REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 51ª, en miércoles 1 de octubre de 2014
Ordinaria
(De 16:22 a 19:39)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrieron, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González y el Ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán. Asimismo, se encontraba presente el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor Francisco Martínez Concha.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 18 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 48ª y 49ª, ordinarias, en 23 y 24 de septiembre del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero remite el mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual inicia la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2015 (boletín Nº 9.600-05).
Asimismo, para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 67 de la Carta Fundamental, hace presente que dicho mensaje fue recibido, en esa Corporación, el día 30 de septiembre del año en curso.
--Pasa a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Con el segundo comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, estableciendo la prohibición de contabilizar el día feriado irrenunciable dentro de la planificación horaria mensual que determina el sistema de turnos de los trabajadores del comercio (boletín Nº 9.402-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, respecto del proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (boletín Nº 9.514-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De la señora Ministra de Salud:
Informa que la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana fiscalizó el cumplimiento de normas sobre protección de la salud física y mental de los conductores del Transantiago, con ocasión de la entrada en vigencia del Protocolo de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre procedencia de reevaluar el rechazo de licencia médica hecho por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, situación que afecta al señor Donato Rodas Gallardo, domiciliado en Valdivia.
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señora Goic y señor Prokurica, relativo a la adopción de medidas para terminar con la discriminación que afecta al hombre casado en materia de prestaciones de salud, permitiéndole que pueda ser carga de su mujer cotizante en el Fondo Nacional de Salud (boletín Nº S 1.681-12).
Del señor Subsecretario de Salud Pública:
Responde solicitud de información, remitida en nombre de la Senadora señora Allende, sobre la vigencia de algún protocolo para la detección y el diagnóstico oportuno de los trastornos del espectro autista (TEA) aplicable a todos los niños, con independencia del centro de salud al que se acuda.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Atiende petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el tendido de postes eléctricos en tramo de Carretera Austral que va de la central de pasada La Arena hasta la subestación Melipulli, en Puerto Montt, que afectan sitios arqueológicos, especialmente conchales.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
De los Senadores señores Montes, Guillier, Lagos y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica el Código Tributario para imponer a bancos e instituciones financieras el deber de informar anualmente saldos de cuentas corrientes y de otros instrumentos financieros de sus clientes (boletín Nº 9.615-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, con la que inician un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o salida (boletín Nº 9.612-06).
De los Senadores señores Montes, Allamand, Girardi, Lagos y Navarro, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que incorpora una disposición transitoria que faculta al Presidente de la República para transferir competencias de los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales en forma temporal, en las materias que señala y respecto de la administración de las áreas metropolitanas de las Regiones de Valparaíso, Concepción y Santiago, en tanto no se dicte la legislación prescrita en los artículos 114 y 123 de la Carta Fundamental (boletín Nº 9.616-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que el Ministerio de Justicia dicte el reglamento relativo a las condiciones del seguro de vida obligatorio para los funcionarios de Gendarmería de Chile (boletín Nº S 1.726-12).
De los Senadores señores Montes, Girardi, Guillier y Pizarro, con el que piden a la Primera Mandataria que encomiende a los señores Ministro de Hacienda y Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción evaluar la conveniencia de una modificación legal que amplíe el giro de la empresa Metro S.A, definido por la ley Nº 18.772, para incorporar en aquel el transporte de pasajeros por diversos medios terrestres, no necesariamente eléctricos, y la gestión inmobiliaria (boletín Nº S 1.727-12).
De los Senadores señor Matta, señora Goic y señores Araya, Horvath y Prokurica, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que adopte un conjunto de medidas administrativas y legales tendientes a apoyar a las víctimas del terrorismo en materias de salud, laborales y previsionales, y, asimismo, se establezca un fondo especial de responsabilidad civil para que el Estado indemnice los daños ocasionados (boletín Nº S 1.728-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Navarro, para ausentarse del territorio de la República a contar del día 4 del presente mes.
--Se accede.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que aprobó el proyecto de ley que establece un aporte de capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre de Chile y la autoriza para contraer endeudamiento (boletín Nº 9.530-08) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, conforme al acuerdo alcanzado por dicho órgano, solicita que se recabe la autorización de la Sala para discutir en general y en particular en el primer informe el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de las manipuladoras de alimentos.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo requerido.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE ADMINISTRADORES PROVISIONAL Y DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENMIENDA A ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL REGULADA EN LEY Nº 20.529


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Administrador Provisional y el Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.333-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 10 de junio de 2014.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 29ª, en 8 de julio de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo): sesión 50ª, en 30 de septiembre de 2014.
Hacienda: sesión 50ª, en 30 de septiembre de 2014.
Discusión:
Sesión 30ª, en 9 de julio de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 9 de julio de este año.
La Comisión de Educación deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 13, 15, 17, 26 y 30 permanentes y primero y segundo transitorios no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
Cabe dejar constancia de que el artículo 26 es una norma de rango orgánico constitucional.
Con el mismo quórum debe aprobarse el artículo 22, norma que, pese a haber recibido indicaciones, no fue modificada en el segundo informe.
Ahora bien, la Comisión de Educación realizó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de cinco de ellas, que lo fueron por mayoría. Estas serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Además, la modificación recaída en el artículo 9º incide en materia de índole orgánica constitucional, por lo que, para ser aprobada, requiere el voto favorable de 21 señores Senadores. Aclaro que la norma completa tiene dicho quórum, pero solo el inciso cuarto se aprobó por mayoría de votos.
La Comisión de Hacienda, por su parte, deja constancia de que introdujo dos cambios al texto que propone la Comisión de Educación en su artículo 29, mediante la aprobación de las indicaciones números 1 bis y 2 bis del señor Vicepresidente de la República. De estas enmiendas, una fue acordada por unanimidad y la otra, por mayoría. Hago presente que las modificaciones recaídas en el referido artículo difieren entre una y otra Comisión.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
De estas modificaciones, la recaída en el artículo 20 es de rango orgánico constitucional, por lo que, para ser aprobada, requiere el voto favorable de 21 señores Senadores.
Por último, cabe hacer presente que se ha pedido votación separada para el inciso sexto del artículo 9º, que pasa a ser 10.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado donde se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, las enmiendas efectuadas por la Comisión de Hacienda y, en la última columna, el texto final que resultaría de acogerse lo propuesto.
De consiguiente, señores Senadores, lo primero es dar por aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Habría que dejar pendiente, salvo que se tocaran los timbres, el artículo 26, por cuanto es una norma de quórum orgánico constitucional (requiere 21 votos favorables para ser aprobada).


El señor COLOMA.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La tiene, Su Señoría.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, solicito votación separada del numeral 2), nuevo, del artículo 29 (página 68 del boletín comparado). Esta disposición fue introducida en la Comisión de Hacienda y obtuvo una votación de 3 a favor y 2 abstenciones.
Se trata de una norma muy breve, pero quiero que quede constancia de esa votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se considerará su petición, señor Senador, aunque de todas maneras esa enmienda se tratará de forma separada por haber sido acordada por mayoría de votos.
Paso a darle la palabra al Senador señor Rossi, Presidente de la Comisión de Educación.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, ¿tengo cinco o diez minutos para exponer?

La señora ALLENDE (Presidenta).- No creo que haya desacuerdo en otorgarle más tiempo.
Si bien estamos en discusión particular, siempre hemos concedido más minutos a los Presidentes de Comisión para que hagan el informe del proyecto. Por tanto, no hay problema.
Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROSSI.- Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer término, quiero destacar la labor realizada por nuestra Comisión de Educación, que llevó a cabo un trabajo muy exhaustivo en conjunto con asesores, con la Secretaría y, también, con el Ejecutivo. Introdujimos cambios bien importantes a la iniciativa original, logrando acuerdos en prácticamente todas las materias.
Por eso felicito el esfuerzo hecho tanto por los Senadores Quintana e Ignacio Walker, de la Nueva Mayoría, como por el Senador Allamand y la Senadora Von Baer, de la Oposición.
Este proyecto -todos lo sabemos, pues se ha dicho bastantes veces- no surge dentro de la reforma educacional que se está discutiendo, sino de la necesidad imperiosa de hacerse cargo de la franca crisis en que se encuentran muchos establecimientos de educación superior, lo que podría comprometer la continuidad de estudios de muchos jóvenes, como sucedió en el caso de la Universidad del Mar.
Por lo tanto, el Estado requiere esta herramienta legal para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.
La iniciativa que nos ocupa crea el administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, con el objetivo principal -reitero- de asegurar el derecho de los jóvenes a la educación, manteniendo así la continuidad de sus estudios.
Pero hay otro elemento importante, que tiene que ver con el resguardo de la fe pública. Cabe recordar que las instituciones de educación superior cuentan con el reconocimiento oficial del Estado; por tanto, es este el que le dice a un joven: "Esta es la oferta; estas son las instituciones de formación superior disponibles. En cualquiera de ellas puede matricularse".
Y hemos visto otros casos -no solo el de la Universidad del Mar- en que se crean carreras que carecen de campo laboral, sin futuro, o en los que se abren sedes sin una estructura orgánica.
¿Qué pasa hoy día?
El sistema actual, que queremos cambiar, tiene carácter binario. Frente a una universidad en crisis, básicamente hay dos alternativas: no hacer nada o revocar el reconocimiento oficial, lo cual genera el cierre de la institución.
El presente proyecto, al final del día, intenta salvar a los establecimientos de educación superior. Buscará identificar los problemas que los aquejan; si es posible, enfrentarlos, y devolverles la autonomía perdida.
Ahora bien, durante la discusión en la Comisión se dio un debate interesante sobre las distintas garantías constitucionales que están en pugna: el derecho a la educación, por un lado; el derecho a la propiedad, por otro; la libertad de enseñanza, y la autonomía universitaria. Esta última, si bien no es una garantía constitucional, reviste gran importancia para el funcionamiento de cualquier centro de educación superior.
Evidentemente, uno debe elegir qué derechos privilegiar. Aquí hemos optado por el derecho a la educación de los jóvenes.
Por lo demás, la autonomía no debe ser mal entendida. Esta no es un cheque en blanco que se entrega a una institución para que haga cualquier cosa: traicionar la fe pública, defraudar al Estado o engañar a los estudiantes, como ha ocurrido muchas veces.
La autonomía universitaria debe ganarse y ella tiene que ver con la conducta permanente de una institución. No podemos reconocerle autonomía a una universidad que ni siquiera cumple los propios estatutos que ella se autoimpone.
En la actualidad, la educación superior tiene 1 millón 200 mil alumnos, y opera en una completa desregulación.
Todos entendemos que la solución de fondo es la Superintendencia de Educación Superior. Hoy contamos con una Superintendencia que se halla abocada a la fiscalización del cumplimiento de las normas legales solo en los niveles preescolar, básico y medio, no en el superior.
Existen problemas de financiamiento, de admisión, de permanencia, de fiscalización, de aranceles, de transparencia de la información hacia los padres y alumnos, de acreditación, de creación de sedes o nuevas carreras.
Por lo tanto, resulta necesario, al menos en un aspecto, establecer esta regulación.
En la Comisión se planteó el tema -creo que lo abordamos bastante bien- de respetar los derechos de las instituciones investigadas o sometidas al administrador provisional.
Perdón, señora Presidenta, se me había olvidado que me solicitaron requerir la autorización correspondiente para que el Jefe de la División de Educación Superior, señor Francisco Martínez, ingrese al Hemiciclo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo para que entre a la Sala el Jefe de la División de Educación Superior?
Acordado.

El señor PROKURICA.- ¿Y el Ministro?

El señor ROSSI.- Está en la Sala de la Cámara de Diputados. Pero ojalá se dé una vuelta por acá también.
Señora Presidenta, otra materia significativa que se discutió dice relación con la posible existencia de cierta discrecionalidad para el nombramiento del administrador provisional y el ejercicio de sus atribuciones. Ello, al objeto de circunscribir claramente el campo de sus facultades y respetar el proyecto educativo de la institución investigada o intervenida.
Sobre el particular quiero ser muy claro, y quizás esquemático.
El nombramiento de un administrador provisional no es la primera medida que puede adoptar el Ministerio de Educación para desarrollar un proceso de investigación o de intervención de una institución de educación superior que se encuentre en situación de incumplimiento de compromisos financieros, académicos, administrativos, o de infracción grave de sus estatutos.
Hay un período de investigación de carácter indagatorio, obligatorio, previo a la designación de un administrador provisional. O sea, frente a problemas como los que mencioné, se faculta al Ministerio de Educación para efectuar una investigación y recabar antecedentes.
Conforme a los resultados que arroje esa investigación preliminar, dicha Cartera podrá adoptar tres medidas.
Primero: si constata que efectivamente hay problemas pero que no son demasiado graves, ordenar la elaboración de un plan de recuperación, que podría ser supervigilado por un delegado ministerial.
Segundo: nombrar un administrador provisional (ya me referiré a ello).
Tercero: si los hechos son muy graves y se tornan irreversibles, dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial.
Entonces, es relevante plantear que el nombramiento de un administrador provisional no es la primera medida a tomar. Existe una investigación preliminar, de carácter indagatorio; inclusive, ella podría concluir que no debe adoptarse ninguna medida por no ser tan graves los antecedentes.
Cuando hay riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa o financiera, de afectar la continuidad de los estudios, el derecho a la educación de los jóvenes, evidentemente ha de determinarse la medida de nombramiento de un administrador provisional, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación.
Ello también resulta significativo, porque no se trata de una decisión unilateral, arbitraria, discrecional del Ministro, sino de una medida que también cuenta con la participación de un cuerpo colegiado, compuesto por diez miembros bastante transversales. A algunos los nombra el Presidente de la República, con la venia del Senado; otros representan a distintos tipos de instituciones de educación superior.
Ahora bien, se planteó asimismo la posibilidad de impugnación administrativa y judicial a la resolución que designa un administrador provisional.
El punto se establece con bastante claridad -se discutió durante la tramitación del proyecto-, en el sentido de que se asegura el debido proceso en materia administrativa en relación con la institución que será intervenida por el Estado a través del administrador provisional.
¿Cuáles son las atribuciones del administrador provisional? Básicamente, por una parte, asumir el gobierno y la administración de la institución de educación superior a fin de garantizar los intereses y derechos de los estudiantes, y por otra, elaborar un plan tendiente a salvar a las instituciones, que es su objetivo fundamental.
Al decretarse la medida de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior deben resguardarse los derechos e intereses de los estudiantes. Para tal efecto, la ley en proyecto crea la figura del administrador de cierre, quien ha de garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos, ya sea en el mismo recinto educacional o en otro.
Todos sabemos lo ocurrido con la Universidad del Mar. Se trata de un caso bastante emblemático. Muchos jóvenes todavía no logran ser reubicados; otros esperan una administración delegada de su institución para conseguir su título.
Así que el administrador de cierre también es una figura relevante.
Con respecto a los establecimientos escolares, se modifica la ley Nº 20.529, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media.
Las enmiendas buscan hacer más operativa la figura del administrador provisional.
Hoy tenemos una figura ineficaz.
Se agrega una causal o hipótesis para el nombramiento: cuando haya afectación seria al derecho a la educación.
El administrador provisional puede reubicar a los estudiantes.
Y la Superintendencia de Educación podrá nombrar, en casos urgentes, ante la dificultad para confeccionar el registro respectivo, un administrador provisional.
Por último, quiero pedir votación separada, aunque me parece que ya se halla contemplada, del inciso sexto del artículo 10 del proyecto (página 25 del boletín comparado).
El texto que venía de la Cámara de Diputados establecía que el administrador provisional podía nombrar un consejo triestamental, para que hubiera debida representación y expresión de los intereses de los distintos estamentos de la institución educativa; es decir, una instancia reglada, con cierta estructura, formal, que todo el mundo entienda.
Se presentó en la Comisión de Educación del Senado una indicación que modificó lo aprobado por la Cámara Baja. En efecto, se dispuso que el administrador provisional deberá establecer mecanismos de consulta con representantes electos democráticamente de cada estamento de la institución educativa, eliminando la figura del consejo triestamental, que considero mucho más fuerte. Porque en este tipo de procesos resulta muy importante la participación de los distintos estamentos de la unidad educativa y de la comunidad entera, que se ve vulnerada en sus derechos. Hay mucha ansiedad e interés por participar.
Por eso, quisiera que mantuviéramos la redacción original propuesta por la Cámara de Diputados para el inciso sexto del artículo 10
He dicho.

El señor PIZARRO.- Abra la votación, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Siguiendo la práctica habitual, podríamos dar por aprobados los artículos 13, 15, 17, 30 permanentes y primero y segundo transitorios, que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.
Sin embargo, tocaremos los timbres para que Sus Señorías concurran a la Sala.
Mientras tanto, seguiré ofreciendo la palabra a quienes se hallan inscritos.
Senador señor Prokurica, puede intervenir.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, me alegro -lo planteó el Presidente de la Comisión de Educación- de que se haya llegado a un acuerdo en el proyecto en debate, mediante el cual se regula una situación que provoca efectos muy complejos en los estudiantes.
En regiones todos conocemos lo que ocurrió con la Universidad del Mar; sabemos de las complicaciones enfrentadas por el Ministerio de Educación durante el proceso de cierre de esa casa de estudios superiores. En las distintas sedes existentes a lo largo de nuestro país, tanto los alumnos como los profesores acudieron a nosotros para resolver un problema que nunca se había generado, que los afectó -y los sigue afectando- en forma muy seria; inclusive, a algunos no se les ha dado solución hasta el día de hoy.
La ley en proyecto tiene como objetivo crear el administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior y establecer regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
La finalidad es resguardar el derecho de los alumnos a la educación a fin de asegurar la continuidad de sus estudios, así como el buen uso de los recursos. Porque en algunos casos las platas que entregó el Estado fueron mal utilizadas: en vez de pagarles a los profesores y darle continuidad a la educación, fueron para otros lados.
A mi juicio, esta iniciativa va en la línea correcta, ya que busca corregir las escasas facultades que la actual normativa entrega al Ministerio de Educación para fiscalizar a las instituciones de educación superior en el caso de que presenten falencias serias para seguir funcionando, como ocurrió con la crisis de la Universidad del Mar o con la carrera de Criminalística en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Tal cual lo reiteró el propio Ministro de Educación, el propósito del proyecto que hoy discutimos es cautelar y cuidar el uso de los recursos fiscales, de modo que el Estado pueda vigilar oportunamente la sustentabilidad de las instituciones de educación superior y evitar que se acumulen situaciones de crisis que impliquen el uso de grandes cantidades de recursos fiscales o el cierre de algunas universidades, ya que -según señaló la propia gente de Educación en la Comisión de Hacienda del Senado- "el traslado de los estudiantes a otras entidades ha demostrado ser de compleja implementación".
La discusión de este proyecto coincide con la crisis que vive hoy la Universidad ARCIS, donde los trabajadores se encuentran con sueldos impagos desde hace dos meses y existen otras obligaciones a las que habría faltado el Partido Comunista mientras esta colectividad estuvo a cargo de la administración de dicha institución, hasta diciembre del año pasado, a través de la sociedad comercial Inversiones e Inmobiliaria Libertad S.A.
En forma paralela, la Cámara de Diputados constituyó una Comisión investigadora para establecer qué sucedió en esa casa de estudios: por ejemplo, el préstamo multimillonario en dólares desde Venezuela, o la arista de eventuales aportes de esa institución de educación superior a campañas de partidos políticos (asunto que está de moda).
En igual sentido, el propio jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, don Francisco Martínez, reveló que el Ministerio Público investiga la eventual existencia de lucro en la Universidad ARCIS.
Sin embargo, llama la atención -aprovecho la presencia del titular de Educación para decirlo- que, pese a esos graves antecedentes y teniendo en cuenta el caso de la Universidad del Mar, que costó la destitución de un Ministro del Gobierno del Presidente Piñera el año pasado, una serie de personeros ligados a la Universidad ARCIS hoy sean autoridades de la actual Administración: por ejemplo, el Embajador de Chile en Uruguay (Director de la Escuela de Derecho), el Subsecretario de Previsión Social, don Marcos Barraza (exdirector de la Inmobiliaria Libertad), o el asesor del propio Ministro de Educación don Juan Andrés Lagos (expresidente del Directorio de la Universidad ARCIS y ex Secretario General y actual miembro de la Comisión Política del Partido Comunista).
Ante tales antecedentes, señor Ministro, la verdad es que resulta curioso o, al menos, llama la atención que los funcionarios que mencioné lo asesoren en estas materias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Ministro ha solicitado intervenir.

El señor PROKURICA.- Estamos en votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- No, señor Senador.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No es necesaria la votación de los artículos que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, los cuales, conforme lo establece nuestro Reglamento, deben darse por aprobados.
Sin embargo, me interesaba que hubiera número suficiente para aprobar también el artículo 26, que es de rango orgánico constitucional. Por eso pedí que se tocaran los timbres.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay 22 Senadores en la Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Dejaremos constancia de ello.
Entonces, se darán por aprobados los artículos 13, 15, 17, 26 y 30 permanentes y primero y segundo transitorios.
--Se aprueban reglamentariamente (22 votos afirmativos), dejándose constancia de que en el caso del artículo 26 se reúne el quórum constitucional exigido.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Con el mismo quórum puede aprobarse también el artículo 22, que no se modificó.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hubiera objeción, aprobaríamos igualmente el artículo 22 del proyecto, que también es orgánico constitucional.
--Se aprueba el artículo 22 (22 votos favorables).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, seré extremadamente breve.
Desconozco el eventual relacionamiento -es parte de la investigación- entre los distintos personeros citados por el Senador Prokurica y la Universidad ARCIS, pero sí sé perfectamente que don Juan Andrés Lagos no ha sido ni es asesor del Ministerio de Educación.
Gracias.

El señor PROKURICA.- Aparece en el diario, señor Ministro.

El señor EYZAQUIRRE (Ministro de Educación).- Pero no es asesor del Ministerio de Educación. La información es falsa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, en verdad, este proyecto es completamente distinto del que ingresó al Senado.
Lo trabajamos bastante en la Comisión de Educación, donde fuimos configurando varios acuerdos entre el Gobierno y la Oposición para mejorarlo.
Por lo tanto, una vez más queda demostrado que la Oposición siempre está dispuesta a hacer aportes conducentes a perfeccionar las iniciativas del Ejecutivo.
Este proyecto causó bastante polémica desde el inicio de su tramitación, porque se cruzó con otro que actualmente se discute en la Cámara de Diputados. Ello dio lugar a una situación que pudo interpretarse en el sentido de que el Gobierno quería intervenir directamente colegios particulares subvencionados y, también, universidades.
Sin embargo, creo que, después de un trabajo bastante profundo, se logró un proyecto bueno, razonable y que da cuenta de una realidad: hoy no tenemos Superintendencia de Educación Superior.
Nos hace falta, pues, una institución que se haga cargo de la supervigilancia del sistema de educación superior.
Dada esa situación, necesitamos aprobar el proyecto que ahora nos ocupa, que es una especie de normativa intermedia, hasta que se cree la referida Superintendencia.
En tal sentido, considero muy importante, ya que nos hallamos en el segundo semestre de 2014, avanzar en los proyectos sobre educación superior, uno de los cuales se relaciona con el establecimiento de la Superintendencia del sector.
Se había ingresado la iniciativa pertinente, pero el Gobierno la retiró y no ha vuelto a enviarla.
De hecho, en el fondo el proyecto en debate espera también la entrada en funcionamiento de dicho organismo, cuya creación es necesaria para tener una institucionalidad que funcione bien.
Por lo tanto, le pedimos al Ministro, por intermedio de la señora Presidenta, que por favor se avance en las iniciativas sobre educación superior que todavía no han ingresado al Congreso para su tramitación.
La normativa que ahora discutimos llena en parte el vacío que existe por no haber Superintendencia de Educación Superior. Asimismo, garantiza uno de los aspectos que más nos preocupan a todos: que los alumnos puedan terminar sus estudios. Y, además, les entrega espacio -no lo hacía el proyecto original- a las propias instituciones de educación superior para mejorar aspectos en los que han fallado.
De hecho, en conjunto con el Gobierno logramos algo bueno: por una parte, reducir fuertemente la discrecionalidad que existía inicialmente, y por la otra, permitir un sistema de sancionamiento escalonado. O sea, no se llega directamente a cerrar la institución, sino que primero el Ministerio de Educación realiza una investigación; si los resultados indican que debe tomar medidas, puede ordenarle al establecimiento un plan de recuperación, y si la institución cumple el plan elaborado, puede solucionar sus problemas.
Si eso no funciona, se pasa al siguiente paso: nombrar un administrador provisional.
A través de ese proceso buscamos también cautelar -lo estimo muy relevante- la autonomía de las universidades y, al mismo tiempo, darles espacio a las instituciones para resolver las fallas de que adolecen.
Y si definitivamente la situación llega a límites insostenibles, se dará inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial y se procederá al nombramiento de un administrador de cierre.
A mi juicio, se aclararon y separaron en forma bastante adecuada las tareas del administrador provisional y las del administrador de cierre.
De otro lado, en un comienzo el proyecto no contemplaba medidas tendientes a garantizar el debido proceso. Se integró, pues, un sistema que asegura el respeto a las normas de aquel.
Creo que eso constituye un paso tremendamente significativo y hace que la iniciativa que nos ocupa esta tarde sea distinta de la que ingresó el Ejecutivo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Su Señoría tiene un minuto adicional para terminar.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, se hizo un buen esfuerzo en esta materia. Ojalá que siempre podamos trabajar los proyectos de esta manera, para llegar a acuerdo.
Asimismo, se solucionó un problema muy complejo en el caso de los colegios particulares subvencionados, donde había dudas con relación a lo planteado en el texto primitivo.
Esa parte se eliminó.
Por lo tanto, quedamos con una iniciativa muy diferente de la que ingresó al Parlamento.
Se hizo un buen trabajo. Sin embargo, falta una parte muy importante: darle estabilidad al sistema. Ello solo lo lograremos con instituciones permanentes. Y ahí necesitamos que entre el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior.
Después del trabajo realizado, anuncio que votaremos a favor este proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito a continuación el Senador señor Chahuán.
Vamos a tocar los timbres nuevamente.
Votaremos de una sola vez todas las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Educación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay una de rango orgánico constitucional, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En ese caso dejaríamos constancia del quórum.
Ahora tenemos número suficiente para aprobarla. Pero hay Senadores inscritos para intervenir, quienes teóricamente pueden fundamentar el voto, si lo desean.
Entonces, le ofreceré la palabra al Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Abra nomás la votación, señora Presidenta, y yo fundamento mi posición.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Qué se va a votar?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se votarán de una sola vez todas las enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión de Educación. Y, por cierto, Sus Señorías podrán fundamentar su pronunciamiento.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación, quien la está pidiendo.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, debo excusarme, pues tendré que abandonar la Sala con motivo de que en este momento se está votando en la Cámara de Diputados el proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al copago. Se trata de una votación muy difícil. Por tanto, necesito estar ahí.
Pero, junto con despedirme, deseo expresar mi reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión de Educación. Su Presidente, Senador Fulvio Rossi; los parlamentarios de la Nueva Mayoría, Ignacio Walker y Jaime Quintana, como asimismo los Senadores Ena von Baer y Andrés Allamand llevaron a cabo una labor muy unitaria, de alto nivel y de gran calidad.
Objetivamente, la iniciativa que ingresó al Senado adolecía de fallas. Desde el comienzo dije que ella no estaba en el Programa de la Presidenta de la República. Fue una papa caliente con la que nos encontramos. Y la ex Ministra Schmidt tuvo la gentileza de mostrarme los antecedentes relacionados con la situación existente. Debimos, por ende, reaccionar muy rápidamente.
Creo que lo que se ha conseguido es un excelente ejemplo de cómo el trabajo en conjunto, con buena apertura y buena disposición puede llevar a mejorar los proyectos de ley.
Gracias, señora Presidenta y señoras y señores Senadores.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Todos comprendemos, señor Ministro, la razón por la cual abandona la Sala. No hay ningún problema.
Según ya se explicó, debemos pronunciarnos acerca de las enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión de Educación.
Como una de ellas recae en una norma de quórum especial, se están haciendo sonar los timbres.
Para el fundamento de voto seguiremos el orden de inscripción.
No sé si el Senador señor Ignacio Walker va a fundamentar su pronunciamiento.

El señor WALKER (don Ignacio).- No es necesario.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pero está inscrito. Por eso la duda.
Lo digo por tercera vez: hay que pronunciarse sobre las enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión de Educación.

El señor WALKER (don Ignacio).- Yo no intervendré si se decide tomar la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, está en su derecho a usar o no de la palabra. Pero las enmiendas unánimes deben votarse. Como expresé, dentro de ellas hay una recaída en una norma de quórum especial. Y por eso se hicieron sonar los timbres.

El señor WALKER (don Ignacio).- Si se toma la votación, prefiero no intervenir.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Bien.
En votación todas las enmiendas aprobadas unánimemente por la Comisión de Educación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acogidas en forma unánime por la Comisión de Educación, incluida la norma de quórum especial contenida en el artículo 9°, con excepción de su inciso cuarto (30 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 22 del comparado, donde figura el artículo 9°, cuyo inciso cuarto (dice: "Por la interposición del reclamo no se suspenderán los efectos de la resolución, ni podrá la Corte decretar medida alguna con ese objeto mientras se encuentre pendiente la reclamación") fue aprobado por mayoría. En consecuencia, de acuerdo al Reglamento, corresponde votar ese inciso, que es orgánico constitucional.
Lo único que está pendiente del artículo 9° es su inciso cuarto, que se refiere a la tramitación del reclamo de la institución de educación superior afectada por la medida del administrador provisional.

El señor WALKER (don Ignacio).- Votemos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación el inciso cuarto del artículo 9°.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza el inciso cuarto del artículo 9° propuesto por la Comisión de Educación (18 votos a favor, 12 abstenciones y un pareo), por no haberse reunido el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron las señoras Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Orpis, Ossandón y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Por favor, Sus Señorías, diríjanse a la página 25 del comparado, donde figura el inciso sexto del artículo 9°, que pasa a ser 10.
Dicho inciso, por una parte, fue objeto de una solicitud de votación separada, y por otra, en la Comisión de Educación se aprobó mayoritariamente.
En el evento de que se rechazara la enmienda introducida por el referido órgano técnico, correspondería votar la norma aprobada en general.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación el inciso sexto sugerido por la Comisión de Educación para el artículo 9°, que pasó a ser 10.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, me referiré en forma breve a esta materia, que sin duda es importante.
La opinión y la sugerencia mayoritarias de la Comisión fueron en el sentido de aprobar el inciso que aparece en la página 25, quinta columna, donde se dice que "El administrador provisional, en el desempeño de su cargo, deberá establecer mecanismos de consulta e información con representantes elegidos democráticamente de cada uno de los estamentos de la institución educativa.".
La propuesta de la Cámara de Diputados planteaba dos cosas distintas de lo que estamos sugiriendo ahora.
Primero, usaba la expresión "podrá". Nosotros somos más imperativos: decimos que "deberán" existir los referidos mecanismos de consulta e información.
Y segundo, la otra rama del Congreso hablaba de establecer "un Consejo Triestamental de carácter consultivo," -a este último respecto no hay diferencia- "a fin de garantizar la participación de todos los estamentos de la institución educativa en el proceso. Este Consejo estará integrado por representantes democráticamente electos de los diferentes estamentos.". Sin embargo, el parecer mayoritario de la Comisión de Educación del Senado es contrario.
En efecto, durante el debate consideramos que, por su carácter, un consejo triestamental dentro de una institución de educación superior se acerca bastante -y lo digo derechamente- a una lógica de cogobierno.
Eso puede discutirse en general. Pero, cuando estamos hablando de un administrador provisional en una institución que se halla en crisis, la creación de un consejo triestamental como contraparte, obviamente, solo va a entorpecer la función de dicho personero.
Y -reitero- somos más imperativos, porque decimos "deberá". La disposición original era facultativa: usaba la forma verbal "podrá".
Más propio que un consejo triestamental es un mecanismo de consulta e información con los tres estamentos que representan a la comunidad educativa.
Por esa razón, voy a votar a favor de la propuesta mayoritaria de la Comisión de Educación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Chahuán, quien está inscrito para fundamentar su voto.

El señor CHAHUÁN.- Postergo mi intervención, señora Presidenta. No se preocupe.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, yo voy a argumentar en una lógica un tanto contraria a la planteada por el colega Walker.
Entiendo la preocupación de Su Señoría por el cogobierno. No obstante, estamos hablando de más participación y no de participación en la toma de decisiones; e incluso, de que el órgano en comento pueda tomar resoluciones vinculantes con la labor del administrador provisional.
Por consiguiente, hago un llamado a rechazar la enmienda que la Comisión de Educación del Senado introdujo a la norma de la Cámara de Diputados.
Básicamente, en la otra rama del Parlamento se trabajó a base de la idea de establecer una estructura conocida por todos y que está absolutamente legitimada, incluso por la historia, no solo del movimiento estudiantil, sino también de la forma como en democracia funcionan los diversos estamentos de distintas instituciones de educación superior.
El consejo triestamental es una estructura formal. Y todo el mundo entiende de qué se trata: en un solo órgano participan los diferentes estamentos.
Es muy distinto de hacer consultas aisladas a cada estamento por separado, aun cuando cada cual elija a una autoridad de manera democrática.
Quiero asimismo, señora Presidenta, señalar algo más bien vivencial.
Durante la crisis de la Universidad del Mar, en la sede Iquique me tocó vivir en carne propia lo que ocurre con los diversos estamentos ante ese tipo de situaciones.
Hay en tales casos una tremenda ansiedad, una gran incertidumbre. Existe temor: los funcionarios, respecto de sus sueldos y cotizaciones; los académicos, lo mismo. Los estudiantes no saben si deben ir a otro lugar para ver la forma de continuar sus estudios. No saben si hay que matricularse o no. De hecho, uno de los problemas que tenemos hoy deriva de que muchos no se matricularon y por tanto, desde el punto de vista legal, no les pueden entregar las becas. Estamos buscando alternativas.
Entonces, existe una enorme demanda por participación efectiva.
En la búsqueda de solución a una universidad en crisis, no puede haber ningún proceso de intervención eficiente si no media una adecuada, activa y eficiente participación de todos los estamentos, la cual queda consagrada en el consejo triestamental, que es precisamente la estructura que permite asumir el desafío.
En ningún caso estamos hablando de cogobierno. Se trata de un ente meramente consultivo. Y, además, nos estamos refiriendo a una situación excepcional: mientras dure la intervención, la que, por lo demás, se halla limitada en el tiempo.
Por lo tanto, señora Presidenta, para el propósito de garantizar la participación de la comunidad educativa en el proceso de intervención, la fórmula que planteó la Cámara de Diputados me parece mucho más eficaz que la aprobada en votación dividida por la Comisión de Educación del Senado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cabe señalar que todas estas cosas funcionan cuando hay voluntad para que así ocurra.
El administrador provisional en materia de educación media claramente no funciona. Porque se pidió establecer un consejo de consultores o de administradores provisionales, y nadie ha querido asumir esa labor. Debe de haber muy poca plata. Pero, más bien, ello implica comprarse un problema. Entonces, muchos establecimientos educacionales no han sido intervenidos debido a que no hay nadie inscrito en el Registro Público de Administradores Provisionales.
En el colegio Piaget, de Talcahuano, se han robado el dinero; han recibido subvenciones por niños que aparentemente tienen deficiencia mental, cuando en realidad son estudiantes normales; hay un número más abultado de alumnos, en fin.
En consecuencia, aquí debe velarse por el bien superior de los estudiantes. Y la posibilidad de que se conforme un consejo triestamental permite garantizar que ellos participen en la solución que el Estado dice querer brindarles. Pero, a lo menos, tiene que consultarlos. Claramente, no debe ser una consulta aislada, sino con los actores, participativa. Porque ellos se juegan el futuro de su carrera, de sus vidas.
La norma aprobada en general por el Senado era clara. Yo soy partidario de la expresión "deberá constituir", porque se trata de una instancia provisional, que se disuelve.
Para quienes temen a la participación y detestan que la gente opine y tome parte en las decisiones que afectan a sus vidas, la proposición del consejo triestamental tiene mucho más sentido y coherencia.
Estamos hablando, por cierto, de estudiantes con plena capacidad; de futuros profesionales. Por tanto, negarles la participación ordenada, reglamentada constituye un error.
El inciso propuesto por la Comisión de Educación señala: "establecer mecanismos de consulta".
¡Les van a hacer una encuesta! La discrecionalidad permite que se utilice cualquier mecanismo de consulta. ¡Les entregarán un formulario y les pedirán que elijan entre las alternativas!
Porque en definitiva, como en el proyecto se estableció claramente que había que "escuchar mucho" a los establecimientos educacionales y que poco menos que se les debía pedir permiso para intentar ayudarlos -ese fue el espíritu de la negociación que se llevó a cabo en la Comisión de Educación con el Ministro del ramo, en la que yo, sin ser miembro, participé-, se aumentaron las capacidades de los organismos administradores de educación y se disminuyó la del Superintendente.
Este mecanismo fortalece la transparencia, la participación y la solución adecuada. Porque puede haber una intervención muy ordenada; pero si va en dirección contraria al sentir y la voluntad de los estudiantes, no sirve de nada. Ella debe estar en la línea de lo que los estudiantes y los trabajadores de la institución quieran. Y para eso se necesitan participación y transparencia.
A mí me gustaría que esto fuera vinculante. Es un mecanismo complejo. Estamos hablando de un consejo triestamental donde se pueda entregar opinión normada en la ley y no hacer cualquier tipo de consulta. Porque ya sabemos: la consulta se va a efectuar mediante un mecanismo muy poco participativo, por lo que vamos a tener una rebelión.
En los hechos -digámoslo francamente-, habrá asambleas, deliberación, debates, propuestas. Por tanto, la ley no puede forzar la realidad; tiene que interpretarla. Y en la realidad habrá asambleas y van a existir consejos entre profesores, autoridades y estudiantes.
En consecuencia, voto en contra del texto aprobado en la Comisión de Educación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, este tema es de la máxima importancia. De alguna manera, define el carácter que tendrá el órgano en comento para resolver situaciones de universidades que, como se ha dicho, están en crisis. Y, frente a una crisis, se requiere aunar voluntades, compartir criterios, tener unidad de propósito, saber hacia dónde va el plantel involucrado y cómo se solucionan la cuestión académica, los problemas de financiamiento, en fin.
Es evidente que, frente a una situación compleja como la descrita, tres -o cien- cabezas piensan más que una.
Entonces, aquí el problema no es de verbo, sino de sustantivo. No se trata de cambiar "podrá" por "deberá". El problema se relaciona con el tipo de participación que vamos a tener.
Lo que plantea la indicación, que recibió tres votos a favor y dos en contra en la Comisión -por eso comparto el criterio que ha defendido el Senador Rossi-, es bastante laxo. Como bien señaló el colega Navarro, esto puede terminar en un buzón en cada facultad, en cada sede, en el que se entregue una papeleta. Pero no se comparte, no hay sentido de comunidad...

El señor NAVARRO.- ¡De retroalimentación!

El señor QUINTANA.- No hay retroalimentación.
Decía que tampoco hay sentido de comunidad para entender la magnitud de la crisis y cómo se sale de ella.
¡Por favor! Aquí no estamos hablando de cogobierno, ni de un claustro pleno resolutivo, sino simplemente de un consejo triestamental, con los estamentos democráticamente elegidos por cada universidad, consultivo.
¿Dónde está el cogobierno? ¡Es consultivo!
Por eso señalo que la decisión es muy importante: porque aquí se juega la esencia de un instrumento como este, que debe ser participativo. Y, a mi juicio, el administrador provisional requiere esta herramienta a fin de que todas las fuerzas vivas de la universidad se sumen para sacarla de la crisis.
De ahí la relevancia de que quede muy claramente definido cuál es el mecanismo de participación que se va a utilizar. En este caso es el consejo triestamental de carácter consultivo.
Por eso, voto en contra.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda propuesta por la Comisión de Educación para el inciso sexto del artículo 9°, que pasa a ser 10 (22 votos contra 10 y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores De Urresti, Guillier, Lagos, Montes, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto negativo del Senador señor Girardi.
Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, quedan pendientes las enmiendas aprobadas por mayoría en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Son las siguientes:
En la página 26 del informe comparado se introduce un artículo 11, nuevo.
En la página 32 del mismo informe se modifica el inciso primero del que pasa a ser artículo 13.
Y en la página 66 -tercera columna- aparece la letra f), nueva, que se agrega al artículo 89 de la ley N° 20.529.
Reitero que todas esas enmiendas fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Educación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, efectuaremos una sola votación.
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, lo que pasa es que esas tres modificaciones corresponden a materias muy distintas. En consecuencia, no cabe hacer una sola votación. Porque es perfectamente posible que los señores Senadores apoyen una enmienda y rechacen otra. No hay una lógica ni un hilo conductor entre ellas. Se trata de materias completamente diferentes unas de otras.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Siendo así, las votaremos una por una.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, corresponde pronunciarse sobre el artículo 11, nuevo, que fue aprobado por mayoría de votos.
No requiere quórum especial.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, voy a poner en votación el artículo...

La señora MUÑOZ.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, no todos los integrantes de esta Sala somos miembros de la Comisión de Educación.
Ahora bien: cuando hay votación de mayoría quiere decir que hubo disenso en algunas disposiciones.
En tal sentido, como no estuvimos en el debate pertinente, para votar en conciencia nos gustaría conocer cuáles son las diferencias existentes entre las normas propuestas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le voy a pedir al Presidente o a algún miembro de la Comisión de Educación que nos dé una explicación sobre esta materia. Porque, efectivamente, se trata de votaciones de mayoría, no unánimes.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- El informe tiene un solo problema: no figuran en él los nombres de los Senadores que votaron en un sentido u otro.
Personalmente, me abstuve en este punto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le pareciera, señor Senador, podríamos pedirle a la Secretaría que nos señalara los nombres de quienes votaron en cada caso.

El señor ROSSI.- Sí, señora Presidenta; sería interesante.
Por mi parte, me gustaba más la fórmula de la Cámara. Pero parece que no la tenemos acá.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que es un artículo nuevo.
El señor Secretario va a dar los nombres de quienes votaron, según se ha solicitado.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El artículo 11, nuevo, se aprobó por cuatro votos a favor (Senadora señora Von Baer y Senadores señores Allamand, Quintana e Ignacio Walker) y una abstención (Senador señor Rossi).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, yo me abstuve -hubo cuatro votos a favor-, básicamente, porque considero que la norma es un tanto restrictiva respecto de las facultades del administrador provisional. Pero, sin duda alguna, están los votos necesarios y suficientes para aprobarla.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.
En votación el artículo 11, nuevo, propuesto por la Comisión de Educación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, ya lo señalé: esta es la protección más absoluta a las autoridades que han quebrantado las obligaciones consagradas en la ley.
Yo no sé cómo a una autoridad que ha fracasado en la administración de una universidad se le va a preguntar si quiere que le reestructuren o no.
¿Qué tipo de administrador provisional es ese? ¡Tiene que preguntarles a los fracasados, a los que han cometido ilícitos a los que pueden ser detenidos -y ojalá reciban penas de cárcel- si quieren o no reestructurar su institución!
¡Me parece una concepción inaceptable!
Yo quiero señalar, además, que el plazo que se establece suma cincuenta días desde que el administrador dice "Queremos reestructurar".
En efecto, son quince días contados desde la comunicación de la medida; cinco para requerir la autorización pertinente; diez para hacer presentes las alegaciones y acompañar antecedentes, y veinte para que el Consejo resuelva. Total: cincuenta días.
Cuando hay una crisis, que es siempre la acumulación de un desastre, como ocurrió en la Universidad del Mar,...

La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¡Y en la ARCIS!

El señor NAVARRO.- ... tomarse cincuenta días solo para decidir lo de la reestructuración me parece un exceso. Y más aún que se conceda a los intervenidos la posibilidad de decidir si quieren reestructurar o no.
Aquí lo que se ha cautelado, particularmente por quienes defienden a las universidades privadas o a las estatales, es que haya la menor intervención posible.
O sea, el proyecto educativo ya está garantizado. No podrán modificarse sus bases. Así que, si es una universidad confesional o de un grupo económico -como las hay-, nadie va a tocar la orientación, porque los estudiantes decidieron libremente estudiar allí. Por tanto, presumimos que asumen el proyecto de la universidad.
Lo que no me parece -y esto fue parte de un proceso de negociación en la Comisión, donde se ablandó el proyecto que traía el Ministro- es que se establezca que la reestructuración "deberá ser aprobada por la máxima autoridad colegiada".
Eso es un eufemismo.
Habría que decir "por el dueño" o "por el gerente del dueño". Porque las universidades privadas tienen dueño y grupos de accionistas, gente de carne y hueso que ha invertido plata.
Entonces, le van a preguntar al dueño si quiere que le intervengan la empresa.
Señora Presidenta, aquí hubo un miedo fantasmagórico a la figura del interventor.
Los miembros de la Comisión a veces hablaban de "interventor", no de "administrador".
Lo cierto es que cuando una institución ejerce una función pública como la educación y, además, va a recibir subvención estatal -porque hay crédito fiscal- debe tener un grado de dependencia de la autoridad reguladora y fiscalizadora.
Este administrador provisional no tiene muchos dientes, señora Presidenta. Es como un perrito desdentado. Porque debe andar consultando, husmeando, tratando de saber de qué humor está el consejo o la autoridad que lo ha hecho mal.
A mí eso no me parece adecuado. Creo que sin una autoridad fuerte para intervenir no se va a alcanzar el objetivo que buscamos: que en una situación de crisis se efectúen las correcciones necesarias y se logre que los estudiantes terminen su carrera -porque han hecho una inversión de por vida-, para que no tengamos que lamentar nunca más una situación como la vivida en la Universidad del Mar.
Creo que el artículo es más bien permisivo; debilita las facultades del administrador provisional, y, en definitiva, solo responde al interés de quienes buscaron cautelar los "derechos de la autoridad universitaria a que no se metan en sus asuntos".
Esa es una visión muy industrializada, muy privatizadora, muy empresarial del tema universitario.
En materia de fiscalización, yo estoy por un fiscalizador que tenga facultades de verdad. Si no, va a ocurrir lo mismo que con aquellos inspectores que llegan a cursar una simple multa o solo a ver cómo está la cosa.
Quiero un administrador provisional fuerte, capaz de resguardar los derechos de los estudiantes.
Este artículo disminuye las facultades y, por lo tanto, restringe las posibilidades de que los alumnos obtengan una respuesta positiva.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, entiendo que está en la Sala el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio. Entonces, me gustaría que él o los miembros de la Comisión nos despejaran las dudas que surgen de la lectura del texto.
Aquí se establece que el interventor, el administrador -o como lo quieran llamar- hace una propuesta, partiendo primero con el proyecto educativo que existe; está facultado para llevar a cabo un proceso de consulta, e incluso de venta de bienes, entre otras cosas, las que pueden ir bastante más allá.
Por su parte, el afectado o el consejo a quien se le pregunta puede oponerse, pero el administrador al que recurre -y por eso voy a votar a favor de este texto- es el Consejo Nacional de Educación. Y esa es una instancia transversal, colegiada,...

El señor WALKER (don Ignacio).- Así es.

El señor LETELIER.- ... que representa la multiplicidad de opiniones ideológicas y políticas del país, pero que además está constituida por personas probas, que piensan en el bien del país.
Por ende, la lectura que yo hago de este texto es absolutamente distinta de la que hizo el colega que me antecedió en el uso de la palabra. Creo que le faltó leer los últimos tres incisos, pues allí se contemplan los mecanismos que le permiten a un ente superior dar el visto bueno al "administrador provisional", "interventor", o como lo quieran llamar.
En lo personal, creo que la norma está bien, señora Presidenta, ya que da el respaldo y los consensos necesarios para este tipo de acciones.
Si mañana vemos que falta afilar un poco los dientes, veámoslo. Pero creo que, como institucionalidad inicial, está muy bien diseñada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 11, nuevo, propuesto por la Comisión de Educación (27 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa los señores De Urresti y Navarro.
Se abstuvieron los señores Guillier y Rossi.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A petición del Senador señor Girardi, se deja constancia de su intención de voto favorable.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, como en una votación anterior me equivoqué, quería solicitar que se cambiara mi voto por la opción "no", considerando que igualmente no se modificaría su resultado.

El señor MOREIRA.- ¡Pero votó "sí"!

El señor GIRARDI.- Así es.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que solo corresponde dejar constancia de su intención de voto negativo, señor Senador, luego de su aclaración.
Continuamos con la siguiente enmienda, que no se acogió por unanimidad en la Comisión de Educación.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En el artículo 11, que pasa a ser 13, su primer inciso fue aprobado solo por mayoría, con los votos a favor de los Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana e Ignacio Walker, y la abstención del Honorable señor Rossi.
Dicha norma propone intercalar, a continuación de la expresión "asumirá", la frase "desde el momento de su designación" y, después de la expresión "poderes", la frase "y para la única finalidad de solucionar los problemas detectados en la investigación".
De aprobarse la enmienda, la disposición quedaría de la siguiente forma:
"Para el cumplimiento de su objeto, el administrador provisional asumirá, desde el momento de su designación, con plenos poderes, y para la única finalidad de solucionar los problemas detectados en la investigación, el gobierno y la administración de la institución de educación superior, correspondiéndole en consecuencia, la representación legal y todas aquellas facultades que la ley y los respectivos estatutos o escritura social, según corresponda, le confieren a cualquier autoridad unipersonal o colegiada que desempeñe funciones directivas, llámese esta asamblea de socios, directorio, junta directiva, gerente general, rector o cualquier otra nomenclatura que confiera alguna de las facultades señaladas en el presente inciso".

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación el artículo 11, que pasa a ser 13.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, las razones de mi abstención en esta votación van casi en la misma dirección de la norma anterior, en la cual había que pedir, para presentar un plan de reestructuración, la venia del mismo operador o de quien esté a cargo de la institución de educación superior que es intervenida y que hizo las cosas mal.
En este caso, también se cercenan un poco las facultades del administrador provisional. Porque una cosa es lo que ocurre en el período de investigación preliminar, la fase indagatoria, en la cual efectivamente pueden aparecer causales para nombrar un administrador provisional -muy bien-; pero otra diferente sucede en el minuto en que se nombra al administrador provisional, con otras facultades.
De hecho, la facultad de gobierno de esa institución es muy distinta durante la investigación preliminar, donde siguen administrando y conduciendo los destinos de esa institución quienes, de alguna manera, la llevaron al despeñadero.
La disposición en comento establece -por eso me abstuve, porque hubiese preferido otra redacción; la otra alternativa era rechazarla- que la única finalidad del administrador provisional sería "solucionar los problemas detectados en la investigación".
¿Y qué pasa si después de la investigación aparecen otros problemas en la fase de desarrollo de la labor propia del administrador provisional?
Por esas razones no estuve de acuerdo con la redacción propuesta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cuando discutimos la iniciativa que creaba la Ley de Subvención Escolar Preferencial advertimos que los alcaldes gastarían la plata en cualquier cosa.
Detuvimos el proyecto cuatro meses, se presentaron 234 indicaciones.
Y, como después salí de mi querido Partido Socialista y formamos el MAS, al día siguiente me sacaron de la Comisión y se votó el paquete de 34 artículos sin debate y en un solo pronunciamiento. Tampoco estaba el Senador Chadwick, que forma parte de la UDI.
Como decía, hicimos presente que los alcaldes usarían el dinero en cualquier cosa, porque no existía ningún mecanismo de fiscalización y ya había una experiencia al respecto.
En esa oportunidad dije: "Les vamos a pasar plata; la malgastarán y después se manifestará que la educación pública no sirve para nada".
¡Dicho y hecho! Eso fue lo que pasó. Y todos nuestros alcaldes están en la Contraloría, por miles de millones. Algunos se pasaron de la raya, porque ocuparon el 95 por ciento de los recursos en las ATE, o para diferentes fines: frases radiales, etcétera, pero en nada que diga relación con beneficiar a los estudiantes más pobres.
Solo quiero advertir que, en el caso que nos ocupa, me parece absurdo mandatar nuevamente a este "perrito sin dientes" para que se dedique a solucionar únicamente lo detectado en la investigación. O sea, cuando en el transcurso de la labor del administrador provisional descubra otras causales de descontrol, o eventualmente de delito, le van a expresar: "¡No! Limítese a lo que estaba en la investigación".
Pareciera que la norma hubiera sido redactada con mira telescópica, o pensada más bien para proteger a las entidades fraudulentas que para investigarlas u ordenarlas. Porque se establece que la labor del administrador provisional tendrá "la única finalidad de solucionar los problemas detectados en la investigación". Es decir, si surgen nuevos inconvenientes, le van a indicar que no son de su competencia, sino de la autoridad que ejerce la administración paralelamente con él, por lo que no se puede meter en eso.
Señora Presidenta, hago notar que cuando esta ley en proyecto se apruebe -cuenta con los votos para ello- y cause los líos que originará al comprobarse que este administrador no tiene facultad para nada, los inteligentes muchachos universitarios a punto de ser profesionales van a preguntarse: ¿Quién votó a favor de esta ley? ¿Quiénes fueron los parlamentarios que aprobaron la creación de un administrador con las manos atadas?
No sé si algún gerente general podría asumir el control de una empresa en quiebra con este tipo de restricciones. La respuesta más probable sería: "¡No! ¡Denme facultades plenas, o no podré arreglar esta empresa!".
Aquí tenemos un administrador provisional con las manos atadas, con facultades totalmente cercenadas. Eso es lo más grave, porque a veces la investigación, que siempre se realiza desde fuera, no revela la profundidad de la crisis.
Cuando el administrador provisional se instale y descubra los problemas in situ, puede encontrar muchos otros. No obstante, le van a decir: "Está bien, esos son los problemas más graves, pero la ley no lo autoriza a abordarlos, porque se hallan fuera de su ámbito".
Siempre habrá una autoridad de la institución universitaria que le recordará que está fuera de la ley, porque contará con un ejército de abogados a su lado. Además, desconozco si irá con asesores, o saldrá solito a la cancha. Y se encontrará con todas las autoridades, más un ejército de abogados, que le van a señalar que si se sale de la línea lo demandarán.
Por lo tanto, el interventor se verá constantemente amenazado, menoscabado, inhibido.
Hago tal advertencia, porque en el papel estas cosas no parecen tan importantes, pero cuando se llevan a la práctica resultan inconcebibles, increíbles.
Me parece que se está aprobando un artículo que lo único que hace es generar mayores complicaciones, de manera absurda. Es como si a un fiscal le dijeran "Usted debe atenerse a la investigación previa por la cual formalizó. Si aparecen nuevos antecedentes, no los considere. Solo limítese a la investigación preliminar".
¡Esa es la estulticia más grande, señora Presidenta! Perdóneme que así lo señale. No tiene ninguna justificación técnica ni profesional.
A mi juicio, aquí hay un excesivo celo de parte de los proveedores de servicios educacionales, que han intentado ponerle las mayores restricciones al administrador.
Sin embargo, lo último es esto: si un interventor, o administrador provisional, se limita solo a una investigación preliminar, en definitiva, qué hará con otros problemas que descubra en el camino, como los de certificación, de titulaciones, de administración económica. ¿Qué hará si no se puede meter porque su mandato únicamente lo remite a la investigación previa, por la cual se le puso en el cargo? ¿A quién se los derivará?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional, para concluir su intervención.

El señor NAVARRO.- Solo quiero agregar que esta inconsistencia, este vacío, lo vamos a pagar caro, porque la presente iniciativa no contempla un mecanismo para abordar lo anterior, y tampoco se hace cargo de ello. El administrador tendrá que denunciar los hechos ante la fiscalía, y esta abrir una investigación de tipo penal. ¡No lo sé!
Esta modificación, señora Presidenta, más bien fue nuevamente negociada, acordada, con los proveedores del servicio educacional, con los dueños de las universidades, pero claramente en desmedro del objetivo básico del proyecto: proteger el bien superior del estudiante.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas de la Comisión de Educación al inciso 1° del artículo 11, que pasa ser 13 (20 votos contra 6, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Espina, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Matta, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Tuma e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa la señora Muñoz y los señores De Urresti, Girardi, Navarro, Quintana y Rossi.
Se abstuvo el señor Montes.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Comisión propone agregar la siguiente letra f), nueva, al número 1):
"Cuando, tratándose de los establecimientos municipales, se solicite por parte del sostenedor la renuncia al reconocimiento oficial del establecimiento educacional y de ello se derive una grave afectación al derecho a la educación de los y las estudiantes matriculados en dicho establecimiento".
Ese literal se aprobó por 3 votos a favor, de los Senadores señores Quintana, Rossi e Ignacio Walker, y dos abstenciones, de los Honorables señores Larraín y Allamand.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, en la línea de lo que solicitaba la Honorable señora Muñoz, quiero explicar muy rápidamente por qué nos abstuvimos en la Comisión de votar este precepto e instamos a su corrección.
En el texto original, cuando un sostenedor solicitaba la renuncia al reconocimiento oficial, ello podía dar paso efectivamente al nombramiento de un administrador provisional. El Ejecutivo corrigió esta norma en el sentido de dejarla circunscrita al ámbito municipal. Y, por supuesto, eso pareció razonable. Pero el problema con la disposición que se propone, señora Presidenta, es lo siguiente: hay una clara vulneración de la autonomía municipal y, concretamente, de la forma en que debiera procederse.
¿Cuál es la hipótesis que se plantea aquí?
Si, en determinada municipalidad, el alcalde, con el concejo municipal, considerando el conjunto de antecedentes que tiene a la vista, resuelve solicitar la revocación del reconocimiento de un plantel educacional, es porque esa autoridad llegó al convencimiento de que, por alguna razón -obviamente ponderada de manera adecuada por esas autoridades-, no tiene viabilidad, por carecer de alumnos o estar ubicado en un lugar donde existen otros establecimientos.
En verdad, señora Presidenta, esta norma echa por tierra la posibilidad del ejercicio constitucional de la autonomía de las municipalidades. En esto la Carta Fundamental es absolutamente categórica -por eso hago reserva de constitucionalidad-: las municipalidades son autónomas, tienen patrimonio propio y, en los aspectos financieros, tienen precisamente autonomía. Lo que hace la disposición propuesta es permitir que cuando una municipalidad, en el pleno ejercicio y resguardo de todas sus atribuciones legales, llegue a la conclusión de que a determinado establecimiento no le es factible continuar funcionando por carecer de viabilidad en razones fundadas, el Estado, anteponiéndose a esa autonomía municipal, pueda operar la figura del administrador provisional.
Eso es incorrecto. Porque en la práctica se termina con esa autonomía para efectos de poder lidiar con situaciones de esa naturaleza.
Como explicamos con el Senador Larraín, aquí no estamos frente a una situación de crisis originada por un sostenedor que se ausenta, que simplemente no cumple sus obligaciones. ¡No! La hipótesis que plantea la norma es que, si una municipalidad, en pleno ejercicio de sus atribuciones, llega a la conclusión de que un plantel no tiene viabilidad, su decisión podrá ser revocada en los hechos por el Gobierno central con la figura de un administrador provisional.
Claramente, eso no parece razonable. Y es completamente atentatorio contra la autonomía de las municipalidades para, en este caso, ejercer sus atribuciones en el ámbito educacional y, sobre todo, en el aspecto financiero.
Lo que puede ocurrir acá es que, en definitiva, se sostenga que debe haber una administración provisional, pero que careza de los recursos del caso.
Entonces, mi pregunta es muy simple: ¿Le dejamos o no la administración de la educación a los municipios?
Hoy esto cae dentro del ámbito de la autonomía municipal. Y acá, simplemente, se plantea erosionarla.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- ¡Es todo lo contrario...! Porque cuando discutimos este precepto en la Comisión, una municipalidad de la Región Metropolitana había pedido el fin del reconocimiento oficial de un establecimiento.
Y, por los antecedentes que he recibido, muchos municipios que se oponen al proceso de desmunicipalización -por así llamarlo-, que forma parte de la reforma educacional que se plantea para crear una nueva manera de organizar las escuelas públicas, pedían el fin del reconocimiento oficial del colegio a fin de cerrarlo. Ello comprometía el derecho a la enseñanza de muchos jóvenes allí matriculados.
Por eso se incorpora la hipótesis antes mencionada: para poder nombrar un administrador provisional en el caso de la educación general -aquí no hablamos de la superior, sino de la general- a fin de hacernos cargo, eventualmente, de la pérdida de matrícula de un grupo importante de jóvenes, como ha ocurrido al parecer no solo en la Región Metropolitana, sino también en otros lugares.
Entonces, nos hallamos en un proceso de cambio, en un proceso de reforma. Y, lamentablemente, esta vía de cerrar una escuela puede servir para que, en definitiva, un municipio se quede con el bien inmueble, con la infraestructura educativa, con el objeto de darle otra finalidad y perjudicar a los estudiantes.
Ojalá que la Sala apruebe esta letra como viene de la Comisión de Educación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, no podemos perder de vista que este proyecto busca resguardar el derecho de los estudiantes a continuar sus estudios. Esto rige para la educación superior -lo que se buscaba precisamente en el caso de la Universidad del Mar- y también para la educación general básica y media, como se plantea ahora.
Por lo tanto, puede haber un plantel, una municipalidad, que esté pensando en terminar con el funcionamiento de determinado establecimiento. Pero aquí la iniciativa se pone en la hipótesis de instaurar la figura del administrador provisional y, en consecuencia, de darles una oportunidad a sus estudiantes.
Ese es el tema de fondo: que a esos alumnos les sea factible llevar adelante su proceso educativo, formativo, más allá de lo que el sostenedor señale, porque este puede estar mirando simplemente cifras, datos económicos, o eventualmente políticos, y no pensando en qué es mejor para esos jóvenes en formación.
Claramente, esta disposición va en beneficio de los estudiantes y los protege, y de ahí que llamemos a votarla a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, creo que cuando se debatió este texto había muy poca experiencia acerca del funcionamiento del administrador provisional en la enseñanza media. Claramente, como nadie está inscrito en el registro, hay cero experiencias.
Estamos hablando del artículo 89 de la ley N° 20.529, que parte señalando que solo se podrá nombrar un administrador provisional en los siguientes casos:
-Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de Desempeño Insuficiente por cuatro años.
-Cuando el representante legal o el administrador se ausenten injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar.
-Cuando exista atraso en el pago de las remuneraciones de dos meses consecutivos.
-Cuando se suspendan los servicios básicos (agua, luz, baños) por tres días hábiles consecutivos.
Y la letra f), nueva, que se agrega no es la más grave.
Les pido a los colegas leer la letra g) que se incorpora, que dice: "Cuando un sostenedor abandone, durante el año escolar, su proyecto educativo, dejando de prestar el servicio educacional en el establecimiento de su dependencia.".
¿A cuánto tiempo se refiere? ¿Al año completo?
Al respecto, siento que de nuevo se entregan más flexibilidades, pues en los liceos el administrador provisional tendrá muy poca capacidad de intervención. De hecho, ¡hasta ahora ha sido nula!
Esa legislación resulta inútil, toda vez que estableció un registro en el que nadie se halla inscrito. Cuando votamos sobre el particular dijimos: "Se fija este registro con el objetivo de dilatar".
¡Dicho y hecho!
Existe cero incentivo para ser administrador. Nadie está inscrito. Por lo tanto, ninguna persona puede ser nombrada en el cargo, a pesar de haber colegios en crisis.
En cuanto a la letra f) que se agrega, esta dice: "Cuando, tratándose de los establecimientos municipales".
Esa es una mala noticia, pues dentro de pocos meses los colegios van a dejar de ser municipales y pasarán a ser del Estado. Por consiguiente, desde ya la nomenclatura tendrá que variar.
Entonces, cuando modifiquemos la ley está claro que este es uno de los puntos que habrá que cambiar prontamente.
En resumidas cuentas, esta norma es inútil, porque el sostenedor ya no será el municipio, sino el Estado. Serán corporaciones -espero- regionales público-privadas de educación las que administrarán los colegios que hoy día se encuentran en manos de los alcaldes.
En lo referente a los colegios municipales -dentro de poco, ojalá el primer trimestre del 2015, ya no existirán-, se habla de "la renuncia al reconocimiento oficial". Pero la administración ya no estará en manos del sostenedor o del alcalde, sino de una corporación. Por consiguiente, la Ley General de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización nos pone en una situación absurda, pues no veo al Estado renunciando a su propio reconocimiento oficial.
No hay norma más absurda que esta, ya que le dice al Estado, que es el que otorga el reconocimiento, que puede renunciar a él. No es ese el camino.
Con toda claridad, va a operar un mecanismo distinto. Porque cuando discutamos los proyectos sobre educación deberemos determinar cuántos colegios estarán a cargo del Estado, qué cantidad de ellos puede funcionar y si se van a fusionar o no.
En definitiva, me parece que esta letra f) está pésimamente pensada y peor redactada, por lo que será letra muerta dentro de poco.
Sí quiero señalar que lo más importante del artículo 89 de la ley N° 20.529 es su letra e). Los padres y apoderados no lo saben, pero el hecho de que un sostenedor, particular o municipal, deje de prestar un servicio básico por tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en el período de seis meses es causal de nombramiento de un administrador provisional. Por ejemplo, baños desde donde emanen aguas servidas hacia el patio o la cocina inviabilizan cualquier buen servicio. Es más: generan un alto riesgo sanitario.
Señora Presidenta, como corresponde pronunciarse sobre la letra f) que se agrega al artículo 89 mencionado, voto en contra, pues considero que esa norma es irrelevante y carece de sentido.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sus Señorías tienen derecho a fundamentar su voto. Pero les aviso que va aumentando la lista de oradores. Hasta ahora están inscritos los Senadores señores Larraín, Montes, señora Von Baer, señor Ossandón y señora Van Rysselberghe.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Es la última votación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Todavía falta una.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Otra más?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es, porque se solicitó efectuar las votaciones una por una.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en primer término, dejo constancia de que nosotros pedimos continuar con el debate del proyecto relativo al acuerdo de vida en pareja y no analizar este.
Lo aclaro porque después dicen que queremos postergar esa discusión, en circunstancias de que deseamos que haya un buen debate y no uno a la rápida.
Dejo salvada esa responsabilidad, ya que después nos señalan a nosotros como culpables, y no lo somos.

El señor MONTES.- Por lo general, es así.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, reitero lo que acaba de mencionar el Senador Allamand, porque me tocó participar en esa sesión en remplazo de la Senadora Von Baer, nuestra titular en la Comisión de Educación.
En efecto, la disposición que contiene la letra f), que permite nombrar un administrador provisional "Cuando, tratándose de los establecimientos municipales, se solicite por parte del sostenedor la renuncia al reconocimiento oficial del establecimiento educacional y de ello se derive una grave afectación al derecho a la educación de los y las estudiantes matriculados en dicho establecimiento", constituye a nuestro juicio una interferencia directa en el ejercicio de las funciones municipales.
Me parece algo de la esencia.
Está bien discutir sobre si la educación ha de estar o no en manos municipales. El debate está pendiente; se presentaron proyectos sobre desmunicipalización que no prosperaron, y probablemente llevemos a cabo el análisis más adelante. Pero ese no es el tema hoy día.
La administración de la educación fue entregada a los municipios. Y estos, según el artículo 118 de la Carta, "son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio", etcétera.
Es decir, la definición constitucional le entrega al municipio la autonomía en el manejo de aquellas funciones que la ley le otorga, a través de la Constitución, una ley orgánica u otras normativas. Así ocurrió con la educación, la salud y otras tareas que se les encomendaron a las municipalidades para producir en torno a ellas un verdadero desarrollo local.
Cuando ahora, por las razones que sea, se pretende interferir en el ejercicio de tales funciones, me parece que estamos entrando en una zona muy delicada. Porque, bajo pretexto -puede ser una excusa- de que se afecta el destino de los alumnos, nos estaríamos entrometiendo en una administración que le corresponde por derecho al municipio.
Ahora, en mi circunscripción, la del Maule Sur, tengo la experiencia de numerosas escuelas rurales que están pasando por un problema muy difícil: la falta de alumnos. En esos casos, los municipios muchas veces las cierran para organizar mejor sus recursos y, además, para que los propios niños cuenten con una educación adecuada. Un establecimiento con 6 o 7 niños es muy distinto de otro que congrega a 30 o 40, ya que en este último se puede entregar mucho mejor educación. Las escuelas unidocentes son complejas desde el punto de vista de la efectividad.
Cuando un municipio enfrenta esa situación resulta muy doloroso para la comunidad que cierren el colegio. Sin embargo, probablemente en bastantes casos el interés superior del alumno radica en ese cierre.
Alguien podría decir: "Se está afectando a los niños". Pero ese no es el propósito, sino darles una mejor educación.
En fin: existen muchas hipótesis para sostener que si dejáramos que el Ministerio interfiera en la administración de una escuela municipal, podríamos generar una situación extraordinariamente compleja y contraria al sentido de autonomía de los municipios.
Por ese motivo, votamos en contra de esta disposición. Y también me sumo a la reserva de constitucionalidad, pues considero que en estas materias uno debe ser claro y coherente: si les traspasamos a los municipios la administración de la educación, no podemos después, so pretexto de una situación que no sabemos cuán relevante será, quitarles la autonomía que a nivel constitucional les entregamos.
De manera que no solo voto que no, sino que además -como manifesté- hago reserva de constitucionalidad.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, en verdad, encuentro que este proyecto es bastante enredoso. Yo compadezco a quienes van a ser administradores de colegio en algún momento, porque se tratará de entidades en crisis. Entonces, le dicen: "Aquí tiene una institución en crisis, pero aquí existen todas estas restricciones y problemas".
No me he metido en todo el debate.
Cuando ocurrió lo de la Universidad del Mar, le dijimos al Ministro Beyer: "Le apoyamos en el momento que quiera un proyecto de ley que le permita intervenir esta situación y resolverla". No lo quiso hacer. Eso se le manifestó en la Cámara de Diputados y acá, en el Senado.
Lo que se propone requiere mucha operatividad. Encuentro de dudosa operatividad lo que está saliendo, pero no me meto más en la discusión.
En cuanto a la letra f), en primer lugar, le señalo al Senador Navarro que por desgracia esto ocurre. Hay hartos alcaldes cerrando colegios, por distintas razones, de discutible fundamento.
Y puedo hablar del colegio Manuel Rojas de Macul, del Santa Rita de Pirque, de distintos establecimientos. Es posible señalar diversos colegios, y se entregan distintas razones. Pero hay una decisión unilateral del alcalde en orden a decir: "Lo cierro". Ello puede tener fundamento en el corto plazo.
¿Pero qué ocurre? Estamos en un momento de transición, y se ha mencionado por todos lados que va a cambiar la forma de gestionar los colegios municipales, los establecimientos públicos.
Votaré a favor de la indicación. Pero, claramente, no me convence.
Le hemos manifestado una y otra vez al Ministerio que la solución a este problema es otra. Basta con cambiar el decreto Nº 315. Esta normativa no afecta la propiedad -como dice el Senador Larraín-, no afecta la autonomía. Este decreto establece con cuánta anticipación el sostenedor debe avisar para efectos de cerrar el colegio.
Hoy la situación es absurda. Avisa el 1º de diciembre y puede cerrar al comienzo del otro año, cuando ya ha pasado el período de matrículas y todo. Hay colegios, como el Santa Rita, donde los alumnos ya estaban matriculados y el alcalde informó el cierre. Finalmente, la situación se revirtió y la Corte Suprema le ordenó al alcalde reabrirlo. Pero se generó una crisis con posterioridad a esto, pues hay pocos alumnos. El caso del colegio Manuel Rojas de Macul es parecido.
Le planteo al Ejecutivo que resuelva este problema. Es absurdo que postergue la modificación del decreto Nº 315. Porque, si se le pone como condición avisar por lo menos un año antes que va a cerrar el colegio, los padres, las familias tendrán la posibilidad de tomar decisiones. Ello no afecta las facultades de la ley para estos efectos. No tiene que ver con la autonomía. Protege a los padres y permite un tiempo razonable para avanzar en el proyecto de desmunicipalización.
Votaré a favor. Pero creo que esta no es la solución al problema que se ha señalado. Si no se modifica luego el decreto Nº 315, esto aumentará mucho más en los próximos dos meses.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que una de las dificultades más grandes que sufren los municipios hoy para hacerse cargo de la educación pública y lograr calidad radica en que por distintas razones les tenemos amarradas las manos. Por lo tanto, resulta muy importante hacer un cambio en ese aspecto.
Pero pienso que el camino no es que el Estado se haga cargo de los colegios -es lo que en el fondo, por la puertita de atrás, está pasando con esta indicación-, porque al final del día lo que sucede -y ocurre hoy igual- es que el Ministerio de Educación está obligando a cambiar de decisión a municipios que quieren cerrar colegios porque son de mala calidad o porque ya no tienen alumnos para así traspasar la matrícula a otros establecimientos que tienen cupos para hacerse cargo de esos alumnos y poseen buena calidad. El Ministerio está impidiendo que los alcaldes se hagan cargo de su educación.
En tal sentido, el Ministerio se meterá directamente en la gestión de los sostenedores municipales (o sea, los alcaldes) respecto de la educación que se encuentra a cargo de ellos.
No está bien que ello se haga por la puertita de atrás, sin que se note, porque al final del día estamos estatizando la educación y entregando la gestión de estos colegios al Ministerio, a través de los administradores provisionales.
Lo que me preocupa es que en la práctica hoy eso está ocurriendo. Los municipios, por diversas razones, han decidido cerrar colegios y han reubicado a sus alumnos. Pero el Ministerio está obligando a reabrir dichos establecimientos y a que los estudiantes vuelvan a ellos.
Eso me parece sumamente grave, porque no se está mirando la calidad de las instituciones. ¡En ninguna de estas reformas se atiende a la calidad! Y quienes finalmente terminan sufriendo los perjuicios de este tipo de decisiones son los propios alumnos.
Estimo que aquí se está afectando gravemente la autonomía de los municipios para hacerse cargo de la educación en sus comunas. Y esto justamente es lo que hace que la educación pública en la actualidad no tenga en todas partes los mismos buenos resultados. ¿Por qué? Porque al final se encuentran atados de manos los directores, los sostenedores, etcétera.
Por lo tanto, creo que esta disposición no va en la dirección correcta, y por eso votaré en contra.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero hacer mención de dos cosas.
Por un lado, a partir de lo que he escuchado, creo que aquí hay bastante desconocimiento acerca de lo que pasa en terreno y de la realidad de los municipios.
No voy a perder tiempo en explicarle el caso del colegio Santa Rita al Senador Montes, porque ese establecimiento se encuentra a una cuadra de mi casa.

El señor MONTES.- Está al frente.

El señor OSSANDÓN.- No, a una cuadra.

El señor MONTES.- ¡Y usted fue alumno de ese colegio...!

El señor OSSANDÓN.- Así es. ¡Y el mejor...! ¡Sacaba puros sietes...!

El señor MONTES.- ¡Eso no es lo que dice la historia del colegio...!

El señor OSSANDÓN.- El Ministerio fue el que obligó al alcalde a cerrar el colegio, porque estaba en malas condiciones. Pero eso no es el problema.
Lo que me preocupa es que aquí se habla como si existieran decisiones unilaterales de los alcaldes. Los administradores de los colegios son los municipios. Y hay concejos y directorios de corporación que tienen mucho que decir. Además, es importante aclarar que la municipalización de verdad no existe, porque lo que hacen los municipios hoy es administrar pobreza.
Tenemos casos como el del colegio Santa Rita, mencionado por el Senador Montes. Con la pérdida mensual que registra ese establecimiento y considerando el número de alumnos podría pagárseles un colegio particular. Y hoy obtiene menos de 200 puntos en el SIMCE, o sea, los alumnos no aprenden nada. Y se gasta una fortuna.
Por lo tanto, los alcaldes jamás van a querer cerrar un colegio por cerrarlo. ¡Por favor!
Si lo primero que debemos reconocer en el Senado es que los municipios forman parte del Estado. Eso es educación pública. Nadie desea cerrar un colegio, pero cuando arroja 30, 40 o 60 millones de pérdidas al mes y no hay cómo pagar las imposiciones de los profesores, alguien tiene que "parar la olla", como se dice vulgarmente.
Por lo tanto, la norma en análisis no solucionará el problema. Y en eso comparto la argumentación del Senador Navarro.
Además, venga quien venga como administrador, si no están los dineros para pagar los sueldos a fin de mes o la cuenta de la luz, del agua, etcétera, ello no sirve de nada.
Esto podría aplicarse con mucho más gravedad a las escuelas unidocentes, que son pequeñísimas, que cuentan con un profesor para varios cursos, que no tienen ninguna posibilidad de financiarse. A no ser que contraten a supermán de administrador no habrá una solución y, es más, se agravará la situación.
Por eso es importante que existan visitas a terreno y que conozcan la realidad de las municipalidades.
¡Debo aclarar que los municipios no son enemigos de la educación pública!
Lo que pasa es que hoy aquellos administran un sistema desfinanciado: no negocian los sueldos, porque ello lo hace el Estado; no negocian los contratos, porque los fija el Estatuto Docente, y ni siquiera pueden gestionar la educación. Y después les dicen que lo hacen mal.
Entonces, creo que hay que ir al problema de fondo. Y este no lo va a solucionar una persona, con el poder que cuente. Además, la norma en estudio atenta contra la autonomía del municipio. Pero si atentara contra la autonomía de un municipio y significara mejorar la calidad de la educación de los niños, ¡bienvenido sea! Sin embargo, esta norma no ayudará a ninguna de las dos cosas.
También quiero aclarar que gran parte de los municipios que desean entregar la educación al Estado lo hacen porque su presupuesto para las otras labores se va solo en pagar déficits de una educación que están obligados a prestar.
Pienso que los municipios deben seguir con esa tarea. Y es mucho más barato en esta reforma arreglar la municipalización que desmunicipalizar, porque hoy no existe municipalización, solo es una administración delegada.
Finalmente, señor Presidente, es muy importante que, cuando se hable de este tema, no se use siempre la palabra "alcalde", porque es el municipio el que administra la educación, no la máxima autoridad edilicia. Esta es la persona que dirige el equipo y la que asume las responsabilidades.
¡No conozco a ningún alcalde en Chile, de ningún color político, que quiera cerrar una escuela por cerrarla o por una razón política!
¡No hay ninguno!
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, parto diciendo que estoy muy contenta ¡por estar de acuerdo en mi votación con el Senador Navarro...!

El señor PROKURICA.- ¡Se pueden parear...!

La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¡La verdad es que se trata de una feliz coincidencia...!

El señor NAVARRO.- ¡Capaz que ahora me abstenga...!

La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¡Vamos a pedirle que no cambie su voto fruto de esta coincidencia...!

El señor LETELIER.- ¡Le puede durar poco la alegría...!

La señora VAN RYSSELBERGHE.- En todo caso, llegamos al mismo pronunciamiento pero por caminos distintos.
Creo que efectivamente esta modificación refleja, tal como sostuvo el Senador Ossandón, un franco desconocimiento respecto de la realidad de los municipios.
La autonomía de estos los faculta para cerrar escuelas si así lo estiman pertinente. Sin embargo, no es fácil tomar esa decisión. Para ello, tanto el alcalde como los concejales, quienes deben aprobar los planes educacionales que anualmente el jefe edilicio presenta, deben enfrentar a la comunidad educativa; normalmente, al Colegio de Profesores, y a los padres de los alumnos afectados.
Tal decisión implica costos y se medita mucho, porque no es fácil tomarla.
Me parece que quitarles esta atribución a las municipalidades y dejar que los parlamentarios regulen la materia a través de una ley que permite al Ministerio de Educación tomar las decisiones desde un nivel central es una medida que apunta en un sentido absolutamente incorrecto.
Si queremos desmunicipalizar la educación, okay, conversemos el asunto; veamos los pros y los contras, y pidamos la opinión a los alcaldes.
Yo conozco a alcaldes de comunas muy pequeñas que se la juegan para que la educación en sus localidades sea de calidad. Por eso pienso que tenemos que entregarles herramientas y no quitárselas. A lo mejor, hay que fiscalizar más adecuadamente y aumentar los recursos si deseamos que la educación pública sea de calidad.
Que el Parlamento pretenda fiscalizar, a través de leyes, la labor que realizan los alcaldes con sus concejos municipales me parece incorrecto y de una soberbia intelectual que los municipios no merecen.
Rechazo esta modificación, no solo porque es inconveniente para el sistema educativo, sino porque, además, atenta contra la autonomía municipal. Esta debe defenderse como principio de descentralización, pues son los municipios los que, al final del día, están en contacto directo con la gente.
Voto en contra.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, no pensaba intervenir, pero lo voy a hacer para insistir en algo que siempre he expresado en el Senado durante estos años: la gran diferencia entre las democracias y las dictaduras es que en las primeras existe una Constitución, que regula la conducta de la sociedad, y todos debemos someternos a ella, sin perjuicio de querer perfeccionarla, como hemos hecho en Chile más de 80 o 90 veces desde el retorno de la democracia, o de establecer una nueva Carta Fundamental.
Desde ese punto de vista, la modificación que nos ocupa es absolutamente inconstitucional. Y me extraña que no lo hayan hecho ver el Ejecutivo o los Senadores que integran la Comisión, sobre todo los de la Nueva Mayoría, que son Gobierno.
La razón de la inconstitucionalidad es muy sencilla.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala claramente: "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.".
En consecuencia, los municipios están facultados para ser sostenedores de establecimientos educacionales públicos.
Pese a ello, nuestra Comisión de Educación propone una norma que vulnera flagrantemente la autonomía municipal. Ella carece de competencia, no tiene atribución, salvo que se modifique la Constitución, para arrogarse el derecho de determinar una intervención cuando una municipalidad, a través de su máxima autoridad -obviamente con consulta previa al concejo-, adopta la dolorosa decisión de renunciar al reconocimiento oficial de un establecimiento educacional.
Sin embargo, con la enmienda en análisis se le dice al alcalde, quien es una autoridad autónoma, lo siguiente: "Usted no puede hacer eso, porque le vamos a poner un administrador provisional".
Por otra parte, esto se podría prestar para las mayores competencias de demagogia.
Yo conozco la situación. En la Región de La Araucanía -el señor Presidente lo sabe- existe una cantidad enorme de colegios unidocentes, que -¡gracias a Dios!- ha ido disminuyendo. En efecto, en las zonas rurales encontramos escuelas que funcionan con cuatro, cinco, seis, diez o veinte alumnos y un profesor. Y todos sabemos que ahí se entrega una educación de muy mala calidad.
A pesar de ello, la gente que vive en esos lugares muchas veces no quiere que se cierre el colegio, pues igual les resulta más cómodo tener ahí al hijo.
Pero todos sabemos que la formación de esos niñitos es mala; todos sabemos que es imposible que un profesor atienda adecuadamente a esos alumnos, y todos sabemos que hay que pagar costos para mejorar la calidad de la educación, principio este último incomprendido.
La solución es tomar seis o siete de esas escuelas -me refiero a las unidocentes, que existen particularmente en sectores rurales, como las que hay en la Región de La Araucanía- y concentrarlas en un solo establecimiento educacional. Habitualmente, además, se trata de poner locomoción para que los niños puedan trasladarse al nuevo colegio. Sin embargo, tal idea inicialmente es muy resistida por la comunidad. Esto lo veo, porque hago visitas en terreno, al igual que los Senadores Tuma y Quintana, quienes también saben que eso es así.
Y ahora se propone una norma mediante la cual, si el alcalde toma la decisión de cerrar un colegio y manifiesta: "No quiero que tal establecimiento educacional siga funcionando porque no es adecuado o porque lo correcto es fusionarlo con otro", una autoridad central le señalará: "Señor alcalde, usted no puede hacer tal cosa". ¡Imagínense las presiones políticas! Entendamos que en este ámbito los alcaldes a veces toman decisiones que son impopulares pero necesarias, porque son los sostenedores de la educación pública.
En consecuencia, respecto de la norma que nos ocupa tengo dos objeciones.
La primera es que de repente algunos miembros de este distinguido y Honorable Senado toman como cosa secundaria algo esencial: respetar las reglas del juego, particularmente las consagradas en la actual Constitución o en cualquier otra que tengamos a futuro. Nadie puede decir: "Si la Carta lo dice, no me importa; yo hago lo que quiero". Porque esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia. En las dictaduras se hace lo que se quiere, por cuanto no se respetan las leyes; en democracia existen preceptos que deben ser respetados, aunque a uno no le gusten. Ahí radica la diferencia entre creer y no creer en la democracia, en el Estado de Derecho.
La segunda observación es que esta disposición, a mi juicio, va a dañar la decisión que pudiera tomar un alcalde.
Y, en todo caso, si dicha autoridad regularmente decidiera de modo equivocado sobre la necesidad de cerrar colegios o de fusionarlos, sucedería una cosa obvia: el concejo lo acusaría de notable abandono de deberes, ya que entre sus funciones, mientras exista la municipalización, está la de educar a los niños.
En consecuencia, señor Presidente, espero que estos argumentos logren persuadir a algún señor Senador para que rechace la modificación en análisis.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, yo tampoco quería intervenir, pero este punto es muy importante. Y creo que nos asiste absolutamente la razón.
Quiero pedirles a los colegas que legítimamente han argumentado en contra de lo propuesto con una base constitucional que lean la normativa que nos rige. En la Ley de Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que aprobamos bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, con el Ministro Joaquín Lavín -entonces yo era Presidente de la Comisión de Educación, y me tocó encabezar la negociación-, hay un párrafo entero sobre el administrador provisional.
¡Si esta facultad existe desde hace cuatro años!
Lo que aquí se plantea es en resguardo, justamente, de una garantía constitucional: el derecho a la educación. La enmienda que nos ocupa busca asegurar de manera efectiva tal derecho.
La autonomía del gobierno municipal no es autarquía. Aquella existe, pero debe operar en consonancia con las normas de la Constitución.
Les pido que lean el Párrafo 6º, "Del administrador provisional", del Título III de la ley Nº 20.529, publicada -insisto- en el Gobierno del Presidente Piñera, cuando era Ministro de Educación el señor Joaquín Lavín.
El artículo 87 dice: "La Superintendencia," -fue creada en ese cuerpo legal como ente fiscalizador de la educación- "mediante resolución fundada, podrá nombrar un administrador provisional para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado", etcétera.
Toda esa materia se encuentra regulada en las normas de dicho Párrafo. ¡Está en la ley! Y no va en contra de la autonomía municipal, por cuanto la facultad ya existe desde hace cuatro años.
Uno podrá alegar a favor o en contra del mérito de la enmienda que se propone, pero no tiene nada de inconstitucional.
Con ella se busca, por un lado, hacer efectivo el derecho constitucional a la educación y, por otro, modificar el artículo 89 de la ley vigente con relación al administrador provisional.
En consecuencia, creo que es absolutamente pertinente la norma que estamos votando.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Recuerdo que estamos en votación.

El señor MONTES.- Pido la palabra.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Senador, usted ya hizo uso de la palabra para fundamentar su voto.

El señor MONTES.- Permítame decir solo dos cosas muy breves.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir.

El señor MONTES.- Gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar que el colegio Santa Rita no fue cerrado por el Ministerio de Educación, sino por la Corte Suprema, en virtud de un informe de la Corte de Apelaciones respectiva. Los magistrados fueron hasta allá y vieron la situación en terreno. Luego de eso, determinaron cerrarlo.
En segundo lugar, dicho establecimiento no era el peor en resultados de la prueba SIMCE. Sus puntajes estaban mejor que varios otros.
Valga la precisión, porque aquí un grupo de padres manifestó que quería el colegio.
Con todo, creo que el tema es debatible.
Lo único que digo es que aquí se requiere un período de transición.
A mí no me gusta el artículo tal como está, pero es mejor que no tenerlo, sobre todo con el debate que ha habido.
En mi opinión, el Ministerio podría resolver el asunto solamente cambiando un decreto; así se evitaría los inconvenientes de constitucionalidad y enfrentaría el problema de fondo.
Hay una transición, y van a ocurrir muchas situaciones como las descritas de aquí a fin de año. Y hay que tomarlas en serio.
Gracias, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero saber con qué quórum estamos votando esta enmienda.
¿Ella modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades?

El señor MONTES.- No.

El señor WALKER (don Ignacio).- No.

El señor LARRAÍN.- ¡Pero cómo! ¡Si les estamos afectando una atribución a los municipios!

El señor WALKER (don Ignacio).- Se modifica el artículo 89 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

El señor LARRAÍN.- ¡No, no!
Esta norma incide también en las facultades de las municipalidades.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Vamos a consultar al señor Secretario por el quórum de esta disposición.

El señor LABBÉ (Secretario General).- De acuerdo al informe de la Comisión, la norma no es de quórum especial. Acá se le está otorgando una atribución al sostenedor.
Yo no puedo dar una opinión diferente de la que señaló ese órgano técnico en su informe, sin perjuicio de los derechos que pueden ejercer los señores Senadores.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, la enmienda en votación claramente es de quórum orgánico constitucional.
Mi enfoque es distinto del que ha señalado el Honorable señor Ignacio Walker. Si se revisan las normas del artículo 89, que él nos convoca a leer, se observará que algunas de ellas se aplican a los establecimientos particulares subvencionados y no a los municipales.
Sin embargo, la modificación en comento, como señala su tenor literal, se refiere específicamente a los últimos. Esta no es una disposición abierta por igual a los establecimientos municipales y no municipales. Por tanto, desde el punto de vista de la más elemental lógica, estamos hablando de los planteles educacionales del nivel municipal.
Muy bien.
¿Quién tiene la administración de los establecimientos municipales? ¿Quién es el sostenedor? El municipio.
En consecuencia, si se interfiere en el ejercicio de una atribución que hoy claramente poseen los municipios, tal como sucede con la enmienda que nos ocupa, resulta evidente que se está modificando la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Tan así es que solamente puede administrar un colegio municipal -valga la redundancia, rayana en la obviedad- un municipio.
Por lo tanto, no hay duda alguna de que estamos frente a una norma de quórum orgánico constitucional. Y con esta mayoría debiera aprobarse la disposición.
Señor Presidente, más allá de las legítimas apreciaciones que puede haber respecto del mérito del precepto, es evidente que este tiene aquel rango constitucional.

El señor TUMA (Vicepresidente).- La norma está votada.
Pediré al señor Secretario que proclame el resultado de la votación.
En todo caso, cualquier parlamentario tiene derecho a plantear la reserva de constitucionalidad que estime pertinente. Y entiendo que ello ya se hizo.
La determinación del quórum la hizo la Comisión. Si él se cumple o no, dependerá del resultado de la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra f) que se agrega al artículo 89 de la ley Nº 20.529, contenida en la letra a) del numeral 1) del artículo 29 del proyecto (19 votos a favor, 12 en contra y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Rossi, Tuma e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.


El señor TUMA (Vicepresidente).- Cualquier reclamación tendrá que alegarse donde corresponde. A la Mesa no le queda otra alternativa que acoger la decisión sobre el quórum que tomó la Comisión.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
En todo caso, esto ya está resuelto.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, antes de que se contabilizaran los votos, pedí que se resolviera, precisamente, la naturaleza jerárquica de esta enmienda, porque es evidente que es una norma modificatoria de las atribuciones municipales, y ese tipo de disposiciones solo puede aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, es decir, con cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.
Por lo tanto, solicito que esa sea la calificación que le dé la Mesa.
Si no se acepta mi requerimiento, pido votación en la Sala para resolver el punto. Me parece que eso es lo que corresponde.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Lo primero que quiero señalar es que el Secretario de la Corporación no puede dar como argumento para no entregar su opinión, cuando el señor Presidente se la consulta, el que la Secretaría de la Comisión ya tomó una decisión.
Eso no lo había visto nunca. ¡Nunca!
¡En tal caso, mejor no tengamos Secretario General; pongamos en la Mesa, acompañando al Presidente, al Secretario de la Comisión que corresponda, según el proyecto de que se trate!
Por lo tanto, le pido al señor Secretario, con todo respeto, que ejerza sus atribuciones.
Cuando un Senador solicita revisar la decisión de un órgano técnico por estimarla incorrecta, es absolutamente inaceptable sostener que ella es vinculante per se para la Sala.
Podría darse el caso de que una Comisión considerara que un artículo requiere quórum de dos tercios para su aprobación, porque se le ocurrió nomás, y todos tendríamos que aceptar sin más esa resolución y votar la norma con esa exigencia.
Así no se trabaja en el Senado.
Usted, señor Presidente, puede señalar libremente, porque es su derecho, si está de acuerdo o no con el requerimiento que le han formulado los Honorables señores Hernán Larraín y Allamand.
Pero, como ha sido tradición en esta Corporación, si un Senador pide que el asunto sea llevado a votación luego de que la Mesa ha rechazado el planteamiento de cambiar el quórum, debe permitirse que la Sala resuelva el punto.
Y tal decisión siempre podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional si así lo requiere un señor Senador. Pero ese es otro tema.
A mí lo que me preocupa son los precedentes.
Primero, el Secretario General, a mi juicio, comete un grave error al señalar, cuando se le solicita su opinión, que él no la da porque el Secretario de la Comisión ya tomó una decisión.
Segundo, el señor Presidente tiene derecho a sostener una posición, por cierto.
Y tercero, frente al requerimiento de un Senador, lo que corresponde es que la Mesa se pronuncie. Y si se pide que el asunto sea votado por la Sala, la regla general es que así se hace. De ese modo se ha procedido siempre en el Senado.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario.
En todo caso, yo interpreto que lo planteado por Su Señoría tiene que ver con la discusión de la admisibilidad de una disposición, no con el quórum que definió la propia Comisión.
La Mesa acogió la interpretación de la Comisión de Educación.
Veamos en el Reglamento cómo se dirime cuando la Mesa ha resuelto que una disposición no es de quórum especial, si es la Sala la que debe resolver.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, quiero decir que yo no he señalado que no puedo contradecir a la Secretaría de la Comisión. Es la Comisión la que acuerda qué normas son o no de quórum especial -artículo 40 del Reglamento-, y eso queda consignado en el informe que firman sus miembros.
Acá, al efectuarse la relación se leyeron exactamente todas las disposiciones que la Comisión de Educación indicó en su informe que eran de quórum especial.
Ahora bien, no cabe duda de que en el curso del debate los señores Senadores pueden alegar que una norma es de quórum especial.
En este caso se abrió la votación, y ella se realizó. Incluso, algunos Senadores, al fundar su voto, hicieron reserva de constitucionalidad. Imagino que, de concretarse un requerimiento al Tribunal Constitucional, se incluirá el argumento correspondiente.
Pero a la Secretaría del Senado no le corresponde contradecir a la Comisión, que es la que hace el informe.

El señor ESPINA.- ¡No le estamos pidiendo que la contradiga, sino que dé una opinión!

El señor QUINTANA.- ¡Ya se votó!

El señor TUMA (Vicepresidente).- Está resuelto el asunto. Ya se votó la norma.
Esa es la interpretación de la Mesa.
Los señores Senadores tienen el derecho de recurrir a la instancia correspondiente para reclamar sobre la constitucionalidad de dicha votación.
Nos resta pronunciarnos sobre un último asunto.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 68 del comparado, donde figura la modificación de la Comisión de Hacienda que incorpora un numeral 2), nuevo, pasando el numeral 2) a ser 3), para agregar en el artículo 91 un inciso cuarto, nuevo, que se consigna en las páginas 69 a 70.
El Honorable señor Coloma pidió votación separada de esa norma.
El artículo de la Comisión fue aprobado con los votos favorables de los Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro y las abstenciones de los Senadores señores Coloma y García.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, la norma en comento se discutió largamente en la Comisión de Hacienda, donde se presentó la indicación. No la analizó la Comisión de Educación. Entró en la última etapa a Hacienda.
Básicamente, pretende modificar lo que se señala en el inciso segundo del artículo 54 del decreto con fuerza de ley número 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que establece la obligación de retener la subvención a los sostenedores que no hayan pagado las cotizaciones de los profesores.
Esa norma se discutió mucho en su momento. Conforme a ella -reitero-, si el sostenedor no paga las imposiciones de sus trabajadores, deja de recibir la subvención. Es una forma de proteger a los docentes.
Aquí se dispone que el administrador provisional podrá dejar sin efecto esa retención al objeto de que pueda utilizar esos recursos conforme a su leal saber y entender.
Ello puede ocurrir, y lo entiendo.
Pero, en la práctica, ¿dónde está la objeción? En que lo que de alguna manera es un incentivo para el profesor, al establecerse la referida facultad, el administrador puede gastarlo en otra cosa. Y, probablemente lo hará.
Recordemos que el administrador provisional llega en un momento de emergencia, no en una situación de normalidad. Entonces, puede dejar sin efecto la retención de la subvención y pagar -ello fue parte de la discusión-, por ejemplo, la cuenta de la luz; hacer pagos a terceros o a algún proveedor que tenga un problema urgente. De esa manera, producida una eventual situación de insolvencia, esos recursos se gastarían en algo distinto, quedando los profesores con sus cotizaciones impagas.
Aquí estamos hablando de gente racional.
Entiendo la filosofía del planteamiento. El Ministerio de Educación señala que es tal el enredo que debe recurrir a todos los recursos de que disponga, incluso a los que se hallan retenidos por no pago de las cotizaciones previsionales.
Con el Senador García nos opusimos a la referida disposición. Pensamos que, si uno tiene el cuidado de cautelar a todo evento el pago de las cotizaciones de los profesores, no resulta una buena decisión generar una excepción, aunque se trate de situaciones muy complejas.
Nosotros planteamos desde el primer momento que nos parecía que se trataba de una norma que, en vez de facilitar el cumplimiento de la labor del administrador, iba a producir un grado de incerteza o un desincentivo con relación al pago de las deudas previsionales.
La norma figura en la página 70 del comparado. Sus Señorías se darán cuenta de que solo la discutió la Comisión de Hacienda. No alcanzó a ser analizada por la de Educación.
Nosotros pensamos que es un buen principio el hecho de que el pago de la subvención esté siempre vinculado a la cancelación de la cotización. Si no ocurre lo segundo, tampoco sucederá lo primero. Pero la subvención se retiene para pagar las imposiciones, no para que se gaste en otro tipo de cosas, como las emanadas de la creación de la figura excepcional que se consigna al final de la ley en proyecto, que a mi juicio genera más incertezas que condiciones para desarrollar bien un trabajo.
Por eso no aprobamos la indicación y por ello pedí votación separada para la norma que nos propone el Gobierno.

El señor MONTES.- "En votación".

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay más inscritos. Así que procederemos con la votación.

El señor MONTES.- ¡Votemos, señora Presidenta; ya se han dado todos los argumentos!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- ¡No, señora Presidenta!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Desde acá se escucha un murmullo. De manera que le daré la palabra para escuchar lo que tiene que decir.
Puede intervenir, Su Señoría.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, el Senador Coloma señala que si una empresa deja de pagar la previsión de sus trabajadores se retienen ciertos recursos. Entonces, una vez que se empieza a desenredar el nudo está el fondo a que se refiere Su Señoría. El sostenedor lo desactiva.
Sin embargo, en ninguna parte se dice que esos dineros sean exclusivamente para previsión. Es a propósito de la previsión, pero no necesariamente para pagarla.
En todo caso, está claro que dicho fondo puede ser incluso inferior a la deuda previsional hacia atrás.
Nosotros entendemos que tienen que querellarse contra el dueño del establecimiento, con cargo a sus propiedades, para sanearlo todo.
Aquí se están procurando recursos para mover el colegio y terminar el período escolar. De eso se trata. Y ello, con parte de los referidos fondos.
Eso ocurre a cada rato, no como lo plantea el Senador Coloma. Se incorpora en el conjunto de gastos, incluyendo la previsión del mes; no la deuda hacia atrás, sino la cotización del respectivo mes. Ello forma parte de los enredos cuando existen estas crisis.
Por eso votamos a favor la proposición del Ejecutivo, pues resuelve el problema que se plantea. La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la propuesta de la Comisión consistente en agregar en el artículo 91 de la ley N° 20.529 un inciso cuarto, nuevo.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, a pesar de que escuché con atención al Senador Coloma, no logré desentrañar su oposición.
Nuevamente, si tenemos un administrador provisional, quien ha de resguardar el buen funcionamiento del establecimiento, su normalización; la protección del bien superior del estudiante; el cumplimiento de los planes y programas; los elementos fundacionales del respectivo establecimiento, debe tener alguna manija que le permita obtener recursos para hacer funcionar todo ello.
Lo otro equivale a ser alguien que no llega a solucionar nada y debe andar peregrinando -algunos dirán "desfilando"- para pedirles plata al Ministerio o al Consejo Nacional de Educación a fin de poder resolver sus problemas.
El texto expresa que "excepcionalmente y por resolución fundada del Ministerio de Educación con la visación del Ministro de Hacienda", etcétera.
¡Por favor! ¡Esos son candados! ¡Vayan a sacarles plata al Director de Presupuestos, al Ministro de Hacienda...!
Primero hay que convencer a Educación y luego a Hacienda. La excepcionalidad está claramente resguardada.
Si un administrador provisional requiere el levantamiento del impedimento para la administración de recursos -la norma no especifica que sean previsionales-, ello se podrá determinar frente a un daño mayor. Porque puede haber situaciones excepcionalísimas en que el no pago contribuya a la desaparición definitiva de un establecimiento.
Por tanto, el administrador ha de contar con potestades, con facultades, con herramientas que le permitan gestionar.
No sé si el objetivo es hacer saltar al administrador. Porque significaría decirle: "Resguarde...

El señor COLOMA.- ¡Cuidar la previsión!

El señor NAVARRO.- ... el establecimiento y a sus estudiantes, pero arrégleselas como pueda".
Entonces, como existe un sistema de multas bastante engorroso; como las administradoras de fondos de pensiones pueden demandar, y como es factible que haya decenas de profesores, administrativos, en fin, y que la deuda sea considerable, la facultad en comento resulta necesaria.
Con los candados de los Ministerios de Educación y de Hacienda existen elementos que permiten establecer que la cuestión no es discrecional ni arbitraria y que el administrador no puede quedarse con la plata. Debe actuar con un plan rígido, visado por dos Secretarías de Estado.

El señor COLOMA.- Con la plata de la previsión.

El señor MONTES.- No es de la previsión.

El señor NAVARRO.- La previsión es un elemento más.
Cualquier administrador tiene que resguardar los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables.
Siento, pues, que el buen criterio va a primar.
Algunos Senadores son bastante expansivos en ciertos aspectos, y en otros, muy sintéticos.
En este caso hay una facultad con la que el administrador debe contar.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Justamente iba a solicitarle al Honorable señor Coloma que no interrumpiera o que interviniese por intermedio de la Mesa, para evitar los diálogos.

El señor COLOMA.- ¡Siempre es bueno dialogar!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pero no en pleno discurso. Eso ya no es un diálogo.
Su Señoría sabe perfectamente que estoy muy de acuerdo con los intercambios de opinión. Pero en este caso la interferencia fue demasiada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión de Hacienda consistente en incorporar un numeral 2), nuevo, pasando el numeral 2) a ser 3), que agrega en el artículo 91 de la ley N° 20.529 un inciso cuarto, nuevo (13 votos a favor, 9 abstenciones y un pareo), y queda despachado en particular el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Girardi, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Navarro, Quintana, Tuma e Ignacio Walker.
Se abstuvieron de votar las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Ossandón y Pérez Varela.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.

L

a señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde continuar con la iniciativa, en primer trámite constitucional, que crea el acuerdo de vida en pareja.
Quiero dejar claro que, sin ánimo de dilación, se propuso tratar ahora el proyecto recién despachado porque nos pareció importante la existencia de una normativa que permita enfrentar situaciones en que se requiere un administrador provisional y que son muy críticas para los estudiantes.
La propuesta de la Mesa es no tratar hoy la iniciativa sobre el AVP -restan 15 a 20 minutos y, por lo tanto, el debate se interrumpiría- y comprometernos a discutirla en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes hasta su despacho.
El señor Secretario tiene una lista de oradores, la que será respetada. Por supuesto, podrán inscribirse otros Senadores.
Nos parece razonable no comenzar ahora, pues solo alcanzarían a usar de la palabra tres oradores.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
--Así se acuerda.
)---------------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Moreira pidió hacer uso de la palabra.
De acuerdo con el Reglamento, tiene derecho a ello.
Tiene la palabra Su Señoría.


REAFIRMACIÓN DE VOTO CONTRA AVP Y RECHAZO A EXPRESIONES DE SENADORA SEÑORA LILY PÉREZ

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, en el día de ayer manifesté que me pronunciaría en contra del proyecto sobre AVP, que se va a votar el próximo martes.
Mi rechazo al acuerdo de vida en pareja obedece a convicciones profundas, tanto desde el punto de vista de la racionalidad como de la fe. Y nuestra sociedad respeta y garantiza constitucionalmente la libertad de conciencia.
Nadie tiene autoridad moral ni mucho menos una situación de superioridad en ese aspecto para juzgar mis convicciones religiosas -soy, orgullosamente, un Senador evangélico-...
--(Aplausos en tribunas)
... y mi argumentación racional para fundar mi votación respecto a una iniciativa en particular, como es el caso de la que crea el acuerdo de vida en pareja.
Ayer la Honorable Senadora Lily Pérez se refirió a mis planteamientos como propios de una conducta homofóbica.
Me veo en la obligación de hacerme cargo de dichas declaraciones, pues no es aceptable que se discrimine ni calumnie a quienes tenemos una visión distinta sobre un tema tan sensible como la protección del matrimonio y el fortalecimiento de la familia chilena.
--(Aplausos en tribunas).
Señora Presidenta, yo respeto a las personas que en esta Sala piensan y opinan distinto de mí, lo que me da el derecho y la autoridad moral para exigir la misma consideración.
Mantengamos un clima de respeto para tener un debate con altura de miras.
La dignidad humana de los homosexuales no está en cuestión. Son personas que merecen el respeto de todos y cada uno de nosotros.
--(Aplausos en tribunas).
Si en el pasado tuve una conducta equivocada, la rectifiqué. Y se lo he dicho siempre a quienes me conocen y se impusieron de opiniones que vertí hace muchos años.
Pero eso no implica que debamos renunciar a nuestras convicciones acerca de la naturaleza de la institución del matrimonio.
Toda la experiencia internacional nos indica que avanzar en este tipo de acuerdo de vida en pareja inevitablemente concluye en legislar con posterioridad a favor de la adopción de niños por parejas homosexuales y de una futura regulación del matrimonio homosexual.
Teniendo tales antecedentes a la vista, no puedo, sin traicionar mi conciencia, aprobar una iniciativa como la que ocupa al Senado.
Por lo tanto, pido respeto hacia quienes piensan igual que yo en esta materia, como asimismo hacia todo el mundo cristiano, que ha hecho ver los inconvenientes para la sociedad chilena de avanzar en un proyecto de ley que debilita la institución del matrimonio, entendida como su pilar fundamental.
Mis posturas respecto al matrimonio homosexual fueron expuestas durante mi campaña senatorial, por lo que no puede ser una sorpresa para nadie la defensa que hago del matrimonio heterosexual. Por el contrario, me encuentro en la necesidad de ser fiel a mis electores y de votar en consecuencia con mis planteamientos de campaña.
Por último, debo expresar que se debe tener mayor rigurosidad en el momento de intervenir.
Ayer la Honorable Senadora Lily Pérez, además de incurrir en una calumnia en mi contra, faltó a la verdad al señalar que "los mismos que votaron en contra la ley de culto son quienes hoy están votando en contra el proyecto de ley del AVP".
Como fui Diputado, quiero recordarle a la señora Senadora que esa ley -fui uno de sus impulsores, si bien no firmé el proyecto- se aprobó en forma unánime. Y puedo demostrarlo, porque se encuentra consignado en las actas.
--(Aplausos en tribunas)
El pueblo cristiano logró que la Izquierda, la Derecha y el Centro estuviéramos unidos frente a la iniciativa sobre libertad de culto.
Ahora la Honorable Presidenta del Senado ha presentado una reforma constitucional precisamente para que no solo haya libertad de culto, sino también igualdad. Y yo me adherí a ella.
He dicho.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-----------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A los señores Ministro de Economía, Fomento y Turismo y Subsecretario de Pesca, planteándoles MEDIDAS ANTE PROBLEMAS DE PESCADORES ARTESANALES DE REGIÓN DE MAGALLANES POR MENOR CUOTA DE RECURSO MERLUZA EN MACROZONA SUR.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Educación, solicitándole FLEXIBILIZACIÓN EN USO DE RECURSOS PARA PAGO DE DEUDA DE MUNICIPIO DE PURÉN CON PROFESORES DE ESCUELAS Y LICEOS PÚBLICOS.
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, requiriéndole IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES y pidiéndole informar sobre INSERCIÓN LABORAL DE PARTICIPANTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN SENCE IMPARTIDOS EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole, por un lado, REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL DE COMUNIDAD ANTONIO QUIDEL, DE LAUTARO; DE CAMINOS ENTRE LOCALIDADES DE MENUCO Y LAS SEIS Y CIUDAD DE COLLIPULLI; DE RUTA ENTRE COMUNAS DE LOS SAUCES Y PURÉN, Y DE CALLE JULIO SAAVEDRA, SECTOR LAS TOTORAS, EN COMUNA DE ANGOL; y por otro, IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN CASTELLANO, MAPUDUNGUN E INGLÉS EN AEROPUERTO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.
Y al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, requiriéndole medidas para ASEGURAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD JUAN DE DIOS CATRILEO (comuna de Lautaro).
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Obras Públicas, formulándole consultas en cuanto a ESTADO DE SOLICITUD PARA DECLARAR POR PRESUNCIÓN CAMINO PÚBLICO EL CAMINO DE ACCESO A RESERVA NACIONAL MOCHO CHOSHUENCO (comuna de Futrono) y a CAUSAS DE ANEGAMIENTOS EN INTERSECCIÓN DE AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN SUR Y RAMÓN PICARTE, EN VALDIVIA. A la señora Ministra de Salud, pidiéndole antecedentes relativos a EJECUCIÓN DE PROGRAMA "PLAN DE MEJORAMIENTO RED ASISTENCIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS". Y al señor Superintendente de Seguridad Social, requiriéndole ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE DICTAMEN SOBRE SITUACIÓN DE SEÑOR JUAN MUÑOZ SAAVEDRA
Del señor WALKER (don Ignacio):
Al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole CELERIDAD PARA INVESTIGACIÓN DE DIRECTEMAR POR DERRAME DE PETRÓLEO EN BAHÍA DE QUINTERO. Y al señor Superintendente del Medio Ambiente, pidiéndole INVESTIGACIÓN POR DERRAME DE PETRÓLEO EN BAHÍA DE QUINTERO Y DETERMINACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL Y DE RESPONSABLES.

HOMENAJE A SACERDOTE ESTEBAN GUMUCIO VIVES EN CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

El señor TUMA (Vicepresidente).- El Senado rendirá homenaje al destacado sacerdote Esteban Gumucio Vives con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Rindo este homenaje, señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Socialista y, también, de la bancada del Partido Por la Democracia.
En las tribunas se encuentran familiares del padre Esteban Gumucio: los saludo a todos. Vi que entre ellos estaba Marco Enríquez-Ominami.
Señor Presidente, Honorable Senado:
El padre Esteban Gumucio pasó por nuestra tierra sin hacer ruido.
Dedicó su vida a transmitir a otros el mensaje de Jesús.
Lo hizo esencialmente desde la formación de nuevos sacerdotes y desde la experiencia práctica: desde la vida cotidiana y el trabajo pastoral en las poblaciones populares.
Lo hizo con alegría y humor. Con el goce de quien siente la felicidad de apoyar y ayudar a otros. Con la sabiduría del que sabe que en lo colectivo hay también una forma plena de realización personal.
Vivió su sacerdocio pobre y contento.
El padre Esteban Gumucio nos muestra hoy, cuando la obtención y acumulación de bienes parece un fin en sí, la riqueza espiritual de una forma de vida simple y sencilla.
"No sé si se deberá a un asunto de personalidad, o de espiritualidad, o las dos cosas juntas, pero en todo esto yo me iba sintiendo muy feliz. Fue una oportunidad para vivir un poco más los ideales de pobreza personal, de contentarse con poco. Me he sentido agradecido porque el Señor me ha dado todo, lo que me ha tocado vivir", decía el padre Esteban al comentar sus días en una población de la zona sur de Santiago, mientras en aquellos célebres versos popularizados en la voz del cardenal Raúl Silva Henríquez revelaba su amor a la Iglesia popular y misionera:
"Amo a la iglesia de aquí y ahora,
La iglesia pobre de nuestro continente,
Teñida de sangre, repleta de gente
De pueblos antiguos sin voz y derrotados.
Amo a la iglesia de la solidaridad,
Que se da la mano en santa igualdad".
Y es que el padre Esteban Gumucio fue también un poeta que cantó a lo humano y a lo divino.
Su literatura era juguetona y profunda.
Dedicó poemas a las cosas simples: los alambres de la ciudad, los espacios, las máscaras, la mamá tejiendo y el maestro chasquilla.
Inventó cuentos para niños y para grandes: todos de una originalidad sin límites.
Entrevistó a Moisés. Describió como nadie las ferias libres. Escribió un cuento sobre la Gallina y el Rector de la Universidad, y un poema al Informe de un Asistente Social.
Fue también valiente y solidario.
Valoró la nobleza e importancia de la política y asumió con decisión el compromiso con los más pobres y los que sufren.
Fue parte de los Cristianos por el Socialismo, pero nunca quiso tener un cargo en el movimiento.
El padre Fontaine dice de él:
"Con la mirada de pobre, el padre Esteban nos recuerda cómo se ven las cosas desde abajo, desde el que no tiene nombre, ni poder, ni riqueza".
El padre Esteban estuvo junto a los pobladores en los allanamientos posteriores a 1973.
¡Se conmovió con el horror!
Expresaba: "Sentí muy fuerte la presencia de la Iglesia en medio del dolor, del sufrimiento de la gente. Como cristiano me sentí solidario con el pueblo, en cuanto era víctima de la violación de los derechos humanos (...) Yo sentí que con el pueblo estábamos perseguidos".
Ello, recordando esos días tan grises.
Denunció los crímenes cometidos por la dictadura. Lo hizo en escritos como El Cristo del Patio 29; Villa Grimaldi 1, 2 y 3; La Paloma y el Ministro de la Corte; El Ángel que era Relegado, entre varios otros.
Dedicó muchas horas de su vida, con enorme generosidad, a acompañar a matrimonios a vivir su convivencia, valorando las íntimas sutilezas de la vida cotidiana, así como la apertura hacia los otros.
"Tener amistad con matrimonios me ha hecho más humano, más comprensivo. Me ha aportado muchísimo. Me ha permitido valorar más la parte afectiva en mi relación con la gente", escribió.
Fue un pastor, pero también un amigo para muchas parejas. Más que un consejero, un hombre sensible y cercano.
Durante sus últimos años profundizó en la vejez, enseñándonos a mirarla con paciencia, con humor y, una vez más, con alegría; sin evadir sus enormes complicaciones, pero con esperanza.
"Quiero envolver mi corazón con los sueños de los jóvenes y acompañarlos por lo menos con ojos caminantes", dice el padre Esteban en un poema llamado Es bueno ser viejo.
Señor Presidente, al cumplirse el centenario de su natalicio, rendimos un homenaje al padre Esteban Gumucio -un pastor de su tiempo, un poblador, un guía y un amigo- expresando nuestra admiración por su vida y obra.
Saludamos muy cariñosamente a sus familiares y a sus hermanos en la fe, especialmente a la Congregación de los Sagrados Corazones, de la que formó parte.
Muchísimas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Expreso el saludo del Senado al Obispo de la Diócesis de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar; al señor Joaquín Gumucio Barros; a doña Paula Niño de Cepeda Gumucio; al señor Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio; a la familia Gumucio; al reverendo padre Rafael Domínguez, Vicepostulador de la causa de beatificación del padre Esteban Gumucio; a los sacerdotes y religiosas de la Congregación de los Sagrados Corazones; a las comunidades católicas de Manquehue, La Granja, Reñaca Alto, Valparaíso y Viña del Mar; y a los alumnos, profesores y directivos de los colegios de los Sagrados Corazones de Valparaíso, Viña del Mar, Manquehue y San Damián de Molokai, y de los colegios de las religiosas de esa Orden.
¡Muy bienvenidos a este homenaje solemne que la Cámara Alta tributa al destacado sacerdote Esteban Gumucio Vives!
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, saludo a los familiares y amigos del padre Esteban Gumucio (entre aquellos se encuentra el ex Diputado y sobrino suyo) que nos acompañan esta tarde.
También, a todos los representantes de los Sagrados Corazones presentes en las tribunas. Tengo el orgullo de haber sido alumno de un colegio de esa Congregación.
En nombre de la bancada Unión Demócrata Independiente e Independiente, que incluye a la Senadora señora Lily Pérez, y de Renovación Nacional, rindo homenaje a un sacerdote de mi colegio, lo que para mí constituye un tremendo honor.
Señor Presidente, Honorable Senado:
El padre Esteban Gumucio nació en 1914 y falleció el año 2001.
Fue un sacerdote pastor de la Iglesia católica, de nuestra Congregación de los Sagrados Corazones.
Para muchos era una figura polémica, muy vehemente y, quizás, muy incomprendida.
De su autoría es la Cantata de los Derechos Humanos Caín y Abel, presentada el 25 de noviembre de 1978 con patrocinio del Cardenal Raúl Silva Henríquez y música de Alejandro Guarello.
Sin duda, no eran tiempos pacíficos. Una confrontación entre chilenos que pudo llevarnos a la guerra civil el año 1973 fue seguida de un silencio que se interrumpió con esa obra sublime.
El padre Esteban vio y vivió el sufrimiento de muchos. Y de su pluma surgió la invitación a contemplar el horror de la guerra entre hermanos, pero también la esperanza del reencuentro, de la reconciliación de nuestro pueblo.
Así, los versos de la Cantata terminan con las siguientes palabras:
"Una ciudad yo quisiera
construida en libertad,
un mundo ancho y abierto
donde podamos amar".
El padre Esteban Gumucio conoció y vivió de cerca por varios años la pobreza extrema en la población Joao Goulart, de la comuna de La Granja. Pero no vivió con amargura, sino con una inmensa bondad.
Fue querido y reconocido por muchos como un hombre profundamente evangélico, cálidamente hermano de todos y prudencialmente profético.
Para varios de nosotros es familiar la canción sobre el Peregrino de Emaús. Y para muchos será una sorpresa saber que la letra es de autoría del padre Esteban Gumucio.
¡Qué puedo hacer yo esta tarde sino citar sus propias palabras, que nos revelan un espíritu en extremo sensible y un alma tan cerca de Dios que nos deslumbra!
Así se nos presenta el padre Esteban Gumucio:
"Gracias por la decisión de seguirte en la Vida Religiosa.
Gracias por la claridad y firmeza de mi vocación.
Gracias por haber comprendido que Tú me querías justamente
por ser poca cosa.
Gracias por los siete años de formación en la Congregación, llenos
de gozo, de oración, de paz, de amistad, de belleza, de juventud.
Gracias por los Padres que me formaron, por el cariño que me dieron.
Gracias por la aceptación que siempre me han mostrado mis hermanos.
Gracias por el temperamento suave y bondadoso que me has regalado,
que me ha permitido integrarme bien a la comunidad.
Gracias por el respeto y el afecto que siempre he encontrado
de parte de superiores y compañeros".
Señor Presidente, el homenaje que el Senado le rinde a ese buen chileno y ejemplar testimonio de Dios en la tierra es muy oportuno en momentos en que su beatificación y posterior canonización se encuentran en proceso y van por muy buen camino.
En tiempos de tanta confusión, de valores cambiados y de ánimos e indignaciones atizados por discursos materialistas y falsamente reivindicatorios, miremos su ejemplo y su bondad callada.
Recordaremos esta tarde su servicio a Dios y su contribución a Chile también mediante la poesía, también mediante la música, donde lució sus dotes extraordinarias.
Quisiera, para homenajearlo, terminar con palabras suyas:
"No es cosa fácil, Señor,
no es cosa fácil ser hombre,
ser justo, honesto y leal,
ser honrado y respetar
el compromiso jurado,
decir siempre la verdad,
no vivir acomodado
al sentir de los demás.
No es cosa fácil, Señor,
querer seguir tu sendero,
dejar las redes primero
y ponerse a caminar.
Pero al seguir caminando,
paso a paso por tu huella,
descubrí que era muy bella
la tarea de ser hombre".
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Gracias, señor Presidente.
Me corresponde el honor de rendir homenaje en nombre de mi bancada, la de la Democracia Cristiana, y también la del MAS.
Saludo a la familia y a los amigos del padre Esteban Gumucio, como igualmente a todas las personas que nos acompañan acá y a quienes siguen este acto mediante la transmisión televisiva.
Señor Presidente, Honorable Senado:
Lo primero que uno se pregunta, quizás, es por qué el Senado de la República tributa este homenaje al padre Esteban Gumucio.
De la conversación con varias personas que lo conocieron fluye que hay, sin duda, motivos de sobra.
A los trece años de su muerte y a los cien años de su nacimiento, su legado todavía respira entre nosotros y está más vivo que nunca: vivo en su fe católica, pero también en esa Iglesia comprometida con lo social y con el humanismo cristiano, al que tan bien representó durante su existencia en esta tierra.
Esteban fue hijo de Amalia Vives y de Rafael Gumucio, ex Diputado y ex Senador. Nació un 3 de septiembre de 1914 y fue bautizado el 7 de septiembre con los nombres Joaquín Benedicto.
Luego de estudiar en el Colegio Los Sagrados Corazones, sede Alameda, ingresó a la Congregación del mismo nombre a los 18 años de edad. El 28 de febrero de 1932 tomó los hábitos; comenzó su noviciado en Los Perales, para en 1938 recibir de Monseñor Rafael Lira Infante la ordenación sacerdotal.
Según información de los propios religiosos que formaron al padre Esteban, se trataba de un joven inteligente y aplicado, con carácter serio, pero agradable, y con juicio recto, además de modesto, obediente y trabajador, aunque -dicen algunos- un tanto olvidadizo, distraído y desordenado, ¡según varias anécdotas que me relataron...!
En 1939 comenzó su carrera sacerdotal como profesor del Colegio Sagrados Corazones, en Valparaíso, para luego dar clases en la sede capitalina de este establecimiento.
Ocho años más tarde, el 1° de enero de 1947, fue nombrado Superior de la Comunidad de Santiago, y luego, ese mismo año, Superior Provincial, cuando solo tenía 33 años de edad.
En diciembre de 1955 fue designado Maestro de Novicios y Superior de la Casa en Los Perales, cargo que mantuvo hasta fines de 1963. Posteriormente retomó el cargo de Maestro de Novicios, entre 1977 y 1983, en un noviciado que se estableció en diversas casas, tanto en la ciudad de Santiago cuanto en Talcahuano.
En 1964 fundó la parroquia de San Pedro y San Pablo, en la zona sur de Santiago; fue su primer párroco, desde el año 1965 hasta 1971, y después se mantuvo trabajando en ese lugar hasta sus últimos días.
En la década de los 90 se dedicó a los servicios de predicación de retiros al clero, religiosos, religiosas y laicos a lo largo de todo Chile y en otros países latinoamericanos.
¡Cómo no recordar también su dedicación y afecto por el Movimiento de Encuentros Matrimoniales y -justo hoy, cuando celebramos el día y el mes de los mayores- por los retiros y jornadas para la gente de la tercera edad!
Finamente, el 6 de mayo del 2001 el padre Esteban Gumucio abandonó este mundo luego de un cáncer de páncreas, dejando un fuerte legado entre quienes lo conocieron.
Antes de morir escribió para la Congregación de los Sagrados Corazones y para la sociedad chilena en general sentidas palabras que demuestran su calidad humana y espiritual.
Cito entre comillas lo que nos dijo: "Que siempre los hermanos nos amemos de verdad, que no pretendamos ser triunfadores sino humildes servidores, cada uno aceptado en su originalidad y también en sus limitaciones. No importa que en el futuro seamos pocos hermanos, con tal de que lo seamos de verdad en el corazón de Jesús, con una cordialidad sencilla como la tiene el corazón de la madre de Jesús".
No es casualidad que ese religioso tuviera una pluma viva, esperanzadora y talentosa, como ya se ha señalado. Su gusto por la poesía lo llevó a redactar múltiples escritos y versos, muchos de los cuales fueron transformados en canciones que actualmente se escuchan en varias iglesias del país.
Su trabajo literario, en el que destaca un tremendo legado evangelizador, también incluye una serie de cartas y homilías que han sido publicadas posteriormente por sacerdotes y periodistas.
Pero la vida y obra de este religioso no solo resuenan en nuestro país. En mayo de 2010 el cardenal Francisco Javier Errázuriz decretó el inicio del proceso de beatificación del padre Esteban Gumucio, constituyéndose el tribunal para la causa. Casi un año después, en enero de 2011, monseñor Ricardo Ezzati clausuraba la investigación sobre su vida y enviaba los antecedentes a Roma. Así, el 5 de noviembre del mismo año la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede abría oficialmente la causa del padre Esteban Gumucio.
Con todos esos antecedentes es fácil dar respuesta a la pregunta que formulé al iniciar mis palabras: por qué el Senado de la República le rinde homenaje al padre Esteban Gumucio.
Está claro: Esteban es un símbolo de la Iglesia comprometida con los valores más significativos del humanismo cristiano, capaces de contribuir en la construcción de una democracia sana, estable, abierta y plural.
Su fe nació en su familia, donde se vivió la experiencia del exilio en la dictadura de Ibáñez. Esa misma fe creció en el Colegio de los Sagrados Corazones y se hizo más honda y profunda en la congregación de la que formó parte.
Supo descubrir en el más pobre, en el más marginal la divinidad intransable que tiene cada ser humano. En los niños encontró la sencillez y cercanía que todos los que lo conocían podían identificar en él. También aprendió de los pecadores, desarrollando una tremenda capacidad de comprensión, de compasión y de misericordia. Siempre supo reconocer en cada ser humano un verdadero hijo de Dios. Esto lo hizo acogedor y jugado por los sufrientes.
Podríamos decir que su gran obra fue la construcción de una persona significativa para el resto y un ejemplo a seguir.
Su legado trascenderá más allá gracias a su obra literaria, gracias a sus poemas, varios de ellos musicalizados y -mucho más importante- gracias a la profunda huella que dejó en todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, le ofrezco la palabra al Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado; señor obispo diocesano de Valparaíso -amigo mío- y miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones, monseñor Gonzalo Duarte; padre y amigo Rafael Domínguez, representante del Superior Provincial de la Congregación y Vicepostulador de la causa de beatificación del padre Esteban Gumucio; padre y amigo René Cabezón, párroco de San Pedro y San Pablo, de la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, parroquia fundada y tan querida por el padre Esteban Gumucio; familia del padre Esteban, representada por los grupos familiares de don Joaquín Gumucio Barros, de doña Paula Niño de Zepeda Gumucio, de doña Paz Niño de Zepeda Gumucio, y mi amigo Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y exdiputado, sobrino nieto de nuestro homenajeado; religiosas y religiosos de las distintas comunidades parroquiales y educacionales de la congregación; miembros de los equipos directivos y de gestión de los colegios de la congregación; alumnos, alumnas e integrantes de los cuerpos docentes de los colegios de Viña del Mar, Manquehue y San Damián de Molokai, de Valparaíso; miembros de las comunidades eclesiales de base de la parroquia de San Pedro y San Pablo, Manquehue, La Granja, Reñaca Alto, Valparaíso y Viña del Mar, que nos honran con su presencia:
Es un privilegio para este parlamentario, en su calidad de exalumno del Colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar, rendir homenaje al destacado sacerdote de la congregación padre Esteban Gumucio Vives con motivo de haberse celebrado recientemente el centenario de su nacimiento.
El 3 de septiembre de 1914, en la ciudad de Santiago, vio la luz del mundo el segundo de los nueve hijos del matrimonio formado por Rafael Luis Gumucio Vergara y Amalia Vives, quien fue bautizado con los nombres "Joaquín Benedicto" en la parroquia Santa Ana de dicha ciudad.
Su padre fue un destacado abogado y periodista que incursionó en el mundo de la política, desempeñándose durante cinco períodos como Diputado -incluso, llegó a presidir la Cámara Baja- y luego como Senador, en representación del Partido Conservador, aunque más tarde, por influencia de los jóvenes dirigentes políticos Eduardo Frei y Manuel Garretón, derivó a la Falange Nacional, precursora del Partido Demócrata Cristiano.
A fines de 1927, don Rafael fue detenido por su tenaz oposición al gobierno de Carlos Ibáñez y fue desterrado a Bélgica junto a toda la familia. Vivió en Lovaina, donde falleció su esposa, Amalia. Su hijo Joaquín Benedicto tenía solo doce años de edad, y quedó impactado profundamente por ese hecho, al igual que el resto de sus hermanos.
Joaquín Benedicto Gumucio cursó toda su educación primaria y secundaria en el colegio que la Congregación de los Sagrados Corazones mantenía en la Alameda, donde se despertó su vocación sacerdotal, lo que lo llevó a ingresar al Escolasticado de Los Perales, en el año 1932, para efectuar su noviciado y posteriores profesiones. Y, como se estilaba entonces en muchos institutos de vida consagrada, junto a su profesión temporal, cambió su nombre por el de "Esteban", con el cual sería conocido por el resto de su vida.
Sus superiores lo calificaron como buen formando, con carácter afable y adecuado para la vida religiosa en comunidad.
En 1938, después de habérsele conferido las órdenes menores, recibió la ordenación sacerdotal de manos del obispo de Valparaíso, monseñor Rafael Lira Infante. Y durante los años siguientes se desempeñó como profesor en los colegios pertenecientes a la Congregación destacados en Valparaíso y Santiago.
En dichas labores tuvo un gran compromiso con los niños, a quienes les contaba amenos cuentos. Y también destacó por su quehacer con los adolescentes, que supieron valorar su comprensión y afecto por ellos.
En 1947, con tan solo 33 años de edad, en lo que constituyó un hecho poco común para la época, fue designado Superior Provincial de la Congregación, la que en nuestro país contaba con muchos religiosos de origen europeo e incluía a las comunidades de Chile y Perú.
En el ejercicio de este cargo se desempeñó con singular acierto, demostrando su carácter amable, siempre confraternizando con sus hermanos religiosos. Pero, de igual modo, tuvo que adoptar decisiones drásticas, como fue la verdadera intervención que debió hacer en la comunidad de Lima, donde se había producido una división entre sus miembros. Logró solucionar esa difícil situación con sabiduría y prudencia, lo que se tradujo posteriormente en que la comunidad pasara a constituir una pro-provincia, independiente de la provincia chilena.
Durante este período le correspondió asistir a los Capítulos Generales de la Congregación celebrados en Bélgica, y en uno de sus viajes tuvo por compañeros de travesía a dos sacerdotes de quienes quedó gratamente impresionado por su inteligencia, religiosidad y compromiso. Eran el jesuita Alberto Hurtado Cruchaga y el obispo de Talca, Manuel Larraín Errázuriz, quienes en su época ejercieron una decisiva influencia en la Iglesia de Chile. Como todos sabemos, el primero de ellos pasó a ser uno de nuestros santos.
Durante su período como superior provincial fue elegido primer presidente nacional de la FIDE, organización que hasta hoy agrupa a los colegios católicos.
Terminado su mandato de seis años, permaneció como Superior de la Casa de Santiago, ejerciendo como Viceprovincial, hasta que en 1955 fue designado Maestro de Novicios, trasladándose hasta el Escolasticado de Los Perales, casa de formación situada en un bello paraje campestre al interior de la comuna de Quilpué, donde muchos de nosotros también iniciamos nuestra vida de encuentro y recogimiento y donde él mismo había hecho sus estudios con anterioridad.
Su desempeño como formador demostró nuevamente su excelente carácter, su sabiduría y su prudencia para guiar a los numerosos jóvenes que en aquella época cursaban estudios filosóficos y teológicos, a quienes les colaboraba entusiastamente en el discernimiento de sus vocaciones y en su necesaria dirección espiritual. Incluso, participaba en algunas de las clases que impartían experimentados religiosos, con estudios avanzados en las asignaturas eclesiásticas que formaban parte de la malla curricular de los formandos.
Por aquella época se fueron manifestando claramente sus dotes de poeta, de escritor de numerosos documentos y también de compositor de diversas canciones, muchas de las cuales perduran hasta hoy: El peregrino de Emaús, Tres cosas tiene el amor, Camino del Viernes Santo, La casa de Zaqueo, Ay solo, que solo va, por mencionar algunas. Gran parte de ellas se cantan en las ceremonias litúrgicas.
Durante su dirección en el Escolasticado nació el conocido conjunto musical Los Perales, formado por cuatro estudiantes profesos a quienes alentó entusiastamente en sus interpretaciones, por lo que pudieron grabar varios discos con muchas de sus creaciones.
En el transcurso de ese período comenzó a desarrollarse el Concilio Vaticano II, importante evento eclesiástico que en las sabias palabras de su convocante, el Papa Juan XXIII, abrió las ventanas de la Iglesia para que entrara aire fresco a su interior, lo que se tradujo en grandes transformaciones, las que, por su profundidad, no estuvieron exentas de conflictos, los cuales fueron superándose paulatinamente.
Producto de las conclusiones del Concilio, muchas congregaciones y órdenes religiosas fueron asumiendo labores parroquiales en sectores populares, como ya lo había estado haciendo, en forma incipiente, la de los Sagrados Corazones de nuestra ciudad de Viña del Mar, específicamente en la Parroquia de Santa Inés y en la de San Juan Evangelista, en la población Gómez Carreño.
Fue así como a fines de 1963, y después de haber desempeñado esos dos cargos canónicos de carácter institucional -si así se pueden denominar-, el padre Esteban Gumucio fue destinado a la población Joao Goulart, en la comuna de La Granja, donde junto a otros religiosos asumió en el año 1964 la dirección de la Parroquia San Pedro y San Pablo, en la que permaneció hasta su fallecimiento, salvo algunas breves interrupciones, por el desempeño en otras tres oportunidades como Maestro de Novicios en distintas casas de formación y el ejercicio parroquial en comunidades de La Unión y Angol.
Esta faceta es la más conocida de su vida sacerdotal, que se extendió por más de treinta y cinco años, ya que en su labor pastoral en esa parroquia compartió con los pobladores su postergación social; sus sufrimientos; la dura realidad de los cesantes, los enfermos y los ancianos. Tuvo un servicio desinteresado y de apoyo a los demás, compartiendo su pobreza, tal como muchos años atrás lo había hecho un sacrificado misionero de la Congregación, el padre Damián de Veuster, en la lejana posesión polinésica de Molokai, quien ejerció su apostolado entre los más despreciados de los pobres, los leprosos, murió como ellos y por tal compromiso apostólico fue canonizado.
La acción evangelizadora del padre Esteban se destacó por su gran religiosidad, que realzó la dignidad humana, más allá de su pobreza y sufrimiento, llevando su mensaje pastoral a iluminar la vida concreta de los pobladores que conformaban su grey.
También destacó su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y prueba de ello fue su composición de la Cantata de los Derechos Humanos, estrenada en el año 1978 y que veinte años después fue interpretada también en la sede de nuestro Congreso en Santiago.
Su palabra, su preocupación y la dedicación personal a los pobres surgieron indudablemente del compromiso de su fe. Todas estas vivencias las volcó, una vez más, en sus dotes literarias, poéticas y artísticas, manifestadas en sus pinturas y en la fabricación de vitrales.
También desarrolló un servicio de predicación de retiros al clero y participó durante largos años en los encuentros matrimoniales, a los cuales les prodigaba su inteligencia y bondad. Asimismo, demostró una particular sensibilidad en la ayuda a las personas de la tercera edad, tanto a través de múltiples documentos como en retiros y predicaciones.
De esa manera, su testimonio se fue haciendo conocido al interior de la Iglesia chilena, que supo aquilatar su decidida opción por los pobres. Se puso en el lugar de los necesitados y empatizó con ellos; compartió su vida con los más excluidos, a quienes los animaba con palabras simples y fáciles de comprender, lo que le permitió formar comunidades de base que fueron prodigándole un gran cariño, al punto de llamarlo, afectuosamente, "Tata".
Tal como escribió la primera semana del mes de septiembre pasado en su columna institucional el actual Superior Provincial, padre Alex Vigueras, el padre Esteban "caminando por pasajes de la población se hizo asequible, cercano, poniéndose a la distancia desde la que es posible la escucha, el consuelo, mostrar una salida al desesperado, llevar un poco de alegría al que se le cruzaba en el camino".
Son precisamente esos atributos y cualidades los que le dan al padre Esteban el carácter de hombre santo, de pastor comprometido con su comunidad. Y se ganó un sitial de respeto y afecto en toda la comunidad católica nacional por su gran calidad humana y religiosa.
En el año 2000 se le diagnosticó un cáncer al páncreas, dolencia que, no obstante que le iba carcomiendo su cuerpo, sobrellevó con gran entereza, realzando su religiosidad y su fe, preparándose resignadamente para su partida, la que se produjo el domingo 6 de mayo del año 2001, en la Festividad del Buen Pastor, como él lo era.
El 20 de mayo del 2010 el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, dio inicio al proceso de beatificación del padre Esteban, formándose el tribunal correspondiente para dicha causa, la que finalizó exitosamente el 30 de mayo de este año al emitirse el Decreto de Validez de dicho proceso por parte de la Congregación para la Causa de los Santos. Actualmente se encuentra en la etapa denominada "Positio", que es una de las fases previas al trámite de canonización.
Solo nos resta desear que todo el procedimiento tenga una expedita tramitación, porque, como acertadamente dijera otro destacado religioso de la Congregación, el padre Percival Cowley, en una carta al director del diario El Mercurio, publicada el domingo 7 de septiembre: "Esperamos poder bendecirlo como un varón santo, que supo descubrir la obra de Dios, desde una fe sencilla y asombrada".
Necesitamos urgentemente hombres santos como el padre Esteban Gumucio, que sigan su maravilloso ejemplo para iluminar los destinos de nuestra patria, que compartan con los más desvalidos y postergados. Eso nos hace confiar en que él será prontamente elevado a los altares, por el profundo compromiso que inspiró su labor evangelizadora.
Como exalumno del Colegio de los Padres Franceses y también como apoderado, le quiero señalar a su familia que el padre Esteban sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones en la cercanía con los más necesitados, en el compromiso social permanente.
Él animó el movimiento de las Comunidades Laicales de los Sagrados Corazones; volcó a una congregación hacia las poblaciones; volcó a una comunidad estudiantil, y también a una comunidad religiosa, a su opción por las misiones y por los pobres.
El padre Esteban representa el corazón más profundo de la Congregación de los Sagrados Corazones y, sin lugar a dudas, hoy día sigue motivando a cientos de estudiantes que ven en el encuentro con los más necesitados, con los más pobres una verdadera vocación.
Señor Presidente, le solicito que tenga a bien enviar copia de esta intervención al Superior General de la Congregación de los Sagrados Corazones, en Roma, padre Javier Álvarez-Osorio.
Esperamos que en un futuro próximo el padre Esteban esté en los altares, para que muchos sigan el ejemplo, que Chile necesita, de su opción por los más necesitados.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará la comunicación solicitada por Su Señoría.
De esta forma el Senado de la República culmina su homenaje al destacado sacerdote Esteban Gumucio Vives, de los Sagrados Corazones.
Agradecemos la presencia de autoridades eclesiásticas; de sus familiares, amigos y alumnos, y de invitados especiales.
Muchas gracias.

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El señor TUMA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:39.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe
de la Redacción