REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 23ª, en martes 14 de junio de 2016
Ordinaria
(De 16:19 a 19:52)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Asimismo, se encontraba presente el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Andrés Romero Celedón.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Las actas de las sesiones 21ª y 22ª, ordinarias, en 7 y 8 de junio de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo retira la urgencia que hiciera presente respecto de la solicitud de acuerdo del Senado para nombrar Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental al señor Alejandro Ruiz Fabres (boletín N° S 1.875-05).
Con el tercero hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que repone facultades del Servicio Electoral (boletín N° 10.716-06).
Con los cuatro siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
2) El que modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas (boletín N° 10.694-06).
3) El que otorga una asignación de productividad al personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín N° 10.627-07).
4) El que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04).
Con el octavo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de permitir la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública (boletín Nº 9.601-25).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que otorga una asignación de productividad al personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín N° 10.627-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo indica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para extender la vigencia de los directorios de las federaciones deportivas nacionales inhabilitadas para recibir recursos públicos desde el Instituto Nacional de Deportes de Chile (boletín N° 10.581-29).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Con el tercero señala que aprobó, con la enmienda que señala, el proyecto de ley, despachado por el Senado, que repone facultades del Servicio Electoral (boletín N° 10.716-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Con el último señala que aprobó, con la excepción que indica, las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03), y propone la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a los Comités.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 22° del decreto con fuerza de ley N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
-Artículo 12 de la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
-Artículos 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil; 58, inciso final, de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores; 46, inciso final, y 133, inciso primero, de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas; 20 del Código Penal y 27 del decreto ley N° 3.538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros; todos ellos en relación con los artículos 59, letras a) y f), y 60, letra a), en concordancia con los artículos 166 y 165, incisos primero y segundo, de la ley N° 18.045.
-Artículo 2° de la ley N° 20.033, que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Remite respuesta a inquietud, planteada en nombre del Senador señor Horvath, acerca de las medidas de protección ante agresiones realizadas contra menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad y de la actualización de los planes de seguridad ciudadana, considerando el violento ataque a una mujer ocurrido recientemente en la ciudad de Coihaique.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Responde requerimientos, planteados en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los siguientes asuntos:
-Opinión institucional de la Armada de Chile sobre una posible incorporación de la Escuela Naval a la gratuidad de la educación.
-Diversos aspectos relativos al buque Cabo de Hornos.
De la señora Ministra de Salud:
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor Navarro, en orden a informar acerca de los antibióticos utilizados por la industria salmonera en el cultivo del salmón y los efectos que se pueden producir en la salud humana.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a requerimiento de antecedentes, formulado en nombre del Senador señor Navarro, relativos a proyecto "Vial Puente Industrial" sobre el río Biobío.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Absuelve solicitud de antecedentes, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre la situación ocurrida en el río Llollehue, en la comuna de La Unión, como consecuencia del colapso sufrido por la planta de tratamientos de aguas servidas de la empresa ESSAL.
Del señor Superintendente (S) del Medio Ambiente:
Responde consultas, formuladas en nombre del Senador señor De Urresti, sobre las materias que se enuncian a continuación:
-Otorgamiento de una autorización para la realización de trabajos de remoción de áridos en las cercanías del puente sobre el río Bueno en la Ruta 5 Sur, frente a los terrenos de Forestal Anchile, comuna de La Unión.
-Cierre de camino público en Riñinahue, comuna de Lago Ranco, debido a la construcción de la central de pasada Hidro Riñinahue.
-Proyecto de construcción de la central Hidro Riñinahue, en la comuna de Lanco, y si este cumple con la actual normativa ambiental.
-Intervención del cauce del humedal en el sector isla Teja, en el lugar que ocupó la antigua cárcel, calles Los Pelúes con Los Alamos, donde una máquina retroexcavadora destruyó la vegetación y el suelo, depositando dicho material en el humedal.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Da respuesta a requerimiento de información, formulado en nombre del Senador señor García, sobre los cables de alta tensión y los tendidos eléctricos de baja altura ubicados en Villa Altos del Sol, camino Temuco-Labranza, que representan un riesgo para los vecinos del lugar.
Del señor Alcalde de la comuna de Quinta de Tilcoco:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del número total de extintores en las dependencias correspondientes de su comuna.
Del señor Director Regional SERVIU de Valparaíso:
Remite informe, requerido en nombre del Senador señor Chahuán, respecto de la posibilidad de otorgar algún beneficio habitacional a la persona individualizada, que resultó damnificada con el incendio de Valparaíso ocurrido en abril de 2014.
Del señor Subgerente de Operaciones de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana:
Contesta requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Ossandón, para informar acerca de la entrega de un certificado de término de licencia médica con diagnóstico, solicitado por una afiliada a fin de poder iniciar los trámites para obtener una pensión por incapacidad.
De la señora Directora Regional de la Fundación Integra de Atacama:
Responde inquietudes, planteadas en nombre del Senador señor Prokurica, relativas a la construcción de un nuevo jardín infantil en el sector de Villa San Pedro, comuna de Huasco.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevos sistemas de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional (boletín N° 10.240-08) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina regional para América del Sur en Chile y el Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo VI de este" (boletín N° 9.897-10) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín Nº 10.696-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señora Lily Pérez y señores Ossandón y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley que permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas (boletín Nº 10.740-07).
De los Senadores señores Chahuán, Moreira y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores (boletín Nº 10.745-07).
De los Senadores señores Chahuán, Moreira y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 86 del Código Penal con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal (boletín Nº 10.746-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señoras Allende y Muñoz y señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, instruya realizar un estudio que regule la carrera funcionaria y amplíe las plantas de Gendarmería de Chile (boletín N° S 1.884-12).
De los Senadores señor Chahuán, señora Von Baer y señores Araya, Bianchi, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Rossi y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, en el próximo proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público se considere también al sector pasivo (boletín N° S 1.885-12).
De los Senadores señor Chahuán, señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, envíe al Congreso Nacional, para su aprobación y ratificación, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (boletín N° S 1.886-12).
De los Senadores señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Allamand, Coloma, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Tuma y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables (boletín N° S 1.888-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas, con urgencia calificada de "suma".
--Queda para tabla.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
PROCEDIMIENTO PARA DISCUSIÓN DE PROYECTOS SOBRE BENEFICIOS CARCELARIOS
El señor OSSANDÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, se nombraron tres proyectos que dicen relación con derechos humanos -dos fueron presentados por el Senador Chahuán y otro por quien habla junto con varios colegas- y se determinó que pasaran a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicito que tales mociones, en lugar de ser derivadas a dicho órgano técnico, que se halla sobrecargado de trabajo, vayan a la Comisión de Derechos Humanos.
El señor LETELIER.-
¿Cuáles son?
El señor HARBOE.-
¿A cuáles se refiere?
El señor OSSANDÓN.-
Son las tres que se acaban de nombrar.
El señor LETELIER.- ¿Cuál es su contenido?
El señor LAGOS (Presidente).-
El Senador señor Ossandón solicita que se reconsidere el tratamiento de tres mociones, una de las cuales es de su autoría junto con otros señores Senadores, en el sentido de que en lugar de enviarlas a la Comisión de Constitución pasen a la de Derechos Humanos.
El señor PROKURICA.-
No hay problema.
El señor LAGOS (Presidente).- Los proyectos son los siguientes: el que permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas; el que modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores, y el que modifica el artículo 86 del Código Penal con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier. En seguida podrán intervenir los Senadores señores Larraín y Chahuán.
Les pido que no defendamos el mérito de las mociones.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, esta materia ya es objeto de conversaciones a propósito de una iniciativa suscrita por los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que dice relación con normas y procedimientos relativos a beneficios carcelarios.
Por tanto, corresponde que sea dicha Comisión la que discuta lo atinente a las normas generales sobre existencia o no de beneficios carcelarios.
El hecho de que algunos quieran llevar a la Comisión de Derechos Humanos los casos de Punta Peuco, a mi juicio, constituye un error garrafal. Porque eso es lo que hay detrás de esto. No nos engañemos como Sala. Hay quienes quieren -les asiste todo el derecho- discutir si las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad deben tener o no beneficios carcelarios.
Sin embargo, el debate sobre la estructura de las penas, sanciones, cumplimientos de penas, beneficios carcelarios es materia propia de la Comisión de Constitución. Además, quien la preside ha estado discutiendo una iniciativa de ley sobre esos puntos y creo que es allí donde corresponde mantener radicado el asunto, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no tengo inconvenientes en que estos proyectos también los vea la Comisión de Derechos Humanos. Pero, tratándose de modificaciones al Código Penal, creo que deben pasar, de todas maneras, a la Comisión de Constitución.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, sería útil que, en forma previa a ser vistas por la Comisión de Constitución -si así lo resuelve la Sala-, estas iniciativas sean consideradas por la de Derechos Humanos. Eso le aportaría mayor velocidad a la discusión de los proyectos.
En consecuencia, apoyo la propuesta del Senador Ossandón en orden a que estas mociones sean vistas primero por la Comisión de Derechos Humanos y luego, si fuese pertinente, por la de Constitución.
El señor HARBOE.- No.
El señor LAGOS (Presidente).-
No sé si la Sala estará de acuerdo con que los proyectos vayan a la Comisión de Derechos Humanos para ser vistos en general y que luego pasen a ambas Comisiones para su análisis en particular.
¿Les parece bien?
El señor HARBOE.-
No.
El señor LAGOS (Presidente).-
No hay unanimidad.
En ese caso, la Mesa se verá obligada a requerir el pronunciamiento de la Sala.
Señoras y señores Senadores, les reitero la propuesta para que la consideren, puesto que, en caso de no haber consenso, tendremos que proceder a votar.
Se sugiere que estas mociones vayan a la Comisión de Derechos Humanos para que sean discutidas en general y que luego sean analizadas en particular en las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución. Esa sería una alternativa.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, tengo una pregunta de procedimiento.
Si la Comisión de Derechos Humanos conoce en general estas mociones, una vez que las apruebe deberían pasar a la Sala. Entiendo que eso es lo que se está proponiendo: que la Sala se pronuncie en general sin la opinión de la Comisión de Constitución y que después las mociones sean tratadas en particular en ambas Comisiones.
¿Esa sería la propuesta?
El señor LETELIER.-
No.
El señor LARRAÍN.-
Sí.
El señor COLOMA.-
Así es.
El señor LETELIER.-
¡No! ¡Esa no fue la propuesta!
El señor PROKURICA.- Lo entendimos con claridad, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Senador señor Harboe, la propuesta que realicé fue que la Comisión de Derechos Humanos procediera al despacho en general de los proyectos; que la Sala votara la idea de legislar, y que, de aprobarse en general, las iniciativas se mandaran a discusión particular tanto a aquella Comisión como a la de Constitución.
El señor MOREIRA.-
Con eso estamos de acuerdo.
El señor LETELIER.-
¡Perdón, señor Presidente!
El señor LAGOS (Presidente).-
Es una propuesta.
El señor BIANCHI.- Está bien.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Mi duda es reglamentaria, señor Presidente, en el sentido de si, con una decisión de tal índole, de ahora en adelante la Comisión de Derechos Humanos va a ver todas las cuestiones vinculadas con sanciones y beneficios carcelarios.
Porque esta es una materia propia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuya especialidad se ha invocado siempre que se ha querido llevar asuntos de su competencia a otras Comisiones.
Puedo sumarme a la propuesta del Senador Larraín en cuanto a que los proyectos sean discutidos por ambas Comisiones. No obstante, debo reiterar que nunca una materia relacionada con sanciones y beneficios carcelarios ha sido debatida por otra Comisión antes de que la haya visto en general la de Constitución.
Esa es la cuestión de procedimiento que planteo, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- Entiendo la situación que le preocupa, Su Señoría, ante la posibilidad de que se siente un precedente sobre el particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, debo puntualizar que, más allá de lo que ha señalado el Senador Letelier, quien trata de ajustarse rigurosamente al Reglamento, estamos ante una situación humanitaria. Y, desde este punto de vista, me parece que los proyectos en cuestión tienen que ser conocidos por la Comisión de Derechos Humanos.
En ello no veo ninguna incompatibilidad. Muchas veces el Senado ha hecho excepciones a la regla. Y las excepciones no necesariamente generan precedentes.
Por eso, señor Presidente, le solicito que, en uso de las facultades de la Mesa, permita que las iniciativas en comento se vean, como usted planteó, tanto en la Comisión de Derechos Humanos cuanto en la de Constitución, Legislación y Justicia.
¡Queda en manos de Su Señoría la decisión humanitaria!
El señor LAGOS (Presidente).- La decisión reglamentaria.
Señores Senadores, yo hice una propuesta, y entiendo que no cuenta con unanimidad.
Si no hay otra...
El señor DE URRESTI.-
Pido la palabra.
El señor LAGOS (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, por la relevancia de la materia y por el impacto que ella tiene, no es lo mismo una solución u otra.
En mi concepto, las iniciativas han de discutirse en general en las dos Comisiones mencionadas; venir a la Sala, y, de aprobarse la idea de legislar, debatirse en particular en cada una de ellas.
No debe subvalorarse a ninguna de esas Comisiones. Al contrario, ambas son relevantes: la de Constitución, por su especialidad; la de Derechos Humanos, por lo que significan las materias de su competencia.
Sobre esa base, democráticamente, se votará en sala y cada instancia podrá hacer sus aportes.
Estimo que eso es lo más correcto y, por ende, que no es necesario alterar los procedimientos.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Usted hizo una propuesta, señor Presidente.
Ahora bien: como en democracia hemos aprendido en este tiempo que cuando no hay unanimidad se dirime mediante votación, le solicito a Su Señoría, invocando su liderazgo, que someta al pronunciamiento de la Sala la proposición que formuló.
El señor LAGOS (Presidente).-
Antes de eso, debo recordar que surgió una segunda propuesta.
El señor PROKURICA.-
¡Ah!
El señor LAGOS (Presidente).-
Por tanto, quiero explicitarles a Sus Señorías de qué estamos hablando.
El señor PROKURICA.-
¿Y cuál es la nueva proposición?
El señor LAGOS (Presidente).-
La segunda propuesta es que los tres proyectos en cuestión se discutan en general tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Constitución; que la Sala vote la idea de legislar, y que, de aprobarse en general, se debatan en particular en ambas Comisiones.
¿Les parece a los autores de las mociones?
Acordado.
--Se aprueba la propuesta explicitada por el señor Presidente.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Como Presidente de la Comisión de Economía, debo señalar que este órgano técnico está por despachar en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín N° 9.369-3), para fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor.
Al objeto exclusivo de resolver una materia atinente al Consejo Normativo que esa iniciativa crea al interior del SERNAC, la referida Comisión acordó, por unanimidad, solicitarle a la Sala la apertura de un plazo muy breve para presentar indicaciones.
A tal efecto, solicitamos abrir un término acotadísimo: entre las 17:30 y las 18 de hoy, martes 14 de junio, en la Secretaría de dicho órgano técnico. Ello permitirá despachar el proyecto pertinente mañana, tras conocer las indicaciones que formulará el Ejecutivo luego de haber escuchado las diversas opiniones.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor MOREIRA.-
Gracias, señor Presidente.
)---------(
El señor LAGOS (Presidente).-
Saludo a los integrantes de la Junta de Vecinos EMPART, del Centro de Madres Sol de Chile y del Club del Adulto Mayor Nuevo Renacer, todos del Primer Sector de Gómez Carreño, Viña del Mar, quienes fueron invitados por el Senador que habla.
¡Muchas gracias por estar con nosotros!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En sesión de hoy, los Comités adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en esta sesión ordinaria, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes asuntos:
-Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier (boletín N° S 1.869-05).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que repone facultades del Servicio Electoral (boletín N° 10.716-06).
2.-
Considerar en tercer y cuarto lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, respectivamente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional (boletín N° 10.240-08).
-Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet (boletín N° 8.584-15).
4.-
Tratar en la Tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 15 de junio, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que enmienda la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas (boletín N° 10.694-06).
5.-
Considerar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto, en primer trámite constitucional, que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín N° 10.696-07).
6.-
Remitir solo a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una asignación de productividad al personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín N° 10.627-07).
7.-
Realizar al inicio de la sesión ordinaria de mañana, una vez terminada la Cuenta, el homenaje en conmemoración de los cincuenta años de la ley N° 16.441, "Ley Pascua".
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias señor Secretario.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El señor LAGOS (Presidente).-
Corresponde designar a los miembros de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, cuestión que quedó pendiente en sesión anterior.
A tal efecto, propongo que la integren los Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán, Letelier, Quintana y Patricio Walker.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
NOMBRAMIENTO DE SEÑOR LUIS BRESCIANI LECANNELIER EN CONSEJO RESOLUTIVO DE SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y la urgencia prevista en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.869-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 21ª, en 8 de junio de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
A la sesión en que la Comisión de Gobierno consideró este asunto asistieron el Subsecretario de Hacienda, el Superintendente de Casinos y el candidato propuesto.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Quinteros), de que en la proposición para nombrar al señor Luis Bresciani Lecannelier como miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, me corresponde dar cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el oficio N° 1.869, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, mediante el cual recaba el acuerdo del Senado al objeto de designar miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier, para cuyo despacho se hizo presente la urgencia que establece el inciso segundo del numeral 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Dicho oficio ingresó a trámite en sesión de 9 de mayo del año en curso, y la Comisión analizó la petición presidencial en las sesiones celebradas los días 17 y 31 de ese mes, a las que asistieron el candidato propuesto; el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, y el Superintendente de Casinos, don Daniel García.
Cabe señalar que de acuerdo al artículo 38 de la ley N° 19.995, que Establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, para la aprobación de esta designación por la Sala del Senado se requieren los votos conformes de la mayoría de los Senadores presentes.
La Superintendencia de Casinos de Juego tiene un Consejo Resolutivo, al que le corresponde la atribución exclusiva de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego de nuestro país, las licencias de juego y servicios anexos, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.995 y sobre la base de la proposición que al efecto le formule el Superintendente.
Dicho Consejo Resolutivo está integrado por el Subsecretario de Hacienda, quien lo preside; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; el Superintendente de Valores y Seguros; el Subsecretario de Turismo, y el Intendente Regional que corresponda, según la región de localización del casino de juego respecto de cuyo permiso de operación el Consejo deba pronunciarse.
Además, integran dicho Consejo dos representantes del Presidente de la República, nombrados con acuerdo del Senado.
En este contexto, el 11 de febrero de 2014 se nombró a los dos representantes del Primer Mandatario: los señores Eduardo Aninat Ureta y Miguel Andrés Zamora Rendich.
Posteriormente, con fecha 6 de noviembre de 2015 se aceptó la renuncia del Consejero señor Aninat, por lo que es necesaria la designación de un representante de la Presidenta de la República en el referido Consejo.
La Comisión, en primer término, conoció los antecedentes del candidato propuesto, que se acompañan al oficio del Ejecutivo, y recibió al señor Bresciani para conocer sus planteamientos respecto a la labor que deberá realizar, los que se consignan en las páginas 3 a 6 del informe.
En sesión posterior, la Comisión escuchó la opinión de los señores Subsecretario de Hacienda y Superintendente de Casinos (constan en la páginas 6 a 9 del informe), quienes, en síntesis, manifestaron que la trayectoria académica y profesional del candidato denota que se convertirá en una contribución para el funcionamiento del Consejo Resolutivo, con un valioso aporte en materia urbanística, que profundizará en los aspectos necesarios para que los proyectos de casinos y sus obras complementarias sean armónicos y sustentables con el entorno, de manera que colaboren al desarrollo de la infraestructura turística y de entretención tanto de las ciudades en que se encuentran cuanto de las regiones.
Después de las sesiones celebradas, y habiendo escuchado al candidato propuesto y a los personeros del Ejecutivo directamente vinculados con la materia, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó informar a la Sala que en la proposición para nombrar al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
En vista de que los Comités acordaron tratar este asunto como si fuera de Fácil Despacho, la Sala se pronunciará de inmediato sobre la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el nombramiento del señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier como miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (20 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi y Tuma.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Von Baer y señores Chahuán, Letelier, Harboe, Matta, Ossandón e Ignacio Walker.
REPOSICIÓN DE FACULTADES DE SERVICIO ELECTORAL
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que repone facultades del Servicio Electoral, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.716-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: en sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.
Discusión:
Sesión 21ª, en 7 de junio de 2016 (se aprueba en general y en particular).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó una enmienda, consistente en suprimir el artículo 2°, que modifica el artículo 56 de la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en materia de sanciones por inobservancia de la ley, para precisar que, salvo los casos que menciona, ellas serán impuestas por el Servicio Electoral, de conformidad con su Ley Orgánica.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto aprobado por el Senado y la modificación introducida por la Cámara de Diputados.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores, el asunto es extremadamente simple.
Sus Señorías examinaron hace pocos días la iniciativa en debate, estudiada en la Comisión de Probidad, tendiente a reponer una norma que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por no haber sido consultada a tiempo a la Corte Suprema. Se efectuó la corrección, entonces, y se planteó la indicación relativa a los juzgados de policía local, y ello se aprobó en el Senado.
En la ocasión se contempló un artículo 2° -fue acogido por esta Corporación, pero rechazado por la Cámara de Diputados al considerarse innecesario-, que tenía que ver con quien conoce en la eventualidad de una sanción distinta de aspectos patrimoniales referentes a las colectividades políticas. Si se trata de estas materias, no cabe duda de que lo hace el Servicio Electoral (SERVEL). En caso contrario, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos dispone que interviene primero un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) y después la entidad en su conjunto, con exclusión de dicho integrante.
Como la normativa del SERVEL podía haberse interpretado en el sentido de que este organismo también debía abocarse a la cuestión, se pretendía despejar el punto en el artículo 2°, pero repito que ello se ha estimado innecesario, porque el cuerpo legal pertinente es suficientemente claro en orden a que, en el caso de que la infracción a la Ley Orgánica Constitucional sea distinta de los aspectos patrimoniales, el que debe conocer es el TRICEL.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor LAGOS (Presidente).-
El texto no da lugar a dudas.
En votación la eliminación del artículo 2°, que es la única enmienda realizada por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Quienes estén de acuerdo con lo propuesto por la otra rama del Congreso se tienen que pronunciar a favor y quienes no lo estén tienen que hacerlo en contra.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 29 votos a favor, se aprueba la supresión del artículo 2°.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma e Ignacio Walker.
El señor LAGOS (Presidente).- La Honorable señora Van Rysselberghe y el Senador señor Zaldívar dejan constancia de su intención de voto a favor.
ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y CREACIÓN DE ORGANISMO COORDINADOR INDEPENDIENTE DE SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.240-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 95ª, en 20 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
Minería y Energía (segundo): sesión 23ª, en 14 de junio de 2016.
Hacienda: sesión 23ª, en 14 de junio de 2016.
Discusión:
Sesión 10ª, en 13 de abril de 2016 (se aprueba en general).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Minería y Energía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 1°, número 3), respecto de sus artículos 72°-3, 72°-4, 72°-11, 72°-12, 72°-14 y 72°-16; número 4), respecto de sus artículos 73, 74, 81, 86, 90, 91, 94, 98, 101, 105, 106, 109, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 121 y 122; números 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 24), 29), 31), 32), 33) y 38), respecto de sus artículos 212°-4, 212°-6, 212°-13, y los artículos decimoquinto, decimoséptimo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo y vigésimo noveno transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Por lo tanto, estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El mismo órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas ellas aprobadas por unanimidad, con excepción de la que será puesta en discusión y votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia: el artículo 72°-16, contenido en el número 3); los artículos 83 y 84, inciso segundo, del número 4), y el artículo 212°-13, propuesto en el número 38), todos del artículo 1°, permanente, y respecto de los artículos sexto, vigésimo séptimo y vigésimo octavo, transitorios, y no introdujo cambios en el texto despachado por la Comisión de Minería y Energía.
Es preciso recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Cabe hacer presente que el inciso quinto del artículo 95°, contenido en el número 4) del artículo 1°, que no fue objeto de enmiendas en el segundo informe, debe ser aprobado en particular con 19 votos por tratarse de una norma de quorum calificado.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto acogido en general, los cambios realizados por la Comisión de Minería y Energía, y el texto que quedaría en caso de sancionarse las modificaciones.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión particular.
El señor HARBOE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor HARBOE.-
Solo deseo dejar constancia de mi inhabilidad respecto de la iniciativa.
El señor LAGOS (Presidente).- Así se consignará.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Pido la autorización de la Sala para que pueda asistir a la sesión el señor Andrés Romero, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.
--Se autoriza.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir la Honorable señora Allende, Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, para el efecto de informar.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, si bien la revisión y el análisis de las mil 264 indicaciones formuladas dieron lugar a un amplio y extenso debate en el órgano técnico, este estudio crítico, en estricto rigor, comenzó bastante antes y se extendió mucho tiempo después.
En efecto, en forma previa a la discusión en el seno de la instancia legislativa que me honro en encabezar, especialistas, asesores parlamentarios y personeros del Ministerio de Energía y de organizaciones interesadas en la materia trabajaron arduamente, durante dos meses, con el objeto de acercar posiciones, explorar alternativas de solución a las divergencias en torno al articulado y orientar fórmulas de acuerdo referidas al contenido que se le debía dar al cuerpo normativo para alcanzar la mayor coincidencia posible.
Como todos se darán cuenta, la materia que aborda el proyecto se caracteriza por un elevado nivel de especialización técnica, de modo que no resulta sencillo ofrecer una descripción pormenorizada de la regulación propuesta. Por esta razón, he considerado pertinente referirme solo sucintamente a las principales enmiendas aprobadas por la Comisión de Minería y Energía, agrupadas de acuerdo con el asunto al cual aluden.
Me permito hacer hincapié en dos aspectos relevantes con motivo de la discusión llevada a cabo en el órgano técnico: en primer término, todas las modificaciones fueron aprobadas unánimemente, como ya se ha dicho, y concitaron un amplio respaldo entre quienes participan en el ámbito de la transmisión eléctrica, y, en segundo lugar, todas y cada una de las indicaciones fueron analizadas por separado tanto desde el punto de vista formal -esto es, en lo atinente a su admisibilidad- como en cuanto al mérito.
Cabe agregar que se mantuvo la preocupación de informar a los parlamentarios que no eran parte de la Comisión y habían presentado indicaciones, para que conocieran la agenda conforme a la cual se funcionaba y pudieran argumentar en favor de sus planteamientos, por lo que siempre existió la disposición a escucharlos.
El proyecto de ley sobre transmisión fue objeto de importantes modificaciones en este segundo trámite constitucional. En seguida haré una relación -como nos encontramos en la discusión particular, iré señalando los puntos en forma específica- de las más importantes:
1) En lo tocante a la coordinación, se mantienen los principios que deben regirla en el sistema eléctrico y se amplía la condición de coordinados a los propietarios de instalaciones de servicios complementarios. La idea es que puedan participar nuevos actores y no solo generadores, transmisores y clientes libres.
Además, se incluyen los mecanismos de almacenamiento, es decir, el equipamiento tecnológico capaz de retirar energía, transformarla en una de otro tipo, como química, potencial o térmica, y almacenarla para inyectarla nuevamente, todo ello a fin de contribuir con seguridad, suficiencia y eficiencia económica.
2) En el área de los servicios complementarios, se perfeccionó la regulación y se le asignó un rol al coordinador: a saber, el de elaborar un informe técnico, que será previo a la definición de los servicios complementarios por parte de la Comisión Nacional de Energía.
Adicionalmente, se explicitan las reglas para la creación y el desarrollo de un mercado de esta clase de servicios, a través de licitaciones y subastas, y se establece, como excepción, el mecanismo de una prestación directa de carácter complementario, el cual, en consecuencia, solo procederá cuando las condiciones no sean competitivas o las licitaciones o subastas sean declaradas desiertas.
3) En cuanto al sistema de información del coordinador, la Comisión acordó complementar y aumentar el estándar de antecedentes que es parte del mecanismo administrado por este último. Al efecto, se reguló especialmente el procedimiento de entrega y registro de los relativos a las instalaciones físicas del sistema eléctrico -o inventario- y a servidumbres y derechos de uso de suelo. Lo que se pretende con estas medidas es que ambos aspectos, contenidos en el régimen de información, queden fijos en el tiempo, para dotar de mayor certeza a los procesos tarifarios al no existir la necesidad de revisarlos íntegramente cada cuatro años.
En resumen, se unifica en un solo registro toda la información de carácter público que debe mantener el coordinador.
Por último, la Comisión estuvo por facultarlo para realizar auditorías a inventarios y antecedentes presentados por las empresas, con el objeto de verificar su exactitud y veracidad.
4) Respecto de la nueva normativa técnica contenida en el proyecto de ley para el funcionamiento del sistema eléctrico, la Comisión decidió recoger el estándar y la práctica internacionales para la elaboración de normativa técnica de detalle mediante un proceso público, participativo y profesional especializado a cargo de la Comisión Nacional de Energía. En el desarrollo de esta etapa se incluye también la creación de un comité consultivo que deberá apoyarla. El propósito que se persigue es ofrecer las mayores condiciones de objetividad y confiabilidad técnica en la elaboración de esta clase de normas.
5) Con relación al nuevo régimen de compensaciones por indisponibilidad del suministro, y luego de escuchar las objeciones de diversos agentes del sector transmisión sobre la forma en que se regulaba originalmente, la Comisión se inclinó por incorporar un mecanismo más robusto, que garantizara el cumplimiento de las exigencias establecidas en el ordenamiento eléctrico, pero que, al mismo tiempo, reconociese un margen de indisponibilidad de suministro que no otorga derecho a compensación por fallas o eventos tolerables, según los estándares y las exigencias de seguridad y calidad de servicio regulados en la normativa técnica. Para evitar problemas de interpretación se precisa que las compensaciones solo serán aplicables por fallas en instalaciones de generación y transmisión, excluidas las que se registren en la zona de concesión de la respectiva empresa distribuidora, que continuarán reguladas por la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
En lo atinente al monto, la Comisión acordó una regla de equilibrio. Así, tratándose de clientes regulados, equivaldrá a la energía no suministrada, valorizada en quince veces la tarifa vigente durante la indisponibilidad. En el caso de clientes libres, ascenderá a quince veces el componente de energía del precio medio de mercado establecido en el informe técnico definitivo del precio nudo de corto plazo vigente en el evento. No obstante lo anterior, el monto máximo compensable por cada situación se fija en el menor valor entre el cinco por ciento de los ingresos en el año calendario anterior y veinte mil unidades tributarias anuales.
Al igual que en los servicios complementarios, se establece una norma transitoria en virtud de la cual el nuevo régimen de compensaciones regirá a partir del 1° de enero de 2020. En el cuadrienio 2020-2023, ellas corresponderán al equivalente de la energía no suministrada, valorizada en diez veces la tarifa vigente durante la indisponibilidad del suministro para el caso de los clientes regulados.
6) Tratándose del llamado "decreto de emergencia energética", la Comisión innova, porque ha acordado habilitar al Presidente de la República, por primera vez en una ley del sector eléctrico, para dictar tal resolución en casos de sismos o catástrofes naturales, con el objeto principal de asegurar el suministro de clientes sujetos a regulación de precio. En un país como el nuestro, donde frecuentemente nos vemos azotados por todo tipo de desastres, un instrumento jurídico de esta índole se transforma en una necesidad y es una buena solución para resolver contingencias graves y urgentes derivadas de calamidades.
7) En lo que atañe a los sistemas de interconexión internacional destinados a transportar energía eléctrica a fin de posibilitar su exportación e importación desde o hacia los sistemas ubicados en el territorio nacional, la Comisión acordó precisar y distinguir entre instalaciones de servicio público e instalaciones de interés privado. Las primeras quedan sometidas a un régimen de acceso abierto y a las exigencias propias de un servicio público, aunque, en todo caso, se trata de reglas que se aplican supletoriamente a lo que dispongan los tratados o instrumentos internacionales suscritos por Chile.
8) Sobre el acceso a sistemas dedicados, la Comisión consideró conveniente someter todas estas instalaciones al régimen de acceso abierto. Para ello, se ha dispuesto que el uso de la capacidad de estos sistemas, autorizada por el coordinador, sea transitorio mientras no se concreten los proyectos asociados a la respectiva línea o no se ejerzan los derechos de uso pactados contractualmente.
9) Acerca de los llamados "polos de desarrollo de generación eléctrica" -artículo 83 y siguientes-, que fue uno de los más debatidos aspectos en la Comisión de Minería y Energía, y teniendo presente que toda norma es siempre perfectible, se ha llegado a acuerdos que intentan armonizar...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se agotó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto para concluir.
La señora ALLENDE.-
Estoy tratando de sintetizar, señor Presidente, porque el proyecto es altamente complejo.
Iba a decir que hemos intentado armonizar las diversas sensibilidades e intereses en juego en materia de transmisión eléctrica y polos de desarrollo de generación eléctrica. Así, se introdujeron algunos ajustes a estas normas, destinados a mejorar su sentido y alcance y, por lo tanto, a facilitar su comprensión y aplicación.
Para cumplir estos objetivos, se acordó que la definición de determinadas zonas del país como polos de desarrollo de generación de energía eléctrica requiere que el Ministerio del ramo someta la declaración respectiva a una evaluación ambiental estratégica, lo que pretende provocar e incentivar la participación ciudadana y proveer a las zonas geográficas involucradas de la legitimidad necesaria entre las comunidades.
Por otra parte, la Comisión fue partidaria de circunscribir la aplicación de esta herramienta a las regiones donde se emplaza el sistema eléctrico, en el entendido de que uno de los propósitos centrales de los nuevos polos será aprovechar el potencial hidroeléctrico, calculado en más de 14 mil megawatts en la zona central y el sur del país, de preferencia a través de pequeñas centrales generadoras que hoy se ven imposibilitadas de inyectar energía al sistema por fallas de coordinación y debido precisamente a su tamaño.
Cabe señalar que, consultado acerca de los alcances de esta normativa, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía enfatizó que esta legislación no será aplicable a sistemas medianos como los que actualmente encontramos en Aisén y en Magallanes.
10) Sobre la metodología destinada a determinar las holguras, la Comisión optó por remitir a la potestad reglamentaria el establecimiento de los criterios y los aspectos metodológicos que sean considerados para la determinación de las holguras o redundancias de capacidad de transporte. De esta manera, se ofrece más estabilidad y certeza regulatoria.
11) En materia de estudio de la franja, el órgano técnico introdujo algunas adecuaciones para precisar que podrá realizarse el proceso de consulta o participación indígena previsto en el Convenio N° 169 de la OIT y contemplar la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para que el Ministerio ingrese a predios para la realización de los estudios.
En tal evento, es oportuno advertir que, según plantearon los representantes del Gobierno, hay aspectos vinculados con el proceso de la determinación de franjas que estarán contenidos en la futura ley de asociatividad.
12) En relación con el registro y valorización de los derechos de uso de suelos y servidumbre, se mantiene la regla vigente en orden a que solo se valorizarán aquellos derechos de uso de suelos, gastos e indemnizaciones respecto de los cuales se acredite fehacientemente el valor pagado y se encuentren contenidos en el registro público del coordinador.
Además, se fijan reglas para la determinación de la superficie a valorizar y se incorpora al Panel de Expertos como mecanismo de resolución de conflictos referidos al procedimiento de valorización.
13) Sobre la reasignación de ingresos tarifarios por congestión y armonización tarifaria, se incorporó un nuevo artículo que regula la reasignación de los excedentes del mercado spot en aquellas situaciones en que la planificación no se concrete en los tiempos previstos.
14) En relación con la institucionalidad del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico, la Comisión introdujo modificaciones destinadas a perfeccionar la institucionalidad y el funcionamiento de aquel. Entre ellas, aumentó sus niveles de responsabilidad mediante la exigencia de una cuenta pública anual, y le impuso la obligación de entregar acceso directo a la Comisión Nacional de Energía y a la SEC en cuanto a los antecedentes y bases de datos que respalden el sistema de información pública.
Desde el punto de vista orgánico, se redujo el número de miembros del Consejo Directivo del Coordinador, de siete a cinco miembros, atendida la dedicación exclusiva de sus funciones, y se destacó la figura del Presidente, al conferírsele funciones propias dentro de la organización.
La duración del cargo de consejero se aumentó de cuatro a cinco años, para dar mayor independencia a su elección, desacoplando su nombramiento a los períodos gubernamentales. Además, se precisaron las causales de remoción y se modificó la composición del Comité Especial de Nominaciones, también para garantizar su independencia (se eliminó de la nómina al Ministerio de Energía, por ejemplo).
Finalmente, se facultó a la CNE para contratar estudios o asesorías que permitan aprobar el presupuesto del Coordinador y se incorporaron normas para facilitar la administración del ente.
15) En materia de gradualidad en la aplicación del nuevo régimen de remuneración de la transmisión, la Comisión acordó introducir un artículo 25 transitorio, nuevo, que permita una transición armónica entre el actual régimen de remuneración de la transmisión y el nuevo que se establece en este proyecto de ley. Así, el actual régimen de pago de la transmisión seguirá vigente mientras existan contratos de suministro firmados bajo dichas reglas. En la medida que tales documentos se extingan o se modifiquen, se aplicarán las nuevas normas contenidas en esta iniciativa. No quedan sujetas a este régimen transitorio las empresas generadoras que inyectan al mercado spot, es decir, aquellas que no tienen contratos de suministro.
Señor Presidente, voy a dejar hasta aquí el informe.
La verdad es que se trata de una normativa bastante larga, altamente especializada y respecto de la cual partimos de la base de un diagnóstico general que todos conocemos: el alto precio de la energía, pues todos sabemos que contamos con un sistema poco robusto, que no resiste, que carece de holgura, que sufre congestiones, que de repente enfrenta el peligro de un blackout. También existen muchos riesgos de altas diferencias en los costos marginales. Es un sistema limitado y no abierto que, entre otras cosas, pone obstáculos a la creación de energías renovables no convencionales.
De ahí que lo vimos con bastante interés, mediante un trabajo, diría yo, muy arduo y riguroso, de más de dos meses, junto con distintos asesores, sin perjuicio de que, en forma previa, el Ministerio de Energía había establecido un panel de consulta a todos los especialistas del país (organizaciones, académicos, en fin) que permitió recoger su opinión antes de la presentación del proyecto.
La Comisión acordó por unanimidad trabajar de esa manera, a fin de obtener una tramitación razonable dentro de un tiempo prudente, ya que, si bien el proyecto es importante para el país, reviste un alto nivel de complejidad.
Por eso, dejo hasta aquí mi informe, señor Presidente, destacando que en la Comisión votamos en forma unánime la casi totalidad de los artículos para poder sacar adelante el proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Precisamente por esa razón le dimos todo el tiempo que requería, señora Senadora, para que rindiera el informe de la Comisión de Minería y Energía.
Muchas gracias.
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, todos sabemos que el sector energético es altamente sensible para la economía y además resistido por las comunidades.
En particular la Región de Antofagasta, a la cual represento, sufre no solo por la alta concentración de generación convencional y por los índices de contaminación que saturan a muchas de sus comunas, sino también porque allí se pagan las tarifas eléctricas más altas del país.
Por consiguiente, esta iniciativa, junto con hacer justicia, crea condiciones objetivas y materiales para enfrentar de mejor manera el desafío de la generación y la transmisión eléctrica en Chile.
En primer lugar, es preciso destacar el rol del Estado, y en especial el rol de lo público, en el establecimiento de una planificación estratégica a través de políticas de Estado que no se encuentren coaptadas por grupos de interés, que se hallen enfocadas en la entrega de derechos, y que, en el caso del servicio eléctrico, operen con estándares de seguridad, eficiencia económica, sustentabilidad ambiental y -esperamos- con precios que vayan a la baja.
El eje central de esta iniciativa es romper con el paradigma privativo y el rol pasivo del Estado en materia de planificación energética, particularmente mediante esta lógica de que la transmisión debe seguir a la generación bajo patrones de mercado y rentabilidad casi exclusivamente.
Este proyecto contó además con una mesa técnica compuesta por asesores de Senadores en la cual se pudieron establecer diferencias en torno al proyecto original y donde se formularon requerimientos que apuntaron a mejorar su texto y legitimar su proceder.
Por consiguiente, fue participativo en su elaboración.
En esa línea, se avanzó en:
-Fortalecer el rol del coordinador autónomo, agregando un perfil técnico por sobre la dependencia política.
-Fijar criterios de transparencia activa en su actuar.
-Establecer mecanismos de planificación y definición de polos de desarrollo de generación eléctrica que permitan a todos los actores operar con sustentabilidad y accesibilidad.
-Determinar criterios de ordenamiento territorial no hegemonizados por la industria energética, en lugar de criterios de exclusiva rentabilidad económica de corto plazo, y crear mecanismos de participación de la comunidad y, cuando corresponda, de los pueblos indígenas.
-Emplazar los trazados de transmisión en base a criterios racionales y a estudios de impacto en la población y en el medioambiente.
-Establecer criterios interesantes para la composición e independencia del Comité Especial de Nominaciones.
Todo esto fue dotando a la iniciativa de una legitimidad frente a los distintos actores involucrados en la planificación estratégica del territorio, razón por la cual solicitamos expresamente en su momento un instrumento de evaluación ambiental estratégica en el proceso de construcción del informe técnico como criterio esencial para dar viabilidad a los polos de desarrollo de generación eléctrica.
Dada la dinámica de este proceso de evaluación, las solicitudes por concepto de participación ciudadana y de consulta indígena quedaron explícitas en las principales áreas del proyecto.
Asimismo, considero prometedores en materia energética algunos elementos como la interconexión SIC-SING para el año 2018; la postergación de la discusión de los sistemas medianos, que distribuyen energía en las regiones de Aisén y Magallanes, por las particularidades de esa zona del país; la equidad tarifaria, que permitió reducir la tarifa eléctrica en aquellas comunas generadoras de energía (por ejemplo, Tocopilla y Alto Biobío).
Pero, sin lugar a duda, esta normativa debe ir acompañada de una ley de asociatividad, prometida por el señor Ministro -a quien se lo recordaremos-, como un pilar fundamental en el equilibrio de las principales ciudades afectadas por el actual modelo de generación convencional que sufren las externalidades negativas y no reciben ningún beneficio.
Sabemos que el mundo avanza en esta dirección. La generación de electricidad a partir de energías renovables no convencionales ha superado ya la producción nuclear. En Chile también existe un cambio en la generación y naturaleza de los proyectos energéticos, siendo los de energías renovables no convencionales un gran impulso para la inversión en el país, particularmente en nuestra región, que, pese a haber sido nido de la generación térmica convencional, ha ido avanzando en proyectos más amigables con el medioambiente, al punto de que, a la fecha, de los diez en construcción, ocho pertenecen a energías renovables no convencionales, con una producción bruta de 508 megawatts.
Sin duda, el proyecto Cerro Pabellón de energía geotérmica marcará un precedente en la materia.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para terminar.
El señor GUILLIER.-
Finalmente, quiero decir que esta iniciativa se halla en concordancia con los nuevos parámetros, tanto a nivel internacional como en la necesidad de darle un rol protagónico al Estado y resolver en parte la falta de legitimidad que poseía este sector, dotándolo de los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y consulta indígena.
Por lo tanto, la apoyamos con entusiasmo.
Gracias.
El señor PROKURICA.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se está solicitando abrir la votación.
El señor Secretario me ha pedido hacer una aclaración.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Sí, señor Presidente, solo para reiterar que este proyecto se encuentra en discusión particular.
Si bien existen numerosas enmiendas aprobadas por unanimidad, hay una que lo fue por mayoría y que, de consiguiente, requiere el pronunciamiento de la Sala.
Además, se ha pedido revisar la inadmisibilidad declarada en la Comisión respecto de tres indicaciones.
Lo anterior implica que hay que ir norma por norma en lo que corresponda, sin perjuicio de que aquellas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones pueden darse por aprobadas desde ya.
Es la aclaración que quería hacer, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Muchas gracias.
Por lo tanto, no estamos en condiciones de abrir la votación todavía.
A continuación, le ofrezco la palabra al señor Ministro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, hasta hace poco más de diez años, la transmisión eléctrica no era siquiera considerada un servicio público por la ley. Cuesta creer que un rubro tan importante en la vida de nuestros hogares y en el desarrollo de nuestras industrias fuera considerado un segmento cuyo acceso y cobros podían regirse sin esa definición de servicio público. Y no estoy hablando de tantos años atrás.
La calificación general de servicio público para la transmisión tuvo muchos y variados efectos. Sin embargo, da la impresión de que este concepto resultó algo fallido si realmente se quería añadir a la actividad del transporte de energía un sello que la vinculara con el interés general del país.
Por eso, señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley que no solo se hace cargo de los vacíos existentes, sino que representa el cambio más profundo en nuestra regulación eléctrica desde su formulación, en el año 1982. Esta iniciativa cambia paradigmas muy arraigados en el sector eléctrico; introduce nuevas instituciones; incorpora al Estado como conductor del desarrollo energético, en armonía con un sector privado que es motor de la inversión y la provisión de servicios. Y podemos decir, con gran satisfacción, que lo estamos haciendo en un marco de acuerdo técnico y político transversal.
Esto es fruto de una labor que comenzó en junio de 2014, cuando se dio inicio a un inédito trabajo prelegislativo de discusión abierto a la sociedad, con la participación de académicos, expertos, sociedad civil, empresas y técnicos del Gobierno. Fue en el Salón de Honor de la ex sede del Congreso Nacional, con la presencia de más de 400 personas, donde, en conjunto con la Universidad Católica, invitamos de manera abierta a todos quienes quisieran participar.
Llegamos a un diagnóstico compartido de los aspectos positivos y negativos de la transmisión y de la operación de nuestro sistema eléctrico.
Permítame, señor Presidente, agradecer en esta ocasión al Rector de la Pontificia Universidad Católica, quien asumió como propio el desafío de involucrar a su institución en el desarrollo de nuevas regulaciones para el sector energético, y también quiero hacer un especial reconocimiento al destacado académico Hugh Rudnick, por haber liderado al equipo técnico de esa universidad.
En agosto del año pasado se inició el trabajo legislativo y quiero destacar el diálogo que tuvimos tanto en la Cámara como en este Senado, lo que, sin lugar a dudas, contribuyó a perfeccionar el proyecto de ley.
Señor Presidente, cuando esta Sala aprobó en general la normativa en discusión, varios Senadores hicieron presente la necesidad de perfeccionarla. Comprometimos en dicha ocasión la voluntad del Ejecutivo para estudiar y buscar una solución a cada una de las observaciones planteadas. De este modo, en acuerdo con todos los Senadores de la Comisión de Minería y Energía, nos pusimos el objetivo de trabajar de manera conjunta todas las indicaciones que se presentaran para hacernos cargo de las observaciones recibidas. Fue un trabajo arduo y de mucha generosidad. Y como la participación colaborativa tiene resultados, podemos señalar con bastante orgullo en esta Sala que el Gobierno y los cinco Senadores y Senadoras de la Comisión presentaron, en forma conjunta, 197 indicaciones.
Durante varias semanas estuvimos trabajando en Comisión esas y otras indicaciones presentadas. El resultado fue que el proyecto evacuado tanto de la Comisión de Minería y Energía como de la de Hacienda se concretó en un texto aprobado con votaciones unánimes en relación con todas las indicaciones planteadas.
Tengo la convicción, señor Presidente, de que esa es la forma de trabajo para la construcción colaborativa de políticas públicas de largo plazo. No quiero dejar de señalar que hubo materias propuestas por algunos Senadores y Senadoras que no fueron incorporadas al proyecto, la mayoría de ellas por ser ajenas a las ideas matrices.
Quiero comprometer públicamente lo que he conversado con algunos Senadores y Senadoras de manera personal: tenemos la voluntad de seguir avanzando en nuestra Agenda de Energía, por lo que la necesidad de lograr una verdadera asociatividad entre proyectos energéticos y comunidades, una mayor profundidad en el desarrollo de la generación distribuida y la eficiencia energética, o el mejoramiento de las normas que rigen la distribución eléctrica, son temas, entre otros, en que nos comprometemos a seguir un desarrollo regulatorio con la misma filosofía de participación colaborativa con la que hemos enfrentado este proyecto de ley.
En las últimas décadas, la ausencia del Estado como articulador de los intereses privados y ciudadanos contribuyó de manera decisiva en la falta de una visión estratégica de largo plazo, con todo el impacto que ello ha tenido en materia de procedimientos, obligaciones y ampliación del sistema de transmisión.
Ya hemos iniciado el proceso de interconexión de los dos principales sistemas eléctricos del país (el SING y el SIC) y finalizaremos la construcción de un sistema eléctrico nacional interconectado entre Arica y Chiloé durante el segundo semestre del próximo año.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Finalizó su tiempo, señor Ministro.
Le daré un par de minutos más para que pueda terminar.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Gracias.
Los famosos "cuellos de botella" del sistema de transmisión no pueden seguir afectando la expansión del sistema y restringiendo la incorporación de nuevos actores y nuevas tecnologías al mercado eléctrico.
Si queremos un ordenamiento territorial armónico, que respete las vocaciones y costumbres de las comunidades, la transmisión eléctrica debe conjugar adecuadamente los objetivos de eficiencia económica con los intereses nacionales, regionales y locales bajo criterios de sustentabilidad.
No queremos que los criterios comerciales sigan determinando de manera tan decisiva la generación y el transporte de la energía.
¿Qué pasa en la actualidad? El inversionista que "gana el quién vive" en la zona operando solo en función de sus números termina determinando la evacuación de la energía hacia la red eléctrica. Esto, definitivamente, no puede continuar así.
Hoy se torna cada vez más clara la necesidad de que se cree por ley una institución independiente que acometa las tareas de coordinación de la operación del sistema eléctrico, así como otras funciones relacionadas con monitorear la competencia del mercado eléctrico y garantizar de mejor modo el funcionamiento del sistema.
Se ha criticado de manera infundada la figura de los polos de desarrollo, apareciendo como argumento el de que esta sería una fórmula "escondida" para facilitar el desarrollo de la transmisión hacia los recursos hídricos de Aisén. También se ha señalado que tiene por objeto viabilizar "grandes centrales hidroeléctricas", creando "zonas de sacrificio" en nuestro país.
Señor Presidente, esta discusión se dio íntegramente en la Comisión, con la que acordamos indicaciones que enriquecen la figura y aleja temores que -reitero- se plantearon de manera infundada.
Por una parte, se estableció expresamente que estos polos solo podrán disponerse en las regiones donde se emplaza el sistema eléctrico nacional interconectado, por lo que los sistemas medianos de Aisén y Magallanes quedan excluidos del uso de esta figura. Tanto para el Ejecutivo como para los Senadores esta norma recoge el sentido básico de la idea de los polos de desarrollo: este sistema de transmisión se requiere...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El señor Ministro dispone de un minuto adicional con el fin de finalizar su intervención.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
En otras palabras, señor Presidente, dicha figura busca evacuar energía limpia y económica, y evitar un uso irracional del territorio con el establecimiento de múltiples sistemas de transmisión, obligando a construir una sola línea.
Quiero ser muy explícito también en despejar otro mito.
Una gran central hidroeléctrica de 100, 300 o 500 megawatts no necesita la figura del polo de desarrollo para construir su línea de transmisión: el titular del proyecto la puede financiar y emplazar por su cuenta. Pero como queremos un uso racional del territorio, esta figura permitirá obligar al dueño de ese proyecto a aumentar el tamaño de transmisión de energía a fin de poder evacuar no solo su proyecto, sino también otros pequeños potenciales de la cuenca respectiva.
Señor Presidente, deseo ser enfático en señalar que aquella figura justamente busca que se desarrolle un potencial de energía renovable no convencional, en especial de pequeñas centrales hidráulicas de paso, lo que sin los polos de desarrollo nunca se podría lograr. Tenemos un potencial de 15 mil megawatts hidráulicos entre la Región Metropolitana y la de Los Lagos que nuestro país ha de evaluar en cuanto a su desarrollo.
La iniciativa también formula una propuesta que busca alcanzar un equilibrio económico-social-ambiental en la definición de trazados; dota al sistema de mayores grados de certeza para la realización de los proyectos; asigna al Estado un rol central en la evaluación de trazados; reduce los riesgos de las empresas licitantes y operadoras con el objeto de disminuir las tarifas eléctricas, y da legitimidad al desarrollo de proyectos de transmisión ante la opinión pública y las comunidades.
Así, se propone un nuevo procedimiento de estudio de franja para determinados trazados de transmisión eléctrica por parte del Ministerio de Energía.
Señor Presidente, los cambios que he reseñado son de fondo. Por ello, diversos actores han señalado que esta iniciativa es la transformación más profunda de nuestra ley eléctrica desde su creación en la década del 80.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Ministro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Mis palabras finales son nuevamente de agradecimiento a la generosa participación de académicos, de expertos, de líderes sociales, de empresarios y, en especial, del Parlamento.
Todos hemos trabajado juntos para lograr un solo objetivo: que Chile cuente en los próximos años con un sistema eléctrico inclusivo, seguro, eficiente y sostenible.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Atendido el planteamiento que hizo el Senador señor Prokurica, corresponde dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.
El señor DE URRESTI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, pido votación separada del artículo 85°, si es que está incluido en esa situación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Lo que procede primero es dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, siguiendo la regla general, corresponde dar por aprobadas todas las modificaciones que la Comisión propuso por unanimidad. Pero, necesariamente, habría que excluir la norma que señaló el Senador señor De Urresti y, además, las tres peticiones de revisión de las declaraciones de inadmisibilidad, por cuanto, al incidir las indicaciones respectivas en enmiendas sugeridas por la Comisión, del resultado que se registre dependerá si quedan o no aprobadas por consenso las modificaciones de dicho órgano técnico. Porque se puede producir una coincidencia. Si son admisibles, habría que decidir después si se aprueba la enmienda de la Comisión o si se vota la indicación declarada admisible.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en la misma línea señalada por el señor Secretario, si se pierde la admisibilidad, pedimos que se voten por separado las normas respecto de las cuales renovamos las indicaciones.
No caben dentro del planteamiento del Secretario que se den por aprobadas si son inadmisibles.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Lo que el señor Secretario ha señalado es que vamos a dar por aprobadas las modificaciones unánimes y que se votará separadamente...
El señor DE URRESTI.-
El artículo 85°.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
... el artículo 85°. O sea, serían cuatro votaciones.
Entonces, damos por aprobado lo que es unánime.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Y que no incida en aquello.
--Se aprueban las enmiendas unánimes, con las exclusiones señaladas precedentemente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La primera petición de revisión de declaración de inadmisibilidad, presentada por varios señores Senadores, es respecto a las indicaciones 169, 170 y 171, todas las cuales son del mismo tenor.
La Comisión las declaró inadmisibles, según se consigna en la página 55 de su segundo informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 2°, de la Carta Fundamental, esto es, por recaer en normas de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pues se refieren a funciones o atribuciones de órganos públicos (es la razón que se dio).
Dichas indicaciones son para introducir un nuevo inciso segundo al artículo 1° del proyecto de ley, numeral 3, artículo 72°-15, del siguiente tenor:
"Previo a la declaración de construcción de la Comisión, a que refiere el inciso anterior, las empresas propietarias de unidades generadoras, instalaciones de transmisión y los propietarios de instalaciones de clientes libres, deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93° en lo referido al procedimiento de participación y acuerdos con las comunidades locales e indígenas.".
El señor MOREIRA.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No, señor Senador; lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Es imposible hacerlo, porque tenemos al menos cuatro votaciones que realizar.
Para referirse a las indicaciones números 169, 170 y 171, conforme a lo que planteó el señor Secretario, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, había solicitado intervenir para hablar en general de este proyecto y referirme al trabajo de la Comisión.
Sin embargo, creo que las indicaciones que nos ocupan son absolutamente inadmisibles, tal como lo declaró la Comisión, cuestión que fue apoyada en su momento por sus cinco miembros.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, las tres indicaciones que se declararon inadmisibles tienen un tronco común: se hallan relacionadas con la participación de las comunidades indígenas y las consultas que los ejecutores deberían hacer a las comunidades locales e indígenas y comunidades afectadas.
En ninguna de dichas indicaciones se le otorgan atribuciones o nuevas facultades a organismo público alguno.
De hecho, la que acaba de leer el señor Secretario se refiere a obligaciones, y señala que "las empresas propietarias de unidades generadoras, instalaciones de transmisión y los propietarios de instalaciones de clientes libres" -no es el Ejecutivo- "deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93°".
Señor Presidente, lo único que estamos diciendo es que cumpla con las normas, con la ley. Por lo tanto, las tres indicaciones que presentamos son admisibles.
Sin embargo, lo que deberíamos debatir es el fondo de ellas.
Si hay disposición para que las comunidades rurales, las comunidades indígenas que sean afectadas tengan en esta legislación en proyecto un procedimiento de participación.
Si no, pongámonos de acuerdo, porque he escuchado decir al Ministro que existe la voluntad de crear una legislación especial para la participación de los pueblos originarios y las comunidades afectadas con estos trazados, aparte de este proyecto. Pero no veo cómo podemos aprobar una iniciativa que los va a afectar sin que sea vinculante con la forma en que resolvemos el tema de la participación eficaz.
Señor Presidente, actualmente, después de muchos años de haberse instalado los conductores eléctricos, las líneas eléctricas en las propiedades de las comunidades indígenas, todavía nos invitan a dar explicaciones acerca de quién las autorizó. ¡Cómo se sacan ese gravamen de encima! ¡Nadie les pidió permiso! ¡Nadie las compensó!
Ahora estamos haciendo una nueva legislación para nuevos tendidos, ¿y no vamos a decir nada? ¿Nos quedaremos callados?
Perdóneme, señor Presidente, no estoy disponible a fin de seguir dando explicaciones sin un sustento, porque ahora estoy en el Congreso. Antiguamente no estuve. ¡No había Congreso cuando el Gobierno militar determinó el modo de establecer los tendidos eléctricos...!
El señor MOREIRA.-
¡Muy bien!: "¡el Gobierno militar...!".
El señor TUMA.-
Y, por tanto, señor Presidente, quiero asegurarme de que al menos mi participación o mi consentimiento no va a estar presente para trazar tendidos eléctricos sobre territorios de pueblos originarios sin dar la posibilidad de que ellos opinen, de que participen y de que sean compensados legítimamente por este gravamen.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Como me lo han consultado varios señores Senadores, debo señalar que en este momento está en discusión -no en votación- lo referido al primer grupo de indicaciones, tal como lo han entendido muy bien los Senadores señores García-Huidobro y Tuma, quienes se han referido al mismo tema, naturalmente con una mirada distinta.
Con respecto al mismo grupo de indicaciones, tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, Honorable Sala, la solicitud de votar en lo concerniente a estas indicaciones va en la misma línea que bien ha argumentado el Senador señor Tuma.
Chile ha cambiado. Chile -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo al Ministro de Energía- tiene que respetar escrupulosamente los tratados internacionales, en este caso, el Convenio 169 de la OIT, situación que no se está cumpliendo, que se soslaya o respecto de la cual no se pone el énfasis que se necesita en nuestra legislación.
Desde el punto de vista de los estándares internacionales de participación ciudadana que nos exige la OIT a través del Convenio 169, lo que se propone es absolutamente bajo.
Solo como referencia -es importante que quede en la historia de la ley-, en cuanto al proyecto de una empresa estatal noruega que usted conoce, señor Ministro, en el río Pilmaiquén, desde hace dos años hay una reclamación en la Superintendencia del Medio Ambiente por la forma en que realizó el proceso de consulta esa empresa -era privada y luego fue vendida a una del Estado noruego-, que inundó un kintuante, lugar sagrado de los mapuches. Y esperamos que la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente salga lo antes posible. Llevan dos años esperando. Existe gente detenida, comunidades afectadas, una zona militarizada, ¡y nosotros no incorporamos en nuestra legislación esos estándares!
¿Por qué preocupa tanto? ¿A quién afecta esto? ¿Por qué debemos tener, en relación con los pueblos originarios, con lo que hemos comprometido, con el diagnóstico, con la mirada internacional sobre nuestro Estado un límite de consulta menor respecto del cumplimiento de los proyectos que se someten a estudio de impacto ambiental?
Precisamente, señor Presidente (que esto quede consignado en la historia de la ley), los proyectos hidroeléctricos, sean de mini o de grandes centrales, se sitúan en territorios indígenas. Muchas veces esos lugares son sagrados, como el kintuante a que hice referencia, en la comuna de Río Bueno, a orillas del río Pilmaiquén.
¿Por qué, entonces, en esta legislación en proyecto, con la presentación de estas indicaciones, no incorporamos un estándar internacional?
No estamos pidiendo que se otorguen nuevas facultades o nuevas condiciones. Existe un estándar que nos demandan hoy día la comunidad exterior y la propia legislación interna.
Repito lo que el Ministro señalaba: "este es el avance más grande en materia energética". Está bien, señor Ministro, hago fe en sus palabras en materia de las empresas. Para estas, y para el desarrollo energético, esto es muy importante. Pero, al menos para mí, es igual de importante el respeto absoluto a los pueblos originarios, el cumplimiento absoluto, en su espíritu, en su letra, del Convenio 169.
El no aprobar y no incorporar estas indicaciones significará simplemente rebajar ese estándar y decirles a las comunidades, cuyos territorios (donde están sus kintuantes, donde están sus lugares sagrados, donde están sus sitios ceremoniales, donde está el gran valle del Riñinahue) seguramente van a ser declarados polos de desarrollo o zonas de sacrificio, "aquí no tenemos un estándar internacional en materia del Convenio 169".
Eso no le hace bien al Estado de Chile, no le hace bien a la relación y al trato que debemos tener con nuestros pueblos originarios. Esto no queda de buena forma: se trata de una legislación que moderniza muchos aspectos, pero que minusvalora el Convenio 169.
Por eso, señor Presidente, con las argumentaciones que hemos dado no queremos que se otorguen nuevas facultades ni otras cosas; simplemente exigimos perentoriamente (ratificamos nuestra petición: lo que abunda no daña) que las consultas indígenas en estos procesos se realicen previamente, con los parámetros que corresponden, con el estándar internacional que nosotros aceptamos cumplir al suscribir el Convenio 169.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría unanimidad para poner en votación este primer grupo de indicaciones, respetándose el tiempo de fundamento del voto? Solo está inscrito el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
¿Señor Presidente, vamos a votar la inadmisibilidad de las tres indicaciones?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Exactamente, del primer grupo.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Primero que nada, quiero señalar que el Honorable señor Prokurica hizo presente a la Secretaría que se inhabilita para votar en cuanto a todas las indicaciones en este proyecto.
En esta votación, quienes estén de acuerdo con la inadmisibilidad declarada por la Comisión de Minería y Energía, votan que sí; y quienes están porque sean admisibles, que no.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Andrés Zaldívar.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Andrés Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, respecto al alegato de fondo de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en términos de si se consulta o no a las comunidades, o de si estas son pasadas a llevar en determinados proyectos, etcétera (esto tiene que ver no únicamente con las comunidades mapuches, sino también, por ejemplo, en mi región, con las agrícolas, que es otro tipo de propiedad colectiva de la tierra que viene desde los tiempos de la Conquista), quiero decir que el tema no es ese, pues las normas respecto de las consultas a nuestros pueblos originarios se encuentran establecidas en las normas generales, y no las vamos a estar repitiendo en los artículos de cada ley específica.
Lo que hacen las indicaciones es aumentar las obligaciones de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio. Y esa es la razón por la cual fueron declaradas inadmisibles de manera unánime en la Comisión.
¿Por qué? Porque en ellas se dispone que "Previo a la declaración de construcción de la Comisión, a que refiere el inciso anterior", esta deberá hacer la consulta. Y eso, evidentemente, significa entregarle una obligación más a la Comisión Nacional de Energía y, por ende, al Ministerio. Y esa no es facultad nuestra, sino del Ejecutivo. Por eso se ha hecho mención al artículo pertinente.
Más allá de las buenas intenciones de los colegas, las indicaciones en análisis, que fueron largamente discutidas en la Comisión, son inadmisibles, y así fueron declaradas por el órgano técnico de manera unánime.
Por supuesto, voy a votar igual que en dicha instancia, porque es lo que corresponde.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, primero que todo, quiero señalar que varias indicaciones nuestras fueron declaradas inadmisibles, pero, de forma paralela, se acogieron en indicaciones formuladas por el Ejecutivo.
No hay que perder de vista ese contexto general.
Desde luego, estimo que las indicaciones que nos ocupan son admisibles, pues no agregan ninguna función nueva a algún órgano del Estado.
De hecho, si uno va a la página 137 del texto comparado, podrá ver que el nuevo artículo 93° fija exactamente el procedimiento para la determinación de franjas. Ahí se establece la realización de un estudio preliminar y su respectiva evaluación ambiental estratégica. Se precisa que este deberá considerar los patrones de sustentabilidad y "someterse en la etapa más temprana posible" -es decir, antes de que se defina el asunto- "al proceso de Consulta Indígena contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.".
Más adelante el precepto se refiere a la certidumbre jurídica, entre otras cosas.
En definitiva, temas que están planteados en una indicación se hallan resueltos en otra. Es bueno tenerlo presente para no perder la perspectiva del proyecto.
En segundo lugar, en esta iniciativa se habla de "polos de desarrollo", pero debe entenderse en el ámbito de la generación eléctrica. No se trata del desarrollo de un área completa en función de la energía, porque ese punto de vista obviamente nos llevaría a una situación muy perversa: traer electricidad de otra parte a lugares con necesidades en ese plano por considerarlos polos de desarrollo, en perjuicio de los potenciales energéticos de otras localidades.
Dicho en otras palabras, debemos salirnos de este modelo centralista y concentrador, que transforma a ciertas regiones en zonas de sacrificio.
¡Ahí tenemos a Tocopilla y a Huasco!
¡Qué decir aquí cerca de Quintero, Puchuncaví y Ventanas!
¡Y hacia el sur, Coronel!
Y se pretende extender ese impacto a Arica, a Aisén, a Magallanes, en una visión centralista que aprovecha solo la vocación energética de las localidades, sin considerar otras potencialidades, como la biodiversidad, el turismo, la agricultura, etcétera, todas las cuales deben ser armonizadas.
¿Por qué digo eso? Porque en el planteamiento de los polos de desarrollo de generación eléctrica se contempla la evaluación ambiental estratégica, que es un estudio más bien de carácter integral. Me habría gustado -pero no está dentro de nuestras facultades- que, previo a ello, se definiera una participación ciudadana vinculante con el fin de armonizar los potenciales de las distintas regiones del país.
Además, se establece que en esos polos de desarrollo debe generarse un mínimo de energías renovables no convencionales. Se habla del 20 por ciento. ¡Pero hoy día en Chile ya vamos en 18 por ciento! En su minuto, aquí se impugnó nuestra iniciativa del 20/20 por estimar que su objetivo era inalcanzable. Resulta que ahora podemos afirmar que para 2020 habremos superado con creces ese porcentaje.
La estrategia que ha planteado el Ministro -apoyado por el Gobierno- permitirá llegar al 70 por ciento en el año 2050. Sin embargo, la tecnología y todo lo demás indican que la generación de energías renovables no convencionales será del 100 por ciento. Y el resto quedará como respaldo.
Por otra parte, quiero destacar que en este proyecto, junto con el Ejecutivo, logramos dejar fuera del sistema eléctrico nacional a los sistemas medianos eléctricos, es decir, a los menores a 200 megawatts.
Ello comprende todo lo que hay en Cochamó, Palena, Aisén y Magallanes. En realidad, no tiene sentido hacer pedazos la Patagonia chilena en aras de una energía que será ocupada a 2 mil 300 kilómetros de distancia, cuando hoy en día está demostrado que eso es antieconómico y que hay mejores opciones.
De hecho, el propio Ministerio se ha abierto a licitaciones para generación eléctrica por medio de energías renovables no convencionales. Los precios y toda la tendencia apuntan hacia allá.
Yo habría querido que en esta iniciativa se estableciera un mayor fomento a las energías renovables no convencionales -contamos todavía con algunas instancias legislativas para ello- y que se revisaran instrumentos que no han funcionado, como el relativo a CORFO.
Además, si en una microcuenca o cuenca hay diez proyectos hidroeléctricos pequeños o de pasada, debería evitarse que cada uno pague su línea, posibilitando que se prorratee el gasto y que el Estado se haga cargo de la diferencia, mientras tanto.
Bueno, no se puede lograr todo, pero creo que se ha avanzado.
Desde luego, apoyo la admisibilidad de las indicaciones en análisis, que no empecen para nada al proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, el artículo 93º es bastante claro.
Dice: "Procedimiento para la determinación de franjas. Una vez publicado en el Diario Oficial el decreto que fija las obras nuevas, el Ministerio deberá dar inicio al Estudio de Franja para aquellas obras nuevas que requieren de la determinación de una franja preliminar, el que será sometido" -es importante señalar esto porque está dentro de las normas generales- "a evaluación ambiental estratégica". ¡Evaluación ambiental estratégica!
Y el final de su inciso segundo dispone: "El estudio preliminar de franja deberá someterse, de conformidad con el reglamento, al proceso de Consulta o Participación Indígena contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
Es decir, el contenido de las indicaciones ya se encuentra explicitado en la iniciativa. Independiente de lo que han planteado los señores Senadores, queda claro que dicha materia se halla contemplada en las normas generales y, también, en el artículo 93º citado.
Por lo tanto, no veo razón para insistir en algo que ya está en la legislación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cuando se instaló la central Ralco en Alto Biobío y empezó a generar energía, descubrimos que contra la Ley General de Servicios Eléctricos ¡nada se puede hacer! Es como ir contra la Ley Minera: ¡nada!
Y recién ahora, después de más de veinticinco años, las comunidades de Alto Biobío, como informó el señor Ministro, podrán pagar ya no 190 pesos el kilowatts/hora, sino 100 pesos. ¡Pero durante décadas estuvieron pagando la energía más cara de Chile: más cara que en Las Condes, más cara que en Vitacura!
Por consiguiente, tenemos una legislación de arrastre, y lo señalado es parte de ello.
Lo cierto es que debe haber líneas de transmisión para que se cuente con un sistema integrado; pero también es preciso salvaguardar los derechos de las comunidades, como dijo el Senador Tuma. Si las obras de construcción comienzan -autorizadas gracias a esta futura ley-, la gente se va a preguntar: "¿De dónde salieron? ¿Por qué se instalaron aquí?".
Sobre el particular, pedimos que se aplique un estándar de nivel internacional. Advierto que el solo efecto de esta ley no impedirá que haya controversias, razón por la cual queremos que exista regulación a fin de que el diálogo esté garantizado legislativamente. Sin normas que resguarden los derechos de los pueblos originarios, estos toman decisiones y se movilizan, con lo cual surge el conflicto.
Las indicaciones en estudio están referidas a la declaración de construcción que se otorga a la empresa. ¡El Estado no tiene que compensar nada! Exigimos que la concesionaria, en forma previa a las obras, dialogue, converse y llegue a acuerdo con las comunidades. No le estamos haciendo ninguna petición al Estado, que, por lo demás, no podría reemplazar a la empresa en este ámbito.
La idea es que la concesionaria acredite el cumplimiento de lo comprometido. Lo otro son hechos consumados: aquí está la franja, aquí está la intervención y, sobre la premisa de que la obra se va a ejecutar "sí o sí", la empresa verá si conversa o no.
Siento que eso es un abuso, que nos va a traer problemas en el cumplimiento de la rendición de cuentas ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como también frente a la OIT por incumplimiento del Convenio 169.
Estamos tratando de evitar aquello y hacer compatible lo que todos queremos: que exista un sistema integrado nacional eléctrico que provea energía suficiente para mover al país, pero que eso se realice con respeto a las comunidades.
Ahora, digámoslo francamente: las empresas eléctricas serán de gran tamaño, de carácter internacional. Por tanto, es falso que una comunidad podrá dialogar de igual a igual con aquellos gigantes. La relación será entre el poderoso y el actor más disminuido.
Tan disminuidos están los pueblos originarios que las empresas se metieron en su territorio, que se encuentra resguardado por las leyes nacionales, específicamente por la Ley Indígena, que, como se ha dicho, debe ser respetada. Pero no lo será, pues las empresas no requieren autorización previa para introducirse en esos lugares.
Creo que si el texto propuesto queda tal como está, se garantiza el conflicto. ¡Y queremos evitarlo!
Entre las ganancias y utilidades que obtendrán las empresas y los intereses de la comunidad no existe ninguna relación. ¡Hay una desproporción enorme!
Por lo tanto, esperamos que el progreso se desarrolle y que la línea de transmisión nacional se concrete, pero sobre la base de derechos ya establecidos. No olvidemos que en esta misma Sala aprobamos por unanimidad el Convenio 169, que exige realizar una consulta a los pueblos originarios.
Si las empresas van a poder ingresar a los territorios sin consentimiento de la comunidad -con ello estamos introduciendo una excepcionalidad-, vamos a tener una distorsión.
Las indicaciones en análisis exigen a la empresa -y no al Estado- el establecimiento previo de acuerdos con las comunidades afectadas y la acreditación del cumplimiento del artículo 93º.
En consecuencia, como no se solicita nada al Estado, las indicaciones son plenamente admisibles.
Si no distinguimos entre las exigencias que se formulan a las empresas privadas y las responsabilidades que el Estado debe asumir o ejecutar, estamos confundiendo los roles.
Entonces, la pregunta es clara: ¿el aparato estatal va a solidarizar con las empresas y asumir responsabilidades que no le pertenecen?
Señor Presidente, las indicaciones son absolutamente admisibles, tal como lo han señalado los Senadores Tuma y De Urresti.
Por lo tanto, respaldo la admisibilidad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, desde el punto de vista de la lógica con que hemos estado debatiendo, hago presente que la metodología está un poco al revés.
Las indicaciones que estamos discutiendo, que modifican los artículos 72º-15, 87º y 93º, fueron declaradas inadmisibles.
En verdad, la indicación que motiva el centro de este análisis es la que enmienda al artículo 93º. Las otras se relacionan con el cumplimiento de lo establecido en dicho precepto.
El colega García-Huidobro dice: "En el 93º ya está considerado el Convenio 169".
Pero no solamente queremos la aplicación de dicho instrumento, señor Senador -por su intermedio, señor Presidente-; también exigimos que haya negociación. Y el referido Convenio no la contempla.
Queremos un acuerdo, uno vinculante entre los proyectistas, los inversionistas y las comunidades.
¡Nada de eso tiene que ver con el accionar del Ejecutivo! ¡Mucho menos, con el gasto!
Entonces, no sé por qué la Comisión declara inadmisibles las indicaciones, en circunstancias de que son perfectamente admisibles.
Insisto: ¡ellas no se relacionan con nuevas atribuciones!
Ahora, otra cosa es que no se quiera dar participación y posibilidades de negociación a las comunidades. Si es así, hagamos ese debate; pero no lo saquen por el lado declarando su inadmisibilidad.
El Senador García-Huidobro argumenta que ello está contemplado en el Convenio 169. Yo le digo: "No basta".
Con esta iniciativa queremos innovar para lograr instancias de negociación y participación de las comunidades en los gananciales, en la rentabilidad, en el modo como se va a construir el proyecto.
No hay ninguna razón para declarar inadmisibles esas indicaciones. ¡Sí pueden declarar que no son aceptables para las empresas, que es otra cosa!
Entonces, ¡hagamos ese debate!
Si los miembros de la Comisión estimaron que las indicaciones eran inadmisibles porque no se consideran aceptables para los inversionistas, ¡díganlo de ese modo! ¡Por qué ocultarlo detrás de la inadmisibilidad!
No existe ningún motivo para afirmar que esas indicaciones son inadmisibles. ¡Ninguno!
La razón de fondo es que no se quiere dar la oportunidad a las comunidades para participar en el negocio o para lograr acuerdos vinculantes, previos a la autorización respectiva.
¿Qué dicen las indicaciones recaídas en el artículo 93º? Lo siguiente: "el proceso de determinación de franja deberá contemplar siempre, tanto para el proceso de evaluación ambiental estratégica como para la consulta indígena, la obtención del consentimiento previo e informado de las comunidades locales e indígenas afectadas directa o indirectamente por el proyecto, el que se expresará a través del establecimiento de acuerdos que deberán consignarse mediante escritura pública".
¿Dónde está la inadmisibilidad ahí? ¿En qué parte se exige una actuación del Ejecutivo?
Y continúa: "Dichos acuerdos deben surgir de un proceso de diálogo y negociación" -¿quién va a llevar a cabo esos procesos? ¡Las empresas que quieren invertir, pues!- "en el que se identificarán los posibles efectos que pudiesen ocasionar los proyectos sobre las comunidades y las medidas de mitigación, compensación".
¡Es que esto cuesta plata!
¡Claro que cuesta plata! ¡De eso estamos hablando!
La inadmisibilidad se relaciona con eso mismo, con el temor de que el proyectista no quiera seguir invirtiendo más para no beneficiar a las comunidades.
Pero acá estamos proponiendo otra cosa: darles a las comunidades la oportunidad de apoyar el proyecto de construcción, de llegar a acuerdo y de participar en la rentabilidad.
De lo contrario, en verdad se van a generar muchos conflictos. En mi opinión, ninguno de esos proyectos va a ser una realidad. Se lo repito, señor Ministro: ¡Ninguno va a ser una realidad, mientras no establezcamos un mecanismo de participación de las comunidades!
Por tanto, me parece que la indicación citada viene a resolver un problema -no a crearlo- con relación a una demanda real de los pueblos originarios, que perciben nuevamente que se está pasando por sobre sus derechos.
Considero que las indicaciones son perfectamente admisibles. No hay un solo argumento que pueda confirmar lo contrario.
Aclaro que los otros dos grupos de indicaciones son consecuencia del que acabo de exponer: si se aprueba este, que propone una instancia de participación, lo demás automáticamente queda consignado en el mismo sentido.
Voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, voy a tratar de explicarle al Senador Tuma por qué son inadmisibles las indicaciones.
Aclaro que no participé en la Comisión, así que mi conocimiento proviene simplemente de estudiar y estudiar la Constitución y las leyes.
El artículo 65, inciso cuarto, número 2º, de la Carta Fundamental es la norma que hay que vincular a este tipo de acciones, disposición que habla de fijar funciones o atribuciones de un servicio público. Y es lo que las indicaciones hacen respecto del órgano que estamos creando.
A uno podrá no gustarle el precepto, pero obviamente dicha materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Uno no puede, solo porque le gusta algo -a pesar de que se propone una exigencia respecto de cómo debe operar determinado sistema-, decir voluntaristamente: "Esto es posible hacerlo, porque en ello no hay inconstitucionalidad". Plantear eso es no leer la Constitución.
Yo entiendo la pasión que pone el Senador Tuma en esta materia, pero lo invito a revisar la norma constitucional.
El señor TUMA.-
¡Hay que cambiarla!
El señor NAVARRO.-
¡Más que eso! ¡Acabar con ella!
El señor COLOMA.-
Bueno, si quieren cambiarla, es otro problema.
Pero, mientras exista, hay que respetarla. Y es absolutamente clara.
El señor DE URRESTI.-
¡Vamos al fondo!
El señor COLOMA.-
No quiero escabullir el aspecto de fondo.
A mi juicio, la Comisión de Minería y Energía actuó bien. Tomó una decisión y, de una vez por todas, definió trazados.
Hoy día uno de los grandes problemas que se presentan en el ámbito eléctrico -lo digo como Senador del Maule- es que hay un montón de centrales y cada una hace el trazado a su pinta, porque no existe norma al respecto.
Algunas empresas buscan su trazado por el camino antiguo; otras, por el que queda más corto, y otras, por donde aleguen menos los vecinos. Es muy arbitrario. Todos lo hemos vivido.
Yo los invito a San Clemente para que vean cómo coexisten, paralelamente, las líneas de unas y de otras, situación que me parece absurda.
Creo que en este caso el Ministerio de Energía y la Comisión han tomado una buena decisión al plantear que el Estado tendría una participación activa en la definición de trazados y emplazamientos de los nuevos sistemas de transmisión, debiendo escoger entre las alternativas de franjas la que mejor responda a las exigencias ambientales, económicas y sociales. Dicho trazado quedaría sometido a una evaluación ambiental estratégica y a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
En el fondo, señala que esto no va a estar entregado, como hoy día lo está -me parece que no es una buena decisión-, según quién aguanta más entre el pequeño propietario o la empresa para pelear el trazado A o B; o quién se organiza más, o quién tiene más influencias con los medios.
Eso a mí me parece equivocado.
Yo sí creo -para que quede bien claro- en un Estado inteligente.
Sin embargo, aquí le estamos dando un montón de atribuciones al Estado, el cual no tiene por qué meterse. Hay una especie de vértigo por incorporarle hartas funciones, y no nos damos cuenta de que hay que entregárselas en este caso, en que puede pensar a treinta años cómo va a funcionar el sistema, pues esto tiene que ver con el bien común, con un conjunto de cosas que se van sustentando.
Y en mi concepto eso está bien resuelto -entiendo que unánimemente, para que no haya ninguna duda respecto de nuestro sector- por la Comisión.
Una de las cosas que valoro es precisamente cómo se resolvió esa materia.
En consecuencia -no quería escabullir el tema de fondo-, pienso que aquí se ha llegado a una buena resolución.
Pero, adicionalmente, desde mi perspectiva, la norma constitucional -como dice con razón el Senador Tuma, esta es la madre de las otras dos indicaciones- dice relación claramente con un procedimiento de participación, y eso obviamente es una función y una atribución.
Sería completamente imposible entender a quien piense lo contrario.
Por lo tanto, la indicación requiere patrocinio, pues se trata de una atribución directa del Presidente de la República.
Por eso, me sumo a lo que planteó la Comisión en su momento en el sentido de que, más allá de que a uno le pueda gustar o no -yo no creo que esté bien-, la indicación es claramente inadmisible.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, tenía razón el Senador Coloma en el sentido de que nosotros estábamos muy interesados -es una parte sustantiva del proyecto- en que existiera una intervención para la fijación de la franja.
Hoy día el sistema de transmisión se encuentra a total voluntad del generador, quien decide dónde lo va a poner, exactamente a su conveniencia, sin que exista un diseño, una planeación, una mirada estratégica, una participación del Estado.
Y eso es lo que estamos rescatando en este proyecto.
Por lo tanto, eso resulta tremendamente importante. Y creo que no es una casualidad que todos los miembros de la Comisión nos empeñemos en sacar adelante una iniciativa que consideramos de enorme relevancia para nuestro país, porque estamos cansados de una energía cara; de un sistema poco robusto, que carece de holguras, y que impide, incluso, el acceso abierto a energías renovables o energías limpias.
A través de este proyecto enfatizamos energías hídricas menores -más bien pequeñas-, ya que hemos dejado fuera a las grandes para despejar todas las dudas respecto de Aisén y Magallanes.
Pero quiero irme a lo concreto.
Como se expresa en la página 138 del comparado, acerca del procedimiento de determinación de franjas, el artículo respectivo dice: "El estudio preliminar de franja deberá someterse, de conformidad con el reglamento, al proceso de Consulta o Participación Indígena contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
¿Qué dice el Convenio?
En su artículo 6 se señala que se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Este aspecto es central, puesto que obliga al Estado a establecer un mecanismo de consulta, que considere las instituciones representativas de los pueblos, para que puedan participar libre e informadamente en las decisiones que les afecten. Se establece que las consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe, con el objeto de lograr el consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida propuesta.
Por lo tanto, ¿qué obligación tiene el Estado respecto a los recursos naturales?
En el Convenio 169 se señala que se deben proteger especialmente los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
¿Cómo trata el Convenio la relación de los pueblos originarios y la tierra?
Se dispone que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que no cabe duda alguna de que el Convenio 169 es muy importante. Se trata de un instrumento de estándar internacional que obliga a la consulta y a respetar la tradición, los aspectos culturales y la posesión de aquellos.
Si hubiera casos como los que indicó el Senador De Urresti, me parecería lamentable. Los condenamos. Y espero que la Superintendencia se pronuncie al respecto.
Pero no confundamos las cosas.
Lo que señalaba el Senador Tuma no es materia del proyecto que nos ocupa, sino de otra iniciativa de ley que ha comprometido el Ministro de Energía, respecto de la cual nosotros esperamos legislar: el proyecto sobre temprana asociatividad.
Efectivamente, nosotros queremos hacer partícipes a los pueblos, a las comunidades -no todas son necesariamente originarias; puede haber comunidades ancestrales que no lo sean-, mediante la temprana asociatividad. ¿Para qué? Para que se vean directamente beneficiadas.
Por eso, me llama la atención que se argumente en función de una compensación que no existe y que no forma parte del Convenio 169.
Evidentemente, de lo que se trata es de que haya un acuerdo, de que se escuche, de que exista una defensa. Pero nosotros no podemos determinar la compensación material que se está buscando. En cambio, sí tenemos la oportunidad de hacerlo -debe existir el compromiso; el Ministro así lo ha reiterado- a través de una legislación que establezca la necesidad de una temprana asociatividad.
¿Qué se entiende por eso? No solo el conocimiento o el consentimiento, sino la asociatividad. Eso quiere decir directamente beneficios con acuerdo de la comunidad.
Eso es lo que nosotros esperamos ver en esta Sala dentro de un tiempo más.
En consecuencia, me llama la atención, como integrante y Presidenta de la Comisión, que se nos haga ver que en virtud del Convenio 169 estamos obligados a fijarle al Estado una nueva función, en circunstancias de que quedó establecido en el artículo pertinente.
En definitiva, señor Presidente, no correspondía sino hacer lo que hicimos en la Comisión.
Eso sí, reitero que nosotros esperamos una legislación que permita otorgar de manera temprana un beneficio a las comunidades.
En consecuencia, es indispensable que legislemos sobre el particular y que esa materia se regule.
Asimismo, hago un llamado a la Superintendencia...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Dispone de un minuto más.
La señora ALLENDE.-
Decía que llamo a la Superintendencia del ramo a que, cuando tenga que fiscalizar, no se demore tanto y lo haga adecuadamente para que las comunidades, si sus derechos han sido conculcados, vean que esa situación se reconoce y se las compensa.
Sin embargo, se trata de cosas distintas.
No confundamos lo que estamos buscando mediante este proyecto.
Como dijo muy claramente el Senador Tuma -y está bien-, tenemos todo el derecho a esperar que nuestras comunidades reciban la máxima compensación.
Pero esto no tiene nada que ver con lo que en este momento establece el Convenio 169. Sí será necesario hacer las consultas cuando las comunidades -sean originarias o no- se vean afectadas por el trazado de la franja que pasará por sus territorios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, deseo fundar mi voto.
El Senador Coloma, quien conoce la Constitución un poco mejor que yo, hizo una argumentación que me parece válida desde el punto de vista de su construcción.
Se dice que las indicaciones fueron rechazadas porque, de acuerdo al artículo 65, número 2º, se establecen determinadas funciones o atribuciones a órganos del Estado. Esa es una tesis.
Sin embargo, me he conseguido el informe de la Comisión, y -¡qué sorpresa!- dos de las tres indicaciones en análisis fueron cuestionadas por esa causa y otra porque no dice relación con la idea matriz del proyecto.
Entonces, ¡por favor!, o es una razón o es otra.
Y aquí vamos al problema de fondo.
¿Hay voluntad del Ministro -por su intermedio, señor Presidente- en orden a incorporar en esta iniciativa la más alta protección a los pueblos originarios y establecer un estándar no solo de la consulta, sino de la doctrina moderna, de la doctrina internacional en materia de pueblos originarios? ¿Sí o no?
Si este es un proyecto para crear zonas de sacrificio o polos de desarrollo y facilitar las carreteras eléctricas, digámoslo. Yo al menos, como Senador, no estoy dispuesto para eso.
Reitero: ¡yo al menos, como Senador, no estoy dispuesto para eso!
Pero digámoslo claramente y hagamos un debate político, de fondo.
Valoro la posición que el Senador Coloma ha reiterado: vamos a esa discusión y veamos de qué manera intervienen, de qué forma participan las comunidades indígenas en estos proyectos.
Porque no nos equivoquemos -¡no nos equivoquemos!- con la exclusión de Aisén y Magallanes: en esos territorios es donde hay menos comunidades indígenas. Desde la Región Metropolitana hasta la de Los Lagos está el principal capital hídrico de nuestro país. Y es ahí donde hoy día se han desatado los conflictos y donde los seguiremos teniendo.
Lo citaba con nombre y apellido, porque esto no es teoría. ¡No es teoría!
Hablo de Quintuante, de Río Bueno, de la localidad de Maihue, a orillas del río Pilmaiquén. Ahí están las comunidades en conflicto; ahí hemos tenido detenidos; ahí es donde una comunidad que histórica y ancestralmente ha vivido tranquila se ve afectada por la llegada de una empresa hidroeléctrica que instala faenas. Y tenemos la siguiente situación: dos años para que la institucionalidad responda.
Entonces, ¿cómo nos solicitan votar a favor de una legislación con este estándar?
Si no queremos implementar un procedimiento como el que se plantea, le pido con respeto al Ministro Pacheco que señale claramente que tendremos un estándar rebajado en materia de aplicación del Convenio 169, que se limitará a lo genérico.
Por tanto, el conflicto, la oposición, la resistencia de las comunidades seguirá.
¡Pero digámoslo!, para que quede en la historia de la ley, para que lo sepan las comunidades indígenas y la comunidad internacional y para que los inversionistas se enteren de que aquí no hay certeza jurídica en relación con los proyectos hidroeléctricos.
En consecuencia, el conflicto con los pueblos originarios se mantendrá. Porque el Estado de Chile no desea consignar la materia pertinente en esta legislación. Quiere soslayarla, dar preeminencia a la inversión, a los trazados, a los polos de desarrollo o zonas de sacrificio.
¡Digámoslo, señor Presidente! Considero que eso es lo que la comunidad y la ciudadanía nos piden: transparencia.
Voto en contra de la inadmisibilidad de las indicaciones. Reitero que estoy por que se acojan, a fin de establecer el máximo estándar y respeto a los convenios internacionales para este tipo de obras.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacerle una pregunta al señor Ministro.
Aquí se han presentado dos versiones de la indicación.
Por una parte, el Senador De Urresti plantea que es la aplicación en el mayor estándar posible del Convenio 169. Eso es lo que él ha dicho. Y la respuesta de varios parlamentarios ha sido que el Convenio 169 se aplica automáticamente a las distintas iniciativas donde están afectados intereses indígenas de distinta naturaleza.
La anterior es una de las interpretaciones de lo que estamos discutiendo.
Y el Senador Tuma ha manifestado otra cosa. Señaló que la idea es crear un espacio de negociación entre los grupos indígenas afectados o involucrados en el proyecto que les permita llegar a acuerdo y profitar de parte de los beneficios de la acción.
A mí me gustaría -por su intermedio, señor Presidente- que el señor Ministro nos diera la visión del Ejecutivo, qué es lo que realmente está en discusión acá. Porque si el tema es generar un procedimiento de conversación, que tiene una implicancia de participar en el negocio, eso claramente es de otra naturaleza, es otra indicación, supone un procedimiento totalmente distinto. Y, obviamente, eso va más allá de los límites de nuestra capacidad de iniciativa y requiere otras medidas.
Antes de definir mi voto, deseo tener claridad acerca de qué estamos hablando y de qué implica la indicación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Senador señor Montes, no puedo darle la palabra al señor Ministro, pues nos encontramos en votación.
La señora ALLENDE.-
Pero puede intervenir para aclarar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Si la Sala otorga su unanimidad, no existe problema.
¿Habría unanimidad para darle la palabra al señor Ministro a fin de que aclare la materia señalada?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, el artículo 93° señala explícitamente que el estudio preliminar de franja y su respectiva Evaluación Ambiental Estratégica deberá tener en especial consideración, respecto de las alternativas que pondere, los criterios y patrones de sustentabilidad por donde pudieren pasar las franjas. Y agrega que el estudio preliminar de franja deberá someterse en la etapa más temprana posible al proceso de Consulta Indígena contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Señor Presidente, quiero hacer un punto aquí.
Nosotros hemos definido -lo informé en esta Sala- que la política estratégica de Chile, llamada "Energía 2050", establece la meta que de aquí al año 2035 todos los proyectos energéticos de nuestro país estén acogidos al principio de la asociatividad.
He conversado directamente con varios Senadores y varias Senadoras para expresar que hemos hecho un esfuerzo por llegar con esta propuesta de asociatividad al Parlamento. Hemos estado trabajando en ello y hemos celebrado distintas reuniones. Esto es parte de los compromisos asumidos para concretar en el próximo tiempo.
Lo más moderno que existe hoy en el mundo en materia de gestión de proyectos es la evaluación ambiental estratégica. ¡No conozco nada más moderno! Estamos diciendo que todos los proyectos de franja, conforme a los criterios del Ministerio de Energía, serán sometidos a evaluación ambiental estratégica.
Entonces, en verdad, no sé cómo ser más moderno.
Además, quiero señalar que estamos completamente de acuerdo en que lo que se desea introducir -hablo de la admisibilidad de las indicaciones- es una materia ajena a este proyecto. Esta no es la iniciativa sobre asociatividad.
Por lo tanto, déjennos trabajar en el proyecto sobre asociatividad, como lo hemos hecho hasta ahora. Ello ha sido harto más complicado de lo que imaginábamos, pues hemos tenido que conciliar intereses del sector empresarial, de los organismos ambientales, de la sociedad civil. Y por lo menos hemos avanzado en algunos aspectos.
Actualmente, el 88 por ciento de todas las patentes comerciales de los proyectos eléctricos ya no se pagan en las casas matrices de las empresas, sino en el lugar donde se encuentran las instalaciones.
Y mañana la Presidenta de la República promulgará la ley de equidad tarifaria, que será un reconocimiento -en la cuenta de la luz- a los vecinos de las localidades donde está instalada la capacidad máxima de generación de nuestro país.
Entonces, hemos avanzado.
¿Queda por avanzar? Evidentemente que sí.
¿Tenemos un retraso? Lo tenemos.
Pero considero que, desde el punto de vista de las definiciones que el Ejecutivo y el Gobierno han tomado a este respecto, no puede haber dos interpretaciones.
Estamos comprometidos, y hemos dado muestras de ello con la participación, con el diálogo, con la asociatividad y con el Convenio 169.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, esta materia ha sido ampliamente discutida, sobre todo en la Región de Valparaíso, donde hemos tenido dificultades y las comunidades locales han estado movilizadas fundamentalmente por el trazado de las líneas de transmisión.
Por eso es tan importante entender que hay que darles espacio a las comunidades para definir las áreas o rutas que involucren un menor impacto para las comunidades locales.
Hemos tenido movilizados transversalmente a los alcaldes, a los parlamentarios. Hemos ido a hablar con el Ministro en forma reiterada.
Las comunidades locales no quieren ser ignoradas en el diseño de los trazados, que finalmente terminan dañándolas y perjudicando también el foco que cada una de ellas ha diseñado como su polo productivo o de desarrollo.
Por ejemplo, las comunas de Limache, Concón, Papudo, Puchuncaví y tantas otras se han visto efectivamente amenazadas por estos trazados.
Entonces, el tema radica en cómo les damos participación a las comunidades locales en el diseño de un trazado que sea ambientalmente sostenible.
Entiendo al Ministro en el sentido de que estas materias y este proyecto nos permitirán zanjar aquello.
Yo de verdad le daré un voto de confianza al Ministro. Creemos que él ha generado prospectiva; ha impulsado una agenda energética pensando en el 2050; ha pensado básicamente en cómo Chile, de una situación de déficit energético, pasará el 2050 a ser un exportador de energía, a ser uno de los tres países de la OCDE con energía más barata.
Esta política estratégica prácticamente es un diseño que terminará el 2050 con un 70 por ciento -esperamos- de energías renovables no convencionales.
Si bien ha caído la inversión extranjera, esta se ha fortalecido particularmente en las energías renovables.
Por lo tanto, acá hay una apuesta.
Esa apuesta pasa necesariamente por otorgarles espacios a las comunidades para que no se vean afectadas por las externalidades negativas a que dan lugar los trazados diseñados, cuya concreción, en último término, perjudica su desarrollo.
Estamos frente a un Ministerio que ha hecho la pega y a un Ministro serio. Por eso es tan importantes brindarles nuestro apoyo.
Sin embargo, debemos decirles que estamos vigilantes para evitar que las comunidades resulten perjudicadas con la aplicación de trazados realizados en un escritorio en Santiago, sin consulta ni a las autoridades locales -alcaldes, en fin- ni a los vecinos, quienes por lo general son los que pagan los platos rotos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se declaran inadmisibles las indicaciones números 169, 170 y 171 (20 votos a favor y 8 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros, Rossi y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Bianchi, De Urresti, Girardi, Horvath, Letelier, Navarro, Quintana y Tuma.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti, quien desea plantear una cuestión de Reglamento.
El señor DE URRESTI.-
Solo quiero pedirle una precisión, Su Señoría, en su condición de Presidente de esta Corporación: me gustaría saber cuál fue el motivo para declarar inadmisibles las mencionadas indicaciones.
Porque durante la discusión -Su Señoría estaba ausente en ese momento- señalamos que en la Comisión hubo dos argumentaciones: una, la de que se estaban determinando funciones o atribuciones a un órgano del Estado; y dos, la de que las materias abordadas eran ajenas a las ideas matrices del proyecto.
Entonces, para la historia fidedigna de la ley, y específicamente de la derrota que tuvimos en la votación recién efectuada, pido que se indique la causal por la que nuestras indicaciones se declararon inadmisibles.
Solo solicito esa precisión, señor Presidente, para que quede consignada.
El señor LAGOS (Presidente).-
Voy a hacer de inmediato la aclaración, señor Senador.
Antes, sí, creo del caso subrayar que en el planteamiento de Su Señoría hay una pequeña inconsistencia, pues primero me solicita que aclare el motivo de la declaración de inadmisibilidad y a renglón seguido señala que estuve ausente (esto último es correcto).
Dicho eso, debo puntualizar que, de las dos razones por las cuales se declararon inadmisibles las indicaciones, distintos señores Senadores que votaron porque no eran admisibles argumentaron sobre la base de una o de las dos.
Por último, al conocerse la historia de este proyecto se verá que se enumeraron las dos causales, que Su Señoría explicitó muy bien.
Espero que haya quedado aclarada su duda reglamentaria, señor Senador.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Señores Senadores, en la reunión de Comités quedó pendiente la determinación de que sean los miembros de la Comisión de Constitución quienes integren la Comisión Mixta que se formará para resolver sobre el proyecto de ley que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03).
)---------(
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Senador señor De Urresti solicitó que, de declararse inadmisibles las indicaciones 159 a 161, se votaran separadamente las normas en que ellas recaían.
Ahora bien, se proponía agregar un inciso segundo, nuevo. En cambio, el artículo 72°-15 (comienza en la página 54 del comparado y llega hasta la 61) incluye varios incisos.
De consiguiente, la duda de la Secretaría es si se quiere que se voten en un solo acto todos los incisos de la referida normativa.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, al haberse declarado inadmisibles nuestras indicaciones, corresponde votar en particular los tres artículos en que ellas incidían, además del artículo 85°, atinente a las zonas de sacrificio o polos de desarrollo.
Eso solicité cuando comenzó la discusión.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Secretaría debe insistir en lo siguiente.
La inadmisibilidad que se votó fue respecto a las tres primeras indicaciones: las números 169, 170 y 171.
De consiguiente, ¿se acepta que la inadmisibilidad ya declarada se haga extensiva a las otras indicaciones?
Porque se pidió la inadmisibilidad de tres grupos de indicaciones.
Y en su momento se dijo "indicaciones números 169, 170 y 171", las que se votaron, declarándose inadmisibles.
Las siguientes, que están relacionadas, son las números 513, 514 y 515, y las números 439, 440 y 441. Todas tienen que ver con la materia y en ellas se hace referencia expresa al artículo 93° del proyecto.
La señora ALLENDE.-
Con la misma votación, entonces.
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente: con la misma votación.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Les parece a Sus Señorías que las indicaciones individualizadas por el señor Secretario se declaren inadmisibles con la misma votación registrada en el caso de las números 169, 170 y 171?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Sí.
--Así se acuerda.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ahora corresponde votar los artículos propiamente tales.
En primer lugar está el artículo 72°-15 (desde la página 54 a la 61).
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El señor Presidente pone en votación el artículo 72°-15, que figura (repito) en las páginas 54 a 61 del comparado.
El señor CHAHUÁN.-
La Oposición apoya al Gobierno.
El señor LAGOS (Presidente).-
Les recuerdo a Sus Señorías que estas normas son unánimes, pero se pidió votarlas separadamente.
El señor DE URRESTI.-
Unánimes en la Comisión.
El señor LAGOS (Presidente).- Así es, señor Senador.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 72°-15 (16 votos a favor y 3 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Ossandón, Quinteros y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores De Urresti, Navarro y Tuma.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
A continuación figura el artículo 87°, contenido en el artículo 1°, número 4, del proyecto (página 116 del comparado).
El señor LAGOS (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor CHAHUÁN.-
¡Apoye a su Gobierno, Senador De Urresti...!
El señor DE URRESTI.-
¡Hay que apoyar también al pueblo!
El señor CHAHUÁN.-
¡La Oposición vota junto con el Gobierno...!
El señor LAGOS (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el artículo 87° dice: "Planificación de la Transmisión. Anualmente la Comisión...".
Yo le manifiesto al señor Ministro que si para la necesaria expansión del sistema deberá considerarse "un horizonte de veinte años", la expectativa de crecimiento parece ser bastante acotada con respecto a la definición de línea estratégica de transmisión.
¿Por qué veinte años?
Todas las mediciones que hacemos en materia fluvial, de carreteras, en fin, siempre tienen una expectativa más allá de las dos décadas.
Entonces -repito la pregunta-, ¿por qué acotar a veinte años?
Porque, en definitiva, mientras más alejada sea la proyección mayor seguridad existe.
Es el caso del retorno de los ríos, que se planifica a entre 50 y 100 años (en algunos casos, a más); y también el de las carreteras.
Lo de veinte años suena más bien restrictivo.
No sé si es mayor seguridad, menor seguridad.
¿Por qué veinte años? ¿Y por qué no 50?
El señor COLOMA.-
Como dice el tango: ¡20 años no es nada...!
El señor LAGOS (Presidente).-
Prosiga, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Básicamente, esa es mi duda respecto del artículo 87°, señor Presidente.
Ahora, de nuevo le digo al señor Ministro que en cada artículo hay una cantidad importante de reglamentos.
El precepto que estamos votando tiene uno. Al efecto, dice: "El reglamento establecerá los criterios y aspectos metodológicos a ser considerados en la determinación de las holguras o redundancias de capacidad de transporte.".
Entonces, hay que tener un debate. Tal como lo he planteado con relación a otros artículos, los reglamentos deberán discutirse abierta y participativamente, toda vez que, en último término, serán los pilares de la ley en proyecto.
Por ejemplo, el artículo sobre el que nos estamos pronunciando solo será posible a base del reglamento en que se establecerá lo que acabo de explicitar.
Señor Presidente, cuando se determina un horizonte de veinte años, uno pregunta qué criterio ha operado ahí.
¿Una línea de transmisión para veinte años?
En general, el diseño y la proyección de las líneas toman mucho más de dos décadas. De hecho, las líneas que uno observa en su región tienen harto más que eso.
¿Por qué el horizonte de veinte años?
Ojalá que mi duda pueda ser aclarada por el señor Ministro o por sus asesores.
Con relación a lo que estoy preguntando, debo puntualizar que el penúltimo inciso del artículo 87° dice: "Para efectos de la planificación de la transmisión deberá considerarse como tasa de actualización la tasa social de descuento establecida por el Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación de proyectos de inversión (...) En el caso que dicho Ministerio no fije la tasa mencionada, esta deberá ser calculada por la Comisión, en conformidad a lo que señale el reglamento.".
Lo digo porque, en general, las opciones para pasar las líneas no consideran los predios de alta plusvalía, sino aquellos de plusvalía baja; y los afectados por el corte longitudinal de las transmisiones son personas que pueden tener viviendas ubicadas en la periferia de las ciudades.
Entonces, si el Ministerio de Desarrollo Social no fija la tasa de actualización, ella deberá ser calculada por la Comisión.
Yo quisiera saber cuál es el criterio para fijar esa tasa de actualización, pues al comienzo del artículo se considera un horizonte de veinte años.
Tales son mis consultas, señor Presidente.
Este proyecto ha sido complejo. No todos hemos podido participar en su estructuración. Sin embargo, tratamos de votarlo del modo más razonable posible.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor LAGOS (Presidente).-
Le recuerdo, señor Senador, que estamos en votación. Por consiguiente, el señor Ministro solo puede intervenir para rectificar lo manifestado en la Sala.
Ahora, yo podría hacer una excepción. Pero ella sería únicamente para que el señor Ministro rectificara los dichos de Su Señoría (no sé si para aclarar sus dudas).
Entonces, le pido al Ministro señor Pacheco que rectifique expresiones del Senador señor Navarro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, solo quiero connotar que el artículo 87° dice: "Planificación de la Transmisión. Anualmente la Comisión deberá llevar a cabo un proceso de planificación de la transmisión, el que deberá considerar, al menos," -¡al menos!- "un horizonte de veinte años.".
Eso nos deja flexibilidad para pensar en 30, 40, 50 o más años.
Con relación...
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Ministro: con lo que dijo basta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 87° (18 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Tuma.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Corresponde efectuar la votación separada que se pidió para el artículo 93º.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Con la misma votación.
El señor LAGOS (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, junto a la discusión, que desgraciadamente hemos perdido, en relación con el nivel de cumplimiento de las normas del Convenio N° 169 y la elevación del estándar de la consulta indígena, nos hemos ocupado en la zona de sacrificio o el polo de desarrollo y en los procedimientos para la determinación de franjas.
Ello lleva a recordar el debate acerca de la carretera eléctrica y de la voluntad de construirla para que en definitiva hiciera viable, en su momento, el proyecto de megacentrales de HidroAysén. Producto de la movilización de los ciudadanos, de la conciencia ambiental, como también -digámoslo- de una decisión de la Primera Mandataria, del Gobierno, a través del Consejo de Ministros, se logró paralizarlo.
Cuando se establece la determinación de franjas, claramente se observa de nuevo cómo se atraviesan territorios de comunidades indígenas; cómo los polos de desarrollo o las zonas de sacrificio, que presentan una cantidad importante de recursos hídricos, son lugares que dicen relación con los pueblos originarios. Se trata de áreas donde no solo impacta la construcción de la central, propiamente tal, sino que el trazado también atraviesa localidades de comunidades, tierra ancestral o una serie de sitios ceremoniales.
Además, en estas situaciones, y en vinculación con las zonas de sacrificio o los polos de desarrollo, tenemos hoy día lo que precisamente ocurre con muchos proyectos hidroeléctricos: los van fraccionando y los conciben con menos de tres megas. Por lo tanto, se saltan el proceso de evaluación ambiental y el de consulta.
Entonces, no me digan que la iniciativa resuelve la problemática con los pueblos originarios y el ordenamiento territorial. El articulado facilita, con la actuación del Estado, el procedimiento para la determinación de franjas.
Seguramente vamos a obtener ventajas, desde el punto de vista de que se tenderá una sola línea de transmisión y no dos o tres. Obviamente, ese es un avance. ¡Qué duda cabe! Pero se harán viables proyectos en zonas con recursos hídricos y población indígena, y, en definitiva, terminaremos sacrificando importantes territorios.
Es importante, por eso, nuestro pronunciamiento. La ley y la historia consignarán si se optó por proteger el medioambiente y respaldar a comunidades y pueblos originarios, o simplemente se ha facilitado, sin compensación alguna y con los mínimos estándares internacionales, el negocio eléctrico.
Voto en contra.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, a la hora de dejar constancias -me parece bien lo que hace mi Honorable colega De Urresti-, quiero dejar establecido que esta es una norma de sentido común. Valoro la concurrencia de este último para enfrentar un asunto que refleja hoy día una situación muy feble.
Estamos repitiendo una discusión que tuvo lugar a propósito de una indicación del Senador señor Tuma.
Nos encontramos ante un aspecto sustancial del aporte de la legislación en proyecto. Es algo que hará posible que la transmisión, en un momento determinado, no sea producto del azar, de la presión, de la buena suerte o de cincuenta aspectos que tienen que ver con una decisión de esta índole.
Lo que se busca -y ello me parece razonable- es un procedimiento para determinar franjas. No sé quién puede restarse de una idea de este tipo. Porque la alternativa es que no lo haya. Imaginemos que el Honorable señor De Urresti tuviera éxito y el artículo "se cayera". Le pregunto a Su Señoría en qué quedaríamos. ¿Regiría una especie de ley de la selva o el ordenamiento actual, que claramente no cumple con los estándares de modernidad y de sentido común?
El Senador que habla desea pedir también una reflexión, entonces, acerca de cuál es el efecto de las votaciones.
El punto que nos ocupa no tiene nada que ver con la lógica -que comparto- de una asociación con distintos proyectos el día de mañana. Los relativos a electricidad, a vertederos, a cárceles obviamente provocan un impacto complejo en una comunidad. Soy crecientemente partidario de que esta última obtenga un beneficio directo. Creo que parte del problema es que hoy día casi se trata de pasar un trámite. Pero ello tiene que ver -repito- con una ley de asociación. Busquemos ahí la fórmula.
Dejo establecida mi opinión en el sentido de que eso es parte de la modernidad. A mí me cuesta imaginar el desarrollo de un negocio futuro en este tipo de asuntos simplemente por la vía de tiquear requisitos. Estimo que tiene que mediar cada vez más la voluntad de la comunidad de ser parte de estos procesos.
Pero lo anterior, a mi juicio, no tiene que ver con lo que nos ocupa, que es distinto. Esto es fundamental. El que no exista un procedimiento para la determinación de una franja no ha sido una buena decisión. Por tal motivo, no puedo votar en contra cuando justamente es establecido y se contemplan los elementos mediante los cuales debe afinarse, cuales son considerar lógicas económicas y sociales, así como generar una evaluación ambiental estratégica. Pienso que todo se encuentra bien ordenado.
Ahora, ello no quiere decir que la ley trae en forma automática la solución de los problemas en una sociedad. Evidentemente, la cuestión tiene que ver con la forma como se aplica, como se reglamenta. Lo entiendo. Mas aquí se da, para muchos sectores, un paso sustancial, positivo, de sentido común.
Además, se instala un criterio vinculado solo con el Convenio N° 169, pero en la zona que represento hay mucho espacio correspondiente a personas de una condición distinta y que obviamente tienen mucho que pedir o que exigir. No se trata, como antes, de un enfoque con un solo ojo. Al contrario. Me parece que este tipo de situaciones se tienen que considerar, más allá de la calidad de indígena o no, sobre la base de la condición de ciudadano con derechos. Y eso no siempre se respeta. Hasta ahora, la falta de la determinación de una franja ha originado muchos más problemas que soluciones.
Así que nos hallamos ante lo que me parece quizás más innovación dentro de esta normativa. Lo estimo bien inspirado. Como todas las cosas, depende de cómo se use. Mas creo que los elementos recogidos apuntan en el sentido correcto.
Por eso, a la hora de dejar constancias, el Senador que habla, por lo menos, juzga que el Ministerio y la Comisión estuvieron bien al convenir en la disposición en examen, que estoy seguro que es buena para Chile y para los ciudadanos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, siempre es bueno debatir, sobre todo en relación con una iniciativa tan importante como la que se halla en debate.
En lo atinente al procedimiento para la determinación de franjas -ya se han formulado algunas observaciones-, me voy al penúltimo y último incisos.
¡Qué bueno que los Senadores de las bancadas de enfrente tengan presente el contenido del artículo! Entiendo que lo han estudiado y concuerdan plenamente con sus términos.
Las disposiciones mencionadas expresan:
"Para el adecuado desarrollo del estudio regulado en los incisos precedentes, el Ministerio podrá ingresar a todas las propiedades fiscales, municipales y particulares en que sea necesario, a través de la o las personas que para tal efecto designe, conforme al procedimiento establecido en el artículo 67° de la presente ley.
"Un reglamento, expedido por intermedio del Ministerio de Energía, establecerá las disposiciones necesarias para la adecuada ejecución del proceso de determinación de franjas preliminares".
He aquí un nuevo reglamento. Llamo la atención sobre el particular, porque un importante número de estas normativas serán vitales para mantener el sentido original de la ley en los términos que se han consensuado.
Quisiera consignar que no se trata de una facultad gratuita. El estudio de impacto ambiental lo efectúa el Ministerio, no la empresa privada.
¿Me explico o no?
Y el costo tiene que financiarlo el Estado.
En todos los otros proyectos, la que paga, salvo que me equivoque, es la empresa que desea hacer la evaluación. Aquí, el Estado efectuará el estudio, pero, a la vez, ingresará a las propiedades para practicarla.
Solo deseo advertir que, en el caso de la ruta a Cabrero -y particularmente en el sector de Tomé, a lo largo de todo el tramo-, hubo un abuso tanto de la empresa como del Estado en contra de particulares. ¿Cómo se evitará el atropello a estos propietarios al realizarse el estudio -se lo pregunto a quienes defienden a morir el sacrosanto derecho de propiedad- y que se le pague a uno de acuerdo con la forma como lo ven socialmente y a otro algo distinto? Porque ello ha ocurrido. Y se registran situaciones claras de una discrecionalidad absoluta en relación con indemnizaciones por el uso de la franja vial en el trayecto a que he hecho referencia. Acá será la franja para el tendido eléctrico. ¿Cómo garantizamos que efectivamente se cancelará en una forma adecuada?
Si se trata de una forestal, ¡pamplinas! A ellas ni las rasguña el monto que vayan a pagarles por tal concepto. Pero una franja que pase por la mitad del campo de un particular provoca un efecto patrimonial, y más aún si es un pequeño propietario.
Entonces, ¡el mecanismo de negociación del Estado tiene que ser claro!
Aprovecho de plantear la cuestión en cuanto al proyecto en examen, aunque es una medida general en torno a la expropiación de terrenos particulares -el Estado no se puede expropiar a sí mismo- o en la negociación con municipalidades.
Repito: tratándose de particulares, ¡claridad! ¿Cuánto vale la franja? La idea es que al más pequeñito, con poca educación, no se le pague en especies -ENDESA, en el Alto Biobío, recurrió a una yunta de bueyes, y con eso quedamos arreglados-, y a los que se defienden, una indemnización de alto costo.
El artículo en debate determina una facultad del Ministerio de Energía, no del Ministerio de Bienes Nacionales -así lo expresa con precisión-, Cartera aquella que asumirá una responsabilidad que no tenía, hasta donde sé, y efectuará el estudio de la franja y podrá entrar a los predios particulares.
Se ignora qué Gobiernos vendrán, pero si el Estado va a contar con tal atribución, que esté normada.
Si el señor Ministro es quien va a intervenir, tengo confianza en que se respetará el derecho de los pequeños y habrá sensibilidad.
No sé quién estará en el Gobierno cuando se implemente el proyecto ni qué criterios aplicará. Porque será preciso dictar un reglamento.
Si estamos autorizando la entrada del Ministerio, solo quiero que haya respeto por los pequeños propietarios -reitero- y una indemnización adecuada para los que resulten afectados por la franja.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, entendiendo que abordamos desde el artículo 85° en adelante, a mí me gustaría expresar que no cabe duda...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Perdón, Su Señoría.
El que se discute es el artículo 93°.
El señor LETELIER.-
Desde el artículo 85° en adelante.
Quisiera partir manifestando, tal como lo dije con motivo de la aprobación general, que la dictación de este marco regulatorio nuevo es muy importante. Creo que una entidad distinta de las mismas empresas en la regulación del funcionamiento y la generación, y en el corazón sistémico, a diferencia de hoy, donde existe un conflicto de intereses, constituye un tremendo avance.
Si la iniciativa solo hiciera eso, ya sería un tremendo logro.
Pero el debate no es fácil.
Lo que leo en la definición de polos de desarrollo es distinto de lo que le escuché al señor Ministro. Y, por eso, quiero quedarme con lo expuesto por este último. Interpreté que es algo que iba a decir relación con los territorios -nunca contra ellos- que presentaran una vocación de generación.
Consideré un porcentaje de participación bastante mayor que lo contemplado en la Comisión de Hacienda, que bajó la puntería. Inicialmente, la idea fue de polos de desarrollo con una proporción de energía renovable no convencional bastante más alta. Todavía no entiendo por qué nos fuimos a lo minimalista.
En verdad, no encuentro que debilite.
Pero mi mayor preocupación es que podamos asegurar que no se originarán polos de desarrollo contra la vocación territorial de una Región. Es clave que los estudios ambientales estratégicos se lleven a cabo con la comunidad y cumpla su papel la autoridad local. Para la historia de la ley, me quedo con esa parte de lo que dijo el señor Ministro -porque hay una discusión sobre los informes, sobre la redacción-: no se puede ir contra la vocación de un territorio.
La exclusión de Aisén y Magallanes es un gesto del titular de la Cartera en esa dirección. Así voy a entenderlo.
En seguida, con el Senador señor García-Huidobro representamos a una Región sin vocación de ser una guitarra. No nos gusta la cantidad de líneas de transmisión que la atraviesan para llevar energía a la Capital o a la Región Metropolitana.
Es muy importante que el rol del Estado de definir ciertas zonas sea racional. Escuché al Honorable señor Coloma referirse a la cuestión. Uno de los aspectos planteados es el de una mayor racionalidad de los trazados.
Mas abrigo una inquietud acerca de cómo quedó el texto, y por eso me encantaría obtener una precisión. El Estado va a generar un derecho y las empresas se dedicarán a la transmisión; pero el derecho sobre un trazado debería ser estatal o de interés público, y no un subsidio que todos los chilenos les damos a algunas entidades transmisoras. Este debate no solo se da en Chile, sino también en varios otros países.
Comprendo nuestra urgencia, pero me surgen preocupaciones.
Me gustaría una aclaración del señor Ministro, porque, con relación a los trazados y las "carreteras", como algunos las llaman, donde se declara un interés público, no sé si estamos subsidiando a los transmisores y qué nos dan ellos a cambio. Hay regiones impactadas porque es preciso traer energía de Colbún a la Región Metropolitana. Existen varias empresas en el sector.
Con relación a los polos de desarrollo, me quedo -repito- con lo manifestado por el señor Ministro en el sentido de que se tiene que respetar siempre la vocación de los territorios.
Espero que la cifra de veinte por ciento sea un error de tipografía y no la voluntad del titular de la Cartera.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Por 17 votos contra 4 y una abstención, se aprueba el artículo 93°.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Quinteros y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores De Urresti, Navarro, Quintana y Tuma.
Se abstuvo el señor Girardi.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Quedan tres disposiciones.
Veamos cuánto más podemos avanzar en lo que resta del Orden del Día.
Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
En nombre de mi Comité, pido segunda discusión.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Para las tres?
El señor LETELIER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, me gustaría invitar al Senador señor García-Huidobro a que podamos suspender la votación, si eso es lo que él quiere, y quizás hacer ahora la discusión. No es necesario postergar la discusión, que debemos efectuar en este minuto.
El señor PROKURICA.-
¡Igual hay que hacer la "primera discusión"!
El señor LETELIER.-
Así es.
Entiendo que el interés de Su Señoría es no votar ahora, suspender la votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por supuesto. No me han pedido suspender la discusión y tampoco podría hacerlo.
El proyecto está en discusión y perfectamente podemos seguir con ella. Otra cosa es no votar. Y ahí sí que está en todo su derecho el Senador García-Huidobro.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
A continuación, en el orden del comparado, el Senador señor De Urresti ha pedido votación separada para el artículo 85°, que figura entre las páginas 109 y 112.
La norma tiene cuatro incisos y es de quorum simple.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, como argumentó anteriormente el colega Letelier, considero de enorme relevancia que se pueda explicar, para quienes no integramos la Comisión de Minería y Energía, la situación que este proyecto de ley señala respecto de los polos de desarrollo.
Creo que su definición no es acertada, porque ellos significan, precisamente, una vinculación con un proceso productivo en el entorno de determinado territorio.
Y aquí el artículo 85° no está facilitando aquello, por su definición de polos de desarrollo de generación eléctrica, que leo textualmente: "Se entenderá por polos de desarrollo a aquellas zonas territorialmente identificables en el país, ubicadas en las regiones en las que se emplaza el Sistema Eléctrico Nacional, donde existen recursos para la producción de energía eléctrica proveniente de energías renovables, cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés público por ser eficiente económicamente para el suministro eléctrico, debiendo cumplir con la legislación ambiental y de ordenamiento territorial. La identificación de las referidas zonas tendrá en consideración el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 150° bis, esto es, que una cantidad de energía equivalente al 20% de los retiros totales afectos en cada año calendario, haya sido inyectada al sistema eléctrico por medios de generación renovables no convencionales".
Señor Presidente, con este eufemístico nombre de "polos de desarrollo" debemos entender a zonas que son ricas en recursos hídricos, principalmente.
Perdonen que nuevamente insista con Riñinahue, importante sector cordillerano de la comuna de Lago Ranco cuyas mayores riquezas son su belleza escénica y sus recursos hídricos, que no son de las comunidades indígenas -cuando más un 60 por ciento de la población que vive ahí pertenece a pueblos originarios-, sino de especuladores santiaguinos o de empresas eléctricas.
Nosotros, entonces, les vamos a decir a los habitantes de esa zona: "¡Felicidades! Ustedes, producto de esta ley, serán definidos como polo de desarrollo". Pero, ¿para quién es este polo de desarrollo? ¿Es para facilitar proyectos hidroeléctricos? ¿Es para viabilizar aquellos que, a través de "minihidros" y saltándose, señor Ministro, la consulta indígena, así como el estudio de impacto ambiental, cuando son de menos de 3 megawatts, están ya en desarrollo?
Pues bien, producto de este proyecto, vamos a decirle a esa zona -y perdonen que referencie una zona que conozco, por ser de mi circunscripción y de mi región-: "Felicitaciones, la ley ha establecido que este será un polo de desarrollo".
¿A quién beneficia eso?
¡A las empresas eléctricas!
¿Cuál es el estándar de cumplimiento de las normas del Convenio 169, que ya perdimos, pues no se quiso efectuar la discusión de fondo?
Los pueblos indígenas no serán consultados. Y además se usa el subterfugio de que, por tratarse de proyectos cuyos parámetros están por debajo de lo que establece la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no se requieren estudios de impacto ambiental.
¿Polos de desarrollo? Estos son instrumentos para planificar, para orientar. ¡Por favor! Son "zonas de sacrificio". Y creo que así debería llamarse el artículo 85°, para que la ley dijera: "El Ministerio de Energía comunicará, de acuerdo a sus procedimientos, los lugares que serán declarados zonas de sacrificio". Recuerdo que durante la Administración anterior escuché el planteamiento del Ministerio de Bienes Nacionales para denominar las áreas en que se iban a instalar termoeléctricas como "zonas de sacrificio". ¡Se entiende! Y se notifica a la comunidad y se explica de esa manera.
Además, sería importante que se precisara por qué se rebajó el porcentaje establecido por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, de 70 por ciento -si mal no recuerdo- a 20 por ciento.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un par de minutos adicionales para que concluya su intervención.
El señor DE URRESTI.-
¡Cómo se explica eso, señor Presidente, si no es para asegurarles rentabilidad, precisamente, a los proyectos eléctricos!
Entonces, resulta difícil aprobar una norma como el artículo 85°, que de manera eufemística se denomina "polos de desarrollo", cuando creo, a ciencia cierta, que más bien estamos hablando de "zonas de sacrificio".
El lenguaje importa, y el tenor de lo que se está redactando, también. Y por eso, señor Presidente, no concurriré con mi voto favorable a la disposición en debate.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, me parece que esta discusión, donde ha habido distintos puntos de vista, ha sido bien interesante. Pero creo que los temas se repiten y los argumentos son exactamente los mismos, todos respetables, y por eso, en uso de mis prerrogativas como Senador, quiero pedirle a la Mesa que abra la votación.
El señor LETELIER.-
¡Todavía no! Después de que intervenga el Ministro.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entiendo que quien solicitó no votar o segunda discusión fue el Senador García-Huidobro.
El señor MOREIRA.-
Sí, pero le he dado mis puntos de vista y los ha entendido perfectamente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entonces, después de escuchar al señor Ministro, procederemos a votar, al menos el artículo 85°, sobre polos de desarrollo.
El señor LARRAÍN.-
Muy bien.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Retiro mi petición, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El Senador señor García-Huidobro ha retirado su solicitud de segunda discusión.
Ya se hizo el debate y tiene razón el Senador Moreira en cuanto a que los argumentos ya están dados.
Por lo tanto, escuchemos al señor Ministro y luego votamos.
El señor MOREIRA.-
¡Este artículo!
La señora ALLENDE.-
¡Ya se retiró la solicitud de segunda discusión!
El señor COLOMA.-
Respecto de este artículo.
El señor MOREIRA.-
Así es.
La señora ALLENDE.-
¡Para todos!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¡Silencio, por favor!
Señor Ministro, le ofrezco la palabra.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, agradezco la oportunidad de explicar el concepto de polos de desarrollo, porque así puedo reiterar la importancia que tiene para el país la creación de una matriz energética con competencia.
Le hace mucho daño a Chile tener concentrada su capacidad de generación en pocas grandes empresas.
Todo lo que hemos dicho es que nuestra primera responsabilidad de política pública es establecer todos los mecanismos necesarios para provocar competencia en el sector. Y es lo que hemos hecho con la aprobación de la ley de bases de licitación y con un conjunto de otras normativas, entre las cuales está la que amplió el giro de la ENAP.
Hoy, lo que estamos señalando es que queremos polos de desarrollo para que los pequeños generadores no tengan, en la línea de transmisión, la mayor barrera de entrada a este negocio.
En ese sentido, señor Presidente, pido que seamos consistentes con nuestra Agenda de Energía, como Gobierno.
El Ejecutivo tiene una Agenda de Energía cuyo compromiso central es bajar las cuentas de la luz. No merecemos pagar las tarifas de electricidad más altas de América Latina y no nos hace bien que estas hayan subido 30 por ciento en los últimos cinco años.
¿Qué se debe hacer, entonces? Traer más competencia al sector, desarrollar infraestructura de generación y hacer que la transmisión no constituya una barrera de entrada a este mercado.
Eso es todo lo que significa un polo de desarrollo. Creo que en esta materia no caben dos interpretaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A usted, señor Ministro.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor OSSANDÓN.-
Sí.
El señor COLOMA.-
¡Para este artículo!
El señor LETELIER.-
¡No!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador Letelier, igual vamos a dar tiempo para fundamentar el voto. Vamos a escuchar a todos los señores Senadores que quieran intervenir.
La petición que hemos hecho es bien clara.
¿Habría unanimidad para abrir la votación?
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el señor Ministro dijo algo la primera vez.
Voy a insistir en el punto porque quiero que quede claro al momento de votar el artículo.
El señor MOREIRA.-
¡Lo vamos a escuchar, Senador Letelier!
El señor COLOMA.-
¡Sí!
El señor LARRAÍN.-
¡Así es!
El señor LETELIER.-
¡Es que el señor Ministro no puede hablar después!
El señor DE URRESTI.-
¡Le damos la unanimidad!
El señor COLOMA.-
¡Cierto!
El señor LETELIER.-
Bueno, si hay unanimidad para que hable después, no tengo problema en que se abra la votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Gracias, señor Senador.
Por consiguiente, en votación.
--(Durante la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El señor Presidente ha puesto en votación el artículo 85°, para el cual se pidió votación separada.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, le digo al señor Ministro, por intermedio de la Mesa, que entiendo su referencia a las pequeñas empresas. Pero no siempre son de ese tipo.
Yo represento a una región en la cual el río Tinguiririca está siendo activamente intervenido. Y quiero decir que respaldé esa medida.
Lo mismo ocurre con la cuenca del Cachapoal: activamente intervenida.
Ambas cuencas estarán produciendo, fácil, unos 1.500 megawatts, gracias a las intervenciones que se están llevando a cabo. ¡Y en buena hora! ¡La región y el país lo necesitan!
Pero no se trata de empresas chicas.
¿Es la zona un polo de desarrollo? Probablemente sí. Y debe ser reconocida así, quizás. ¡Quizás! Lo importante es que, cuando uno determine la vocación de una zona territorial, tenga la certeza de que va a ser para eso. Y, claro, lo ideal sería -no para esta iniciativa- saber cuáles serían las compensaciones territoriales para una región cuya vocación se define, no por el bien exclusivamente de ella, sino de todo el país.
Y es por eso que me interesa comprender claramente el sentido de las evaluaciones ambientales estratégicas, que serán determinantes. No se trata de informes de referencia; no son algo consustancial. No entiendo la decisión de reducir, para los efectos de esta definición, el porcentaje de energías renovables no convencionales a un piso tan bajo: 20 por ciento. No la comparto. Quiero decirlo abiertamente.
Entiendo que 70 por ciento pueda ser un parámetro excesivamente alto, pero creo que deberían haberse considerado criterios distintos a los propuestos en la normativa, que en un momento estaban definidos de otra forma.
Por eso es que quiero escuchar al Ministro o a su asesor a fin de tener garantías. Porque, como digo, en la Región de O'Higgins existen todas las formas de generación eléctrica, con excepción de la nuclear. Realiza un tremendo aporte, en particular de energías naturales no convencionales. Tenemos embalses grandes, embalses chicos, centrales de paso, termoeléctricas. Ahí nos engañaron, eso sí. Nos engañaron brutalmente con Candelaria en cuanto a cuál iba a ser el tipo de combustible que se iba a usar. No han cumplido.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¡Eso pasa por estar tan pegada a la Región Metropolitana!
El señor LETELIER.-
Aquello tenía que ver con evitar que la Región Metropolitana tuviera blackouts severos a finales de los noventa.
O'Higgins, nuestra región, paga los costos por su cercanía a Santiago en esta materia.
En cuanto a la intervención de las cuencas de los ríos de mi región, la promoví activamente para que no se concretara HidroAysén, para demostrar -como muchas veces lo ha hecho aquí el Senador Horvath- que hay mucha energía que se puede generar en las cuencas -ya hay varias intervenidas en nuestro país- y para hacer presente que debemos preservar otros territorios para vocaciones distintas.
Por tal razón, señor Presidente, pido escuchar al señor Ministro en esta materia -es fundamental- o al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don Andrés Romero, para que se refieran al alcance de los polos de desarrollo, para que señalen por qué se bajó el piso.
Yo he visto los cuadros y no me convence la rebaja a 20 por ciento, más aún cuando se quiere declarar la vocación de territorios para los cuales se deberían generar otros incentivos. Se podría haber determinado un porcentaje mayor para los primeros quince, veinte años, no sé.
Voy a votar a favor -no en contra-, pues considero que este proyecto es muy importante, aunque espero que se entienda que el interés de algunos de nosotros es contar con ciertas garantías, por las zonas que representamos, para defender sus vocaciones territoriales. Mañana podría ocurrir que O'Higgins se llenara de paneles solares en contra de las tierras agrícolas. Y nosotros, como región, por lo menos deberíamos tener la posibilidad de decir que quizás no queremos eso, que ese tipo de vocación no corresponde a una región que produce los alimentos de Chile.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, entiendo que el acuerdo de la Sala es escuchar al Ministro o al Secretario Ejecutivo de la Comisión.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A este último no podemos, a menos que hubiese unanimidad en la Sala.
La señora ALLENDE.-
Yo entendí que podía hablar aun encontrándonos en votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El artículo 37 de la Constitución es bastante claro al respecto, señora Senadora.
La señora ALLENDE.-
Pero por unanimidad se puede. Y se lo consulto porque, efectivamente, existe una duda respecto del artículo 85° que sería importante aclarar para los efectos de la votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría unanimidad para autorizar que el Secretario Ejecutivo de la CNE intervenga al final de la votación?
El señor MOREIRA.-
¡Y que explique pedagógicamente...!
El señor COLOMA.-
Sí.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
De acuerdo.
La señora ALLENDE.-
Seguiré haciendo uso de la palabra, señor Presidente, por lo siguiente.
Me interesa mucho que el señor Ministro o el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía aclaren el punto, porque acá se ha generado la imagen de que un polo de desarrollo es solo una zona de sacrificio.
Estimo superimportante entender que estamos tratando de crear un sistema que potencie los lugares que tengan esa vocación o que cuenten con esa posibilidad, siempre y cuando esa decisión -aquí hicimos un cambio muy sustantivo sobre el particular- pase, previamente, por una evaluación ambiental estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que participar, que debe ser consultada.
Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurría antes en nuestro país, cuando el generador iba donde se le daba la gana, ahora habrá una regla, un Estado que interviene, una regulación donde la decisión será sometida a una evaluación ambiental estratégica.
Esto es muy importante, porque, efectivamente, hay casos pequeños pero interesantes.
Pueden ocurrir dos situaciones.
Es posible que haya muchos pequeños -sin, obviamente, la capacidad económica para levantar ellos una línea eléctrica-, pero que se pueden unir y con ello generar un polo de desarrollo.
O puede ocurrir a la inversa. Y es bueno que la Sala también lo sepa. En el norte nosotros podemos tener muchas energías potenciales, muchas energías renovables no convencionales. Pero, ¿saben qué pasa? Se están perdiendo, ya que no las podemos subir por carecer de una línea de transmisión abierta a la cual acceder. Y eso es absurdo en un país que requiere tener más energía, más potencia energética.
Tenemos potencialidades, tenemos una zona que está produciendo energía fotovoltaica, cuyo precio ha disminuido enormemente, pero se da el absurdo de que resulta imposible incorporarla porque no hay cómo acceder al sistema de transmisión.
Por lo tanto, aquí hay que aplicar una mirada más integral, una mirada que armonice, una mirada que esté atenta a cómo se desarrolla el país, a cómo se contempla una zona, a cómo se lleva a cabo una evaluación ambiental estratégica y a cómo se facilita.
Eso, ya sea porque se trata de proyectos pequeños que no tienen la posibilidad económica de construir, de coordinarse entre ellos o no ser factible la posibilidad de que uno más grande ayude a esos pequeños; o, a la inversa, porque, pese a existir un gran potencial, como ocurre en nuestra zona, no se puedan incluir en el sistema pues simplemente no hay acceso; no es abierto.
Entonces, señor Presidente -ojalá que el señor Ministro y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía lo clarifiquen-, creo que es un error mirar a estos polos de desarrollo exclusivamente como zonas de sacrificio. Esto debe formularse con el consentimiento, con una consulta, pero también con un diseño para que entre todos tengamos una mirada que nos permita definir cómo logramos potenciarnos. Porque, al final de cuentas, ¿qué queremos nosotros? Un país que tenga una capacidad de respuesta mayor a la cada vez más creciente demanda energética. Eso es.
Sin embargo, también queremos que tenga un costo menor, e incluya participación y un diseño.
Aquí el Estado posee un rol de planeación, de previsión, de anticipación. Y eso nos interesa en este proyecto. Eso hemos tratado de demostrar.
Espero que las intervenciones de los señores Ministro y Secretario Ejecutivo nos den mayor claridad respecto de qué estamos entendiendo en este artículo 85° y en los siguientes, con relación a los polos de desarrollo.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Está claro, Senadora señora Allende.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, complementando lo manifestado por la Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, esto se discutió ampliamente no solo por los parlamentarios que integran dicho órgano técnico, sino también por otros que participaron en forma activa, como los Senadores De Urresti y Horvath, mediante las consultas que se hicieron.
Y en esto quiero reconocer la preocupación que existió.
Creo que el señor Ministro y don Andrés Romero fueron explícitos y claros en plantear que lo que no se quiere, como lo manifestó el Senador Letelier, es que las regiones tengan guitarras.
¡Es justamente al revés!
Aquí lo que se requiere es planificación en conjunto con las comunidades y que el Estado tenga un rol activo. ¡Pero las platas las va a poner el sector privado! El Estado no colocará recursos.
Sin embargo, se va a definir una zona donde se va a poder transmitir y solucionar los problemas de cuello de botella y la posible generación de energía, porque tenemos muchos sectores con vocación de generación de energías renovables no convencionales y también -mencionémoslo- de energía limpia.
Por eso, señor Presidente, insisto: creo que, a lo mejor, cuesta todavía entender el concepto de "polos de desarrollo", pues no fue el más claro que se podía haber inventado. Considero que no existió una buena definición.
Pero de lo que me convenzo -lo escuché del Ejecutivo y es lo que hoy día va a quedar en la ley- es de que más que zonas de sacrificio, muchas veces son zonas que van a potenciar a una región. Y, tal como lo ha manifestado el señor Ministro, el nuevo proyecto, en que vendrán compensaciones en el momento anterior a este tipo de inversiones, será muy importante.
Sin embargo, no sigamos creyendo que podemos continuar con tarifas bajas si no tenemos inversión ni transmisión.
Y quiero agregar algo importante. Al igual que con el agua potable (esta iniciativa presenta un adicional significativo y no lo he escuchado aún), respecto a la cual hoy en día existe una cobranza por agua, por alcantarillado y por tratamiento de aguas servidas, en la cuenta de la luz, a partir del año 2018 -me interesa mucho que lo ratifique el señor Ministro- se va a incorporar en lo referido a las tarifas eléctricas de los usuarios la información respecto de la generación, la transmisión y la distribución.
Creo que eso también va en el camino correcto de transparentar lo que paga cualquier chileno en su boleta de energía.
Por lo tanto, señor Presidente, tengo plena confianza en que este proyecto va a quedar en la línea que el país espera: tener energía más barata, lo más limpia posible y, en definitiva, un camino seguro con costos totalmente distintos de los hoy existentes.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador señor De Urresti, ¿todavía no desea intervenir?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Decidió no hablar.
La señora VON BAER.-
¡No le interesan los polos de desarrollo...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¡Cuidado con la transmisión, Su Señoría...!
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, está claro que el concepto de "polo de desarrollo" refleja claramente la definición contenida en el artículo. Allí se van a implementar los máximos desarrollos de energía.
Solamente quiero advertir que un nuevo reglamento establecerá los criterios y aspectos metodológicos que serán considerados en la identificación de los polos de desarrollo.
¡Estamos guardando para el reglamento todas las definiciones más fundamentales!
En el artículo subsiguiente, en el 86°, se lo dejamos al Decreto de Planificación Energética, que establecerá los escenarios energéticos posibles para el horizonte de largo plazo.
Eso es una materia que difícilmente podríamos consagrar en la ley.
Sin embargo, entiendo que por el tiempo y la complejidad hayamos postergado definiciones tan esenciales, como los aspectos metodológicos para la identificación, a un reglamento.
Quiero confiar, señor Ministro, en que quienes estén a cargo de la elaboración de estos reglamentos estarán imbuidos del mecanismo, del espíritu y de los valores que aquí se han señalado.
¡Existen muchas leyes en donde los reglamentos nunca fueron entregados o que demoran años en dictarse!
Entiendo que, dada la importancia de esta legislación en proyecto, estos reglamentos van a tener un plazo y un mecanismo de participación acotados con el fin de conocerse, porque no sería la primera vez que un reglamento contrariara lo que dice la ley, ya que si se trata de forzar la normativa legal el reglamento es la clave. Como el reglamento no lo discute el Senado ni el Parlamento, sino un grupo de asesores técnicos -uno nunca sabe el mecanismo-, y se utilizan los términos más encontrados, muchas veces (lo hemos visto en este largo proceso: llevo 23 años en el Parlamento; estoy en un quinto período) logra torcer el espíritu de la ley.
¡Eso es efectivo, y con ello hay que tener bastante cuidado!
Del mismo modo, quiero señalar que la clave es la iniciativa sobre las compensaciones o sobre la asociatividad, respecto a lo que hemos conversado en más de una oportunidad con el señor Ministro; porque es fundamental.
Entiendo que habría que generar esta ley base, esta ley matriz. De haber tenido un debate paralelo relativo a las compensaciones, claro, habríamos dicho: "Mira, los polos de desarrollo van a tener estas importantes compensaciones. Y, por lo tanto, generaremos asociatividad".
Siento que las empresas de transmisión, de generación y de distribución debieran compartir utilidades.
Durante numerosísimos años ha habido un tope máximo para el asunto de las utilidades de las empresas de distribución. Y fíjese, señor Ministro, que lo que nos informaban los trabajadores de CHILECTRA en su oportunidad era que la empresa siempre se acotaba al máximo de las utilidades: gastaba mucho mucho y nunca se pasaba.
Tiene que haber un control más efectivo sobre todo el sistema; si no, las empresas se acomodan al reglamento con el objeto de no generar mayores descuentos.
Quiero señalar que en estas zonas de sacrificio tendrán que existir buenas compensaciones, asociatividad. O sea, si no hay territorio, en este caso agua, entonces ¡no hay proyecto!
Eso lo vimos en Pangue y en Ralco con ENDESA. Es decir, habríamos querido que existiera asociatividad: se iba a hacer, bien. Pero no fue así, y se utilizan recursos naturales, territorio y, además, territorio indígena, como en el Alto Biobío.
Yo espero -tengo bastante fe- que para el proyecto de ley de asociatividad exista de parte de las bancadas de enfrente, de la Derecha, la misma disposición, la misma voluntad para discutirlo cuando digamos que las empresas generadoras, las empresas de transmisión y las empresas de distribución tengan que compensar o asociarse.
A mí me gusta más el concepto de "asociarse", porque los efectos negativos, las externalidades negativas quedan erradicadas. Y ahí está Cabrero: ¡Siete plantas generadoras, y siguen sumándose proyectos!
El punto es si la Región del Biobío va a tener el 34 por ciento de la generación de todo Chile, y hay una comuna con siete proyectos y Coronel que ya tiene cuatro, ¿cuál será la asociatividad que permitirá compensar el impacto negativo de la externalidad, en este caso de la generación?
Espero que podamos cobrar por el agua de mar, que es el único bien natural por el que no se paga; el aire y el agua de superficie ya cuentan con un precio establecido. Y tenemos un proyecto sobre el particular, señor Presidente.
Insisto en lo relativo al reglamento: tengo dudas respecto de él.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en cuanto a la materia que nos ocupa en este momento, considero muy mala la denominación de "polos de desarrollo energético", pues la idea es justamente privilegiar las energías renovables no convencionales. Con ello se tiene energía distribuida, que no requiere grandes líneas de transmisión.
Por lo tanto, aquello apunta en una dirección distinta.
No se puede indemnizar ni compensar un daño irreversible. Y la asociatividad, con un proyecto que es un salvavidas de plomo, tampoco es factible.
Por eso, la clave aquí se halla en la evaluación ambiental estratégica de cada uno de estos sectores, polos de desarrollo, para que no se transformen en zonas de sacrificio.
Ese es el punto que debemos garantizar en este proyecto de ley.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Conforme al acuerdo adoptado recién por la Sala, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, le agradezco la oportunidad que me da para comentar lo tocante a los polos de desarrollo, los cuales podríamos haber llamado "centros de cooperación y asociación de energía", o quizás debimos plantear una denominación distinta al respecto.
Capaz que en la ejecución de la ley en proyecto sea factible hacer aquello, pues recogimos la preocupación de Sus Señorías en esta materia.
Nosotros evaluamos en su momento qué significaba haber cambiado el guarismo del 20 por ciento y llevarlo -y el Senador Letelier mencionó una cifra que alguna vez se barajó-, por ejemplo, a 70 por ciento.
Pienso que es importante compartir con ustedes que hicimos tal análisis.
En Chile hoy día tenemos 14 mil 700 megawatts de hidroelectricidad potencial en 96 subcuencas.
Si establecemos la restricción de que el 70 por ciento debe provenir de energías renovables no convencionales, ese potencial baja a 1.169 megawatts.
Entonces, un país privilegiado con el agua, que tiene en ella una oportunidad para generar energía eléctrica -sin consumirla, porque solo la usa y la devuelve en el mismo estado-, vería reducido en 90 por ciento su potencial hidroeléctrico.
Ello, por una razón muy simple. Y lo quiero explicar con un ejemplo.
Voy a hablar de cualquiera de las subcuencas que Sus Señorías conocen.
Tomemos una subcuenca con un potencial de 120 megawatts y asumamos que dentro de ella hay 10 proyectos, dos de ellos de 25 megawatts cada uno; o sea, existen 50 megawatts que no son de energía renovable no convencional (porque la energía renovable no convencional es hasta 20 por ciento). Eso significaría que dicha subcuenca, cuyo potencial es de 120 megawatts, enfrentaría un impedimento, pues el 70 por ciento no le permitiría desarrollar los 8 proyectos restantes.
Vuelvo al punto central: queremos que se desarrollen proyectos que efectivamente concurran, por su tamaño, a realizar un esfuerzo cooperado. Porque no les es factible cargar en sus espaldas con la línea de transmisión, ya que, dado su tamaño, no la pueden financiar.
A las grandes empresas les da lo mismo esa cuestión: se echan encima el costo de la transmisión con la caja chica. Pero a las empresas pequeñas la mochila del costo de transmisión las inviabiliza.
Quiero hacerme cargo también, señor Presidente, de lo siguiente.
La evaluación ambiental estratégica es sin apellidos. ¡No tiene letra chica!
Es una metodología probada, conocida, elaborada por el Estado. Y eso vamos a usar para determinar el polo.
Es la que se hace con participación temprana, con consulta indígena, en fin.
De ahí que me parezca muy importante aquí matar a los fantasmas. Porque hemos incorporado no solo lo mejor que tenemos como país, sino también las metodologías existentes en el resto del mundo.
Al final hicimos aquello, pues queremos que el Estado asuma un rol diferente.
Es muy raro ser Ministro de Energía y que venga acá un extranjero y pregunte cuál es el mecanismo de planificación de transmisión que existe en nuestro país y mi respuesta sea: "No tenemos nada".
¡Él no se queda muy convencido de que uno sea Ministro de Energía en una nación donde no hay planificación de transmisión...!
Pienso que es muy importante despejar la idea de que debemos llevar a cabo desarrollo energético sin hacer aquello de la mano del desarrollo turístico, industrial, agrícola, etcétera.
En Nueva Zelandia, por ejemplo, el desarrollo energético se realiza de la mano con el desarrollo turístico.
Ese es nuestro objetivo: que seamos capaces de llevar a cabo política energética y desarrollo energético de la mano con la vocación de los territorios. Y entendemos que ella no es unidimensional, que ha de haber una convivencia entre los distintos sectores.
Por último, señor Presidente, en cuanto a los reglamentos que se deberán dictar conforme a lo dispuesto en este proyecto -ya dijimos que es el mayor que se ha presentado en el sector eléctrico en los últimos 35 años-, cabe manifestar que ya estamos trabajando en ellos.
Nosotros los hemos ido preparando en paralelo.
Tenemos un compromiso con esta Sala en el sentido de que todos los reglamentos asociados a esta iniciativa de ley van a ingresar a la Contraloría General de la República antes de un año.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El señor Ministro ha sido lo suficientemente claro, y ha despejado bien el punto planteado por Sus Señorías.
Si les parece a los señores Senadores, dejamos hasta aquí las explicaciones del Ejecutivo.
Conforme.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 85° (16 votos a favor, 2 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa los señores De Urresti y Navarro.
Se abstuvo el señor Girardi.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia, pidiéndole AYUDA PARA REPARACIÓN O RECAMBIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LOCALIDAD DE TOTORAL, EN PROVINCIA DE COPIAPÓ.
Del señor ARAYA:
Al señor Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, requiriéndole indicar ESTADO DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO DE VECINOS DE TALTAL SEÑORAS JAVIERA SILVA ÁLVAREZ, PATRICIA ROMERO RAMÍREZ Y YESSENIA SÁNCHEZ JORQUERA Y SEÑOR RAÚL RAMÍREZ DÍAZ; ESTADO DE PETICIÓN DE RECTIFICACIÓN DE NUMERACIÓN DE VIVIENDA EN TÍTULO DE DOMINIO DE SEÑORA BERNARDINA OLIVARES MARTÍNEZ, Y ESTADO DE SOLICITUD DE COMODATO O TRASPASO DE TERRENO PRESENTADA POR SEÑORA MALY BERRÍOS GOLSDWORTHY.
A la señora Directora del SERVIU de Antofagasta, solicitándole información sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE TÍTULO DE DOMINIO PRESENTADA POR SEÑOR CARLOS TELLO VIDAURRE.
Del señor BIANCHI:
A la señora Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes y de la Antártica Chilena, a fin de exponer CONSIDERACIONES SOBRE PROYECTO "PISCICULTURA DE RECIRCULACIÓN LAGO BALMACEDA".
Del señor DE URRESTI:
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para pedir antecedentes respecto de LICITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN PRIVADA DE REFUGIOS EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.
Al señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el objeto de que informe en cuanto a DENUNCIA DE FUNDACIÓN DESIERTO DE ATACAMA POR DAÑOS EN GEOGLIFOS DE CHUG CHUG, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Alcalde de Melipeuco, a fin de consultar por SITUACIÓN DE CAMINO EL BAQUEANO, PRESUNTIVAMENTE CERRADO POR PARTICULAR.
Del señor GARCÍA-HUIDOBRO:
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública y General Director de Carabineros, para que comunique fundamentos de RETARDO EN INAUGURACIÓN DE COMISARÍA DIEGO PORTALES, EN CIUDAD DE RANCAGUA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que entregue informe acerca de FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LEY SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD MÍNIMA EN PASARELAS PEATONALES Y PASOS DESNIVELADOS O PUENTES.
Del señor GUILLIER:
Al señor Ministro de Hacienda (con copia al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y a la señora Ministra de Minería), planteando PROPUESTAS PARA PROPICIAR REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y OTRAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON ÁREA MINERA.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, pidiéndole precisar DAÑO PROVOCADO POR ALUVIÓN EN COSTAS DE TOCOPILLA (DAÑO ECOLÓGICO, IMPACTO LABORAL Y MEDIDAS PALIATIVAS) Y TODA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A ÁREAS DE MANEJO DE LA ZONA.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole información referida a APORTES RESERVADOS PARA CAMPAÑAS POLÍTICAS DE CIUDADANOS ACTUALMENTE EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN PROVINCIAS DE PALENA, CHILOÉ Y LLANQUIHUE Y EMPRESAS LIGADAS A PESCA Y SALMONICULTURA CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR APORTES A CAMPAÑAS POLÍTICAS.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndole antecedentes sobre CONCURSOS PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR DE SERNAPESCA Y NOMBRE DE DIRECTOR INTERINO, y requiriéndole COPIAS DE DECRETOS SUPREMOS E INFORMES TÉCNICOS QUE SUSTENTAN ARTÍCULOS 61, 62 Y 63 DE LEY GENERAL DE PESCA.
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, solicitándole diversos antecedentes relativos a CASOS PRIORIZADOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RELACIÓN CON PLAN PROTEGE y a CENTROS DE REPARACIÓN ESPECIALIZADA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL SENAME.
A la señora Ministra de Salud, pidiéndole remitir antecedentes sobre OPINIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DOCENTE ASISTENCIAL EN MATERIA DE REGLAMENTO PARA EXAMEN ÚNICO NACIONAL DE CONOCIMIENTOS DE MEDICINA Y ACTUACIONES DE MINISTERIO A ESE RESPECTO.
A la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que informe de manera detallada acerca de CASOS DE TORTURA Y USO EXCESIVO DE FUERZA, DESDE 2006 A LA FECHA, EN CONTEXTO DE MOVILIZACIONES SOCIALES.
A las municipalidades de la Región de Los Lagos, solicitándoles COPIA DE PATENTES OTORGADAS A EMPRESAS SALMONERAS Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.
De la señora LILY PÉREZ:
A la señora Ministra de Salud, al señor Director del Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio y al señor Director del Hospital Carlos van Buren, requiriéndoles información relativa a ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE "POLICLÍNICO DE IDENTIDAD DE GÉNERO", POR INTERRUPCIÓN DE PRESTACIONES ENDOCRINOLÓGICAS Y QUIRÚRGICAS.
)-------------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción