cuando era Subsecretaria impulsó fuertemente esta iniciativa en la época en que el titular de la Cartera era Teodoro Ribera.
Creo que el Presidente de nuestra Comisión de Constitución ha expresado con claridad el valor y la relevancia del proyecto, sobre todo en cuanto a que el Estado asuma como política pública la promoción, la defensa, el estudio, el análisis de los casos en que potencialmente o de hecho pudieran existir violaciones a los derechos humanos, y a que tenga una posición a nivel del país y también del mundo.
Sin embargo, hay un punto que deseo abordar en el debate de esta iniciativa y que espero que sea analizado por el Senado durante su votación en particular.
Sucede que mantenemos dos visiones muy distintas -yo por lo menos escuché a un Senador que me antecedió en el uso de la palabra referirse a una- acerca de qué constituye una violación a los derechos humanos.
Coincidimos en que, cuando agentes del Estado abusan de su poder y violan las prerrogativas de las personas mediante la comisión de delitos, como torturas, asesinatos, maltratos a particulares, no cabe la menor duda de que nos hallamos frente a una grave transgresión de los derechos humanos.
Pero también constituyó una violación a los derechos humanos el asesinato, cruel y cobarde, del matrimonio Luchsinger-Mackay. ¿O este no tenía derechos humanos?
No obstante, un Senador que me antecedió en el uso de la palabra afirmó que ese acto era un delito común.
En primer lugar, quiero recordarle a ese colega que todos estos delitos son comunes. Y, así, acciones como el homicidio, la tortura (que significa el delito de lesiones), la mutilación, constituyen delitos comunes que se transforman en violaciones a los derechos fundamentales por el móvil que hay detrás de ellos.
Es decir, no todas las conductas de un agente del Estado se traducen en violaciones a los derechos humanos, sino solo las que tienen por objeto amedrentar, atemorizar, inhibir, maltratar a un sector de la sociedad o a una persona determinada con el propósito final de atemorizar a los demás.
Y aquí radica un punto muy importante, porque este tema -veo que la Sala aún no ha adoptado un pronunciamiento al respecto- ya fue resuelto por la Comisión Rettig. En efecto, esa entidad, que analizó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Gobierno militar, manifestó clara y categóricamente que constituían violaciones a los derechos humanos tanto los actos cometidos por agentes del Estado (la DINA, la CNI) en contra de civiles con el objeto de exterminarlos o torturarlos como las acciones de civiles que pertenecían a grupos extremistas y asesinaban a policías.
En consecuencia, el informe de la Comisión Rettig, votado y aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, concluyó unánimemente que ambas conductas eran violaciones a los derechos humanos.
Incluso, la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos dispone en su artículo 2º:
"El Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional".
En ninguna parte de dicho cuerpo legal se señala que no constituirían violación a los derechos humanos los actos brutales cometidos contra el matrimonio Luchsinger-Mackay, o similar tipo de acciones perpetrado en contra de comuneros mapuches. Ambos hechos revisten igual magnitud.
¿Constituye o no una violación a los derechos humanos lo ocurrido el fin de semana pasado cuando un grupo de modestos brigadistas forestales recibieron disparos a mansalva al descender de un helicóptero para apagar un incendio? A uno de ellos le volaron un ojo y corre el riesgo de perder el otro. ¿En esa acción existió el móvil de robar o de cometer un delito común, un asalto? ¡No! El propósito, como declararon los propios brigadistas, provenientes de familias humildes de La Araucanía, fue advertirles que no volvieran a entrar a ese terreno, aun cuando fuera -¡aun cuando fuera!- para sofocar un incendio.
Entonces, señor Presidente, este tema lo debemos resolver.
No se puede sostener que existe una violación a los derechos humanos exclusivamente cuando la víctima es un civil que cae en manos de un agente del Estado -la hay, es condenable y merece total censura-, pero guardar silencio o negar dicha violación cuando un particular es atacado por un grupo de civiles con el propósito de intimidar, provocar temor y cometer los peores delitos que existen en nuestra sociedad, ¡eso también constituye una violación a los derechos humanos! Afirmar lo contrario es mantener un doble estándar, como aquellos que condenan las violaciones a los derechos humanos cometidas en diversos países del mundo -por ejemplo, en Chile, que son gravísimas e imperdonables, porque nunca se pudieron justificar-, pero que se hacen los lesos cuando se trata de reprobar el atropello a tales prerrogativas en Corea del Norte, e incluso mandan cartas de felicitación a sus gobernantes.
¿Y respecto a Cuba? "No, si en Cuba se vive el imperio del respeto a los derechos humanos". ¡De Cuba ni una palabra! ¡También se hacen los lesos!
Y cuando en esta Sala se votó un proyecto de acuerdo con el objeto de condenar la prohibición de salir de ese país impuesta a una mujer cuyo nombre no recuerdo...

El señor WALKER (don Patricio).- Rosa María Payá.

El señor ESPINA.- Así es, señor Senador. Muchas gracias.
Decía que cuando se votó la condena a la decisión de no dejar salir de Cuba a Rosa María Payá algunos colegas de las bancadas de enfrente desaparecieron. ¡Ahí no hay violación a los derechos humanos...!
¡No, señor Presidente!
Por eso, debiéramos aprovechar esta iniciativa para asumir una posición y para que el país supiera lo que pensamos.
En mi concepto, si el día de mañana un agente del Estado tortura, asesina, lesiona a un particular en un acto ilegítimo y al margen de la ley, ello conforma una violación a los derechos humanos. Y si un grupo de personas atenta contra un particular o un policía para quemarlos o asesinarlos, con el propósito de amedrentar, atemorizar, inhibir, ello también es una violación a los derechos humanos.
Y no me digan que eso se refiere a los delitos comunes. Porque una cosa distinta es cuando una persona entra a robar a una casa. Ese es un delito condenable, pero el móvil, el objetivo no constituye la intimidación, el amedrentamiento, el propósito de inhibir a alguien de realizar acciones futuras.
Por lo tanto, es un debate que debemos tener.
Por eso, señor Presidente, yo apoyo esta iniciativa legal y espero que en el segundo informe la Comisión que la ve tenga oportunidad de aclarar estos puntos. Porque yo quiero saber qué derechos humanos va a defender o a promover el Estado de Chile. ¿No va a promover la defensa de los derechos humanos de la familia Luchsinger? A mi juicio, sería una aberración si guardáramos silencio sobre eso, como también lo sería si no se cautelaran los derechos humanos, para ponerlo en toda su dimensión, de los mapuches que viven en La Araucanía.
Voto a favor, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, estamos ante un proyecto del Ejecutivo que el Primer Mandatario se comprometió a enviar en el Mensaje del 21 de mayo del año pasado. Y la Ministra Patricia Pérez ha puesto todo su empeño en sacarlo adelante; prueba de ello es que ya lo estamos conociendo en esta Sala.
Su propósito es crear la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, a fin de asesorar y colaborar en la elaboración de planes, programas y toma de decisiones relativos a la promoción y protección de los derechos humanos.
Asimismo, se crea un Comité Interministerial de Derechos Humanos, integrado por los titulares de seis Carteras y presidido por la Ministra de Justicia, cuya función principal será asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en este ámbito.
Sin duda, el tema de los derechos humanos es, con toda razón, un asunto especialmente sensible en nuestro país, pero resultaría absurdo no compartir las funciones que tendría que asumir esta Subsecretaría, como proponer políticas públicas para la promoción de los derechos humanos; elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos; apoyar al Ministro de Justicia en el análisis crítico de la legislación interna con miras a sugerir las reformas necesarias para adecuarla a los tratados internacionales vigentes.
A ello se agrega recibir y procesar las quejas y denuncias en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales y coordinar su defensa con otros organismos públicos; coordinar con la Cancillería la ejecución de medidas, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos; y proponer el programa de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos para el sector público, entre otros asuntos.
Con esa somera descripción de las funciones bastaría para justificar la existencia de esta Subsecretaría. La relevancia del tema en la vida de la sociedad chilena en las últimas décadas es un argumento también muy poderoso.
En cuanto al contenido mismo del proyecto, y al igual que en el caso del Ministerio del Deporte, todos los asuntos relativos a la planta deberían definirse por medio de una ley y no mediante un reglamento o uno o más decretos supremos. La responsabilidad por el correcto funcionamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene que ser compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo.
De la misma manera, sería conveniente que esta Subsecretaría contara con un consejo asesor o alguna instancia que garantizara la asistencia del más amplio abanico de posiciones de la sociedad. En teoría, todos compartimos la misma concepción de lo que deben ser los derechos humanos, pero en la práctica existen diferencias y sería bueno que sus decisiones fueran respaldadas por un amplio espectro de opiniones.
En el debate hemos escuchado a varios colegas lamentar que los derechos humanos se interpretan de una manera cuando son de un sector y de otra cuando son de uno distinto. ¡Los derechos humanos son universales y para todos los chilenos!
Yo espero que a través de esta Subsecretaría realmente podamos ser unos paladines en el mundo en cuanto al respeto y la defensa de los derechos humanos.
Naturalmente, voto a favor del proyecto y espero aportar cuando se discuta artículo por artículo.
Gracias, señor Presidente.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Hacienda, en el que comunica que ha despachado el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el pago de un beneficio en favor de los trabajadores portuarios eventuales que indica.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se incorporará a la tabla inmediatamente después de la iniciativa que nos ocupa.
--Así se acuerda.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, aprovecho de saludar a los funcionarios y trabajadores portuarios que están en las tribunas, en espera del proyecto de ley que debatiremos a continuación. Confiamos en que la Sala lo aprobará, al igual como lo hizo la Comisión de Hacienda recientemente.
Ahora bien, estamos en un debate que tiene que ver con el perfeccionamiento de la institucionalidad del Estado para tratar un tema de extraordinaria importancia que dice relación con los derechos humanos.
Sin duda, esto constituye un avance, porque permite la coordinación de políticas públicas en materia de derechos humanos y fortalece la institucionalidad de estos, permitiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales que Chile tiene sobre el particular.
Me correspondió viajar al Perú por razones de vinculación parlamentaria y tuve la ocasión de entrevistarme con la Ministra de Justicia. Y, al visitar el edificio en que se desempeña, fui sorprendido gratamente cuando miro el letrero que dice: "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". Y, de verdad, ahí me di cuenta de que no estábamos tan adelantados. Nosotros nos creemos los jaguares de Sudamérica y consideramos que estamos muy por delante del resto. Pero, en este aspecto al menos, sentí vergüenza porque Chile estaba atrasado. ¡Y nosotros que siempre nos decimos defensores de los derechos humanos!
Por eso, quiero saludar esta iniciativa del Gobierno y a la Ministra Pérez por acompañarnos en este debate. Como he dicho, para nosotros, este es un avance, un paso importante.
Los derechos humanos se han extendido, por una parte, como un límite o control al poder político y, por otra, como el resultado de procesos liberacionales o emancipatorios, con la consecuente inclusión política, social y cultural de las distintas comunidades.
Es un deber de todo Estado democrático la defensa de estos derechos, a través de obligaciones de garantía y de respeto sin discriminación y, para el logro de estos objetivos, resulta indispensable la definición de una política pública a seguir, de su contenido y de los órganos llamados a ejecutarla y supervisarla.
Hasta ahora, en el caso de Chile las iniciativas que hemos tenido relativas a derechos humanos han sido dispersas e inorgánicas.
Creo que este constituye un paso importante para definir el camino que nuestro país debe seguir en establecer mecanismos, instituciones, programas para atender un tema tan sentido como son los derechos de las personas, los derechos humanos.
En los contenidos del proyecto se definen diez funciones. Yo solo me voy a referir a una de ellas, para hacer un comentario: la Subsecretaría de Derechos Humanos será la encargada de recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales con competencia en derechos humanos y coordinar su defensa con otros entes públicos, en los litigios o procedimientos derivados de ellos, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, señor Presidente, nada se dice de cuáles son las funciones de esta Subsecretaría cuando hay definiciones de tribunales y organismos internos; nada se dice de qué ocurre cuando hay demandas al interior del país, de cómo se hace cargo de ellas esta Subsecretaría, o qué hace para reparar y coordinar la defensa ante otro organismo en litigios o procedimientos derivados de estos, materia en la que sí interviene respecto de las demandas internacionales, mas no a favor de los connacionales.
A mi juicio, deberíamos avanzar seriamente en ver cómo nos hacemos cargo de las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado de Chile a través de sus agentes. Los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra así lo han señalado. El Ministerio tiene una tarea importante, pero no solo con relación a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, sino que también debe extenderse a aquellos delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, como las violaciones en que ha incurrido el Estado en contra de los pueblos originarios.
En el texto elaborado por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato se relata crudamente el modo en que los indígenas, particularmente los mapuches en La Araucanía, eran marcados a fuego cuando se rebelaban porque les estaban quitando sus tierras. Hay un caso que tuvo lugar en Rofúe, en Osorno, que lo describe claramente. Y ahí están los testimonios de los tribunales y los medios de prensa que dan cuenta de una familia completa, integrada por 20 personas (niños, hombres, mujeres y ancianos), que fue quemada en el interior de una ruca con el objeto de quedarse con sus tierras. Así lo confesaron quienes cometieron esta barbaridad. Y este hecho no aminora el cómo el Estado y la sociedad deben sorprenderse por los crímenes que hemos conocido en el último tiempo.
El Senador Espina mencionó las situaciones relativas a los brigadistas y a la familia Luchsinger, que tienen que ver, en términos generales, con los derechos humanos de todas las personas.
Entonces, mi preocupación, señor Presidente, es dar a conocer en este debate el hecho de que el Estado también tiene vinculación con los derechos humanos que fueron violentados en el pasado. Y no hablo del pasado reciente, sino de hace 130 años (de 1881 hacia delante) con los pueblos originarios.
Asimismo, hay que observar cómo el Estado se hace partícipe en las violaciones de los derechos humanos del presente, cuando tolera que trabajadores que entregan toda una vida laboral a la sociedad y a la nación reciban una pensión de hambre.
El actual sistema previsional también constituye una violación a los derechos humanos y, por ende, en mi opinión, esta Subsecretaría, así como se hace cargo de las reclamaciones internacionales y del cumplimiento de convenios internacionales para velar por los derechos humanos, también debería intervenir en cuanto a la forma en que ha de proceder el Estado para reparar e impedir que se sigan violentando los derechos humanos de las personas, de los trabajadores, en este caso, mediante el sistema previsional.
Tenemos que procurar que esta Subsecretaría pueda promover, junto con el Ministerio de Educación, los sistemas de capacitación, de prevención, de educación de todos, en especial de las Fuerzas Armadas.
Me pregunto yo quién fomenta el respeto de los derechos humanos cuando se educa a quienes se forman en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, o a las personas que se instruyen en las instituciones del Estado.
Respecto del conocimiento de las violaciones a los derechos humanos esta Subsecretaría debería promover la verdad. No sabemos la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura militar, porque no la enseñan en los colegios. Tampoco se ilustra sobre la veracidad del despojo y violación de los derechos humanos de que fueron objeto los pueblos originarios.
Por eso, reconociendo que el proyecto representa un avance, planteo la necesidad de continuar adelante con otras iniciativas que permitan a esta Subsecretaría promover aún más los derechos humanos a través del conocimiento de la verdad histórica, porque cuando nos enseñan la historia de Chile nos dan a conocer la verdad desde el punto de vista de los vencedores y no de los vencidos, lo cual le ha hecho mucho daño a la sociedad. Los Senadores de La Araucanía saben el problema serio que tenemos en la Región, precisamente por el desconocimiento de la historia. Por ello, la Subsecretaría deberá desempeñar una función muy importante: la promoción del conocimiento de la verdad y la coordinación con la institución de defensa de los derechos humanos, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha de estar muy bien coordinado en las acciones destinadas a cumplir su fin.
Por eso, este proyecto constituye un avance y un desafío para hacer posible que los derechos humanos de los chilenos no sean violados en el extranjero ni en nuestro país y puedan ser promovidos y respetados.
Voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa propone fijar como plazo para presentar indicaciones el lunes 18 de marzo, a las 12.
--Así se acuerda.


El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora PÉREZ (Ministra de Justicia).- Señor Presidente, por su intermedio, simplemente quiero agradecer a cada uno de los Senadores y Senadoras que emitieron su voto favorable a esta iniciativa que, sin lugar a dudas, constituye un avance muy importante en materia de institucionalidad de los derechos humanos en nuestro país.
No podemos, como Gobierno, sino concordar con la idea de universalidad de los derechos humanos y también con la necesidad fundamental -así lo han expresado los distintos señores Senadores- de que esto sea parte de nuestra cultura, de nuestra capacitación. Y para eso es importante partir por el Estado. Es preciso que desde el Estado exista conciencia de que no basta que los derechos se encuentren en las convenciones, en los tratados y en las leyes, sino que se apliquen en la realidad, en la práctica, día a día. Eso supone una cultura de promoción y protección de los derechos humanos fuerte, potente, que queremos impulsar como Gobierno.
Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sugiero que en la discusión particular el proyecto sea visto por las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, unidas, porque en la fase anterior lo analizaron en forma separada.
Ello me parece más eficiente desde el punto de vista del trabajo legislativo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición del Senador Larraín.
Acordado.
Por acuerdo de la Sala, corresponde tratar la iniciativa que otorga un beneficio a los trabajadores portuarios eventuales.



OTORGAMIENTO DE BENEFICIO A TRABAJADORES PORTUARIOS EVENTUALES


El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el pago de un beneficio a favor de los trabajadores portuarios eventuales que indica, con certificado de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8682-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 92ª, en 8 de enero de 2013.
Certificado de Comisión:
Hacienda: sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente que el artículo 2° de la iniciativa debe ser aprobado con quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, por cuanto la Tesorería General de la República estará obligada a guardar reserva de la información que requiera.
Su objetivo es establecer el pago de un beneficio a favor de aquellos trabajadores portuarios eventuales respecto de quienes se verificaron diversas dificultades relativas a la retención de sus impuestos a la renta.
El proyecto, sometido a votación en general por la Comisión de Hacienda, fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Frei, García, Lagos y Novoa.


El señor ESCALONA (Presidente).- Se debe votar para que quede registrado el quórum calificado.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Son 20 votos a favor los que se requieren.

El señor ESCALONA (Presidente).- Hay que tocar los timbres.
Mientras tanto, le vamos a ofrecer la palabra a la señora Ministra.

La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, solo quiero agradecer profundamente a todos los Senadores que integran la Comisión de Hacienda, quienes pusieron en tabla este proyecto y lo vieron inmediatamente.
También el Senador señor Lagos tomó iniciativa para que se pudiera ver hoy en la Sala sobre la marcha. Igual los Senadores señora Rincón y señor Novoa. Asimismo, el Presidente de la referida Comisión, Senador señor García, quien tuvo la gentileza de poner en tabla el proyecto de inmediato. Otro tanto puedo decir del Senador señor Frei, quien, como buen miembro de ese órgano técnico y como ex Jefe de Estado, quería saber exactamente lo que sucedía e hizo las preguntas del caso.
Realmente, hemos recibido una tremenda ayuda de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda. Y me alegra muchísimo, porque los trabajadores viajaron toda la noche desde la Octava Región para ver si se podía despachar la iniciativa en esta sesión.
Gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- No solo para fundamentar el voto, señor Presidente, porque me parece de plena justicia que los trabajadores que en algún minuto pagaron más impuesto único que el que les correspondía tengan derecho al beneficio que otorga este proyecto.
Quiero expresar que el Senador don Alejandro Navarro, en su calidad de Vicepresidente de la Corporación, y también usted, señor Presidente, desde ayer mantuvieron una petición permanente sobre la Comisión de Hacienda, la que nosotros acogimos, gracias a que se nos autorizó para sesionar en paralelo con la Sala.
Así que considero de toda justicia hacer presente aquí su preocupación, señor Presidente, así como la del señor Vicepresidente, las que estamos resolviendo con esta votación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, felicito a la señora Ministra del Trabajo por su disposición para avanzar en una solución que recoge una sentida aspiración de los trabajadores portuarios eventuales.
Esta iniciativa se halla motivada por la movilización efectuada por los de San Antonio, a la cual se fueron agregando otros trabajadores eventuales de Chile, particularmente los de la Octava Región.
Felicito a los trabajadores portuarios eventuales de todo el país, en especial a los del sur y del norte, por su persistencia para alcanzar la satisfacción de su legítima demanda, así como al Gobierno del Presidente Piñera, por su voluntad política, y particularmente a la Ministra del Trabajo, quien, a través de un diálogo franco con los trabajadores, el que no se había logrado durante mucho tiempo, ayudó a que aquellos accedieran al beneficio en comento, que es justo y razonable y que, en definitiva, fue la causa de las movilizaciones realizadas durante un largo período.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, por supuesto que nos alegramos de esta conquista obtenida por los trabajadores portuarios eventuales de nuestro país. Es un logro fundamentalmente de ellos, que este Senado acoge y respalda de manera absoluta.
Sin embargo, si bien hoy estamos resolviendo una demanda y una deuda históricas con nuestros trabajadores portuarios eventuales, queda pendiente su situación laboral diaria, su día a día -la jornada en el caso de la Región de Magallanes es más difícil, por la rigurosidad del clima-, pero, esencialmente, una debilidad que debiera llamarnos la atención y que yo hago presente además en mi calidad de miembro de la Comisión de Trabajo.
¿Cómo se contrata a un trabajador portuario eventual? Se le hace un contrato, pero no por un mes, no por quince días, no por un año, no indefinido, sino ¡por las horas que va a laborar! Es decir, el resguardo en su actividad no puede ser peor. Los trabajadores de dicho sector no solo sufren las inclemencias del tiempo y el trabajo forzado que deben llevar adelante, sino que además se hallan bajo una precaria protección laboral.
Y aprovechando que está aquí la señora Ministra, a quien saludo cordialmente, le pido, por intermedio de la Mesa, que esa realidad no quede en el olvido.
Hoy día nos alegraremos en parte. Pero debemos preocuparnos en verdad de que una cantidad importante de trabajadores de nuestro país no tienen resguardo en el ámbito laboral.
Voy a votar a favor, pero no puedo dejar de lado aquella situación en esta oportunidad. Por tanto, en presencia de los representantes gremiales que han viajado hasta este lugar, le solicito a la señora Ministra, por intermedio del señor Presidente, que el problema se resuelva lo antes posible.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Les recuerdo a las personas ubicadas en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, enhorabuena el Ejecutivo envió este proyecto, yo no diría para otorgar un beneficio, sino para retribuir dineros que se les habían descontado a los trabajadores de estiba y desestiba.
Ese es uno de los sectores más vulnerables de la actividad económica nacional. Y lo ha sido siempre.
Lo digo con convicción, porque soy hijo de estibador. Por tanto, sé que esto de los turnos siempre ha sido así. La diferencia radica en que durante las décadas de los años sesenta y setenta arribaban a los muelles de puertos como el de Punta Arenas una mayor cantidad de barcos. O sea, había mayor actividad de carga y descarga.
En consecuencia, los estibadores de la época podían conseguir que sus hijos siguieran estudios universitarios, como lo hice yo. ¿Por qué razón? Porque, a través de las organizaciones sindicales a que pertenecían, negociaban con la Cámara Marítima y obtenían que financiara becas. Y, gracias a tal aporte, una gran cantidad de hijos de estibadores (entre ellos, yo) pudieron estudiar en diversos establecimientos de educación superior del centro del país.
Insisto: se trata de un sector que ha sido vilipendiado, desprestigiado, seguramente por malas prácticas que existieron en el pasado. Pero a partir de 1981 se convirtió en el más vulnerable de la actividad económica de nuestra nación.
Ellos tienen otra clase de reivindicaciones, aparte el beneficio que hoy les otorga el Ejecutivo.
Muchísimos trabajadores con más de 55 años de edad laboran en los puertos de Chile; por ejemplo, en el de Punta Arenas. Ellos quisieran un tipo de jubilación especial que zanjara de una vez por todas los problemas derivados de los trabajos pesados, los cuales no se resolvieron en los anteriores Gobiernos ni se han solucionado en el actual. Por ejemplo, la Comisión Ergonómica no califica de manera debida la calidad de los trabajos pesados. Y hay una serie de inconvenientes que este importante sector de trabajadores de nuestro país ha debido enfrentar para recibir miserables jubilaciones tras cumplir 65 años de edad.
La situación de los estibadores hoy día no es la misma que la de la de los años setenta. Las organizaciones sindicales de esa década tenían mucho más peso.
¿Qué pasó después de 1981? No olvidemos que los sindicatos de estiba y desestiba prácticamente fueron arrasados y que se crearon las empresas de estiba y desestiba, algo ajeno a la tradición laboral de los puertos.
Señor Presidente, quise referirme a ese tipo de situaciones porque me pareció que era el momento adecuado para decir que, como sociedad, estamos en deuda con un sector importante de la actividad económica de nuestro país: los trabajadores de la estiba y desestiba.
No confundamos cuando hablamos de trabajadores portuarios. Ellos se diferencian muy bien. Los estibadores son una cosa, y los trabajadores portuarios, quienes laboran en los puertos, otra, pues realizan actividades diferentes.
Voy a votar a favor de este proyecto porque, indudablemente, responde en parte a las reivindicaciones que dichos trabajadores han planteado siempre.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Reitero a los presentes en las tribunas que no pueden hacer manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, deseo expresar mi satisfacción por el rápido despacho de esta iniciativa de ley, que hace justicia a un sector de trabajadores muy importante de nuestro país y que se halla en situación vulnerable.
Chile se caracteriza hoy por las exportaciones; por llegar con el cobre, la madera, la fruta a todas partes del mundo. Y en todo el proceso intervienen los estibadores y los desestibadores.
De acuerdo con los antecedentes que recibimos, el promedio de trabajo mensual de cada uno de ellos es de 13,7 días. No laboran el mes completo y se les remunera por los turnos a que se los llama, a las 2 o a las 3 de la madrugada.
Actualmente, por la competitividad de los puertos, todo debe ser muy rápido. Y la rapidez se logra con dichos trabajadores, quienes deben estar dispuestos a la hora en que les llega la orden para salir a laborar.
De ahí emana la precariedad de su situación, que queda de manifiesto cuando deben jubilar -a los 65, a los 70, a los 80 años-, por los reducidos aportes que han podido realizar durante su vida laboral.
Por eso hoy, cuando se despacha velozmente la ley en proyecto, valoro que el Ejecutivo haya sido sensible para reconocer el problema existente y hacer justicia a los trabajadores en cuestión, cuyo número puede llegar a 22 mil.
Ello significa para el Estado un costo de 4 mil 817 millones de pesos (10,03 millones de dólares).
Así que, con mucha satisfacción, apruebo esta iniciativa. Y ojalá -como señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra- pudiera discutirse una legislación especial para hacer justicia a trabajadores portuarios que han sido postergados durante muchísimos años.
Señor Presidente, hay que tener en cuenta el inmenso aporte de ellos en el gran bum de las exportaciones existente en Chile.
¿Qué pasa con las exportaciones de cobre? Cientos de miles de millones están ingresando a nuestro país. Vemos con alegría que los trabajadores del sector reciben excelentes remuneraciones y muy buenos bonos por término de conflicto.
¿Pero qué sucede con los estibadores y desestibadores? Se llevan lo más pequeño. Promedio de trabajo mensual: ¡13,7 días!
¡Cómo podrán obtener mañana una jubilación digna, como la que merecen todos los trabajadores de nuestra patria!
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto por 30 votos afirmativos; no habiéndose presentado indicaciones, queda aprobado también en particular con esa misma votación, y se deja constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

--(Aplausos en tribunas).


INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con segundo informe de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas; informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo): sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Hacienda: sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 6 de julio de 2011 (se aprueba en general); 92ª, 93ª y 94ª, en 8, 9 y 15 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 96ª, en 16 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que, en sesión de fecha 11 de enero de 2013, el Senador señor Novoa retiró las solicitudes de votación separada respecto a las enmiendas unánimes y que, además, se cerró el plazo para renovar indicaciones.
Les agradeceré a Sus Señorías dirigirse a la página 35 del boletín comparado.
Mediante la letra f), que pasa a ser g), se agrega una letra m) al artículo 12 de la ley vigente. Solo fue aprobada por mayoría de votos: 4 a favor, 1 en contra y una abstención. En el primer párrafo dispone: "Dictar normas generales y obligatorias para los concesionarios y los permisionarios de servicios limitados de televisión, relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público.".
Tocante a esa norma, el Senador señor Novoa pidió votación separada.
Además, corresponde votarla, porque fue aprobada por mayoría de votos.

El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Ministro solicita autorización para que ingresen a la Sala sus asesores: el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton, y don Andrés Rodríguez.
--Se accede.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Excúseme, señor Presidente, pero debo hacer presente que la norma que leí y que tendría que votarse es de quórum calificado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ofrezco la palabra.

La señora RINCÓN.- ¿En qué página estamos, señor Presidente?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Página 35, primer párrafo de la letra m), que fue aprobada por mayoría de votos en las Comisiones unidas.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.

El señor GIRARDI.- ¿En qué norma estamos?

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Concentrémonos, Sus Señorías!
A quienes no se hallaban en la Sala cuando el señor Secretario hizo la relación les señalo que nos encontramos en la página 35 del boletín comparado. En la última columna aparece una letra g), mediante la cual se agrega una letra m) al artículo 12 de la ley vigente.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, fundamentaré mi pronunciamiento respecto del contenido de la letra m), vinculado a una atribución que se le entrega al Consejo.
Ello fue parte del debate acerca de si el organismo tendrá entre sus funciones la de poder dictar "normas generales y obligatorias", característica relevante esta última, para concesionarios y permisionarios -es decir, para las empresas del cable, como se dice genéricamente-, "relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público.". La lógica de tal facultad, evidentemente, se basa en que estas últimas las define la autoridad y en que al uso del bien nacional de uso público que se entrega en concesión se le pueden imponer ciertos gravámenes u obligaciones.
En general, mayoritariamente hemos concordado con el Ejecutivo en que esta es una atribución que el Consejo Nacional de Televisión debe poseer.
Es un texto similar al aprobado por la Cámara de Diputados. En el Senado no hemos hecho más que reiterar el concepto acogido allá.
Hay que votar que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quiero aclarar lo siguiente.
El primer párrafo de la letra m) -vale decir, desde "Dictar normas generales" hasta "interés público"- fue aprobado en una sesión anterior. Pero el siguiente señala qué se va a entender por "campaña de interés público", que es lo que corresponde votar, porque ello también solo fue aprobado por mayoría en las Comisiones unidas.

El señor LAGOS.- Es necesario pronunciarse asimismo por los otros párrafos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Así es.

El señor LETELIER.- Quiero hacer una consulta, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El primer párrafo se halla aprobado. El segundo es consecuencial, mas en la Comisión solo fue acogido por mayoría: es el que señala qué se va a entender por "campaña de interés público".

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿El Honorable señor Letelier desea preguntar algo?

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿vamos a votar el segundo y el tercer párrafos o solo el segundo? Ahí tengo una confusión relacionada con lo dicho por el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En verdad, todos los párrafos de la letra m) se refieren a la misma materia y fueron sancionados por mayoría. Lo que se ha puesto primero en votación es qué se va a entender -repito- por "campaña de interés público", sin perjuicio de que, si se quisiera, ellos se podrían votar en conjunto. Lo que pasa es que se solicitó la votación de cada uno.

El señor ESCALONA (Presidente).- Pero el Senador señor Novoa retiró esa petición.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Solo para los casos en que se registró unanimidad.

El señor PIZARRO.- Es cuestión de hacer un poco de memoria, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Entiendo que estamos haciendo un esfuerzo tendiente a lograr una mínima racionalidad al votar. Si nos pronunciamos ya por separado acerca del primer párrafo, corresponde hacerlo ahora de una sola vez para los siguientes.
Si le parece a la Sala, se procederá en esa forma.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me gustaría que se pusiera en discusión el último párrafo de la letra m), ya que tiene que ver con el cobro por las campañas de utilidad pública. El Senador que habla, por lo menos, es partidario de que ello no tenga lugar. Entonces, quisiera que ese aspecto se votara por separado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría debió haber formulado tal petición en su momento, porque ya se definió la votación.

El señor GIRARDI.- Entendí que cada párrafo iba a ser objeto de un pronunciamiento, porque es lo que quedó acordado. Si no se va a proceder en esa forma, solicito que solo dicho punto se vote aparte.

El señor ESCALONA (Presidente).- Francamente, estos son los momentos en que no me gustaría ser Presidente del Senado.
Si ya se había anunciado la votación...

El señor LAGOS.- Quedan dos semanas para que se cumpla tal deseo...

El señor PIZARRO.- ¡Este debate ya lo hicimos!

El señor ESCALONA (Presidente).- Además, ya hubo un acuerdo de la Sala.
Se llevará a cabo una sola votación. No estamos en condiciones de revisar lo resuelto.
El señor COLOMA.- Así es. Ello no es posible.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha solicitado intervenir al respecto el Senador señor Navarro.
No se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra, entonces, el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, para los efectos de hacer un poco de memoria, hago constar que la cuestión se trató en una de las últimas sesiones antes del receso legislativo. Fue una materia que debatimos in extenso -incluso, la Senadora señora Von Baer hizo una reserva de constitucionalidad- y la letra m) no alcanzó a ser votada por completo. Lo que acordamos fue que el inciso primero iba a ser objeto de un pronunciamiento separado y que el resto se resolvería de manera conjunta.

El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseaba aclarar que la discusión ya la habíamos hecho y que corresponde una sola votación para los demás incisos.

El señor LAGOS.- El pronunciamiento iba a ser por separado.

El señor PIZARRO.- Ello ya ocurrió con el inciso primero. Este último fue lo que se aprobó. Ahora es preciso abocarse a los otros, todos ellos relacionados.

El señor ESCALONA (Presidente).- El párrafo inicial se acogió en la sesión anterior y es preciso votar los otros de la letra m).

El señor PIZARRO.- Se llevó a cabo una larga discusión. Hay que revisar la Versión Oficial. Intervinimos todos.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay más inscritos.

El señor GIRARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría ya usó el tiempo que le correspondía reglamentariamente, pero le doy la palabra otra vez.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me parece que esta es una materia muy relevante dentro del tratamiento del proyecto.
Se ha realizado un largo debate acerca de las señales que se van a entregar en concesión. Mayoritariamente hemos convenido en que nos encontramos ante un bien nacional de uso público, del cual son dueños todos los chilenos. Y no tendrá lugar una visión de propiedad en cuanto al espectro, sino que se van a constituir concesiones con un plazo definido y ciertas condiciones. Las empresas que cuenten con el beneficio van a obtener, seguramente, millonarias utilidades en torno a la gestión, y hemos contemplado un conjunto de artículos que tienen que ver con un adecuado funcionamiento justamente para regular el punto.
Creo que aquí se plantea un tema muy importante.
Cuando se hace referencia a campañas de utilidad pública, se alude a acciones en beneficio del conjunto de la población. Pienso en las relacionadas con la salud, fundamentalmente. En el pasado se han llevado a cabo con relación al cólera, al sida, a distintos aspectos para educar a la gente. Hemos construido aquí un articulado que da garantías de una utilización de un medio en la que no habrá un aprovechamiento indebido ni una explotación política inadecuada; pero no comparto aquello de que finalmente las empresas pueden cobrarle al Estado al tomarse la decisión, después del cumplimiento de un conjunto de requisitos y condiciones que incluyen la intervención del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la del Consejo Nacional de Televisión, que tiene que votar y aceptar, de transmitir campañas en beneficio del conjunto de la población, dado que las entidades mencionadas en primer término resultan favorecidas con un bien que les pertenece a todos los chilenos.
Me parece que, dado que serán situaciones muy puntuales, muy definidas, la mínima reciprocidad, la mínima contraprestación, debe llevar a que sea a título gratuito para el Estado algo que se determine como campaña de utilidad pública.
Por lo tanto, soy partidario de votar en contra de la parte final de la letra m), donde se señala que las empresas podrán cobrar por el concepto señalado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Para aclarar la cuestión, solicito el acuerdo unánime de la Sala -porque ya se determinó la votación- para acoger la solicitud del Senador señor Girardi en orden a que en el último inciso de la letra m), luego del punto...

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor BIANCHI.- Ya nos pronunciamos.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay unanimidad.
En votación, entonces, desde el párrafo segundo de la letra m) hasta el final.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solo para aclarar los dichos del Senador señor Girardi deseo consignar que las campañas llamadas "de interés público" son gratuitas. Y ese fue el criterio que se adoptó en las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, unidas. El último párrafo se refiere a la reiteración de una campaña de ese tipo, porque se establece una limitación de cinco semanas al año que podrá renovarse. De suceder esto último, se señala que podría existir un cobro. Pero, efectivamente, se contempla -repito- la gratuidad, y ello fue una conquista, un acuerdo y un avance sustantivo que logramos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, quiero referirme a dos aspectos.
El primero es de forma. Entendí, en la última sesión sobre el proyecto, en enero, que se había pedido un pronunciamiento separado con relación a cada disposición. Lo hizo el Honorable señor Novoa. En consecuencia, al reiniciarse el debate, varios de nosotros pensábamos que podríamos votar separadamente distintos párrafos y no solo el que se estaba poniendo en votación.
En cuanto al fondo, hago presente que el Senador señor Chahuán no está leyendo correctamente el proyecto, porque el último párrafo de la letra m) expresa, en forma textual, que concesionarios y permisionarios "podrán cobrar al Estado la exhibición de estas campañas a las tarifas no mayores y descuentos no menores que los que ofrezcan a cualquier cliente de publicidad comercial.". Entonces, será preciso pagar por las campañas de utilidad pública.

El señor ESCALONA (Presidente).- Perdone que lo interrumpa, Su Señoría.
El párrafo inmediatamente anterior hace referencia a las campañas de más de cinco semanas. No se trata de todas.

El señor LAGOS.- Con mayor razón, entonces, tengo el gusto de ratificar lo que digo.
La redacción señala que por las campañas de utilidad pública no se va a cancelar nada cuando se verifiquen dentro de cierto período. Pero si la autoridad entiende que debe llevar a cabo una de ellas contra el cólera -porque no lo hará si no es necesario- y excede el término establecido en los párrafos anteriores, ahí sí pueden cobrar las empresas privadas. Entonces, ¡se paga! No se cancela por la primera parte, pero ello sí tendrá que hacerse si el Ministro Mañalich del futuro, durante el Gobierno del Presidente Piñera de la época, concluyen que es preciso emprender una de esas acciones que supere el plazo establecido.
En consecuencia, la afirmación jurídicamente correcta es que se va a pagar a las empresas privadas por la publicidad de una campaña pública en que se sobrepase cierto período. Ergo, se cancela. Eso es lo que contempla la redacción, y, por ello, queríamos rectificarlo.
Además, si el Ejecutivo llega a la convicción -es algo que discutimos en la sesión anterior- de que se requiere una de estas campañas, ¿qué tiene que hacer? Presentar una propuesta que ha de ser aprobada por el Consejo Nacional de Televisión. O sea, si un Gobierno está convencido de que existe un problema de salud grave y no cuenta con los votos de siete de los once miembros del Consejo, no puede llevarla a cabo. Ello tampoco me parece; pero entiendo el resguardo por la preocupación de algunos de que el sistema se pudiera utilizar mal.
Desde el punto de vista del pago, le reitero al Senador señor Chahuán que, según el proyecto, si un Gobierno cree que se necesita desarrollar una campaña pública más larga que lo inicialmente establecido y ello es aprobado por el Consejo, así y todo deberá cancelarles a los privados. Eso dispone el texto. Ergo, la iniciativa del Presidente Piñera contempla un pago por campañas de utilidad pública que excedan del plazo mínimo.
Pido que la Sala reconsidere su pronunciamiento sobre la solicitud de votación separada, porque es el único punto en discusión.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Le presento mis excusas a Su Señoría por haberlo interrumpido, pero me interesa, desde el punto de vista de la historia de la ley -constituye un elemento importante-, que se entienda que se paga la extensión.

El señor CHAHUÁN.- Así es.

El señor ESCALONA (Presidente).- Puedo compartir su solicitud, Senador señor Lagos. No estoy discrepando de usted. Pero no digamos que el total de las campañas es gratuito, porque estaríamos introduciendo un equívoco en el debate.

El señor LAGOS.- En la misma forma en que usted aplica ese razonamiento, compartirá conmigo que tampoco es correcto afirmar que no se paga por las campañas de utilidad pública, porque ello ocurre cuando se extienden.
El señor ESCALONA (Presidente).- Exactamente.
Está inscrito el Senador señor Letelier, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, efectivamente sostuvimos esta discusión antes del receso, oportunidad en que expuse que me genera dudas el que un Gobierno, a diferencia de lo que ocurre hoy día, pueda desarrollar libremente campañas, sin un contrapeso. De hecho, considero bueno que exista este último. En la materia que nos ocupa lo hay.
Y, en su oportunidad, muchos Senadores manifestaron que era importante el paso por el Consejo Nacional de Televisión. ¿Para qué? Para que no existiera un abuso de parte del Gobierno. Aquí se plantea que las concesiones que se entregan son de un bien perteneciente a todos los chilenos, no a la Administración de turno. Esta última puede tener una visión respecto a una campaña. Me parece necesaria la existencia de un contrapeso, entonces, que se encuentra en el Consejo. Por lo tanto, el Ejecutivo deberá pasar por dicha instancia para que efectivamente se verifique que se trata de una campaña de utilidad pública.
En su momento manifesté mi oposición a que se llevaran a cabo acciones de esta última índole, porque juzgo que la libertad de expresión es sumamente importante para los canales de televisión. Ya que se van a realizar, estimo conveniente que ello pase por el Consejo y que este pueda definir si se trata o no de una campaña de utilidad pública.
Cuando existe un poder tan significativo como el de los medios de comunicación, cabe contemplar también un contrapeso. El Gobierno siempre lo necesita. Es algo que se requiere en una democracia.
Si vamos a pasar por encima de la libertad de expresión de los canales, de los medios de comunicación, incluyamos algo que contrarreste. Eso se tiene presente en el texto actual, discutido largamente en las Comisiones de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas.
La idea es que el Gobierno tenga que explicar por qué determinada campaña debe ser considerada de utilidad pública, y el Consejo Nacional de Televisión debatirá el punto abierta y transparentemente.
Las campañas serán gratis, y la extensión -para que el Gobierno encuentre también aquí un contrapeso- es la que se tendrá que pagar.
Entonces, me parece importante garantizar -ello se tiene en cuenta en el proyecto- la libertad de expresión y el contrapeso para el Gobierno. Todos sabemos que este último, especialmente en un sistema presidencialista, posee mucho poder. Entonces, eso se contrarresta por la vía de que las campañas de utilidad pública tengan que pasar por el Consejo Nacional de Televisión.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, al terminar las sesiones en enero, pedí la votación separada de varios artículos. Fue un acuerdo que alcanzamos para poder tramitar la ley en proyecto. Entre ellos, me acuerdo precisamente de la materia que nos ocupa, por varias razones.
En efecto, cuando entregamos en concesión todo este sistema a los privados y se establecen criterios de horas y de minutos en que se pueden hacer campañas de utilidad pública, se genera una imposibilidad de parte del Ejecutivo.
Y como en todas las cosas, existen dos visiones. Porque a la preocupación de que el Gobierno abuse se suma la que tenemos algunos en orden a que a través del mecanismo de nombramiento del Consejo Nacional de Televisión -sistema que es político, finalmente, y donde están representadas algunas tendencias- se establezcan criterios sobre temas valóricos que lleven a que ciertas materias no puedan considerarse campañas de utilidad pública, como el caso del uso del condón, del sida y otros más.
Por lo tanto, en su momento también expuse que la fórmula planteada la estimaba excesiva y que la representación de la sociedad que se iba a configurar en el Consejo iba a ser incompleta, en definitiva.
En el caso de la extensión, tal como lo precisó el señor Presidente, de una campaña por consideraciones de interés público, a los privados, que ganan mucho dinero a partir de la concesión que se les entrega del espectro radioeléctrico, no se les pide hacer un esfuerzo mayor para cumplir con el objetivo de la utilidad pública.
Pondré un ejemplo extremo para no ponernos en situaciones extrañas: supongamos que se produce un terremoto y ya se ocuparon los 105 minutos destinados a la transmisión de campañas en forma gratuita. En ese caso, el Estado, para difundir campañas de utilidad pública respecto del uso de las aguas o de otros asuntos, deberá pagarles a los canales. ¡Ello parece absurdo, ridículo! Porque los recursos hay que gastarlos en otra cosa y no en el pago a las empresas concesionarias por transmitir campañas de interés público.
Por ello, me parece que el inciso en comento debiera ser eliminado. De lo contrario, que se establezcan criterios para regular la forma en que se efectuarán las extensiones de las campañas, como la obligación de que el asunto pase por el famoso Consejo de Televisión, a fin de que este determine si la campaña solicitada por el Gobierno es o no de utilidad pública, como todos los chilenos esperamos.
Aprobar toda la letra m) nos genera un problema. Porque yo estoy dispuesto a respaldar todos sus incisos, menos el último. Si se votan en bloque, me obligarán a rechazarlos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente en las Comisiones unidas hubo un largo debate, como aquí se ha dicho, respecto de las campañas de utilidad pública.
Lógicamente, las preocupaciones fundamentales apuntaban, primero, a la necesidad de hacerlas; segundo, a cómo lograr cierto equilibrio en el desarrollo de tales campañas, y tercero, a quién le corresponderá determinar si realmente son de utilidad pública.
Por eso se plantea la exigencia de que el Ejecutivo, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, sea el que proponga el tipo de estructura, los contenidos, las duraciones, las orientaciones, incluso la forma de esas campañas; y el Consejo Nacional de Televisión, con una mayoría calificada, el que diga: "Sí, tal campaña es necesaria. Va en búsqueda del bien común; es oportuna, y requiere desarrollarse durante equis cantidad de tiempo".
Después se abordó el tema del abuso o la tentación del Ejecutivo -o de algunos Ministerios- de insistir con determinadas campañas, generando arbitrariedad o una suerte de dictadura en materia comunicacional al obligar a los permisionarios de las concesiones a transmitir gratuitamente las campañas, y en horarios que el Consejo determina que corresponden a los de alta audiencia.
Primero, nos pareció que las campañas de utilidad pública son necesarias. Por eso votamos a favor de que existan. Hubo colegas que no estuvieron de acuerdo con ello, como aquí se dijo.
Segundo, estimamos lógico que no fuera el Ejecutivo la instancia encargada de resolver si una campaña es de interés público -por lo tanto, posible de ser transmitida gratuitamente bajo ciertas condiciones-, sino el Consejo Nacional de Televisión, por una mayoría calificada.
Y, tercero, respecto a la posibilidad de extender tales campañas -porque de eso estamos hablando-, pensamos que el propio Consejo debe ser el que lo determine, a petición del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Una vez resuelto eso, los permisionarios tendrán derecho a cobrar por la exhibición de esas campañas, en iguales términos en que se entrega el avisaje comercial a otros auspiciadores.
Con ello de alguna manera se logra cierto equilibrio. No se violenta total y absolutamente el derecho del concesionario u operador de televisión a cobrar por las transmisiones que efectúa y se evita el abuso que podría generarse.
Por otro lado, también modificamos la composición del Consejo Nacional de Televisión en este proyecto de ley. La ampliamos, la diversificamos. Procuramos que hubiera una mayor representatividad, como aquí señaló acertadamente el Senador Gómez, para que no se tratara solo de un grupo respecto del cual se busca un acuerdo. Sostuvimos un largo debate sobre la materia, lo que ya aprobamos en otra norma.
En consecuencia, nos parece que en esta disposición hay cierto equilibrio y resguardo, porque se establece con claridad lo relativo a las campañas de utilidad pública. Se evita el abuso o el exceso por parte del Ejecutivo de turno y, lógicamente, se determina que los permisionarios, luego de trasmitidas las campañas de forma gratuita -estamos hablando de cinco semanas al año, de 60 segundos por cada emisión (en horario prime, que es sumamente valioso y apetecido), hasta completar 21 minutos a la semana, todo lo cual representa una cifra bastante interesante-, como una forma de retribuir por el hecho de haber recibido la concesión, podrán cobrar por la extensión de las campañas.
Además, no debe olvidarse que el financiamiento de los canales de televisión, incluso del estatal, es absolutamente privado. No existe subvención ni subsidio directo del Estado por tal concepto.
Por esa razón, votaremos a favor de la norma.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, hace poco realizamos esta misma discusión en la Sala. Sin querer repetir argumentos, cabe señalar que esta es una materia compleja.
Uno entiende que el espectro radioeléctrico que se concesiona de manera gratuita es de todos los chilenos. Por lo tanto, resulta obvio que un Gobierno pueda, por determinada cantidad de tiempo, disponer de ese espectro para difundir una campaña de utilidad pública.
El Senador Pizarro planteó que un Gobierno podía incurrir en abusos. Pero pongamos las cosas en la balanza: abusos se pueden producir siempre. De hecho, con recursos del Estado es factible diseñar campañas y distribuir afiches respecto de alguna política pública, como ha ocurrido en el pasado. Ello ha sido cuestionado por la Oposición -no solo por la de este Gobierno, sino también por las de Administraciones anteriores- en la Contraloría. Recuerdo que la campaña del AUGE en su minuto fue cuestionada por lo mismo.
Entonces, ¿cuál es el punto? ¿El abuso respecto de la situación financiera o patrimonial de quienes se han adjudicado las concesiones? Ese pareciera ser el problema. No es un abuso contra la democracia, no es un abuso de poder, no es un abuso respecto de otro sector político del país, sino un abuso económico.
Estamos hablando de la entrega de un recurso -tremendamente importante desde el punto de vista financiero- a un privado, sin que se pague por ello ni un solo peso. Hemos discutido regulaciones sobre distintas actividades económicas (en el ámbito minero, pesquero) en las que se concesionan recursos del Estado. Y siempre se ha dicho: "¡Por qué se paga tan poco!". Pues bien, aquí no se paga nada por la concesión otorgada.
Es un bien de todos los chilenos, como hemos señalado, que ejerce, además, una tremenda influencia en la sociedad. Por ende, se trata no solo de una materia económica, sino también de poder.
Por lo tanto, encuentro razonable que un Gobierno pueda definir lo que, a su juicio -recordemos que cuenta con el respaldo de la ciudadanía que lo eligió-, entiende por una campaña oportuna de utilidad pública que promueva el bien común.
Los 21 minutos a la semana destinados a la exhibición gratuita de tales campañas, por un total de cinco semanas al año, son un tope.
Desde el punto de vista sanitario, se podrían presentar dos o tres emergencias al año, a lo que es factible que se sume alguna de otro tipo que requiriera la utilización de este medio tan importante como es la televisión para llegar a toda la ciudadanía a través de una campaña de utilidad pública. Por eso, no parece razonable que, de excederse dicha duración máxima, el Estado deba pagar al concesionario, quien no pagó nada por la señal del espectro radioeléctrico que se le entregó y que pertenece a todos los chilenos.
Aquí justamente estamos regulando eso. Y este es el espacio y el momento para discutir la materia.
Yo coincido en que no corresponde que el Estado deba pagar por tal concepto.
Y es cierto que un Gobierno puede abusar. En todo caso, a mí me preocuparía, más que el hecho de que se abuse del bolsillo de los empresarios que están detrás de los canales de televisión, que se abusara respecto de lo que se entiende por "bien común", porque al final esto dañaría la democracia y la fe pública. Eso me preocupa más. Y podría ocurrir.
Sin embargo, para impedirlo -con esto respondo la inquietud expuesta por la Senadora Von Baer- está el Consejo Nacional de Televisión, que puede opinar -en él hay un cuoteo político; todos sabemos cómo se eligen los miembros de este tipo de instituciones, que son ratificados por el Senado-, y también la Cámara de Diputados, entre cuyas funciones fundamentales figura la de fiscalizar el buen funcionamiento del aparato público y examinar la responsabilidad política del Estado en las distintas políticas públicas que desarrolle o implemente.
Por lo tanto, nuestra institucionalidad cuenta con herramientas para evitar el abuso que a algunos tanto les preocupa a la hora de abordar la discusión de este asunto.
Por las razones expuestas, votaré en contra de estos incisos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, creo que el Senador Pizarro aclaró la película en forma muy concreta.
El punto en cuestión es el siguiente.
En primer lugar, hoy en nuestro país todas las campañas de utilidad pública se cobran. ¡Todas! Y se han cobrado siempre. Entonces, lo propuesto en el proyecto es un tremendo avance con relación a lo existente.
En segundo término, los mecanismos de control para evitar que el Gobierno de turno abuse de las campañas de interés público están meridianamente claros: por una parte, la aprobación de ellas por el Consejo Nacional de Televisión con determinado quórum y, por otra, un tiempo limitado en el cual se podrán hacer en forma gratuita.
Si no existieran estas cortapisas, podría ocurrir que un Gobierno realizara campañas por televisión sin pagar nada durante los 365 días de los cuatro años de su mandato. Esto constituiría un abuso de poder.
En algunos países de Latinoamérica se ha hecho uso y abuso del poder del Estado en la televisión.
En consecuencia, con lo propuesto en la presente iniciativa -y por eso la comparto- se logra un equilibrio razonable.
¿Habrá campañas de utilidad pública gratuitas? ¡Sí!, a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta futura ley. ¿Las hay hoy día? ¡No! ¿La exhibición gratuita es por un tiempo razonable? ¡Absolutamente! Cinco semanas al año, un minuto por cada emisión hasta completar 21 minutos a la semana, es una cantidad enorme de tiempo en televisión.
¿Se podrán extender las campañas? Sí. ¿Ello se tendrá que pagar? Sí. ¿A qué precio? Al mismo valor que se cobra, en promedio, a quienes utilizan los canales de televisión para realizar otro tipo de publicidad.
En definitiva, se trata del mínimo equilibrio que un Estado de Derecho debe tener para evitar que un instrumento tan poderoso como la televisión se utilice con fines abusivos.
Y una última consideración, señor Presidente.
Observo que en todos los proyectos concernientes a esta área se invoca como argumento el que la televisión es una concesión gratuita con la cual, en el fondo, se ganan miles de millones de pesos. Pareciera como si los concesionarios se robaran los recursos públicos.
Y en verdad, eso no es así.
La señal de televisión efectivamente se entrega en concesión. En caso contrario, todos los canales pertenecerían al Estado o habría que vender el recurso radioeléctrico. ¡Esto sí que sería grave: que el Estado vendiera la señal televisiva!
Los canales de televisión se concesionan gratuitamente porque alguien tiene que poner los recursos -¡muchos recursos!- para que funcionen. Algunos han perdido gran cantidad de plata durante años, y han sido vendidos, por las enormes pérdidas que arrojaban.
Por ende, el hecho de que un canal sea concesionado a un particular y este cobre un precio por la publicidad que ahí se difunda es lo que ocurre en cualquier país donde se acepta que el sector privado participe en la concesión de una señal televisiva.
En consecuencia, creo que la disposición en debate es apropiada, correcta; está bien estructurada; apunta en la dirección correcta, y va a permitir contar con campañas gratuita sobre asuntos de interés público, con las limitaciones naturales para evitar que el día de mañana cualquier Gobierno abuse de estas -entre comillas- campañas, con un propósito distinto del de realizar legítima publicidad por el bien común, transformándolas en un mecanismo de propaganda electoral.
Por los motivos anotados, nosotros apoyamos estos incisos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, esta disposición refleja, en el fondo, una transacción, un acuerdo que se construyó. Y yo soy partidario de respetar los acuerdos.
Por eso voy a votar a favor.
En estos incisos se establece una reglamentación que permitirá contar con los votos necesarios para aprobarlos: se define lo que es "campaña de interés público" y un procedimiento; se fija un plazo para su difusión gratuita, y se resguarda de forma apropiada la posibilidad de su extensión. Dice: "La limitación de cinco semanas al año podrá renovarse siempre que sea necesario bajo consideraciones de especial relevancia e interés público". Y se dispone que ello requerirá cierto quórum de los miembros del Consejo Nacional de Televisión.
Además, en cuanto a la extensión de las campañas, no se dice que los concesionarios cobrarán, sino que "podrán cobrar al Estado" la exhibición de ellas.
En las Comisiones unidas nos pusimos en situaciones diversas. No solo consideramos la posibilidad de una epidemia dramática, situación en la cual no hay duda de que se requerirá una extensión. En tal caso, el sentido común indica que los medios no buscarán lucrar con un problema de interés público. Y ello puede ocurrir con otras campañas también. Va a depender de cómo estas se definan.
En estas normas se establece una restricción. Porque -¡digamos las cosas como son!- entre todos los sectores políticos no hay consenso sobre el rol del Estado con los medios de comunicación. Algunos son más aprensivos, más desconfiados y, por tanto, tienen una mirada distinta, pero legítima, sobre el punto.
Aquí se construyó un acuerdo. Eso fue lo que ocurrió en las Comisiones unidas. Y yo, en aras de respetar los acuerdos que fuimos construyendo durante el debate de la iniciativa, votaré favorablemente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el resto de los incisos de la letra m), contenida en la letra g) del número 8 del artículo 1° del proyecto (25 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Lagos.
Se abstuvieron los señores Gómez y Rossi.



CONDOLENCIAS A VENEZUELA POR FALLECIMIENDO DE SU PRESIDENTE, SEÑOR HUGO CHÁVEZ

El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, debo referirme a un tema delicado. Hago este preanuncio para que no los tome por sorpresa.
Con la tolerancia de ustedes, propongo que el Senado de la República haga llegar sus condolencias a Venezuela por el deceso de su Presidente.
Ello corresponde a las normas de buena vecindad entre Estados.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias.



INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

El señor ESCALONA (Presidente).- Prosigue la discusión particular del proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En el número 9, las Comisiones unidas proponen reemplazar el artículo 13 de la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión. Tal modificación fue aprobada por mayoría de votos.
El Senador señor Novoa solicitó votación separada de los incisos cuarto y quinto. Además, sobre esta materia hay un fallo del Tribunal Constitucional que la Secretaría puede explicar en su momento.
La norma consignada en la página 41 del informe comparado fue aprobada por la Cámara de Diputados y fue objeto de un requerimiento ante la mencionada instancia. Esta lo aprobó y declaró inconstitucional el número 9 del artículo único del proyecto que tenía un solo inciso. La disposición objetada prohibía lo relativo a las encuestas, pues con ello se violaba la autonomía de las respectivas estaciones televisivas al impedir los sistemas de medición de audiencia en línea.
El Senado aprobó en este número otra disposición de varios incisos. El Honorable señor Novoa pidió votación separada de los incisos cuarto y quinto, que inciden en la situación señalada y que fuera reparada por el Tribunal Constitucional.
Sin perjuicio de ello, se formuló una indicación renovada -la número 183- para agregar un inciso final. Si Sus Señorías lo estiman conveniente, la Secretaría puede proceder a leerla.
Esas son las distintas situaciones de este numeral.
De consiguiente, habría que entrar a analizar el inciso primero del artículo 13 que se propone sustituir y que fue aprobado por mayoría de votos en las Comisiones unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, se somete a consideración el inciso primero del artículo 13.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, a lo largo de toda la tramitación del proyecto, el debate ha sido complejo. Al respecto hay diversas opiniones, pero las Comisiones unidas de Transportes y de Educación llegaron a cierto nivel de consenso y aprobaron en general, con mayorías apreciables, las distintas disposiciones.
Y en eso consiste la modificación del artículo 13, en el cual se plantea una fórmula que, por ejemplo, permite al Consejo impedir la publicidad cuando esté reñida por incluir contenidos prohibidos y, al mismo tiempo, que sus normas favorezcan la producción independiente.
En todos esos aspectos hubo posiciones a favor y en contra. Pero la visión final de las Comisiones unidas -compartida por el Ejecutivo- es que se debe avanzar, aprobando no solo el inciso primero, sino todos los de este artículo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero utilizar los primeros segundos de mi intervención para solicitar que cuando tengamos acuerdos políticos, los respetemos. Porque en el caso del artículo anterior -como consta en Actas, por lo cual no estoy hablando de algo que no corresponda-, declaré expresamente que no tenía problema en aprobar lo resuelto por las Comisiones unidas por unanimidad, a excepción de una mínima cantidad de normas que tenían un criterio distinto. Y pedí votación separada, como sucedió con la letra m), inciso final, que se votó en un solo acto.
Reitero que ello se consigna en el Acta respectiva, razón por la que no estoy afirmando nada incorrecto.
Insisto en que, cuando lleguemos a un acuerdo, este debe respetarse. Esa es la manera de poder debatir una iniciativa de ley tan importante como esta.
Lo único que puedo decir respecto de este artículo es que establece criterios generales, como el relativo al buen funcionamiento, conforme al cual al Consejo de Calificación Cinematográfica le corresponde calificar programas y publicidad que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Esa frase fue eliminada. Me parece que lo único que se hacía con mantenerla en este lugar era dar facultades demasiado amplias sobre diferentes temas.
Nuestra sociedad ya no es la misma. Por lo tanto, hay diversidad de opinión sobre estas materias. Y establecer normas genéricas como la que comento permite fijar un criterio que puede no ser compartido por la mayoría o la minoría de Chile. Por ello, considero que debiera corregirse lo relativo a estas facultades.
Pido que se vote separadamente esa frase.

El señor ESCALONA (Presidente).- Como el Senador señor Orpis no intervendrá, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, en general, entiendo que en este artículo, incluyendo el inciso primero donde figura la frase a que se refirió el Senador señor Gómez, lo eliminado decía relación a las facultades del Consejo Nacional de Televisión.
Ocurre que, por no haber cambiado la ley sobre el Consejo de Calificación Cinematográfica se mantiene ese lenguaje quizás inadecuado, pero ello no significa que no exista. No hemos hecho más que transcribir lo que ahí se consignaba.
Señor Presidente, mi petición es que podamos aprobar la totalidad del artículo y nos concentremos en los dos incisos que fueron objeto del requerimiento. Entiendo que ya hay un pronunciamiento. Sin embargo, se ha planteado que la ley no va a contar con estos dos incisos, relativos a los sistemas de medición de audiencia en línea. Quienes no queremos que se usen estos sistemas -en particular el que entrega información de muy corto plazo-, porque no deseamos una programación televisiva -ese es el tema de fondo- que esté en una lógica de captación de audiencia que atente contra los contenidos y la calidad de los programas. Ese es el tema sustantivo.
La materia nos preocupa. Porque esta ley tiene, dentro de sus cuatro dimensiones -más allá del tránsito de lo análogo a lo digital; más allá de las nuevas atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, y más allá de la entrega de concesiones y del correcto funcionamiento-, una que está subyacente al proyecto y que dice relación a la calidad de la programación. Sobre este particular hemos tratado de ser lo más respetuosos de la libertad de la línea editorial de quienes tengan estas concesiones, pero pretendiendo evitar también que la calidad del contenido sea sometida a ciertos parámetros, lo que puede violentar a la sociedad. No se trata solo de que no queramos una programación chabacana -disculpen el concepto-, sino tampoco ciertos contenidos que utilizan cualquier recurso para atraer audiencia; donde a veces las mujeres se transforman en objetos sexuales, atentando contra lo que, a mi juicio, son las buenas costumbres -otros no lo piensan así-, o que usan otro tipo de atractivos para mantener, a través del morbo, la audiencia.
Ese es el sentido.
Entiendo que otras personas que más bien defienden la utilización de estos instrumentos llevaron este asunto al Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento lamento. Creo que es un tremendo daño para la industria televisiva; es una lectura equívoca de lo que significa la libertad de emprendimiento y de empresa. Porque eso no es, en lo mínimo, lo que hay detrás de este texto, sino que se trata de evitar que se esté cambiando segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora la programación para mantener el rating.
Es decir, queremos evitar que la televisión sea prisionera de ciertos sistemas de mediciones que distorsionan algo que nos interesa.
Sin embargo, como hay un pronunciamiento de la mencionada instancia, aquí tenemos poco que hacer, por lo que propondría aprobar todos los otros incisos en una sola votación, en el entendido de que respecto de estos dos incisos ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sobre lo cual nada podemos hacer.
El señor ORPIS.- Algo podemos hacer.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero formular una consulta al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en relación con la letra d) del artículo 13. Porque dice la norma que, dentro de sus atribuciones, el Consejo Nacional de Televisión podrá "fijar de manera general un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena de los programas que transmitan...". Y el "hasta" para mí es un techo. Pienso que es al revés: para proteger la producción nacional, lo que nosotros debiéramos hacer es permitir que los canales exhiban más de ella. Si es así, cuanto mejor, salvo que yo lo entienda mal.
Además, si uno revisa lo que es hoy día la programación de nuestras principales estaciones de televisión abierta, ¿qué tenemos? Noticias en gran parte de la mañana, después matinales y noticias al mediodía. Probablemente, en la tarde debe haber un par de programas envasados; pero después se exhiben normalmente telenovelas o teleseries, hechas en Chile; programas juveniles, producidos en los propios canales; luego vienen las noticias, en fin.
Entonces -repito-, salvo que yo esté entendiendo mal, me parece que el 40 por ciento es una limitante que, desde mi punto de vista, no tiene razón. Si un canal quiere transmitir el 100 por ciento de su programación con producción chilena, ello le hace muy bien a la industria televisiva del país. Eso, a mi juicio, es lo que debiéramos permitir y no fijar un techo, que es al menos lo que yo entiendo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención aclarando al Senador señor García, por su intermedio, de qué se trata el asunto.
Primero, lo que señala la letra d) del artículo 13, en cuanto a considerar la posibilidad de exigir a los canales la transmisión de hasta un 40 por ciento de producción chilena independiente, es relevante en términos de que se agrega la palabra "independiente". Y ello, básicamente, porque lo que realizan las estaciones televisivas no se entiende como producción chilena independiente.
Entonces, lo que se genera a través de esa norma es la factibilidad de que los productores independientes -vale decir, aquellos que no trabajan en un canal- puedan exhibir sus creaciones en él. Adicionalmente, lo que se hace es fijar hasta 40 por ciento de producción chilena, estableciéndose la facultad para que sea el Consejo Nacional de Televisión el que ponga el piso. Y, por supuesto, los canales podrán exceder ese límite.
Eso es parte de uno de los temas acordados en las Comisiones unidas en forma transversal, justamente para dar cabida, espacio y participación a los productores nacionales independientes. ¿Por qué? Porque lo que hacen finalmente los canales de televisión es producir todos los programas -sean teleseries u otros-, no otorgando la posibilidad de que exhiban esos productores. Y, en definitiva, el Consejo Nacional de Televisión, al fijar un piso, les genera una ventana para que puedan dar a conocer su trabajo.
Además, se define algo que también me parece relevante: la posibilidad de determinar limitaciones a la publicidad de productos cuya difusión se encuentre prohibida. Este es un punto relevante y también fue parte del acuerdo de las Comisiones unidas. Está contenido fundamentalmente en la primera parte del artículo 13.
Entiendo, señor Presidente, que estamos votando el primer párrafo completo. Siendo así, me gustaría referirme igualmente a la prohibición del uso de los sistemas de people meter, tema que también...

El señor ESPINA.- Señor Presidente, ¿estamos votando el inciso primero?

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay nada en votación, Su Señoría. Estamos discutiendo exactamente los incisos que figuran en las páginas 39 y 40 del texto comparado.
Puede continuar el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- En ese sentido, esta es una norma que debiéramos aprobar y que forma parte del acuerdo de las Comisiones unidas.
Me guardo para una segunda instancia lo relativo a los sistemas de people meter.

El señor ESCALONA (Presidente).- No estamos en condiciones de realizar la votación ahora, porque ella se alargaría en exceso, ya que todas estas normas requieren fundamentación y precisiones reglamentarias que son muy extensas.
Por lo tanto, dejaremos hasta aquí el debate.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.


El señor ESCALONA (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole resolver acerca de SITUACIÓN QUE AFECTA A FUNCIONARIA DE SERVICIO DE SALUD DE ATACAMA, y al señor Presidente de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el objeto de que informe sobre los PLANES FUTUROS DE LA COMPAÑÍA E INVERSIONES PARA MINERAL DE COBRE EL SALVADOR Y PROYECTO SAN ANTONIO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Economía y Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero, para que analicen la DESVINCULACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO DE DICHO INSTITUTO. A los señores Ministro de Educación y Alcalde de la comuna de Cisnes, a fin de que informen sobre DEMORA EN HABILITACIÓN DE SALA DE CLASES PARA SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA EN LICEO DE LA JUNTA (Undécima Región). A los señores Ministro de Educación y Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, exponiéndoles PROBLEMAS DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE BECA VOCACIÓN DE PROFESOR; y al señor Presidente del Banco del Estado de Chile, planteándole NECESIDAD DE MAYOR PRESENCIA DE BANCOESTADO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE REGIÓN DE AYSÉN.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole información atinente a COSTO FISCAL ANUAL DE SISTEMA PREVISIONAL DE FUERZAS ARMADAS. Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole indicar MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS ANUALMENTE, EN DOS ÚLTIMOS DECENIOS, A COMPLEMENTO DE SISTEMA PREVISIONAL DE FUERZAS ARMADAS, y al mismo Secretario de Estado, con el propósito de pedirle que indique NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS A HONORARIOS EN MINISTERIOS Y GASTOS QUE REPRESENTAN. A la señora Ministra de Obras Públicas respecto de las siguientes materias: a) PLANES MAESTROS DE AGUAS-LLUVIA Y COLECTORES EN COMUNAS DE REGIÓN DE BIOBÍO; b) INVERSIONES POR EJECUTAR DURANTE 2013 EN CANAL PAPEN EN COMUNA DE CHIGUAYANTE Y OBRAS EJECUTADAS EN EL 2012; c) RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS PARA CONSIDERAR CANAL IFARLE-GAETE DE COMUNA DE TALCAHUANO COMO "RENTABILIDAD NEGATIVA"; d) DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, EN PARTICULAR EN REGIÓN DE BIOBÍO; e) INVERSIONES EN ENCAUZAMIENTO DE RÍO ANDALIÉN Y ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES, REGIÓN DE BIOBÍO, y f) ESTUDIOS SOBRE FACTORES DE ESCASEZ DE AGUA. Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que proporcione antecedentes acerca de FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA PROYECTO HABITACIONAL FUERTE VIEJO, COMUNA DE LOTA. Al señor Ministro de Agricultura, para consultar respecto de ESTUDIOS SOBRE SEQUÍA CRECIENTE Y RECURSOS PARA ENFRENTARLA EN COMUNAS DE REGIÓN DE BIOBÍO. Al señor Ministro de Bienes Nacionales, para que informe sobre ESTADO DE REGULARIZACIÓN DE DESLINDES DE RÍO ANDALIÉN (Región del Biobío). Al señor Subsecretario de Previsión Social, solicitándole informar acerca de MONTOS DESTINADOS A FONDO DE EDUCACIÓN PREVISIONAL EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, CON INDICACIÓN DE ADJUDICATARIOS BENEFICIADOS. Al señor Intendente del Biobío, requiriéndole remitir copia de PRESENTACIÓN DE INSTITUTO FORESTAL ANTE SECRETARÍA EJECUTIVA DE COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO. Al señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas, para que haga llegar ESTADÍSTICAS SOBRE EXPECTATIVAS DE VIDA DE LOS CHILENOS, EN ESPECIAL DE PERSONAS CASADAS Y VIUDAS. A la señora Superintendenta de Pensiones, solicitándole antecedentes relativos a JUBILACIONES EN COMPAÑÍAS DE SEGURO EN MODALIDAD DE RENTA VITALICIA, y al señor Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, requiriéndole que informe acerca de PROCEDIMIENTO ANTE RENUNCIA A CARGOS DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA.
De la señora PÉREZ (doña Lily):
Al señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, pidiéndole información relativa a INSTALACIÓN DE AFICHES CON LEMA "EN CHILE CADA SEMANA UNA MUJER MUERE ASESINADA POR SU PAREJA".
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, a fin de recabar información sobre GESTIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE PRODUCTORES DE MAÍZ DE REGIÓN DEL MAULE.
Del señor URIARTE:
Al Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, pidiéndole AUMENTO DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DE RIEGO EN REGIÓN DE COQUIMBO.
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--Se levantó la sesión a las 19:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción