REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 47ª, en miércoles 10 de septiembre de 2014
Ordinaria
(De 16:22 a 20:12)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González. Asimismo, se encontraba presente el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de dicho Ministerio, señor Gabriel de la Fuente Acuña.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 16 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de la sesión 42ª, ordinaria, en 2 de septiembre; 43ª, especial, y 44ª, ordinaria, ambas en 3 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que declara el día 20 de septiembre de cada año feriado regional en la Cuarta Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Pampilla (boletín Nº 8.992-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho de los asuntos que se enuncian a continuación:

1.- Proyecto que modifica la Ley de Tránsito, en lo que se refiere al delito de manejar en estado de ebriedad y causar lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 9.411-15).

2.- Proyecto de ley que aumenta la penalidad al delito de homicidio simple en el catálogo de los delitos contra la vida (boletines Nos 8.216-07 y 8.609-07, refundidos).
Con el último retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, y que modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, tocante a las acciones que desarrolla la Dirección de Obras Portuarias para proteger el área del Fuerte Niebla, sometida a proceso de conservación mediante el Programa Puesta en Valor del Patrimonio.
Contesta petición, cursada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la detención inmediata de todas las obras en el Río Malleco que afecten a los propietarios y agricultores del sector Lolenco.
Atiende solicitud de antecedentes, efectuada en nombre del Senador señor García, acerca de la disminución presupuestaria que presenta la partida de esa Secretaría de Estado en el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, por M$ 7.931.219, según informe de ejecución presupuestaria publicado el 31 de mayo recién pasado.
Responde requerimiento de información, expedido en nombre del Senador señor Navarro, concerniente a la situación de la comunidad de Lloncao, comuna de Cañete, debido a la falta de mantención del antiguo camino ripiado.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Contesta solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Moreira, respecto de estudios de esa Secretaría de Estado para corregir las anomalías que resultan del artículo 4° del decreto supremo N° 49, de 2011, en lo que se refiere a los subsidios de vivienda por comuna.
Del señor Intendente Regional de Antofagasta:
Da respuesta a petición de información, cursada en nombre del Senador señor García, sobre la disminución del clasificador presupuestario "Iniciativas de Inversión" de ese Gobierno Regional, desde un monto inicial de M$ 40.406.130 al vigente de M$ 34.604.419, publicado por la Dirección de Presupuestos el día 31 de julio pasado.
Del Jefe de Gabinete de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Responde solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor García, concerniente al estado del proceso de pago de las indemnizaciones legales a funcionarios desvinculados de entidades relacionadas con esa Secretaría de Estado, según la nómina informada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el día 20 de septiembre de cada año feriado regional en la Cuarta Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Pampilla (boletín Nº 8.992-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Por acuerdo de los Comités, queda para la tabla de Fácil Despacho de esta sesión.
Nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la conmemoración anual del 20 de junio como Día Mundial del Refugiado y del 18 de diciembre como Día Mundial de los Inmigrantes (boletín N° 9.324-17).
--Quedan para tabla.
Certificado
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (boletín Nº 9.178-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Por acuerdo de los Comités, queda para la tabla de esta sesión.
Mociones
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Guillier, Horvath y Quinteros, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley N° 19.884 con el objeto de reducir el tope máximo de devolución de los gastos en que hubiere incurrido el candidato que postule a la reelección (boletín N° 9.565-06).
De los Senadores señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Coloma, Larraín y Pérez Varela, con la que inician un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para establecer el control de identidad precautorio (boletín N° 9.571-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señoras Allende y Goic y señores Harboe, Larraín y Montes, para iniciar un proyecto de reforma constitucional que equipara el tratamiento que el Estado y sus agentes les deben a las distintas iglesias existentes en Chile y resguarda la objeción de conciencia (boletín N° 9.563-07).
De los Senadores señores Prokurica, Bianchi, García y Patricio Walker, para dar inicio a un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 32 número 8° de la Carta Constitucional, en materia de nombramiento de embajadores, ministros diplomáticos y representantes ante organismos internacionales (boletín N° 9.564-07).
De los Senadores señora Allende y señores Girardi, Guillier, Letelier y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley que asegura a toda organización religiosa que su constitución y regulación quedará sujeta a la ley Nº 19.683, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas (boletín N° 9.568-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Senadora señora Pérez San Martín, con la que inicia un proyecto que establece en la ley N° 18.168 la obligación de publicar un aviso legal en todo sitio web con registro de dominio en Chile (boletín N° 9.558-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Senadores señores Prokurica, Orpis y Ossandón, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 2° de la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos con el objeto de definir los hechos constitutivos de violación a los derechos humanos (boletín N° 9.572-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Prokurica, Allamand, Bianchi, García, Girardi, Guillier y Horvath, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una nota de protesta diplomática contra el Gobierno de Japón por su anuncio de un nuevo proyecto para continuar la caza de la ballena en el Océano Antártico a partir del 2015, que se presentará en la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional (boletín Nº S 1.710-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitudes de permiso constitucional
Del Senador señor Girardi, para ausentarse del territorio de la República a contar del día 18 del mes en curso.
Del Honorable señor Tuma, para ausentarse del país a contar del día 20 del presente mes.
Del Senador señor Zaldívar, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 23 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludamos a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón, quien se halla presente.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito autorización para que el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, don Gabriel de la Fuente, pueda ingresar a la Sala.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Quiero saludar a quienes se encuentran en las tribunas: los familiares de Emilia, la cual ha motivado la iniciativa legal que está en primer lugar del Orden del Día.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en sesión del día de ayer se aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales, y quedó pendiente la fijación del plazo para presentar indicaciones.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe para hacer una propuesta.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, quiero sugerir a la Sala -por su intermedio- que se fije plazo para presentar indicaciones a esta iniciativa hasta el día lunes 13 de octubre, a las 12.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán, para referirse a la Cuenta.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la Comisión de Salud solicita que se recabe autorización para discutir en general y en particular el proyecto que incorpora en la ley N° 19.496, sobre protección a los derechos de los consumidores, la obligación de disponer en los centros comerciales desfibriladores externos portátiles (boletín N° 9.014-03) debido a que se trata de un proyecto de artículo único.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si es de artículo único, no se necesita acuerdo. Se procede así por Reglamento.
V. FÁCIL DESPACHO



DECLARACIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE COMO FERIADO REGIONAL PARA COQUIMBO


El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el día 20 de septiembre de cada año feriado regional en la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Pampilla, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.992-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 47ª, en 10 de septiembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros), con una modificación consistente en restringir el feriado al presente año, sin transformarlo en permanente.
Cabe señalar que el Honorable señor Pizarro manifestó que concurría a la aprobación de dicha enmienda, sin perjuicio de dejar constancia de su opinión en el sentido de que, dada la naturaleza de la fiesta de que se trata, el feriado debería fijarse para el día 20 de septiembre, sin limitarlo solo al año en curso.
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe del órgano técnico.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto de ley que declara feriado el 20 de septiembre en la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Pampilla, iniciado en moción de los Diputados señores Matías Walker, Mario Bertolino, Marcelo Díaz y Pedro Velásquez y señora Adriana Muñoz.
Como señalan los autores de la iniciativa, la Fiesta de la Pampilla constituye una de las festividades más representativas del patrimonio cultural inmaterial de Chile. Su origen está relacionado con la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, hecho conocido en Coquimbo dos días después, debido a las dificultades existentes en materia de comunicación, lo cual dio lugar a que los habitantes de la región se congregaran a festejar en el sector de la Pampilla.
Actualmente, constituye la celebración sociocultural más masiva del país, pues congrega a más de cien mil personas provenientes tanto de la región como de otras partes del país y del extranjero.
La iniciativa, de artículo único, fue aprobada por la Cámara de Diputados y declara feriado el día 20 de septiembre de cada año. Sin embargo, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado -que presido-, siguiendo el criterio usado con el proyecto que establece feriado regional en la Región de Antofagasta el día 8 de septiembre de cada año, aprobó esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes, con una enmienda consistente en que solo regirá el año 2014.
En la oportunidad anterior, con el objeto de definir un criterio común para los feriados regionales, el órgano técnico que presido acordó solicitar el pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por su parte, otros Senadores plantearon la necesidad de que el Ejecutivo adoptara algún criterio sobre este tipo de feriados.
Con tales pronunciamientos, o sin ellos, nuestra Comisión estudiará la materia y, de llegar a acuerdo, propondrá una manera común de abordar futuros proyectos, siempre partiendo de la base de la alta valoración que tenemos de estos feriados como elementos que contribuyen a la conformación o consolidación de la identidad regional o local.
En consecuencia, se solicita la aprobación de esta iniciativa, de artículo único, que declara feriado el 20 de septiembre de 2014 para la Región de Coquimbo.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente¿

La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Le puedo quitar un minuto para pedir que se abra la votación, Su Señoría?

El señor PIZARRO.- Supongo que sí.
Señor Presidente, la colega está pidiendo abrir la votación. Yo no tengo problema en fundamentar brevemente mi voto.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Gracias, señor Senador.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Estamos en Fácil Despacho, de manera que puede haber dos intervenciones.

El señor PIZARRO.- Pero la Senadora quiere dejar consignado su voto porque debe ir a atender una urgencia.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, abriremos la votación.
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo señalado por el Honorable señor Quinteros me ahorra muchos de los argumentos que iba a exponer sobre esta moción de los Diputados Matías Walker, Mario Bertolino, Marcelo Díaz, Pedro Velásquez y Adriana Muñoz.
La Fiesta de la Pampilla de Coquimbo constituye una tradición de más de 200 años. Su origen radica en la declaración de la Independencia de nuestro país. Por razones obvias, esa noticia llegó a la zona con dos días de atraso, lo cual explica que las celebraciones se hayan desarrollado el día 20 de septiembre, y no el 18 o el 19, como en el resto del territorio.
A raíz de eso, se creó en la región toda una tradición sociocultural que ha transformado la Fiesta de la Pampilla en el gran evento de celebración masiva en el país, y fundamentalmente en Coquimbo.
¿Qué ha significado lo anterior? Que prácticamente en cada comuna de la zona se lleven a cabo fiestas locales en torno a esta gran celebración.
En la Comisión hice referencia a la costumbre de miles de personas de Coquimbo, así como también de Santiago y de regiones colindantes, de instalarse con sus carpas durante 7, 8 o 9 días.
Hasta el momento, el día 20 de septiembre es -de hecho, por razones culturales- feriado en la comuna de Coquimbo y la mayoría de la gente de la región lo asume como tal. De ahí que la moción de los señores Diputados busca transformar el 20 de septiembre en la Cuarta Región en feriado permanente.
En el órgano técnico manifestaron dudas constitucionales algunos de sus miembros, en razón de lo ocurrido en la Sala con el proyecto que declara feriado regional en la Región de Antofagasta el día 8 de septiembre, con motivo de la celebración de la fiesta religiosa de la Virgen de¿

El señor ARAYA.- Ayquina.

El señor PIZARRO.- ¿ Ayquina -me acota el Senador Araya-, ocasión en que se aprobó el feriado también por una vez.
En este Hemiciclo, con franqueza, llevamos a cabo un debate sobre el particular, debido a la proliferación de proyectos para posibles feriados comunales o regionales sin que exista un criterio en el Senado, y tampoco en el Ejecutivo, ya que este tipo de feriados repercute en términos positivos, por ejemplo, en el turismo, en la actividad comercial, en el desplazamiento de la gente dentro de la región. Pero, también, fuera de ella provoca situaciones relacionadas con la marcha normal de otras áreas de la economía.
En nuestra zona, donde se da una mezcla de actividades minera, agrícola y turística, hacemos un esfuerzo para potenciarlas y complementarlas.
En otras regiones, sin duda se genera otro tipo de aspectos positivos y contratiempos.
Entiendo que en la Segunda Región el debate giró en torno a qué pasaba con todo lo laboral, con las actividades mineras, pues de la noche a la mañana se establece un feriado que no estaba dentro de la planificación.
En la Comisión manifesté la importancia de dar una señal con la aprobación de este proyecto. Dejé constancia -lo refirió el Secretario- de que me parecía que no debía ser solo por una vez. Porque, si vamos a legislar, debería ser para fijar el feriado permanente.
No obstante, considero que lo aprobado nos permite por lo menos tener tiempo para obtener un pronunciamiento del Ejecutivo en cuanto a las implicancias que un feriado así tiene desde el punto de vista económico y también social.
Por esa razón, señor Presidente, en el órgano técnico finalmente se aprobó de manera unánime esta propuesta, aun cuando al colega Matías Walker -uno de los autores del proyecto- no le gustó la modificación introducida en el órgano técnico.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto, pero quiero dejar una constancia.
Creo que es necesario que el Parlamento y el Ejecutivo normalicen un sistema con relación a los feriados regionales o locales. Muchas propuestas tienen este último carácter, como ocurre en el caso de Chillán.
De lo contrario, este asunto puede traer consecuencias.
Debiéramos legislar en forma orgánica sobre el particular.
Además, podría discutirse si este proyecto era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pues implica un costo. Desde el momento en que se concede un feriado, se originan costos por concepto de horas extraordinarias de quienes cumplirán turnos en organismos públicos (hospitales, etcétera).
Sería posible abrir debate acerca de ese punto.
Por otra parte, el feriado podría generar un problema con relación a ciertos plazos.
En materia de procedimientos civiles y judiciales, existen plazos que se cuentan por días hábiles. Con respecto a diligencias bancarias, hay vencimientos de documentos y de trámites tributarios.
Como se ve, se han de considerar una serie de aspectos.
Yo no hice mayor cuestión en este caso porque el feriado propuesto cae en día sábado y se otorga por una sola vez. Por lo mismo, voy a votar a favor.
Sin embargo, espero que en forma posterior asumamos esta materia mediante una normativa orgánica, con el objeto de precisar, de una vez por todas, la razón por la cual se concede un feriado regional.
El Senador Pizarro recordó que la celebración de la Fiesta de la Pampilla el 20 de septiembre se debe al aviso de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, noticia que se conoció en la Región de Coquimbo con dos días de atraso.
En la zona que represento, la comuna de San Clemente celebra el "18 chico" la primera semana de octubre. ¿Por qué? Porque es más cómodo para la gente armar una fiesta en esa fecha.
Tenemos que buscar los motivos que justifiquen otorgar un día feriado regional.
Conceder el 20 de agosto para la Sexta Región, por ejemplo, puede obedecer a una cuestión lógica: el natalicio del Libertador Bernardo O'Higgins. También sería factible declarar feriado el día de la batalla de Rancagua o, en Arica, la fecha de liberación del morro. En fin, hay algunas situaciones atendibles.
Sin embargo, esta materia debiera tratarse en el Parlamento en forma orgánica y reglamentarse para evitar todo tipo de conflictos a raíz del establecimiento de un feriado.
De hecho, a propósito de un feriado otorgado recientemente, se produjo un problema laboral grave en la minería: se desarticularon los turnos que estaban previstos de acuerdo a los sistemas que operaban en esos momentos en dicho tipo de trabajo.
En consecuencia, voto a favor de la iniciativa. Pero dejo la constancia ya indicada.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, el año pasado el Diputado Matías Walker invitó a un conjunto de parlamentarios, la gran mayoría de la Región de Coquimbo, para proponer como feriado regional el día 20 de septiembre de cada año, dado el valor cultural, patrimonial y de identidad que reviste esa fecha para sus habitantes.
El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados, pero, por desgracia, en el Senado, a raíz de otras iniciativas similares, se produjo un debate en el que se manifestó una preocupación respecto de este tipo de planteamientos. Se requería contar con un criterio previo para otorgar feriados regionales.
Desafortunadamente, le tocó a la Región de Coquimbo caer en medio de esa discusión, de ese reparo, de esas observaciones. Ello no había sucedido con otros proyectos parecidos.
Además, es muy lamentable que esta propuesta legislativa se haya tramitado con tanta lentitud, considerando que llegó al Senado hace como tres semanas. La Comisión de Gobierno no logró reunir el quórum para sesionar; después no hubo una tramitación oportuna; no se puso la iniciativa en tabla cuando correspondía. En fin, casi llegamos al límite del tiempo para que la Región de Coquimbo contara con este feriado en estas fiestas patrias.
Por otra parte, se formuló una indicación para que el feriado se fijara solo por este año.
Es muy importante que la Sala apruebe el proyecto. En nuestra Región hay gran expectativa al respecto.
Efectivamente, se vuelve a plantear lo que señaló el Senador Zaldívar: el otorgamiento de un día feriado colisiona con los intereses de diversas actividades económicas.
Sin embargo, soy de la opinión -puede ser debatible- de que la actividad que provoca un feriado trae muchos réditos económicos a una región. Gran cantidad de personas se trasladan allí, pernoctan, consumen.
Creo que es una gran oportunidad para las regiones tener este tipo de feriados, sobre todo cuando implican un valor muy poco ponderado en la economía: la felicidad de la gente y la posibilidad de reunirse, de festejar y de conmemorar un valor cultural fuerte, tradicional, como acontece en la Región de Coquimbo el 20 de septiembre, día en que se celebra la Fiesta de la Pampilla.
Invito a los colegas a que aprueben la iniciativa.
Sé que hay un proceso de debate en torno a los criterios para conceder feriados regionales, pero sería una gran noticia que se acoja el que nos ocupa. Y ojalá la Presidenta de la República alcance a promulgar la ley para estas Fiestas Patrias.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, he escuchado a algunos colegas plantear inquietudes respecto de que este proyecto, considerando que el país está atravesando un período de desaceleración, podría afectar el crecimiento, el empleo y el dinamismo de la economía.
Permítanme decir, como testigo presencial -durante dos años fui Diputado por Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado y asistí permanentemente a la Fiesta de la Pampilla-, que esta celebración histórica, la cual no es solo de carácter local pues asisten turistas de todo Chile, tiene un tremendo efecto en materia de empleo. En esa fecha se llenan los restoranes, las cabañas, los hoteles, los alojamientos, en fin. Se desencadena una serie de actividades que generan trabajo.
Esta fiesta -ya se dijo cuál fue su origen: el aviso de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, que llega con alguna tardanza a la Región de Coquimbo- alberga a más de 100 mil personas cada año, lo cual origina mucho movimiento.
Reitero mis felicitaciones a los parlamentarios que presentaron la moción: a la entonces Diputada (actual Senadora) señora Adriana Muñoz y a los Diputados señores Mario Bertolino, Marcelo Díaz, Pedro Velásquez y, por supuesto, Matías Walker.
En consecuencia, con mucho cariño para la Región de Coquimbo, voto a favor de la iniciativa a fin de que la Fiesta de la Pampilla sea el centro de las celebraciones el 20 de septiembre y para que la gente festeje con tranquilidad, lo cual permitirá desarrollar actividades de entretención sana y generar mucho empleo y mucha actividad económica.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminado el Fácil Despacho.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma, quien me la ha solicitado para plantear un punto de Reglamento.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, en el punto 3 del Orden del Día figura el proyecto que crea el Consejo de Estabilidad Financiera, que tiene rango orgánico constitucional y está calificado con "discusión inmediata". Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y existe una petición del Gobierno a su respecto.
Por consiguiente, sugiero despacharlo de inmediato sin debate, pues, de lo contrario, temo que más adelante no se pueda reunir el quórum. Ese es el problema.
El Presidente de la Comisión me manifestó su acuerdo con este procedimiento y de ese modo cumpliríamos con la urgencia que tiene la iniciativa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en los términos indicados por el Senador Coloma?
--Así se acuerda.
VI. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo recién resuelto por la Sala, se tratará a continuación el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo de Estabilidad Financiera, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.178-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
Certificado de Comisión:
Hacienda: sesión 47ª, en 10 de septiembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El acuerdo de la Sala es votar el proyecto sin debate.
Tiene normas de quórum orgánico constitucional y de quórum calificado, por lo que ruego a las señoras y señores Senadores estar atentos.
Entiendo que la Comisión de Hacienda lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes.
Por lo tanto, se hará una votación única para despacharlo en iguales términos.
En votación el proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (30 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumplen los quórums constitucionales requeridos.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.




MAYORES SANCIONES A MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO LESIONES GRAVES GRAVÍSIMAS O MUERTE


El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito en lo referente al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o muerte, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.411-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 22 de julio de 2014.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 45ª, en 9 de septiembre de 2014.
Discusión:
Sesión 38ª, en 13 de agosto de 2014 (se aprueba en general).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 13 de agosto de 2014.
La Comisión de Constitución deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 4º, que pasaría a ser 2º, no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
El órgano técnico realizó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto que resultaría de ser aprobadas las enmiendas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Harboe, para informar sobre la iniciativa.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a todos los familiares que nos acompañan de víctimas fallecidas a manos de algún conductor ebrio.
Como se recordará, este proyecto, al igual que los otros tres en la materia que lo antecedieron, se inició a raíz de la conmoción provocada por el caso de la menor Emilia Silva, quien falleció en enero de 2013, a los 9 meses de edad, a causa de un accidente de tránsito motivado por un chofer ebrio. Este fue condenado, a pesar de la gravedad del delito, a dos años de pena remitida, la que, finalmente, cumplió en libertad.
En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, la iniciativa tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República -ella hizo propia la demanda de los familiares de las víctimas- que ingresó en la Cámara de Diputados el 1º de julio del año en curso, en el cual se pone de manifiesto la sensación de impunidad de la comunidad ante el referido caso y frente a muchos otros semejantes que siguen ocurriendo. Ello ha despertado el consecuente interés por realizar las modificaciones legales que sean necesarias para impedir que conductores ebrios que ocasionan lesiones de gravedad e, incluso, la muerte sean condenados a penas menores, que terminan cumpliendo en libertad.
Cabe hacer presente que el mensaje hace un reconocimiento a los significativos aportes que los parlamentarios de diferentes partidos han realizado para enfrentar este problema, contribuciones que se han traducido en las ya mencionadas tres mociones anteriores. La última que se presentó es de abril de este año y corresponde a una iniciativa del Honorable señor Alberto Espina, suscrita también por los Senadores señor Hernán Larraín, Patricio Walker, Andrés Zaldívar y quien habla.
El proyecto que ahora nos ocupa fue aprobado en general por el Senado en sesión del 13 de agosto recién pasado, ocasión en la que se abrió un plazo para formular indicaciones, lapso en el cual tanto la Primera Mandataria como diversos señores Senadores presentaron proposiciones para perfeccionar el texto legislativo.
Dichas indicaciones fueron estudiadas en la sesión que la Comisión celebró el pasado lunes 8 de septiembre. En esa oportunidad se contó con la presencia de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón, de sus asesores, y de los asesores de las Carteras de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones. Además, fue invitado especialmente el profesor señor Jean Pierre Matus, quien colaboró activamente para dilucidar los puntos técnicos que ofrecían mayores dificultades. También nos acompañaron diversos familiares de víctimas de accidentes semejantes al de la pequeña Emilia.
El texto que ahora se discute en particular en la Sala recoge el largo debate realizado sobre este tema, tanto a propósito del presente proyecto como de los que antecedieron, y refleja los criterios que se fueron alcanzando con relación a cada uno de los aspectos que se identificaron como indispensables, a medida que se avanzaba en ese estudio.
Como fruto de lo anterior, las propuestas centrales que estamos planteando en este segundo informe son las que señalaré a continuación, siguiendo el orden del articulado de la iniciativa.
En primer lugar, se establece en la Ley de Tránsito un tipo penal nuevo, especial e independiente, destinado a sancionar a la persona que, participando en un accidente automovilístico, no detiene la marcha del vehículo, no presta la ayuda que sea posible a la víctima y no da cuenta del hecho a la autoridad policial pertinente; es decir, se fuga del lugar sin dar aviso a la policía.
La sanción asignada a esta conducta dependerá de los resultados que ella provoque, los que variarán dependiendo de si hay daños, lesiones o muerte de alguna persona. En este último caso, procederá la pena de presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a cinco años), además de la inhabilidad perpetua para conducir, la multa y el comiso del vehículo.
Estas sanciones se impondrán conjuntamente con la que corresponda al conductor por la responsabilidad que le quepa en el respectivo delito o cuasidelito.
Enseguida, se incorpora en la misma ley otro tipo penal nuevo, también especial e independiente, aplicable al conductor que se niega a realizarse los exámenes que la normativa legal prevé para pesquisar la presencia de alcohol o drogas en el organismo. Lo anterior tendrá una pena de multa y de suspensión de la licencia por un mes, sin perjuicio de que, si se producen lesiones graves gravísimas o la muerte de alguna persona, se aplicará presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años), además de la multa, la inhabilidad perpetua para conducir y el comiso del correspondiente vehículo.
Al igual que en el caso anterior, esta pena se impondrá conjuntamente con la que el conductor reciba por la responsabilidad que le quepa en el respectivo delito o cuasidelito.
Sobre el particular, es importante señalar que lo que ha buscado el legislador al establecer estos dos tipos penales autónomos e independientes del delito o cuasidelito como resultado del manejo en estado de ebriedad es generar un desincentivo a la fuga.
En la actualidad, muchas veces ocurre que los conductores que chocan ebrios, causando lesiones graves o la muerte de alguien, para no enfrentar la responsabilidad que les cabe en un delito o cuasidelito, se dan a la fuga, por cuanto la sanción asociada que rige hoy es bastante más baja y abre la posibilidad de la impunidad.
El objetivo es desincentivar la acción de fugarse y la de no prestar el auxilio a la víctima que ha sido atropellada.
Es más, el profesor Matus hizo un planteamiento para perfeccionar la figura penal relativa a la necesidad de prestar ayuda: propuso el concepto de "ayuda posible", porque es perfectamente comprensible que haya casos en que, frente a determinado accidente, bajarse del automóvil a prestar ayuda podría resultar imposible o riesgoso para la seguridad del conductor, por existir una turba u otro tipo de situación. En ese caso, la obligación del chofer infractor es concurrir a la unidad policial más cercana y dar cuenta de la situación para no verse afectado por el referido tipo penal.
Una tercera modificación, la más estructural del proyecto, busca modificar el artículo 196 de la Ley de Tránsito en lo relativo a las penas del delito de manejo en estado de ebriedad: si a consecuencia de ello se causan lesiones graves gravísimas, la pena será de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años); si hay resultado de muerte, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (de tres años y un día a diez años). En ambos casos, procederán también la multa correspondiente, la inhabilidad perpetua para conducir y el comiso del vehículo.
La incorporación del comiso del automóvil como sanción accesoria tiene por objetivo motivar a los padres para que eviten que sus hijos incurran en una conducta irresponsable de manejo en estado de ebriedad, toda vez que el vehículo decomisado no será entregado a la brevedad a sus padres, contrariamente a lo que ocurre hoy en día.
Complementariamente, se consagra en el mismo artículo 196 un tipo calificado del mismo delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o muerte para tres situaciones: 1) la reincidencia en delitos de la misma especie -se entiende que el conductor debe haber sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada por el mismo delito-; 2) el caso del conductor profesional que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, 3) y el caso del conductor que tuviere su licencia suspendida o cancelada, o que ha sido sancionado previamente con la pena de inhabilidad perpetua para conducir.
En estas situaciones se impondrá el máximum o el grado máximo de la pena corporal, el que, tratándose de un resultado de muerte, será presidio mayor en su grado mínimo (cinco años y un día a diez años). Al igual que en los casos anteriores, procederán en forma conjunta la multa, la inhabilidad perpetua para conducir y el comiso del vehículo.
Cabe hacer notar que, como se ha ido señalando, el texto en estudio incorpora la pena de comiso del vehículo utilizado en el hecho a propósito de todos los ilícitos anteriormente señalados. Ello, con el objetivo -insisto- de establecer un grado de sanción accesoria.
A continuación, el proyecto fija reglas especiales para la determinación de la pena en función de la concurrencia de las atenuantes y agravantes, de forma tal que el juez siempre deba aplicar una sanción que se ubique dentro del marco punitivo fijado por la ley.
Eso es una novedad desde el punto de vista del Derecho Penal.

El señor ESPINA.- Nosotros lo planteamos.

El señor HARBOE.- Y es propio de la moción del Senador Espina y de los parlamentarios que lo acompañaron.
En seguida, se regula la aplicación de las penas sustitutivas previstas en la ley Nº 18.216, estableciéndose que la correspondiente sustitución procederá únicamente después de que el condenado haya cumplido un año de presidio efectivo. Con esto se busca evitar que el responsable salga en libertad.
Finalmente, se dispone que la libertad condicional solo podrá concederse una vez que el condenado haya cumplido a lo menos dos tercios de la pena impuesta, en lugar de la mitad que prescribe la regla general actual.
Debo destacar que todas las votaciones que se realizaron durante la discusión particular lograron la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, lo que da cuenta del grado de convicción y apoyo que cada norma concitó.
Señor Presidente, estimamos que de esta manera estamos culminando satisfactoriamente la compleja tarea que esta iniciativa nos impuso, ofreciendo un texto racional que esperamos represente para nuestra comunidad un categórico disuasivo en relación con los graves riesgos que presenta la conducción en estado de ebriedad y contribuya a evitar la reiteración de situaciones tan dolorosas como las sufridas por Emilia Silva y por un conjunto de otros compatriotas que han perdido la vida a manos de personas que manejan en esa condición.
Señor Presidente, debo recalcar que, adicionalmente a este proyecto, la Comisión de Constitución consideró necesario legislar en paralelo sobre el aumento del piso de las penas asignadas al delito de homicidio, con el objeto de alcanzar una verdadera proporcionalidad.
Por eso, la siguiente iniciativa que figura en la tabla -deberemos discutirla en un momento más- tiene por finalidad elevar el piso de las penas para el delito de homicidio: en el caso del homicidio simple, desde cinco años y un día a diez años y un día; en el del homicidio calificado, de diez años y un día a quince años y un día.
Con ello se establece una proporcionalidad entre el delito de homicidio doloso, con intención, y el homicidio culposo, como lo es el derivado de un accidente ocasionado a raíz del manejo en estado de ebriedad.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Agradecemos al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el informe que nos acaba de entregar.
A continuación, corresponde dar por aprobado el artículo 4º, que pasó a ser 2º y no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe.
--Se aprueba reglamentariamente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En seguida, vamos a votar en un solo acto las enmiendas que fueron aprobadas unánimemente en la Comisión.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LETELIER.- Pido la palabra.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Le iré ofreciendo la palabra a cada uno de los diez Senadores que se inscribieron.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, lo que ocurre es que cuando se abre la votación disminuyen los tiempos y...

El señor QUINTANA.- ¡No!

El señor LETELIER.- No.

El señor ESPINA.- Si no es así, está bien. Estoy haciendo simplemente...

El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Senador, no tengo inconveniente en mantener los tiempos. Pero lo que procede ahora es abrir la votación, dado que varios Comités lo solicitaron.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, antes de que me hagan bullying legislativo, solo quiero pedirle que, frente a un cambio de tremenda envergadura en el Derecho Penal chileno -esto va mucho más allá de la Ley Emilia-, no nos disminuya los tiempos.
Nada más.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor TUMA (Vicepresidente).- No hay problemas para hacer uso del tiempo que se estime conveniente. Sin embargo, los Senadores y los Comités también tienen derecho a solicitar la apertura de la votación.
En consecuencia, existiendo la posibilidad de hacer una sola votación, procederemos a abrirla, manteniendo las intervenciones en diez minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín para plantear a un punto de Reglamento.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en la discusión particular el tiempo de cada Senador es el mismo que el fijado para la fundamentación de voto: cinco minutos.
Entonces, si vamos a hacer una sola votación, me permito sugerir, en virtud de lo solicitado por el Senador Espina, que intervengamos durante siete u ocho minutos, por una sola vez.
Ello serviría como fundamento de voto y al mismo tiempo nos permitirá argumentar de mejor forma acerca de un cambio que, como dijo el colega Espina, es muy radical en nuestro Derecho Penal.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, acogeremos el criterio de otorgar la palabra por un promedio de siete minutos, sin coartar la posibilidad de que los Senadores usen hasta diez.
Por cierto, no es necesario usar los diez minutos. Y cada Senador verá cómo interviene.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi reserva acerca de cómo se quiere llevar a cabo el proceso de discusión y votación de esta iniciativa.
Mi objeción no tiene que ver con la materia del proyecto, sino con las consecuencias que este acarrea para el sistema penal de nuestro país.
En tal sentido, pienso que sería más conveniente discutir artículo por artículo y no hacer una votación única, toda vez que se mezclan situaciones distintas.
Entiendo que puedo ser minoría en esta posición. Pero quiero dejar expresa reserva de mi objeción y salvar mi responsabilidad ante lo que va a ocurrir.
En esta oportunidad se están creando nuevos tipos penales. Y una votación sobre creación de nuevos tipos penales se va a juntar con otra relacionada con la interpretación de las consecuencias de ciertas atenuantes o agravantes y con el presidio perpetuo.
Por eso, señor Presidente, manifiesto mi oposición al procedimiento que se propuso para hacer la votación. Y, aunque sea minoría, quiero liberar mi responsabilidad y dejar constancia de los efectos que puede haber para el sistema penal chileno.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Está en su derecho, señor Senador, a solicitar votación separada de cada enmienda. Y, si así lo estima, debemos acoger su planteamiento, pues lo respalda el Reglamento.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, soy partidario de votar artículo por artículo -entendiendo que se trata de normas generales- y de no juntar votaciones, por las eventuales consecuencias.
Mi petición no pretende apuntar al corazón de la Ley Emilia, sino a los efectos que esta votación puede tener para nuestro sistema penal.
La vez pasada aprobamos un aumento del rango de las penas para los delitos de homicidio, y a partir de la ley en proyecto se van a generar situaciones que van más allá de la tipificación de delitos como yo la entiendo.
Por eso quiero que se realicen votaciones separadas.
Estoy disponible a ser minoría -reitero- y no me voy a oponer a lo que dicte la mayoría en esta materia.
Solo quiero hacer presente mi objeción al procedimiento sugerido.

El señor TUMA (Vicepresidente).- El problema estriba que su objeción, señor Senador, me obliga a respetar su derecho a pedir votación separada de cada enmienda.
Eso significa que no puedo abrir ahora la votación y que deberé continuar dando la palabra hasta que intervenga el último inscrito.

El señor LETELIER.- Que se vote cada artículo de corrido, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Solo al final de ese proceso podríamos abrir la votación.

El señor LETELIER.- Yo soy partidario, señor Presidente, de que cada uno de los artículos que fueron objeto de indicaciones se vaya poniendo en votación.

La señora MUÑOZ.- Entonces habría que argumentar sobre cada uno de ellos.

El señor LETELIER.- Así es.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Muy bien.
Votaremos, por tanto, separadamente cada una de las normas que fueron objeto de enmiendas.

El señor LARRAÍN.- ¡No!

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para hacer una aclaración.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, debo aclarar lo siguiente.
El Honorable señor Letelier tiene derecho a pedir votación separada, artículo por artículo.
Sin perjuicio de ello, debo recordar que el artículo 4º -pasó a ser 2º-, que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, ya se aprobó reglamentariamente. En consecuencia, no corresponde votarlo.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Como hay doce inscritos, corresponde abrir el debate e ir artículo por artículo.
Señor Secretario, tiene la palabra para dar a conocer la primera enmienda.

El señor ESPINA.- Perdón, señor Presidente.
Si el Senador Letelier, legítimamente, tiene objeciones acerca de algunos artículos, sugiero que los precise y que solo sobre esos abramos un debate separado. Porque si hay otros que no le generan objeciones, no tiene mayor sentido discutirlos.
Entonces, puede haber un debate general sobre el proyecto; luego el Senador Letelier señala las enmiendas respecto de las cuales tiene objeciones (en todo caso, no podría tratarse de más de dos o tres normas, porque no hay más artículos), y solo sobre ellas se abre la discusión particular.
Me parece que eso indica el sentido común.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Senador señor Letelier, mantiene usted su derecho, y lo vamos a respetar.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Letelier pidió votación separada de cada artículo, lo cual incluye, naturalmente, las enmiendas efectuadas a las normas pertinentes.
El artículo 1° del proyecto introduce modificaciones a la Ley de Tránsito. Comienza en la página 1 y tiene ocho numerales¿

El señor TUMA (Vicepresidente).- Vamos a continuar con el debate mientras ordenamos la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, pedí votación separada de la enmienda al artículo 183 de la Ley de Tránsito.
La Comisión propone suprimir el inciso final de ese precepto.
¿Por qué yo no estoy de acuerdo en eliminarlo?
Ese inciso final dispone. "La negativa injustificada a someterse a las pruebas o exámenes a que se refieren este artículo y el artículo 182, o la circunstancia de huir del lugar donde se hubiere ejecutado la conducta delictiva, en su caso, serán apreciadas por el juez como un antecedente calificado, al que podrá dar valor suficiente para establecer el estado de ebriedad o influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en que se encontraba el imputado.".
Es decir, allí hay una presunción. El juez le puede dar valor a la circunstancia pertinente en el sentido de que la persona que se arranca efectivamente estaba bajo la influencia del alcohol o de la droga. Y eso me parece una presunción fundamental. Por lo tanto, no soy partidario de la supresión planteada por la Comisión.
Señor Presidente, de acuerdo con lo que me señala el Senador Larraín, a partir de esta modificación se sanciona.

El señor HARBOE.- Se tipifica.

El señor ORPIS.- Exacto.

El señor HARBOE.- Como delito, especial, con más sanción.

El señor ORPIS.- Pero lo importante de esa presunción, a mi juicio, es que se da por acreditado que la persona efectivamente está bajo la influencia del alcohol o de la droga.
Si se me da una razón, no tengo ningún inconveniente para rectificar mi votación.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tendremos tiempo de clarificar cada observación de Sus Señorías. En su momento el señor Presidente de la Comisión de Constitución podrá hacerlo.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en general, soy partidario de respetar la armonía del proyecto en su conjunto. Y me parece que su versión más dura es la que debe prevalecer, por dos razones fundamentales: no solo porque hay una sensación de impunidad, sino también porque en los hechos existe impunidad frente a delitos tan graves como conducir en estado de ebriedad, huir del lugar y no prestar atención a la persona herida, la que eventualmente puede estar muerta.
Para más agravante, por lo común en muchos sectores de nuestra sociedad esa conducta no merece ni siquiera una sanción moral. Prácticamente se considera mala suerte, como si fuese un hecho fortuito.
El Derecho tiene como propósito no solo sancionar una conducta, sino también reparar. Y, en verdad, en casos extremos la reparación para la familia de la víctima es más bien moral.
Por consiguiente, me parece que el espíritu de este proyecto debe ser valorado en la drasticidad de las sanciones que se están proponiendo.
A la vez, se debe ejercer un efecto real para desincentivar la conducción de vehículos de tracción mecánica por personas que se encuentren en estado de ebriedad.
Considero que esta versión recoge bien las inquietudes que algunos Senadores habían planteado durante el debate anterior en el sentido de que se aplica la prisión efectiva -parece ser lo más polémico- en los casos en que confluyen no solo la lesión con resultado de muerte sino también una serie de otras circunstancias, como huir del lugar, ser reincidente o ser conductor profesional.
Por lo tanto, estimo que existe una buena cobertura y que no se aplica la normativa necesariamente a todos los casos, pues se le da al juez cierto rango para actuar.
Me parece, pues, que las disposiciones son claras.
Lo único que me quedó un tanto en el aire se relaciona con algo que el proyecto aborda pero que no tiene efecto ni consecuencia: la creciente conducción bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
La razón de aquello está en que sería más compleja la prueba. Hay un sentido pragmático para que no se incluya como agravante.
Los casos en que existe una receta médica o un tratamiento evidentemente constituyen una situación distinta de las otras -por lo demás, son la mayoría- en que se registran accidentes bajo efectos de ese tipo de sustancias.
Creo que eso no está resuelto acá más por la razón práctica de no enredar la tramitación del proyecto. Eso quedó pendiente. Pero me habría gustado un mejor cierre de la materia. La persona debe saber que si consume drogas, por ejemplo, pierde el uso de sus facultades.
Cuando se establecen sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol se busca que antes de ingerir una bebida alcohólica y manejar sepan que deberán hacerse responsables de las consecuencias de la decisión que están adoptando en estado normal. Y lo mismo pasa con la ingesta de sustancias psicotrópicas. No veo una diferencia tan cualitativa en la intención original de quien va a conducir.
Generalmente, en los tribunales se ha tomado casi como un motivo para disminuir la responsabilidad el hecho de que la persona "no estaba bajo control de sí misma".
Pero yo creo en el cambio de criterio, en el sentido de que quien va a manejar y toma la decisión de consumir drogas o alcohol -este último no es más que una forma de droga- debe asumir su responsabilidad. Pienso que se avanzó también a este respecto.
Salvo la observación relativa al consumo de drogas -entiendo que el no considerar ese caso tiene más un sentido pragmático, pues sería complejo probarlo; además, se prestaría para informes médicos que podrían adulterar el elemento de prueba-, el proyecto me satisface; me parece que se encuentra a tono con la urgencia del problema que nos convoca.
Atropellar a alguien estando bajo los efectos del alcohol, huir del lugar, no prestar atención a la víctima es de la mayor gravedad y debe recibir la sanción respectiva.
He dicho.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo a una delegación del segundo medio del Liceo Politécnico de Linares.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa no solo establece un cambio muy de fondo en cuanto a lo que nuestra legislación fija respecto al delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, sino que además abre un camino sobre la manera en que debieran abordarse otros ilícitos tan graves como ese.
La primera pregunta que uno tiene que hacerse es por qué el legislador toma la decisión de cambiar la normativa que sanciona la conducción en estado de ebriedad que ocasione lesiones graves gravísimas o la muerte.
La respuesta es muy simple: porque el juicio de reproche que la sociedad efectúa hoy sobre una conducta de tal naturaleza es mucho más alto que en el pasado.
¿Por qué es más alto el juicio de reproche de la comunidad? Porque en innumerables casos quienes cometen aquel tipo de ilícitos quedan en la impunidad no obstante que su conducta termina con la vida de terceros. Fue el caso de la pequeña Emilia, cuyos padres nos acompañan esta tarde en la tribuna.
Entonces, cuando se registra una conducta de aquella índole, que causa tanto daño, ¿puede o no el legislador decir "Voy a revaluar el juicio de reproche de la sociedad y, por lo tanto, la sanción que se aplica a esa conducta"?
¡Por supuesto que sí!
En algunos casos puede revaluar por considerar que la conducta es menos grave, y en otros, como el señalado, por estimar que es más grave y se necesita tomar distintas medidas.
Básicamente, aquí están envueltos tres puntos.
Primero, la penalidad.
La penalidad que establecemos ahora es mayor que la existente: en el caso de la conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas la sanción va de tres años y un día a cinco años de cárcel; y si el resultado es la muerte de una persona, la pena va de tres años y un día a diez años.
¿Cuál es el cambio? Se trata de un tremendo aporte hecho por el Senado, que innova en toda la legislación: el juez no podrá salirse del marco que le fija la ley, como ocurre en todas las legislaciones modernas.
Si el magistrado estima que hay circunstancias atenuantes, aplicará el mínimo de la pena que el legislador le señala: tres años y un día. Y si considera que existen circunstancias agravantes, le impondrá el máximo que le fija el legislador: diez años si el resultado es la muerte y cinco años si hay lesiones graves gravísimas (para que entendamos: cuando la persona queda en estado vegetal).
¿Qué sucede con el resto de los delitos en nuestro país?
El juez, por la vía de las atenuantes, puede rebajar permanentemente la pena asignada. Y se llega al absurdo de que quien es declarado culpable del delito de actuar con negligencia y provocar un accidente que ocasiona la muerte de una persona puede recibir, por aplicación de las atenuantes -ellas se configuran con gran facilidad: irreprochable conducta anterior (nunca ha tenido un accidente); intento de reparar con celo el mal causado (deposita plata en el tribunal); colaboración con la justicia (cuenta la verdad de lo ocurrido)-, una sanción no superior a sesentas días y sin siquiera la obligación de ir a firmar al tribunal.
¡Eso no es correcto ni justo cuando se mata a una persona o se la deja en estado vegetal!
Por lo tanto, con el cambio que proponemos, por primera vez los jueces deberán ceñirse al marco que les señala el legislador. Y es lo que ocurre en todas las legislaciones modernas.
El segundo punto se refiere al agravamiento de la responsabilidad en un delito independiente: el de fuga.
El delito de fuga está contemplado en nuestro Código Penal; no estamos inventando una figura nueva: solo le establecemos una penalidad acorde con la gravedad del daño provocado.
La pena actual para quien participa en un accidente y se fuga es de sesenta y un días a tres años.
Nosotros decimos: "Un momento. La determinaremos dependiendo de la gravedad del accidente. Si usted se fuga, enfrentará una pena de quinientos cuarenta y un días a tres años; pero si ve que una persona queda agonizando y no le presta ayuda, su responsabilidad será mayor".
Es grave fugarse. ¡Pero es harto más grave hacerlo cuando una persona está agonizando!
Ese será un problema de prueba que resolverá el juez.
Y el tercer punto se refiere a las penas sustitutivas.
La regla general es que, tratándose de delitos menos graves, el juez está facultado para decir: "Usted puede sustituir su sanción de cárcel por una que cumpla en libertad: remisión condicional de la pena, arresto domiciliario".
Aquí se expresa: "Si usted es condenado, tendrá que estar a lo menos un año en la cárcel".
Esa es una medida muy dura en nuestra legislación. Pero se incorpora para los efectos de que quien cometa un delito de tanta gravedad y provoque la muerte de una persona o deje a alguien en estado vegetal tenga que cumplir por lo menos un año de reclusión antes de aspirar a algún beneficio.
¿Es duro? ¡Es durísimo en la legislación vigente!
Y una última consideración: se requiere ser culpable del accidente.
Quiero dejarlo muy claro.
Si una persona que conduce en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol es controlada, será objeto de sanción por ello. Pero si maneja en esas condiciones y por negligencia, inobservancia del reglamento o impericia protagoniza un accidente, tal conducta gatilla su culpabilidad en el hecho.
Finalmente, quiero expresarle mi agradecimiento a la Ministra Rincón -nobleza obliga-, pues había un proyecto de nuestra autoría y uno originado en la Cámara de Diputados y tuvo la capacidad de refundirlos e incorporarlos en la normativa que nos ocupa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, los miembros de la Comisión de Constitución y, básicamente, los demás abogados han planteado los principales aspectos de la ley en proyecto.
Yo quiero aportar una mirada distinta. Pero antes voy a señalar algunos elementos relevantes de la legislación propuesta, que innova de manera significativa en nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, hoy existe un rango de penas, pero al aplicarse las atenuantes ciertos delitos graves quedan, por así decirlo, en la más completa impunidad.
Eso ha ocurrido en muchos casos en que conductores ebrios han protagonizado accidentes que han provocado lesiones gravísimas o muerte.
En cada región de nuestro país hemos conocido varias situaciones de aquella índole. Y el nombre con que se conoce la ley en proyecto da cuenta de ello.
Esta iniciativa señala que la conducción bajo la influencia del alcohol es una conducta de gran irresponsabilidad.
El manejo en tales condiciones transforma al vehículo en una verdadera arma. Por tanto, la legislación debe hacerse cargo de ello.
Ojalá nunca tengamos que sancionar a alguien. Esperamos provocar un cambio cultural.
El proyecto que nos ocupa avanza de manera importante en el propósito de terminar con la sensación de impunidad existente, ya que la sanción mínima aplicable al conductor ebrio que le quite la vida a una persona será de un año de privación de libertad, más allá de cualquier tipo de atenuantes. Y deberán cumplirse dos tercios de la pena para poder acceder a la libertad condicional, a diferencia de lo que dispone la legislación vigente.
Es del caso destacar también que se establecen como delitos independientes el no socorrer a la víctima y el negarse a la realización de la alcoholemia luego de un accidente.
Porque hoy el mensaje es muy claro. Incluso más: si una persona tiene alguna agravante respecto del delito en comento (hoy se considera calificado), como la reincidencia, o ser conductor profesional, o estar inhabilitado para manejar, el llamado es a huir del lugar de los hechos.
Ahora se configura un delito independiente, con pena de tres años y un día a cinco años.
Por lo tanto, sinceramente, espero que la legislación en proyecto sirva para inhibir a muchos conductores de la idea de manejar con alcohol en el cuerpo.
Señora Presidenta, haré una reflexión final sobre algo que se ha dicho poco: el alcohol como problema de salud en Chile. Porque al final del día estamos hablando de conductores ebrios. Sin embargo, también debemos preguntarnos por qué ocurre tal situación, qué está sucediendo con el alcohol en nuestra sociedad.
Las cifras de consumo de alcohol puro anual en Chile, me parece, llegan a cerca de 10 litros en el hombre y a 6 litros en la mujer. Es el consumo más alto de América -entiendo- y uno de los más elevados del mundo.
Por lo tanto, también hemos de hacernos cargo de aquello: qué pasa en la sociedad chilena que tenemos una ingesta de alcohol tan alta.
Entonces, no basta con establecer este tipo de leyes sancionatorias: también debemos hacernos cargo del origen del problema.
Empero, aquello pasa por tener una legislación adecuada.
Por eso estamos modificando la ley de alcoholes, básicamente restringiendo la publicidad, abordando aspectos relativos a la entrega de información a las personas. Por ejemplo, el rotulado con las advertencias. También, todo lo que tiene que ver con el auspicio de eventos. Porque muchas veces vemos a un futbolista que es ídolo, modelo para numerosos niños, ¡y lleva en su camiseta la marca de una bebida alcohólica...!
Esas situaciones, evidentemente, generan en los menores un modelo a seguir.
En consecuencia, voy a votar favorablemente.
Tenía una duda, pero la SEGPRES me la aclaró.
Solo me resta insistir en el mensaje que daba al final: debemos trabajar fuertemente para hacernos cargo del problema de salud que aqueja a la sociedad chilena.
Estamos no solo ante una cuestión de seguridad vial, de sanciones penales, de accionar policial: se trata asimismo de un problema de salud pública que debemos abordar de forma integral.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, con relación al proyecto de ley que nos convoca esta tarde, quiero nuevamente hacer un merecido reconocimiento a los padres de la menor Emilia Silva Figueroa, cuya trágica y lamentable muerte dio inicio a esta verdadera cruzada que Benjamín Silva y Carolina Figueroa impulsaron y han mantenido incesantemente para lograr que hechos de tal magnitud, provocados por conductores que actúan con total desprecio por sus semejantes, no queden impunes.
A tal punto ha llegado la lucha dada por Benjamín y Carolina que recientemente constituyeron una fundación para que hechos como el que afectó a su hija no queden en la impunidad.
Por supuesto, cuentan con el respaldo de todos nosotros. Los estamos acompañando desde el primer día. Son personas que viven en mi Región, en la ciudad de Viña del Mar, y que vieron cómo una conducta irresponsable terminó con la vida de la pequeña Emilia.
Los he acompañado en los momentos tristes. También en los de alegría: Carolina dio a luz una maravillosa niña. Y ambos me pidieron expresamente que hiciera llegar su agradecimiento a esta Alta Cámara por la constante dedicación que ha brindado a los efectos de perfeccionar las disposiciones de este proyecto, cuya pronta vigencia se hace indispensable.
Benjamín y Carolina han vivido momentos complejos: de desazón, de angustia y de esperanza. Y queremos que su esperanza se materialice en el proyecto de ley que vamos a aprobar esta tarde, ojalá como salió de la Comisión.
Todos los aquí presentes hemos debido lamentar, con ocasión de diversas festividades y de los denominados "fines de semana largos", la ocurrencia de muchos accidentes vehiculares causados por excesiva ingesta de alcohol en conductores que actúan con total menosprecio por la vida de sus semejantes.
Nos parecen absolutamente adecuadas las indicaciones -tanto las de origen parlamentario cuanto las presidenciales- formuladas a esta iniciativa con la finalidad de establecer penas drásticas, pero procurando un adecuado equilibrio en cuanto a su proporcionalidad y racionalidad.
Por otra parte, tengo la satisfacción de que se acogió el planteamiento contenido en una moción de mi autoría.
Debo recordar que se presentaron simultáneamente dos mociones: una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado.
El Gobierno anterior le puso urgencia a la de la Cámara Baja. Sin embargo, posteriormente permitió incorporar, como indicaciones, los aspectos contemplados en el proyecto que presentamos en esta Alta Corporación.
Señora Presidenta, se plantea sancionar, considerando las distintas hipótesis, al responsable de un accidente que abandone el lugar del hecho sin prestar socorro a la víctima.
En el caso de Emilia, ¿qué fue diferente de los accidentes que se registran frecuentemente en nuestro país?
No fue el hecho de que un conductor negligente e imprudente, en estado de ebriedad, impactara el vehículo de Benjamín y Carolina.
Tampoco fue la circunstancia de que el chofer tratara de escapar del lugar del accidente.
¡Simplemente, una cámara registró los hechos!
¿Y por qué planteo aquello? ¡Porque las cifras son devastadoras!
Por eso nos pareció que la fuga debía considerarse una agravante calificada.
Cuesta encontrar estas cifras, señora Presidenta.
Con el Senador Navarro empujamos este proyecto en la Cámara Baja, cuando ambos éramos Diputados.
Un oficio que mandó Carabineros de Chile nos señaló que el año 2007 hubo 1.290 accidentes y huyeron del lugar de los hechos 595 conductores: cerca de 50 por ciento.
En la Región Metropolitana, en 637 accidentes, 290 choferes escaparon del lugar donde se registraron.
En Valparaíso, en 107 accidentes con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas, 84 conductores huyeron del lugar de los hechos: más de 75 por ciento.
Se trata del oficio de Carabineros N° 103, de 25 de enero de 2008.
En consecuencia, quiero desmitificar absolutamente la afirmación de que los chilenos son solidarios.
El chileno, cuando se encuentra ante un accidente como el señalado, ¡huye del lugar de los hechos en la gran mayoría de los casos!: más del 50 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales entregadas por Carabineros de Chile.
Aquello habla de insensibilidad frente a un hecho que puede determinar la vida o la muerte de una persona.
Por su intermedio, señora Presidenta, le pido a la Ministra Ximena Rincón, quien nos acompaña esta tarde, que se le dé mayor urgencia a este proyecto...

El señor LARRAÍN.- Tiene "discusión inmediata".

El señor CHAHUÁN.- ... para que la ley sea promulgada antes del 18 de septiembre próximo.
La idea es que, aparte la "discusión inmediata", esta iniciativa tenga todo el empuje del Ejecutivo para que la ley pertinente entre en vigor cuanto antes.
Simplemente, deseo señalar que esta debe ser una política pública, tal como lo indicó el Senador señor Rossi.
Por mi parte, presenté un proyecto para que la etiqueta contuviera una advertencia en el envase de las bebidas alcohólicas y para la elaboración de mallas curriculares a fin de prevenir sobre el efecto del consumo excesivo. Y hemos acompañado normas para prohibir la venta del producto a menores, entre otros aspectos. ¡La iniciativa lleva nueve años esperando en el Congreso! Afortunadamente, pronto se despachará en segundo trámite constitucional.
No solo cabe aprobar el proyecto que ahora nos ocupa, el cual es urgente, necesario y hace justicia respecto de Emilia y de todos los padres y familiares que están hoy día en nuestras tribunas. También resulta indispensable enfrentar, de una vez por todas, la cuestión del alcohol como una política pública, con más impuestos, como lo hace la reforma tributaria, pero, además, en mejores condiciones para los efectos de restringir su consumo.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, para mí, esta es una iniciativa muy importante.
De hecho, voté a favor en la discusión en que se rechazó un texto que parecía extremadamente duro.
¿Por qué me parece necesario legislar en la materia?
Quiero valorar la normativa en estudio y el esfuerzo hecho por Senadores y el Gobierno para llegar a un acuerdo también con las víctimas, porque creo que las leyes presentan una doble dimensión: por un lado, educan -son una señal de la sociedad-, y por otro, buscan prevenir.
¿Y qué queremos prevenir? Que haya más víctimas inocentes por la circunstancia de que personas bebidas tomen un vehículo y terminen matando o dejando a otro ser humano en situación de invalidez, muchas veces, o con secuelas graves para toda la vida.
Lo importante es dar la señal. Nosotros nunca hemos impulsado una política adversa a quienes beben en forma responsable, lo que, a diferencia del consumo de tabaco, no ocasiona ningún problema. Pero, evidentemente, hay un límite, que es el de beber y al mismo tiempo conducir.
Soy uno de los autores de estos proyectos que buscan regular el consumo de alcohol. Y se observa una paradoja, porque muchos están dispuestos aquí a imponer penas muy duras cuando hay lesiones o muerte como consecuencia de conducir bebido, pero no a disponer ninguna regulación para promover el consumo responsable. Estimo que esta contradicción debiera ser resuelta. Hay Senadores que se han opuesto a la advertencia en los envases como una señal.
También soy uno de los impulsores de la Ley de Tolerancia Cero. Justamente porque creemos que beber en forma responsable no ofrece ningún problema, el límite se plantea cuando se toma la decisión de manejar un vehículo.
¿Y por qué soy partidario de aumentar las penas? Porque me parece inaceptable que haya víctimas inocentes, personas que puedan morir o sufrir lesiones producto de que alguien, a sabiendas de que beber limita las facultades y pone en un contexto que puede ser riesgoso, toma la decisión de manejar y eventualmente provocar un accidente.
Para mí, esa es una conducta criminal. Es lo mismo que una persona salga a la calle con una pistola y comience a disparar: puede herir a alguien.
Para mí, quien conduce un auto y ha bebido está desarrollando una acción que finalmente puede acarrear una consecuencia fatal. Por lo tanto, es una conducta criminal que debe ser duramente sancionada. ¿En qué sentido? Para prevenir. Porque queremos que nunca más haya víctimas.
Algunos me han dicho: "Pero podría ser tu hijo". Sí. Y lo único que no quisiera es que mi hijo, al conducir en estado de ebriedad, matara a alguien. Porque provocar una muerte da lugar a un drama de vida para la víctima, pero también para el victimario.
Creo que sobre todo tenemos que pensar en las víctimas, como el joven atropellado y muerto por otro en Zapallar. Ese tipo de situaciones nunca más deben ocurrir. Evidentemente, el caso de Emilia ha sido emblemático. Y, más allá de las sanciones, espero que estas leyes sirvan para desincentivar las conductas irresponsables, de manera que nunca más tengamos que sufrir el drama de una víctima o de un victimario.
En seguida, el proyecto determina algo que me parece un mínimo. El que irresponsablemente bebe, conduce y atropella a alguien, luego de lo cual se fuga y no le presta ni siquiera una atención mínima, me parece que incurre en un acto de total inhumanidad. Muchos de los accidentados -el mismo Senador que habla se encontró en un caso grave- pueden mantenerse con vida si reciben un cuidado oportuno. Y, con frecuencia, el conductor es fundamental para poder alertar de una situación dramática, lo que hace posible salvar a quien lesionó.
Por lo tanto, me parece muy bien que la iniciativa busque educar. Porque puede que no logremos evitar que alguien consuma alcohol y conduzca, pero, en una cultura de individualismo, de no hacerse responsable por otro, al menos tenemos que promover mínimos de responsabilidad, de solidaridad y de respeto a la vida.
Para mí, lo que está detrás de la cuestión es una absoluta falta de respeto a la vida de las personas, y me parece que una sociedad que se funda en el individualismo y en la ausencia de esa valoración se halla en un profundo problema. Por eso, el proyecto, más allá de las sanciones, apunta justamente a que se entienda que la vida es de una jerarquía superior, lo que debemos compartir todos, y que resulta indispensable dar señales potentes para resguardar estos valores, que son fundamentales para la sociedad.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, sin duda, hoy día asistimos a una discusión de suma importancia y que es, también, el resultado de la lucha que han dado durante mucho tiempo numerosas familias.
Quizá el caso más emblemático sea el de la menor Emilia Silva. En la Región que represento se registró asimismo el de Daniela Tirado Vilches, quien igualmente falleció producto de un accidente de tránsito ocasionado por una persona que venía manejando en estado de ebriedad. Y el que me tocó conocer más de cerca y me ha conmovido mucho es el de Camila Verdejo Contreras, una estudiante que murió atropellada por un individuo que se dio a la fuga. Los padres de Camila iniciaron en Antofagasta una campaña que se mantiene hasta el día de hoy -se llama "Por el Valor de la Vida"-, con la que dan a conocer este tipo de situaciones.
Dicho eso, deseo rescatar el hecho de que, por primera vez desde que integro el Congreso Nacional, se está tomando una decisión de política criminal en el sentido de señalarse que, como Estado, queremos perseguir de forma más severa a aquellos conductores que, al manejar en estado de ebriedad, causan lesiones graves o la muerte de una persona.
No voy a repetir lo ya expuesto por el Presidente de la Comisión de Constitución, quien resumió bastante bien cuáles son las nuevas penalidades. Lo novedoso del proyecto podría decir relación con tres aspectos.
En primer lugar, se establece un delito especial: el de fuga. El Senador señor Orpis hizo presente, muy bien, que le preocupaba la eliminación de la presunción de que quien huye lo hace por manejar en estado de ebriedad. La Comisión determinó que este ilícito será castigado, según se provoquen lesiones o muerte, con multa y presidio menor de tres años y un día a cinco años, además de disponerse la aplicación del artículo 74 del Código Penal en cuanto a las sanciones. Es decir, el causante del hecho que huye del lugar y que se presenta o es detenido con posterioridad producto de la investigación va a recibir en forma consecutiva, junto a la pena por las lesiones o la muerte que provoque, la correspondiente a la fuga. Esta última no va a quedar impune, sino que traerá aparejada una consecuencia adicional.
Un segundo punto importante es la fijación de una sanción a la negativa de realizarse el conocido alcotest. Hoy día, si un conductor rehúsa someterse a esa prueba o a la alcoholemia, da lugar a una presunción, y el juez puede valorar, conforme a los antecedentes de la investigación, si esa persona iba o no manejando en estado de ebriedad. La Comisión acordó que ello, según se provoquen lesiones graves o la muerte, sea objeto de una multa y una pena de hasta cinco años.
¿Por qué razón? Porque lo que estamos haciendo hoy día, además de ocuparnos en el conductor que no cumple con su obligación de detenerse, en el caso de que pueda auxiliar a la víctima, y de dar cuenta a la autoridad, es sancionar al que se niega a hacerse el alcotest. Justamente queremos desincentivar que, verificado el accidente de tránsito, se huya del lugar o se rechacen las pruebas para determinar si se venía o no en estado de ebriedad.
Pero lo más complejo -sé que ello va a ser motivo de discusión fundamentalmente en la doctrina, en la Academia, y los profesores de Derecho Penal que asistieron a la Comisión así lo hicieron ver- es que el proyecto plantea normas distintas en la aplicación de las sanciones.
Es preciso decirlo: este será el único cuerpo legal con disposiciones especiales al respecto. Y, con ello, rompemos lo que históricamente ha sido la preceptiva contenida en el Código Penal y la ley N° 18.216.
El proyecto parte de la siguiente premisa: la pena que le imponga el tribunal a quien conduzca en estado de ebriedad y cause lesiones graves o la muerte importará un año de privación efectiva de libertad. Es decir, la persona estará en la cárcel al menos por ese período. El saldo va a ser cumplido con reclusión nocturna domiciliaria, lo que no ocurre en otros tipos penales. Porque, además, es necesario tener presente que se considera el rango de sanciones alternativas de la ley N° 18.216.
El anterior constituye, a mi juicio, el principal cambio.
El otro es el establecimiento de una limitación a qué puede hacer el juez con las atenuantes y agravantes, porque se dispone expresamente que no podrá bajar del piso de la pena, con independencia de las primeras. Entonces, se le fija un rango que tampoco se contempla en otro tipo de delitos. Y eso obviamente constituye, conforme a lo que hemos dicho, un sistema de política criminal donde estamos dando una señal clara.
Conversé recién con la Ministra señora Rincón, quien me decía: "El año pasado, la CONASET informó de 4 mil 206 accidentes de tránsito ocasionados por conductores en estado de ebriedad, habiendo muerto 117 personas. En el año 2012, entre enero y septiembre, fallecieron 116 personas en las mismas circunstancias".
La iniciativa en debate, entonces, precisamente busca transmitir una indicación clarísima a quienes manejan. El único mensaje que se puede dirigir hoy día es: "Si usted va a beber alcohol, no conduzca, pues en este tipo de accidentes se acabó la posibilidad de que quien provoque una muerte o lesiones graves se vaya para la casa al otro día, ya que ahora la privación de libertad es efectiva".
A mi juicio, estas medidas tienen que ir acompañadas de una fuerte campaña del Gobierno en orden a difundir el futuro cuerpo legal. Porque si un joven de 18 años que tome dos cervezas y se encuentre en estado de ebriedad, conforme a los rangos que contempla el ordenamiento, llega a atropellar a alguien y le causa lesiones graves o la muerte, enfrentará un año de encierro efectivo. ¡Sí o sí! No será posible que el juez, sobre la base del juego de una atenuante, baje la pena y determine la libertad vigilada, con firma. En la historia de la normativa se halla expresamente consignado que esa es la voluntad del legislador.
Algunos colegas han aseverado -y me gustaría hacer las precisiones necesarias- que en estos delitos media la impunidad. No es así. Lo que ocurre es que las sanciones son bajas. Y ello se explica porque nuestro Código es muy antiguo y, al momento de ser dictado, no contempló las penas alternativas. Entonces, las condenas a tres años se cumplían realmente en la cárcel.
Por eso, una serie de delitos aparecen desvirtuados, como ocurre en el caso del homicidio. Más adelante trataremos el proyecto tendiente a aumentarle la sanción.
La ley N° 18.216 vino a quebrar el antiguo esquema. Los jueces, con anterioridad, jugaban con el rango, ya que sabían que el condenado efectivamente se encontraría privado de libertad durante 61 o 541 días, por ejemplo, lo que no ocurre hoy día por las disposiciones que ese cuerpo legal contempla.
Termino diciendo¿
Pido un minuto más para redondear la idea.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede hacerlo, Su Señoría.

El señor ARAYA.- Gracias, señora Presidenta.
Espero que el Senado apruebe el proyecto y que la Cámara haga otro tanto mañana para que se transforme en ley antes del 18 de septiembre, porque sabemos que, en ese fin de semana largo, conductores irresponsables no querrán comprender el mensaje de que si se va a manejar no se puede beber alcohol.
La normativa, es cierto, resulta compleja. Será una ley draconiana respecto de quienes conduzcan en estado de ebriedad. Pero tenemos que dar una señal clara. Y eso es lo que se está haciendo: queremos que en Chile terminen las muertes y las lesiones graves en accidentes de tránsito provocados por conductores irresponsables.
Mencionaré un último punto, señora Presidenta, y concluyo.
Me parece que el proyecto no ha resuelto adecuadamente lo que dice relación con las sustancias psicotrópicas.
El caso de quien maneje habiendo consumido un producto lícito de esa naturaleza y se vea envuelto en un accidente, en efecto, no se distingue del que lo haga bajo la influencia de otro de carácter ilegal. La pena se les aplica por igual al conductor que siguió la prescripción de un psiquiatra o un psicólogo y al que ingirió alguna droga, como marihuana o cocaína.
Considero que es preciso resolver adecuadamente el asunto, porque, según he podido conversar con algunos psiquiatras, existe un grado de preocupación en orden a que las sustancias psicotrópicas que algunos de ellos recetan no necesariamente inhabilitan para la conducción, pero, al no distinguirse en el proyecto, la sanción se aplicará por parejo.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Desea plantear un punto de Reglamento, Senador señor Letelier?

El señor LETELIER.- Quisiera dar después una opinión en general.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que se relaciona con la votación.

El señor LETELIER.- Existe una diferencia entre la minuta que me pasó la Secretaría y el texto. Por eso quise una lectura antes de dar el acuerdo para la votación.
He conversado con el Presidente de la Comisión.
Habiéndose pedido votar el artículo 1° como un solo paquete, no tengo dificultades en que se abra la votación al respecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Esa disposición, que es la más larga del texto, sería objeto de un solo pronunciamiento, entonces. No se llevaría a cabo una votación separada.

El señor ORPIS.- Formulé una petición en este último sentido, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ.- ¿Se podría abrir la votación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay acuerdo para ello y el artículo 1° se sometería a la consideración de la Sala, pero entiendo que el Honorable señor Orpis quiere agregar algo.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, pedí votación separada en lo relativo al artículo 183 y estoy a la espera de la explicación del señor Presidente de la Comisión de Constitución.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Excúseme, Su Señoría. Usted sabe que al inicio estaba ocupada en otros menesteres, lo que llevó a la demora.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe, Presidente del órgano técnico.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, comprendo la legítima y justificada preocupación del Honorable señor Orpis ante el hecho de que la Comisión haya decidido proponer la supresión del inciso final del artículo 183, que establece la presunción legal de responsabilidad frente a la negativa de una persona a realizarse los exámenes de alcoholemia.
La verdad es que las presunciones legales, desde el punto de vista penal, no son aplicables. En la práctica, los jueces no lo hacen, razón por la cual hay un incentivo perverso para huir del lugar a fin de evitar la diligencia y, con ello, burlar la disposición de la ley, particularmente cuando alguien maneja en manifiesto estado de ebriedad.
No contentos con ello, y justamente para desincentivar la negativa, hemos creado un tipo penal especial. El nuevo artículo 195 bis reproduce lo consignado en el inciso final del artículo 183, que se elimina, y establece, más que una presunción, una sanción inmediata. El solo hecho de rehusar someterse a los exámenes, en caso de que en el accidente se hayan registrado lesiones, será objeto de multa de tres a diez unidades tributarias mensuales y de suspensión de licencia.
Y si se han provocado lesiones graves gravísimas o la muerte, incluso se contempla la pena de tres años y un día a cinco años, más la inhabilidad perpetua para conducir y el comiso del vehículo.
Es decir, la legítima preocupación del señor Senador por la presunción legal, que no se aplica en la práctica, la hemos recogido -repito- en un tipo penal especial, lo que permitirá materializarla. Por lo demás, fue uno de los planteamientos expuestos para sancionar de manera efectiva a quien se niegue a hacerse los exámenes.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, el artículo 195 bis, en relación con el 183, efectivamente contiene, como lo ha expresado el Senador señor Harboe, un tipo penal especial.
La disposición se coloca en dos hipótesis. Una de ellas es que, sin mediar en el accidente lesiones o muerte, la persona simplemente se niegue, en forma injustificada, a someterse a un examen de alcohol o de drogas. La otra se encuentra en el inciso siguiente, para el caso de que sí se provoquen lesiones o muerte.
La que me preocupa particularmente es la primera de ellas. Y explico por qué. Este tipo especial establece que la persona que se niegue injustificadamente a someterse al examen solo será sancionada con multa de tres a diez unidades tributarias mensuales (entre 90 mil y 300 mil pesos, para ser prácticos). El manejo en estado de ebriedad tiene una pena superior: 61 a 540 días de presidio.
O sea, la señal que se está entregando con este tipo especial es que, si a un conductor lo detienen sin que haya provocado lesiones o muerte, simplemente recibirá una multa de 90 mil a 300 mil pesos y la suspensión de su licencia hasta por un mes. Y a mí me parece demasiado peligroso que una persona maneje en estado de ebriedad.
En ese contexto, lo que estoy solicitando es mantener la presunción, porque así al conductor que se niegue a practicarse el examen, aun cuando no provoque lesiones o muerte, se le presumirá manejo en estado de ebriedad y será sancionado, por tanto, con una pena de entre 61 y 540 días de presidio.
¿A qué voy, señora Presidenta, en síntesis?
El artículo 111 de la ley vigente determina el estado de ebriedad. Y posteriormente se establece la sanción.
A mi juicio, no es incompatible mantener lo preceptuado en el inciso final del artículo 183 con el tipo especial que se plantea por parte de la Comisión de Constitución. ¿Por qué razón? Porque se va a aplicar el tipo especial contenido en el artículo 195 bis, pero además se va a presumir, por la negativa injustificada de la persona, que su manejo se ha realizado en estado de ebriedad y, en consecuencia, se le aplicaría también una pena de entre 61 y 540 días de presidio si así lo establece el juez, tal como lo dispone el inciso final del artículo 183.
Por consiguiente, yo voy a mantener mi voto en contra de la eliminación de este último precepto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a darle la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, pues considero importante que tengamos clara la situación para resolver en buena forma, que es, supongo, el ánimo que orienta a todos en la Sala.
Así que tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, efectivamente, todos compartimos la preocupación de que quien se niega a hacerse el examen para detectar consumo de alcohol o de drogas está evitando que un ministro de fe conozca el estado real en el cual se encuentra conduciendo.
La ley establece desde hace muchos años una presunción legal. Pero, lamentablemente, ella ya no opera, y no va a operar, toda vez que las presunciones legales, que se aplican plenamente en el Derecho Civil, no tienen cabida en el ámbito del Derecho Penal. Hay jurisprudencia constante y reiterada en ese sentido.
En la práctica, la norma que contiene la presunción en esta materia no se aplica. Sin embargo, como queremos evitar que exista un incentivo perverso para negarse a practicar el examen, se aplicaría el nuevo tipo penal contemplado en el artículo 195 bis, referido a dicha situación. O sea, no estamos hablando de alguien que maneja en estado de ebriedad. Eso no lo sabemos. Se trata de un momento anterior: de aquel en que el ministro de fe le pide a una persona someterse al examen para determinar si está manejando en estado de ebriedad o no, cuestión que hasta ese instante se desconoce. Por tanto, mal podríamos aplicarle la sanción del manejo en estado de ebriedad si no se sabe si se encuentra en tal situación.
Por eso se establece un tipo penal especial, el cual, independiente del resultado del examen, sanciona al que se niegue a practicárselo.
Y además cabe recordar que existe una norma complementaria (el artículo 111, el cual aparece en la página 2 del comparado), que señala: "Para la determinación del estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo, que conste en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros".
En consecuencia, a juicio de la Comisión, de los abogados penalistas que nos asesoraron y de los representantes del Ministerio de Transportes, la creación de un tipo penal especial es correcta, porque no podría haber acumulación, toda vez que no se sabe si el conductor está manejando en estado de ebriedad o no. Lo que va a ocurrir es que habrá una sanción para la persona que se niegue a efectuarse el examen, independiente del resultado que este pueda arrojar.
Por eso, consideramos que la fórmula propuesta por la Comisión de Constitución es mejor que la de la presunción legal, la cual, en la práctica, no se aplica, dada la jurisprudencia constante de los tribunales.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Senador Harboe.
Le voy a dar la palabra al Honorable señor Espina, quien también es miembro de la Comisión de Constitución.
La Mesa considera importante despejar bien el punto. Por eso estoy dando la oportunidad de que se discuta el asunto, porque todos queremos tener claridad para mejor resolver y despachar una buena ley.
Me parece legítimo que haya inquietudes. Pero nos tomaremos el tiempo necesario, así que les pido paciencia. A la Mesa le parece relevante conocer bien la duda del Senador Orpis, que la Comisión de Constitución -a cuyo Presidente hemos escuchado- aparentemente ha resuelto en buena forma.
Le voy a conceder brevemente la palabra al Senador Espina. Y si algún otro miembro de la Comisión también desea hablar, igualmente se la daré, luego de lo cual procederemos a votar.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, solo deseo despejar la duda planteada por el Senador Orpis.
Quisiera demostrarle a mi Honorable colega que en materia penal no existen las presunciones y que, por tanto, un tribunal no puede aplicar el inciso final del artículo 183.
Cuando se produce un hecho de la naturaleza en cuestión, se da origen a un juicio penal, más allá de la ley donde se halle establecido el delito. Se trata, reitero, de un juicio penal. Y nuestro Código Procesal Penal, que regula el juicio penal, establece expresamente en su artículo 340, inciso segundo, lo siguiente: "El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral". En nuestro país no se puede condenar a una persona sobre la base de una presunción, pues así quedó definido cuando se dictó el nuevo Código Procesal Penal. No existe esa posibilidad. Y por eso los tribunales no aplican la presunción.
Por lo tanto, la norma que menciona el Senador Orpis no opera en materia penal, porque expresamente la preceptiva que regula todo el juicio penal, que es el Código Procesal Penal, le dice al juez: "Mire, usted no puede condenar por presunciones, sino por pruebas que le sirvan para formarse convicción". Las presunciones se terminaron en el Derecho Penal chileno, así como en el de otros lugares.
En consecuencia, mantener la norma es inconducente, pues, como bien indicó el Senador Harboe, al no haber, en definitiva, un delito específico sobre la materia, a quien se arrancaba del lugar del accidente, no se realizaba la alcoholemia y no era ubicado sino hasta tres días después, el juez no podía aplicarle la presunción de conducción en estado de ebriedad, porque el Código le ordenaba expresamente a este no condenar por presunciones, sino solo por pruebas concretas presentadas en juicio. Y eso -insisto- se da no solo en el Derecho Penal chileno, sino también en todos los países que poseen un Estado un Derecho que contemple las normas de un debido proceso.
Por lo tanto, la Comisión ha hecho lo correcto. Simplemente, ha configurado un delito con distinta graduación de penas dependiendo de si hay lesionados o no y de la gravedad de la lesión. De manera que mantener la presunción solo conduciría a un engaño y a una distorsión de lo que son las normas vigentes en el Código Procesal Penal. Y esa fue la razón por la cual la Comisión, después de meditarlo mucho, decidió introducir el cambio que se plantea a la Sala.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Senador Espina.
Como ya señalé, creo que es importante tener claridad sobre lo que se va a votar.
Aún quedan varios oradores inscritos y vamos a seguir ofreciendo la palabra de acuerdo al orden en que aparecen en la lista.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha solicitado la palabra el Honorable señor Lagos, también para una cuestión de Reglamento.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, pido que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el viernes 12 de septiembre, a las 12, para el proyecto que crea el Administrador Provisional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeción, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Volvemos al proyecto que modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad.
Si entiendo bien, se votaría la totalidad de las normas, exceptuada aquella para la cual el Senador Orpis ha pedido votación separada.
Hago la prevención, eso sí, de que el artículo 4° ya fue aprobado al comienzo de la discusión.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, algunos Senadores aún no hemos hecho uso de la palabra, por lo que me gustaría que la votación se efectuara una vez que hubiésemos intervenido todos.

El señor WALKER (don Patricio).- ¿Por qué no abre la votación, señora Presidenta?

El señor ORPIS.- Yo pedí votación separada.

El señor LARRAÍN.- Si se abre la votación, no tengo problemas.

La señora MUÑOZ.- Que se abra la votación, señora Presidenta.

El señor HARBOE.- Sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Exactamente. Yo estaba hablando de abrir la votación, Senador Larraín.

El señor LARRAÍN.- Está bien, entonces. No tengo inconveniente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En consecuencia, se abriría la votación, manteniendo, por supuesto, los tiempos y el orden de los oradores.

El señor HARBOE.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador.

El señor HARBOE.- Estoy de acuerdo en que se mantengan los tiempos, pero quiero hacer presente que lo que hemos tratado de hacer, transversalmente, en la Comisión de Constitución, en conjunto con el Gobierno, es que este proyecto pueda ser promulgado, tal como aquí se planteó, antes del 18 de septiembre, que es la fecha donde tradicionalmente se produce mayor consumo de alcohol. Y eso solo será posible en la medida en que el Senado evacúe hoy el oficio de aprobación a la otra rama del Parlamento, para que esta pueda poner en tabla y aprobar el proyecto el día de mañana.
El Presidente de la Cámara de Diputados -se lo digo al señor Secretario- me ha expresado su disponibilidad para que, si la iniciativa es despachada hoy por el Senado, se le mande de inmediato el oficio correspondiente para que el proyecto pueda terminar su tramitación legislativa mañana jueves.
Apelo a la voluntad del Secretario General para ese efecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Esperamos que así ocurra.
Antes de proceder a la votación, le voy a consultar al Senador Orpis, por última vez, cuál es la norma que desea votar en forma separada.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, con el ánimo de facilitar las cosas, no tengo ningún inconveniente en que se efectúe una sola votación, pero dejando constancia de mi voto negativo en cuanto a la eliminación del inciso final del artículo 183.

El señor DE URRESTI.- ¡Muy bien!

El señor LAGOS.- ¡Bien!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le agradezco al Senador Orpis su decisión, por lo que a continuación se abriría la votación y se seguiría con el orden de los oradores.

El señor ORPIS.- Eso, solo respecto del artículo 1°, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así lo entiendo, señor Senador.
Para que quede claro, la votación cubrirá todo el artículo 1° del proyecto, pero dejando constancia del voto negativo del Honorable señor Orpis respecto de la supresión del inciso final del artículo 183.
Además, se entiende que los artículos 2° y 3° quedan eliminados, por razones de procedimiento. Estaban de más, por lo que automáticamente quedarían suprimidos.
Por lo tanto, con las prevenciones mencionadas, lo que se votará enseguida será el artículo 1° y la supresión de los artículos 2° y 3°.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Entonces, queda abierta la votación, manteniéndose los tiempos y la lista de oradores.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, deseo justificar mi apoyo al proyecto.
El detalle ya lo entregaron los colegas de la Comisión de Constitución. Yo solo quiero poner algunos énfasis.
Creo que todos estamos de acuerdo en que nos hallamos frente a una legislación que es dura -superdura, en realidad-, pero que se condice con el valor de la vida, tal como se ha planteado acá. Lo que busca es transformarse en un disuasivo efectivo ante una conducta que queremos y debemos cambiar. Se trata de una situación que se puede prevenir, que se puede evitar.
El número de muertes causadas en accidentes de tránsito por conductores en estado de ebriedad es importante: 117, el 2011; 118, el 2012; 105, el 2013. Estamos frente a una realidad que justifica la aplicación de penas que sean efectivamente disuasivas.
Se ha señalado que con la actual legislación, quien abandona el lugar del accidente puede tener derecho a la remisión condicional de la pena. O sea, ni siquiera cumple una pena privativa de libertad. Ahora, con la nueva normativa, en situaciones como la que se ha recordado (el caso de la pequeña Emilia), habría una pena de cinco años, con un año de presidio efectivo.
Me parece importante que se analice la situación y se contemplen aquellos casos en que no se cumple con el "deber de socorro" -por así llamarlo-, con la obligación que le asiste a todo conductor que se ve envuelto en un accidente de tránsito: detener la marcha de su vehículo, prestar la ayuda que le sea posible a la víctima, obviamente de acuerdo a las circunstancias, y avisar a Carabineros a la brevedad.
Esa es la obligación mínima que debería tener cualquier persona involucrada en un accidente.
También debería considerarse el hecho de que alguien se negara a practicarse el control de alcotest.
La idea es que en esos casos la pena sea asimilable a la del conductor que se encuentra en estado de ebriedad y provoca un accidente con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas.
Ahora bien, quiero añadir -aprovechando, además, que se encuentra con nosotros la Ministra Ximena Rincón, quien ha tenido un compromiso importante en la tramitación de esta iniciativa- que es necesario informar, educar al respecto.
Esta será de esas leyes que a uno le gustaría que no se aplicaran, porque cuando se hace significa que una persona perdió la vida o quedó gravemente herida.
Se ha señalado que nuestro deseo es que esta normativa en proyecto entre en vigencia antes del 18 de septiembre, porque sabemos lo que ocurre, frente a una festividad larga como Fiestas Patrias, con el consumo de alcohol.
Por lo tanto, estimo urgente que exista un esfuerzo decidido, importante, de los medios de comunicación, para informar acerca de esta ley en proyecto a fin de que ojalá cumpla con el objetivo de prevenir, de disuadir, de generar cambios de conducta, de hacer que quienes manejan un vehículo lo hagan efectivamente con responsabilidad, por la vida de otros y también por la propia.
Ese es el propósito de una legislación que, como esta, consagra penas importantes, duras, pero que busca generar ese cambio de conducta.
Así que ojalá se pueda actuar con celeridad porque estamos ad portas, a pocos días, de la celebración de Fiestas Patrias. Y, si esta normativa entra en vigencia, espero que al mismo tiempo se realice, a través de los medios de comunicación, una campaña fuerte, agresiva y en la que, por supuesto, todos podamos colaborar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, voy a votar a favor de esta iniciativa, porque obedece a la realidad existente en un país donde aumenta considerablemente el tipo de delitos de que se trata.
Esta práctica ha sido adoptada por otros países del mundo. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta lo aquí planteado en el sentido de que estamos elevando ostensiblemente las penas y, además, estableciendo que cualquier persona que cometa este tipo de delito deba pasar al menos un año de presidio efectivo en la cárcel.
Aquí hablamos de sancionar a un ciudadano, por manejar en estado de ebriedad y quitarle la vida a una persona, con la pena de tres años y un día a cinco años y, eventualmente, de tres años y un día a diez años.
Como dije en otra oportunidad, nos encontramos frente a un proyecto de ley donde se ha puesto un piso de pena de cárcel -que deberá ser cumplida- de un año de presidio efectivo.
Señora Presidenta, no quiero describir esta iniciativa legal, porque lo hicieron muy bien los miembros de la Comisión, sino que voy a plantear dos temas que, a mi juicio, son importantes.
Podría ocurrir que aprobáramos hoy este proyecto y que, una vez que se implementara y se sancionara a una persona, empezáramos a revisar de nuevo esta legislación si los medios de comunicación nos plantearan que efectuamos algo sin pensar en lo que podría suceder.
A este respecto, debo señalar que hasta hace algún tiempo existía en nuestro país una sección especial llamada "Anexo cárcel Capitán Yaber". A este lugar se enviaba a todas aquellas personas sancionadas por cometer este tipo de delitos. Pero una vez que entre en vigencia esta ley en proyecto (me parece difícil que ello ocurra dentro de la semana, como sugieren algunos; pero supongamos que comienza a regir mañana) -presten atención, se lo he planteado a la Ministra- quien cometa este tipo de ilícitos, aunque sea primerizo, es decir, que nunca antes haya cometido delito alguno, y a pesar de que se le apliquen atenuantes, tendrá que pasar un año en la cárcel junto con delincuentes peligrosos.
Por tanto, hay aquí una tarea para el Ejecutivo -por eso se lo planteé a la Ministra Rincón-, en el sentido de crear una sección donde esas personas puedan cumplir su pena.
Ahora bien, con relación a lo señalado por el Senador Araya, en cuanto a qué pasaría si el médico que le prescribe un tratamiento con ansiolíticos a una persona, lo que es legítimo, le dice que no posee restricción para manejar, debo aclarar que, de entrar en vigencia la normativa en estudio, como ese tema no ha quedado zanjado, a aquella le podría ocurrir el mismo drama en comento.
Chile es uno de los países, según los medios de comunicación, con más consumo de ansiolíticos en el mundo. No sé si alguno de los Senadores médicos lo puede ratificar. Pero es lo que he leído en la prensa. El Senador Girardi dice "sí".
En consecuencia, señora Presidenta, estamos frente a un tema que puede resultar dramático.
Por eso, le encuentro razón al Senador Araya en cuanto a que, si una persona sometida a tratamiento con ansiolíticos prescritos por un médico -es legítimo- comete el día de mañana un acto punido, como atropellar a alguien y darle muerte estando bajo la influencia de químicos o psicotrópicos, va a tener la misma sanción.
Eso hay que repararlo ahora, ya. Porque no es el mismo caso de alguien que se encuentra sometido a un tratamiento y el médico le dice que no puede manejar y, sin embargo, lo hace. En este caso, a mi juicio, se caería claramente bajo el tipo penal que se pretende establecer.
Por lo tanto, me parece indispensable tener en cuenta los dos puntos planteados.
Finalmente, quiero enviar un mensaje.
Como se ha dicho aquí, ojalá que esta ley en proyecto, como cualquier otra, nunca se aplique. Y para eso, señora Presidenta, hay que darle gran difusión.
A mi juicio, para que la opinión pública tome conocimiento de esta normativa, a través de los medios de comunicación, en los programas del SENDA o los del Ministerio de Salud o de Justicia, se debe realizar una campaña donde se notifique a las personas de su contenido.
Aquí no se trata de que no se pueda consumir alcohol, sino de que no sea posible la mezcla de ingerir alcohol y conducir un vehículo.
Por lo tanto, es preciso comunicarle a la gente en su momento, dado que la ley se presume conocida por todos, que ella está en vigencia y que quienes incurran en el tipo penal señalado tendrán una sanción grave, draconiana, como la que estamos aprobando hoy día.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, en esta discusión se ha ahondado bastante en el nuevo cambio y tipificación del delito de manejar en estado de ebriedad y causar la muerte o lesiones graves gravísimas.
Además, se ha explicado bien por cada uno de los colegas que me han antecedido cuál es la modificación que se introduce en materia de aplicación de la pena, donde se le quita al juez la facultad de poder jugar con un amplio rango.
Asimismo, se han establecido dos tipos penales autónomos para tipificar el delito de fuga -esto es, cuando el conductor huye del lugar y no auxilia a la víctima- y, también, una sanción efectiva para los que se niegan a practicarse el examen de alcotest.
En eso se ha avanzado. Hemos tenido una política clara, precisa, consensuada dentro de la Corporación.
Ahora, pienso que el debate de esta Sala apunta principalmente a poner el acento en que se está introduciendo un cambio en la política criminal concerniente a la tolerancia y el manejo en estado de ebriedad.
A este respecto, debo señalar que, así como hace un par de años se dictó una drástica legislación en materia de tolerancia cero al alcohol en la conducción de vehículos motorizados, lo que ha bajado claramente las estadísticas de accidentes de tránsito en que hay presencia de alcohol -así lo explican las distintas autoridades con las que hemos conversado-, esperamos que la entrada en vigencia de esta nueva normativa disminuya absolutamente la ocurrencia de accidentes con resultado de muerte.
De acuerdo a datos de la CONASET, el año 2011 hubo 4 mil 206 accidentes, en los que murieron 117 personas y 651 resultaron con lesiones graves. El 2012 fallecieron 116.
Esperamos que, producto de esta ley, con una política de cambio criminal, con una política de educación, se modifique radicalmente lo anterior para no tener que ver las dramáticas situaciones que se dan no solo el 18 de septiembre.
Por eso, señora Presidenta, yo también formulo mis observaciones sobre el particular.
Aquí no hay que legislar para antes o después del 18, sino para cambiar las conductas de todos los ciudadanos y para que entiendan que conducir bajo la influencia del alcohol y causar lesiones graves tendrá una sanción durísima, que conllevará directamente (con independencia de posibles atenuantes como la irreprochable conducta anterior) la permanencia de un año en un recinto carcelario.
¡Esa política debemos difundir!
Creo que el Gobierno y también la sociedad debieran concentrarse (al igual que con la Ley de Tolerancia Cero a manejar habiendo ingerido alcohol) en educar para que un joven, un adulto o cualquier ciudadano sepan que, por una noche irresponsable, por un par de tragos más, el enfrentarse a un accidente de tránsito con resultado de muerte o de lesiones graves les significará una sanción dura y difícil: la permanencia en la cárcel.
Eso se debe comprender y explicar. Hay que educar al respecto. Se tiene que persuadir a la comunidad para que cambie su conducta no solo por el temor a la pena, no solo por la sanción, sino porque aquella le puede cambiar absoluta y directamente sus condiciones de vida como ser humano. No será una simple distracción de fin de semana, o un mal rato en tribunales, previa contratación de un abogado.
Por lo tanto, creo que ahora corresponde la difusión de tan importante política, con la ayuda de todos los medios de comunicación, por parte del Gobierno. Pero seamos claros: ello también tiene un enorme componente personal, familiar, interno, y nosotros también deberemos hacer conciencia sobre el particular en nuestro entorno.
En cuanto a la iniciativa que nos ocupa, hay dos aspectos que deseo consignar.
Eso sí, señora Presidenta, me gustaría que la Ministra escuchara mi opinión.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor De Urresti está pidiendo, por intermedio de la Mesa, que la señora Ministra atienda lo que le interesa argumentar.

El señor DE URRESTI.- Gracias por su interrupción, señora Presidenta, porque lo que señalaré es más relevante que si la ley en proyecto sale antes del 18 o después del 19 de septiembre, o si se publica la semana siguiente.
A mi juicio, resulta fundamental contar con una política carcelaria. Un primerizo que comete un delito grave, con la consiguiente sanción que ello implica, no enfrentará condiciones dignas en nuestros recintos penitenciarios, al estar privado de libertad por un año con reos comunes, de alta peligrosidad, en su mayoría reincidentes.
Queremos que se envíe una señal clara al respecto, pero también que existan condiciones de dignidad para una persona sancionada, no obstante cometer un delito de la gravedad descrita.
Nosotros votaremos a favor de esta ley en proyecto. Sin embargo, pienso que lo que se apruebe debe tener un efecto disuasivo, y no uno condenatorio más allá de la pena impuesta por el tribunal.
Es claro que nuestro sistema penitenciario no hace distingo alguno en materia de primerizos, y tampoco se halla preparado para el aumento de condenados producto de este tipo de delitos.
El lunes le consulté personalmente al Ministro de Justicia en la Comisión por la cantidad de reclusos que cumplen condenas por esta clase de ilícitos. Me respondió que aproximadamente 700 personas a lo largo de nuestro país.
Vamos a tener un aumento exponencial de condenados, pues no habrá un cambio de actitud de la noche a la mañana. Esto requiere educación, convencimiento, pero también un sistema carcelario a la altura de las circunstancias, y que la pena, además de su cumplimiento efectivo, tenga un resultado disuasivo, para que cualquier ciudadano sepa que quien cometa un delito de esta naturaleza no saldrá caminando en libertad y con absoluta impunidad al día siguiente.
Dejo tal constancia, y me gustaría escuchar las palabras del Ejecutivo en ese sentido, porque lo anterior, aparte de ser materia de ley, requiere una adecuación reglamentaria para llevarlo adelante.
Por otro lado, también son relevantes otros dos elementos que van más allá del proyecto que estamos aprobando: la educación de las policías y la dotación de material técnico para la realización de alcoholemias,¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Redondee la idea, señor Senador.

El señor DE URRESTI.- ¿ además de una mejora en la institucionalidad a cargo de las alcoholemias y en el personal, especialmente de Carabineros, que debe tomar el alcotest al momento que detener a alguna persona, con el objeto de que no existan dudas sobre el particular.
Me parece que también hay que avanzar desde el punto de vista administrativo.
Voy a votar a favor, y ojalá que esto se entienda como una señal clara y precisa de tolerancia cero a la conducción en estado de ebriedad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, la verdad es que había pedido hacer uso de la palabra hace un buen rato, pero cada vez que interrumpí por alguna materia reglamentaria fui perdiendo mi lugar en la lista de inscritos.
Creo que hay un problema en el sistema, porque eso no debería ocurrir.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le pido disculpas, Su Señoría.
De hecho, en este momento acabamos de subir su ubicación en el listado de oradores, pues nos dimos cuenta de que era injusto que, por haber pedido la palabra para un asunto de Reglamento, se nos hubiese "caído" dos veces.

El señor LARRAÍN.- No es tan grave, señora Presidenta.
En todo caso, eso me evita una referencia muy detenida al proyecto, ya que los demás miembros de la Comisión, empezando por su titular, han explicado, y muy bien, su contenido.
En lo sustantivo -como se ha dicho-, la iniciativa que nos ocupa agrava en forma muy dura las penas a quienes conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o de estupefacientes y causan lesiones gravísimas o la muerte a una persona.
Y subrayo el uso de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, porque tendemos a hablar solo de manejar en estado de ebriedad, pero la ley no hace un distingo como tampoco esta normativa.
De ahí que sea importante dejar claro que aquí se considera un tipo de conductas amplio. Dicho de manera simple: la de conducir un vehículo estando ebrio o drogado y, por ese hecho, causar la muerte o lesiones gravísimas a otras personas.
Lo anterior se inspiró en Emilia, como ya se señaló. Sus padres nos acompañan y también muchos otros que se han organizado luego de ser víctimas de situaciones similares, todos los cuales, con razón, han señalado la baja penalidad de estos hechos delictuales.
Finalmente, después de un largo peregrinar, se incorporaron delitos o ilícitos nuevos, como el de la negativa a someterse a examen (presenta problemas -ya lo mencionó el Senador Orpis-; no obstante, me parece que en último término es mejor que la presunción existente); el agravamiento de la fuga del lugar del accidente, y, en lo fundamental, el cambio de las penalidades para quienes causen lesiones graves gravísimas o la muerte, en forma muy significativa.
Sin embargo, el efecto más relevante que tendrá la ley en proyecto -es bueno que se sepa bien- no solo se relaciona con el aumento de las penas, sino también con el hecho de que, por la forma en que ellas se van a aplicar, en particular las penas sustitutivas, una vez que el juez determine la penalidad que le corresponde a una persona no habrá posibilidad de cumplir esa sanción penal en libertad. Es decir, la persona que conduzca bajo las condiciones en comento tendrá a lo menos un año de cárcel efectiva.
Eso quisimos subrayar quienes intervenimos, pues representa el cambio más relevante que introduce el proyecto. Y, probablemente, a la opinión pública le costará asimilar esta causal de mayor gravedad.
De ahí la importancia de que el mensaje sea simple: quien maneje en estado de ebriedad o drogado debe saber que si, por desgracia, provoca un accidente -aunque no lo busque, pero por cometer una grave imprudencia-, puede terminar a lo menos cumpliendo un año de cárcel. Y, si además existe otra circunstancia agravante, puede pasar dos años y medio o más, según la pena que se le dé, en un recinto penitenciario.
Así de sencillo.
Estamos dando un paso durísimo. No es fácil. Confieso que a mí me ha costado hacerlo. Sé que muchos Senadores o Senadoras también tienen dudas, porque se propone un salto cuantitativo y cualitativo grande. Y va a ser objeto de mucho cuestionamiento, probablemente.
Cabe dejar constancia de que la Ley de Tolerancia Cero no ha tenido la capacidad de reducir en forma significativa los accidentes automovilísticos que causan lesiones o muerte provocados por manejo en estado de ebriedad.
Es imperativo que la comunidad sepa ahora que no se debe conducir en estado de ebriedad ¡bajo ninguna circunstancia! Ya no es admisible pensar: "A lo mejor no me van a pillar los carabineros porque no andan de ronda". En ese estado cualquier persona puede causar un accidente, y ahí se va arrepentir por el resto de sus días.
Tenemos que transmitir con mucha fuerza que el legislador, junto con el Gobierno, ha dado un paso muy resuelto para impedir que se afecte la vida de gente inocente debido a la irresponsabilidad de quienes manejan ebrios o bajo el efecto de drogas.
¡Así de simple, así de claro!
Podremos hacer muchas disquisiciones sobre la materia y darnos vuelta en torno a si es bueno implementar un anexo de cárcel especial para estos casos, como bien sugirieron los Senadores Prokurica y De Urresti. Sin embargo, el problema de fondo es otro, y la comunidad debe advertirlo y asumirlo.
Cuesta dar este paso, pero quienes han estado cerca de las víctimas, al final, se dan cuenta de que esto es necesario para Chile.
Por eso he colaborado en esta materia y votaré a favor de lo propuesto.
Creo que hay que entregar señales claras, draconianas, para que finalmente cambie el comportamiento de la gente y protejamos la vida de todos, incluso la de quienes cometen graves imprudencias, como es manejar bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Nuevamente pido disculpas a los Senadores señores Larraín y Letelier, quienes intervinieron por temas reglamentarios, por haber quedado fuera de la lista de inscritos.
Por supuesto, fue algo involuntario.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, al principio del debate manifesté mi aprensión con relación a la repercusión que generará la modificación propuesta, más allá de lo que ha provocado el análisis específico de la llamada "Ley Emilia".
Me refiero al impacto que dicho cambio legal provocará en el sistema penal de nuestro país. En mi opinión, se marcará un antes y un después a partir de esta fecha. Habrá efectos significativos en nuestro saturado sistema carcelario y en otros ámbitos.
Dejo planteada la importancia de profundizar sobre ese asunto en otro momento.
En cuanto al contenido del proyecto, hago presente que en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones conversamos acerca de muchas cosas; entre ellas, la obligación de socorrer a las víctimas de un accidente.
En ese punto se produjo una discusión: ¿qué responsabilidad le cabe a cualquier ciudadano frente a un accidente, aunque no sea el causante? ¿Debe socorrer a la persona herida?
En el texto que se somete a nuestra consideración el debate está acotado al juicio social que reprocha la conducta de quienes conducen borrachos o, como indicó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, drogados. La norma emplea el término "droga" en genérico, no distingue entre lícita e ilícita.
Ahí se genera una controversia, que no vamos a resolver hoy. En todo caso, preciso que el Senador señor Larraín se refirió a las drogas "ilícitas", en tanto que el Honorable señor Araya habló sobre las "lícitas".
Con todo, se propone una sanción.
Por otra parte, tengo una duda respecto al parámetro que fijó nuestra legislación para medir si el conductor está bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Se dice que 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre equivale como a dos copas de vino. A mi juicio, la discusión sobre el parámetro se va a terminar haciendo nuevamente a futuro. Es algo que está abierto.
Lo que está fuera de debate es lo de sentido común: cuando alguien anda borracho -repito que no voy a entrar en esta ocasión al análisis técnico de si debieran ser 0,8 gramos, 0,9 o 1,2- y mata a alguien, por cierto, debe ser sancionado.
Y debe estar tipificada la conducta de quien no presta auxilio. ¡Nadie se debe arrancar!
En esa idea matriz yo estoy de acuerdo.
Hay ciertos temas que aquí se han precisado, respecto de los cuales uno debe ser responsable para evitar ser causante de muerte o lesión gravísima.
Tengo una duda, señora Presidenta, en torno a dos cosas en este proyecto.
La primera se la consulto a la señora Ministra -le planteé el punto en su momento y también lo hice presente cuando se abrió esta votación-: ¿qué significa "licencia suspendida" como agravante?
Soy partidario de que se elimine ese concepto del texto propuesto, pues creo que se va a prestar para confusión.
Esa es mi primera inquietud.
La segunda dice relación a cierto tipo de situación, respecto de lo cual no tengo una convicción formada. Me refiero al hecho de que en la mitad de los accidentes automovilísticos con resultados de muerte hay peatones involucrados.
En muchos de esos casos -no dispongo de la estadística exacta- es difícil precisar si el conductor es realmente el causante. Si un peatón se cruza en una carretera de alta velocidad y provoca un accidente, ¿es considerado causante de este o esa responsabilidad cae igual sobre el chofer del vehículo?
¿Cómo se va a precisar ese tipo de situaciones?
Ese no es el origen de la "Ley Emilia", por cierto. Pero cabe hacer la reflexión.
¿Hay culpa compartida en el caso descrito?
Me surge la duda. Quisiera saber cuál será la interpretación que aplicarán los jueces de nuestros tribunales a tales circunstancias.
Señora Presidenta, insisto: queremos que la sociedad sancione mínimo un año en la cárcel al conductor borracho que causa la muerte de otra persona en un accidente automovilístico y que luego se arranca, no se somete a la alcoholemia y no presta ayuda debida.
No tengo dudas en esa parte. Pero sí en lo relativo a las otras interpretaciones que precisé: lo concerniente a la licencia suspendida -¿qué implica eso?- y lo relativo a cómo se va a determinar al causante de un accidente. Esto es confuso.
Yo represento a una zona donde se registran muchos accidentes de vehículos con peatones y, también, con personas en bicicleta.
Es necesario poder precisar el asunto en esos casos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto adicional para que termine.

El señor LETELIER.- Gracias.
No quiero entrar a la casuística, pero, a mi juicio, debe resolverse cómo se determinará al causante del accidente.
Sin perjuicio de lo anterior, señora Presidenta, pienso que esta futura ley propiciará un cambio de conducta.
Ahora bien, en mi opinión, se observa una tremenda hipocresía en nuestra sociedad. Espero ver esta misma votación cuando se proponga prohibir la publicidad del alcohol. Ojalá en ninguna camiseta de ningún club deportivo aparezca el logo de alguna bebida alcohólica. A mí me avergüenza que se use esa estrategia en el equipo de fútbol del cual me he sentido parte durante mucho tiempo.
Me parece que hay hipocresía en la sociedad: se defiende una idea, pero se va en contra de ella al permitir que la publicidad se utilice para todo, porque es un buen negocio.
Si queremos cambiar conductas, tenemos que ser consistentes.
Deseamos reducir el consumo abusivo de alcohol en toda circunstancia. Por eso la legislación sanciona a quien maneja un vehículo luego de haber bebido, ya que puede poner en peligro la vida de otros.
Creo que este proyecto constituye un avance. Sin duda, es mucho mejor que el que tramitamos meses atrás. El tiempo transcurrido ha sido para mejor.
Vamos a terminar con una buena legislación y abriendo un debate sobre la escala de penas y la equivalencia que tendrá la penalidad propuesta en esta iniciativa con la fijada para el homicidio simple, donde existe premeditación, intención y dolo.
En la materia que nos ocupa puede haber un cuasidelito. De hecho, lo que hasta ahora se consideraba tal se va a calificar de otra forma.
En consecuencia, voy a apoyar este proyecto, dejando constancia de las dos dudas que señalé.
Señora Presidenta, solicito recabar el acuerdo de la Sala para eliminar el término "suspendida" con relación a la licencia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Daré la palabra al Senador señor Espina, precisamente, para que se refiera a ese punto.
Puede intervenir, Su Señoría.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, conversé con todos los miembros de la Comisión de Constitución al respecto.
El proyecto contempla (página 22 del comparado) tres circunstancias que agravan la responsabilidad de quien comete el delito de conducir en estado de ebriedad, causando lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte.
La primera se refiere al reincidente, lo que ha quedado claramente explicado.
La segunda, al conductor profesional, a quien se le ha entregado la responsabilidad y confianza de transportar personas o bienes.
Y la tercera, al chofer que maneje con su licencia cancelada, dado que este no debiera manejar bajo ninguna circunstancia.
En el texto propuesto se habla de licencia de conducir "suspendida o cancelada".
Los integrantes de la Comisión somos partidarios de suprimir la expresión "suspendida".
¿Por qué?
En primer término, porque la pena por licencia suspendida no dice relación con la conducción en estado de ebriedad. Además, si un conductor ha sido sancionado anteriormente por manejar en estado de ebriedad, se aplica la causal número 1.
En segundo lugar, porque se trata de una pena accesoria. Por tanto, igualmente tendría que aplicarse la causal de reincidencia.
Y por último, porque puede obedecer a situaciones que nada tienen que ver con el consumo de alcohol. Un juez puede suspender por 15 días la licencia de una persona que maneja a 80 kilómetros por hora en una zona de 60.
La magnitud de las otras circunstancias que agravan la responsabilidad de la conducta en comento son suficientemente fuertes y se justifican: reincidente del delito; chofer profesional; persona con licencia caducada.
¡Pero no existe ninguna magnitud agravante en la suspensión de una licencia!
Por lo tanto, los miembros de la Comisión somos partidarios de eliminar la palabra "suspendida". No nos parece adecuada a la magnitud de la gravedad.
¡Cuidado! La experiencia indica que cuando un juez considera que las normas agravantes no están de acuerdo a la magnitud del delito no las aplica nunca.
Y el proyecto quedará idéntico sin ese término.
Por otro lado, deseo aclararle al Senador Letelier algo que me parece de suma importancia.
Por regla general, el Código Penal sanciona a la gente cuando existe dolo, mala intención, voluntad de cometer delito: "Yo mato a alguien porque quiero"; "dejo a una persona herida con lesiones graves porque mi intención era matarla o dejarla en tales condiciones". Eso es lo que castiga el referido cuerpo legal.
Luego, a través de una norma excepcional, el mismo Código dice: "Pese a que usted no actuó con dolo, lo vamos a sancionar igual cuando tenga culpa". Eso se llama "cuasidelito". Y la culpa se expresa en cuatro conductas: negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de reglamentos.
En el caso que nos ocupa nos referimos a alguien que, conduciendo en estado de ebriedad, provoca un accidente de tránsito en forma negligente, imprudente e irresponsable. En otras palabras, si la persona responsable del choque actuó con negligencia, imprudencia, impericia o no respetó los reglamentos, asume la responsabilidad y se gatilla toda esta normativa.
Pero ¿qué ocurriría si el conductor ebrio es colisionado por otro vehículo, accidente en el cual es absolutamente inocente? Imaginemos que él efectivamente iba en estado de ebriedad, que se detiene en una luz roja y que otro automóvil lo choca por atrás, lo que causa la muerte de alguien.
En ese caso se tipifican dos delitos distintos.
Entre paréntesis, no estoy diciendo nada nuevo. Solo estoy clarificando la forma en que los tribunales interpretan la situación.
La conducción en estado de ebriedad es un delito por sí mismo; por tanto, el que lo comete va a recibir la pena correspondiente. Y si es reincidente, será sancionado considerando tal circunstancia.
Pero el culpable del accidente es el que actúa con negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos. De consiguiente, se le aplicará la pena al autor de esa conducta, que podría no ser el que conducía en estado de ebriedad, como en el caso que acabo de señalar.
Un tipo que manejaba ebrio -muy mal que lo haga, ¡pésimo!- detuvo su vehículo en una luz roja; entonces otro sujeto lo choca por atrás a 120 kilómetros por hora.
¿Quién sería el culpable del accidente? No el que iba borracho, aunque él cometía otro delito: manejar en estado de ebriedad.
¿Qué hará el juez? Dirá: "Mire, señor, a usted que manejaba curado le voy a aplicar una pena por esa conducta porque, desde luego, está cometiendo una grave infracción. Pero usted, que chocó por atrás a otro vehículo, es culpable del accidente". Y, probablemente, lo va a condenar por cuasidelito de homicidio.
Por lo tanto, se trata de dos delitos que operan en forma separada.
Lo que hace la modificación legal que nos ocupa es -digamos las cosas como son- considerar el caso, entre otros, de Emilia Silva, cuya causa han defendido sus padres con tanta fuerza. Realmente han sido un ejemplo de lucha.
Ellos contaron su experiencia: "Nosotros estábamos detenidos y un sujeto vino por atrás y, en forma irresponsable y en estado de ebriedad, nos chocó y mató a nuestra hija". Ahí se configuran la conducción en estado de ebriedad y, adicionalmente, la responsabilidad del choque. Más encima, la persona arrancó del lugar.
Le hago la aclaración al Senador Letelier porque estimo muy importante que quede en la historia fidedigna de la ley. Por lo demás, ha sido la interpretación que han hecho los tribunales.
Es relevante precisar la norma para que se sepan el sentido y alcance de lo que estamos discutiendo.
Le agradezco que me haya dado la palabra, señora Presidenta, para entregar esta aclaración.
Pido dejar constancia de esa precisión y recabar el acuerdo de la Sala para suprimir la palabra "suspendida". Los miembros de la Comisión están de acuerdo en ello. Hablé con todos. El Presidente de dicho órgano puede avalarlo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa estima absolutamente necesaria dicha modificación.
Me parece que habrá unanimidad para sacar la palabra "suspendida", porque se presta para la confusión que ya ha explicado latamente el Senador señor Espina.
Si le parece a la Sala¿

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Por unanimidad!

El señor LETELIER.- De acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo unánime para eliminar la expresión "suspendida" del número 3 del inciso cuarto del artículo 196 de la Ley de Tránsito, contenido en el numeral 5) del artículo 1º del proyecto?
--Así se acuerda.
)----------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En estos momentos ha llegado un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual comunica que se ausentará del territorio nacional el viernes 12 del presente, con motivo de realizar una visita oficial a la República del Uruguay, y que, en su ausencia, será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República, por el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Peñailillo Briceño.
--Se toma conocimiento.
)----------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en verdad, tengo sentimientos encontrados con relación a este proyecto de ley.
Voy a votarlo a favor, por cierto.
Pero me asiste la convicción de que el aumento de penas no resolverá el problema de fondo. Es lamentable. Y se corre el riesgo de hacer creer que dicho incremento de sanciones será la solución.
Dispongo en mis manos de información bajada de Internet sobre la legislación de países aledaños.
Según un blog peruano especializado, en Perú el Código Penal establece para este delito penas privativas de libertad que van de cuatro a ocho años.
En otro aspecto se señala: "La pena será no mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria".
Es decir, en esa nación se endurecieron las penas privativas de libertad.
Luego agrega: "Las penas se agravaron en mérito a la alta tasa de accidentes de tránsito, pero los accidentes de tránsito siguen sucediendo y en aumento, es el mismo problema que sucede con los delitos contra la libertad sexual, en que las penas aumentaron en la cantidad de años de sanción, pero los delitos han aumentado en cantidad ascendente.
"Se han tomado algunas medidas, a efectos de prevenir estos accidentes de tránsito, como los operativos de TOLERANCIA CERO," -palabras que conocemos- "que es realizada tanto por los funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como por la Fiscalía de Prevención del Delito.
"También se realizan los operativos de alcoholemia, donde participan los miembros de la Policía Nacional del Perú así como Fiscales de Prevención del Delito (¿).
"Pero a pesar de todas estas medidas, siguen sucediendo los accidentes de tránsito", y sigue habiendo muertes.
Sobre el particular, la CONASET expresa que durante los últimos años (2001-2010) se han generado 493 mil 647 accidentes de tránsito, los cuales han dejado un saldo negativo de 16 mil 379 fallecidos y 490 mil 563 lesionados de diversa consideración (71 mil 177 graves, 52 mil 117 menos graves y 367 mil 269 mil leves).
Con relación a la importancia dentro de la clasificación general, los accidentes de tránsito asociados a la presencia de alcohol (en conductores, pasajeros o peatones) ascendieron a 40 mil 506 casos, lo que representó 8,21 por ciento respecto del total de dicho período, constituyéndose en la quinta causa basal de accidentes de tránsito.
Por su parte, el número de personas fallecidas ascendió a 3 mil 347, situándose esos accidentes en el segundo lugar en materia de mortalidad.
Finalmente, los lesionados asociados al alcohol fueron 50 mil 261, lo que representó 10,25 por ciento del total.
Las estadísticas de la CONASET, de diez años a la fecha, revelan claramente que el alcohol está presente en una proporción que va de 8 a 10 por ciento de todos los accidentes de tránsito, pero ocupa el segundo lugar como causa de muerte.
La mayor cantidad de fallecidos se registra en personas con edades de entre 18 y 23 años. Es decir, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de los jóvenes en Chile. Y todo indica que endurecer las penas -como lo hemos visto- no resolverá el problema, porque este tiene que ver con la falta de educación.
¡El problema no es el alcohol, sino la carencia de educación!
Así lo han resuelto Europa, Estados Unidos: licencia con puntaje, disuasión, educación.
En el Senado, entre 2000 y 2004 se trató un proyecto de ley de mi autoría -tardamos seis años en sacarlo de la Cámara de Diputados- que establecía la obligatoriedad de enseñar las normas del tránsito tanto en la educación básica como en la media: buen peatón, buen pasajero, buen conductor. Se buscaba que los jóvenes asimilaran el valor del derecho a la vida, para formarlos desde abajo en materia de respeto a la vida del otro. Pero aquí se desechó la iniciativa porque dijeron que esta materia no correspondía a la Ley de Tránsito, sino que había que discutirla en otra área. Y, no obstante venir aprobada unánimemente por la Cámara de Diputados, aquí la votaron en contra y sin debate.
Entonces, siento que perdemos de vista la lucha por la cuestión de fondo: la educación, que es la que de verdad nos va a traer resultados positivos.
Hemos presentado un conjunto largo de proyectos de ley: nueve en total.
Planteamos que hay que castigar la fuga, porque en el 60 por ciento de los atropellos los conductores huyen y no existe seguro que respalde a quien fue atropellado.
Hemos sostenido que hay que sancionar a quien conduce fumando. Se sanciona al que maneja y habla por celular, pero no a aquel que fuma mientras conduce.
Hemos dicho que, además, debe establecerse que las multas vayan en beneficio de las campañas contra los accidentes del tránsito. Hoy los municipios tienen un gran negociado. ¡Digámoslo francamente! Y la mayor expresión de esto fueron los fotorradares. Muchos alcaldes comenzaron a comprar estos aparatos para financiar a la municipalidad.
Claramente, la estructura de las multas debiera estar asociada a campañas de difusión, de enseñanza, de educación para prevenir los accidentes de tránsito. Pero eso no ocurre. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito dispone de un presupuesto paupérrimo. Si tomamos en cuenta los más de 500 millones de dólares¿

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para concluir.

El señor NAVARRO.- Gracias.
Decía, señor Presidente, que debido a los accidentes de tránsito gastamos más de 500 millones de dólares anuales y que ¡la CONASET dispone de 4 miserables millones de dólares al año para combatir el problema!
Vamos a votar a favor. Vamos a endurecer las penas. Yo tengo serias dudas de que esto vaya a disminuir los accidentes de tránsito y el consumo de alcohol, porque no se educa al respecto y solo se aumenta la penalidad.
Ocurre lo mismo que con el robo de cajeros automáticos: se imponen mayores penas, pero los ladrones no se cuestionan al robar uno si les van a dar cinco o diez años de prisión; eso les da lo mismo. Y a quienes consumen alcohol también les da lo mismo, porque no hay educación, no existe conciencia sobre el peligro de ingerirlo.
Espero que la ley en proyecto surta efecto. Ojalá que con ella efectivamente se pueda avanzar. Pero creo que la educación es la solución de fondo. A ella tenemos que apostar, por cierto en un debate más tranquilo, más calmado.
Voto a favor del proyecto, con la esperanza de que tenga un efecto positivo y en la convicción de que la CONASET, el país y el Estado van a trabajar en tal sentido.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe, a quien debo explicarle que solo por una razón reglamentaria, dado que ya había intervenido, quedó al final de la lista de inscritos.

El señor HARBOE.- Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que tuve que hacer uso de la palabra en mi condición de Presidente de la Comisión de Constitución, pero solo para informar a la Sala.
Señora Presidenta, Aristóteles sostenía que la ley era el común consentimiento de la ciudad. La ciudad le encomienda al legislador que establezca ciertas reglas de conducta. Y estas reglas de conducta pueden ser permisivas, pueden ser prohibitivas.
En este caso estamos haciendo una ley prohibitiva. Pero no se trata solo de despachar una ley de este tipo porque se nos ocurrió que aumentar las penas es la solución a un problema social. No. Se trata también de una señal de modificación de una conducta cultural de nuestra sociedad.
Lo que estamos haciendo es, guardando cierta coherencia con las normativas aprobadas anteriormente (Ley de Tolerancia Cero), señalar que el legislador -es decir, los delegados de la ciudad- considera que el manejo en estado de ebriedad debe ser una conducta erradicada del comportamiento cultural nacional. Y por eso lo hacemos a través de una ley. Porque sería factible la dictación de un reglamento; pero él podría ser cambiado por el gobierno de turno. Una de las características de la ley es su estabilidad en el tiempo, más allá de las modificaciones de que puede ser objeto; establece conductas más allá de la autoridad de turno y va generando, y plasmando una visión de sociedad.
En ese entendido, debemos señalar que lo que estamos buscando con la ley en proyecto es generar un desincentivo a quienes conducen un vehículo hallándose ebrios. Porque no necesariamente estamos aumentando la penalidad, pero sí haciendo más drástica y efectiva la aplicación de las sanciones vigentes a las personas que imprudente y voluntariamente beben alcohol y manejan.
Bien lo dijeron Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: el Código Penal contempla delitos y estos involucran voluntad, ánimo, intención de causar algún tipo de acción antijurídica y culposa.
Al matar a otro con intención existe voluntad. Pero también se sancionan los cuasidelitos, que se registran cuando el sujeto no tiene la voluntad de causar daño pero lo provoca.
En este caso nosotros buscamos sancionar en un punto intermedio: entre delito y cuasidelito.
Quiero explicarlo, porque la doctrina lo ha denominado muchas veces "dolo eventual" y la jurisprudencia reiteradamente no lo ha considerado. Y, como no lo ha considerado, este legislador tomó valientemente una fórmula intermedia y dijo: "Es cierto. Usted no quería hacerlo, pero atropelló a una persona y le causó la muerte. Pero le causó la muerte porque no iba atento a las condiciones del tránsito". Porque en este caso no se aplica la ley en proyecto. Esta se aplica cuando ocurren los mismos hechos pero, en forma voluntaria, el sujeto con anterioridad se puso en un estado que lo incapacitaba temporalmente para reaccionar, pues había ingerido alcohol. Es decir, se trataría de un accidente que pudo evitarse.
En consecuencia, con la ley en proyecto, el legislador considera que existió voluntad del sujeto. Porque antes de subirse al vehículo razonó y dijo: "Voy a manejar; conduzco en estado de ebriedad, y me dan lo mismo los resultados o lo que pueda ocurrir". Entonces, hay un elemento volitivo: no siendo un delito, existe voluntad de exponerse imprudentemente al riesgo de causar lesiones graves o la muerte.
Por eso se establece esta legislación, con el objetivo de desincentivar la conducción en tales condiciones.
La fórmula más fácil habría sido el aumento de las penas. Sin embargo, por esa vía habríamos provocado una desproporción entre la sanción de un cuasidelito como este -o dolo eventual- y un delito como el homicidio, que recibía una pena mínima de cinco años y un día. Matar a una persona voluntariamente solo se sanciona con cinco años y un día de prisión.
Decidimos, pues, no proceder a un incremento extraordinario y desproporcionado de las penas, sino buscar una fórmula para que el juez tenga que aplicar sanciones efectivas a quienes se pongan en tales circunstancias.
Esa es la virtud del proyecto: que, después de varios intentos, logra compatibilizar la proporcionalidad de las penas con una medida de aplicación racional y de obligación al juez al decirle: "Usted solo se va a poder mover en este rango, con circunstancias agravantes de acuerdo a la exposición al riesgo; pero, a la vez, en determinados eventos nunca va a poder dejar en libertad a esta persona, la que deberá cumplir presidio efectivo a lo menos por un año".
Ya se ha descrito a cabalidad el articulado, y me parece que se ha dado sobre él una vasta explicación. Por ello, no me referiré al problema puntual que se procura solucionar.
Quiero, sí, manifestar que este proyecto está indefectiblemente vinculado a la siguiente iniciativa incluida en la tabla de hoy, que contempla el aumento del piso de la pena para el delito de homicidio. Ello, porque no sería lógico que el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte tuviese una regla para aplicar efectivamente la sanción de prisión preventiva si mantuviésemos el piso de la pena de homicidio, que es de cinco años y un día.
Por ejemplo, si hoy tomo la decisión de matar a alguien, me expongo a una pena teórica de cinco años y un día. Empero, como tengo a lo menos tres circunstancias atenuantes, ella bajará y la cumpliré en libertad, a pesar de haber querido matar a una persona.
Entonces, si aprobáramos la ley en proyecto y no hiciéramos lo propio con la iniciativa que trataremos en seguida y para que existiera proporcionalidad -sugiero a la Sala aprobarla sin discusión-, podría ocurrir que alguien que atropellara en estado de ebriedad a una persona recibiera una sanción efectiva mayor que la aplicada a quien decide matar a otro.
Por eso, en el caso del segundo proyecto le aumentamos el piso a la pena de homicidio, para hacerla más cara al delincuente que decide matar a otra persona. Así, en el caso del homicidio simple, el piso de la pena pasa de cinco años y un día a diez años y un día; y en del homicidio calificado, de diez años y un día a quince años y un día. De esta forma, si se aplican las tres atenuantes, en cualquier situación habrá una pena de presidio efectivo superior a la aplicable a quien, siendo imprudente, exponiéndose por beber alcohol, atropella a una persona e involuntariamente le causa la muerte. Es decir, establecemos una proporción en las sanciones.
Como expresé, intervine en términos generales acerca del proyecto en análisis porque ya está bastante descrito. Me centré más bien en el establecimiento de una relación entre ambas iniciativas, porque debemos aprobarlas juntas para que exista proporcionalidad. De lo contrario -reitero-, podría ocurrir que el sistema judicial fuera más benévolo con el homicida que con la persona que comete el delito de manejo en estado de ebriedad.
Finalmente, señora Presidenta, agradezco la disposición de las Senadoras y los Senadores, quienes han contribuido con indicaciones a este proyecto. Valoro la perseverancia de los familiares de las víctimas, y también el apoyo que el Gobierno, a través de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, ha dado al texto que estamos despachando esta tarde.
Espero que la pronta aprobación de ambos proyectos hoy en el Senado permita su despacho cuanto antes en la Cámara de Diputados, de manera de que sean leyes antes del 18 de septiembre.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, tal como explicó el señor Presidente de la Comisión de Constitución, el siguiente proyecto, que también tiene "discusión inmediata", se encuentra estrechamente ligado con el que nos ocupa en este momento, por una razón de coherencia y proporcionalidad.
Por lo tanto, continuaré con la lista de oradores -hay tres inscritos-, salvo que, voluntaria o generosamente, no quieran intervenir. Ya está abierta la votación. E inmediatamente después someteré a votación la otra iniciativa.
Así que les ruego a Sus Señorías que no se retiren de la Sala, porque -reitero- una vez concluida esta votación procederemos a pronunciarnos de inmediato acerca del proyecto siguiente, por las razones ya explicitadas.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, se han dicho muchas cosas sobre esta iniciativa. Y me gustó mucho la intervención del Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Harboe, por la forma como hizo la relación jurídica sobre los elementos que deben ordenarse para sacar adelante la ley en proyecto.
Por mi parte, quiero agregar que, obviamente, no sería coherente votar en contra, abstenerse o no participar en la votación si nosotros mismos aprobamos la Ley de Tolerancia Cero. A diferencia de algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y que sostienen que esa ley no ha tenido grandes efectos, creo que sí ha generado grandes resultados. Las cifras nos demuestran que ha caído el número de accidentes de tránsito con consecuencias fatales protagonizados por personas que conducen bajo el influjo del alcohol.
Aquello tampoco sería coherente si consideramos que todos los gobiernos -esto partió muy fuerte en la Administración del Presidente Piñera y en la actualidad también se hace- invierten gran cantidad de recursos del Estado en campañas publicitarias y de prevención para llamar al manejo responsable.
No voy a repetir lo que ya han dicho latamente varios Senadores y Senadoras. Quiero, sí, hacer un llamado de atención respecto de dos cosas.
En primer lugar, en el caso de una persona que conduce bajo la influencia del alcohol o de las drogas su medio de transporte deja de ser tal y se convierte en un arma.
Entonces, ya no estamos hablando de una persona que se sube ebria o drogada a un vehículo -un bus, una moto, una motocicleta- y provoca un atropello o un choque y le causa la muerte a alguien, sino de un sujeto que consciente y voluntariamente genera una conducta a raíz de la cual su propio medio de transporte lo convierte en un potencial homicida.
Me parece que es reimportante señalar aquello.
¿Y por qué hago el punto? Por lo siguiente.
Yo discrepo profundamente de los Senadores que han planteado que debe haber segregación en la cárcel para estos casos, porque, a mi juicio, quienes matan a una persona estando ebrios o drogados merecen la prisión igual que cualquier delincuente, sin tener que estar separados en penales o en sectores distintos.
¿Por qué un joven de 23 años que vendía CD piratas murió en el incendio de la cárcel de San Miguel? ¿Por qué ese muchacho no podía hallarse segregado? ¿Y por qué sí podría estarlo un conductor que destruye una familia, una vida: choca curado; se manda a cambiar, se fuga; después lo pillan, y se va a la cárcel un año?
Yo opino que el cumplimento de la sanción debe ser justo: para todos por igual.
No podemos comparar el resultado de muerte con la situación de una persona que provocó el deceso y va a estar, si no tiene antecedentes previos, un año en la cárcel.
¡No hay comparación alguna!
Sí, creo que la medida será tan fuerte y ejemplarizadora que probablemente causará un impacto en las conductas de las personas, sobre todo en las de aquellas que conducen habitualmente en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas.
Señora Presidenta, la lucha que han dado muchísimas familias en nuestro país hoy día la simbolizamos en la ley en proyecto, que la gente y los medios de comunicación llaman "Ley Emilia".
Se trata de una normativa provista de una fuerza ética enorme, que va mucho más allá de lo que nosotros podamos establecer a través de ella. Tiene que ver con la ética y con lo que nosotros, como país y como legisladores, le estamos legando a nuestra ciudadanía en términos de cómo queremos educar y modificar conductas.
Por fin llegó la hora para quienes pensamos desde el primer día que estas penas tenían que ser lo más duras y fuertes posibles, sin contemplación alguna hacia aquellos que convierten el volante en un arma peligrosa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora. Puede redondear la idea.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Gracias.
Decía, señora Presidenta, que para quienes transforman el volante en un arma tremendamente peligrosa hoy estamos dando una señal muy significativa.
Por lo expuesto, voto con mucha convicción que sí.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, tal como lo manifestaron los Senadores que me antecedieron, creo que la situación está absolutamente clara y que los ajustes planteados corresponden a lo que se requiere hoy.
Aquí estamos frente a un tremendo cambio cultural.
Yo quiero valorar el trabajo realizado por el Senado y la Cámara de Diputados en cuanto a la Ley de Tolerancia Cero. Fue muy difícil. Pero dio lugar a un cambio cultural.
Esta es una complementación muy necesaria. Porque había que efectuar ciertos ajustes. Y los ajustes dicen relación nada menos que con el derecho a la vida, fundamentalmente con lo que significa respetar al otro.
Aquí se trata de personas que, habiendo tomado en forma voluntaria la decisión de conducir un vehículo hallándose en estado de ebriedad, causan la pérdida de vidas inocentes.
¡Nuestra sociedad no puede seguir tolerando eso!
Y lo mismo digo acerca del trabajo que se realizó en el caso de la Ley del Tabaco. Hoy la ciudadanía es distinta en cuanto al respeto a quien no fuma.
El que quiera fumar que lo haga en un lugar donde no afecte a otro y el que desee tomarse un trago que no conduzca. Y se puede decidir libre y soberanamente si se fuma, si se bebe.
Nuestra sociedad no puede seguir permitiendo la muerte de inocentes o que algunas personas queden para siempre con secuelas que les impiden llevar una vida digna.
Por eso, señora Presidenta, voy a votar favorablemente este proyecto, pero en el entendido de que deberemos abordar con energía -y aprovecho la presencia de la Ministra señora Rincón para decirlo- el problema carcelario.
El Instituto de Derechos Humanos, la relatora de la Corte Suprema, en fin, han emitido informes concretos sobre la situación existente en las cárceles.
En tal sentido, considero atendible lo planteado por varios Senadores en cuanto a que en los recintos penales debe haber segregación para evitar que los primerizos que cumplan un año o más de reclusión permanezcan en el mismo lugar asignado a los reos rematados -violadores, asesinos, etcétera-, a quienes no puede confundirse con irresponsables que tomaron la decisión de, hallándose en estado de ebriedad, conducir un vehículo.
Pienso que en este aspecto también vamos a tener que complementar.
Y pongo un ejemplo, señora Presidenta y señora Ministra: los jóvenes extranjeros que van a Nueva Zelandia para hacer uso de una beca o para trabajar son expulsados de inmediato si los sorprenden manejando bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. ¡Expulsados inmediatamente del país!
Esa es una señal para que en Nueva Zelandia ningún extranjero joven -o no tan joven- conduzca en tales condiciones.
En mi concepto, debemos seguir trabajando enérgicamente para que la gente respete a sus semejantes; para que se entienda que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y para que no se siga utilizando -como bien dijo la Senadora Lily Pérez- el arma mortal que significa un vehículo conducido por una persona que no está en condiciones de manejar y que, a mayor abundamiento, muchas veces reacciona con agresividad, hace carreras, etcétera.
Señora Presidenta, junto con anunciar que votaré favorablemente, valoro el trabajo que realizó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en la idea de que podamos dar un nuevo golpe a la falta de respeto al derecho a la vida.
Creo que deberemos colaborar enérgicamente en lo concerniente a difusión, pero también en cuanto a la educación a los niños desde la enseñanza básica.
Ojalá, señora Ministra, que en la reforma educacional esté incorporado aquel aspecto, que también es parte de los derechos humanos fundamentales de nuestra sociedad.
Por eso, valoro una vez más este proyecto y, con todas mis fuerzas, lo voto afirmativamente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, quiero simplemente hacer un alcance y solicitar el envío de un oficio.
El artículo 183, inciso segundo, de la Ley de Tránsito establece que "Con el objeto de garantizar la precisión de la prueba que se practique, ésta deberá ser realizada con instrumentos certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las características técnicas que defina el reglamento, distinguiendo entre aquellos que son capaces de detectar la conducción bajo la influencia del alcohol de los otros.".
El problema estriba en que parte de esa norma es letra muerta: se trata de evitar que exista una alteración juicio-realidad al momento de conducir un vehículo; sin embargo, en el reglamento no hay nada sobre instrumentos certificados para acreditar la existencia de droga en la conducción.
Se le han llevado al Ministerio -lo he hecho personalmente- dispositivos existentes hoy a nivel mundial para que, junto con el alcotest, respecto de ciertas drogas se practique un examen a los conductores. Porque es igualmente grave manejar bajo el efecto de drogas, ya que se altera el juicio-realidad.
Las normas pertinentes -reitero- no existen. Es decir, parte importante de la ley vigente es letra muerta.
Por lo tanto, señora Presidenta, termino solicitando oficiar al Ministerio de Transportes a los fines de que cuanto antes se incorporen los instrumentos certificados para detectar la presencia de drogas durante la conducción.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si hubiera acuerdo unánime, podría remitirse un oficio en nombre del Senado.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda, por unanimidad.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban el artículo 1º sugerido por la Comisión de Constitución y la supresión de los artículos 2º y 3º propuesta por este órgano técnico (29 votos favorables), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora procederemos a votar de inmediato, sin discusión y en un solo acto, el proyecto que aumenta la penalidad del delito de homicidio.
Ya dimos las razones. Y el señor Presidente de nuestra Comisión de Constitución explicó largamente el contenido de la iniciativa.


MAYOR PENALIDAD PARA DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 391 del Código Penal al objeto de aumentar la penalidad del delito de homicidio simple, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.216-07 y 8.609-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 45ª, en 9 de septiembre de 2014.
Discusión:
Sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para efectuar una relación breve.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución realizó una sola enmienda, consistente en agregar un artículo 2º destinado a modificar la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, e introdujo ajustes formales. Todo ello fue acordado por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. Por tanto, las enmiendas pertinentes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador pida, en este caso, votación separada.
En los escritorios de Sus Señorías hay un boletín comparado donde figuran el proyecto aprobado en general, las modificaciones sugeridas por la Comisión de Constitución y el texto que resultaría si estas fueran aprobadas.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Les recuerdo a Sus Señorías que acordamos votar esta iniciativa de inmediato y en un solo acto, por las razones que se explicitaron.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Reitero que se acordó...

El señor ESPINA.- No voy a intervenir, Su Señoría, así que ¡no me haga un segundo bullying...! Pero me parece que en tres minutos el Presidente de la Comisión puede explicar lo que se va a votar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta: esta es la historia fidedigna de la ley. Entonces, bien puede el Presidente de dicho órgano técnico informar qué hay, cómo se cambia.
Es un mínimo de seriedad.
Y si no lo hace él, puedo hacerlo yo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Completamente de acuerdo. Pero, al parecer, Su Señoría había salido cuando el Senador Harboe lo hizo.
Yo estaría encantada...

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, ¡lleva tres bullyings seguidos...!

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Lo tendré en cuenta...! Estamos con el antibullying.
Bueno: nos gusta tanto oír al Senador Harboe -Su Señoría, por lo demás, tiene gran capacidad de síntesis- que vamos a darle la palabra ¡a pesar de que ya explicó el proyecto...!
En todo caso, Senador Espina, ¡aunque sea el cuarto bullying...!, debo decirle que al parecer no escuchó atentamente lo que explicó el Presidente de la Comisión de Constitución, órgano que usted también integra.
Le daré la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución. ¡Y le ruego al Senador Espina que esté muy atento, para que no se pierda la explicación¿!

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, esta iniciativa, como se explicó en la Sala al discutirse en general, tuvo origen en dos mociones de distintos señores Diputados, las que fueron refundidas con fecha 13 de junio del año 2013, durante el primer trámite constitucional.
En ambas mociones se destacó la preocupación existente en torno a la pena asignada al delito de homicidio simple, que se considera claramente muy baja, lo que no refleja el marco constitucional de valores que debemos observar, en el que la persona humana y sus derechos básicos son el centro del sistema político jurídico.
Por ello, siendo la figura del homicidio el elemento jurídico penal que resguarda la vida, el proyecto planteó la necesidad de revisarla, de manera de ajustar la penalidad aplicable y enfatizar la proporcionalidad que debe existir con las sanciones asignadas a los demás ilícitos que atentan contra la vida humana.
De ese modo, si bien el proyecto original solo se ocupaba del homicidio simple, posteriormente se amplió a la hipótesis del homicidio calificado, para preservar la coherencia que debe existir entre las respectivas sanciones.
Cabe recordar que en el estudio de esta iniciativa hemos tenido muy presente la penalización que se observa en el Derecho comparado con relación a los delitos contra la vida. Ello nos permitió concluir que las proposiciones en estudio son del todo acertadas y armonizan especialmente con el reproche que el sistema penal asigna al delito de manejo en estado de ebriedad cuando se causan lesiones de gravedad o la muerte, materia que también estuvo a cargo de la Comisión de Constitución, a través de la denominada "Ley Emilia", que acabamos de aprobar en esta Corporación.
Como se recordará, el texto aprobado en general por la Sala del Senado constaba de un artículo único que introducía al artículo 391 del Código Penal dos enmiendas destinadas a eliminar el grado más bajo de la pena privativa de libertad que tienen hoy el homicidio simple y el homicidio calificado.
Así, el delito de homicidio simple queda con la pena de presidio mayor en su grado medio (diez años y un día a quince años), en circunstancias de que actualmente es de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (cinco años y un día a quince años). En términos sencillos, se aumenta el piso de la pena de cinco años y un día a diez años y un día.
En cuanto al homicidio calificado, la pena actual es de presidio mayor en su grado medio (diez años y un día a quince años) a presidio perpetuo. Queda en presidio mayor en su grado máximo (quince años y un día a veinte años) a presidio perpetuo.
Ahora bien, durante el estudio en general del proyecto fluyó la necesidad de complementarlo, dado que el propósito que se persigue no solo es elevar las penas de este delito de manera teórica, sino también procurar que en la práctica ellas se cumplan de manera efectiva, dada la importancia del bien jurídico protegido: la vida.
En consecuencia, los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, apoyados por el profesor Jean Pierre Matus, patrocinamos la única indicación que se presentó, cuyo objetivo es modificar la ley N° 18.216, sobre aplicación de penas sustitutivas, para impedir que respecto del homicidio simple y del homicidio calificado se sustituyan las correspondientes sanciones privativas de libertad o se aplique la pena mixta.
Esa indicación fue aprobada en forma unánime por los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Alfonso de Urresti, Alberto Espina, Hernán Larraín y el que habla, quienes recomendamos a la Sala, en consecuencia, proceder de la misma forma.
Estimamos que por esa vía damos racionalidad a las penas aplicables al delito de homicidio, facilitando además el cumplimiento efectivo de ellas, aspectos que esperamos constituyan un importante disuasivo y refuercen la cultura cívica de responsabilidad y respeto a la vida por parte de la ciudadanía.
Es cuanto puedo informar en esta oportunidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación particular el proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (18 votos favorables), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Navarro, Orpis, Ossandón, Prokurica y Tuma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señores Moreira y Girardi.

Tiene la palabra la Ministra señora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señora Presidenta, Honorable Senado, simplemente quiero agradecer la colaboración de todos en los dos proyectos que se acaban de despachar.
En el caso del primero, especialmente al Senador Alberto Espina y a los demás parlamentarios que patrocinaron iniciativas sobre la materia.
También agradezco a la Comisión de Constitución, integrada por los Senadores señores Felipe Harboe, quien la preside, Alfonso de Urresti, Hernán Larraín, Pedro Araya y Alberto Espina.
Sin lugar a dudas, el mensaje que recoge las mociones presentadas en la Cámara de Diputados y en el Senado busca provocar un cambio cultural que ponga en el centro la vida e impida definitivamente la impunidad que ha existido a raíz del manejo en estado de ebriedad, conducta que ha causado muerte y lesiones graves gravísimas.
Ya lo señalaron diversos Senadores: las estadísticas de nuestro país son impresionantes.
En Benjamín Silva y Carolina Figueroa, los progenitores de Emilia, quiero representar a los padres y madres de las víctimas; a los familiares de Arturo Aguilera, Andrés Mariñanco, Verónica Selman, Eric y Alejandra, Ximena Herrera, Franchesca Campos y de tantas personas que no figuran en nuestros registros pero que perdieron la vida o sufrieron mutilaciones irreparables producto de la irresponsabilidad de conductores ebrios.
Hoy damos un paso más en el sentido correcto. Y, obviamente, estamos hablando de una legislación durísima. Sin embargo, las consecuencias de los actos irresponsables son irreparables. Y es lo que no queremos repetir nunca más en nuestro país.
Nos queda un último trámite. Esperamos ser exitosos mañana en la Cámara de Diputados para tener en esta materia una ley, la que va a requerir mucha campaña publicitaria a los fines de permitir el conocimiento ciudadano.
Se dijo en esta Sala -y lo recogemos- que deberemos hacernos cargo de algo que tiene que ver con esa y otras materias: la política carcelaria. Pero, sin lugar a dudas, ello no puede inhibir para dar mensajes claros y categóricos cuando hay hechos que merecen nuestra condena, nuestro repudio y nuestra mano dura.
En el contexto actual, no podemos vacilar cuando se exigen de la autoridad liderazgo y una conducta clara frente a las peticiones de hombres y mujeres que reclaman la protección del Estado.
Gracias, señora Presidenta, señor Vicepresidente, señoras Senadoras y señores Senadores.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Queremos expresar nuestros agradecimientos a quienes nos han acompañado desde las tribunas durante toda la jornada, ayer y hoy.
Reconocemos su esfuerzo y la campaña que iniciaron.
En nombre del Senado, muchas gracias por su conducta, por su empeño, por su compromiso. Y, por supuesto, los acompañamos en la dolorosa pérdida que sufrieron.
VII. INCIDENTES
PETICIÓN DE OFICIO

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
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--El oficio cuyo envío se anunció es el siguiente:
De la señora GOIC:
A la señora Ministra de Desarrollo Social, planteándole ASIGNACIÓN EN PRESUPUESTO 2015 DE RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, ofrezco la palabra al Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente, que dispone de 14 minutos.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia e Independiente, tiene la palabra por 14 minutos el Senador señor Harboe.


DISMINUCIÓN DE FUENTES PRODUCTIVAS INDUSTRIALES EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIO

El señor HARBOE.- Señor Presidente, quiero plantear un problema que se nos está presentando en la región del Biobío.
Enfrentamos una creciente disminución de las fuentes productivas industriales. Hace un tiempo se registró el cierre de la planta de papeles en la comuna de Nacimiento, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Ha tenido lugar también la disminución del funcionamiento de Schwager. Y, así, estamos cada día sufriendo una reducción de las fuentes productivas, particularmente en el rubro que señalo.
La causa esgrimida por los controladores dice relación con los altos costos de la energía y, por tanto, con la pérdida de competitividad. En consecuencia, estimo necesario plantear en el Hemiciclo la preocupación ante lo que se paga por dicho concepto, completamente desproporcionado, en la Región del Biobío.
Solo a modo de ejemplo quisiera consignar que la provincia del mismo nombre alberga ya tres megaproyectos de generación hidroeléctrica: Pangue, Ralco y Angostura. A ello es preciso sumar un conjunto de proyectos de menor escala. Y el costo de la electricidad para los ciudadanos y las fuentes productivas supera en un 48 por ciento el promedio del resto del país. Es decir, la Octava Región aporta hoy día el 31 por ciento de la energía del sistema interconectado central y no recibe un beneficio proporcional.
Por ello, considero fundamental insistirle al Gobierno, a través de un oficio al señor Ministro de Energía, en que impulse la iniciativa de compensaciones, presentada en la Cámara de Diputados y que emula las legislaciones del Reino Unido y de Alemania, la cual establece un beneficio objetivo y directo a la comunidad, sin favorecer a intermediarios que, muchas veces, intentan generar problemas a los proyectos para obtener ciertas ganancias.
Se trata de una medida dispuesta por ley, ex ante, que permitiría reducir en un 40 por ciento las cuentas de electricidad de todos los habitantes de comunas que soporten plantas de generación, independientemente de la fuente.
Constituye un sistema de compensación por el uso alternativo del suelo. Para citar un caso, en la provincia de Biobío hay cerca de 600 mil hectáreas que han cambiado de aptitud y pasado a vincularse con proyectos de generación eléctrica. Ese menor territorio productivo debe ser resarcido. En efecto, estamos generando un cambio en la matriz cultural y productiva de las provincias, que pasan de ser eminentemente agrícolas a eminentemente forestales y de generación eléctrica, desincentivándose la industrialización.
Prueba de ello es el cierre de la tradicional planta de la CMPC, que daba origen a grandes fuentes laborales en la comuna de Nacimiento. Eran de tal magnitud los costos de energía que la producción de papel no se le hizo rentable. Pero, como la empresa era propietaria de una planta de generación eléctrica, le fue mucho más conveniente cerrar ese primer rubro e inyectar la totalidad de su energía al sistema interconectado central.
Es decir, existen incentivos perversos para cerrar fuentes productivas y abocarse solo a inyectar energía a dicho sistema, sin un beneficio directo, por lo demás, para la comunidad.
Si queremos salir del proceso de desaceleración de manera objetiva, realista, tenemos que disminuir uno de los factores principales de afectación de las entidades productivas, cual es el costo de que se trata, sobre todo en regiones. Y para eso requerimos, no solo voluntad política, sino también la decisión de implementar un sistema de compensaciones que permita bajarlo, aumentar la competitividad y devolver el dinamismo, en este caso, a la economía de la Región del Biobío.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE HUALQUI Y TALCAMÁVIDA. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quisiera solicitar que se oficie al Ministerio de Obras Públicas respecto de planes, programas e inversiones por desarrollar para el asfaltado o pavimentación del camino que une Hualqui con Talcamávida.
Esta última localidad ha estado abandonada desde hace muchos años. Aún no cuenta con un sistema de alcantarillado, de aguas servidas. Sin embargo, se ha constituido en un polo de desarrollo habitacional muy importante -me refiero a todo el sector de la ribera del Biobío-, dados los grandes avances de la comuna de Hualqui bajo la dirección del Alcalde señor Ricardo Fuentes. Allí ya se cuenta con alcantarillado, pavimentación, agua potable y una costanera que permite el traslado entre Concepción y Hualqui en no más de 30 minutos.
La pavimentación o asfaltado de la vía de Hualqui a Talcamávida brinda posibilidades de un largo desarrollo habitacional, ante la falta de terreno para la construcción de viviendas sociales y de viviendas en general en la provincia de Concepción.
Por lo tanto, solicito al Ministerio de Obras Públicas que nos informe acerca de los planes, programas, proyectos e inversiones destinados a esa ruta en los próximos meses y para el Presupuesto de 2015.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


INCENTIVOS PARA DESARROLLO DE MIPYMES Y PYMES EN REGIÓN DE BIOBÍO. OFICIOS


TARIFAS DE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRIDAD. OFICIO


INCIDENCIA DE ANUNCIOS DE ALZAS DE TARIFA ELÉCTRICA EN MERCADO ACCIONARIO. OFICIOS


CONTRATO DE CONECTIVIDAD ENTRE COMUNA DE FLORIDA Y RUTA DEL ITATA. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido oficiar al Ministerio de Obras Públicas a fin de que pueda informarnos del detalle del contrato de conectividad entre Florida y la ruta del Itata.
Hasta ahora, solo Quillón era la conectada con esa vía concesionada. Y constituía una posibilidad de salida de la ruta 5, con un camino de alto estándar.
El Ministerio ha llamado a licitación. Quiero contar con la copia, tiempo de duración y monto del contrato, y particularmente conocer las garantías requeridas luego de connotados fracasos en materia de contratación de obras públicas: hospitales, consultorios y también caminos.
Cabe recordar solo el proyecto de conectividad entre Lirquén y Tomé, que estuvo abandonado, con varias licitaciones inconclusas.
La Secretaría de Estado, como lo hacen CODELCO o la ENAP, tiene que preocuparse de la garantía de que las empresas puedan cumplir, sin dejar abandonadas las obras, lo que, muchas veces, termina subiendo enormemente el monto total del costo.
Basta mencionar únicamente el caso del Estadio Ester Roa, que fue licitado, y hoy día se expone que su costo original va a subir dos veces o más.
Es responsabilidad del Ministerio contar con un diseño institucional de licitaciones que asegure el fiel cumplimiento de las obras.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INCIDENCIA DE ANUNCIOS DE ALZAS DE TARIFA ELÉCTRICA EN MERCADO ACCIONARIO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Fiscalía Nacional Económica, porque, de vez en cuando, y más bien cada día con más énfasis, ejecutivos de ENDESA y de otras generadoras eléctricas expresan: "Las tarifas van a subir entre 5 y 6 por ciento, y ello es inevitable". Y les echan la culpa a los grupos ambientalistas, a los vecinos organizados.
Pero quiero llamar la atención en el sentido de que, en cada ocasión en que una generadora sale al mercado a anunciar un aumento en las tarifas eléctricas, ¿cuál es el efecto que se provoca? ¡Suben las acciones de la empresa, al registrarse ganancias por el alza!
Quiero pedir a la Fiscalía Nacional Económica, y particularmente a las entidades que se ocupan, por normativa, de los factores de incidencia en el valor de las acciones, que este tipo de declaraciones se encuentren reguladas.
Juzgo un grave error y un grave daño a la ciudadanía el anuncio del aumento en la tarifa, que sí repercute en las acciones.
Es como si una empresa cualquiera saliera al mercado a decir: "Mis ventas van a subir 5 a 6 por ciento por año". Es inevitable: se origina un efecto de alza en sus acciones, y ello influye en su mercado.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha regulado la situación de los anuncios en materia accionaria.
En particular, ENDESA recurrentemente ha hecho menciones de alzas, lo que ha generado una situación como la que he descrito. En la Octava Región tenemos las tarifas eléctricas más altas del país. En Santiago se pagan 14 pesos por kilowatt. En Coronel y en Santa Bárbara se puede llegar a 28. La paradoja es que allá arriba, en el Alto Biobío, dos centrales hidroeléctricas producen 700 y tantos megawatts.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
TARIFAS DE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRIDAD. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que informe sobre la situación de la Compañía General de Electricidad, en cuanto al cobro de tarifas. Son demasiadas las reclamaciones, particularmente en torno a la facturación.
¿Qué hacer cuando existe una sobrefacturación? ¿Qué hacer cuando hay mil, 2 mil, 5 mil pesos de más en cada boleta, en circunstancias de que se registran miles y miles de clientes?
Esta es una situación generadora de ingresos adicionales que deben ser aclarados.
Hemos conversado con la Compañía y lo continuaremos haciendo. Seguiremos haciendo respetar el derecho de los usuarios a que su cuenta refleje exactamente el consumo.
Asimismo, se trata de que los cortes por retraso en el pago también estén regulados. El servicio de corte y reposición se externalizó y opera a un costo superior a 10 mil pesos. Ese es un incentivo perverso, porque la que resulta favorecida es la empresa contratada por la CGE para encargarse de dicha función. Mientras más corte y reponga, más gana. Y en algunos casos, la gente ha pagado, pero la información no se ha actualizado, lo que la obliga a un largo peregrinar para recuperar su dinero.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INCENTIVOS PARA DESARROLLO DE MIPYMES Y PYMES EN REGIÓN DE BIOBÍO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie a CORFO y a SERCOTEC respecto de su oferta para el desarrollo de las mipymes y pymes en la Región del Biobío. Me refiero a todos los instrumentos y al monto actual de inversión para 2014 y la proyección para 2015. Queremos conocer en qué están pensando para incentivar el desarrollo y el crecimiento del empleo.
Se han registrado largas y negativas experiencias en la reconversión en la zona del carbón, en Lozapenco, en Bellavista Tomé y en la pesca. Han sido todos intentos fracasados de capacitación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Deseamos saber si la CORFO ha innovado. Nos interesa imponernos de los instrumentos, de la cuantía de la oferta para atraer inversiones a fin de desarrollar empresas, particularmente en relación con las pequeñas y medianas de la Octava Región.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


UTILIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE PETCOKE. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Salud y al Ministerio de Minería para conocer la cantidad de petcoke que se importa, dónde se está quemando y cuál es la condición de su ficha técnica.
Todos sabemos que es un material causante de un alto grado de contaminación y que ha provocado, en el caso de la Región del Biobío, que no se compre el carbón extraído por los pirquineros, en particular en la provincia de Arauco. Es decir, seguimos quemando petcoke -por cierto, presenta una mayor cantidad de calorías-, pero ese otro producto se ha ido amontonando en miles de toneladas. Es cierto que contiene un poco más de azufre, pero la competencia es en verdad desleal, porque el petcoke ingresa a muy bajo costo y provoca una gravísima mayor contaminación.
Queremos imponernos de cuáles son los resguardos que se están tomando por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio del Medio Ambiente a lo largo de todo Chile, especialmente en las termoeléctricas, así como en industrias que estén utilizando el producto a que hago referencia, e informarnos exactamente de su cantidad y composición.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


EJECUCIÓN DE SUBSIDIOS EN 2014. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de la Vivienda a fin de que se pueda establecer por el SERVIU cuál es el número de subsidios para 2014 en ejecución; cuántas casas se van a construir en la Región del Biobío y Región a Región; cuántos comités de allegados existen en la Octava Región, y las estadísticas de los vouchers, es decir, de los subsidios que han quedado en manos de personas no catalogadas para vivienda. Queremos saber si la gente en esa situación en la Región del Biobío tiene en su poder un instrumento con financiamiento; si puede canjearlo y comprar una casa usada, o bien, integrarse a un comité o a un proyecto de construcción para obtener una vivienda.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


SITUACIÓN DE VILLA FUTURO Y MIRADOR DEL BIOBÍO. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, queremos conocer la situación de Villa Futuro y Mirador del Biobío, sectores de la comuna de Chiguayante. Nos interesan todos los antecedentes: proyecto, gasto y particularmente lo venidero.
En Villa Futuro existe un cuadro caótico respecto del uso de las viviendas. Los propietarios se encuentran en precarias condiciones, pues los departamentos "comprados por el SERVIU" se encuentran literalmente con okupas.
La peligrosidad es alta. Se formulan a diario denuncias de baleos, de agresiones. La gente vive aterrorizada -así me lo han dicho los dirigentes vecinales-, porque a los departamentos "comprados por el SERVIU" han llegado personas al parecer con autorización del SERVIU anterior y han complicado la vida de los vecinos.
Deseamos imponernos de los proyectos para Villa Futuro y para Mirador del Biobío, en el caso del SERVIU, y cuál es la coordinación con el municipio de Chiguayante. Pido que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para estos efectos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


BONO A LOCATARIOS Y RECUPERACIÓN DE MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Intendente de la Región del Biobío y al señor Ministro del Interior respecto del Mercado Central de Concepción, que hace un tiempo se incendió.
Los propietarios, los accionistas, están en la quiebra más absoluta. La mayoría de ellos son mayores de edad y profesores jubilados cuyo único ingreso era el arriendo de parte de un local.
Están solicitando legítimamente un bono por incendio y de manera urgente, pues no están percibiendo ingresos. No se pagan arriendos, dado el siniestro.
Ha mediado un subsidio -y en buena hora- para los arrendatarios. Pero, para los propietarios, los accionistas, los dueños de los locales siniestrados, no se ha verificado un apoyo del Gobierno.
Le solicito a la Presidenta de la República, con carácter de necesidad urgente -y deseo que esta intervención se le haga llegar-, la concurrencia con un bono por incendio para los propietarios.
Muchos de ellos han fallecido, dada su edad y lo crudo que ha resultado enfrentar los efectos del desastre, que los ha dejado prácticamente en la calle.
Fui informado de que el Consejo de Monumentos Nacionales declaró monumento histórico al mercado. Solicito copia del decreto y de los antecedentes que se tuvieron a la vista para ello.
Deseo conocer del Ministerio de Bienes Nacionales, del Municipio de Concepción, del SERVIU, del Ministerio de la Vivienda, si hay información sobre la línea de trabajo para recuperar el recinto, que hoy día es un punto negro, lamentablemente.
Necesito unos minutos para terminar, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de los cinco minutos del Comité Independiente y Partido Movimiento Amplio Social.

El señor NAVARRO.- Queremos imponernos de todos los antecedentes por parte del Consejo y contar con una evaluación, tanto del Municipio de Concepción como del SERVIU, del Ministerio de la Vivienda, acerca de cuál es el impacto y el significado de la declaración de monumento histórico. Esperamos que contribuya a la mejor condición para el desarrollo de la ciudad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


REORIENTACIÓN POLÍTICA DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el próximo lunes 15 de septiembre se cumplen cinco años desde que Chile ratificó el Convenio N° 169 de la OIT y en este momento están corriendo tres procesos de consulta indígena: el del proyecto de Ministerio de Asuntos Indígenas, el del Consejo de Pueblos Indígenas -ambos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social- y el del proyecto de Ministerio de Cultura, que lleva el Consejo de la Cultura.
Con ello, la Nueva Mayoría -coalición a la que pertenezco- ha buscado un nuevo enfoque, que pueda superar los errores cometidos en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet con el decreto 124 y en el Gobierno de Piñera con el decreto 66 y 40, todas ellas formas de implementación del Convenio que, en realidad, más que favorecerlo, lo mutilaban, restringiendo el alcance y procedimiento de la consulta.
Cabe recordar que, hasta 2009, el Convenio estuvo esperando 20 años para que el Congreso decidiera su ratificación y, con ello, su incorporación al régimen jurídico nacional.
Lo que estamos viendo ahora es una situación de descalabro general de estos procesos, especialmente en los casos del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Consejo de los Pueblos. El principal motivo para ello es la incertidumbre y la indeterminación de la política de consulta, así como la falta de coordinación y la lejanía entre el Gobierno y el mundo de la sociedad civil indígena.
Numerosas organizaciones y comunidades a lo largo del país se han retirado del proceso o han manifestado fuertes objeciones, por cuanto el Gobierno no termina de aclarar si va a remplazar los decretos 66 y 40 por una ordenación de la consulta más respetuosa, en términos del Convenio, ni cuándo lo va a hacer.
Lo paradójico es que un funcionario de larga trayectoria, como el abogado Lautaro Loncón, si bien es una de las personas que más pueden saber de la implementación del Convenio, claramente ha estado expuesto al rechazo de las comunidades indígenas. Eso da cuenta de que efectivamente existen problemas en el procedimiento.
La consulta indígena, a diferencia de la relativa al Ministerio de Cultura, carece de una base metodológica sólida que sirva de guía para su adaptación flexible a los territorios. No todas las comunidades pueden someterse al mismo tipo de consulta.
La CONADI no ha desempeñado un rol destacado y hasta ahora los intentos han sido fallidos.
Estimo que el Gobierno -mi Gobierno, señor Presidente- ha actuado con desdén por los derechos de los pueblos indígenas, comprometiendo la legitimidad del proceso y desperdiciando una oportunidad histórica de superar errores del pasado.
Por ello, creo que hay tiempo para corregir el rumbo que ha tomado la consulta. Hay que revisar la decisión de ocupar el decreto N° 66 e introducir modificaciones de la mano de las comunidades. Se van a gastar 900 millones de pesos, lo que supone financiar todo el proceso de consulta destinado a los casos que he señalado. Y creo que hay más recursos.
Si sabemos ocuparlos, si sabemos escuchar a las comunidades, vamos a tener un proceso virtuoso. Hasta ahora es un proceso defectuoso, que daña la dignidad de las comunidades, que ha provocado su rechazo en algunos casos, incluso en términos que podríamos calificar de forzamiento a la integridad física de quienes han participado.
Yo comprendo la indignación. No comparto los hechos que se han producido. Pero creo que allí hay una responsabilidad: no percibir que la consulta, con estos decretos, iba a traer el rechazo de las comunidades, por cuanto ella ya había fracasado en esos términos y carece de legitimidad.
Señor Presidente, solicito que se haga llegar esta intervención a la Ministra de Desarrollo Social; al Ministro del Interior; al Intendente de La Araucanía, señor Francisco Huenchumilla; al Director y a los miembros de la CONADI, y al Intendente del Biobío, a fin de que podamos sentarnos a escuchar, de manera conjunta, a las comunidades y buscar una fórmula de solución que permita desarrollar la consulta en los términos en que ellas la han planteado. Si no, carecerá de legitimidad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, con la adhesión del Honorable señor Tuma.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Moreira.


REFLEXIONES ANTE NUEVO ANIVERSARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE


REPUDIO A EXPRESIONES DE ODIO POLÍTICO Y RELIGIOSO

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quisiera mostrar a las cámaras el mensaje que recibí por Twitter el día de hoy. Dice: "Iván Moreira es un maraco evangélico y deberían matarlo. No sé cómo le dan tanta tribuna a un esquizofrénico culiao' como él. #eso#pazyamor".
Firma este tuit: Damián Azócar, Presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Valparaíso.
Este tuit representa expresiones de odio político y religioso. Estas manifestaciones, señor Presidente, exceden el ámbito de la opinión y son intolerables en el marco de una convivencia pacífica, más aún en los momentos difíciles que está viviendo Chile.
Señor Presidente, a petición de los abogados de mi bancada, en el día de hoy hemos presentado un recurso de amparo y vamos a seguir otras acciones legales, porque nos parece que este es un clima que enrarece y divide a los chilenos.
REFLEXIONES ANTE NUEVO ANIVERSARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, a continuación me voy a referir a algo más importante.
Mañana se conmemoran 41 años desde que se produjo el quiebre de la democracia en nuestro país y asumieron el poder las Fuerzas Armadas.
Estando solo a horas del aniversario del 11 de septiembre, quiero repetir, sin ningún afán de aprovechamiento político, las expresiones de la madre de la Presidenta Bachelet, señora Ángela Jeria, quien señaló que lo que está ocurriendo hoy en Chile "le recuerda mucho los últimos tiempos de Allende".
Y tiene bastante razón, más aún cuando le tocó vivir, de lejos, lo que sucedió en el Metro de Santiago con motivo de un nuevo bombazo que dejó numerosas víctimas, muchas de las cuales podrían haber muerto.
Lo importante, señor Presidente, es que seamos capaces de reflexionar y, de manera unida, todos cuidemos nuestra democracia, que hemos construido entre los diferentes sectores políticos, para que nunca más nuestro país se vuelva a dividir, como lo hizo hace 41 años. Pero, para eso, el Gobierno, por una parte, tiene que entender que no puede abusar de una mayoría circunstancial, pretendiendo reformar todo lo que se había avanzado de común acuerdo y en democracia, y por otra, debe abordar el terrorismo, del cual Chile está siendo víctima, con mayor decisión, pues lo que se intenta es debilitar nuestra democracia y nuestro modelo de desarrollo.
La UDI elaboró el documento "La Paz Ahora" el año 2003, como producto de una serie de conversaciones con familiares de detenidos desaparecidos. En él se le hace una propuesta al gobierno de la época, encabezado por don Ricardo Lagos, para avanzar en la reconciliación, promoviendo, entre otras cosas, que se indemnice a las víctimas y se avance en la amnistía para quienes participaron en actos de violencia en ambos bandos.
Chile quiere paz, señor Presidente; no quiere revivir las odiosidades del pasado.
Todos quienes creemos en la democracia que hemos construido debemos combatir con decisión todo acto terrorista de quienes pretenden debilitar nuestro sistema democrático.
En esta fecha, el Gobierno debe reflexionar en torno a cómo ha ido evolucionando el fenómeno del terrorismo; a los hechos ocurridos en La Araucanía, que quedan en total impunidad; a los encapuchados; a las exageradas garantías que tienen los delincuentes.
Los terroristas y delincuentes que aparecen el 11 de septiembre son personas de una ideología de extrema izquierda, anarquistas. Por lo tanto, el Partido Comunista, que hoy forma parte del Gobierno y que se sienta a la mesa, puede ser un colaborador clave para detectar estas células terroristas de extrema izquierda que están operando en Chile. Es sabido que en países o regiones de esa ideología -anarquista o como se la llame-, como en Cuba o en Colombia (con las FARC), hay personas de extrema izquierda que han recibido entrenamiento militar.
Esperamos, señor Presidente, que este 11 de septiembre el Gobierno reflexione acerca de lo importante que es crear las condiciones necesarias para que nadie se sienta con la libertad o la impunidad de cometer actos de violencia con el fin de liderar una causa, sea cual sea. ¡Cuidemos Chile!
Llamemos las cosas por su nombre. Los hechos que están ocurriendo en La Araucanía, así como en la Región Metropolitana, no son conflictos sociales: son TERRORISMO, con mayúscula.
El Gobierno debe aprovechar este 11 de septiembre para hacer un llamado a todos los partidos y colores políticos: a defender nuestra democracia y mirar hacia el futuro. Porque los actos terroristas que hemos conocido tienen por objeto desestabilizar la democracia, a nuestro país y también a un gobierno elegido democráticamente.
Yo valoro que el día de hoy se hayan reunido todos los presidentes de partido con el Gobierno, a fin de luchar unidos contra el terrorismo.
No se construye unidad entre los chilenos cuando los gobiernos de izquierda usan el 11 de septiembre para dividir al país entre los buenos y los malos. Debemos aprender a construir con humildad una mirada de futuro que ayude a que entre todos juntos digamos que nunca más se creará en Chile el clima político que gatilló que las Fuerzas Armadas tomaran el poder en 1973.
El 11 de septiembre no es ni debería ser nunca un día, ni de la Izquierda, ni de la Derecha, sino que debería ser un día de reflexión de todos quienes buscamos construir un Chile de unidad y progreso, para entregarles a las nuevas generaciones un mejor país.
El terrorismo se debe combatir con políticas de Estado y no con políticas creadas por los gobiernos de turno. Pero, para eso, los políticos debemos generar la unidad que los chilenos nos demandan. ¡Basta ya de apuntarnos con el dedo los unos a los otros en esta fecha!
En estos días a las nuevas generaciones hay que dejarles el espacio para que condenen las violaciones a los derechos humanos cometidas en todos los regímenes del mundo, tanto de izquierda como de derecha.
A mí nada me gustaría más que ver a un Presidente de la Juventud de la UDI con uno del Partido Comunista condenando las violaciones a los derechos humanos que ocurren en países como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, o en cualquier lugar del mundo.
Otras generaciones, formadas por personas de izquierda y de derecha, son las que deben hacerse responsables del clima generado en los años previos al 73, pero, al mismo tiempo, señor Presidente, deben mostrar a las nuevas generaciones la capacidad de mirar juntos hacia el futuro, porque desde que volvimos a la democracia nuestro país se ha construido entre todos.
Jaime Guzmán fue asesinado por terroristas en democracia. Y ahora, a horas del 11 de septiembre, aparecen nuevos actos terroristas causando varios heridos.
El Gobierno debe ser claro y enfático en condenarlos y aplicar el máximo rigor de la ley a estos terroristas, que quieren matar nuestra democracia.
Por eso, señor Presidente, en un clima de reflexión, desde este Senado, entendiendo que los que vivimos y los que fuimos parte de una generación protagonista, de manera directa o indirecta, del quiebre de la democracia -independiente de las responsabilidades que a cada uno le pueden corresponder-, es necesario dejar en claro, sobre todo desde la Centroderecha, que quienes tenemos que dar explicaciones del pasado somos los que fuimos parte de esa generación: no otros.
Porque, hoy más que nunca, señor Presidente, por sobre las legítimas diferencias que podamos tener, lo importante es que este 11 de septiembre, a 41 años de un hecho que nos dividió a todos los chilenos, tengamos la oportunidad de unirnos contra un flagelo llamado "terrorismo", que no solo quiere desestabilizar al país, a la democracia y al gobierno de turno, sino destruir los sueños de toda una nación y, especialmente, los de las nuevas generaciones, que tienen derecho a vivir el presente y el futuro dejando atrás el pasado.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Con la intervención del Senador Moreira, damos por terminada la hora de Incidentes.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe d
e la Redacción