REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 28ª, en miércoles 6 de julio de 2016
Ordinaria
(De 16:15 a 19:55)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda; de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 25ª y 26ª, ordinarias, en 21 y 22 de junio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veintidós de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en los términos del inciso segundo del numeral 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental, para la tramitación del oficio mediante el cual solicita el acuerdo del Senado al objeto de designar ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, al señor Alejandro Ruiz Fabres (boletín Nº S 1.875-05).
Con los trece siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (boletín N° 6.829-01).
2) Proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
3) Proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
4) Proyecto que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05).
5) Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
6) Proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletines Nos. 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos).
7) Proyecto que sanciona el maltrato infantil (boletines Nos. 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
8) Proyecto que perfecciona las justicias tributaria y aduanera (boletín N° 9.892-07).
9) Proyecto que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N°10.063-21).
10) Proyecto que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05).
11) Proyecto que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
12) Proyecto que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
13) Proyecto que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04).
Con los ocho últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2) Proyecto de reforma constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no pueden prescribir ni ser amnistiados (boletín N° 9.748-07).
3) Proyecto que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto a los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín N° 9.773-07).
4) Proyecto que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines Nos. 9.956-07 y 10.155-07, refundidos).
5) Proyecto que previene y sanciona los conflictos de intereses y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública (boletín N° 10.140-07).
6) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito y la ley N°18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15).
7) Proyecto que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
8) Proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez y modifica la ley N° 20.530, que establece el Ministerio de Desarrollo Social, y otros cuerpos legales (boletín N° 10.314 -06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que aprobó los informes de las Comisiones Mixtas encargadas de resolver las divergencias surgidas en la discusión de los siguientes proyectos de ley:
-El que establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional (boletín N°10.240-08) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
-El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Por acuerdo de Comités, quedan para la tabla de la sesión de hoy.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre los fundamentos técnicos de la instalación de un cuartel para las Fuerzas Especiales de Carabineros en las dependencias del ex Liceo Técnico de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, y el costo anual de su funcionamiento.
De la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Quinteros, acerca de la creación de una segunda sala ordinaria en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
De la señora Ministra de Salud:
Atiende requerimiento de información, formulado en nombre del Senador señor Navarro, sobre la situación de los funcionarios públicos de la Región de Atacama relativa al otorgamiento de una bonificación especial mensual para el presente año.
De la señora Ministra de Minería:
Atiende solicitud de información, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre diversos aspectos relativos a las dependencias institucionales existentes en la ciudad de Valdivia.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Remite, ante solicitud del Senador señor Ossandón, antecedentes sobre aspectos vinculados a planes de operación de los recorridos del Transantiago; negociaciones, acuerdos y contratos, y empresas con las cuales se ha realizado un trato directo desde el año 2009 a la fecha.
Del señor Alcalde de Santa María:
Contesta petición, hecha en nombre del Senador señor Navarro, para informar acerca del número total de extintores de las dependencias de esa comuna y del costo anual de su mantención.
Del señor Alcalde de Penco:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre las razones por las cuales no se han realizado las obras comprometidas por el Municipio con el Programa Chile Barrio en 2007 para la construcción de un muro de contención en el sector de Vista Hermosa.
Del señor Superintendente (T y P) de Insolvencia y Reemprendimiento:
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Harboe, en relación con diversos aspectos relativos a los procedimientos concursales realizados ante dicha Superintendencia.
Del señor Subsecretario de Servicios Sociales:
Responde requerimiento, efectuado en nombre del Senador señor Espina, para informar acerca de diferentes tópicos de las personas con discapacidad en el país y sobre las políticas, planes y programas ejecutados por SENADIS en el período 2014-2015.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Contesta petición de información, formulada en nombre del Senador señor Guillier, sobre las cifras del daño que provocó el aluvión de agosto de 2015 en las costas de Tocopilla y los antecedentes relativos a las áreas de manejo de la zona.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Atiende requerimiento, hecho en nombre del Senador señor Navarro, para remitir antecedentes sobre los estudios de impacto ambiental y social de diversos proyectos.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, a fin de informar si se ha otorgado autorización para los trabajos de remoción de áridos en la zona del puente sobre el río Bueno, en la Ruta 5 Sur, comuna de La Unión.
Del señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía:
Absuelve petición, planteada en nombre del Senador señor García, para informar sobre estado de tramitación de subsidio habitacional de víctima de violencia rural.
De la señora Secretaria Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de La Araucanía:
Envía respuestas a solicitudes, realizadas en nombre del Senador señor García, acerca de los siguientes asuntos:
-Visita inspectiva a la calle Manuel Montt, desde Antifil hasta avenida Costanera, y disposición de medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad vial en la ciudad de Temuco.
-Inspección al sector de la bifurcación del camino Temuco-Chol Chol y adopción de medidas indispensables para mejorar las condiciones de seguridad vial.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile:
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor García-Huidobro, sobre razones del retardo en la inauguración de la Comisaría Diego Portales, en la ciudad de Rancagua, a pesar de existir recursos comprometidos para ello.
Del señor Administrador Municipal de Curacautín:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre número total de extintores de las dependencias de esa comuna y costo anual de su mantención.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Responde planteamiento, efectuado en nombre del Senador señor Guillier, para remitir los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos objeto de la petición.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo", suscritos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de septiembre de 2014 (boletín N° 10.206-10).
2) El que aprueba el "Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y los Estados de Guernesey", suscrito en St. Peter Port, Guernesey, el 4 de abril de 2012, y en Santiago, Chile, el 24 de septiembre de 2012 (boletín N° 10.288-10).
3) El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República de Sudáfrica para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio, y su Protocolo", suscritos en Pretoria, Sudáfrica, el 11 de julio de 2012 (boletín N°10.311-10).
4) El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio del transporte aéreo internacional y de las empresas navieras", suscrito en Santiago, Chile, el 25 de abril de 2014 (boletín Nº 10.328-10).
5) El que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta y su Protocolo", suscritos en Santiago el 25 de mayo de 2015 (boletín N°10.345-10).
6) El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República Argentina para Eliminar la Doble Imposición en relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, su Protocolo y el Memorando de Entendimiento relativo a su aplicación", suscritos en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2015 (boletín N°10.346-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín Nº 10.785-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Chahuán y Espina, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley N° 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, a fin de permitir las elecciones primarias de carácter convencional en la nominación de candidatos a Presidente de la República, en las condiciones que indica (boletín Nº 10.786-06).
Del Senador señor Lagos, con la que da inicio a un proyecto que deroga los artículos 13 y 14 de la ley N° 16.441, que crea el departamento de Isla de Pascua, relativos a la penalidad especial de los delitos contemplados en los Títulos VII y IX del Libro II del Código Penal en esos territorios y al cumplimiento de ella (boletín Nº 10.787-06).
De los Senadores señores Chahuán, Bianchi y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto que deroga los artículos 13 y 14 de la ley N° 16.441, que crea el departamento de Isla de Pascua, en materia de atenuantes a la penalidad asignada a ciertos delitos y al cumplimiento de ellas (boletín Nº 10.788-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Coloma, García-Huidobro, Girardi, Letelier y Matta, con la que dan inicio a un proyecto ley que incorpora un inciso segundo, nuevo, al artículo 66 del decreto N° 1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles, con el objetivo de establecer la obligación para las empresas de ferrocarriles de disponer en los trenes medios de grabación para registrar incidencias en la vía férrea (boletín Nº 10.789-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, se acaba de dar cuenta de un mensaje mediante el cual la Presidenta de la República hace presente la urgencia, en los términos del inciso segundo del numeral 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental, para la tramitación del oficio a través del que solicita el acuerdo del Senado a los efectos de designar ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, al señor Alejandro Ruiz Fabres.
Quiero que se me aclare en qué fecha empieza a correr el plazo.
Porque la Constitución dice: "Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento.".
Por tanto, habría que saber cuándo ocurre eso.
Formulo mi planteamiento tras analizar y conversar el punto con mi vecino de Sala, quien es Presidente de la Comisión de Constitución, pues, a mi juicio, la persona propuesta, primero, tiene inhabilidades por haber trabajado en proyectos que ella misma va a evaluar; segundo, no pasó los filtros de la Alta Dirección Pública, y tercero, está siendo presentada por el Ministro del Medio Ambiente, lo que implica que, además, va a estar bajo el alero de su competencia.
Entonces, creo que, en tales condiciones, no es conveniente ver el asunto en la Sala.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entiendo que lo último que señaló, señor Senador, es una opinión suya.
El señor HORVATH.-
No: es un dato.
El señor LAGOS (Presidente).-
Sí: un dato.
Ahora, la pregunta específica que formula Su Señoría es desde cuándo corren los treinta días.
El señor HORVATH.-
Así es.
El señor LAGOS (Presidente).-
Los treinta días corren a partir de hoy y vencen el 5 de agosto.
El señor HORVATH.-
Entonces, consulto si la Comisión puede reanalizar la situación...
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Cómo?
Perdón, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Pregunto si la Comisión puede reanalizar la situación con mayor profundidad.
Aunque dicho ente no vota, debe informar a la Sala y representar aquello.
El señor LAGOS (Presidente).-
Está bien. Pero...
El señor HORVATH.-
Que el asunto vuelva a la Comisión.
El señor LAGOS (Presidente).-
La propuesta de la Presidenta de la República ya fue a la Comisión de Constitución y está en tabla para el pronunciamiento de la Sala.
Como Su Señoría bien dijo, la Comisión no vota: escucha a la persona propuesta, ve sus antecedentes y emite un informe.
Lo que ocurre ahora es que, producto de que el Ejecutivo hizo presente la urgencia, si el Senado no se pronuncia dentro de treinta días después de formulada aquella su silencio se entenderá como otorgamiento de aprobación.
Entiendo la preocupación de Su Señoría. Sin embargo, para que el asunto vuelva a la Comisión de Constitución tiene que mediar una solicitud, la que debe ser aprobada por la Sala.
El señor COLOMA.-
¡Pero por qué volverlo a Comisión!
El señor LAGOS (Presidente).-
Yo, para cumplir adecuadamente el rol que me compete, estoy resumiendo lo que expuso el Senador señor Horvath.
Su Señoría, tras plantear una serie de preocupaciones, señaló que sería bueno que el asunto volviera a Comisión al objeto de revisarlo con mayor detenimiento.
Así entiendo la solicitud del Honorable señor Horvath.
¿Correcto?
Entonces, quiero saber si hay asentimiento de la Sala para tal efecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, respecto de la duda que planteó el Senador señor Horvath, debo hacer presente que la Comisión de Constitución analizó durante dos sesiones la postulación de don Alejandro Ruiz Fabres al Segundo Tribunal Ambiental. Y, por supuesto, tuvo a la vista todos los antecedentes.
La Alta Dirección Pública realizó el proceso pertinente y sugirió el nombre del señor Ruiz; la Corte Suprema lo incluyó en la quina, y el Gobierno hizo la proposición definitiva al Senado.
La Comisión de Constitución, en el ámbito de su competencia, calificó los antecedentes, y en su informe expresa que don Alejandro Ruiz Fabres cumple con los requisitos legales exigidos para ser Ministro del Segundo Tribunal Ambiental.
Cosa distinta será la discusión que habrá en la Sala si algún Senador o alguna Senadora estima inconveniente que el señor Ruiz sea Ministro titular del referido tribunal.
La Comisión de Constitución analizó in extenso el currículum del candidato propuesto. Hubo allí un debate amplio, en el que se plantearon las aprensiones que acaba de formular el Senador Horvath, de lo que dará cuenta el informe que entregaremos oportunamente en la Sala.
El señor MONTES.-
¡Muy bien! ¡Esa es una opinión seria!
El señor COLOMA.-
¡Muy bien, Senador Araya!
El señor LAGOS (Presidente).-
Habiéndose cumplido el trámite pertinente en la Comisión de Constitución, la Sala se pronunciará sobre la materia cuando corresponda.
Senador señor Horvath, interpuse mis mejores oficios en esta materia.
Repito: si el Senado no se pronuncia dentro de 30 días a contar de hoy, se entenderá aprobada la proposición de la Presidenta de la República.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, ayer la Sala aprobó en general, por unanimidad, el proyecto que les permite a los chilenos que residen en el exterior ejercer el derecho a voto.
En mi intervención olvidé señalar que hace aproximadamente cuatro meses presenté una moción mediante la cual se evita que los hijos de chileno nacidos en el exterior deban avecindarse un año en nuestro país para ejercer los derechos que les confiere la ciudadanía.
Lo que quiero plantear, señor Presidente, es que ojalá la Comisión de Constitución revise el problema, que es tremendo, pues afecta a sobre 400 mil hijos de chileno que para ejercer los derechos que les otorga su condición de ciudadanos tienen que cumplir la exigencia de un año de avecindamiento en nuestra nación.
Entiendo que pueda haber discrepancias sobre el particular. Sin embargo, solo estoy pidiendo que la Comisión de Constitución analice la materia, porque se trata de una inquietud legítima de comunidades chilenas residentes en el exterior y de nosotros.
Solicito, en consecuencia, que dicho ente técnico no relegue el punto. Y ojalá ponga en tabla el referido proyecto, que les permitirá a aquellas personas ejercer sin condicionamientos los derechos que les asisten en su calidad de ciudadanos.
El señor LAGOS (Presidente).-
Somos dos los que hemos presentado mociones en tal sentido, señora Senadora.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, ayer, por acuerdo de Comités, votamos el proyecto de ley que regula el voto de los chilenos en el exterior, el cual, tras ser aprobado en general, pasó a la Comisión de Hacienda.
Ahora bien, muchos Senadores no participamos en las Comisiones encargadas de dicha iniciativa, lo que nos impide conocer en detalle el articulado.
En consecuencia, le agradecería a Su Señoría que le planteara a la Sala la posibilidad de fijar una semana de plazo para presentar indicaciones.
Por conversaciones con un par de personas del Ministerio correspondiente, me he enterado de la existencia de un montón de errores que podrían imposibilitar la aplicación de la ley en proyecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda solo puede pronunciarse sobre las materias propias de su competencia.
Por lo tanto, para lograr lo que plantea el Senador Ossandón habría que enviar el proyecto a la Comisión de origen y ahí fijar un plazo para formular indicaciones. No es factible pasar la iniciativa a la Comisión de Hacienda para que allí se abra un plazo a tal efecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
No hay acuerdo para lo que solicita el Senador señor Ossandón.
Está claro que el proyecto queda en la Comisión de Hacienda, como lo acordó ayer la Sala luego de aprobarse la idea de legislar.
ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y CREACIÓN DE ORGANISMO COORDINADOR INDEPENDIENTE DE SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LAGOS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.240-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 95ª, en 20 de enero de 2016 (se da cuenta).
En trámite de Comisión Mixta: sesión 25ª, en 21 de junio de 2016.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
Minería y Energía (segundo): sesión 23ª, en 14 de junio de 2016.
Hacienda: sesión 23ª, en 14 de junio de 2016.
Mixta: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Discusión:
Sesiones 10ª, en 13 de abril de 2016 (se aprueba en general); 23ª, en 14 de junio de 2016 (queda para segunda discusión); 24ª, en 15 de junio de 2016 (se aprueba en particular).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBE (Secretario General).-
Las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones derivan del rechazo por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de las enmiendas que efectuó el Senado en los incisos segundo y tercero del artículo 85; en el inciso tercero del artículo 92; en los incisos segundo y séptimo del artículo 93, y en el artículo 97, todos ellos insertos en el numeral 4) del artículo 1° del proyecto.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias registradas entre ambas ramas del Congreso, efectúa la siguiente proposición:
Artículo 85, inciso segundo: aprobar el texto del Senado (página 121 del boletín comparado).
Artículo 85, inciso tercero: aprobar el texto propuesto por el Senado, sustituyendo el nuevo inciso tercero que se consigna por el texto que aparece en la página 122 del comparado.
Artículo 92, inciso tercero: aprobar el texto de la Cámara de Diputados (página 155 del comparado).
Artículo 93, inciso segundo: aprobar el texto del Senado, eliminando la frase ", de conformidad con el reglamento," (páginas 158 y 159 del comparado).
Artículo 93, inciso séptimo: sustituirlo por el que figura en las páginas 163 y 164 del comparado.
Artículo 97, inciso tercero: aprobar el texto del Senado (página 182 y comienzo de la página 183 del comparado).
La proposición que formuló la Comisión Mixta se acordó por unanimidad.
Corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la referida proposición.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la cuarta y quinta columnas, respectivamente, la proposición de la Comisión Mixta y el texto final que quedaría si ella se aprobara.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el señor Ministro de Energía.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, hemos vuelto al Senado, luego del tercer trámite constitucional, para revisar las propuestas hechas por la Comisión Mixta a propósito del proyecto de ley que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica.
Con mucha satisfacción, podemos señalar a esta Sala que la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus diez miembros, resolvió totalmente las diferencias suscitadas y propuso una solución para superarlas.
En un apretado resumen, debo puntualizar que se llegó a la conclusión de que la ley en proyecto, a través de sus diversos instrumentos, fomenta las energías renovables no convencionales y -más importante aún- establece al Estado como órgano coordinador de los esfuerzos y proyectos de inversión privados.
Sabemos que el mercado no coordina esos elementos y (más relevante todavía) que el Estado es quien debe hacerlo, en beneficio del desarrollo energético y, en definitiva, para el bien común de nuestro país.
Además de eso, y a solicitud especial de los Senadores miembros de la Comisión Mixta, concordamos que se realizará un informe técnico sobre cada uno de los polos de desarrollo a identificar y que la evaluación ambiental estratégica aplicada a ellos tendrá como pilar central la participación ciudadana.
Por lo tanto, se ha decidido llevar la realización de la evaluación a cada provincia donde se identifiquen los mencionados polos de desarrollo.
En el caso del estudio de franja, donde se concreta el nuevo aspecto de dirección y orientación que le corresponde al Estado, podemos decir que se mejoró la redacción referida a la consulta indígena; se eliminó la referencia a la ley de bosque nativo; se precisó el procedimiento mediante el cual el Ministerio de Energía puede recurrir a la fuerza pública, como último recurso, cuando exista oposición para ingresar a un predio en la etapa de estudio, y se mantuvo el texto aprobado por el Senado, que, en el caso de obras sometidas al estudio de que se trata, hace innecesario el trámite de concesión eléctrica.
En suma, hemos alcanzado un articulado que equilibra las necesidades de expansión de nuestro sistema eléctrico para hacerlo más seguro, robusto e inteligente y con las imprescindibles variables sociales y ambientales que aseguren la sustentabilidad de los proyectos de transmisión.
Permítame, señor Presidente, hacer algunas reflexiones generales que me parece importante que queden en la historia fidedigna de la ley.
Primero, quiero destacar que la normativa en examen es un apoyo y avance en el nuevo rol estatal requerido por el sector de energía para dirigir y representar el bien común, que es consustancial a un servicio público.
En segundo término, ella se hace cargo de las dificultades existentes y propone una solución para cada una con una visión integral que persigue cumplir con el objetivo que nos trazamos: lograr que la transmisión favorezca el desarrollo de un mercado competitivo, para bajarles los precios de la energía a los clientes finales, además de libre y regulado, con miras a un equilibrio económico, social y ambiental.
Se trata del más ambicioso cambio a nuestro ordenamiento eléctrico desde los años ochenta, y, aunque constituye un todo indisoluble de medidas en pos del desarrollo, me permito destacar dos ejemplos que han sido de mucho interés en el Congreso.
Parto por señalar el de los polos de desarrollo. ¿Cuál es el problema que se enfrenta? El de pequeños proyectos, especialmente centrales hidroeléctricas, que, por su tamaño, no cuentan con la escala para construir una línea de transmisión que les permita evacuar su energía al sistema nacional, o, a su vez, variados proyectos solares, de escala pequeña o mediana, en donde cada cual construye su línea.
Pues bien, la nueva ley facultará al Estado para ordenar la construcción de una línea de transmisión o ampliar una existente, respecto de una zona determinada, sobre la base de una instalación de carácter único. Ello permitirá que esas pequeñas iniciativas inyecten su energía y se evite la duplicidad, a fin de que nuestro país no se transforme, como lo dijo en la Sala el Honorable señor Zaldívar, en una "guitarra".
El otro es el estudio de franja. ¿Cuál es el problema que se enfrenta? El de que quien se adjudica hoy la construcción y operación de una línea de transmisión es quien determina el trazado.
Con la nueva ley, será el Estado el que hará la definición, con intervención activa de la ciudadanía, a través de una evaluación ambiental estratégica, y solo una vez que nos hayamos puesto de acuerdo en la mejor solución licitaremos la construcción de las líneas y su operación.
Insisto en que estos son solo dos ejemplos de instituciones nuevas que estamos incorporando.
En tercer lugar, debo indicar que se trata de una iniciativa elaborada sobre la base del diálogo y de la participación.
Desde el primer día construimos un diagnóstico compartido. No es casualidad que en el primer trámite hayamos obtenido un amplio apoyo de Sus Señorías, que en la Comisión de Minería y Energía del Senado hayamos logrado unanimidad y que en la proposición sometida ahora a la Sala se haya registrado el mismo consenso.
Estamos convencidos de que el diálogo ha sido un impulsor de las acciones y políticas desarrolladas en el sector.
El proyecto demuestra que contamos hoy con un espacio sólido para conseguir políticas públicas a través de acuerdos. Podemos desarrollar, como país, orientaciones estratégicas de largo plazo. El Estado, al dar directrices para garantizar el bien común, puede llegar a soluciones conversadas entre todos. Destaco nuevamente, entonces, la participación de todos los actores. Eso nos enorgullece, nos hace bien como sociedad y lo agradezco.
Cuarto, con la iniciativa que nos ocupa estamos cumpliendo nuestros compromisos contraídos con Chile en la Agenda de Energía del año 2014.
Estamos creando más competencia, atrayendo nuevas tecnologías e incorporando nuevos actores, y, con eso, esperamos bajar los precios de las cuentas de la electricidad.
Además, como parte importante de nuestra gestión, hemos reducido los precios en las licitaciones. El hecho de que el articulado se apruebe hoy permitirá que en aquella que tenga lugar el próximo 27 de julio se registre más competencia y menos precio.
Y no solo eso, señor Presidente: hemos avanzado en la ejecución de proyectos de generación y transformado al sector de la energía en el número uno en inversión en Chile. Ello responde a que hemos sido capaces, como país, de crear un ambiente de confianza y claridad en las reglas del juego.
Finalmente, no puedo dejar de extender mi reconocimiento a cada señora Senadora y señor Senador, a sus equipos de asesores y a los distintos actores que han participado en el proceso, entre ellos los funcionarios del Ministerio que encabezo, de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Agradezco el apoyo que el voto de cada uno de los presentes puede significar para la normativa que estamos revisando.
El señor TUMA.-
Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Conforme.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se hará.
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Allende, Presidenta de la Comisión de Minería y Energía.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, tanto el señor Ministro como el señor Secretario ya han informado. Como Presidenta del órgano técnico y, a su vez, de la Comisión Mixta, igualmente deseo proporcionar algunos antecedentes que juzgo relevantes a la hora de pronunciarse.
Esta última se constituyó para proponer la forma y modo de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados surgidas durante la tramitación de la iniciativa de que se trata, a la cual se acaba de referir extensamente el señor Ministro.
Repito que tuve el honor de presidirla, habiéndola integrado, además, los Diputados señora Yasna Provoste y señores Miguel Ángel Alvarado, Sergio Gahona, Luis Lemus y Jorge Rathgeb, y los Senadores señores Alejandro García-Huidobro, Alejandro Guillier, Jorge Pizarro y Manuel José Ossandón.
Quisiera destacar, antes de entrar en más detalles, que una vez más se demostró que un trabajo de las autoridades de Gobierno con los asesores de los parlamentarios resulta extremadamente provechoso. En efecto, en esta oportunidad se logró acuerdo prácticamente en relación con la totalidad de los seis puntos divergentes entre las dos ramas del Congreso.
La metodología de llevar a cabo tales conversaciones y arribar a coincidencias es la que permite generar una buena política pública, como creo que ha sucedido en el caso de la energía y de la Agenda dada a conocer en 2014 y que pretende establecer directrices hasta el año 2050.
Ya se sabe que la Cámara comunicó, en el tercer trámite constitucional, que había aprobado las enmiendas introducidas al proyecto de ley por nuestra Corporación, excepto las recaídas, como lo consignó el señor Secretario, en las siguientes normas del artículo 1°, número 4): incisos segundo y tercero del artículo 85; inciso tercero del artículo 92; incisos segundo y séptimo del artículo 93, y artículo 97.
Por lo tanto, las diferencias estuvieron centradas en seis aspectos específicos, entre los cuales los más relevantes fueron el referido a establecer un porcentaje mínimo de energías renovables no convencionales, a propósito de los llamados "polos de desarrollo de energía eléctrica", y el relativo al informe técnico que debe emitir el Ministerio de Energía a fin de identificar las zonas que cumplen las condiciones para constituirse en uno de ellos.
Para sintetizar, voy a centrarme solo en aquello en que finalmente logramos llegar a acuerdo.
Deseo recordar antes que la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados -es decir, la Cámara de origen- sin hacer referencia a ningún porcentaje de energías renovables no convencionales. Fue su Comisión de Minería y Energía la que estableció la exigencia de un setenta por ciento para los polos de desarrollo, lo que su Comisión de Hacienda redujo después a veinte.
Finalmente llegamos por unanimidad a la redacción del Senado, que no fija un porcentaje.
Quisiera detenerme en este punto, porque es bien importante que mis colegas comprendan que colocar una cifra determinada, en lugar de motivar, de incentivar, termina limitando la generación de energías renovables no convencionales, que es lo que más buscamos como país.
Se han dado múltiples ejemplos, pero claramente los del norte, donde hay energía eólica, o los del sur, donde puede haber minihidros, son pequeños proyectos de energías limpias que no están en condiciones, cada uno de ellos, de hacer su propia línea de transmisión.
Disponer límites o cifras, lejos de ayudar, hace todo lo contrario: obstaculiza.
A nuestro juicio, iniciativas no capacitadas, por su pequeñez, para generar una línea de transmisión pueden ser coordinadas -y aquí lo importante es el rol que juega el Estado, a través del Ministerio de Energía- a fin de materializar una de ellas. Ello permitirá distintos aportes de energías renovables no convencionales en cifras muy superiores a las que probablemente se darían si nosotros fijáramos el límite, el cual no haría más que poner un techo e impediría ir más allá.
La cuestión resultó bastante debatida y me alegro mucho de que al final fuera comprendida por la totalidad de los miembros de la Comisión Mixta, hasta el punto de que aprobamos por unanimidad que no se establecieran porcentajes obligatorios, pues, como digo, ello no solo obstaculiza, sino que incluso impide, por ejemplo, que minihidros, fuentes de energía limpias, deseables, renovables y económicas, participen en el mercado. Otro tanto podría darse en el norte con la energía solar fotovoltaica. Por eso, para nosotros fue muy importante alcanzar un consenso al respecto entre Senadores y Diputados.
Para no entrar en mayores especificaciones, hago presente que la Comisión Nacional de Energía nos entregó un cuadro detallado de subcuencas y porcentajes, y de lo que podía ocurrir en términos de disminución del potencial de electricidad generada si no cambiaba lo sancionado por la Cámara de Diputados.
Me alegro, entonces, de poder proporcionar estos antecedentes.
Luego de discutirse el asunto, se acogió el texto aprobado por esta Corporación, pero se modificó la obligación del Ministerio de Energía de elaborar un informe técnico para identificar las zonas que pueden transformarse en polos. O sea, se resolvió dar una nueva redacción al inciso tercero del artículo 85, que en lo fundamental recoge el texto acordado por el Senado, pero se precisa que antes de la emisión del informe se deberá realizar una evaluación ambiental estratégica en cada provincia donde se encuentren uno o más polos de desarrollo, conforme a lo establecido en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Otro tema que dio lugar a debate en la Comisión Mixta fue la facultad que la Cámara de Diputados le entregó al Ministerio para la realización del estudio de franja, en orden a poder ingresar a todas las propiedades fiscales, municipales y particulares que sea necesario, a través de la o las personas que para tal efecto se designe.
Los representantes del Ejecutivo, partidarios de acoger la proposición del Senado para la disposición respectiva, plantearon la conveniencia de modificar el texto con el objeto de precisar su alcance y distinguir con mayor claridad las fases administrativa y judicial referidas al procedimiento de que trata la norma. La redacción es la siguiente:
"Para el adecuado desarrollo del estudio regulado en los incisos precedentes, el Ministerio podrá ingresar a todas las propiedades fiscales, municipales y particulares en que sea necesario, a través de la o las personas que para tal efecto designe, debiendo comunicar la realización del estudio y las características de las intervenciones que se realizarán, y obtener la autorización de los respectivos propietarios, con las formalidades establecidas en el reglamento, en forma previa a dicho ingreso. En caso de existir oposición al ingreso a los terrenos o para el evento de encontrarse sin moradores los predios respectivos, cuestiones que deberán ser constatadas por un funcionario del Ministerio designado para estos efectos como ministro de fe, el Ministerio podrá solicitar, para hacer cumplir lo dispuesto en el presente artículo, el auxilio de la fuerza pública de conformidad al procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 67°.".
Finalmente, vale la pena relevar dos puntos más.
Uno de ellos se refiere a que no baste con el ministerio de la ley en cuanto a la declaración de interés nacional previa al trazado de una línea de transmisión, sino que nuevamente se requiera el informe de CONAF, como organismo técnico especializado. Solo así puede pronunciarse el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Eso es muy importante, porque obviamente estamos protegiendo el medio ambiente, en particular nuestro bosque nativo.
En seguida, con relación a la consulta o participación de acuerdo con el Convenio 169, se quitó la frase "de conformidad con el reglamento", de modo que es algo que queda de manera permanente. Por lo tanto, ello no podrá ser eludido, lo que también es muy relevante, ya que significa respetar nuestros compromisos en la materia.
Pido a Senadores y Senadoras apoyar el informe, ya que fue aprobado por unanimidad y su contenido es parte de un trabajo previo que se logró llevar a cabo con entrega de argumentos.
Como aquí se ha dicho, quizá esta sea una de las más trascendentales modificaciones que podamos hacer como país si queremos garantizar que somos capaces de contar con líneas de transmisión que den certeza y permitan potenciar las energías renovables, además de hacer posible una mayor participación de energías limpias, sin que el día de mañana se sufran apagones o caídas por falta de holguras o de recargas.
Al Estado le tiene que corresponder una activa participación en el diseño de las franjas. No pueden ser los generadores los que determinen, a su gusto, por dónde va a pasar la línea de transmisión. Ello requiere un diseño previo, fruto de una mirada integral de país.
En resumen, mi recomendación, como Presidenta de la Comisión Mixta, es que aprobemos el informe.
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, ante todo, saludo la presencia del señor Ministro de Energía.
Como lo ha manifestado la señora Presidenta de nuestro órgano técnico, celebramos anteayer una sesión de Comisión Mixta muy importante con el fin de lograr acuerdo en los puntos en que hubo discrepancias con la Cámara de Diputados, los que eran bastante mínimos, en general.
En todo caso, valoro que en todos ellos se llegara a una aprobación unánime. Creo que eso va en el camino correcto.
Cabe destacar el trabajo realizado por los equipos de asesores de los parlamentarios y del Ministerio, así como la participación de Andrés Romero y del titular de la Cartera, en cuanto a buscar un acuerdo que dé la posibilidad real de que Chile pueda seguir generando energías limpias, renovables.
Mas también es preciso llegar a los usuarios. Este es el mayor problema del país hoy día. Y la posibilidad de una transmisión en que exista planificación territorial es fundamental. Como lo ha manifestado el señor Ministro y lo expresó el Senador señor Zaldívar cuando votamos el proyecto en el segundo trámite, el territorio no se puede seguir convirtiendo en una "guitarra", en el que solo las grandes empresas pueden llevar la energía a los centros de consumo, pero no los productores pequeños y medianos.
Se abre un mundo totalmente distinto. En este sentido, creo que la normativa en examen es una de las más relevantes para que Chile pueda seguir bajando el costo de la energía y aproveche realmente todas sus potencialidades.
Tal como lo hicieron la señora Presidenta de la Comisión Mixta y el señor Ministro, quiero resaltar algunos de los puntos que acordamos, como el de los polos de desarrollo. A través de ellos se formaliza en el texto la existencia de zonas de alto potencial de generación, que serán identificadas por el Ministerio de Energía. La finalidad es utilizar un único sistema de transmisión de energía eléctrica con el objeto de minimizar el impacto territorial, social y ambiental de su explotación.
Una de las cuestiones más debatidas durante la tramitación del proyecto fue la incorporación de una cuota de energía renovable no convencional en la identificación de estos polos de generación. Así, para que una determinada zona fuera considerada polo de desarrollo, su producción de electricidad debía provenir en cierta medida de energías de esa índole. En nuestro país son consideradas tales la eólica, las pequeñas hidroeléctricas (centrales de hasta 20 megawatts), la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la mareomotriz u olamotriz, que hoy está incorporándose en el mundo.
Originalmente -es importante señalarlo-, la iniciativa no contemplaba las energías renovables no convencionales. Pero durante la tramitación en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados se incorporó el requisito del 70 por ciento de estas energías no convencionales para determinar un polo de generación.
La Comisión de Hacienda rebajó el porcentaje a 20. Pese a ello, durante el análisis en el segundo trámite constitucional en el Senado la Comisión Nacional de Energía aportó un estudio muy importante que demostró el negativo impacto de la inclusión de un guarismo.
Al efecto, se analizaron 96 subcuencas hídricas entre la Región de Arica y Parinacota y la de Los Lagos, sin considerar a las Regiones de Aisén y de Magallanes, en razón de haber sido excluidas de la discusión y del texto aprobado por el Senado, en atención a obedecer a políticas distintas que todos ustedes conocen.
Dicho estudio demuestra el impacto de incorporar metas de energías renovables no convencionales donde el potencial hidroeléctrico se reduce considerablemente.
De esa forma, el análisis demuestra que, de un potencial de polos de desarrollo cercano a 15 mil megawatts, el establecimiento de una restricción de 20 por ciento para las energías renovables no convencionales implicaría reducir el potencial a poco más de 5 mil 900 megawatts, es decir, a aprovechar solo el 41 por ciento de este. Peor aún: subir las restricciones a 30 por ciento implicaría reducir el potencial a 5 mil 500 megawatts. O sea, con suerte, se aprovecharía el 38 por ciento del potencial.
Por lo tanto, incorporar cualquier guarismo no hace más que inviabilizar el desarrollo de polos, lo cual constituye, en definitiva, un impedimento para el impulso de ese tipo de energías.
En particular, en cuanto a los proyectos de centrales "minihidros" -es una de las materias que se discutieron bastante tanto en la Comisión de Minería y Energía del Senado como en la Comisión Mixta-, que son consideradas energías renovables no convencionales (pues no superan los 20 megawatts), ante exigencias tan altas, no podrían ser calificadas como polos de desarrollo y no tendrían la oportunidad de construir conjuntamente una línea de transmisión de energía.
Por lo tanto, la única posibilidad es que las "minihidros" y las pequeñas generadoras eléctricas limpias unan sus fuerzas para que puedan entregar su suministro.
En consecuencia, se debe propender al estímulo correcto del desarrollo de las energías renovables no convencionales a través de estrategias que aumenten la seguridad del suministro, de la diversificación de las fuentes de generación y de la reducción de la dependencia externa, lo que contribuirá al desarrollo sustentable del sector, con menores impactos ambientales que las formas tradicionales.
La evaluación ambiental estratégica es el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general que tengan impacto sobre el medioambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, así como en sus modificaciones sustanciales.
Esta evaluación constituye un proceso sistemático, continuo y participativo que integra las consideraciones ambientales y de sustentabilidad en la formulación de decisiones estratégicas. En ese marco, son relevantes la conservación del patrimonio natural y cultural, la calidad ambiental, el uso sustentable de los recursos naturales, la promoción del bienestar humano y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
En la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, y en su reglamento se establece que se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales con consecuencias significativas sobre el ambiente o la sustentabilidad, y las que decida el Presidente de la República a proposición del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Particularmente, se explica que lo sometido a evaluación ambiental estratégica será la identificación de polos en relación con otros mecanismos de generación a nivel de planificación estratégica de energía, y que ello servirá como base para el informe técnico de cada polo de desarrollo que deberá elaborar el Ministerio del ramo, el que debe distinguir por cada tipo de fuente de generación.
Si bien preliminarmente se consideró el nivel regional, lo que parecía más eficiente, el acuerdo a que se llegó ayer fue que la evaluación se efectuara a nivel de provincia o provincias donde se encuentren uno o más polos de desarrollo, a fin de considerar la realidad local y los mecanismos de participación que la representen.
En tercer lugar, respecto a los decretos de expansión de la transmisión, la frase suprimida trata sobre los proyectos que requieran intervención de parte de un área protegida. La Ley sobre Bosque Nativo establece una declaración de interés nacional previa por parte de la CONAF.
Esa facultad estaba contenida en el mensaje; fue eliminada más tarde en el primer trámite constitucional e incorporada nuevamente en el Senado.
Se proponía en la norma que dicha declaración fuera por ley, por cuanto era el mismo Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que determina el trazado de las líneas de transmisión, integrado también por el Ministro de Agricultura, el que se pronunciaba sobre la franja respectiva, razón por la cual resultaba un trámite adicional el que la CONAF tuviera que dar su opinión. Sin embargo, se repuso la facultad y se requerirá la aprobación de la Corporación Nacional Forestal.
En lo relativo a la consulta indígena, se argumentó un eventual problema de interpretación. Por lo tanto, se busca precisar que dicha consulta será aplicable en caso de estudio preliminar de la franja, conforme a lo que establece el Convenio 169 y no un reglamento en particular.
Se precisa que el estudio preliminar de franjas se someterá al proceso de consulta o participación indígena, de acuerdo, como acabo de señalar, al Convenio 169 de la OIT. Ello no altera la esencia del artículo aprobado en el Senado, por cuanto el Convenio es el que determina cuándo utilizar el mecanismo.
Por último, señor Presidente, se propone un procedimiento específico en que también quedan resguardados los intereses de los particulares respecto al auxilio de la fuerza pública en caso de solicitud de ingreso a predios para llevar a cabo estudios destinados a la determinación de franjas.
De esta forma, el Ministerio podrá ingresar a las propiedades, pero deberá comunicar previamente al propietario la realización y las características de las intervenciones que se efectuarán para obtener su autorización.
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
Le daremos un minuto adicional para que concluya.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias.
En caso de negación del permiso de ingreso o de encontrarse sin moradores los predios respectivos, lo que deberá certificarse por un funcionario del Ministerio de Energía, quien actuará para tales efectos como ministro de fe, esa Secretaría de Estado podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
En general, señor Presidente, creo que se ha llegado a un buen texto, así que valoro el trabajo realizado por la Comisión Mixta. En definitiva, la labor que llevamos a cabo en el Senado junto con los asesores de Gobierno y Oposición, con el Ministro y con don Andrés Romero, va a redundar en un resultado muy positivo en cuanto al futuro de nuestro país en lo relativo a la posibilidad de entregar energías más limpias, más sanas y más baratas.
Anuncio que la Unión Demócrata Independiente votará a favor de las propuestas de la Comisión Mixta.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, solo quiero dejar constancia de mi inhabilidad, de acuerdo al artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El señor LAGOS (Presidente).- Así será consignado, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Seré breve, señor Presidente, porque en realidad tanto el Ministro como los colegas Isabel Allende y Alejandro García-Huidobro ya informaron en detalle el trabajo realizado por la Comisión Mixta.
Pese a la envergadura del proyecto, prácticamente no hubo diferencias con la Cámara de Diputados. Y las pocas que hubo se debieron más bien, diría yo, a inquietudes, algunos prejuicios o falta de información sobre cómo se implementarían los estudios ambientales estratégicos en las distintas zonas donde se establecerían los polos de desarrollo, o sobre cómo se iban a aplicar algunas normas relacionadas con el uso de la fuerza pública cuando hubiera alguna oposición al ingreso a los predios objeto de dichos estudios.
Otras inquietudes estaban vinculadas a la consulta indígena, las que, como se ha dicho acá, quedaron claramente despejadas.
Por lo tanto, señor Presidente, hay que insistir en la envergadura y la importancia de este proyecto, de esta ley en realidad, porque después de este trámite el proyecto ya será ley.
Lamentablemente, las buenas noticias no son noticia para los medios de comunicación. En los tiempos que vive el país, la señal que está entregando el Estado de Chile, el Gobierno, el Congreso, en términos de establecer condiciones para el desarrollo de un sistema de transmisión eléctrica que permita mayor competencia, la entrada de energías renovables no convencionales, el mejor aprovechamiento de nuestros recursos hídricos -que son los recursos naturales que tenemos en abundancia-, y que ello pueda hacerse, además, a través de pequeñas centrales de pasada, unido al esfuerzo en energía eólica, en energía solar, para que puedan incorporarse, a bajo costo, a una línea de transmisión única, es, sin duda, un aporte fundamental para el país que queremos en términos de desarrollo sustentable.
Desde hace varios años tenemos un serio problema con la cantidad, la calidad y los costos de la energía, que impide que seamos competitivos en una serie de ámbitos donde Chile debería serlo. El caso más concreto es el de la minería. Somos menos competitivos que otros países justamente por el problema del costo en energía. Lo mismo ocurre en otros sectores de nuestra economía que requieren de una energía de mejor calidad.
Por supuesto, con esta iniciativa también se busca, como lo decía el señor Ministro, mayor cantidad de energía, con una matriz más diversificada, de manera de no ser monodependientes o dependientes de un solo tipo de energía.
Además, la entrada al mercado de operadores distintos y la mayor competencia generarán, indudablemente, una baja en los costos, tanto para el sector regulado como para los clientes libres; para la gente, en general.
Eso es lo que hay que recalcar.
La implementación implica un rol mucho más activo del Estado para promover mayor eficiencia en el sector: competencia y eficiencia. Eso es lo fundamental.
No es casualidad que el energético sea el sector de la economía donde más se está invirtiendo en el país. Ello se debe a que se han generado condiciones que transmiten confianza, a que se han establecido certezas, a que en Chile existe un acuerdo muy mayoritario que respalda una legislación de este tipo, que permite pensar a 30 o 40 años plazo con reglas del juego claras y donde además se protege un objetivo que debiera ser permanente en nuestra sociedad en cuanto a los efectos medioambientales que generan proyectos de esta clase cuando no son bien trabajados, cuando no están bien planificados, cuando, en definitiva, no están bien hechos. Muchas veces se pensó que frente a una necesidad era posible operar sin tomar en consideración el tema medioambiental, la preservación de los ecosistemas, el respeto a nuestros pueblos originarios y sus costumbres, y otras situaciones.
De ahí, señor Presidente, que me parece conveniente relevar el acuerdo unánime que se adoptó en la Cámara de Diputados; el trabajo que realizó la Comisión Mixta; la labor que efectuó la Comisión de Minería y Energía del Senado; el esfuerzo desplegado por el Gobierno y el Ministerio del ramo en esta materia, y el cumplimiento, en el que muchos no creían, de la Agenda Energética establecida en el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Esta es, tal vez, una de las señales más potentes que podemos dar como país a los distintos mercados e inversores en términos de que Chile se encuentra en condiciones de retomar una senda de crecimiento que garantice una mayor equidad y una mayor igualdad en el país.
Es la razón por la cual nosotros vamos a aprobar con mucho gusto y además con mucho orgullo este proyecto de ley, el que ojalá se transforme en una muy buena noticia para los chilenos el día de mañana.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a continuación al Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, tal como lo he hecho permanentemente en proyectos relacionados con temas eléctricos, de acuerdo al artículo 5° B de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y al artículo 8° del Reglamento del Senado, me inhabilito para esta votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja constancia, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, de este proyecto quiero destacar un punto que no fue motivo de controversia, como es el hecho de que vamos a tener un ente regulador que no será manejado por las empresas, como ocurre hasta la fecha, en que ellas toman las decisiones no solo en lo que dice relación a los despachos de carga, sino también respecto a las políticas públicas relativas a energía.
En segundo lugar, deseo destacar asimismo que los polos de desarrollo energético -hay que usar el nombre completo, porque se tiende a confundir- van a ser motivo de evaluación ambiental estratégica y a tener ordenamiento territorial, lo cual permitirá armonizar el buen uso del territorio. Desde luego, esto también es muy relevante.
Después, los ajustes de la franja son un tema que, por cierto, habrá que enfrentar en la fase de estudio, para no ir en contra de proyectos alternativos determinados. Se ha aclarado que la idea es fomentar el porcentaje de energías renovables no convencionales. Y me alegro de que Senadores como Adolfo Zaldívar ya hayan tomado el concepto de la guitarra eléctrica...
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
¡Andrés!
El señor HORVATH.-
Perdón: Andrés Zaldívar. A Adolfo le mandamos saludos, allá arriba: que descanse en paz.
Efectivamente, hay que buscar la forma de que una sola línea sirva a un conjunto de sectores, y para eso existen algunos instrumentos CORFO que todavía se están usando de una manera muy precaria. La idea es mejorarlos, a fin de asegurar, de algún modo, el financiamiento para los actores futuros que hagan uso de esa línea común.
Además, quiero destacar que el Ministro ha honrado el que este proyecto no entre en competencia con los sistemas medianos, que son los que manejan menos de 200 megawatts y están desde Puerto Montt hacia el sur. Estoy refiriéndome a la provincia de Palena, a la Región de Aisén y a las zonas de Magallanes, que tienen condiciones distintas y mayores requerimientos de ordenamiento y evaluación ambiental estratégica, por los enormes potenciales que poseen.
Sí quiero pedirles a los Ministros de Economía y de Energía -por su intermedio, señor Presidente- la implementación de una política especial para la zona austral, que la refuerce con nuevos generadores que ya se han solicitado. Hay un decreto que permite que se integren a estas redes que son monopolio, por cuanto tenemos la sequía más grande de los últimos 2 mil 500 años, producto del cambio climático. Por lo tanto, las centrales hidroeléctricas que se surten de ríos y arroyos menores están secas, y es necesario considerar que existe una gran cantidad de proyectos que permiten centrales hidroeléctricas medianas, de pasada, que no alteran el territorio y que se pueden levantar en menos de dos años. Del mismo modo, hay centrales eólicas que se pueden levantar en menos de un año.
En este sentido, solicito que tales Ministerios gestionen, también ante los gobiernos regionales, un ajuste al plan de desarrollo de zonas extremas, a fin de que este incorpore dichas iniciativas y, de paso, sea posible descontaminar una de las ciudades más contaminadas del mundo hoy en día como es Coihaique.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra a continuación el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, el año pasado nosotros aprobamos en el Congreso Nacional un cambio estratégico en el ámbito energético al permitir, a través de la ley, que se licitaran bloques de energía de menor tamaño y además por bloques horarios, facilitando el ingreso de energías renovables como la solar, la eólica y otras.
Fue toda una revolución, cuyo impacto y consecuencias el país advierte al transformarse el sector energético en el que concita las mayores inversiones del país.
Pero necesitamos complementar ese proyecto de ley mediante el establecimiento de una línea de transmisión de uso público que permita precisamente a los pequeños o medianos productores de energías renovables poder acceder y llegar con su producto a los distintos sectores que la necesitan.
Y se ha logrado conformar una iniciativa legal que resuelve varios temas muy complejos.
Primero, el ordenamiento territorial a nivel de provincia, en vez de región, con los estudios de impacto ambiental y las consultas indígenas pertinentes, como lo establece nuestra normativa. Al respecto, se despejaron algunas dudas que existían para efecto de los estudios de impacto ambiental y la validación correspondiente.
Incluso más, también se consignaron ciertos mecanismos prácticos para llegar al lugar donde se deben hacer los estudios de trazados, de manera tal que estos no puedan ser impedidos por algún propietario. Y, por lo tanto, se recurre al uso eventual de la fuerza pública solo como última instancia y con las debidas garantías al dueño de la propiedad en la cual se tenga que realizar el estudio de trazado.
En síntesis, los acuerdos consensuados en la Comisión Mixta apuntan a perfeccionar la normativa al contemplar una focalización en el proceso de evaluación ambiental estratégica, radicándolo a nivel de una o más provincias, permitiendo así un equilibrio en el uso del territorio; a mantener la potestad de la CONAF en su declaración de pertinencia; a respetar el proceso de participación y consulta indígena, según corresponda; y a salvaguardar el uso de la fuerza pública como última instancia, dando garantías a los propietarios en el proceso de estudio del trazado eléctrico.
En definitiva, se despejaron adecuadamente, a nuestro entender, los temas que quedaron pendientes y las diferencias entre ambas Cámaras. Y, en consecuencia, tenemos un muy buen proyecto, que debemos aprobar.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, vuelvo a intervenir porque antes lo hice a fin de dar a conocer el informe de la Comisión Mixta.
Quiero reiterar que este proyecto es realmente un aporte muy muy importante para nuestra matriz energética; para la economía de nuestro país; para las garantías que debemos tener a futuro como potencial de crecimiento; para la seguridad que habrá que entregar en las transmisiones eléctricas; para que no pueda existir peligro de blackout; para que podamos tener más holgura en cuanto a potenciar justamente una mayor capacidad de nuestro mecanismo energético, sin poner en peligro el sistema; y sobre todo, para desarrollar este mercado competitivo y que, al final, haya más actores y esto redunde en la baja de precios de la energía. Es lo que más nos importa, pues, como muy bien señaló el colega Pizarro, quienes representamos a regiones mineras sabemos perfectamente que, además de la baja del precio del cobre, lo que resta competitividad es el alto precio de la energía, situación que nos genera dificultades aun mayores de las que tenemos hoy día incluso con el actual precio del metal rojo.
Esta será una ley que mejorará estándares de seguridad y la calidad de los servicios que el propio sistema entrega. Por consiguiente, es fundamental para un desarrollo como el que queremos en nuestro país.
Vuelvo a recalcar que este proyecto obedece a un acuerdo unánime de la Comisión Mixta, y que lo que vamos a votar ahora en el Senado permitirá incorporar, cuando se transforme en ley -como manifesté al inicio-, más energías renovables a la matriz energética.
En tal sentido, vale la pena llamar la atención en cuanto a que uno no puede quedarse sentado esperando que los competidores se coordinen a fin de poder incorporar las energías renovables a la matriz energética. Para nosotros, la coordinación entre competidores de un sector, como la transmisión y la generación de energía, debe hacerla el Estado y no el mercado. Esto es muy importante porque hasta ahora prácticamente ha ocurrido lo contrario: tenemos un mercado donde solamente hay tres grandes generadoras -no contamos con muchos actores-, y lo que queremos es buscar más competitividad, más actores para que ello redunde en la baja de precios de la energía. Pero no solo eso: lejos de poner obstáculos, deseamos facilitar que nuestro país logre ir generando aún más energías renovables no convencionales o generación de electricidad a través de energías renovables no convencionales; porque no solo son más económicas, sino también limpias y no contaminantes.
Lo anterior, entonces, nos obliga precisamente a apoyar la idea que tiene este proyecto, porque ya señalamos el ejemplo: puede haber una serie de pequeñas centrales minihidro pero que no tienen por sí solas la capacidad de generar una línea de transmisión. No obstante, si son coordinadas y el Estado interviene en ello y facilita la ley, como lo va a hacer, se permitirá que se desarrollen.
Por ejemplo, hoy día tenemos en el norte generaciones importantes, particularmente en la Región que yo represento, y también el Senador Prokurica. Ahí podemos tener bastante potencial a través de energía fotovoltaica. En algunos casos, no tanto en nuestra Región, sino un poco más al sur, en la de Coquimbo, hay energía eólica. Pero no se puede subir al sistema porque no existen las condiciones para llegar justamente a la transmisión.
Entonces, no sacamos nada con que la gente invierta en proyectos de energía.
Eso implica toda una inversión y resulta que no se logra ser efectivo a la hora de incorporarse al sistema y contribuir así al crecimiento del potencial eléctrico.
Por otro lado, es importante referirse también al artículo 85, sobre fortalecimiento de la evaluación ambiental estratégica para los polos de desarrollo de generación eléctrica. Dicho precepto regula esta materia y en él se ha incorporado una referencia directa al ámbito territorial que debe tener esa evaluación.
Se ha especificado que eso puede ser a nivel de provincia, para que en los hechos pueda brindarse una participación efectiva a las comunidades. Pero también ha quedado en la historia de la ley que, si bien es posible realizar la evaluación ambiental estratégica en más de una provincia al mismo tiempo, se debe llevar a cabo dentro de un área con cierta homogeneidad territorial a fin de que se evite desvirtuar tal herramienta.
Eso es muy relevante porque, al final, el Ministerio de Energía elaborará un solo informe técnico por cada polo de desarrollo que considere.
Ahora bien, respecto a la participación de las comunidades indígenas, es un punto que hicimos ver con motivo de la determinación de la franja. Consideramos que no puede quedar ninguna duda sobre la consulta o participación indígena, de acuerdo con el Convenio 169, que así lo dispone. Es decir, lo garantizamos.
Lo anterior es muy importante porque se trata de algo que va a quedar en la ley, e incluso en el reglamento. De esta manera se deja claro el respeto de la Ley Eléctrica al Convenio 169, que nuestro país ha suscrito.
En lo referente a la Ley de Bosque Nativo -como lo expliqué en su momento-, se ha evitado generar una nueva preeminencia de la Ley Eléctrica por encima de esa otra normativa. Es decir, solo CONAF -en el futuro el Servicio de Biodiversidad- podrá determinar si es imprescindible, en algún caso excepcional, el que tenga que establecerse una línea de transmisión.
Repito: solo CONAF.
Eso es muy significativo, porque es lo que rige actualmente. Se había eliminado pero se recuperó.
O sea, le corresponderá aquello hoy a ese organismo, y mañana, al Servicio de Biodiversidad. Esto garantiza ir avanzando en lo que hemos señalado.
Por cierto, como país, necesitamos una diversificación de la matriz energética, avanzar en energías renovables no convencionales o energías renovables limpias, no contaminantes.
Como Estado, tenemos que asegurar que es posible lograrlo, pero con el fin de conseguirlo se requiere que tales energías puedan subirse a los sistemas de transmisión. Y, por lo tanto, se debe procurar dejar abierto el acceso a ellos.
No queremos cuellos de botellas como los que hoy día existen. Puede haber muchas producciones pequeñas; sin embargo, son incapaces por sí solas de costear una línea de transmisión. Y, por consiguiente, no se van a incorporar, o -como aquí se ha señalado- se puede dar el absurdo de la guitarra. ¡No la que toca el Senador Andrés Zaldívar...!, pero sí la guitarra que puede significar tener un conjunto de líneas paralelas.
En todo caso, está claro que aludo a una cantidad de líneas en paralelo, lo cual no tiene ningún sentido porque estamos hablando de proyectos que son un poco mayores y que tendrían la condición de costear su propia línea.
Permítanme esta analogía: esto es como cuando uno ve en mi Región, la de Atacama, que cada proyecto minero quiere tener a su vez su propio proyecto desalador, y al final se termina teniendo nueve proyectos de plantas desaladoras, en circunstancias de que uno debería decir: "Ojalá que hubiese un Estado capaz de coordinar y evitar un absurdo que no solo tiene impacto sobre nuestra fauna marina, sino que además, evidentemente, carece incluso de mayor impacto energético".
Eso es exactamente lo que tratamos de hacer.
En conclusión, señor Presidente, creo que este es un tremendo y necesario proyecto para potenciar el desarrollo del país. Pero, cuando hablamos de "desarrollo del país", siempre tenemos que pensar que no solo nos estamos refiriendo a un desarrollo más inclusivo, sino que debemos considerar que tiene que ser cuidando y preservando nuestro medio ambiente y la naturaleza.
Por eso, creo que este proyecto es capaz de armonizar, de reglar y de brindarnos los estándares y seguridades necesarios para que miremos cómo vamos a potenciar y diversificar nuestra matriz energética en el futuro y no sigamos -como hasta el día de hoy- siendo un país tremendamente dependiente, que no tiene fuentes de petróleo ni genera otros gases que le permitan ser autónomos.
Por lo tanto, con mayor razón y más que nunca requerimos apoyar el diseño de matriz energética propuesto por este Gobierno, al que hemos felicitado muchas veces en esta Sala, empezando por el Ministro de Energía, quien hasta ahora ha honrado todos los proyectos de ley relacionados con el Programa Energético 2050.
Estimamos, pues, que nos hallamos caminando en la senda adecuada. Por eso, entrego mi apoyo a esta iniciativa.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, pienso que todos entendemos que hay males necesarios. Y este es uno de ellos.
Porque a nadie le interesa un sistema de transmisión. Todos queremos vivir al margen de eso, tener electricidad, que haya disposición de basura, contar con un conjunto de bienes, en fin. Pero nadie desea asumir los costos.
Me parece que Chile debe caminar responsablemente y hacerse cargo de este asunto. Porque no existe ninguna posibilidad de esquivar esa situación. Además, para nosotros ello solo abre oportunidades.
Se trata de una gran carretera -y estimo relevante que hayamos tomado la decisión de avanzar en tal sentido-, pero se requieren políticas complementarias.
La Senadora Allende dijo: "Nosotros hoy día tenemos un problema de competitividad, porque debemos traer combustibles fósiles de lugares muy apartados".
No obstante, esa era ya terminó, señor Presidente.
Chile va a ser el centro mundial donde gravitará la energía del planeta: específicamente, en el desierto de Atacama. Y debemos prepararnos con tal fin.
Y, justamente, esta carretera solo tiene que servir para incentivar políticas más agresivas todavía al objeto de transformar a nuestro país en ese centro energético planetario.
La energía del futuro estará constituida por sistemas de generación distribuida; es decir, muchas pequeñas fuentes (también medianas o más grandes) van a empezar a producir energía. Y las tendremos que interconectar todas.
Son sistemas transversales que necesitaremos comenzar a integrar a esta supercarretera que unirá a Chile desde el punto de vista energético.
Ello requiere la decisión política de apoyar al Ministro en la idea de empaquetar proyectos.
No podemos dejar que el mercado por sí solo, en función de sus intereses, sin una lógica de país, desarrolle los proyectos que estime pertinente llevar a cabo.
La crisis del cambio climático es tan brutal, tan acelerada que Chile tiene que anticiparse. Y debe empaquetar proyectos hoy día para que estén funcionando de aquí a diez años, y para que podamos no solo por razones de negocios, sino también por una cuestión de ética de vida, colaborar en disminuir los efectos del cambio climático y sustituir los combustibles fósiles que estarán proscritos en cinco años más en el mundo.
Aquí primero hay un compromiso con el planeta, con la sociedad mundial, y nuestro país puede ayudar. Al mismo tiempo, para Chile aquello va a ser tal vez el negocio más importante, mucho más interesante que el realizado con el cobre y con el salitre.
Por primera vez tendremos un negocio relacionado con inteligencia, con desarrollo, con una lógica distinta.
Seguramente, aprender de esto va a ser terapéutico, para empezar a mirar la astronomía, la innovación y el desarrollo científico de manera distinta.
No obstante, también considero bueno que aterricemos lo anterior en el vivir cotidiano.
A muy corto plazo en el mundo entero solo habrá vehículos eléctricos. Y ello va a ser un problema en muchos países, menos en Chile, que podrá usar el excedente de energía solar que justamente se produce en mayor cantidad durante el día a través de la acumulación y la movilidad de autos y de buses, pero no solo de esta movilidad de autos y buses, pues el principal sistema de acumulación para la noche es el de las mismas baterías de autos y buses. Si multiplicamos esto por los dos millones de vehículos que circulan hoy día -a futuro quizás sean más-, veremos que ellas significarán un inmenso potencial de almacenamiento de energía. Y tal vez ni siquiera deberemos construir sistemas termosolares para acumular energía de noche, porque eso se hará en sistemas bastante más pequeños y colaborativos. Esto nos dará una solución a problemas que a otros países les va a costar mucho más resolver.
Por lo tanto, aquí hay un proceso de transición. Estamos viviendo la agonía, los estertores de la civilización del petróleo.
Chile tiene la oportunidad de ser quizás uno de los países más beneficiados del planeta. Y con buenas políticas, como las que se están implementando, podemos aprovechar aquello.
Y quiero llevar esto a cosas muy concretas.
Hoy día miles de chilenos de Santiago al sur, en particular niños y adultos mayores, están sufriendo graves enfermedades provocadas por la contaminación.
En estos últimos días han muerto niños pequeños por epidemias de virus. Todos sabemos que la mezcla de frío, virus y contaminación, en especial PM 2.5, es letal.
En Santiago hemos llegado a tener 750 microgramos por metro cúbico de PM 2.5 en 24 horas.
La norma chilena es de 50 microgramos por metro cúbico.
Por cada 10 microgramos que se supera la norma la mortalidad aumenta en 6 por ciento.
¿Qué quiere decir eso?
Si sube de 50 microgramos a 60, tenemos 6 por ciento de incremento en la mortalidad. Si sube a 70, existe 12 por ciento. Y cuando llegamos a 100 microgramos, habrá aumentado varias veces. Pero cuando llega a 750 microgramos, el incremento es dramático.
Eso ocurre en Temuco, en Coihaique, en Osorno, en San Fernando, en Chillán, en la gran mayoría de las ciudades de nuestro país. Y esto, lamentablemente, por el combustible que se usa: la leña.
Ahora bien, ¿por qué yo veo que aquí hay una inmensa oportunidad para cuestiones concretas? Porque el día que interconectemos todas esas fuentes de energía y tomemos con más fuerza las decisiones, el sistema energético de Chile se basará, no en la leña, sino en la energía solar.
La energía solar va a ser la gran solución a fin de que la gente se calefaccione, cocine, se movilice, en fin. Porque, además, es infinita.
Por lo tanto, para Chile hacer esta apuesta es una prioridad: una prioridad estratégica hacia el futuro, una prioridad de innovación, pero también una prioridad para resolver problemas asfixiantes que afectan la salud y nuestro patrimonio humano y genético. Porque la contaminación empieza a dañar el material genético de los seres humanos de modo muy dramático, y por eso aparecen los cánceres.
Y la solución, paradojalmente, es la misma energía solar.
Por eso, la referida interconexión hay que mirarla con mayor profundidad en cuanto va a implicar un modo de desarrollo. Pero, al mismo tiempo, para ello debemos explorar también otras alternativas, como la geotermia o la energía mareomotriz, donde Chile es el país con mayor potencial a nivel mundial.
Chile fue marcado hacia el futuro: posee los recursos más importantes del siglo XXI en energía.
Ahora, lo que estamos haciendo hoy día es transitorio.
Yo lamento decirle al Ministro que su proyecto no va a durar más de diez años. Porque en diez años más los sistemas de transmisión serán inalámbricos, mediante microondas. No se utilizarán cables.
Lo anterior va a mejorar todavía más la situación.
O sea, a las personas que se sienten afectadas yo les diría que se trata de una transición.
Japón ya logró transmitir una cantidad importante de kilovoltios hasta una distancia de 8 kilómetros en laboratorio, utilizando un sistema de captadores que se hallan "satelitando" el planeta.
Creo que esos avances van a llegar muy rápido a todos los rincones de la Tierra.
Entonces, nosotros estamos viviendo una transición.
Un poco para tranquilizar: esto no es para siempre.
Creo que la tecnología bien usada nos va a ayudar a superar muchos de los problemas y prejuicios que existen con esos sistemas.
La enseñanza que vemos es que en dos años de buen Gobierno, de decisiones correctas hemos logrado lo que Chile no hizo en cerca de 30 años.
Pienso que si seguimos a este ritmo e impulsamos tales políticas, nuestro país puede jugar un rol central en materia de energía, como ocurre en la astronomía.
Ojalá que se extienda a otros campos.
La política energética es la política más importante de un país.
Las naciones desarrolladas y poderosas saben que la política energética es la principal política, la política madre de todas las políticas, y no la economía.
Es la política energética la que determina el modelo económico y no al revés.
Por lo tanto, Chile hoy día tiene un gran salto que dar.
Si nos tomamos en serio aquello; si aprovechamos la reforma educacional que estamos introduciendo; si le damos un sentido y entendemos que tenemos una vocación; si ponemos el foco en lo que estamos haciendo en otras reformas en función de estos proyectos y lo unimos y descompartamentalizamos, creo que podremos acelerar el tranco y lograr los objetivos propuestos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¡Esta iniciativa ha permitido traer a la Sala al Senador Navarro...!
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, estaba en una reunión con los asistentes de la educación de la Región de Magallanes, a petición del Senador Bianchi. Dichos trabajadores ven con preocupación que sus derechos sufren un evidente desmedro en el proyecto de ley que está siendo tramitado en la Cámara de Diputados, particularmente en relación con las corporaciones privadas de educación.
En la materia que nos ocupa, quiero señalar que comparto con el Senador señor Girardi el reconocimiento de las ventajas de contar con una línea de trasmisión eléctrica a lo largo del país. ¡Eso es innegable!
Además, no se puede producir energía sin trasmitirla.
Quiero recordar que la Región del Biobío -el Ministro lo sabe muy bien- es la zona con mayor generación eléctrica en Chile, con un 33 por ciento de aporte al Sistema Interconectado Central (SIC). Esperamos que este sistema sea global una vez que se logre la conexión con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Ello hará más eficiente la transmisión y bajará la presión de generar, generar, generar, centrando el esfuerzo en la producción de energía necesaria y adecuada con el cuidado del medio ambiente.
Voy a referirme a lo aprobado por la Comisión Mixta en torno a la participación de los pueblos originarios.
Quiero advertirlo: el acuerdo es someter el asunto "al proceso de Consulta o Participación Indígena".
El Convenio 169 de la OIT considera tres niveles: participación, consulta y consentimiento. Se han elegido los dos primeros, como se lee en el informe de la Comisión Mixta.
Eso abre un camino. Tengo la certeza de que la opción que se aplicará va a ser la de participación y no la de consulta.
Además, la ley faculta el uso de la fuerza pública en caso de encontrarse sin moradores los predios o de existir oposición al ingreso a estos.
Solo quiero advertir que, en los territorios ancestrales de los pueblos originarios, si el Estado se comporta como lo hace hoy con las forestales mediante ciertas políticas públicas, ¡no va a haber acuerdo!
Yo pregunto al señor Ministro: ¿qué acuerdos se concretarán?
Porque actualmente, cuando hay franjas de expropiación, ¡los pequeños propietarios son barridos por el MOP! Los defendidos son los poderosos: ellos tienen abogados y pueden obtener un buen precio. El MOP y las concesionarias negocian con todos los chicos ¡abusando de la necesidad!
Siento que la tan defendida garantía de la propiedad privada se supedita y disminuye frente a la Ley General de Servicios Eléctricos.
El proyecto señala que un reglamento del Ministerio de Energía regulará cómo proceder en la determinación de franjas preliminares. Entendiendo el aspecto preliminar contemplado en dicha norma, hago presente que la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y, por cierto, la Ley Indígena establecen todos los requisitos para la franja definitiva.
De no existir aquello, tendremos una situación muy compleja.
Ministro, ¿quién va a hacer esa expropiación? ¿El Estado? ¿Un privado?
Porque cuando se expropia una franja a quien tiene poco, el efecto es muy significativo. Pero si se expropia a quien tiene mucho, en los hechos da lo mismo.
¿Cómo resguardamos los derechos de los pequeños ante una expropiación?
¡Esa es una pelea muy desigual!
Para las comunidades indígenas, el castigo será doble. Les afectan ya suficientes problemas en sus territorios ancestrales. Una línea de trazado eléctrico va a constituir una nueva intervención.
Lo aprobado por la Comisión Mixta incluye el uso de la fuerza pública. Quiero decir que me incomoda esta votación. Si no hemos logrado resguardar el debido derecho de quienes se oponen al ingreso al predio o no se encuentren en su propiedad, generará un problema el hacer cumplir lo dispuesto mediante el auxilio de la fuerza pública. Yo esperaría que esta medida fuera siempre la última instancia.
Señor Ministro, ¡siempre la última instancia!
Un reglamento, expedido por el Ministerio de Energía, "establecerá las disposiciones necesarias para la adecuada ejecución del proceso de determinación de franjas preliminares.". Si es así, está claro que habrá una responsabilidad.
Digámoslo francamente: en este plano quienes se llevan el repudio son los carabineros, quienes deben hacer cumplir la ley. Pero su intervención refleja el fracaso de las medidas legales y administrativas.
Preferiría que en esta materia quedara explícitamente en la ley la aplicación de la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la OIT. Porque la participación involucra a las juntas de vecinos, a las organizaciones no gubernamentales, a las entidades culturales; en fin, a toda la comunidad. Y en medio de ese universo, los pueblos indígenas serán una parte más.
Por lo tanto, las áreas de conflictividad para concretar el trazado eléctrico van a ser muy claras en el sur y en el norte de Chile.
Quiero apostar, por el bien común, que toda franja va a ser autorizada y bien utilizada. El bien de la patria así lo amerita.
Ahora último, con la gestión de nuestro Ministro, tenemos cierto equilibrio en lo relativo a la generación y transmisión de energía.
¡Y contra la Ley Eléctrica, nada!
¡Ahí está Ralco! ¡Ahí está Pangue en Alto Biobío!
¡Contra la Ley Eléctrica, nada!
Los pehuenches pagaban la electricidad más cara de Chile, habiendo entregado su río y su tierra natal. Durante veinte y tantos años no fuimos capaces de morigerar aquello. Recién hoy día tenemos en Santa Bárbara y Ralco una electricidad más barata que en el resto de Chile, como siempre debió ser. Y esto es producto de la Ley de Equidad en las Tarifas de Servicios Eléctricos.
Pero a veces las leyes son injustas, aunque las aprobamos creyendo que pueden operar de manera justa.
Hoy día establecemos un procedimiento, y espero que este, cualquiera que sea el Ministro, cualquiera que sea el Gobierno, opere de modo correcto: respetando los derechos de todos, sin importar el tamaño ni el poder económico de los afectados; todo ello, por el bien del país.
Se requiere una línea de transmisión eléctrica, pero se precisa también respetar el medio ambiente y la propiedad privada de todos, de los chicos y de los grandes.
Yo siempre digo: hay que proteger a los chicos, porque los grandes se defienden solos. Estos tienen abogados, tienen dinero, tienen apellido, tienen tradición, tienen poder. Los pequeños son los que sufren los estragos.
En Chile no existe un ombudsman, un defensor del pueblo. Esa es una deuda del Estado de Chile. Si existiera dicha institución -y sabemos que el Estado abusa-, las personas serían defendidas. ¡Pero quedan sin ningún tipo de resguardo!
Si las leyes dejan margen para el abuso, el Estado va a operar en ese sentido, a veces sin siquiera saber a quién afecta.
Por eso, señor Ministro, hay plena conciencia de la importancia de esta futura ley y de los avances significativos que ha introducido esta Administración en la regulación de un área muy compleja, con distorsiones, que requería la adopción de una política de mediano y largo plazo en materia de generación de energía, todo lo cual ha traído estabilidad y -lo más importante- bajos precios.
Es una apuesta relevante: si las tarifas bajan, las empresas que cerraron en la Región del Biobío por el alto costo de la energía van a poder reabrir. Y vamos a recuperar el empleo y, por cierto, el crecimiento.
Hay quienes dicen que debe haber crecimiento económico para que sea posible distribuir riqueza y enfrentar la pobreza. Pues bien, parte sustantiva de ello se consigue por esta vía.
Sin energía, el país no se mueve. Y estamos contribuyendo a que eso ocurra.
Solo quiero pedir que, en este afán que nos involucra a todos, respetemos a los pequeños propietarios.
Voy a votar a favor de lo propuesto por la Comisión Mixta.
Espero que los Diputados fiscalicen el cumplimiento de estas normas y que el Senado -mal que mal, estaremos acá hasta el 2021- tenga la oportunidad de hacerles seguimiento a los resultados de esta ley. Si lo planteado no se cumple, actuaremos con la misma fuerza y convicción con que hoy día damos nuestra aprobación a este proyecto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, fruto de la casualidad o el azar me tocó hablar con posterioridad al Senador Navarro; así que colaboraré en rectificar dos de sus dichos que son errados, para que no generen confusión entre quienes estén siguiendo este debate.
Obviamente se trata de problemas complejos, de hechos importantes. No es que sean errores cometidos de mala fe.
El primero es que aquí no hay expropiación. ¡No la hay! Aquí se aplica un sistema de servidumbre o concesión, que es completamente distinto de la expropiación desde todo punto de vista (jurídico, de procedimiento, de efectos, de duración en el tiempo).
Creo que la forma correcta de realizar tales procesos es a través de la servidumbre y la concesión.
Por tanto, ¡aquí nadie expropia!
Por lo demás, el Estado es el único que, técnicamente, podría expropiar. ¡Nunca un privado!
Reitero: no hay expropiación, sino servidumbre o concesión.
A mi juicio, eso queda resuelto de buena manera.
Segundo, estuve revisando en detalle la norma -analicé también lo establecido en el primer informe- que faculta el uso de la fuerza pública para ingresar a determinados predios en ausencia de sus moradores.
Hay que reconocer que la propuesta de la Comisión Mixta es mucho mejor que lo que había, porque se adoptan más resguardos, precisamente, para evitar cualquier tipo de abuso.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados señala lo siguiente: "Para el adecuado desarrollo del estudio regulado en los incisos precedentes," -ese es el tema de fondo- "el Ministerio podrá ingresar a todas las propiedades fiscales, municipales y particulares en que sea necesario, a través de la o las personas que para tal efecto designe.".
Ahora se agregan, además, los procedimientos a seguir cuando exista oposición al ingreso a terrenos o cuando no haya moradores, así como la obligación de dejar constancia de los hechos por parte de un funcionario del Ministerio designado al efecto.
Entonces, la situación es al revés de lo que se manifestó. Queda bien resuelto un aspecto que, quizás, en su origen pudo ser un poco más discutible.
A mí también me parecía un poco violenta la redacción de esa norma, pues se otorgaba un derecho casi ilimitado para ingresar a un predio a efectos de elaborar un estudio. Pero se pueden dar tres situaciones distintas: una, que haya autorización; otra, que no se encuentren los moradores, y la última, que exista objeción. Lo valioso es que la propuesta de la Comisión Mixta contempla qué hacer en cada caso. Me parece que eso apunta en el sentido correcto.
Pedí hacer uso de la palabra porque también quiero sumarme a la valoración de este proyecto. Alguien sostuvo al inicio del debate, con razón, que las buenas noticias no salen en ninguna parte. Pues bien, ¡esta es una buena noticia!, una con respaldo transversal, que comienza a resolver un asunto que, a mi juicio, dice relación con dos ejes centrales.
El primero implica pensar en Chile, de una vez por todas, a través de políticas de mediano y largo plazo, con sentido de futuro y realismo. Esta no suele ser una característica propia del Estado ni de nuestro país. Somos más bien buenos para improvisar, para actuar en el área chica.
Aspiro a que se aplique en otras políticas públicas la capacidad de pensar en Chile, a lo menos, a treinta años más, en particular respecto de un ámbito tan sensible como la transmisión eléctrica.
Lo dije en la Comisión y durante el debate en general en la Sala, y lo voy a repetir nuevamente: una de las cosas más injustas acerca de cómo funciona el sistema actual radica en el hecho de que estos asuntos (al igual que la ubicación de los vertederos o de las cárceles) no suelen resolverse en nuestro país en función de un criterio objetivo, sino sobre la base de presiones, de silencio, de fuerza y de otras consideraciones, que, en mi concepto, son profundamente incorrectas.
De ese modo, la gente de ciertos lugares, por haber manifestado menos oposición, tenía la mala suerte -entre comillas- de ver materializada la construcción de dichos establecimientos, que resultan indispensables para una sociedad. Esta no puede vivir sin cárceles, sin vertederos, sin transmisión eléctrica.
A nadie le gustan las torres; a nadie le gustan los recintos carcelarios; a nadie le gustan los vertederos. ¡Pero deben instalarse en alguna parte!
La gracia de lo propuesto por la Comisión Mixta es que se determinarán los polos de desarrollo sobre la base de criterios objetivos. El punto no se va a resolver ahora dependiendo de si hay menos o más gritos. A mi juicio, esta es una derrota para los que meramente gritan y una victoria para quienes piensan. Equivale a decir: "Hagamos las cosas por este lado; no vayamos por el otro".
Eso representa un profundo activo para Chile en esta materia.
En zonas como la que represento tales normas serán muy importantes. En los ríos de la Región del Maule se cuentan trece sistemas de transmisión paralelos, distintos. Si hubiera existido una sola franja, se habría registrado un tremendo ahorro para los terceros y para los diferentes proyectos energéticos.
El segundo eje del proyecto es que abre la competencia, lo cual me parece positivo.
Algo señaló al respecto el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, cuando sostuvo que no había que pensar siempre en los poderosos. En mi opinión, esta futura ley favorece particularmente a los medianos y a los pequeños, pues les facilita los caminos para que sus proyectos puedan ser viables, por cuanto, de otra manera, no lo serían.
Y eso está bien.
Cuando se define el polo de desarrollo, en el fondo se dice: "Mire, señor, aquí vamos a abrirnos a la competencia. Los que cumplan con los requisitos en este ámbito van a acceder a la instancia de transmisión". Ello es distinto de lo que sucedía hasta ahora, en que cada uno debía generar su propio sistema de transmisión, lo cual provocaba un desgaste social, que afectaba a los vecinos y también a los emprendedores.
Todo eso tiene un profundo significado y refleja lo virtuoso de la iniciativa.
Ahora, hay un punto que fue motivo de discusión, respecto de lo cual considero positiva la solución dada. Me refiero a si los informes técnicos deben responder a una lógica regional o a una provincial.
Dentro de una región conviven provincias muy distintas. Y eso lo sabemos todos. Uno no puede afirmar que lo que le pasa a una (en la Región del Maule, por ejemplo) le va a ocurrir a otra, como si todas fueran iguales. Algunas provincias tienen costas; otras sufren los efectos de la polución; otras enfrentan desafíos hidroeléctricos completamente distintos.
Me parece bien, aunque sea un poco más exigente, elaborar un informe provincial a efectos de realizar la evaluación ambiental pertinente, lo que resulta muy significativo en este tipo de proyectos.
Pedí intervenir, señor Presidente, para hacer mi aporte y para consignar -porque me importa la historia de la ley- ciertas frases erradas. No corresponde decir "¡Pero cómo van a aceptar algo que puede ser A, B o C!", si se reflexiona el punto y se advierte que la norma propuesta resuelve de mejor forma el problema.
Aquí termina la tramitación del proyecto. Este ya pasó por la Cámara de Diputados y el Senado. Solo resta esperar que se publique la ley.
Nos podemos sentir contentos por haber sacado adelante esta iniciativa.
Creo que al Ministro de Energía, presente en la Sala, le corresponde todo el mérito. No tengo ningún problema en manifestarlo.
¡En materia de horas se equivocó mucho, pero en esto ha cumplido...!
La señora ALLENDE.-
¡Ya corrigió...!
El señor COLOMA.-
¡Ha purgado sus pecados...!
Además, esto constituye una política pública que puede ser replicada en otras materias. Ojalá lo pensemos así.
Hay muchos temas sociales que deben contar con planteamientos de largo plazo, con lógicas de competencia y estrategias que apunten a disminuir el impacto social. A veces las personas se ven enfrentadas al desafío de recibir en sus comunas construcciones o instalaciones que, probablemente, no son de su agrado, pero que son indispensables para la sociedad.
El paso siguiente es establecer algún tipo de beneficio para estas comunidades. Se nos explicó que ello sería parte de otro proyecto. Si uno piensa en el Chile del futuro, cabe entender que a las localidades que son objeto de determinadas intervenciones por motivos de bien común se les debería conceder un beneficio o algún mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, quienes, sin pedirlo, quedaron sometidos a una suerte de gravamen.
Ahí podemos llegar a tener algo mucho más armónico, que nos va a permitir enfrentar de mejor manera el futuro.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE.-
¡Un momento!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Parece que hay una reunión en la sala de Comités.
Vamos a esperar unos segundos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Repito: ¿alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Comisión Mixta (30 votos a favor y 2 pareos) y queda despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
No votaron, por estar pareados, los señores Girardi y Ossandón.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Energía, don Máximo Pacheco.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero agradecer de manera muy sincera a cada Senador y Senadora por este apoyo, por esta señal de que somos capaces como país de llevar adelante políticas estratégicas, de construir diálogo para lograrlas y de pensar en el interés de Chile, de su bien común, para aprobar proyectos como este.
Agradezco muchísimo la unanimidad en la aprobación de esta iniciativa.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Ministro, ya ha visto la respuesta del Senado a la agenda de su Cartera.
)------------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Antes de pasar al siguiente proyecto del Orden del Día, tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señoras y señores Senadores, en el curso de esta sesión han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre (boletín N° 10.518-07), con urgencia calificada de "suma".
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Informe
De la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre publicidad vial (boletines N° 9.686-09 y 10.209-09, refundidos).
--Queda para tabla.
NORMAS PARA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar a continuación el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.950-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 70ª, en 17 de noviembre de 2015 (se da cuenta).
En trámite de Comisión Mixta: sesión 23ª, en 14 de junio de 2016.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015.
Economía (segundo): sesión 19ª, en 31 de mayo de 2016.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2016.
Hacienda: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2016.
Comisión Mixta: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 22 de diciembre de 2015 (se aprueba en general); 20ª, en 1 de junio de 2016 (se aprueba en particular).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Damos la bienvenida al señor Ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, quien nos acompaña en esta sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, del artículo 64 contenido en el numeral 22) del artículo 1°, referido a un título nuevo, sobre sanciones penales, que el Senado, en el segundo trámite constitucional, acordó incorporar al texto del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004.
El mencionado artículo 64 dispone, en lo sustancial, que las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 solo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, la que podrá interponer una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, y acogiendo una sugerencia del Ejecutivo sobre la materia, efectúa una proposición que consiste en agregar al artículo 64 aprobado por el Senado dos nuevos incisos, que ubicó como segundo y cuarto, y que señalan textualmente lo siguiente:
"El Fiscal Nacional Económico deberá interponer querella en aquellos casos en que se tratare de hechos que comprometieren gravemente la libre competencia en los mercados.".
"La interposición de la querella o la decisión de no formularla deberá tener lugar a más tardar en el plazo de seis meses contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.".
En conformidad con lo anterior, efectúa, asimismo, una adecuación de referencia en el inciso segundo, que pasa a ser tercero.
La Comisión Mixta acordó esta proposición por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Senadores señores Araya, De Urresti, Harboe y Larraín y los Diputados señoras Fernández y señores Bellolio, Edwards y Farcas. Votaron en contra el Senador señor Espina y el Diputado señor Espejo.
Corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la tercera y la cuarta columna, la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse su informe.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor HARBOE.-
Abra la votación.
La señora ALLENDE.-
Abra la votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Algunos señores Senadores han pedido abrir la votación.
El señor LARRAÍN.-
Manteniendo los tiempos, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por supuesto, manteniendo los tiempos de diez minutos.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya, quien presidió la Comisión Mixta.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, corresponde que la Sala del Senado se pronuncie sobre la proposición formulada por la Comisión Mixta para superar la controversia que se ha generado en relación con un aspecto contenido en el artículo 64, que se agrega, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.
La controversia se origina en el rechazo de la Cámara de Diputados al criterio que adoptó el Senado, por el cual se establece, en el inciso primero del mencionado artículo 64, que la investigación del delito de colusión solo se podrá iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica.
En síntesis, la norma aprobada por esta Corporación ha entregado al órgano técnico económico y especializado la llave para iniciar la investigación penal, la que luego sería desarrollada por el Ministerio Público.
En consecuencia, la discusión se centró en quién debía tener la iniciativa para presentar la referida acción penal.
Frente a este dilema, se plantearon dos vías para superar la discrepancia señalada.
Por una parte, algunos miembros de la Comisión estimaron conveniente, bajo ciertas hipótesis, que el Ministerio Público y no solo la Fiscalía Nacional Económica pudiera iniciar, autónomamente, la investigación penal de estos delitos.
Otros integrantes de la Comisión consideramos más adecuado mantener la disposición aprobada por el Senado, pero añadir a ella ciertas hipótesis que hicieran perentoria la presentación de la querella.
Antes de adoptar una resolución sobre esta materia, la Comisión recibió el parecer del Ministerio Público y del Ministerio de Economía.
Luego de un amplio debate sobre este asunto, el señor Ministro de Economía señaló que el criterio adoptado por el Senado le parecía adecuado, dado que la regulación de esta materia es un asunto de carácter técnico y muy importante en el ámbito económico, especialmente para no afectar el buen funcionamiento que ha tenido la legislación vigente y que ha permitido, como nunca en la historia nacional, desbaratar importantes carteles que afectan a un número considerable de consumidores. Esta situación, puntualizó, hace conveniente que sea la instancia investigadora especializada la que resuelva si se debe iniciar una investigación penal.
Sin perjuicio de lo anterior, explicó que el texto aprobado por esta Corporación se podía perfeccionar mediante dos enmiendas.
La primera consiste en establecer que el Fiscal Nacional Económico deberá obligatoriamente interponer una querella en todos aquellos casos en que los hechos investigados comprometieren gravemente la libre competencia en los mercados.
Al explicar este punto, el señor Ministro presentó varios ejemplos que configuran esta situación, todos los cuales constan latamente en el informe de la Comisión. Según esos criterios, los casos más importantes que ha conocido la ciudadanía en los últimos años darían lugar a una investigación penal.
La segunda modificación consiste en fijar un término acotado dentro del cual el Fiscal Nacional Económico deberá interponer querella o comunicar la decisión de no formularla. Ese plazo será de seis meses, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Señor Presidente, la Comisión, por mayoría de sus miembros, estimó que las enmiendas ya reseñadas perfeccionan la norma acordada por el Senado, dado que permiten dar certeza y claridad a un tema que ha sido profusamente discutido en los últimos años.
Por todas estas razones, la Comisión Mixta recomienda aprobar el texto del Senado con las enmiendas ya indicadas, las que se consignan en el informe comparado que tienen a su disposición las señoras y los señores Senadores.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Economía, donde vimos en primer término este proyecto antes de que pasara a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quiero comenzar puntualizando que la iniciativa en análisis viene a materializar el informe elaborado en el año 2012 por la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera -luego este proyecto fue retomado en la actual Administración-, la cual se constituyó como una reacción al caso de colusión de los pollos (con excepción de la sanción penal, que no fue contemplada en el documento final de dicha comisión).
Lo que se busca es garantizar la existencia de un mercado en el cual impere una competencia basada en el mérito, que permita a las empresas ofrecer bienes y servicios de mejor calidad al menor precio posible.
Para quienes creemos que la libre competencia constituye el pilar esencial sobre el cual descansa el sistema de libre mercado la colusión se configura como su atentado más dañino.
La actitud de concertar precios y asignarse cuotas de mercado es inmoral, pues, además de impedir que el mercado se desarrolle de manera eficiente, ofreciendo a los consumidores productos de mejor calidad a un menor precio, atenta contra la fe pública y contra la libertad de las personas.
El libre mercado no solo consiste en asignar eficientemente los recursos, sino que es indisociable con la democracia, toda vez que ambos se fundamentan en la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones.
Dicho esto, el proyecto de ley ha tenido un largo debate, lo que ha servido para ir reflexionando acerca de cuáles son los mejores mecanismos para defender la libre competencia en nuestro país.
Esta iniciativa tuvo una fructífera discusión en la Comisión de Economía del Senado, de la que soy miembro y Presidente, en la cual se incorporaron varias indicaciones que mejoraron el texto inicial, como la que presenté junto con otros colegas para evitar que se produjeran procedimientos paralelos que podían terminar con sentencias contradictorias en la persecución penal y administrativa de las infracciones a las normas que prohíben la colusión.
Pero, además, el proyecto siguió un largo debate en la Comisión de Constitución del Senado, terminando después en la Comisión Mixta, cuyo informe nos hallamos votando en este instante.
En todas estas instancias se le fueron introduciendo mejoras a la iniciativa.
Durante la tramitación de este proyecto me pude percatar del profundo respeto que existe hacia nuestra institucionalidad en materia de defensa de la libre competencia. Tanto el Tribunal del ramo como la Fiscalía Nacional Económica se han ganado un gran prestigio, que debemos valorar en su verdadera dimensión.
Ello ha permitido que podamos fortalecer esta institucionalidad, otorgándole más poder a través de nuevas competencias que permitirán investigar y desbaratar con mayor éxito los carteles. Por ejemplo, tenemos toda la nueva política que se busca con relación a los beneficios a que podrán optar aquellos que se autodenuncien, a través de la figura de la delación compensada.
Incluso, le hemos confiado de manera exclusiva a la Fiscalía Nacional Económica la posibilidad de querellarse en aquellos casos en que se afecte gravemente la libre competencia.
Yo reitero en el Senado que todo esto ha sido posible gracias a la confianza, repito, gracias a la confianza que nuestra sociedad ha depositado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en nuestra Fiscalía Nacional Económica.
Un tema muy debatido que surgió en ambas Cámaras dice relación con quién debería tener las competencias para conocer las demandas colectivas en materia de derechos de los consumidores: si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o nuestros tribunales civiles.
Ambas alternativas tienen sus ventajas y desventajas.
Pero finalmente se optó, mayoritariamente, por que el tribunal competente fuese el especializado en las materias de defensa de la libre competencia, pues ello beneficiará a los consumidores de una manera más expedita.
En efecto, nadie puede discutir que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podrá ser mucho más rápido para pronunciarse sobre si hubo o no perjuicios a los consumidores, porque ya va a tener conocimiento del detalle de la infracción que cometió la empresa sancionada por prácticas anticompetitivas, contando de esta manera con mayores herramientas para conocer con celeridad del asunto relacionado con los derechos de los consumidores.
Por último, señor Presidente, no se puede dejar de mencionar el alza significativa en las sanciones para las empresas.
A nadie le cupo duda de que nuestra legislación actual no era capaz de persuadir exitosamente las malas prácticas que atentan contra la libre competencia, porque muchas veces la ganancia era muy pero muy superior a la sanción. Por eso las multas se subieron de manera significativa.
En fin, señor Presidente, creo que ambas Cámaras trabajaron adecuadamente este proyecto, que viene a reforzar nuestra institucionalidad en materia de defensa de la libre competencia, lo que irá en directo beneficio de los consumidores.
Ha sido un proyecto de ley complejo, que ha suscitado un debate verdadero y constructivo, y respecto del cual pudimos trabajar con mucha responsabilidad con el Ministerio de Economía, con su Titular y con sus asesores. Nuestros asesores en el Senado contribuyeron también a mejorarlo y a buscar los consensos definitivos.
Por eso hemos llegado el día de hoy a votar el informe de la Comisión Mixta que fue constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley a que se hizo referencia.
En tal sentido, pienso que el Senado ha trabajado con mucha responsabilidad y con un espíritu de aprendizaje en el contexto de ir mejorando una serie de normas relativas a transparencia y probidad.
Lo hemos hecho en lo político.
Lo hemos hecho en lo económico.
Y esta es la mejor demostración de que como Senado de la República, independiente de nuestras diferencias políticas, hemos concluido que hay que proteger al Estado, a estas instituciones que se han ido fortaleciendo más y más.
En consecuencia, los parlamentarios de la UDI votaremos a favor de la libre competencia, a favor del resguardo a nuestros consumidores y a favor de que no haya más este tipo de abusos, que terminan perjudicando a todos los consumidores.
Esta es una lección aprendida. Esta es una oportunidad para aminorar cada vez más las aprensiones que la ciudadanía tiene a veces sobre el Parlamento.
Voto que sí, convencido de que este es un acto de transparencia, de probidad, que va a mejorar la libre competencia y la resguardará de cualquier abuso.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se halla inscrito el señor Ministro. Pero, como estamos en votación, puede hacer uso de la palabra solo para rectificar conceptos emitidos durante este proceso. Y no creo que sea el caso.
Más adelante, señor Ministro, cuando usted lo estime pertinente, podrá intervenir.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la ley en proyecto es necesaria: ¡hay millones de chilenos indignados! Mediante ella se busca terminar con los abusos de los poderosos, de los intocables.
Ya una vez en la Sala del Senado y en la de la Cámara de Diputados se eliminó la pena de cárcel en una negociación que le daba facultades al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en desmedro de las del Fiscal Nacional Económico.
¡Esa negociación política tuvo como aderezo la supresión de la pena de presidio!
Hemos repuesto la sanción de cárcel, y hoy día nos enfrentamos a un debate al que quiero aludir.
Me suena muy parecido a la situación de Impuestos Internos y a las querellas que debía interponer para que el Ministerio Público pudiera ejercer la acción penal de seguimiento.
Esa es una situación aún abierta: abierta en cuanto a si al Ministerio Público le es factible investigar un delito económico público claro sin que exista querella del referido Servicio.
En este caso, tratándose de la Fiscalía Nacional Económica, estamos disponiendo que podrá interponerse la querella una vez que exista una sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Mi primera pregunta, señor Ministro, es cuánto tiempo va a transcurrir para que exista una sentencia definitiva ejecutoriada.
Aquí hay muchos apellidos. Porque esto puede ser infinito. Pueden ser cuatro años, cinco.
¿Qué tiempo tarda en los tribunales una opción como esta? ¿Cuántos mecanismos tienen el poderoso y el coludido para dilatar el proceso? ¿Por cuánto tiempo pueden prolongarlo?
Y voy a lo segundo.
El Fiscal Nacional Económico deberá interponer querella en los casos en que se trate de "hechos que comprometieren gravemente la libre competencia en los mercados".
Digámoslo francamente: estamos otorgándole al mencionado Fiscal la facultad de decidir por sí y ante sí -luego deberá informar- cuándo procede la querella.
¿Y quién califica cuáles son "los hechos que comprometieren gravemente la libre competencia en los mercados"?
No "en el mercado", sino "en los mercados".
¡Ojo!
¿Por qué el plural?
Si estamos en el tissue, en el papel higiénico, ¿por qué "en los mercados"? Porque para esos productos hay un solo mercado.
O sea, ¿los hechos tienen que comprometer la libre competencia en todos los mercados y no solo en aquel contra el cual se está procediendo a raíz de la vulneración en que incurrió? ¿Debe afectar a todos los mercados? ¿Hablamos del mercado nacional y del mercado internacional del mismo rubro? ¿También de mercados colaterales?
Señor Presidente, digámoslo francamente: las bancadas de Oposición han sostenido que Impuestos Internos debe querellarse; y han interpelado duramente al Director de ese Servicio, quien además es designado por la Presidenta de la República, para que lo haga.
¿Cuántos años dura el Fiscal Nacional Económico en el ejercicio de su cargo? ¿Ocho?
Yo quisiera que el Fiscal Nacional Económico fuera designado por esta Sala y contara con las mismas atribuciones que el Contralor General de la República o que el Fiscal Nacional del Ministerio Público.
De lo contrario, vamos a tener nuevamente la figura de si hay querella o no contra los grandes grupos económicos.
Es necesario considerar que, para tomar una medida que afecte a los poderosos de nuestro país, el Fiscal Nacional Económico, quien algún día deberá irse al sector privado -porque su cargo no es eterno-, ha de tener pantalones y cojones. Porque, tarde o temprano, ¡los poderosos la cobran!
Por lo tanto, no podemos dejar espacio para que el referido Fiscal interprete "hechos que comprometieren gravemente la libre competencia
en los mercados
". Esta expresión es a lo menos ambigua, amplia, laxa, y no da garantías de que se va a presentar la querella.
Nos dicen que el Senado decidió proteger a los consumidores, terminar con la colusión. Pero queda de manifiesto la existencia de una autoridad unipersonal.
¡Aquí no tenemos un colectivo, señor Ministro! ¡Es por sí y ante sí!
Si se me señala que hay un colectivo, que existe un consejo presidido por el Fiscal Nacional Económico que va a tomar la decisión, yo digo: "Habrá dos o tres opiniones. Es un consejo donde existirá una representación adecuada para considerar diversos puntos de vista; y, desde ya, en él podrían estar los usuarios, los consumidores".
Pero si el Fiscal Nacional Económico resuelve por sí y ante sí que la calificación que le asigna a la colusión es grave, en ese caso actuará.
Ahora, ¿cuáles son los parámetros que se determinan?
El precepto siguiente señala que "El Fiscal Nacional Económico deberá emitir una decisión fundada en caso que (...) decidiere no interponer querella por los hechos señalados...".
Una decisión fundada, primero, no es justa.
Ahora, si por sí y ante sí resuelve fundadamente interponer o no querella, cualesquiera que sean los hechos, su acción siempre será legal.
Por tanto, fundar la decisión de no presentar querella es un hecho más bien relativo si él es juez y parte, si él decide qué es grave y qué no lo es.
"La interposición de la querella o la decisión de no formularla deberá tener lugar a más tardar en el plazo de seis meses contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva...".
¿Y por qué?
En la legislación penal esto tiene plazos mayores.
¡Seis meses!
Si se dicta la sentencia y en el mes séptimo se descubren nuevos antecedentes, ¿me van a decir que la posibilidad de querellarse está prescrita?
Expresa el inciso cuarto del artículo 64: "La interposición de la querella o la decisión de no formularla" -en ambos casos- "deberá tener lugar a más tardar en el plazo de seis meses contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.".
Si no lo hace en el curso de los seis meses, ¿qué pasa? No hay querella.
Es factible que respecto de los hechos calificados como no graves surjan antecedentes después de los seis meses.
El señor COLOMA.-
Ahí comienza otro proceso.
El señor NAVARRO.-
¡No! ¡Porque en tal caso el comprahuevos es eterno!
Señor Presidente, yo solo quiero decir que me preocupa cuando hay mucho consenso entre la Derecha y el Gobierno; me pongo nervioso. Porque luego esto no funciona.
Ya tengo demasiados años, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, como para percibir que cuando existe demasiado consenso se piensa que las cosas están hechas de tal manera que van a funcionar y les van a dar garantías a todos.
Me gusta el debate, cuando existe confrontación y cuando hay distinción.
Anuncio que voy a rechazar la propuesta de la Comisión Mixta.
Cuando aprobamos el financiamiento privado para la política dije: "Esta ley va a tener que ser cambiada, pues le va a traer mucho mal a la política".
Lamentablemente, no me equivoqué: le trajo muchos males. Algunos todavía no terminan; otros recién comienzan.
Entonces, si aquí no somos claros y delegamos facultades en la figura del Fiscal Nacional Económico, este cargo será muy complejo: juez y parte.
En tal sentido, me extraña que quienes en esta Sala han defendido siempre la existencia de acción corporativa, colectiva, y rechazado la figura del juez y parte -muchas veces se ha planteado que el Servicio de Impuestos Internos actúa así- hoy día estén dispuestos a que el Fiscal Nacional Económico, por sí y ante sí, actuando como juez y parte, sin un colectivo, decida qué es grave y qué no es grave para la libre competencia y resuelva presentar o no querella después del fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
No me gusta la fórmula, porque en esto siempre están involucrados el lobby, las presiones, y no se resguarda el interés de los consumidores.
¿Por qué seis meses? ¿Por qué prescribe la acción?
El señor COLOMA.-
Se inicia otro proceso.
El señor NAVARRO.-
¿Se inicia otro proceso? ¡Pero si estamos hablando de antecedentes vinculados con el proceso anterior!
Ahora, cuando esto pasa a constituirse en asunto exclusivo de los abogados, más nervioso me pongo. ¡Porque parece que la exigencia es ser abogado para participar en los debates sobre materias tan complejas como las tributarias y las económicas...!
Señor Presidente, no me gusta la fórmula propuesta. Tengo aprensiones. La Comisión Mixta siempre llega a consenso. A veces los consensos son buenos; en otras ocasiones, malos. En este caso el consenso es malo.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor MOREIRA.-
¡Hay que leer los proyectos antes y no el mismo día en que la Sala los discute...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Parece que ahora el Ejecutivo sí desea intervenir para rectificar conceptos emitidos durante la votación.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MOREIRA.-
¡Explíquele al Senador Navarro, por favor...!
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, yo iba a partir señalando que, en mi concepto, el país lo hacemos entre todos y que cuando se construyen consensos eso le hace bien a Chile. Sin embargo, dado que con sus palabras finales el Senador Navarro rectificó sus primeros dichos, no voy a efectuar ninguna argumentación adicional a lo que ya manifesté.
En cuanto a los puntos que levantó Su Señoría, me parece muy importante enfatizar que debemos hablar con mucha claridad sobre las instituciones, pues cuando respecto de ellas se realizan conjeturas no avaladas en ningún hecho real eso le hace mal a la institucionalidad.
En tal sentido, quiero expresar con mucha claridad que a la Fiscalía Nacional Económica se le han otorgado una serie de atribuciones legales (por ejemplo, mediante una ley de 2009) que ha utilizado activamente para defender la libre competencia en el mercado de nuestra nación.
A mi juicio, las aseveraciones en cuanto a que existe un trato desigual en materia de acceso a la ley, y en este caso al accionar de la referida Fiscalía, son absolutamente infundadas.
Solo quiero recordar las situaciones detectadas últimamente y que son de público conocimiento, las cuales no involucran a empresas pequeñas, sino a grandes compañías de nuestro país.
El récord de la Fiscalía Nacional Económica en esa materia es claro y decidor. Y acá se le está entregando una herramienta adicional.
Es del mayor interés de la Fiscalía Nacional Económica que la pena de cárcel opere en el delito de colusión: en primer lugar, porque ello genera el incentivo necesario para el funcionamiento del mecanismo de la delación compensada, que resulta fundamental para detectar carteles; y en segundo término, porque de otra forma las sanciones no serían suficientemente claras y ejemplarizadoras.
También considero importante señalar, siguiendo la línea argumental del Senador Navarro, que esta iniciativa plantea un cambio significativo en el ámbito de las multas aplicables a los delitos que atentan contra la libre competencia.
Hace algunos años hablábamos de aumentarlas de 20 mil a 30 mil unidades tributarias anuales. Hoy estamos estableciendo un régimen que puede llevar el monto de las multas hasta el doble del beneficio económico obtenido por quienes se coludieron.
Pongo un ejemplo.
En la colusión de los pollos, las multas aplicadas ascendieron a 55 millones de dólares; con la ley en proyecto los montos de ellas podrían haber llegado a ¡3 mil millones de dólares! Y la Fiscalía Nacional Económica no tuvo ninguna duda para accionar contra empresas de gran tamaño y enorme importancia.
Nos parece que la Fiscalía Nacional Económica es la institución mejor capacitada para tomar la decisión respecto de la querella.
Recordemos que, en esta materia, lo relevante y lo que queremos es que los ejecutivos que participan en colusiones vayan efectivamente a la cárcel y que frente a tales prácticas no exista una mera declaración. Y eso requiere que un organismo técnico tome la decisión de querellarse y actúe coordinadamente y de forma colaborativa con el Ministerio Público.
Creo que el debate debe plantearse, no contraponiendo a la Fiscalía Nacional Económica con el Ministerio Público, sino en términos de ver cómo logramos hacer efectiva la labor coordinada de ambas instituciones.
Según nuestra legislación, el Ministerio Público lleva adelante la investigación una vez gatillada la querella. Entonces, queremos que esos dos entes trabajen de manera armónica, en la mejor de las disposiciones. Y el proyecto que presentamos precisamente plantea eso.
Por otra parte, quiero hacer un punto respecto a la prescripción.
La prescripción de la acción penal para perseguir el delito de colusión es de diez años, contados desde que quede firme la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; no rigen en este caso los seis meses a que se refirió el Senador Navarro. Y aquello se establece en otro artículo de este proyecto.
En cuanto a la acción penal, solo quiero decir que si el Fiscal Nacional Económico opta por no querellarse deberá fundar su decisión. Y, tal como lo dispuso la Comisión Mixta, en los casos graves estará obligado a interponer querella.
Ahora, es el Tribunal quien establece en su fallo la gravedad, tomando en consideración:
-La duración de la colusión.
-El porcentaje de participación de mercado que las empresas coludidas suman conjuntamente.
-La afectación masiva de la población dada la alta demanda del bien o servicio, o, en otras palabras, el hecho de tratarse de bienes de primera necesidad para la ciudadanía.
-El ámbito geográfico afectado.
-La baja o nula sustituibilidad del bien o servicio.
-La magnitud del alza de precio del bien o servicio.
-La alta vulnerabilidad de cierto grupo de consumidores.
En mi opinión, el punto queda claramente establecido. Y ello se refuerza con el hecho de que las multas serán variables y habrá una serie de antecedentes objetivos para determinar la gravedad de la conducta. De modo que la facultad no es discrecional.
Señor Presidente, aquí no hay letra chica: aquí existe una clara y decidida acción de la Cámara de Diputados y del Senado al objeto de generar pena de cárcel para aquellos que se coluden.
Es nuestro compromiso como Gobierno.
Ha sido asimismo el compromiso tanto de la Cámara Baja, que en el primer trámite constitucional aprobó de manera unánime este proyecto, cuanto del Senado, que en el trámite siguiente lo acogió también por consenso. Y hoy recibimos una vez más la votación favorable de la otra rama del Congreso Nacional.
Con el trabajo desarrollado en la Comisión Mixta y la labor realizada por las diversas Comisiones, o sea tras la discusión parlamentaria, el proyecto salió absolutamente beneficiado.
Aquí se ha logrado construir.
De hecho, en la Comisión de Constitución del Senado fuimos capaces de trabajar juntos un proyecto que habían presentado los integrantes de dicho órgano técnico y la iniciativa del Gobierno.
En mi concepto, se ha demostrado que somos capaces de laborar de manera coordinada para fortalecer la institucionalidad existente en materia de libre competencia precisamente con el objetivo de luchar contra los carteles, de luchar contra aquellos que abusan de millones de consumidores.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Quiero dejar claro que durante la votación los Ministros pueden intervenir para rectificar conceptos emitidos por los Senadores. Y es lo que acaba de ocurrir.
Lo señalo porque entiendo que un señor Senador consultó al respecto.
En todo caso, la Mesa está otorgando el uso de la palabra por estricto orden de inscripción, pues quieren intervenir parlamentarios de distintas bancadas.
A continuación corresponde el uso de la palabra al Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero referirme a tres materias distintas a propósito de este proyecto de ley, porque voy a votar en contra del informe de la Comisión Mixta, reiterando lo que hice en este órgano.
En primer lugar, en esta materia hay una cuestión histórica.
Recuerdo que en abril de 2009 -o sea, hace siete años- con los Senadores Cantero, Chadwick, Horvath y García Ruminot presentamos un proyecto que sancionaba con pena de cárcel la colusión; la Sala del Senado lo aprobó en general y particular, y tras ello fue enviado a la Cámara de Diputados.
Pero ocurrió que, a su vez, el Gobierno había formulado una iniciativa de ley que abordaba el mismo asunto, la cual fue aprobada por la Cámara Baja.
Entonces, existía un conflicto: estaba nuestro proyecto, que llevaba muchos años de tramitación, y el del Ejecutivo, que se había presentado en el último año.
Entonces, nobleza obliga: tal como en su momento hice duras críticas por la forma en que se procedió ante tal situación, debo reconocer la labor desarrollada por el Ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, al objeto de incluir en este proyecto toda la parte de nuestra iniciativa dirigida al ámbito del Derecho Penal. Pero no solo la incluyó, sino que además hicimos un trabajo conjunto -creo- muy serio y positivo. Así, en la historia fidedigna del informe de la Comisión constará que en la ley en proyecto se incorporó la iniciativa de origen parlamentario antes individualizada.
Eso no es menor, señor Presidente, porque, pese a nuestras limitadas atribuciones, un proyecto que llevaba siete años de discusión, que el Senado había aprobado y que no prosperó va a quedar reflejado en el producto final.
En consecuencia, creo sinceramente que hemos hecho bien nuestro trabajo.
Ahora, ¿se trata de un buen o de un mal proyecto?
Quiero decirles que es un muy buen proyecto. Y voy a explicar por qué, no obstante que a su respecto tengo un punto de diferencia.
En primer lugar, es un muy buen proyecto porque describe con mayor precisión los ilícitos de colusión.
Se trata de una contravención sumamente alevosa, porque dice relación con empresas que se ponen de acuerdo para defraudar a los consumidores, sin la posibilidad de que estos se den cuenta. Quizás es uno de los delitos de cuello y corbata más cobardes por la impunidad en que queda quien lo comete.
Lo que hemos hecho es perfeccionar muy bien cuándo se configura el hecho, que puede tener lugar por fijarse precios, ya sea más altos, para sacar del mercado, o más bajos, para hacer quebrar a alguien; por definirse cuotas, es decir, un porcentaje para cada empresa, o, finalmente, por repartirse territorios.
Todas estas conductas, en un modelo de economía social de mercado, tienen que ser duramente castigadas. Y, por eso, el proyecto contempla una sanción de presidio que va de tres años y un día a diez, con un año sin que la persona pueda acceder a una pena sustitutiva.
En seguida, las multas son cambiadas radicalmente: ascenderán al treinta por ciento, no de las utilidades, sino del valor de las ventas del producto objeto de la colusión; representarán el doble de los beneficios que se obtengan por la operación, y podrán llegar hasta setenta millones de dólares adicionales.
Además, existirá una serie de limitaciones, respecto de las cuales no me extenderé por una razón de tiempo. Por ejemplo, si se adquiere más del diez por ciento del capital de una empresa competidora -es algo que se puede hacer hoy día sin ninguna restricción-, ello se tiene que informar a la Fiscalía Nacional Económica.
Sé que enfrentamos mucho recargo de trabajo, pero les pido a mis colegas que lean el articulado, porque este es un muy buen proyecto en todos estos aspectos. Creo que el Senado y el Congreso han hecho una buena labor.
Repito que mantengo una diferencia, sin embargo, por una visión distinta en la aproximación al asunto.
¿Cómo opera el sistema?
El Fiscal Nacional Económico tiene acción para recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y plantearle que habría una colusión en la que han participado dos o más empresas.
Existe la llamada "delación compensada", que significa que solo el primer delator, cuando entregue todos los antecedentes, logrará la ventaja de no recibir una sanción penal ni una multa. Mas ello permitirá desbaratar la banda, como ha ocurrido en muchos países, y todos los demás autores del delito recibirán un castigo. El segundo solo será acreedor de una circunstancia atenuante.
Si el organismo jurisdiccional falla y declara la inocencia, obviamente no hay acción penal. En el caso de pronunciarse en esa forma, no hay delito.
Pero pensemos que determina la culpabilidad: la colusión ha existido. Aquí surge mi diferencia.
Si el Tribunal llega a esta última conclusión, a mí me parece que la Fiscalía del Ministerio Público tiene derecho a entablar la acción, porque se ha dado por establecida una infracción a las normas de la libre competencia. Y si media un tipo penal, quien califica o no si la ejerce es aquel al que le corresponde hacerlo en tal hipótesis, de acuerdo con la Constitución Política: el organismo que acabo de mencionar.
A pesar de mis esfuerzos y voluntad, no logré persuadir a mis compañeros de Comisión, como tampoco a los miembros de la Comisión Mixta. Se optó por un criterio distinto: "Al sancionar el Tribunal por la colusión, la Fiscalía Nacional Económica tiene la obligación de querellarse si se ha incurrido en una grave infracción a la libre competencia. Y si la contravención no ha sido tal, tiene que justificar por qué no lo haría".
Mi posición es muy simple: ¿por qué no le dejan a la Fiscalía del Ministerio Público resolver si se querella o no?
Se me contraargumenta que eso podría afectar la investigación de la Fiscalía Nacional Económica y la delación compensada.
Deseo subrayarles a mis colegas que esta última ha resultado ser el instrumento más útil. A todos aquellos que pregunten cómo alguien va a quedar impune quiero decirles que en los últimos cinco años se han descubierto más casos de colusión ¡que en toda la historia de Chile! Y eso obedece a una figura que contemplan muchos países y a la que no estamos habituados. ¡Claro que duele que el autor de un delito pueda quedar impune, pero duele más que no se pille nunca a nadie!
Se me ha aducido que se afectará la delación compensada si al Ministerio Público se le permite ser el que se querelle siempre.
No creo para nada en ello, porque nos preocupamos de redactar de tal manera las disposiciones que queda absolutamente claro que si alguien resulta favorecido por el sistema, el Ministerio Público, salvo citarlo a declarar como testigo y a entregar la misma versión que permitió descubrir el caso, no tiene ¡ninguna posibilidad! de formalizarlo, acusarlo o condenarlo. Por lo tanto, no se desincentiva el que alguien abrigue la voluntad de confesar la trampa o defraudación en el ilícito.
Mas todavía no he logrado convencerme de la razón por la que, si hay una sentencia claramente condenatoria en términos de haber existido una colusión, vamos a impedirle iniciar una acción al órgano encargado de llevar adelante la persecución penal por mandato constitucional.
Se me dice que no es la entidad especializada. Con ese criterio, cabe recordar que todas las acciones que emprende el Ministerio Público no requieren siempre la presencia de un órgano de esa índole.
Tengo que ser claro, entonces.
Coincido plenamente en que el texto es muy bueno. Participé activamente en su redacción con los miembros de la Comisión. Constituye un avance gigantesco en Chile, no dimensionado por quienes no lo han estudiado.
Tratándose de un control férreo, nos pone a la altura de las grandes potencias respecto de una de las cuestiones más graves en los modelos de economía abierta.
No hay tiempo para detallar muchas de las disposiciones, señor Presidente, pero créame que el control es rigurosísimo con relación a alguien que quiera cometer el delito que nos ocupa.
La contradicción del Senador que habla, quien se siente parte del proyecto -insisto en que patrociné otro que el Gobierno tuvo la gentileza de considerar-, es que no concuerda respecto...
¿Me concede algo más de tiempo, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Gracias.
No concuerdo respecto del titular de la acción y tengo que ser coherente con lo que dije en el órgano técnico.
Ahora, no afirmo que la cuestión significa que hay algunos buenos y algunos malos. Ello es inaceptable. Lo que hago presente es que hay distintas maneras de enfrentar el asunto.
Si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia concluye que un hecho constituye una infracción y sanciona a una persona por haberse coludido, ¡la existencia del delito es objeto de la declaración de un organismo jurisdiccional! ¡No se trata de una decisión arbitraria!
Al determinarse que dos, tres o cuatro empresas engañaron a la ciudadanía, a los consumidores, y se coludieron premeditada y alevosamente, y alteraron los precios, por lo que incurrieron en un acto que es objeto de una dura sanción económica, no veo la razón para disponer que ¡el titular exclusivo de la acción, habiendo mediado la resolución de un tribunal como el de Defensa de la Libre Competencia, va a ser la Fiscalía Nacional Económica!
¿Y por qué no puede serlo la Fiscalía del Ministerio Público?
¡Se le puede poner un plazo! Si alguien quiere lograr una certeza, cabe considerar seis meses, por ejemplo. No me hago problemas al respecto.
Esta fue mi diferencia.
Como el punto dice relación con el único artículo que se votó en la Comisión Mixta, tengo que pronunciarme en contra, porque mi convicción sobre el particular es distinta. Creo que este es un caso en que perfectamente se le podía haber otorgado al Ministerio Público la facultad de tomar la decisión de actuar penalmente en contra de quienes se coluden.
Simplemente concluyo dándole las gracias al señor Ministro. En política no acostumbramos mucho a hacerlo con los adversarios políticos. Creo de verdad que cabe subrayar la gestión de la Fiscalía Nacional Económica y del Ministerio de Economía. Porque no se trata de que la Cartera haya permanecido ausente: estuvo permanentemente presente buscando un acuerdo -recuerdo el esfuerzo en el verano- y tratando de que llegáramos a un entendimiento. Lamento la discrepancia en el punto que he mencionado, pero -nobleza obliga- juzgo que su titular efectuó un gran aporte. Gracias a su persuasión logramos sacar adelante el proyecto entre todos. La diferencia es mía, no de la Comisión.
Y también es preciso mencionar al Ministerio Público, que planteó derechamente sus puntos de vista.
Se llevó a cabo un debate que enaltece a una legislación; pero, lamentablemente, votaré en contra, porque mantengo una posición distinta.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Está última ha quedado clara, Su Señoría.
Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, juzgo que efectivamente esta es una muy buena iniciativa, trabajada largamente en las Comisiones de Economía y de Constitución. Lo que tuvo que ver la Comisión Mixta fue la diferencia que se generó respecto de quién iniciaría la acción penal una vez que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia llegara a una conclusión o decisión.
Ese no fue el gran tema en la Comisión de Economía, porque la verdad es que estábamos más preocupados e interesados en establecer un sistema eficaz, que permitiera realmente darle instrumentos a la Fiscalía Nacional Económica para investigar y desmantelar los carteles que concretan la colusión y que tanto daño les han hecho al país y a los consumidores. Entonces, nuestra discusión estuvo más bien enfocada a la experiencia de investigaciones anteriores.
Ya se había registrado un debate previo sobre la materia, porque me parece que en 2009 -ya no me acuerdo- se eliminaron las posibles sanciones de cárcel y se estableció recién ahí el instrumento de la delación compensada, que ha permitido, objetivamente, resolver muchos de los casos que hoy día son de conocimiento público.
Entonces, lo que corresponde ahora es decidir quién es el que está en mejores condiciones de ser más eficaz en la lucha contra los carteles y lograr las sanciones adecuadas.
Se han aumentado las multas de manera sustancial, como se ha dicho acá. Ello dio lugar a un largo análisis. En la Comisión de Economía enfrentamos un lobby enorme, porque muchas empresas decían: "Más allá de una sanción solo pecuniaria, estamos de acuerdo con que el día de mañana haya cárcel, pero tiene que existir una proporcionalidad, ya que, si no, por mucho daño que se haya hecho, se terminará por quebrar en determinados sectores".
Por lo demás, la misma discusión se plantea en el proyecto del SERNAC y fue parte de la sostenida acerca de la iniciativa sobre transmisión eléctrica, etcétera.
Hay mucho prejuicio al respecto, asimismo. Lamentablemente, no se encuentra presente un colega que ya intervino y que debería haber escuchado al Honorable señor Espina, porque ello le habría aclarado algunas dudas.
A mí también me preocupa que los Senadores señores Espina y Navarro estén votando en contra. Es algo que nos tiene complicados... Por lo menos, nos llama la atención. Pero eso refleja que, cuando los puntos de vista son distintos, lo lógico y natural es tratar de convencernos con argumentos.
Lo que no me gusta -y voy a decirlo derechamente en la Sala- es escuchar en televisión una tergiversación absoluta de los objetivos de la iniciativa. Integrantes de la bancada de Diputados de mi Partido han manifestado que el señor Ministro tendrá que venir al Congreso a dar la cara, porque nunca se sancionará a nadie y lo que se está haciendo es sancionar la impunidad de los carteles. Eso me parece una irresponsabilidad sin nombre, porque, como todos lo han señalado acá, la normativa que nos ocupa es un avance gigantesco en la lucha contra estos y la colusión.
Se va a sancionar, no solo desde el punto de vista económico, sino también con cárcel a quienes contraigan una responsabilidad. ¿Quién no enfrentará esta consecuencia? El que se acoja a la delación compensada, esto es, el primero de los ejecutivos, gerentes, dueños de las empresas participantes que colaboren y entreguen antecedentes para determinar, a través de una investigación, que ha habido una colusión, lo que será refrendado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Los restantes serán encerrados.
Sin duda, esta es una sanción inhibitoria de las conductas tendientes a coludirse para engañar a los mercados. La gente teme más ir a la cárcel que enfrentar una multa cuando se colude, porque se ha sacado la cuenta de que con los montos anteriores incluso se hacía un buen negocio, y, por último, se pagaba. Hoy día no es así. Los gerentes que decían: "Nos ponemos de acuerdo y aumentamos las ventas, de modo que nuestros ingresos por vender más serán mayores" saben que tendrán que asumir responsabilidades personales.
Ni siquiera los dueños de las empresas, muchas veces, han podido estar al tanto de estos manejos, porque se dan en otros niveles.
Bueno, esa parte del problema es la que se corrige en todo el proyecto.
Sin formar parte de la Comisión de Constitución, seguí con atención el debate. La pregunta ha sido por qué optar por la Fiscalía Nacional Económica y por qué no por el Ministerio Público. Hay buenas razones para los dos puntos de vista.
El Ministerio Público hizo llegar un informe, leído en la Comisión. Lo conocimos. Hemos escuchado las opiniones que han dado a conocer en forma pública. Ellos querían la titularidad de la acción en el momento en que les pareciera pertinente.
La Fiscalía Nacional Económica también expuso su posición, manifestando: "Para ser más eficaz," -lo decía el Senador señor Espina- "necesito contar con la facultad". La idea es que no se dé lugar a dos o tres carpetas simultáneas, lo que termina entorpeciendo la labor o redundando en criterios distintos respecto de una misma investigación.
¿Quién determina cuándo el Fiscal Nacional Económico tiene que querellarse? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
¿Y en qué momento lo hace? Al calificar la gravedad de la colusión.
¿Por qué se llega al punto? Porque la colusión del papel o la de los pollos no son lo mismo que otros ejemplos que conocimos en la Comisión de Economía. Creo que se trataba de los ginecólogos en Chillán...
El señor LARRAÍN.-
¡Los del Honorable señor Harboe...!
El señor PIZARRO.-
El que dos ferreteros en un pueblo chico se pongan de acuerdo para engañar a los consumidores -también tiene lugar una fijación de precios, en efecto- no equivale a la colusión de las farmacias. Entonces, hay niveles.
¿Vale la pena iniciar ahí la acción penal por el daño que se causa? Tiene que haber una cierta proporcionalidad.
Deseo manifestarle al Senador señor Navarro, con todo cariño, que es agotador escuchar siempre, sobre la base de los prejuicios involucrados, que nuestras instituciones y las personas que cumplen funciones en ellas están vendidas, o no saben hacer la pega, o son negligentes, o no hacen las cosas con un buen espíritu.
Es evidente que los fiscales económicos salen después al mercado privado. ¿Y me van a decir que los del Ministerio Público no lo hacen? ¿No forman parte de los grandes bufetes de abogados o de empresas?
¡Si los casos los estamos viendo! Leí el otro día que un exfiscal que salió hace poco de la zona oriente les ganó un caso a quienes eran sus subordinados seis meses antes. ¿Y por eso voy a pensar mal? Desde luego que no.
Al Fiscal Nacional lo propuso la Presidenta de la República. Fue ratificado por el Senado. Y cuenta con toda la autonomía y todas las facultades que le son propias. Una vez nombrado, es dueño, amo y señor.
Con los fiscales económicos ocurre otro tanto. Entiendo que el actual fue nombrado en el Gobierno anterior y que lo ha hecho fantástico. Tenemos la mejor opinión de su persona.
Entonces, está bueno ya que nosotros mismos, frente a cada situación de este tipo, debilitemos el funcionamiento de las instituciones que queremos fortalecer. La iniciativa en examen avanza en la línea contraria.
Y me alegro de que se reconozca la labor del señor Ministro de Economía, porque retomó textos, ideas y mociones anteriores que no habíamos priorizado.
El proyecto es complejo, porque efectivamente toca intereses y afecta a los grandes. ¡Y qué bueno que sea así! Pero, por sobre todo, apunta a proteger los intereses de los consumidores y que nuestra economía logre competitividad.
La alternativa que parece que a algunos les gustaría es la fijación de precios. Recordemos que la aplicamos. La DIRINCO cumplía esa función. Entonces, para los zapatos, tanto...
El señor PROKURICA.-
¡Y las JAP...!
El señor PIZARRO.-
Las juntas de abastecimiento y control de precios eran otra cosa.
Y contábamos con precios establecidos. ¿Quién los decidía? ¿El mercado? ¿Los consumidores? Los determinaba el funcionario de turno. No sé si lo hacía bien o mal, pero que el sistema no resultaba, no resultaba.
Es evidente que si en una economía abierta, competitiva, no hay competencia, pero sí colusión, monopolio y concentración, como está aconteciendo en el país, se da el problema a la inversa.
Por eso, hay que fortalecer el trabajo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, así como al organismo especializado, que es la Fiscalía Nacional Económica.
Escuché atentamente al Senador Espina, lo mismo que al Diputado Espejo, quienes plantearon sus diferencias en la Comisión Mixta, más a otros Senadores que tenían la postura contraria, y creo que la acordada por el órgano bicameral es una buena propuesta, pues el Fiscal no tendrá poder absoluto, sino obligaciones que cumplir, y estará obligado a querellarse cuando el Tribunal determine cierta gravedad en un delito de colusión.
Vamos a votar a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Quisiera aclararle que, aunque el Senador Navarro no se encontraba en la Sala, sí escuchó su intervención desde las tribunas.
Tiene la palabra a continuación el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero sumarme al reconocimiento que muchos Senadores de distintas bancadas han hecho al largo trabajo realizado y que está concluyendo en esta etapa, la última en la tramitación del proyecto.
Yo siento que el Ejecutivo, las Comisiones de Economía y de Constitución del Senado y la Comisión Mixta -en la que me tocó participar- han efectuado un trabajo excepcionalmente positivo.
Al observar las malas cifras de aprobación respecto de la gestión del actual Gobierno, junto con no alegrarme porque creo que eso le hace daño a Chile, planteo, a diferencia de otros señores Senadores, que lo que hay que hacer es precisamente abrirse a buscar acuerdos, a dialogar, para ver si juntos podemos corregir el rumbo que lleva el país y darle a la gente soluciones y respuestas.
Cuando en este proceso hemos llegado a un acuerdo en una cuestión bastante técnica y compleja, me parece que afirmar que ello es inconveniente y abrir sospechas, aparte de constituir un argumento pueril e infantil, significa desconocer lo que el país necesita. Lo que la gente espera de nosotros es que seamos capaces de resolver los problemas, no de acrecentar los conflictos.
Es una filosofía que, a mi juicio, le hace mucho daño al país y particularmente al mundo político.
Ahora, específicamente con relación a las expresiones del Senador Navarro, quiero manifestar que sus apreciaciones y explicaciones revelan un desconocimiento muy profundo de esta iniciativa y, lo que es más grave, de la materia que ella aborda, porque si se informara o tuviera asesores que lo informaran se daría cuenta de que lo que se está haciendo a través de la normativa propuesta es buscar la manera más eficaz de impedir la colusión en Chile.
¿Por qué es posible afirmar esto? Porque, como ya muchos han reseñado, este proyecto contiene algunos elementos que, desde nuestro punto de vista, son bastante contundentes.
No me quiero referir a la parte relativa al funcionamiento del sistema, a cómo va a operar, que ya ha sido descrita, sino más bien a aquella que tuvimos a la vista en la Comisión de Constitución.
Se precisa el tipo penal. Hoy existe una disposición, que es la que se ha utilizado para sancionar, pero es extremadamente vaga e imprecisa y realmente no permite sancionar con efectividad.
Por lo tanto, era necesario definir un tipo penal. Y no solamente se hizo, sino que, además, se fijaron penas muy altas y, siguiendo el criterio de la "Ley Emilia", como ya se recordó, las personas condenadas van a pasar al menos un año en la cárcel.
Creo que eso ya le da un carácter completamente distinto.
En seguida, a las sanciones duras en el ámbito penal, se suma un aumento sustancial en las multas. Bien decía el Senador Pizarro que igual era buen negocio cometer colusión y luego solo pagar la multa, porque esta normalmente era inferior al beneficio ya logrado.
Eso ya no va a ocurrir con las multas que aquí se aplicarán.
Adicionalmente, se asegura en forma expedita a los consumidores el pago eficaz y efectivo de indemnizaciones por los perjuicios causados por la colusión, lo cual implica, si se advierte, efectos en tres niveles: penales; multas, e indemnización de perjuicios, todo lo cual va a generar un cuadro muy contundente para impedir que se cometa este delito en el futuro.
Ahora me voy a referir al punto donde hemos tenido diferencias, particularmente con el Senador Espina y con algunos Diputados que han planteado una mirada distinta.
La delación compensada es una institución que, como bien decía incluso el colega Espina, se valora y se considera muy positiva, pero que tiene una connotación bastante compleja desde el punto de vista del procedimiento para iniciar la acción penal y respecto de quién es el titular de esta última.
Me voy a detener brevemente en el tema de la delación compensada, por cuanto me parece que aquí está la raíz de la explicación de fondo en cuanto a por qué se producen discusiones y a veces debates que son muy interesantes, pero que al final revelan valoraciones distintas.
Como lo he señalado muchas veces en la Comisión -no aquí en la Sala-, considero muy importante entender que la delación compensada nos resulta a ratos un poco reñida con nuestra cultura jurídica, que emana de la tradición continental, europea, donde la búsqueda de la justicia pasa a ser siempre la primera prioridad y donde, por lo tanto, lo que importa es determinar quiénes son los responsables y, definidos estos, sancionarlos.
Ese es como el modelo al cual nosotros estamos acostumbrados.
Sin embargo, la cultura anglosajona del common law ha tomado un camino distinto, más pragmático, donde lo que se busca es que estos delitos no se cometan, pero, si se cometen, se esclarezcan: que se sepa efectivamente quiénes participaron en ellos, cómo lo hicieron y, sobre esa base, destrabar el problema para volver a tener libre competencia en los mercados.
Me parece que ese es el camino que ha experimentado Chile desde que se introdujeron las modificaciones del año 2003, las que, lejos de constituir un error, como algunos han planteado, han sido la vía que ha permitido que la colusión haya empezado a ser descubierta en nuestro país.
Y lo que hace este proyecto es perfeccionar esa delación compensada. Se asegura bien qué efectos tendrá en quienes ayuden en la materia -en los que sean los primeros delatores, en los que sean los segundos delatores-, para, sobre esa base, garantizar que efectivamente estamos instalando una institución que, siendo un poco ajena a nuestra tradición jurídica, como ya lo he dicho, le confiere efectividad a nuestro ordenamiento legal.
Porque, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el bien jurídico protegido aquí? Que los mercados funcionen.
Los "mercados" es una expresión utilizada en economía que se refiere a todos los mercados. No "al mercado", pues hay muchos mercados y de distinta naturaleza, según el objeto de que se trate o el bien o el servicio que se preste.
En ese sentido, lo que logra la normativa acordada es afianzar la experiencia tanto internacional como chilena para asegurar que realmente se consiga detectar una colusión.
Sin delación compensada, antes de la legislación del 2003, nunca hubo casos reales de colusión descubiertos.
¡Ese es el tema!
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿queremos que se terminen los casos de colusión, o queremos, en nombre de la suprema justicia, impedir que nunca se conozcan, pero sí estar seguros de que cuando alguien sea sorprendido en esta conducta se le corte la cabeza?
¡Ese es el punto de fondo!
Y ello se logra con esta medida.
En consecuencia, el tema de quién tiene la titularidad de la acción no es secundario. Y es la diferencia que hemos tenido con el Senador Espina y con quienes creen, como él -desde luego, el Ministerio Público, con razón en este caso, porque son ellos los que están disputando la titularidad de la acción- que los fiscales nacionales de dicha institución deberían estar igualmente legitimados para ejercer la acción.
Y aprovecho de aclarar, pues aquí se ha dicho que nosotros hemos protestado contra Impuestos Internos para que tenga más dureza en sus acciones. Quiero precisar que lo que hemos planteado respecto de dicho Servicio es que tenga igualdad de criterio para aplicar la misma vara y se querelle contra todos los que incurran en idéntica conducta en distintas situaciones. Porque no es posible, como ocurre hoy día, que se querelle respecto de algunos que han cometido la conducta A y no haga lo mismo respecto de otros que han realizado la misma conducta.
Eso es lo que hemos objetado y lo que esperamos que se corrija en lo sucesivo.
Sin embargo, el tema acá es quién tiene la titularidad de la acción. Es razonable que la tenga el Ministerio Público. Entiendo que está dentro de lo posible. No sería una cosa inaudita, sino algo perfectamente razonable. Pero lo que aquí hemos priorizado es garantizar la eficacia de la delación compensada. Y el único que tiene la capacidad para hacerlo es el Fiscal Nacional Económico, porque es él quien logra la delación compensada, es él quien consigue que se destrabe la colusión gracias a la delación que obtiene. Y precisamente es esta delación compensada, que se premia con la exención penal, la que puede verse debilitada si también le damos acción al Fiscal Nacional del Ministerio Público.
¿Por qué? Porque, claro, la ley le va a garantizar a una persona la exención penal respecto de determinados hechos, pero no sabemos si esos serán los únicos que el Fiscal Nacional Económico termine investigando; no sabemos cómo los va a interpretar ni a qué lugares lo van a llevar.
Si quien puede efectuar una delación no tiene la certeza de que en la conversación que sostenga con el Fiscal se le garantizará la exención penal, pues esto quedará en manos de un tercero que no ha participado en el proceso, no habrá delación compensada o existirá un alto riesgo de que no la haya.
Entonces, uno debe optar. ¿Sería bueno que el Ministerio Público tuviera acción? Sería bueno. Yo no lo considero erróneo conceptualmente. Pero es poco práctico; no garantiza la efectividad de lo que queremos. Y lo primero que queremos es que no haya más colusión.
Eso es lo que hemos resuelto y por eso nos parece que el camino que se ha seguido es el correcto.
Le pido un minuto más, señor Presidente, para redondear y terminar mi intervención.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ya se lo dimos, señor Senador, pero igualmente le vamos a dar otro.
El señor LARRAÍN.-
Gracias.
Finalmente, creo que en este proyecto se ha logrado un buen equilibrio.
Lo que se obtuvo en la Comisión Mixta fue asegurar que será el Fiscal Nacional Económico quien defina la gravedad de los casos y no el Tribunal -corrijo una afirmación que se hizo en este sentido-, porque, si lo hiciera este último, tendría iniciativa en la materia, y no es parte del rol público de un tribunal definir la acción penal correspondiente. Es el Fiscal Nacional el que se verá obligado, cada vez que haya casos graves, a determinar el ejercicio de la acción penal.
Eso me parece que ayuda a destrabar y, sobre todo, a transmitir a la opinión pública que aquí no hay ningún afán de proteger a nadie. Cuando se esté en presencia de situaciones muy graves, ellas tendrán que verse en el ámbito penal. Porque de eso se trata, señor Presidente: de asegurar que también haya justicia, pero después de haber logrado el destrabamiento de los casos de colusión.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, como se ha indicado en el debate y ha sido ratificado por el señor Ministro de Economía, la Fiscalía Nacional Económica es el órgano más apropiado para concentrar la acción pública destinada a perseguir la responsabilidad penal en los delitos de colusión.
Esto es así porque se trata de delitos complejos, que requieren un alto nivel de especialización, como el que ha demostrado tener este organismo.
El señor PROKURICA.-
Así es.
El señor QUINTEROS.-
Esta exclusividad en la acción penal asegura, por otra parte -como aquí también se ha dicho-, la efectividad de la delación compensada, que constituye la principal herramienta para perseguir estos delitos, como lo demuestra la experiencia internacional.
Por otro lado, en general no es recomendable la duplicidad en las funciones del Estado, porque puede provocar una competencia innecesaria entre dos organismos públicos o prestarse para diluir las responsabilidades de cada cual en el cumplimiento de sus deberes.
Del mismo modo, todos sabemos que el Ministerio Público enfrenta una altísima carga de trabajo y que la ciudadanía tiene aprensiones -aprensiones serias- sobre las posibilidades reales de que los fiscales puedan dedicar el tiempo necesario a cada una de las denuncias que reciben, especialmente en el caso de delitos menores.
El señor PROKURICA.-
¡Tiene toda la razón, señor Senador!
El señor QUINTEROS.-
Asimismo, no me parece justo que el Ministerio Público sea considerado el único ente que cuenta con autonomía suficiente como para emprender una acción penal, que, recordémoslo, solo se va a activar después de que haya operado una sanción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Tanto la decisión de accionar como la de no accionar siempre deberán ser fundadas por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, no serán discrecionales ni menos arbitrarias.
En cualquier caso, señor Presidente, no debemos olvidar que serán los tribunales ordinarios de justicia los que deberán aplicar las penas correspondientes y que la labor investigativa estará prácticamente agotada cuando se interponga la querella.
En consecuencia, la Fiscalía Nacional Económica no solo da garantías de competencia técnica para ejercer esta atribución, sino que también cuenta con la autonomía e imparcialidad requeridas para adoptar sus decisiones, sin otra consideración que la defensa de los principios de la libre competencia. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo.
En adelante, una vez que este proyecto se convierta en ley, será mucho más gravoso para las empresas y sus ejecutivos afectar la fe pública y abultar sus ganancias mediante la trampa y la colusión.
Nadie quiere más personas en la cárcel, pero lo que la gente sí quiere es una ley que sea pareja para todos; que quienes se apropian de recursos mediante el engaño o la colusión reciban una pena justa, al igual que el que lo hace mediante el hurto o el robo.
Por estas razones, señor Presidente, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra a continuación el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en esta Sala hay algunos a los que no les gustan los acuerdos. Prefieren la política de la aplanadora, de la retroexcavadora, para usar vocablos que se han acuñado en este último tiempo y que le han hecho mucho daño a Chile.
Yo estimo harto al Senador Navarro, por su capacidad de trabajo, por la convicción con que plantea sus ideas, pero creo que jugarse a degradar la política, como veo que lo hace permanentemente en los debates en la Sala, aun tratándose de buenos proyectos, no está bien.
Al final, Senador, no va a ganar usted ni va a ganar nadie. La gente que degrada la política hoy día está haciendo perder al país entero, generando una situación que a veces es preocupante. Yo vengo recién de una entrevista. La encuesta CEP dice que solo el 12 por ciento de la población apoya el trabajo del Senado.
¡Eso es lo que estamos cosechando! ¡Y lo estamos cosechando todos!
Yo creo que es muy injusto plantear que este es un mal proyecto, que se va a prestar para que siga la colusión, para que no haya sanciones, cuando aquí el Ministro, que representa al Gobierno -yo soy de Oposición-, y los parlamentarios de las Comisiones respectivas han realizado una labor a fondo. Tanto la Fiscalía Nacional Económica como las distintas autoridades que han participado han hecho, a mi juicio, una buena pega.
Por eso, voy a apoyar este proyecto de ley. Creo que da pasos muy importantes para conseguir algo que no es simple: terminar con la colusión que nos ha afectado en el último tiempo.
Las modificaciones que se le introdujeron en el segundo trámite constitucional dicen relación, en lo principal, con las participaciones cruzadas entre competidores; la designación del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; el aumento del tope máximo de las multas por infracciones anticompetitivas cuando no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor; el aumento de multas por dilatar la entrega de información solicitada por la Fiscalía Nacional Económica; la determinación de umbrales de ventas a los que esté sujeto el deber de notificar a la Fiscalía las operaciones de concentración, y la criminalización de la colusión.
En cuanto a las participaciones cruzadas entre competidores, el proyecto establece que todas aquellas que superen el umbral del 10 por ciento del capital sean informadas, a más tardar, dentro de 60 días después de su perfeccionamiento a la Fiscalía Nacional Económica, la cual podrá instruir, oportunamente, investigaciones para comprobar si infringen la libre competencia.
En lo relativo a la designación del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Senado optó por mantener el régimen contemplado en la ley vigente. Esta dispone que será presidido por un abogado, designado por el Presidente de la República de una nómina de 5 postulantes, confeccionada por la Corte Suprema mediante concurso público de antecedentes.
Sobre el aumento del límite máximo de la hipótesis de multa residual por infracciones anticompetitivas, el Senado optó por incrementarlo, llegando hasta 60 mil unidades tributarias anuales.
¡Cómo puede ser que alguien sostenga que le va a convenir seguir coludiéndose cuando hemos llegado a cifras que jamás nos habríamos imaginado!
Se suben también las multas por dilatar la entrega de información solicitada por la Fiscalía Nacional Económica.
En cuanto a los umbrales de ventas para notificar a la Fiscalía las operaciones de concentración, el Senado optó por asignar a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de fijar los umbrales de ventas que gatillan el deber de notificar las operaciones de concentración, en lugar de que se establezcan mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Respecto de la criminalización de la colusión, esta Corporación mantuvo los principios aprobados por la Cámara de Diputados en lo relativo a cárcel efectiva de al menos un año -al igual que la denominada "Ley Emilia"- para autores del delito de colusión; a inhabilidades a fin de desempeñar cargos públicos; a protección de la delación compensada, por considerarla indispensable, ya que -como lo planteó aquí muy bien el Senador Larraín- es la única manera de despejar estas situaciones, que no se hacen en público ni formalmente, sino a espaldas de la gente y en forma escondida.
No obstante, se perfeccionaron además las siguientes disposiciones aprobadas por la Cámara Baja:
a) Se amplió el tipo penal en hipótesis de colusión en licitaciones "públicas" a licitaciones convocadas por órganos públicos y no solo de la Administración del Estado, y se incluyeron los acuerdos que afecten licitaciones convocadas por empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
Considero que lo anterior es muy importante; esto no estaba en la legislación anterior.
b) Se aumentó la pena de inhabilitación de "hasta 5 años" a "7 años y 1 día a 10 años".
c) Para dotar de mayor certeza a la delación compensada, se condicionó el ejercicio de la acción penal a una sentencia condenatoria firme del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
d) Los beneficios de exención de responsabilidad penal (primer delator) y de reducción de la pena en un grado (segundo delator) los conferirá el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
e) En la colusión que involucre a solo dos competidores, únicamente el primer delator no tendrá pena de cárcel efectiva.
f) Se dispone también el deber explícito de los delatores de colaborar en el proceso penal, de tal manera que su delación sirva a efectos de dilucidar si hubo colusión y de establecer las responsabilidades respectivas.
Señor Presidente, en la práctica, la colusión consiste en un acuerdo entre competidores del mismo rubro para obtener beneficios económicos que van en contra de los consumidores, lo cual es condenable porque lleva a que estos últimos paguen por un producto un precio más caro que al que accederían de existir realmente libre competencia.
Quienes somos partidarios de esta última, que ha servido mejor para derrotar la pobreza, para atraer inversión, no podemos tolerar que ocurran actos de colusión, porque afectan directamente no solo al consumidor, sino a la credibilidad del sistema, que es acusado de los peores delitos cuando estas disposiciones no se cumplen.
Me parece que este proyecto va en la dirección correcta, al igual que las mociones contenidas en los boletines números 6.454-07 (de los Senadores Espina, Chadwick, García, Horvath y Cantero), 9.028-03 (de los Senadores Tuma, Girardi, Lagos y Quintana) y 10.366-03 (de los Senadores Ossandón y Tuma).
Estimo que hubo de parte de muchos parlamentarios un esfuerzo que, en mi opinión, manejó muy bien el señor Ministro de Economía, quien recibió todas las opiniones y sacó adelante una iniciativa que fue mejorada en ambas Cámaras para poder proteger a los consumidores del abuso que significa la colusión.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García; luego intervendrá el Honorable señor Araya.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, soy partidario de que la colusión sea penalizada con cárcel.
Me parece que tamaña afectación de los derechos de los consumidores no solo constituye un delito económico, sino también una maniobra destinada a engañar, a estafar a personas que no tienen otra manera de defenderse.
Por lo tanto, que haya sanción penal por hechos de colusión es central. Así lo determinamos, y por eso presentamos ya hace bastante tiempo un proyecto de ley que establecía la sanción de cárcel para quienes se coludieran.
Por supuesto, aquí finalmente se debía definir quién iniciaba la acción penal:
¿Podía hacerlo el Ministerio Público? ¡Por supuesto! Tiene las competencias, las facultades legales. Era perfectamente posible.
¿Podía hacerlo la Fiscalía Nacional Económica? ¡Por supuesto! También cuenta con todas las competencias, con el conocimiento de los mercados, con la investigación de estos y, más aún, con la figura de la delación compensada.
La Comisión Mixta tomó una decisión, y acordó que lo hiciera la Fiscalía Nacional Económica.
Yo voy a respaldar la propuesta de ese órgano técnico, ya que el objetivo final es que exista un castigo ejemplarizador para quienes se coluden, que debe corresponder a la sanción máxima.
Dicho todo lo anterior, señor Presidente, y tras anunciar naturalmente mi voto a favor de las propuestas de la Comisión Mixta, quiero señalar con harta sencillez y humildad, porque no soy quién para dar lecciones morales a nadie, lo siguiente.
Creo firmemente que al país no le ha hecho bien ver una disputa pública a través de los medios de comunicación entre dos altas autoridades nacionales con el fin de definir quién se lleva el trofeo de la acción penal: el Ministerio Público o la Fiscalía Nacional Económica.
¡Se trata de dos autoridades de Estado!
Considero que la ciudadanía tiene el legítimo derecho a pedirles a quienes ejercen tan altas magistraturas que hagan un esfuerzo para ponerse de acuerdo.
¿Puede haber discrepancias? ¡Por supuesto que sí! Pero deben tratarse y resolverse, a mi juicio, en privado, y luego caminar todos en una misma dirección.
Lo contrario produce no solo una enorme confusión, sino también una gran desazón. El ciudadano común no alcanza a entender -yo, como Senador de la República, tampoco- que altas autoridades de nuestro país no logren ponerse de acuerdo en materias tan sensibles.
Considero que la disputa pública entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público no le ha hecho bien a Chile.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, solo deseo ratificar en esta Sala mi votación en la Comisión Mixta en cuanto a apoyar lo hecho en ella.
Para empezar, quiero señalar que no hay un dogma o verdad universal sobre quién debe ser o no el titular de la acción penal. Se trata de un tema que puede ser muy discutible en doctrina, etcétera.
En esa línea, si la tiene la Fiscalía Nacional Económica en forma exclusiva está bien; y si la tiene el Ministerio Público también lo está.
Aquí no existe algo bueno o malo per se.
En tal sentido, nuestra legislación reconoce varios delitos respecto de los cuales el titular de la acción penal es privativamente un organismo del Estado. Basta pensar, por ejemplo, en lo que ocurre hoy día con el Servicio de Impuestos Internos, con el Servicio Nacional de Aduanas o con algunos delitos de acción penal privada respecto de los cuales, si una persona ha sido víctima de un delito, mientras no se produzca la denuncia, el Ministerio Público no puede actuar.
En consecuencia, podemos decir que ya existen precedentes en la legislación.
En segundo lugar, este es un proyecto bastante complejo cuyo sentido es fortalecer la libre competencia y a los organismos llamados a velar por la institucionalidad de ella.
Lo que busca esta iniciativa, o su trasfondo, es un sistema secuencial respecto de cómo se persigue la responsabilidad de las empresas que se coluden o que infringen las normas de la libre competencia. Y vamos a tener un organismo especializado, la Fiscalía Nacional Económica, que va a contar con distintas herramientas para desbaratar carteles y mantener la libre competencia.
En esa línea, podrá realizar interceptaciones telefónicas, incautación de documentos, entre otras actividades.
Y una vez que la Fiscalía Nacional Económica determine que ciertos actores del mercado están cometiendo un hecho infraccional ilícito, como puede ser la conformación de un cartel, podrá señalar conductas a las que se han de imputar cargos. Y tendrá que ser un organismo independiente especializado, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el que determinará si las conductas que indica la Fiscalía Nacional Económica infringen o no la libre competencia y de qué forma.
Existiendo una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se encuentre ejecutoriada, recién nacerá la posibilidad de ejercer la acción penal por la Fiscalía Nacional Económica.
Y en esto quiero decir que, pese a la polémica pública que se ha suscitado en estos días con el Ministerio Público, la Comisión de Constitución del Senado, así como la Comisión Mixta, recibieron los informes de ese organismo y se tomó en cuenta lo que señaló. Pero la opinión mayoritaria de la Comisión Mixta apoyó la existencia de este sistema secuencial en que un organismo especializado, como la Fiscalía Nacional Económica, deba decidir si es o no necesario seguir con la acción penal.
¿Por qué razón? Porque se determinó -en esto hicieron mucha fuerza los argumentos entregados por el Ministerio de Economía- que a juicio de la Fiscalía Nacional Económica no todas las conductas infraccionales de libre competencia tienen necesariamente que perseguirse penalmente, ya que hay algunas no tan graves, respecto a las cuales bastará solamente la aplicación de las multas, que -dicho sea de paso- son bastante elevadas en este proyecto.
En esa lógica, ¿cuáles son las cortapisas que se colocan para evitar que la decisión del Fiscal Nacional Económico sea de carácter arbitrario? En primer lugar, el artículo 64, que estamos modificando, dispone que el Fiscal Nacional Económico tendrá que ejercer la acción penal siempre que haya casos graves de colusión o de infracción a la libre competencia.
Se podría presentar la duda respecto de qué se entiende por "la gravedad de la situación". Hay que señalar que la propia iniciativa de ley contiene varias disposiciones relativas a qué debe entenderse cuando se habla de que exista gravedad; entre otras cosas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al graduar o aplicar las multas, ha de establecer si la conducta colusiva es de gravedad o no, que es un parámetro que se emplea al momento de la aplicación de multas.
Como consecuencia de lo anterior, si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya ha hecho la calificación de que tal conducta es de gravedad, por ejemplo, la formación de un cartel, ello constituirá un antecedente para el Fiscal Nacional Económico al momento de presentar o no la querella. Si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia calificó una conducta de grave, difícilmente la autoridad económica podrá dejar de asignarle la misma categoría.
En segundo lugar, también se fijó un plazo de seis meses para que el Fiscal Nacional Económico presente la querella criminal o dicte una resolución fundada en que señale que no lo va a hacer. La razón es evitar que exista un limbo en cuanto al tiempo, en el sentido de que no haya ningún tipo de pronunciamiento de parte de la Fiscalía. Lo que se busca con este plazo es dar certeza de cuándo se inicia la acción penal.
En esa misma línea, si el Fiscal Nacional Económico determina que no es necesario ejercer la acción penal, tendrá que hacerlo por resolución fundada. Y ahí, sin duda, será posible que operen otro tipo de controles sobre la Fiscalía Nacional Económica, que podrán ser más bien de carácter político, acerca de la procedencia o no de la acción penal.
En síntesis, señor Presidente, quiero decir que este es un muy buen proyecto.
A mi juicio, el asunto en el que finalmente se centró la discusión es opinable y discutible.
La Comisión acogió con mucha fuerza los argumentos del Ministerio de Economía porque, además, tuvo presente lo ocurrido con los delitos de colusión previos a las modificaciones que se hicieron durante el Gobierno del Presidente Lagos.
Antes de su mandato, en Chile no se desbarataban carteles; no había condenas por el delito de colusión o de conformación de carteles. Con posterioridad a las modificaciones en que se entregaron atribuciones invasivas a la Fiscalía Nacional Económica -se permite la delación compensada-, hemos tenido desbaratamientos de carteles que no habíamos conocido en el último tiempo.
A la Comisión y al Congreso nos interesa que un sistema que ha operado bien funcione.
Por eso, el perfeccionamiento que se ha hecho busca el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Ello, instaurando nuevamente la acción penal, pero con el resguardo de que efectivamente se ejerza en aquellos casos graves, respecto a los cuales además habrá un precedente sobre qué debe entenderse por "gravedad". De tal forma, la acción del Fiscal Nacional Económico no será una decisión absolutamente arbitraria, sino que existirán parámetros objetivos a que tendrá que ceñirse al momento de tomar la decisión de iniciar o no la acción penal.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ¿me permite?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador señor Navarro, ¿es para plantear un punto reglamentario? Porque usted ya intervino.
El señor NAVARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para referirse a un asunto de Reglamento.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo intervenir conforme a lo que dispone el artículo 114, en cuanto al daño al buen nombre.
Algunos colegas Senadores han señalado que mi intervención anterior habría causado un daño a la estabilidad del país, y que el oponerse al consenso afectaría la imagen del Senado.
¡Si en el Senado siempre hubiera consenso, sería mejor que no existiera!
En él se expresan diversas visiones, tendencias, ideologías y posiciones políticas.
Por lo tanto, el disenso es de la esencia del Senado...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Perdón, lo que ocurre es que usted está pidiendo hacer uso del derecho a vindicación.
El señor NAVARRO.-
Voy a referirme inmediatamente a ello, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Eso tiene que determinarlo la Mesa, así como cuándo se le dará la palabra para tal fin. Puede ser en cualquier momento de la sesión, e incluso, con posterioridad a la votación.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito hacer ejercicio del derecho reivindicatorio establecido en el artículo 114 del Reglamento del Senado.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
La opinión de este Presidente es que efectivamente aquí ha habido algunos planteamientos de distintos señores Senadores que van más allá de la argumentación de este proyecto de ley y de lo afirmado por el Senador señor Navarro.
Sin embargo, yo le concedería diez minutos para intervenir después de tomada la votación.
El señor NAVARRO.-
Necesito mucho menos tiempo.
Gracias, señor Presidente, quisiera...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador señor Navarro, podrá intervenir por diez minutos, pero con posterioridad a la votación.
El señor NAVARRO.- Muy bien.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos a favor, 2 en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Espina y Navarro.
No votaron, por estar pareados, los señores Girardi y Ossandón.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Antes de pasar a la hora de Incidentes, el Senador señor Navarro hará uso de su derecho a vindicación, en virtud del artículo 114 del Reglamento.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que soy de los que creen que el disenso no daña, sino que fortalece y conjuga las diversas visiones.
En este caso particular, no considero que el disentir sobre la preeminencia del Fiscal Nacional Económico por sobre el Ministerio Público respecto de la querella sea una situación que dañe al país.
Por el contrario, tal como lo ha dicho el Senador García Ruminot, la controversia actual entre el Ministerio Público y el Director del Servicio de Impuestos Internos daña; la controversia entre el Fiscal Nacional Económico y el Ministerio Público daña.
¡Esta era la posibilidad de despejar aquello!
Y quiero recordar que la elección del Fiscal Nacional Económico, nombrado por la Presidenta de la República de una terna, no le corresponde al Senado como sí la designación del Fiscal Nacional del Ministerio Público. Por su parte, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es elegido de una quina elaborada por la Corte Suprema, y tampoco pasa por esta Corporación.
Esta era la ocasión para haber fortalecido a estas dos importantes autoridades, que persiguen la comisión de delitos tan brutales, tan millonarios, tan abusivos, muy superiores a un robo en una casa con o sin habitantes que sí persigue el Ministerio Público.
¡Hablamos de robos abusivos, sistemáticos por largos años y décadas!
Esto radica en dos autoridades legítimas. ¡Quién podría dudar de Felipe Irarrázaval, que ha hecho una tarea encomiable como Fiscal Nacional!
Solo quiero señalar que perdimos la oportunidad de haber resuelto esta situación de competencias y de establecer a lo menos que el nombre del titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fuera propuesto por la Presidenta o el Presidente de la República de una nómina presentada por la Corte Suprema, y acordado por el Senado.
Y, asimismo, que el Fiscal Nacional Económico, al igual que el Fiscal Nacional del Ministerio Público, fuera propuesto por la Primera Mandataria, pero sancionado por el Senado. Porque hoy día el Fiscal Nacional Económico dura cuatro años y lo designa el Presidente de la República de turno.
El actual Fiscal, Felipe Irarrázaval Philippi, fue ratificado por la Presidenta Michelle Bachelet.
¡Bienvenido! ¡Y en buena hora!
Y deseo manifestar que no todos los Gobiernos actúan así, ni todos pueden garantizar absoluta idoneidad respecto de los nombramientos.
Por tanto, mi cuestionamiento a la situación del Fiscal Nacional Económico no dice relación con su actual titular -por el contrario, hemos recurrido a él todas las veces que lo creímos necesario-, sino con la fórmula institucional del pronunciamiento, que tiene como elemento la confrontación.
Si tuviéramos hoy día la posibilidad de pronunciarnos en este Senado sobre ambos nombramientos, eso carecería de controversia y ayudaría a lo menos a afirmar la confianza en dichas autoridades.
Reitero: hice una observación legítima, y creo que tengo absoluto derecho a ejercer esa opción. Dije que el hecho de que el Fiscal Nacional Económico determine si se querella o no y que, en caso de no hacerlo, el Ministerio Público debe inhibirse de investigar un delito económico millonario -como ocurrió, por cierto, con el Servicio de Impuestos Internos-, garantizará una controversia permanente, la que se habría podido evitar si se hubiera encontrado una fórmula distinta.
Eso es lo que he señalado.
No creo que ello sea un agravio a la patria ni que signifique la búsqueda de un conflicto o la destrucción del consenso, ¡menos el uso de una "retroexcavadora"! Muy por el contrario, quienes pasan la retroexcavadora son los que usan las mayorías y, en este caso, yo he sido víctima de la máquina mayoritaria del Senado. Y lo acepto siendo minoría.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Energía, pidiéndole antecedentes respecto de PROCESO DE NEGOCIACIÓN ENTRE ENAP Y METHANEX; CONDICIONES DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS ENTRE DICHAS EMPRESAS, Y VERACIDAD DE INFORMACIÓN DE SERVICIO GEOLÓGICO DE EE.UU. CON RELACIÓN A RESERVAS DE GAS EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor MOREIRA:
A la señora Ministra de Salud, solicitándole información sobre POLÍTICAS DE CAMBIO EN MODELO DE LLAMADOS A CONCURSOS INTERNOS.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Socialista, que cedió sus minutos al Senador señor Navarro.
Sumado al tiempo de su Comité, Su Señoría dispone de trece minutos para intervenir.
Tiene la palabra.
PREOCUPACIÓN POR DRAMÁTICA SITUACIÓN DE MENORES EN CENTROS DEL SENAME. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, día a día somos golpeados por la profundización de una crisis sistemática en el Servicio Nacional de Menores.
Hoy he solicitado al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para que se aboque a la investigación de las sucesivas muertes de menores al interior de los centros del SENAME.
Claramente, esa situación no solo afectó a Lissette Villa en el Hogar Galvarino, sino también a otros niños.
De manera lamentable y dolorosa, de acuerdo con antecedentes que se han ido conociendo y que se nos hicieron llegar recientemente, Rechel Contreras, niña de diez años, falleció en un centro colaborador del SENAME en febrero. Luego de meses, a finales de mayo, la institución tuvo conocimiento de las irregularidades al interior del centro Alceste Piergiovanni, de Quinta de Tilcoco. Este hecho, por cierto, debe ser investigado con responsabilidad antes de asignar apresuradamente responsabilidades.
¡La situación del SENAME es caótica y terminal!
Señor Presidente, he tomado la decisión de exigir un fiscal especial para investigar la situación del referido organismo, porque estamos frente a un largo y triste listado de jóvenes, adolescentes e infantes muertos al interior de los recintos del SENAME, tanto en los centros de resguardo como en los de reclusión para menores infractores de ley.
Quiero señalar que en 2007 Angelo, Pablo, Franco, Ángel, Jorge, Jaime, Rodrigo y Bryan perdieron la vida en el centro Tiempo de Crecer, de Puerto Montt. Un día domingo los menores internos iniciaron un motín: encendieron un colchón en la puerta de acceso a una de las dependencias, donde se encontraban diez adolescentes. El fuego se propagó desmesuradamente y los niños corrieron a esconderse en los baños, lugar en el que finalmente ocho de ellos encontraron la muerte. Dos fallecieron días después de muerte cerebral debido a la intoxicación por humo.
Daniel Ballesteros Pérez, de 17 años, falleció en el Centro Metropolitano Norte de Tiltil el 23 de noviembre de 2013, dos semanas antes de cumplir 18 años y a un mes de salir en libertad, luego de cumplir una condena de dos años por robo con intimidación. Este joven perdió la vida a raíz de dieciocho puñaladas proporcionadas por sus compañeros, quienes lo acusaron de haber robado un celular. Murió por desangramiento una hora después al interior de un SAPU.
Fernanda, lactante de diez meses, falleció en el Hogar Nazaret de Copiapó el 24 de enero de 2014. De los cuarenta niños que había ese verano en el recinto, seis eran lactantes. Todos, los cuarenta, estaban al cuidado de solo dos educadores. En la madrugada de ese viernes la pequeña Fernanda se ahogó con su propio vómito, siendo encontrada en estas condiciones recién entrada la mañana. Nadie la escuchó porque, al igual que otros cinco bebés, ella dormía encerrada con candado en una pieza alejada del resto de los niños, para protegerla de algunos internos con enfermedades psiquiátricas.
Isamar, niña de 2 años, falleció en el Centro Cerrado del SENAME de Limache el 6 de julio de 2014. Al interior de la habitación en que dormía junto a su hermano de cuatro años, Isamar fue encontrada muerta por asfixia provocada por vómito. La menor había pasado el fin de semana con sus padres y abuelos y ese domingo regresó a dormir al hogar. Desde hacía tres meses que el tribunal de familia había ordenado llevar a los niños a dicho centro debido a la precariedad económica de sus padres, quienes en apenas unas semanas volverían a recibir a sus hijos.
J.F., niña de 11 años, falleció en el Centro Galvarino, de Santiago, el 11 de abril del 2016. Durante un cambio de turno, la pequeña se desplomó en medio del patio alrededor de las 20 horas. La menor, que tomaba fármacos por su condición psiquiátrica, murió de un paro cardíaco. Dicho hogar, donde vivía esta niña, tiene disponibilidad solo para 70 menores. Sin embargo, hasta el mes pasado había 120 niñas hacinadas, según denuncia hecha por los propios trabajadores del lugar.
¡Señor Presidente, la impunidad no puede consolidarse cuando se trata de la vida de niños bajo tutela del Estado!
En el Senado de la República, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha realizado ocho sesiones sobre esta materia, en las que ha develado las falencias de dicho Servicio. Estamos haciendo un esfuerzo para formular un conjunto de propuestas tendientes a enfrentar este gravísimo drama.
En verdad, no teníamos idea de la profundidad de la desgracia que afrontan estos niños. Conocíamos la situación en general.
El año 2012 en esta Sala hice presente una carta abierta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, en ese mismo sentido. Entonces mencioné hechos tanto o más graves que los que he señalado.
Asimismo, hemos presentado un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en defensa de los 1.334 niños que se encuentran en riesgo. Eso lo indicó el propio Director Nacional del SENAME, Hugo Herrera, en esta Sala, aunque, con posteridad, dijo que el número no superaba los 134 menores, cuando en realidad eran más de 1.300.
Ello nos obliga a hacer una denuncia más allá de las fronteras de nuestro país: vamos a interponer una acción ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU para buscar las responsabilidades del Estado de Chile en torno a la situación de los menores fallecidos y de los 1.334 niños que el propio SENAME y la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, han manifestado que se encuentran en riesgo vital.
Hay demasiados estudios sobre el particular: de la Contraloría, de la Cámara de Diputados, del Ministerio de Justicia y de los mismos tribunales, como el de la Corte Suprema. Ahí está el informe de la jueza Mónica Jeldres.
La Convención sobre los Derechos del Niño se firmó en 1989 y, con ello, se creó el Comité de los Derechos del Niño, órgano fiscalizador del cumplimiento de estos ante la Organización de las Naciones Unidas.
A partir del año pasado -y este es el elemento clave-, no solo los Estados pueden denunciar a otro país por la violación de los derechos del niño. En septiembre de 2015 Chile firmó el Protocolo facultativo que permite, desde el 1 de diciembre, a cualquier persona denunciar la violación de los derechos de los niños, incluso a su propio país, ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
¡Esto no da para más!
Ciertamente, estamos actuando con lentitud.
No hay comprensión cabal de que esta es una responsabilidad del Estado de Chile y no solo del Ministerio de Justicia; mucho menos de la Ministra Javiera Blanco, quien lleva un año en el cargo.
¡El Estado debe comprometerse!
La Ministra de Salud tiene que otorgar los cupos para los niños que están con enfermedades terminales y graves.
No soy pitoniso, señor Presidente, pero los antecedentes de que disponemos señalan que en los próximos días y semanas van a fallecer otros niños que se encuentran abandonados en los centros del SENAME con enfermedades terminales, sin la posibilidad de contar con una cama ni con un tratamiento paliativo, como los que podrían recibir en los centros de salud.
¡Eso es un abuso intolerable!
¡Es inexcusable que el Ministerio de Salud no asuma su responsabilidad frente a esos hechos!
Claramente, la situación del 63 por ciento de los niños que están bajo la tutela del SENAME y que se hallan con tratamiento farmacológico hoy día es de extrema precariedad, pues el personal asignado es insuficiente y no cuenta con la capacitación necesaria para la administración de ese tipo de medicamentos.
Estamos hablando de casi 4 mil niños.
Lo dije con dolor en una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en que analizamos esta materia: ¡el 63 por ciento de los menores internados en los centros del SENAME -es decir, 6 de cada 10- son dopados con fármacos para tenerlos tranquilos!
No conozco exactamente el detalle -solicitamos que se nos hiciera llegar la información pertinente- del tratamiento de cada uno de esos niños, para saber si es el adecuado y si son asistidos por un profesional o facultativo con las debidas competencias que los controle en dicho proceso.
Todo indica que aquello no ocurre; que los menores siguen allí abandonados ante la indolencia de muchos.
Ha habido variadas reacciones, señor Presidente.
Diversos organismos de la sociedad civil han protestado frente a la Moneda, en la plaza de la Constitución.
Ha habido ciudadanos de distintas corrientes políticas que se han agrupado en defensa de la infancia.
Todos esos movimientos son bienvenidos; todas las acciones de denuncia son bienvenidas.
Pero lo que importa en estos momentos es la acción: qué vamos a hacer como Estado; qué haremos como Senado de la República, como Congreso Nacional para salir al paso de una situación que puede devenir en tragedia en cualquier minuto.
En los próximos días visitaremos los centros de reclusión de menores infractores de ley (CRC), que son custodiados por gendarmes.
Hasta ahora todas las sesiones de la Comisión las hemos orientado hacia los centros de cuidado, de resguardo. No hemos siquiera tocado el caso de los adolescentes recluidos en aquellos centros, donde no tienen nada que hacer; se hallan en condiciones de hacinamiento, y existen variados problemas.
Así se lo hicimos ver al Director Nacional de Gendarmería.
Hay más de 750 gendarmes asignados a la custodia de esos niños a lo largo de todo el país.
Los testimonios de psicólogos, de trabajadores sociales, de psiquiatras, de enfermeros, de educadores que trabajan en tales centros son concluyentes.
Lo dijo Paz Ciudadana en esta misma Sala.
Señor Presidente, vamos a pedir un estudio y una evaluación acerca de la correlación entre los niños que han pasado por el SENAME y los menores, jóvenes y adultos que se encuentran hoy día en los centros de reclusión de Chile.
Todo indica la existencia de una correlación positiva enorme, dolorosa, que puede hallarse arriba del 60 por ciento.
En mi Región durante los últimos días conocimos cuatro hechos de violencia perpetrados por jóvenes, adultos o adolescentes: ¡30 puñaladas a un conductor de un taxibus Penco-Lirquén! El autor de dicha acción había pasado por un centro del SENAME.
Son muchos los delitos adyacentes cometidos por jóvenes que han estado en centros del Servicio Nacional de Menores.
Si el Estado no quiere actuar por la moral, por la ética, por el sentimiento, por los valores, tendrá que hacerlo por la economía.
El propio Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció aquí que no existe un parámetro que permita determinar cuánto gasta nuestro país al año por cada joven resguardado en tales centros.
¡No hay parámetro!
Dicho Secretario de Estado admitió en esta Sala que no hay ningún indicador porcentual del gasto per cápita que se hace por cada niño vulnerado.
¡No hay indicadores, porque nadie se ha preocupado de este asunto!
Sí hay indicadores relativos al porcentaje de jóvenes delincuentes recluidos en las cárceles de Chile que ha pasado por los centros del SENAME. Es una inmensa mayoría. Me atrevo a anticipar una cifra: más del 50 por ciento.
De hecho, podemos realizar un perfil de los jóvenes, señor Presidente.
Si tomamos a quienes estudian en el Nido de Águilas o en algún colegio de nombre inglés de los sectores de altos ingresos de la sociedad chilena, podemos determinar que en el 95 por ciento de los casos van a ser gerentes de grandes empresas o profesionales exitosos y lograrán una acumulación de bienes a los 40 años que les asegurará la vida.
Esa misma correlación la podemos hacer respecto de los niños y jóvenes que se encuentran bajo la protección del SENAME o que se hallan en los centros de detención para adolescentes infractores de ley.
En el primer caso, yo hablo del 95 por ciento...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para redondear su idea.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, se trata de una verdad que incomoda. Y debiera incomodarnos a todos el constatar que los esfuerzos que han hecho los sucesivos gobiernos en su lucha por disminuir la delincuencia no han considerado un hecho grave y real: que en los centros para la protección de menores vulnerables el fracaso del Estado en materia formativa y de reinserción social está produciendo que ellos queden abandonados a su suerte.
Cuando los menores salen del sistema de redes del SENAME, a los 17 años, se les pasa 500 pesos y se los manda a la calle. De allí a la acción delincuencial hay un solo segundo.
Señor Presidente, solicito que esta intervención se haga llegar a a la señora Presidenta de la República, al señor Ministro de Interior, a las señoras Ministras de Justicia, de Educación y de Salud, y a todas las instituciones relacionadas con los centros del SENAME.
Además, pido que Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia nos entreguen toda la información relativa a la correlación entre los niños del SENAME y la incidencia...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, estoy requiriendo el dato preciso (conocemos la situación en general): cuántos de los jóvenes y adultos que actualmente se hallan encarcelados pasaron por el SENAME, por esta red de protección en que el Estado ha fracasado.
Porque hay una responsabilidad estatal, no solo individual.
Esa cifra la vamos a exigir. Y si no está disponible, formalmente solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda para que nos proporcione tal información: la correlación entre los menores que han pasado por los centros del SENAME y los jóvenes y adultos que han cometido delitos y que hoy se encuentran en proceso o condenados.
Ese antecedente va a servir para elaborar una política nueva que se oriente en dos sentidos: rescatar a la persona y luchar contra la delincuencia.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se dará curso a los oficios requeridos por Su Señoría con relación a situaciones muy delicadas en que las víctimas son los menores.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Le pido al Senador señor Navarro que pase a presidir la sesión para yo poder intervenir en Incidentes.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Navarro, en calidad de Presidente accidental.
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El señor NAVARRO (Presidente accidental).-
El Comité Partido Unión Demócrata Independiente no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Quintana.
INSTALACIÓN DE CENTRO TECNOLÓGICO DE APRENDIZAJE EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIO
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la señora Ministra de Educación con la finalidad de que informe cómo se va a concretar el compromiso, plasmado en el Programa de Gobierno, relativo a instalar en cada región de nuestro país un Centro de Entrenamiento de Alto Nivel, el cual -según entiendo- se redefinió como "Centro Tecnológico de Aprendizaje".
Se trata de una nueva entidad, que forma parte de la política nacional de formación técnico profesional. Su objetivo es brindar apoyo a los establecimientos técnicos de enseñanza media y hacerse cargo de los procesos de formación, de capacitación y de especialización de los docentes que se desempeñan en ese tipo de educación.
En particular, pido evaluar la instalación del Centro Tecnológico de Aprendizaje en la Región de La Araucanía, donde existe una demanda muy importante e, incluso, espacios físicos donde podría iniciarse su implementación.
Uno de ellos podría ser el Parque Industrial y Tecnológico -y recalco el concepto de "tecnológico", cuya dimensión ha estado un tanto ausente desde su creación, hace casi dos décadas- situado en la comuna de Lautaro. El municipio cuenta con dos hectáreas disponibles en el interior de dicho parque.
Algunos de los desafíos que actualmente enfrenta la formación técnica se hallan relacionados con la necesidad de generar una política pública sistemática respecto de la formación técnico profesional en Chile, así como también proporcionar definiciones estratégicas en torno a qué formación técnica quiere y necesita nuestro país.
Aquí hubo un amplio debate sobre el particular.
El señor Presidente fue testigo de la discusión habida en el marco de la iniciativa sobre creación de quince centros de formación técnica, que el Congreso Nacional aprobó hace poco tiempo y cuya ley ya promulgó la Presidenta de la República.
Más aún, uno de los aspectos mejor abordados en el proyecto sobre reforma a la educación superior que acaba de enviarse al Parlamento (ya se encuentra en tramitación) y que tal vez presenta mayor consenso tiene que ver precisamente con el capítulo de educación técnico profesional.
Por lo tanto, nos parece urgente procurar mayor pertinencia curricular, que asegure un paso fluido desde la educación escolar a la superior. Y eso se consigue potenciando los establecimientos técnicos de enseñanza media.
Por lo tanto, reitero esta solitud a la Ministra de Educación, para que informe cómo será el cumplimiento del compromiso pertinente y, desde luego, cómo estará considerada la Región de La Araucanía para ese propósito.
Y repito el planteamiento en orden a que el Parque Industrial y Tecnológico en Lautaro sea sede para la materialización de dicho compromiso.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 19:55.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción