REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 29ª, en martes 12 de julio de 2016
Ordinaria
(De 16:22 a 19:51)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez, y de la Mujer y la Equidad de Género, señora Claudia Pascual Grau.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey Valdés, y el asesor del Ministerio del Interior señor José Pedro Silva.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Las actas de las sesiones 27ª y 28ª, ordinarias, en 5 y 6 de julio de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín N° 9.689-21).
2) El que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero (boletín N° 10.344-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2) Proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
Con el último hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República Argentina para Eliminar la Doble Imposición en relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, su Protocolo y el Memorando de Entendimiento relativo a su aplicación", suscritos en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2015 (boletín N° 10.346-10).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario con el objeto de exigir que normas destinadas al consumo humano del agua consideren los estándares determinados por la Organización Mundial de la Salud (boletín N° 9.285-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Con el segundo señala que dio su aprobación, con las excepciones que indica, al proyecto de ley aprobado por el Senado que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores (boletín N° 8.511-13).
--Queda para tabla.
Con el tercero comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que modifica el DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de candidaturas independientes (boletín N° 10.688-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216 e inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798.
-Artículo 387 del Código Procesal Penal.
-Incisos cuarto y quinto del artículo 199 del Código Civil.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro (S) del Interior y Seguridad Pública:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la situación que afecta a los funcionarios públicos de la Región de Atacama, quienes solicitaron el otorgamiento de una bonificación especial mensual para el presente año.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Responde acuerdo del Senado por medio del cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que exprese, en nombre del Gobierno y del pueblo de Chile, su repudio ante el atentado cometido por el grupo terrorista ISIS en las ciudades de Tartous y Jableh, en la República Árabe Siria (boletín N° S 1.889-12).
De la señora Ministra de Salud:
Atiende inquietud, formulada en nombre del Senador señor Prokurica, sobre el estado de avance del concurso público para proveer el cargo de Director del Hospital de Huasco.
Responde acuerdo adoptado por el Senado mediante el cual se solicitó un análisis y una revisión del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) (boletín N° S 1.871-12).
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor Horvath, para aplicar una cromatografía líquida de alta resolución en las zonas costeras con el propósito de verificar la existencia de toxinas de marea roja en las Regiones de Los Lagos y Aisén.
Remite respuesta, ante solicitud del Senador señor De Urresti, para analizar la posibilidad de conformar una instancia de trabajo intersectorial que elabore un plan integral con la finalidad de afrontar el fenómeno de la marea roja que afecta a la zona sur del país.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da contestación a solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Von Baer, referente a la ampliación del plazo de entrega del proyecto de reposición de la ruta que une Mariquina con Valdivia.
Atiende inquietudes, formuladas en nombre del Senador señor García, sobre los siguientes asuntos:
-Estado en que se encuentra el proyecto de construcción de doble vía Freire-Pucón.
-Antecedentes del proyecto de construcción de pantallas acústicas en el sector de la Ruta 5 Sur, comuna de Loncoche.
Informa requerimiento sobre las acciones realizadas por la Cartera a su cargo para reparar y mantener la Ruta 336-H 69, sector Casa de Lata, Región de La Araucanía, y las medidas adoptadas para resguardar la seguridad de los vecinos, materias consultadas en nombre del Senador señor Espina.
Atiende petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Ossandón, sobre los contratos celebrados por el Estado con la empresa AZVI CHILE.
Del señor Ministro (S) de Minería:
Responde consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el impacto que se produciría en las áreas de interés de esa Cartera si el Ejecutivo suscribe y ratifica el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Remite información, requerida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre bienes públicos transferidos a personas o instituciones en la Región de Los Ríos durante los últimos cuatro años.
Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Envía respuesta al acuerdo del Senado por medio del cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere incluir a los trabajadores suplementeros de Chile entre los postulantes al reconocimiento de Tesoros Humanos Vivos 2016 (boletín N° S 1.882-12).
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor Ossandón, sobre el número de causas ingresadas por el delito de secuestro desde el año 2010 a la fecha.
Del señor Subsecretario (S) del Medio Ambiente:
Remite, en respuesta a consulta formulada en nombre del Senador señor De Urresti, antecedentes relativos a las dependencias institucionales existentes en la ciudad de Valdivia.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Matta, acerca de las fiscalizaciones efectuadas a la empresa Agrosilos, de Putagán, y en cuanto a si esta cuenta con un protocolo de acuerdo a la normativa ambiental.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Informa requerimiento sobre las condiciones de jubilación de la persona individualizada, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica:
Absuelve solicitud, planteada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de la situación que afecta a un beneficiario de la Beca Chile de doctorado en el extranjero del año académico 2009, a quien se le declaró el término anticipado del beneficio por incumplimiento de obligaciones.
Del señor Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil:
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre los pormenores del corte de energía eléctrica que afectó al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez el 19 de febrero pasado.
Del señor Director Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Remite, en respuesta a consulta formulada en nombre del Senador señor Matta, los protocolos de seguridad para el jardín infantil Pasitos Alegres y la escuela Alcalde Manuel Salvador del Campo, de la localidad de Putagán, comuna de Villa Alegre, provincia de Linares.
De la señora Directora del Servicio de Salud de Atacama:
Acoge preocupación, expresada en nombre del Senador señor Prokurica, con relación al estado de tramitación y tiempo estimado de espera para cirugía a vecino de la comuna de Copiapó.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno aumentando las penas; tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y enmienda la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba las Actas del XXIII, XXIV y XXV Congresos de la Unión Postal Universal, adoptadas el 5 de octubre de 2004 en Bucarest, Rumania; el 12 de agosto de 2008 en Ginebra, Suiza, y el 11 de octubre de 2012 en Doha, Qatar, respectivamente (boletín N° 10.177-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Guillier, Prokurica y Tuma, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 28 B de la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objetivo de incorporar un mecanismo para la protección del derecho a la privacidad de los consumidores (boletín Nº 10.791-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Guillier, Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 57 de la Carta Fundamental para permitir que los consejeros regionales, concejales y dirigentes que indica sean candidatos a Diputado o Senador (boletín Nº 10.792-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Quinteros; señoras Allende, Pérez San Martín, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Araya, Bianchi, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Matta, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ignacio Walker y Zaldívar, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, considere la implementación de una Dirección Nacional de Odontología, con su correspondiente Subsecretaría, para elevar el estándar actual que posee a nivel ministerial (boletín N° S 1.894-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Comunicación
Del señor Presidente Pro Tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, con la que hace llegar la declaración de la IV Sesión, celebrada en Puerto Varas los días 27 y 28 de junio de 2016.
--Se toma conocimiento.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, solicito que el proyecto que establece el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología -boletín Nº 7.753-19-, que se encuentra en la Comisión de Educación, pase a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde debe estar radicado.
Dicha iniciativa es anterior a la creación de la Comisión de Desafíos del Futuro y está durmiendo felizmente en la de Educación.
La señora VON BAER.-
No hay acuerdo, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si no existe acuerdo, habrá que votar la petición. Esa es la regla.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, entiendo que la Comisión de Desafíos del Futuro no hace trámites legislativos.
El señor PROKURICA.-
No.
La señora VON BAER.-
Y habíamos definido que los asuntos sobre ciencia y tecnología debían radicarse en la Comisión de Educación.
Ese es el punto.
La verdad es que en este minuto en la Comisión de Educación estamos casi sin proyectos. Así que solo es cosa de que la iniciativa a que se refirió el Senador Girardi se ponga en tabla para tratarla.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Quiere agregar algo, Senador señor Girardi?
El señor GIRARDI.-
Sí.
Yo pienso que hay una confusión, señor Presidente. Y le pido al señor Secretario que aclare el punto.
La Comisión de Desafíos del Futuro es legislativa y tiene el mismo estatus que las demás Comisiones. De esa manera se aprobó en el Senado su creación.
De hecho, aparece en el listado como una de las Comisiones...
El señor BIANCHI.-
Como una de las Comisiones permanentes.
El señor GIRARDI.-
Así es: como todas las demás.
Entonces, eso no se aviene con lo que señala la Senadora (sé que es por desinformación).
Por eso he pedido que la Comisión de Desafíos del Futuro, conforme a sus atribuciones, tramite la iniciativa que individualicé.
A dicho órgano técnico le corresponde analizar aquel tipo de proyectos: ¡justamente para eso fue creado!
El señor LAGOS (Presidente).-
A raíz de la petición de Su Señoría, ha surgido una segunda inquietud.
Entonces, respecto a las atribuciones de la Comisión de Desafíos del Futuro, solicito la opinión del señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cuando la referida Comisión partió, señor Presidente, aún no estaba prevista en el Reglamento. Y se constituyó para ver las situaciones relacionadas con el Consejo del Futuro (si se forma o no es un asunto que todavía se halla pendiente) y lo relativo a la organización del Congreso del Futuro, evento que se realiza todos los años.
Sin embargo, con posterioridad se presentó un proyecto de acuerdo -no recuerdo qué Senadores lo hicieron-, y la Comisión de Desafíos del Futuro fue incorporada con el número 21 en el listado de Comisiones permanentes que figura en el artículo 27 del Reglamento. De manera que esta Comisión tiene el mismo estatus que las demás Comisiones permanentes del Senado.
El señor LAGOS (Presidente).-
Desde el punto de vista procedimental, en consecuencia, se trata de una Comisión regular de esta Cámara.
Ahora, si no hay unanimidad, la petición formulada por el Senador señor Girardi debe votarse.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, habría que definir si la Comisión de Educación sigue siendo de Ciencia y Tecnología. Porque esta discusión la vamos a tener siempre. Entonces, es necesario resolver el punto.
No veo dificultades con lo de la Ciencia y la Tecnología. La cuestión radica en la determinación de qué materia le corresponde a cada Comisión.
Yo tengo una preocupación constante en cuanto a las comisiones especiales, porque me parece que las permanentes deben resolver los asuntos que les competen, salvo que estén sobrecargadas de trabajo.
Mi problema no es con la Comisión de Desafíos del Futuro, sino con la de Educación, que además lo es de Cultura, Ciencia y Tecnología.
Si no es así, estoy equivocada.
Empero, desde mi perspectiva, hay que tener claro qué materia le toca a cada Comisión.
Ese es todo el punto que yo quería hacer, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entiendo su planteamiento, señora Senadora.
Le voy a pedir al señor Secretario que complemente la información que entregó recién, porque de esa manera se dará respuesta a la inquietud de Su Señoría.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señor Presidente, luego de la creación de la Comisión de Desafíos del Futuro, en septiembre de 2015 la competencia en materia de Ciencia y Tecnología, que hasta esa fecha era de la Comisión de Educación y Cultura, se traspasó a aquel órgano técnico.
El señor LAGOS (Presidente).-
Todavía está pendiente la solicitud del Honorable señor Girardi.
¿Le parece a la Sala aprobarla?
Acordado.
En consecuencia, el proyecto que establece el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología pasa de la Comisión de Educación y Cultura a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación.
El señor COLOMA.-
Con armonía y en paz, todo se arregló.
El señor LAGOS (Presidente).-
En eso estamos.
Aquí, la mejor disposición.
El señor BIANCHI.-
¡Qué gran presidencia!
El señor LAGOS (Presidente).-
No: ¡esto es accidental...!
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Repito, señor Presidente, que no se trata de un problema específico con la Comisión de Desafíos del Futuro, sino más bien de una cuestión conceptual, vinculada con la forma como ordenamos nuestro trabajo.
En tal sentido, yo siempre voy a preferir la labor dentro de las comisiones permanentes, excepto que estén sobrecargadas de proyectos, pues, a mi entender, así se ordena mucho mejor el quehacer legislativo.
Me disculpo por mi desinformación.
De consiguiente, estimo que se halla perfectamente validado que vayan a la Comisión de Desafíos del Futuro todos los proyectos sobre ciencia y tecnología.
El señor LAGOS (Presidente).-
Nada hay que disculpar, señora Senadora, ya que formuló una pregunta legítima.
Ahora, coincido con Su Señoría en que ojalá sean las comisiones permanentes las que tomen la mayor cantidad de decisiones en esta casa.
Por eso, soy reacio a generar comisiones especiales, salvo para cuestiones muy puntuales.
¿Quiere agregar algo, Senador señor Girardi?
El señor GIRARDI.-
Solo deseo recordar, señor Presidente, que la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación es permanente. Y por eso la discusión que estamos teniendo.
Tal vez a futuro deberemos crear otras comisiones permanentes, porque el mundo está cambiando. A lo mejor algunas dejarán de existir. Pero esa es la idea.
El señor LAGOS (Presidente).-
Lo que pasa es que comenzó como Comisión de Desafíos del Futuro y, debido a que mantuvo este término en su nombre definitivo, uno cree que va a ser del futuro siempre.
El señor GIRARDI.-
Siempre va a ser así.
El señor LAGOS (Presidente).-
Pero, desde el punto de vista procedimental, es igual que todas las comisiones permanentes.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Solo quiero hacer una clarificación, señor Presidente.
Como la Comisión de Desafíos del Futuro tiene carácter permanente, es muy importante -lo discutimos en la última sesión de la Comisión de Probidad y Transparencia- que para su funcionamiento se rija por las normas que regulan a las comisiones permanentes: elección de su Presidente, en fin. Y también hay que ver lo relativo a su financiamiento, pues a este respecto, como decía el señor Prosecretario en la Comisión de Probidad y Transparencia, tiene un régimen distinto del de las restantes comisiones.
Entonces, sería bueno que eso se discutiera, en la Comisión de Régimen Interior o donde corresponda, al objeto de que tengamos claridad sobre el funcionamiento de la Comisión de Desafíos del Futuro, para no encontrarnos después con problemas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Me parece muy bien, muy pertinente.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la Comisión de Zonas Extremas, comisión especial que también es permanente, está viendo el proyecto sobre modernización de aduanas.
Dicho órgano técnico -y el Ministerio de Hacienda, representado por el Subsecretario, señor Alejandro Micco, conviene en ello- solicita el asentimiento de la Sala para que dicha iniciativa se discuta en general y particular en el primer informe al objeto de que sometamos a debate y votación durante el mes de julio en curso las indicaciones que el Ejecutivo se comprometió a enviar.
Después va a Hacienda.
El señor LAGOS (Presidente).-
Por cierto, sin perjuicio de que debe ir a la Comisión de Hacienda.
El señor HORVATH.-
Obvio.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En todo caso, señor Senador, hago un alcance -puedo estar equivocado; ojalá que no cometa un error-: la Comisión de Zonas Extremas es especial, pero no sé si permanente.
Le dejo la inquietud.
¡Ahí tiene un desafío de futuro...!
El señor HORVATH.-
Es permanente, Su Señoría, tanto en la Cámara de Diputados cuanto en el Senado, mientras haya zonas extremas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Ya.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en esta sesión ordinaria, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes asuntos:
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para el Intercambio de Información en Materia Tributaria" y su Protocolo, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de septiembre de 2014 (boletín N° 10.206-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y los Estados de Guernesey", suscrito en St. Peter Port, Guernesey, el 4 de abril de 2012, y en Santiago, Chile, el 24 de septiembre de 2012 (boletín N° 10.288-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República de Sudáfrica para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio", y su Protocolo, suscritos en Pretoria, Sudáfrica, el 11 de julio de 2012 (boletín N° 10.311-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio del transporte aéreo internacional y de las empresas navieras", suscrito en Santiago, Chile, el 25 de abril de 2014 (boletín Nº 10.328-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta" y su Protocolo, suscritos en Santiago el 25 de mayo de 2015 (boletín N° 10.345-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República Argentina para Eliminar la Doble Imposición en relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal", su Protocolo y el Memorando de Entendimiento relativo a su aplicación, suscritos en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2015.
2.-
Considerar en el primer lugar del Orden del Día de la presente sesión ordinaria el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental al señor Alejandro Ruiz Fabres (boletín N° S 1.875-05).
3.-
Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 13 de julio, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín N° 9.015-05).
4.-
Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto, iniciado en moción de la Honorable señora Muñoz, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes números 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, para controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático (boletín N° 9.715-07).
5.- Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05): hasta las 10 de mañana, miércoles 13 de julio, en la Secretaría de la Comisión de Hacienda.
El señor CHAHUÁN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.-
Como una medida de economía procesal, propongo que los proyectos de acuerdo en materia tributaria mencionados, que son similares, sean sometidos a un solo pronunciamiento.
El señor LAGOS (Presidente).-
Es lo que hemos pensado hacer.
De hecho, se ha resuelto que sean tratados como si fueran de Fácil Despacho; e incluso, no se van a informar. Se votarán después de la relación.
Uno de ellos es con la República Argentina, y queremos apurarlo a fin de tenerlo aprobado mañana.
ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y ESTADOS DE GUERNESEY, Y CONVENIOS CON REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, REPÚBLICA POPULAR CHINA Y REPÚBLICA ARGENTINA EN CUANTO A DOBLE IMPOSICIÓN
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme a lo determinado por los Comités, corresponde ocuparse en los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, todos ellos con informes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Hacienda:
-El que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para el Intercambio de Información en Materia Tributaria" y su Protocolo, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de septiembre de 2014.
-El que aprueba el "Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y los Estados de Guernesey", suscrito en Saint Peter Port, Guernesey, el 4 de abril de 2012, y en Santiago, Chile, el 24 de septiembre de 2012.
-El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República de Sudáfrica para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio", y su Protocolo, suscritos en Pretoria, Sudáfrica, el 11 de julio de 2012.
-El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio del transporte aéreo internacional y de las empresas navieras", suscrito en Santiago, Chile, el 25 de abril de 2014.
-El que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta" y su Protocolo, suscritos en Santiago el 25 de mayo de 2015.
-El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República Argentina para Eliminar la Doble Imposición en relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal", su Protocolo y el Memorando de Entendimiento relativo a su aplicación, suscritos en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2015.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.206-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.288-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 94ª, en 19 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.311-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.328-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.345-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.346-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Al ser los seis proyectos de artículo único, la Comisión de Relaciones Exteriores los aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Chahuán, Larraín, Letelier y Pizarro, y la Comisión de Hacienda, por su parte, adoptó igual resolución por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Coloma, García, Tuma, Montes y Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación los proyectos de acuerdo.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, si bien son seis los instrumentos de que se trata, los agruparía conforme a tres materias distintas. No son todas iguales. Por lo menos para el efecto de la historia de la ley, es bueno establecerlo así.
Primero están los que eliminan la doble tributación. Si mis colegas observan, eso básicamente tiene que ver con los celebrados con Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y la República Popular China.
Es claro que hoy día se incurre en tal problema por ciertos conceptos. Ello pasa a ser un impedimento relevante para invertir. En general, la tendencia del Gobierno de Chile ha sido la de evitarlo y facilitar el comercio de uno y otro lado. Al final, en algunos casos existe un pequeño costo fiscal; en otros, un beneficio. No es tan distinto de las que han sido nuestras políticas públicas permanentes.
A mí me parece que se apunta en el sentido correcto y que obviamente es preciso dar nuestra aprobación.
Si Sus Señorías leen los informes, cada uno de los textos en examen exhibe una característica diferente. No son idénticos. Algunos pueden ser muy importantes, como el suscrito con la República Popular China. Otros pueden presentar un poquito menos de relevancia. Pero corresponden a un esquema.
El segundo modelo es el convenio con Argentina.
Quiero dejar una constancia, sin embargo. ¿De dónde nace dicho texto? De que el país vecino denunció hace algunos años otro de la misma naturaleza. Entonces, no es menor consignar que el Gobierno trasandino retoma la buena línea, a mi juicio, al suscribir de nuevo tal instrumento con el nuestro.
Hay mucha inversión de por medio, particularmente cuando se tienen presentes los pasos en construcción entre ambos países, a los cuales se hace referencia a menudo. Como es evidente, una doble tributación afectaría significativamente el comercio. Por eso, no es lo mismo generar por primera vez una línea de acuerdo que hacer renacer otra.
Y el tercero es un tipo de acuerdo bien distinto, celebrado con Guernesey. Se trata de un Estado bastante particular, en el canal de La Mancha, y que es parte de Gran Bretaña, desde el punto de vista estructural, pero con un régimen especial desde el punto de vista impositivo.
Es el mismo que se plantea respecto de Uruguay.
Estos últimos no son tratados para impedir la doble imposición, sino tendientes a un intercambio de información en el ámbito que nos ocupa. Si usted recuerda, señor Presidente, coincidimos en muchas cosas con motivo de la reforma tributaria, pero especialmente respecto de cómo los lugares que configuran paraísos fiscales pueden generar antecedentes que impidan la elusión o la evasión significativas. Entonces, se trata de instrumentos bien importantes, porque un acuerdo marco básicamente permite obtener datos que resultan necesarios.
No deja de sorprender que Estados que tradicionalmente hacían de la reserva un activo estén transparentando hoy día información sobre la base de las nuevas normas internacionales, de algunas de las cuales Chile ha sido parte.
Según nos dijeron los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se está afinando un par de proyectos equivalentes en términos de generar un grado de antecedentes tributarios de relevancia, amplios, a fin de ir logrando claridad en estas operaciones de carácter económico.
Creo que la distinción que he expuesto es importante, porque se podría tender a aprobar en paquete acuerdos que no son iguales. Comprendo la idea de la economía procesal, pero es preciso diferenciar -por lo menos, para la historia de la ley, que a mí me importa- los nuevos acuerdos para impedir la doble imposición de aquel que consiste en la reposición de uno antiguo de la misma naturaleza y de los que son nuevos en el sentido de que antes no se habían dado y constituyen una tercera generación de información en materia tributaria. No es que alguien tribute dos veces, sino que podremos pedir antecedentes respecto de inversiones y ser objeto de la misma petición. Valga la aclaración, porque me parece útil para la historia de la ley y para ver la diferencia entre uno y otro instrumento.
Y, por cierto, corresponde dar nuestra aprobación, como lo hicimos en la Comisión de Hacienda, porque se verifica un adelanto en lo relativo a negocios, ya que son sanos un mayor comercio, por un lado, y la transparencia, por el otro. Es conveniente que estas medidas existan, particularmente en el ámbito de la tributación.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 27 votos a favor, se aprueban en general y en particular los proyectos de acuerdo.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi y Tuma.
DESIGNACIÓN DE SEÑOR ALEJANDRO RUIZ FABRES COMO MINISTRO TITULAR DE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
El señor LAGOS (Presidente).-
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para nombrar ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, al señor Alejandro Ruiz Fabres, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.875-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 17 de mayo de 2016.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 25ª, en 21 de junio de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, de que en la designación en análisis se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico.
Es preciso tener presente que se requiere el pronunciamiento a favor de tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, daré el informe de esta.
Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema y que su función es resolver las controversias medioambientales de su competencia, además de ocuparse en los demás asuntos que la normativa legal somete a su conocimiento.
El Segundo Tribunal Ambiental, cuyo asiento es la ciudad de Santiago, ejerce sus atribuciones en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins y del Maule.
El Senado, en una votación única, puede acoger la proposición por los tres quintos de sus miembros en ejercicio o rechazarla. Si la desecha, la Presidenta de la República deberá presentar un candidato que forme parte de la misma nómina elaborada por la Corte Suprema. Si desestima por segunda vez, se deberá llamar a un nuevo concurso.
En su oficio, la Primera Mandataria hace presente que con fecha 21 de diciembre de 2014 cesó en su cargo el señor José Ignacio Vásquez Márquez, ministro titular abogado del Segundo Tribunal Ambiental.
Agrega que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 20.600, la Corte Suprema le propuso una cinquena, integrada por cinco abogados que contaban con el acuerdo del Máximo Tribunal.
Concluye indicando que, en el ejercicio de sus atribuciones exclusivas, ha decidido postular al señor Alejandro Ruiz Fabres.
Este último es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Gestión Ambiental de la University of New South Wales, de Sydney, Australia. Ha cursado diplomados en Derecho Ambiental, en Contaminación de Aguas, en Responsabilidad Extracontractual y en Manejo de Residuos Sólidos, todos ellos impartidos por la Universidad de Chile. Asimismo, realizó el curso de Evaluación de Impacto Ambiental en la Universidad de Burgos, España.
Se desempeñó como asesor del gabinete de la exministra María Ignacia Benítez en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Ha trabajado como Jefe de Proyectos en la empresa Poch Ambiental S.A. y como integrante de la Unidad Ambiental y del Departamento de Recursos Naturales del Estudio Jurídico Phillipi, Irarrázaval, Pulido y Brunner Abogados. En la actualidad es Jefe del Departamento Ambiental del Estudio Jurídico Prieto y Compañía Abogados.
Para resolver sobre el asunto, la Comisión de Constitución recibió en audiencia al señor Ruiz Fabres y escuchó también al señor Ministro del Medio Ambiente.
Asimismo, constató que la proposición ha dado cumplimiento a los requisitos y procedimientos establecidos en la ley N° 20.600, teniendo presente, además, que el señor Ruiz pasó el proceso de selección en la Alta Dirección Pública y posteriormente fue incluido en la quina por la Corte Suprema.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si no hay objeciones, así se hará.
Acordado.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la designación, dejándose constancia, para los efectos del
quorum
constitucional exigido, de que se registran 23 votos a favor y uno en contra.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Navarro.
El señor LAGOS (Presidente).- El Honorable señor Quintana deja constancia de su intención de pronunciamiento a favor.
CREACIÓN DE CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para permitir el establecimiento de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública, con segundo informe e informe complementario del segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.601-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 15ª, en 12 de mayo de 2015.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 27ª, en 5 de julio de 2016.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (complementario del segundo informe): sesión 27ª, en 5 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 27ª, en 5 de julio de 2016.
Discusión:
Sesión 16ª, en 13 de mayo de 2015 (se aprueba en general).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Gobierno deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El número 5) del artículo 1°, que no fue objeto de cambios, requiere 21 votos para su aprobación en particular, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
El mencionado órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto acogido en general, todas ellas sancionadas por unanimidad, con excepción de la recaída en el inciso cuarto, nuevo, del artículo 104 D propuesto en el número 10 del artículo 1°.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de los números 1); 4); 10), artículos 104 A y 104 D, inciso cuarto, y 12) del artículo 1° permanente, y efectuó una enmienda meramente formal al texto despachado por la Comisión de Gobierno, la cual fue aprobada por unanimidad.
De las enmiendas unánimes, las recaídas en los números 1) a 4) y 6) a 10) del artículo 1° requieren para su aprobación 21 votos favorables, por cuanto tienen rango orgánico constitucional.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de una de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, y el texto final que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
Hago presente, además, que el Senador señor Coloma ha solicitado votación separada de los números 4) y 12) del artículo 1°.
El señor LAGOS (Presidente).-
Antes de continuar, se me ha pedido solicitar la autorización para el ingreso a la Sala del Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey, y del asesor del Ministerio del Interior señor José Pedro Silva, para participar en la discusión del proyecto.
--Se accede a lo solicitado.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero pedir votación separada del artículo 7° transitorio, que fue objeto de modificaciones, pues lo considero la norma clave del proyecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se toma nota, señor Senador.
El señor COLOMA.-
Tiene toda la razón.
El señor LAGOS (Presidente).- También ha pedido votarlo separadamente el Honorable señor Coloma.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
¿Alguien va a dar cuenta del proyecto, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Pregunto si alguien va a informar la iniciativa.
El señor CHAHUÁN.-
Yo quiero opinar sobre ella, pero me gustaría que antes alguien diera cuenta.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Estamos en la discusión particular.
El señor CHAHUÁN.-
Tiene razón.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Ya se hizo la discusión general. Por lo tanto, no corresponde dar cuenta del proyecto, sino que debemos pronunciarnos artículo por artículo.
Si aplicamos el Reglamento, primero debemos dar por aprobadas todas aquellas normas acogidas por unanimidad y que no se haya pedido su votación separada. Luego, hay que pronunciarse sobre las disposiciones que requieren quorum especial de aprobación y las que fueron acogidas por mayoría de votos.
Esa es la manera de proceder.
No cabe discutir de nuevo en general el proyecto. Ya se hicieron los alegatos correspondientes.
Así que, señor Presidente, le pediría aplicar el Reglamento y proceder en la forma que estoy indicando.
El señor LAGOS (Presidente).-
El señor Secretario se referirá al procedimiento a seguir.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En conformidad a lo solicitado por el Senador señor Zaldívar, si a Sus Señorías les parece, con excepción de las normas para las cuales se ha pedido votación separada y de la que fue aprobada solo por mayoría en la Comisión de Gobierno, se podrían votar en primer término las enmiendas unánimes que no estén dentro de aquellas, incluidas las disposiciones orgánicas constitucionales, agregando la que reviste ese carácter pero que no fue objeto de ninguna enmienda y que corresponde al número 5) del artículo 1° (figura en las páginas 11 y 12 del comparado).
Vale decir, se votarían todas las enmiendas unánimes, incluidas las de rango orgánico constitucional, y la que no fue objeto de ninguna modificación, pero que también requiere igual quorum de aprobación, en un solo acto.
Después habría que efectuar las votaciones separadas solicitadas por los Senadores señores Espina y Coloma, y luego pronunciarse sobre la enmienda aprobada por mayoría.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Le parece a la Sala adoptar ese procedimiento?
Acordado.
Entonces, señor Secretario, comencemos por aquellas disposiciones aprobadas por unanimidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El señor Presidente pondrá en votación las enmiendas aprobadas por unanimidad...
El señor LAGOS (Presidente).-
Un momento, señor Secretario. El Senador Espina me está pidiendo la palabra.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, me gustaría saber de cuánto tiempo dispondremos para hablar, porque aquí se van a dar por aprobadas todas las normas acogidas por unanimidad.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se deben votar sin debate.
El señor ESPINA.-
Es que yo parto de la base...
El señor LAGOS (Presidente).-
Pero se puede fundamentar el voto.
El señor ESPINA.-
Yo quiero pedir otra cosa, señor Presidente. Estuve atento a lo que indicó el señor Secretario y levanté la mano.
Aquí hay dos maneras de proceder.
Esta es una iniciativa suficientemente importante y no me gustaría discutirla artículo por artículo. Sería una ridiculez, porque ya hicimos el debate. Pero, si va a haber una sola votación, que por lo menos nos permitan un tiempo de diez minutos para explicar el proyecto, el cual -repito- tiene una importancia gigantesca. Aquí hay cambios que fueron unánimes.
Solo pido eso, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Dije que no había debate, pero perfectamente podríamos concordar que el -comillas- derecho a fundamentar el voto fuera de diez minutos.
El señor ESPINA.-
Para todos.
El señor LAGOS (Presidente).-
No tengo dificultad en eso, señor Senador.
Entonces, le pido al señor Secretario retomar la primera votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se reitera que la primera votación comprende las enmiendas unánimes, con excepción de aquellas normas en que se ha pedido votación separada, e incluye las normas de quorum orgánico constitucional y también la disposición que, revistiendo igual carácter, no fue objeto de ninguna modificación.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, este proyecto de ley busca fortalecer a las municipalidades en materia de seguridad pública; establecer un plan comunal de seguridad pública como instrumento de gestión comunal, y crear los consejos comunales de seguridad pública como órganos de carácter consultivo, de asesoría y colaboración con el alcalde para la confección del plan comunal de seguridad pública.
El proyecto propone una mayor coordinación entre todas las instituciones públicas en materia de seguridad, tanto policial como municipal, y con las estructuras centrales que tienen que ver con la fiscalización.
Busca, además, generar una mayor participación en la elaboración de soluciones respecto de los problemas de seguridad y delincuencia en las distintas comunas, y fomentar la transparencia frente a las medidas, acciones y programas que están ejecutando las diversas organizaciones que intervienen en la seguridad pública en cada uno de los municipios.
Por último, fomenta una mejor gestión pública y contribuye -creemos- a perfeccionar el sistema democrático desde el punto de vista de la legitimidad de las instituciones que participan en la elaboración de las soluciones para los problemas de seguridad pública de las distintas comunas.
Estimamos que esta iniciativa representa una buena noticia para los chilenos, porque se suma una nueva herramienta para combatir el creciente problema que afecta a muchos compatriotas en el día a día: la seguridad pública y la prevención de los delitos. De hecho, esta es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad.
Sabemos que estamos frente a una problemática nacional innegable, en donde los esfuerzos que realicen todos los actores involucrados deben ser sustantivos. Del mismo modo, necesitamos una mayor y mejor coordinación de los entes públicos encargados de llevar a cabo las políticas de seguridad y de prevención del delito en sus niveles nacional y regional, pero sobre todo a nivel local.
Hoy día los municipios no cumplen una labor preponderante respecto a la seguridad pública, aunque muchos vecinos creen que sí son responsables de ella. Por lo tanto, debemos avanzar en entregarles herramientas para que puedan hacerse cargo de esta necesidad que tienen los vecinos, más aún si consideramos que la problemática de seguridad es distinta en cada una de las comunas.
Bajo esta premisa, los municipios deben tener también un rol activo en el tema de la seguridad ciudadana y coordinar las acciones de las diferentes instituciones en materia de seguridad pública en sus territorios, fomentando la incorporación y la participación de sus comunidades en este ámbito, de manera de rescatar las visiones necesarias de cada una de esas instituciones para la construcción de mejores estrategias en lo relativo a seguridad y prevención de delitos. Se espera que estas instancias de coordinación fomenten una mayor recuperación de los espacios públicos, muchos de los cuales han caído en manos de la delincuencia y la droga.
El plan comunal y los consejos comunales de seguridad pública son las instancias que propone el Gobierno en este proyecto de ley para hacerse cargo de la situación. Los consejos justamente vienen a responder a una necesidad que ha sido detectada a nivel local, en donde es muy valioso contar con la participación de toda la ciudadanía, mejorando, de esta manera, la gestión de las policías, de los gobiernos locales y de otros organismos afines.
Los consejos también vienen a apoyar -y creemos que esto es importante- la trasparencia de la gestión en materia de seguridad, sobre todo para darle a la comunidad una forma de hacer un seguimiento efectivo a la política local en este ámbito, sus alcances y la forma de ir optimizando las intervenciones que realiza cada una de las instituciones con competencia en la prevención del delito y la seguridad pública a nivel comunal.
Asimismo, los consejos conducen, en su conjunto, a una mejor rendición de cuentas de parte de los actores involucrados en esta temática, permitiendo hacer los respectivos balances de las metas propuestas y el modo en el cual estas fueron alcanzadas en fondo y forma, generando así un real vínculo con las comunidades locales.
Los planes comunales de seguridad pública son otra de las herramientas que se vienen a sumar, sobre todo en materia de integralidad territorial, para determinar los mejores procedimientos en cada una de las comunas que tengan los referidos consejos y, esperamos, también un encargado de seguridad pública.
En el marco de estos planes, creemos que avanzaremos de manera positiva en los impulsos que ya han efectuado algunos municipios que se han hecho cargo de una temática que los ciudadanos piden abordar cada vez con mayor fuerza. Por ejemplo, en Río Bueno y Valdivia se ha nombrado un encargado de seguridad ciudadana para hacer frente a una petición cada vez más fuerte en el sentido de que los municipios tengan un rol más activo en la prevención del delito.
Consideramos que las herramientas que propone el Gobierno nos ayudan a dar, nuevamente, un paso hacia delante en una batalla que hoy día estamos perdiendo: la de la seguridad ciudadana. Y es importante que los municipios tengan un rol relevante en esta materia. Se les está confiriendo, a través de los consejos de seguridad pública, la posibilidad de coordinar y de llevar a cabo acciones efectivas. Tengo un par de dudas al respecto, pero sí se les está otorgando una herramienta para poder intervenir y coordinar las acciones de las distintas instituciones que intervienen en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, me parece sumamente complejo que nuevamente se les esté otorgando una atribución sin un correlato de financiamiento. No se les está entregando solo una herramienta para poder coordinar, sino también la posibilidad de juntar a todas las instituciones a nivel local. Pero el alcalde no va a poder ejercer una acción efectiva porque no va a tener, necesariamente, los instrumentos indispensables para ello al no contar con el financiamiento suficiente.
Esta iniciativa no acompaña los recursos pertinentes. Solamente señala que el financiamiento se materializará a través de convenios con la Subsecretaría de Prevención del Delito. O sea, no hay un financiamiento específico para un encargado de seguridad ciudadana.
Por eso, señor Presidente, creemos que, siendo este proyecto un avance, no logramos en este punto el paso necesario que todos esperábamos en la Comisión, como era entregar a los municipios un ítem específico para poder contratar a un encargado de seguridad ciudadana, porque, al final del día, lo que la gente va a percibir es que ellos tienen una nueva tarea que cumplir, pero no cuentan con el apoyo monetario indispensable para llevarla a cabo realmente, más allá de la vuelta que tengan que dar para, a través de un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, obtener el financiamiento para contratar a una persona que se haga cargo del tema por un año.
Esperamos, señor Presidente, que esta sea la última vez que les entregamos competencias a las municipalidades sin los recursos directos que necesitan para realizar en la práctica nuevas labores. Lo hacemos una y otra vez, y al final los que terminan pagando el otorgamiento de una atribución sin financiamiento son siempre los municipios. Y esa no es, a nuestro juicio, la manera correcta de solucionar los problemas.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, hasta ahora, como lo ha dicho la Presidenta de la Comisión de Gobierno, la ley orgánica solo permite a los municipios ejecutar acciones de apoyo en medidas de prevención de seguridad ciudadana y colaborar con las policías.
Este marco limitado no da cuenta de la realidad de muchos municipios de nuestro país que intervienen en todo tipo de medidas en el ámbito de la seguridad pública, ya sea en prevención, rehabilitación e incluso en acciones de control acotadas que no son de competencia exclusiva de las policías.
Esto es así porque desde hace años la demanda por seguridad ha sido una prioridad para nuestra ciudadanía. Los índices en esta materia no han tenido mejoramientos sustantivos y se puede decir que el Estado ha fracasado en su respuesta al fenómeno de la delincuencia, al menos de acuerdo a la valoración de la gente.
Por lo tanto, es natural que los municipios hayan comenzado a ocupar los espacios en que el Estado central ha demostrado su incapacidad, no para reemplazarlo, por cierto, pero sí para llenar un vacío en la dimensión comunitaria del problema de la seguridad pública.
El delito tiene diversas causas y, por ende, debe ser enfrentado de manera integral e intersectorial para así dar respuestas eficaces a este fenómeno, lo que ha erigido a muchos municipios como interlocutores válidos para este objetivo, pues los gobiernos locales poseen experiencia en esta forma de aproximarse a los problemas. Hacen política intersectorial todos los días y en numerosos ámbitos, algo que le cuesta más a la Administración central.
Asimismo, atendido que la delincuencia se diferencia en cada territorio, la proximidad de los municipios les otorga una ventaja para enfrentar las diferentes realidades.
Por lo tanto, ha sido la propia demanda ciudadana, así como las características específicas de las municipalidades, las que han llevado a que estas progresivamente se incorporen a tareas que antes se encontraban reservadas a otras instituciones.
Esta realidad es la que ahora reconoce el proyecto de ley que nos ocupa, que parte reemplazando el concepto de "seguridad ciudadana" por el de "seguridad pública", que es mucho más amplio.
Se especifica que el rol estará en la prevención social y situacional del delito y también en la reinserción social. Pero los municipios podrán adoptar medidas en el ámbito general de la seguridad pública a nivel comunal, por cierto sin afectar las competencias de los otros órganos.
Se da rango legal a los consejos comunales y a los planes comunales de seguridad pública, que existen desde hace bastantes años en muchas ciudades, en muchos municipios, e incluso en localidades pequeñas.
Sin embargo, como siempre -ya se ha dicho-, la debilidad de la ley en proyecto estriba en que no considera recursos suficientes para financiar estas nuevas funciones.
Estoy consciente de que este Gobierno ha mejorado en forma importante el esquema de financiamiento de los planes de acción municipal de seguridad, focalizando el Programa Comuna Segura en las zonas de mayor demanda y reservando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el resto de los territorios.
Pero la magnitud de las demandas de la gente y la dimensión del desafío hacen insuficientes los recursos asignados, más aún si se toma en cuenta el problema estructural de financiamiento que afecta a los municipios.
De todas maneras, valoro los avances que representa esta iniciativa, que permitirán a los gobiernos locales desplegar su actividad con más facultades. Y espero que con el tiempo se les asignen mayores recursos.
Me parece un acierto que se faculte a los alcaldes, con acuerdo del concejo municipal, para crear el cargo de director de seguridad pública en la planta de cada municipio, pues le da mayor jerarquía a esta importante función, que hasta ahora ha sido cubierta por personal a honorarios o a contrata.
Los planes comunales aprobados por el consejo comunal de seguridad pública, que serán revisados por el Ministerio del Interior, permitirán focalizar y hacer más pertinentes la inversión y el gasto de los distintos órganos que actúan en cada territorio.
En la Comisión de Gobierno -soy integrante de ella- se perfeccionó el proyecto, incorporando en los consejos comunales de seguridad pública a otros organismos, como SENDA, Gendarmería, SENAME, en materia de rehabilitación y prevención.
Señor Presidente, esta iniciativa permitirá impulsar políticas y acciones más pertinentes y descentralizadas contra la delincuencia, que es la principal preocupación de los chilenos.
Por cierto, el mayor valor que se persigue a partir de la coordinación de los distintos organismos a nivel territorial puede quedar en nada si no existe voluntad de cooperación en quienes los dirigen.
Más allá de las normas que aprobemos, esta voluntad es clave para avanzar. Y ella solo puede asentarse sobre relaciones de confianza, que -bien sabemos- hoy escasean bastante.
No obstante, no hay otro camino. Se debe avanzar en todos los frentes: más fiscales, más policías, pero también más educación, más salud, más trabajo, más inclusión.
Con motivo de la discusión de la llamada "Agenda corta antidelincuencia", planteé la necesidad de impulsar políticas integrales, de largo aliento, y no solo medidas parciales y de corto plazo.
Este proyecto responde a esa visión, y por eso creo que va en la dirección correcta.
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, la seguridad en las comunidades es un tema de primera prioridad. Por lo tanto, todo lo que se vaya construyendo para que el combate a la delincuencia y las políticas de seguridad pública lleguen a la comuna será un camino absolutamente correcto.
Pero leyendo las normas de este proyecto, tal como lo planteamos en la discusión en general, me llama la atención que tenga un gran nombre, que generará muchas expectativas pero que, en la práctica, en el ejercicio diario, puede provocar grandes frustraciones.
Y lo digo por lo siguiente.
En primer término, si uno va a la página 9 del comparado que tienen los señores Senadores y las señoras Senadoras sobre sus escritorios, se aprecia que uno de los elementos centrales de esta iniciativa es que "Existirá un director de seguridad pública". Es decir, se mandata a la municipalidad para que tenga un director de seguridad pública como un funcionario -después se establecen sus obligaciones y su ámbito de acción- que llevará adelante la incorporación del municipio en las tareas de seguridad pública.
No obstante, en el inciso segundo de la norma que se agrega se dispone que ese cargo se creará siempre que se cuente con disponibilidad presupuestaria. Es decir, si la municipalidad cuenta con recursos, podrá tener un director de seguridad pública. Si no, el artículo 16 bis sin duda será letra muerta. De no contar el municipio con los fondos pertinentes, no estará en condiciones de incorporarse de manera activa, sustantiva y eficaz al combate contra la delincuencia y no podrá participar de forma clara y objetiva en esas tareas de seguridad.
Por ende, con esto vamos a reafirmar, a confirmar la situación de municipalidades con recursos y municipalidades sin recursos. Las primeras sin duda tendrán directores de seguridad pública con potestades, con capacidad profesional, con logística. Y los municipios -la gran mayoría- pobres no podrán asumir ese rol con la eficacia, con la eficiencia, con la voluntad que la comunidad reclama.
Otras normas que me llaman la atención son las relativas a la creación de un consejo comunal de seguridad pública.
No solo se establece la integración de dicho consejo, con la que uno podría estar absolutamente de acuerdo. También se consignan las obligaciones de dicho órgano, que demuestran que desempeñará una tarea importante, significativa. No se tratará de un organismo que celebrará reuniones cada quince días o una vez al mes y que escuchará la exposición del alcalde, la del director de seguridad pública -si lo hubiera- y punto. Sin duda, las atribuciones que se le entregan: de seguimiento, de opinión, de monitoreo, de hacer propuestas, van a requerir no solo que haya un director de seguridad pública competente, eficaz, con equipos asesores, sino que el propio consejo cuente con elementos que le permitan realizar sus tareas. Obviamente, quienes conforman el consejo comunal de seguridad pública en representación de las policías, del Ministerio Público, del Gobierno, tendrán esa expertise. Pero aquí se quiere hacer participar a la comunidad, la que no contará con el respaldo adecuado para cumplir cada una de las funciones que se le asignan.
Sin embargo, a mi juicio, lo más grave de este proyecto se encuentra en el artículo 7º transitorio, en que se establece:
"Las obligaciones relativas al Plan Comunal de Seguridad Pública, en tanto deberán cumplirse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la total tramitación del acto administrativo que apruebe un convenio celebrado entre el Municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito".
Es decir, también existe una debilidad estructural en las atribuciones del plan comunal, en las atribuciones de este consejo, porque la gran mayoría de las municipalidades del país, las más pobres, las más vulnerables no van a tener los recursos requeridos, pues, para realizar esa tarea, será necesario haber celebrado un convenio con la Subsecretaría respectiva.
¿Qué pasará con las municipalidades que no lo hayan suscrito? ¿Qué pasará con las municipalidades que no tengan la posibilidad de elegir?
Además -aquí está el Subsecretario, que puede informar sobre el particular-, esa Subsecretaría no dispondrá de la capacidad para firmar convenios con 250 municipalidades. Puede que cinco o diez municipios sean capaces de realizar esta tarea sin necesidad de convenio. Pero en el resto será absolutamente indispensable que no solamente exista un convenio, sino que este verdaderamente traspase recursos.
Por lo tanto, señor Presidente, esta normativa en proyecto entusiasma, genera expectativas. Pero en el momento de las definiciones, de las decisiones, podemos encontrarnos con municipalidades que no dispongan de los recursos ni la disponibilidad presupuestaria suficientes para tener un director de seguridad comunal; que no dispongan de capacidad para asesorar adecuadamente a las organizaciones de la comuna que integren el consejo; y que, si no tienen la suerte de firmar un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, no podrán aplicar los planes, todo lo que se ha diseñado.
En consecuencia, esta iniciativa va en el sentido correcto; sin embargo, en numerosas municipalidades del país puede llegar a ser letra muerta.
¡Cuántas veces hemos dicho en el Senado en otras materias que no se pueden aprobar obligaciones para los municipios sin la contrapartida del financiamiento!
Por supuesto, todos los alcaldes y todas las municipalidades quieren tener un rol en materia de seguridad ciudadana; en el combate a la delincuencia. De hecho, muchos municipios hacen un esfuerzo al respecto; muchos municipios ya disponen de un director de seguridad ciudadana; muchos municipios logran tener camionetas, generar una serie de otras políticas.
Es un anhelo de ellos.
Y lo que aquí se hace es formalizar ese anhelo. No obstante, en este proyecto de ley no se les entrega ningún recurso adicional, ningún recurso del nivel central en el sentido de decir: "Usted haga esta tarea, y con el respaldo de los recursos que le entrega el Gobierno central". Solo se dice: "Firme un convenio".
¿Con cuántas municipalidades del país va a estar en condiciones de celebrar un convenio la Subsecretaría?
¿Va a lograrlo con todas aquellas que lo requieran? Sin duda, no.
Por lo tanto, esas tres normas que he mencionado (relativas a la creación del director de seguridad ciudadana, a las atribuciones del consejo y a los planes de ejecución) desnudan claramente que, pese a estar bien intencionadas y a que podrían tener una buena aplicación, de no existir los recursos necesarios se transformarán claramente en letra muerta.
Podríamos también analizar, en los pocos minutos que me quedan, la integración de los consejos comunales de seguridad. Por ejemplo, la provincia de Ñuble tiene 21 comunas. Y se dice que los consejos debieran estar integrados, entre otros, por el intendente, el gobernador o alguien que los represente.
¿A cuántas reuniones que se celebren en las 21 comunas podrá ir el gobernador de la provincia de Ñuble?
¿Cuántos abogados tiene la gobernación de Ñuble para ir a tal y cual comuna?
Exactamente lo mismo sucede en la provincia de Biobío y en otras que son extensas.
Por lo tanto, pienso que estamos generando una expectativa, una ilusión en el sentido de que aquí vamos a tener un instrumento fuerte en materia del combate a la delincuencia, en circunstancias de que, en verdad, estamos haciendo una demostración de intenciones, expresando un anhelo, formalizando algo que a lo mejor existe, pero que no hemos fortalecido, y respecto de lo cual no hemos dado un apoyo sustantivo a normas fundamentales, como las que acabo de reseñar.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, con este proyecto pasa una cosa bastante curiosa.
Y solicito a los señores Senadores que presten atención, porque este es uno de los temas que más importan a la ciudadanía: la seguridad ciudadana.
Esta iniciativa establece la obligación para las comunas de tener planes...
Señor Presidente, ¿podría pedir un poco de silencio en la Sala para referirme a un asunto que sé que hace vibrar los corazones de los señores Senadores, por su relevancia?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ruego a Sus Señorías guardar silencio, por favor.
Puede continuar, Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que este proyecto contempla la obligación para las comunas de tener planes comunales de seguridad ciudadana, y en el artículo 104 F señala en qué consisten estos. Debo decir que es una muy buena idea que las comunas dispongan de sus propios planes comunales de seguridad, que obviamente digan relación con el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Ciudadana.
Este proyecto fue aprobado de manera unánime prácticamente en su totalidad -a mí me tocó presidir la Comisión de Gobierno en el momento en que se debatió-, salvo en cuanto al artículo que pedí votar separadamente, en que me voy a pronunciar en contra (después explicaré por qué).
¿En qué consiste el plan comunal de seguridad?
En primer lugar, se menciona que este contendrá "un diagnóstico de la situación de seguridad de cada comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión".
Yo considero eso impecable: se trata de que cada comuna sea capaz de tener un diagnóstico de lo que pasa en su comuna, porque no en todas se cometen los mismos delitos; de que se establezcan metas, objetivos, en cuanto a qué se puede cumplir; y de que además exista gestión, que en materia de seguridad ciudadana es, a mi juicio, el déficit más grande en nuestro país (siempre se piden más y más recursos, pero no hay gestión).
Asimismo, se dice algo muy importante: "Vamos a priorizar qué delitos perseguimos". Porque es obvio que existen delitos con mayor reproche social que otros y, como los recursos y las posibilidades de investigación no son siempre las que todo el mundo quisiera, hay que centrarse en los de mayor gravedad: tráfico de drogas; robo con violencia o con intimidación en las personas; abuso sexual; en algunas comunas la violencia intrafamiliar, etcétera.
Más adelante, se menciona lo mínimo que deberá contener el plan:
"a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes.". O sea, todo lo que es prevención, recursos para analizar los casos en que cometen delitos menores de edad infractores de ley.
Luego señala: "b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores.".
"c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
"d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
"e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.
"f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.
"g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en la comuna.".
Para todo eso se requieren recursos. Porque, salvo las seis o siete comunas más ricas de Chile, el resto depende de los programas que tenga hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la plata de esta. Y lo demás -perdónenme- es humo. Porque, si no hay dineros para hacer estos programas, ¡cómo podría llevarlos a cabo la municipalidad!
No obstante, antes de entrar al tema de los recursos, debemos señalar una buena idea: el establecimiento de los planes comunales. Y luego se dispone que habrá un consejo comunal.
El consejo comunal es un órgano asesor del alcalde -nos parece muy bien-, que por primera vez integrará obligatoriamente por ley -en Chile lamentablemente todo se debe realizar por ley; esto debiera operar sin esta; hay algunas comunas que lo pueden hacer, pero otras no- a dos concejales, al intendente o en subsidio al gobernador y, lo más importante, a representantes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Fiscal, de las organizaciones civiles, de Gendarmería, de funcionarios municipales con experiencia en el tema, del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Drogas, etcétera.
O sea, una segunda idea muy buena es que están presentes todas las personas relacionadas con la seguridad ciudadana, las cuales colaboran y contribuyen a elaborar este plan. Ello, a fin de que no lo efectúe el alcalde junto con los concejales, quienes no tienen por qué ser expertos en materia de seguridad ciudadana.
Hasta ahí está todo perfecto.
Además, se agrega que sesionarán una vez al mes; sus informes serán públicos, salvo cuando se trate de materias de reserva por la naturaleza del delito, y se determina hasta el porcentaje de asistencia que debe tener cada uno.
O sea, el proyecto está bien construido -en mi modesta opinión-; es un proyecto inteligente; es un proyecto que señala que las comunas tendrán planes comunales; es un proyecto que dice que van a participar por primera vez y obligatoriamente, mirándose a la cara -lo que no ocurre nunca-, las policías, los fiscales; y que incluso se permite invitar a los jueces, cosa que yo quería que fuera obligatoria, pero no hubo en su momento la fuerza suficiente para que así fuera; en fin.
Y, adicionalmente, se determina que todos tendrán que poner a disposición la información sobre la comuna: cuántos delitos se cometen, por qué se cometen, etcétera. O sea, tenemos lo que siempre planteamos quienes hemos estado más o menos involucrados en este asunto: se juntan por primera vez, por ley, las principales autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana (policías, fiscales, etcétera) con el alcalde, con la comunidad; elaboran un plan, sesionan una vez al mes y finalmente dicen: "Este es el diagnóstico, esto es lo que vamos a priorizar y estos son los resultados".
Y para que no exista demagogia -lo que me parece bien-, este plan se le envía a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual, de una u otra manera, va revisando que los planes y programas sean atingentes a la política nacional y que sean posibles de aplicar. Porque podría haber algún concejo municipal que dijera: "Mire, la verdad es que mi plan comunal de seguridad ciudadana consistirá en contratar 600 radiopatrullas, en tener 20 drones", lo que puede ser correcto, pero esa no es la forma como se trata la seguridad ciudadana en cada una de las comunas.
Entonces, el sistema está bien.
¿Dónde se cae al suelo absolutamente el proyecto de ley? En el artículo 7° transitorio, para el que he pedido votación separada. Porque, en la práctica, significa que no se les entregan recursos a las comunas. Se les dice a estas que hagan un plan y se entusiasma a los alcaldes; ellos saldrán en campaña, hablarán del plan que quieren llevar adelante, dirán lo que quieren construir con la comunidad. Pero, a la hora de desarrollarlo, salvo algunas de las comunas de la zona oriente de Santiago y otras que tienen -informalmente, puesto que no está en la ley- convenios con la Subsecretaría de Prevención del Delito, el resto no va a poder contar con dicho plan, cuyas normas ni siquiera son obligatorias.
Entonces, esto es una trampa para los alcaldes. Les vamos a transferir una atribución que la comunidad les exigirá y resulta que no van a poder aplicarla.
¡Esa es la verdad!
¿Qué le planteé al señor Subsecretario? Que viéramos la posibilidad de hacer una cosa más clara. Lamentablemente, no pude asistir a la sesión en que se trató esta materia porque estaba operado de la columna. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros habíamos conversado algo distinto.
Digamos que en el primer año van a entrar cuarenta comunas, porque no existen más recursos; y al segundo año otras cuarenta. Y así vamos incorporándolas escalonadamente, ya sea por vulnerabilidad de la población, ya sea por el número de delitos que se cometen. Pero establezcamos las bases.
Aquí lo que estamos haciendo -lo digo para que quede constancia en la historia fidedigna de la ley- es aprobar un proyecto de ley que en su estructura, en su motor es bueno, pero que viene con una letra chica -¡y no hablo de malas intenciones!-, en su artículo 7° transitorio, que lo derrumba entero.
No sé cómo van a llegar a explicarles los alcaldes electos a sus vecinos que no tienen dinero para implementar los planes de seguridad que comprometieron en la campaña. Los vecinos les van a decir: "Señor, si la ley establece que formule el plan, incluso, de manera voluntaria". A lo que la autoridad podría responder: "Pero, ¡cómo voy a hacerlo voluntariamente si no tengo plata! ¡De adónde voy a sacar los recursos para realizar las campañas de prevención de consumo de drogas y alcohol!".
Alguien me señalaba que esto era gestión. ¡Pero si la gestión tiene un límite, que es disponer de los recursos mínimos para hacer programas! Porque, si queremos que estos sean serios, no mediocres, deben contar con inversión social.
¿Que tengan todos los controles para que se gasten bien los fondos? De acuerdo. Por eso le dimos todas las facultades a la Subsecretaría de Prevención del Delito -el señor Frey no puede decir que le restamos ninguna-, para que controle que los dineros se gasten bien, ya que en materia de seguridad ciudadana también pueden dilapidarse los recursos públicos.
Sin embargo, de mantenerse el artículo 7° transitorito, les quiero decir que, lamentablemente, esta será una ley de papel.
Porque es un buen proyecto, pero a la hora amojonarlo, de llegar a la parte final, a la parte que vale la pena, ocurre que ahí la plata se achica.
Entonces, señor Presidente, como creo que la iniciativa está bien encaminada, voy a votar a favor de todas sus normas, con excepción del artículo 7° transitorio, que establece las limitaciones de su financiamiento, y que rechazaré, porque no quiero hacerme cómplice de una propuesta legislativa que encierra a los alcaldes en una encrucijada imposible, dado que ella no contempla los recursos ni la capacidad para elaborar los planes comunales de seguridad pública. Porque todos los alcaldes, de todos los colores políticos, van a pagar las consecuencias.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A continuación, le ofrezco la palabra a la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, a mí me gusta mucho este proyecto de ley. Cuando se presentó, con los Diputados de Amplitud nos propusimos conocerlo en detalle.
A nosotros nos parece que no solo involucra a la comunidad, sino que les da a los alcaldes -ha sido una queja permanente de ellos a lo largo y ancho de nuestro país el no contar con herramientas para esto- la posibilidad de involucrarse en el trabajo junto a la Policía de Investigaciones, junto a Carabineros, junto a los fiscales, para tener planes de prevención en materia de seguridad ciudadana.
El Senador Espina mencionó que alguien le había hablado de la gestión: fui yo. Y le dije que efectivamente es un tema de gestión, porque una cosa son los montos disponibles -90 mil millones- y otra determinar en qué comunas se presentan los proyectos para establecer las cámaras de vigilancia, etcétera. Sin embargo, todas las comunas determinan mediante distintas fórmulas cuáles son sus prioridades: según sus límites geográficos, su ruralidad, su realidad social.
Por ejemplo, en el Valle del Aconcagua nosotros necesitamos con urgencia una sala itinerante de justicia -ustedes acá me han escuchado plantearlo muchas veces- y ¡hasta la Corte Suprema nos dio la razón! Pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso todavía no nos da la disponibilidad.
¿Qué va a pasar cuando se establezcan estos consejos comunales? Que la comunidad podrá hacer un control público -algo que hoy día no es posible- con respecto a sus fiscales, con respecto a sus cortes -aun cuando los jueces no son parte de estos consejos, igual podrán pronunciarse-, con respecto a sus policías, con respecto a sus carabineros.
Entonces, este proyecto tiene un valor enorme desde el punto de vista de involucrar a la comunidad en algo que hace muchos años ha dejado de ser una tarea propia y exclusiva del Gobierno de turno.
Uno tiende a pensar que es el Ejecutivo el único y gran responsable de la seguridad o falta de seguridad. Pero la verdad es que aquí también existen responsabilidades compartidas, muchas veces, entre los mismos vecinos que, por egoísmo o por falta de solidaridad, no quieren hacer la denuncia; o que ven un robo en la casa del lado y prefieren no meterse. Porque nuestro país se ha volcado a lo individual, ha dejado lo colectivo, lo público.
Por esa razón, el año pasado, junto con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Los Andes, organizamos con Villa Horizonte, con Villa Aconcagua, con Villa Alonso de Ercilla y con la participación de la Subsecretaría de Prevención del Delito -saludo al señor Subsecretario que nos acompaña hoy día- un gran cabildo abierto en la comunidad de Los Andes para enfrentar en conjunto estos planes, mucho antes de que esta ley entre en vigencia. Y fue todo un éxito. Participaron la Gobernación, las cámaras de comercio, el municipio, la Unión Comunal, las juntas de vecinos, los vecinos organizados, estudiantes, dueñas de casa.
¿Por qué? Porque para la gente la seguridad obviamente es una prioridad.
Por mi parte, creo que más que poner énfasis en los recursos, aquí existe un problema de gestión. Vamos a tener elecciones municipales. Y fíjense que hay alcaldes que nunca se han juntado con la Policía de Investigaciones ni con Carabineros.
Yo puedo hablar por mi Región. Días atrás tuve una reunión con el General de la V Zona de Valparaíso y analizamos los problemas de falta de seguridad de la provincia de Petorca. Y resulta que hay alcaldes que nunca se han juntado con Carabineros, que nunca le han dicho: "Mire, aquí tenemos un problema con un retén; aquí nos falta más presencia policial".
Entonces, ¡claro que va a marcar la diferencia política tener alcaldes y concejales comprometidos con temas de seguridad, que van a impulsar estos consejos comunales y planes de seguridad pública!
La gente podrá votar por aquellos en los que vea ese compromiso, que hoy día no existe en muchos de ellos.
Y eso, más que plata, es gestión.
Hay alcaldes que sí están comprometidos, y eso no tiene relación con los colores políticos, sino con ver que los problemas de falta de seguridad también les atañen a los municipios.
Con este proyecto les estamos dando a los municipios al menos una participación en el diagnóstico de los problemas, en el diseño para atacarlos y en la definición de los instrumentos que quieran utilizar.
En la provincia de Aconcagua, los problemas de violencia intrafamiliar son brutales; allí se da la mayor tasa de femicidios. Falta una Corte de Apelaciones.
Y en Marga Marga son otras las prioridades: al comercio le sacan la mugre los delincuentes, que entran a cada rato a los locales.
Son distintas realidades, distintas prioridades.
De ahí la importancia de los consejos comunales y de que posteriormente estos planes, una vez entregados a la Subsecretaría del Delito correspondiente, sean postulados y se puedan financiar.
Así que, señor Presidente, doy todo mi respaldo a este proyecto de ley. Me parece que va en la línea correcta. Obviamente, las iniciativas legales se pueden mejorar siempre. Tenemos que buscar la manera de proporcionarles más recursos a los municipios. Yo soy de aquellas que confían en la gestión de los alcaldes. No todos son buenos. No obstante, la gente cada día sabrá ir eligiendo mejores autoridades municipales.
Por lo tanto, debemos confiar en que los alcaldes tendrán criterio y serán capaces de aunar a concejales, miembros del consejo comunal (con "s"), fiscales, policías, carabineros, integrantes de las uniones comunales y a las mejores personas para tomar decisiones sobre cómo enfrentar la delincuencia en cada una de las comunas, porque este problema -termino de inmediato- ya ha dejado de ser una responsabilidad solo del Estado: ¡es responsabilidad de todos nosotros ayudar a enfrentarlo!
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, después de los importantes y macizos discursos que hemos escuchado, y como usted siempre se encarga de que yo sea el último en hablar en la Sala, es difícil decir algo nuevo. Pero trataré de hacerlo.
En primer lugar, deseo manifestar que derrotar la delincuencia no es una tarea menor ni algo fácil. Muchos se han equivocado en señalar: "Mire, ahora sí vamos a terminar con esto", y eso no ha ocurrido. Sin embargo, creo que este proyecto, si bien es cierto que no acabará con la delincuencia, da algunos pasos desde el punto de vista de la formalización, de la organización, de la transparencia de esa gran labor que es la seguridad ciudadana.
La última encuesta CEP, de noviembre del año pasado, determinó que la delincuencia encabeza el ranking de los problemas a los cuales el Gobierno -comillas- "debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar".
En ese sentido, es preocupante que sea justamente el manejo de este tema el área de gestión del Gobierno peor evaluada por la ciudadanía: 6 por ciento de aprobación y 93 por ciento de rechazo.
¡No hay otra área, no existe otro ministerio que tenga una valoración más baja de la comunidad!
El índice de Fundación Paz Ciudadana-Adimark Gfk dice que en el 2015 Rancagua, con 49 por ciento; Curicó, con 42 por ciento; Santiago, con 41 por ciento, e Iquique, con 39 por ciento, son las ciudades con más altos índices de victimización frente a la delincuencia en nuestro país. En Copiapó es de 32 por ciento.
Ese mismo estudio indica que para el 65,2 por ciento de los chilenos la delincuencia ha aumentado en el último año.
Es cierto que algunas autoridades nos dicen, un poco para conformarnos, que estas son "percepciones". Bueno, efectivamente, son percepciones, porque la opinión pública de alguna manera tiene que manifestarse.
Este proyecto, señor Presidente, persigue objetivos loables: fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad pública; establecer un plan comunal de seguridad pública como instrumento de gestión, y crear consejos comunales como órganos de carácter consultivo, de asesoría y de colaboración con el alcalde en la confección del plan comunal de seguridad pública.
Según entiendo, hay municipios que ya tienen estos planes, que se organizan de esta manera. Y, por consiguiente, lo que haremos con esta ley será más bien formalizar lo que existe.
Pero no puedo dejar de relevar lo que ha planteado el Senador Espina: nos preocupa que en este proyecto de ley no se disponga ningún recurso para poder llevar a cabo estas funciones. ¿Por qué? Porque en la práctica estamos sobrecargando el trabajo de los municipios al menos en 74 comunas donde se implementará esto, entregándoles una función que le corresponde al Gobierno central, sin proporcionarles los fondos necesarios para cumplirla.
Señor Presidente, un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre el 2009 y el 2013. Ellos sumaban un total de 3 mil capturas; es decir, unas treinta detenciones cada uno, en promedio. Y 23 por ciento de ellos correspondía a menores de edad.
Cuando uno ve esas cifras se da cuenta de que el núcleo duro, el número de delincuentes es bastante reducido, pero van dando vueltas, van cayendo una y otra vez en las detenciones.
Ahora, creo que este es un aviso para los opositores del proyecto sobre control preventivo de identidad, que entró en vigencia el martes pasado luego de ser publicada la Ley corta Antidelincuencia en el Diario Oficial: Carabineros informó de un operativo especializado a nivel nacional donde se detuvo a 679 personas por diversos delitos. De esas detenciones, 187 se realizaron gracias al nuevo mecanismo.
Es verdad que el Gobierno no pone recursos para abordar esta problemática. No obstante, veo que se anuncian fondos por 100 millones de dólares para TVN y que se han gastado 30 mil millones de pesos en falsos exonerados y en otros objetivos que a nadie le interesan. El Gobierno sí tiene recursos para ello.
Ojalá, señor Presidente, que tengamos gestión, porque uno a veces se sorprende. Como sabrán los señores Senadores, yo en muchas oportunidades le hago críticas a la reforma procesal penal. Pero debo decir que hoy día el Fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur nos explicó en la Comisión de Defensa, con motivo de la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Control de Armas y Explosivos, que, en virtud de las nuevas atribuciones y de los planes que tienen, ellos se han establecido en los sectores poblaciones donde se ha determinado que hay muchas armas y han llevado a cabo tareas de observación, de inteligencia. Y la verdad es que han alcanzado muy buenos resultados, porque ha bajado considerablemente el número de armas en esos lugares.
Es cierto que falta gestión, pero a mí me habría gustado que esta iniciativa, junto con organizar comités comunales de seguridad pública, también tuviera los recursos necesarios, porque los alcaldes permanentemente nos están diciendo: "Miren, ustedes nos dan nuevas obligaciones y no nos proporcionan fondos".
Lo peor de todo es que, como se ha planteado aquí por parte de algunos Senadores, si no les entregamos los recursos, en la práctica este mecanismo lo tendrán la comuna de Las Condes, la de Vitacura, la de Providencia. ¿Pero qué pasará con Diego de Almagro, con Freirina, con Vallenar, con Tierra Amarilla, con Huasco?
¡Esa gente, que se las arregle!
¿Qué pasará con Alto del Carmen,...
El señor QUINTEROS.-
Con Taltal.
El señor PROKURICA.-
... con Taltal, como me dice un taltalino...?
La verdad es que el Gobierno, por distintas razones, ahorra donde a veces no tiene para qué ahorrar. Porque en esto habría que ponerse realmente firme. ¿Por qué no se destinan a seguridad ciudadana los 100 millones de dólares que quieren darle a Televisión Nacional para crear otro canal y sacamos adelante este tema?
¡Eso es lo que la gente nos pide a gritos! Por lo menos, nunca en una reunión me han dicho: "Por favor, denle 100 millones de dólares a TVN".
¡Lo que la gente quiere es vivir en paz!
Y felicito al Fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur por lo que se ha hecho.
Señor Presidente, no puede ser que haya lugares en nuestro país, como La Araucanía u otros, donde existan verdaderos guetos y se diga: "Si ni Carabineros se atreve a entrar aquí".
¡Cómo puede ser eso!
¿Acaso no hay un Estado de Derecho?
Esas personas, las pobres familias que viven ahí, están a merced de los delincuentes, de los que tienen armas, de los que usan la violencia, ¡cuando la verdad es que ahí es donde debieran entrar Carabineros y los fiscales!
Por eso, reitero que así como le he formulado críticas a la reforma procesal penal, le hago un reconocimiento a la labor que están realizando en la Fiscalía Metropolitana Sur. Porque eso es lo que se necesita: ¡ir donde las papas queman y hacer la pega! No es posible que hoy día haya, en algunos sectores, ciudadanos chilenos que tengan que arreglárselas por su cuenta con los delincuentes, ¡porque ahí ellos son los que mandan, los violentos son los que mandan!, y no quienes respetan la ley y el Estado de Derecho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en análisis establece un rol clave para las municipalidades en materia de seguridad pública, lo que va en línea con una administración moderna y descentralizada de los gobiernos locales y -esperamos, en un futuro cercano- regionales. Ello, a partir de la generación de un plan comunal de seguridad pública como instrumento de gestión municipal.
Aquello no solo permite realizar mejores diagnósticos de las características y particularidades del fenómeno delictivo y de la falta de seguridad en general en el ámbito social, en fin, en las distintas comunas, sino también instaurar mecanismos de participación, como los consejos comunales de seguridad pública, que aunque tendrán carácter consultivo podrán avanzar en áreas de asesoría y colaboración de la comunidad y de los expertos con el alcalde y los concejales para manejar de mejor forma la seguridad de los habitantes.
Además de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito en su oportunidad, se estableció desde el Ejecutivo -recordemos- un programa de planes comunales de prevención del delito en 74 comunas que propone una serie de herramientas para priorizar el rol del liderazgo local a través del gobierno de cada comuna, con el fin de proyectar dicha política hacia el futuro.
En tal sentido, esta iniciativa busca generar insumos en materia de prevención del delito, lo que consideramos un avance positivo.
Asimismo, existen otras medidas para combatir la delincuencia que apuntan en la misma dirección: la intervención de barrios, comunidades, villas y otros espacios, a partir de políticas de habitabilidad, equipamiento y desarrollo social y cultural.
Creemos que este proyecto debe ir acompañado de gestos que posibiliten un mayor avance en esta materia, fomentando la autonomía municipal y la descentralización y dando realce a políticas públicas exitosas a nivel de gobierno local que han mostrado un mejor conocimiento y expertise sobre las particularidades de este problema en el ámbito microterritorial.
Por lo mismo, dotar a la comunidad de equipamiento urbano, áreas verdes y espacios públicos puede ser vital para el aprovechamiento y mantenimiento del territorio y la generación de un cambio cultural. Menciono esto porque el fenómeno delictual -todos lo sabemos- es multicausal. Por consiguiente, adquiere características particulares en las distintas ciudades y regiones.
Dicho eso, cabe señalar que los expertos en seguridad pública y las autoridades suelen jugar con las cifras, las estadísticas. Hablan de aumentos del temor o de la sensación de inseguridad y de alzas y bajas en los índices de delito. Pero debemos ser autocríticos: en general, se trata de tendencias menores, que, en lo fundamental, no alterarán lo que estamos viendo como tendencia global en el largo plazo.
La inseguridad va en aumento, y, por tanto, es necesario renovar la perspectiva, el enfoque de las políticas públicas en materia de seguridad, llevando este fenómeno al gobierno local, al nivel de la ciudadanía más concreta, más cercana.
Naturalmente, llama la atención que para el proceso propuesto, que por cierto requerirá mejor gestión, no se contemplen los recursos necesarios. En efecto, se establecen nuevos deberes a los gobiernos comunales, pero no se da el apoyo financiero para ello, lo cual es una debilidad de este proyecto.
No obstante, se trata de enfrentar el tema de la delincuencia con una visión más regional, más territorial. Y eso me parece positivo.
En esa medida, hay que apoyar esta iniciativa.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, este proyecto es muy importante para mí.
De hecho, cuando se discutió la iniciativa que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, con Cristián Monckeberg en la Cámara de Diputados propusimos incorporar los consejos de seguridad ciudadana en un capítulo específico.
Además, participé durante mucho tiempo (por lo menos cuatro años) en el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de La Florida, que presentaba un perfil bastante parecido al que se propone acá. En un tiempo actué en esa instancia con la ahora Senadora Lily Pérez.
Sin embargo, creo que este proyecto tiene problemas estructurales. Y quiero insistir en ello.
Aquí se plantea crear consejos comunales de seguridad pública, encabezados por los alcaldes e integrados por instituciones con competencia en la materia y organizaciones sociales.
Ahora, ¿en qué diagnóstico se sustenta tal propuesta? Yo no tengo muy claro el diagnóstico sobre la realidad de las comunas en dicho aspecto. Porque no son iguales las urbanas respecto de las rurales, en fin.
En mi opinión, hoy día los problemas más apremiantes en las comunas son básicamente dos.
En primer lugar, la necesidad de fortalecer la capacidad de control de los delitos, porque estos se nos escapan. Me refiero al tráfico de drogas, al accionar de las bandas, a los asaltos, etcétera.
Y, en segundo término, atacar las causas más de fondo, que tienen que ver con lo que les está ocurriendo a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños: todo lo relativo a la deserción escolar, a la pérdida de valores, a la familia, a los espacios recreativos en los barrios, a lo que sucede en las escuelas.
Es cierto que hay otros ilícitos que han ido en aumento: la piratería informática, el robo hormiga, el asalto a cajeros automáticos, la pedofilia.
Sin embargo, las dos cuestiones centrales que mencioné son las más preocupantes en las comunas.
Si eso es verdad, ¿qué hacemos?
El problema principal es el control de los delitos. ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué experiencias internacionales dicen que esto resulta a nivel local?
Claramente, la fórmula es una sola: que las instituciones de la seguridad pública se coordinen entre sí; o sea, que Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, los jueces y Gendarmería elaboren un plan de desarrollo de seguridad pública en el respectivo territorio, en cada comuna. Deben seguir metas comunes y actuar en conjunto usando los recursos de que disponen, que son muchos (personal, vehículos, etcétera).
¿Eso ocurre hoy día? ¡No! Sus funciones se superponen. Cada uno hace lo propio.
Lograr aquello sería un tremendo avance, especialmente en las comunas más grandes. Pero ojalá eso se alcanzara respecto de muchas más.
A mi juicio, ello permitiría empezar a controlar el delito.
A los lugares donde la delincuencia se dispara prácticamente todos los días la autoridad ni siquiera va, ni tampoco reacciona.
El problema del acceso a las armas hay que controlarlo de distintas maneras: entre otras, con planes de las referidas instituciones.
¿Qué organismo es el que más sabe del detalle de los delitos? Sin duda, el Ministerio Público, gracias a sus investigaciones, contenidas en los diversos expedientes.
¿La policía los lee alguna vez? ¿Tiene siquiera acceso a esa información? ¡No! Entonces, no sabe cuáles son las dos bandas que operan en la población tanto y cuanto, ni de qué manera actúan ni cómo consiguen las armas.
¡Hoy día se arriendan armas de todos los calibres!
Todo ello debe ser combatido por las instituciones de seguridad pública, las que han de elaborar un plan de seguridad y dirigirlo.
Por otro lado, está la situación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes.
En mi concepto, uno de los grandes defectos en materias de esta índole es que actualmente no existe una política pública respecto de los menores. La realidad del SENAME es una expresión de un problema bastante mayor.
¿Qué hacemos con la deserción escolar a nivel local, que aumenta cada vez más? Hay comunas, como la de Peñalolén, que han llevado a cabo un plan muy audaz para enfrentar esa situación, que es la fuente de distintos tipos de comportamiento en niños y jóvenes.
Sabemos que hay un problema de socialización: de familias que, en algunos casos, no funcionan.
En ese plano, ¿quiénes pueden ayudar?
El municipio debería tener sus órganos de seguridad y de trabajo social enfocados en ello, junto a las iglesias, a los colegios y a otras instituciones. Y todos estos organismos tendrían que articularse y coordinarse en función de resolver las dificultades que hoy enfrentan muchos menores.
¡Esto es muy urgente!
En una comuna que no voy a nombrar hablé con jóvenes que tienen armas. ¿Y por qué las portan? Porque, para muchos de ellos, es una forma de convivir.
¿Qué hacen, por ejemplo, en un sábado? Se ponen de acuerdo y dicen: "Salgamos a hacer tal cosa". Entonces, roban un auto y parten al barrio alto a ver qué oportunidad se les presenta. ¡Y no son pocos los jóvenes que actúan de esa manera!
Al inicio no son delincuentes, pero en eso se van convirtiendo con el tiempo.
¿Por qué?
¿En qué canchas hay monitores? ¿En qué lugares se desarrolla actividad cultural como política pública? El Estado entero y los municipios no tienen políticas públicas a nivel territorial en esos ámbitos.
Si trabajamos bien el control del delito con las instituciones de la seguridad pública, las municipalidades y otras entidades, será posible desarrollar un plan de apoyo para jóvenes, niños y adolescentes. En verdad, una vez definida su identidad de trabajo, aquellos órganos deberían coordinarse en un consejo comunal cada dos o tres meses, a efectos de intercambiar información y maximizar la acción.
Señor Presidente, yo voté en contra de este proyecto. Y voy a seguir haciéndolo. Porque, en mi concepto, no es apropiado hablar de "consejo comunal de seguridad pública" y de "plan comunal de seguridad pública", y decirle al alcalde que tiene facultades en lo que respecta a dichos órganos cuando, como dijo el Senador Espina, ¡no tiene ninguna!, pues los consejos en comento deberán autogobernarse.
Creo que hay que tener organismos públicos de seguridad (Carabineros, Policía de Investigaciones, en fin) e instituciones sociales coordinados. Y debe haber un consejo donde aquello se lleve a cabo.
Lamento, además, que el acento se ponga en los recursos.
Mi experiencia durante los cuatro años en el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de La Florida me hizo ver que los recursos eran una forma de disputarse los proyectos.
Sin embargo, uno pregunta cuánta coordinación hubo en materia de recursos entre los organismos públicos de seguridad: ¡ninguna!
Carabineros tiene hartos recursos (en personas, en equipos, en teléfonos, en fin), y también, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Pero no se coordinan.
Las instituciones que deben preocuparse de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes igualmente los poseen.
Entonces, primero hay que articular las capacidades existentes. También tiene que haber una política organizada y coherente para hacerse cargo de los menores, al objeto de entender qué ocurre con ellos frente a distintas realidades.
Señor Presidente, este proyecto repite una situación donde el riesgo de frustración es bastante grande.
Yo habría preferido partir con un diseño más armado, pensando primero a lo mejor en algunas comunas, y luego extender.
Pero no podemos creer que, por el solo hecho de sentarse en una misma mesa esta variedad de personas, se van a producir los resultados que se esperan. Mi experiencia me señala que aquello es reinteresante (nos conocemos; intercambiamos pareceres), pero no tiene todas las traducciones que señaló la Senadora señora Lily Pérez.
Ojalá las tuviera. Pero ello no es así.
Las instituciones de seguridad pública deben coordinarse entre sí; lo mismo las organizaciones sociales (iglesias, etcétera). Tiene que haber una acción común, y, en su conjunto, debe existir un consejo que encabece el alcalde.
Pero así como viene planteado este proyecto, yo les aseguro que vamos a pedalear harto en banda.
Mi experiencia al respecto es que los jefes de las policías van a las primeras sesiones. Después concurre un sargento. Luego asiste el carabinero comunitario.
Eso va ocurriendo en cada una de dichas instituciones.
Los fiscales no quieren ir a ese tipo de reuniones porque se dan cuenta de que no es un lugar operativo para trabajar.
Entonces, yo sugeriría -lo conversé en su momento con el Subsecretario y con el entonces Ministro Burgos- hacer un ajuste más global a fin de que esto sea productivo.
Desgraciadamente, la columna vertebral de este proyecto tiene un problema conceptual, pues encarga a los municipios un asunto para el cual carecen de capacidad: la seguridad pública.
En cambio, la seguridad ciudadana, entendida como la dimensión social que previene, no se está asumiendo.
Si los municipios y el Estado no establecen luego una política pública para niños y jóvenes en los lugares donde se vive, se trabaja, se estudia, vamos a tener un problema bastante serio en el largo plazo en materia de seguridad.
A quien no crea aquello le sugiero que lea -lo vuelvo a repetir- algunos textos que analizan lo que sobre el particular está ocurriendo en Francia, en Estados Unidos.
El libro Los condenados de la ciudad: gueto, periferias y Estado habla de cómo se han descontrolado los jóvenes y los niños producto de la ausencia de políticas públicas adecuadas, pertinentes.
Tratemos de hacer algo pensando para adelante y no solo por cumplir, pues ya llevamos mucho tiempo en esto.
La plata que la Subsecretaría les está entregando a los municipios para construir canchas no asegura nada en ninguna de las dos dimensiones. O sea, si el dinero no lo orientamos hacia objetivos más centrales, al final destinaremos muchos recursos, pero no tendremos el efecto esperado.
Voto en contra.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, se han entregado muchos argumentos con respecto a las debilidades del proyecto que nos ocupa.
Esta iniciativa partió con un plan comunal de seguridad ciudadana obligatorio y finalmente se acomodó a la medida de lo posible, de acuerdo a los fondos disponibles.
Pero, como bien han señalado en la Sala algunos parlamentarios, en particular la Senadora Lily Pérez, aquí se trata no solo de resolver un problema de recursos, sino también de aprovechar las capacidades existentes en cada una de las comunas, localidades y regiones de Chile.
En el articulado se observa que los integrantes del consejo comunal de seguridad pública tienen una capacidad muy muy grande, bastante superior a la que efectivamente desarrollan.
Es cuestión de reparar en las organizaciones que componen el referido órgano.
Estamos hablando de que lo presidirá el alcalde y lo integrarán, al menos, las siguientes personas: el intendente o el gobernador -lo más probable es que para el efecto se designe a un funcionario-; dos concejales; el oficial o el suboficial de Fila de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile que ostente el más alto grado de la unidad territorial correspondiente; un oficial de la Policía de Investigaciones; un fiscal adjunto del Ministerio Público; un funcionario municipal, quien será el Secretario Ejecutivo del Consejo; un representante de Gendarmería, institución a mi entender clave, pues tiene la red de las personas que han estado o están en el sector del delito (por lo tanto, es importantísimo haberla considerado; y la idea surgió del debate de la propia Comisión-; un personero del Servicio Nacional de Menores; un representante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol.
Ahora, me parece -recién estábamos conversándolo en la Sala con el señor Subsecretario de Prevención del Delito- que falta la representación de la Defensoría Penal Pública, institución que también es clave.
La mencionada Defensoría tiene mucha claridad sobre la red de los delitos. Y son numerosos los casos que gana ante una Fiscalía que está más complicada desde el punto de vista de los procedimientos administrativos.
Finalmente, en el caso de las localidades con menos de cinco mil habitantes, se hará un consejo intercomunal. En el de las que tengan un porcentaje de población rural de sobre 20 por ciento entra el Servicio Agrícola y Ganadero; en el de las que cuenten con pasos fronterizos, etcétera, Aduanas y el SAG, y, finalmente, en el de las áreas turísticas, el SERNATUR.
Señor Presidente, en un país que padece de centralismo lo primero que se regionaliza es la delincuencia. Y delincuencia grave. Estamos hablando de ciudades que eran tranquilas, donde uno poco menos que dejaba la llave puesta en la puerta de la casa. Pero hoy en día los delincuentes van a ellas en avión, asaltan, perpetran el ilícito y vuelven a su lugar de origen por la tarde. ¡Hacen uso y abuso de la tecnología!
Por lo tanto, el sistema propuesto va a resultar efectivo solo si se hace sinergia entre las capacidades de los consejos comunales de seguridad pública y la participación -punto clave- de las juntas de vecinos, de los ciudadanos propiamente tales.
Por supuesto, hay que darles fondos a los municipios, que siempre andan al tres y al cuatro.
Pero espero que el señor Subsecretario entregue un detalle de todo lo que está haciendo y de lo que va a hacer respecto de las municipalidades en esta materia.
Por otro lado, esta misma iniciativa de ley establece que si el alcalde no presenta el plan comunal de seguridad ciudadana corre un riesgo, y bastante grave, porque podrá ser llevado al Tribunal Electoral Regional y recibir suspensión, amonestación, en fin. De manera que deberá presentarlo sí o sí, independiente de los fondos de que disponga.
En todo caso, insisto en que la clave para combatir la delincuencia, y sobre todo para prevenirla, está en la acción coordinada de los entes que señala este proyecto.
Entonces -repito-, se trata no solo de un problema de dinero, sino también del compromiso de cada consejo comunal de seguridad pública en el sentido de trabajar con los ciudadanos, con las juntas de vecinos, para lograr que el foco de delincuencia que está asolando a cada rincón de nuestro país sea detenido a tiempo.
No deja de llamar la atención que cuando se hace una denuncia a un Plan Cuadrante, en fin, normalmente los vehículos policiales llegan, con sus balizas encendidas, mucho tiempo después, en momentos en que todo el mundo ha desaparecido.
¡Algo está ocurriendo!
Uno pasa por una tenencia, y los efectivos policiales están viendo un programa magnífico en la televisión por cable.
¡No se observa a la policía actuando en la calle!
A mi entender, los consejos en comento van a permitir que cada efectivo actúe realmente, de acuerdo a sus funciones y dentro de sus competencias.
En Estados Unidos, por ejemplo, los policías uniformados fueron bajados de los radiopatrullas y puestos en bicicleta o en caballo. Y el resultado es totalmente distinto.
Lo otro, señor Presidente, es la tolerancia.
Yo veo con bastante inquietud que, en distintas ciudades de Chile, cuando baja el sol empiezan a salir vehículos que, con vidrios ennegrecidos y escape libre, hacen carreras y se toman las calles. Y ocurre lo mismo que con la gente que cobra seguridad al comercio y a los vecinos. ¿Quién deja actuar de esa forma?
Yo creo que debemos anticiparnos a hechos como los descritos.
Por las razones expuestas, esperando los detalles y ojalá el acuerdo del Subsecretario para la indicación pertinente, votaré a favor.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley, sin lugar a dudas, marca un hito en términos de incorporar a la sociedad civil en la generación de una política de seguridad pública en cada una de las comunas de nuestro país.
Algunas de ellas ya comenzaron, incluso antes de la entrada en vigor de la ley pertinente, a establecer consejos de seguridad pública.
Por eso, estuvimos con el Subsecretario Frey en la comuna de Concón, que, en Chile, fue la primera en constituir un consejo de seguridad pública. Se eligió a los consejeros de entre los miembros de la sociedad civil. Finalmente, se empezó a sesionar. Y los parlamentarios fuimos invitados.
Por tanto, valoro, primero, la posibilidad de generar los consejos comunales de seguridad pública, y segundo, que a partir de ello se establezca una política comunal de seguridad ciudadana.
También debo destacar que algunas comunas de la Quinta Región -entre ellas, las de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpúe- fueron adjudicatarias de un fondo especial, ascendente a 6 mil millones, para los efectos de velar por la seguridad pública en ellas.
Por supuesto que se requieren recursos para implementar los consejos en comento. Y de ahí que pedimos votar separadamente el artículo 7º transitorio.
Hemos dicho que, por ejemplo, para formular políticas públicas destinadas a proteger a la mujer contra la violencia o políticas multisistémicas encaminadas a rehabilitar a menores se requiere financiación, como asimismo que los municipios dispongan de un encargado de seguridad pública con capacidad para generar liderazgo.
Por lo mismo, creo que este proyecto está bien orientado: se relaciona con una de las mayores preocupaciones ciudadanas existentes en nuestro país, y particularmente en la Región que represento.
Podemos percibir la sensación de inseguridad cada vez que estamos con los vecinos de Recreo, del cerro Esperanza, del cerro Los Placeres, de Forestal, de Concón. Con participación activa de la PDI y de Carabineros, somos capaces de organizar a la gente para activar una de las herramientas -yo diría- más potentes para prevenir el delito: la socialización entre los vecinos, su conocimiento mutuo.
Uno de los problemas más complejos que enfrenta hoy día Chile es la crisis de confianza. Y ella es no solo institucional: también se vincula con la confianza entre las personas.
Que en la actualidad únicamente 13 por ciento de la gente confíe en su vecino habla de la sociedad que hemos construido. Y eso es responsabilidad, en parte, de todos nosotros; en parte, del modelo económico, y en parte, de la destrucción del sentido de comunidad.
Esa es una situación que debemos afrontar.
Por tanto, una de las estrategias para enfrentar el aumento de la acción delictual en nuestro país, sin lugar a dudas, es el fortalecimiento de la interacción en nuestra comunidad. Y uno de los elementos de dicha estrategia, de alguna manera, es el consejo comunal de seguridad pública, ente conformado por elementos que elige la sociedad civil para los efectos de la fijación de las políticas sobre la materia.
Hace algunos días denuncié con mucha fuerza la aparición de un nuevo modus operandi delictual en nuestra Región: los turbazos; o sea, grupos de 25 a 30 personas que ingresan a un local comercial, lo saquean por completo y prácticamente quedan en la impunidad.
Por eso, tras conseguir información de la comunidad, se logró desbaratar las tres bandas que operaban con tal modalidad en la Región de Valparaíso.
Eso fue gracias a que generamos un vínculo de confianza de la comunidad con los parlamentarios y, finalmente, con las policías para los efectos de destruir esas redes delictuales.
Hoy día los cabecillas y los integrantes de las tres bandas que protagonizaban los turbazos en nuestra Región están en prisión preventiva. Y esperamos que, como la calificación del delito cambió de hurto a robo con intimidación o violencia en las personas o a robo con fuerza en las cosas, ello provoque el impacto necesario para que se condene con penas duras a los hechores.
Entonces, ¿qué significa lo que he mencionado? Que para establecer vínculos y conseguir información se requieren confianzas. Y las confianzas implican abrir un espacio donde se puedan fijar una política comunal de seguridad pública y una instancia permanente de diálogo y debate entre las fuerzas de la sociedad civil con las autoridades que permita nutrir a las policías de antecedentes sobre los nuevos modus operandi, como asimismo generar una retroalimentación en términos de que las fuerzas de orden y seguridad pública insistan en la necesidad de denunciar los actos delictuales.
Muchas veces, durante nuestros contactos con la comunidad (han sido permanentes en todo el período, pero en el último tiempo se han focalizado en los problemas de seguridad pública), una de las cosas que nos dicen los vecinos es "¡Para qué vamos a denunciar si esto cae" -como señalaba un capitán de Carabineros- "en el cajón de la risa!". O sea, no hay antecedentes sobre el victimario ni elemento alguno para localizarlo.
Sin embargo, aun en esos casos, sí tiene importancia la denuncia, pues todos los elementos que permitan medir los impactos de la acción delictual posibilitan, por ejemplo, aumentar o reasignar los recursos de las policías en determinadas comunas.
Para crear una cultura de la denuncia y una cultura de la confianza influyen espacios institucionales como el que se plantea en esta oportunidad.
Por eso, yo valoro -insisto- que comunas como las de Concón y Valparaíso hayan constituido consejos de seguridad pública aun sin ley. Y eso justamente hace necesario legislar en la dirección señalada.
Entonces -repito-, ¿se requiere financiación? ¡Absolutamente! Y por eso algunas comunas de la Quinta Región ya cuentan con un plan especial.
Esperamos que los recursos lleguen en el futuro a todas las comunas de la Región de Valparaíso y no solo a las seleccionadas en el plan piloto, aunque, sí, consideramos un avance que ya se cuente con fondos.
Ahora, ¿en qué se emplean los dineros?
Es bueno que la gente lo sepa.
Por ejemplo, es factible postular a alarmas comunitarias: el establecimiento de una o dos por cuadra permite una mayor interacción.
En algunas comunas -por ejemplo, en la de Concón- se ha avanzado en la posibilidad de interconectar a los vecinos a través de un sistema de WhatsApp, mediante una organización vecinal llamada "Vecinos atentos y comunicados".
Existen también los consejos vecinales de seguridad de Viña del Mar. Por ejemplo, en el sector de Jardín del Mar, con Rosario Pérez como líder, se ha establecido un sistema de silbatos para contener los actos delictuales.
Asimismo, los espacios institucionales en comento nos permitirán advertir nuevos sistemas de acción, o modus operandi, de la delincuencia.
Les quiero contar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sector de Recreo, en Viña del Mar.
Los turbazos comenzaron en la Región de Valparaíso: los denunciamos, y logramos ubicar a los responsables, quienes están en prisión preventiva.
Hoy día se encuentran de moda los famosos jabonazos: las entradas de los estacionamientos se recubren de jabón para que los vehículos patinen y den lugar a la perpetración de asaltos.
También, los delincuentes están haciendo llamados telefónicos para estafar. Por ejemplo, en Jardín del Mar los han efectuado casa por casa; y en las últimas semanas ha habido varias personas afectadas.
Entonces, lo importante es ser capaz de generar espacios de confianza y abrir un espacio institucional para entregar a las policías antecedentes relativos al modus operandi de la delincuencia -esta va evolucionando, mutando- y a los victimarios, para finalmente establecer estrategias que posibiliten hallar a los responsables.
Voto favorablemente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, me parece muy importante que la Sala conozca lo que dice el informe financiero acerca de este proyecto de ley.
En la parte pertinente expresa:
"II.-
Efecto del Proyecto de Ley en el Presupuesto del Gobierno Central.
"Las materias que se modifican en el presente proyecto de ley, se refieren a normas de gestión y administración municipal que no involucran incremento en el nivel de actividad de los municipios, pudiendo por tanto ser atendidas con sus presupuestos normales.
"Consecuente con lo anterior, este proyecto de ley no irroga un mayor gasto fiscal.".
Señor Presidente, si a los municipios les estamos dando funciones nuevas; si los estamos autorizando para que creen en cada comuna un cargo específico: el de coordinador de seguridad ciudadana; si les estamos asignando tareas concretas, es difícil concluir que no se está incrementando su nivel de actividad.
Se les están imponiendo a las municipalidades, en materia de seguridad ciudadana, tareas que hasta el día de hoy no tienen.
Ellas deberán ser atendidas con los presupuestos normales. Pero todos sabemos de las dificultades que enfrentan los municipios para financiarse.
Por lo tanto, sostener que este proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal implica claramente, como lo han señalado en la Sala muchos de los Senadores que me precedieron, contradecir lo que expresa el propio articulado.
Yo creo, señor Presidente, que esta iniciativa debió venir acompañada de recursos.
Es cierto que hoy día, en la Ley de Presupuestos, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene programas, para los que se prevé financiamiento, con cargo al cual se entregan recursos a los municipios.
Habría sido mucho mejor que esos mismos dineros se hubiesen otorgado a las distintas municipalidades para la materialización tanto de la contratación de quien va a asumir como coordinador cuanto de diversos programas que apunten a la seguridad ciudadana.
El Senador Prokurica lo decía con toda razón: el problema no lo van a tener las municipalidades de altos ingresos existentes en nuestro país (la de Santiago, la de Las Condes, la de Providencia, la de Vitacura, en fin), sino los municipios pequeños. Por ejemplo, el de Loncoche, el de Villarrica, el de Curarrehue, probablemente el de Pucón; los de mis comunas costeras (Imperial, Carahue, Saavedra, Cholchol, Teodoro Schmidt), y los de tantas otras comunas donde los alcaldes -nosotros lo sabemos fehacientemente y lo vemos- están muy muy estrechos de recursos.
Sin duda, esos alcaldes nos van a reclamar que ¡una vez más! les estamos asignando tareas sin acompañar el respectivo financiamiento. Y eso me preocupa enormemente.
En las comunas costeras de Imperial, de Carahue, de Saavedra, por ejemplo, el delito es distinto.
Para ellas, el ilícito más importante es probablemente el abigeato. Y eso significa recorrer caminos; apoyar de verdad, en serio, a las juntas de vigilancia, en fin. Ello obliga a un despliegue territorial mucho mayor que el requerido en una comuna urbana grande pero que tiene una superficie menor que la de comunas con altísima ruralidad.
Por eso, me parece que el no considerar recursos para materializar las nuevas tareas que se les imponen a los municipios constituye un despropósito.
Señor Presidente, hace un par de meses fui invitado por dirigentes vecinales de Loncoche a un encuentro sobre algo muy parecido a lo que se está estableciendo aquí como consejo comunal de seguridad ciudadana.
Ahora bien: lo que ocurrió después de las reuniones pertinentes tampoco se ha considerado en este proyecto.
Me explico.
Los dirigentes de la sociedad civil que participan en reuniones como aquellas informan, muchas veces con nombre y apellido, acerca de los individuos involucrados en el comercio de drogas; de las personas que cometen delitos con frecuencia; de los vehículos que circulan sin patente para burlar la vigilancia policial.
¡Esos dirigentes vecinales son amenazados!
Porque hemos llegado a un nivel en que los delincuentes no le temen a nada ni a nadie: ¡se toman poblaciones y se transforman en amos y señores de ellas!
Entonces, los dirigentes sociales que vayan a los consejos comunales de seguridad pública correrán un riesgo muy grande.
Habrá, pues, que pensar en medidas de protección y seguridad para que esas personas puedan cumplir el rol que les está asignando la ley en proyecto.
De lo contrario, o no van a poder participar, o simplemente existirán enormes riesgos para su integridad física, para la integridad de su familia, para la integridad de los bienes de su hogar.
En consecuencia, también hay que considerar disposiciones de resguardo para los dirigentes sociales.
Por cierto, señor Presidente, voy a votar favorablemente la mayoría de las normas de esta iniciativa, excepto el artículo 7° transitorio, pues no quiero que los municipios que han tomado la iniciativa y han tenido los recursos necesarios para implementar planes de seguridad ciudadana, e incluso la función de coordinador comunal, se vean impedidos de continuar esa labor.
En este sentido, la ley en proyecto da un paso para legalizar acciones que se venían haciendo y que, desde mi punto de vista, son de dudosa legalidad.
Creo que se está otorgando sustento jurídico a las comunas que han podido materializar acciones concretas en aquella línea.
Pero estamos en deuda, una vez más, con los municipios medianos y pequeños, que, como señalé -lo hicieron también otros Senadores-, no van a tener los recursos indispensables para materializar lo que dispone esta iniciativa.
Eso no significa que no tienen delincuencia, que no enfrentan dificultades en el área de la seguridad pública: las tienen, y tanto o más que las comunas grandes. La cuestión estriba en que, como son comunas pequeñas y de altísima ruralidad, muchas veces sus problemas no se visibilizan desde el nivel central, ni tampoco desde el nivel regional. Así, sus alcaldes terminan muy solos dando, en representación del Estado de Chile y de todos nosotros, una lucha que cada día se torna más difícil: la lucha contra la delincuencia.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, a estas alturas del debate, yo solo quiero comentar que me parece que esta iniciativa es muy buena desde el punto de vista conceptual, desde la perspectiva de las políticas públicas, pues viene a formalizar una situación que existe desde hace muchos años.
Sin hallarse consagradas como función expresa de ellos, desde hace mucho rato los municipios han venido desarrollando actividades de este tipo en forma muy intensa.
Probablemente lo han hecho con más fuerza y con mayores posibilidades las municipalidades más grandes, que tienen mayores recursos para desarrollar una serie de acciones de vigilancia que ya forman parte de la vida cotidiana de numerosas comunas a lo largo de Chile.
Sin embargo, no había una estructura municipal que recogiera tal situación.
Este proyecto -méritos más, méritos menos- la establece.
Al efecto, dispone una coordinación administrativa, con todos los órganos que tienen vinculación y conexión con la materia al interior de la comuna; abre la posibilidad de crear el cargo de Director de Seguridad Pública Comunal, el que existe de hecho en muchas municipalidades pero que ahora se podrá instalar formalmente.
De otra parte, se dispone la existencia de un plan de seguridad comunal que empieza a ordenar y a estructurar políticas de corto, mediano y largo plazos sobre la materia, para ir viendo cómo se pueden coordinar desde el municipio las situaciones pertinentes.
El referido plan se asume como responsabilidad del alcalde, quien debe informar sobre la presentación de él en su cuenta anual.
Por lo tanto, se trata, en general, de una iniciativa que va dando pasos y consolidando una realidad, pero también comprometiendo a los municipios, ya no solo por la definición de políticas públicas que pueden plantear su alcalde o su concejo, sino también por un compromiso institucional nacional.
Todavía se puede avanzar más. Es posible que para ayudar en la seguridad sea conveniente la existencia de una oficina municipal que preste asesoría jurídica a los vecinos que son víctimas de estas situaciones, en atención a que no siempre el Ministerio Público o la Defensoría Penal pueden hacer todo el trabajo.
Todo el registro de lo que ocurre en cada municipio, considerado por sectores urbanos o rurales, o urbanos céntricos o periféricos, o residenciales o comerciales, va generando la información para lograr un trabajo mancomunado con el Ministerio Público, donde se ha creado una unidad de análisis que la irá requiriendo.
Muchos trámites que realiza Carabineros bien podrían ser resueltos por inspectores municipales, lo que a la Institución le permitiría terminar con labores burocráticas y darles paso a funcionarios públicos bien preparados que puedan reemplazar a su personal y liberarlo para tareas más propias de su actividad preventiva, fundamentalmente.
Dicho lo anterior -y es suficiente para votar a favor de la iniciativa y los acápites en discusión-, no puedo dejar de referirme al problema de recursos que se suscita a propósito del debate.
Al final del día, a los municipios les estamos creando una función y haciéndolos compartir la responsabilidad de combatir la delincuencia a nivel comunal, lo que probablemente es hoy la primera prioridad de la ciudadanía. Ello se manifiesta en todas las encuestas.
Así como les generamos obligaciones y deberes, no les estamos dando, sin embargo, los recursos ni el apoyo para poder cumplirlos. Esto va a ir dependiendo de acuerdos a que se llegue con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero no forma parte de un aspecto institucional que les llegue a todos por igual. Significa, en la práctica, que solo aquellos municipios que dispongan de medios para instalar las oficinas, contar con los funcionarios encargados y hacer caminar los consejos y el plan de seguridad comunal van a poder materializar todo ello.
Lo anterior, en circunstancias de que los problemas que provoca la delincuencia se dan hoy día en todas las comunas. Quizás es la única actividad efectivamente descentralizada en Chile, porque las acciones para prevenirla y combatirla en las principales ciudades -y, fundamentalmente, en Santiago- la desplazaron hacia las regiones. Y, en la medida en que los planes cuadrante se aplicaban en las principales ciudades, se trasladaba a las más pequeñas. Al instalarse el correspondiente a Linares, la delincuencia aumentó en las comunas vecinas: Longaví, Yerbas Buenas, Colbún. Esa es precisamente la forma como se ha ido desarrollando.
Creo que es posible lograr avances relevantes en muchos casos, pero de nuevo circunscritos a los recursos que las municipalidades pueden dedicar, los que en las comunas de regiones son muy limitados, en particular en las más pequeñas. Es preciso comprender que a estas entidades no podemos seguirles asignando obligaciones sin dotarlas de los fondos y las capacidades para poder hacerse cargo de las responsabilidades inherentes a las funciones que les damos.
Hemos dicho una y mil veces lo que acabo de exponer, pero pareciera que ello no es suficiente ni necesario a la hora de legislar. Por lo tanto, se contemplan programas que dependerán de un cumplimiento discrecional de la autoridad en la medida en que los convenios se vayan dando, pero no existe el derecho de los municipios a obtener apoyo económico y financiero ni respaldo en tecnologías para combatir la delincuencia, las que se han hecho cada día más específicas. Porque, además, los tipos de delito que se van cometiendo son muy variables según la comuna y, dentro de ella, según los sectores y las características específicas de cada parte.
En consecuencia, la planificación comunal es indispensable, pero solo se podrá llevar a cabo si de verdad se dispone -repito- de recursos y medios.
Si establecemos la seguridad pública como una de las prioridades nacionales, me pregunto por qué no somos capaces de asignar lo necesario para que los municipios puedan jugar un rol eficaz. Hoy día estamos más bien haciendo una petición de principio o apoyando una política pública, que me alegro que se comparta, pero no me parece que estemos avanzando en la efectividad de las propuestas que aprobamos. Juzgo que es bueno decirlo, porque sembramos ilusiones y cosechamos frustraciones cuando no se puede cumplir.
Por eso, voy a aprobar esta parte del proyecto de ley, pero reservo mi opinión para aquella en donde la materia se hace más específica. Solo quería hacer la fundamentación en esta oportunidad y no después, ya que considero que nos hallamos en el buen camino y que la iniciativa es buena, por lo que merece apoyo. Mas si no la acompañamos de instrumentos, de medios, de recursos para poderla concretar, de nuevo nos encontraremos con que los municipios ricos, grandes y poderosos aplicarán bien la ley, pero los más pequeños, los más modestos, los más desprovistos y con mil tareas por realizar, desbordados por los gastos en educación y salud, enfrentarán un desafío para el cual van a ser requeridos, pero que no podrán atender debidamente. Por eso mismo, estamos aumentando los déficits en el sector al generar demandas ciudadanas y compromisos legales que, por su situación, no podrá satisfacer.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
No haré uso de ella.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la verdad es que casi se ha dicho todo.
Deseo saludar el proyecto y reconocer que una de las más altas prioridades de los ciudadanos tiene que ver con su seguridad. Y qué duda cabe de que, como Estado, no hemos cumplido en garantizarla. Pero el articulado en examen avanza en aterrizar en el barrio, en la comuna, en el territorio, no solo la participación de las autoridades comunales en la coordinación con los servicios a cargo del orden y de la seguridad, sino también de actores que imagino que también incidirán en buscar la eficacia de la labor de las instituciones. En este sentido, juzgo que contribuirá bastante lo que los ciudadanos pueden hacer, en su momento, en las coordinaciones con los tribunales, las fiscalías, las policías, las autoridades.
Existe la convicción de que la incertidumbre básicamente obedece a la falta de eficiencia de las policías o de que la responsabilidad es del Gobierno. El Senador que habla diría que hay una carga compartida entre la gente y los organismos de seguridad. Esta es la gran ocasión. Las personas no han tenido la oportunidad de participar en ninguna instancia para opinar también acerca de cuáles son los vacíos, cuáles son las inseguridades territoriales, a fin de materializar planes eficaces que desincentiven la comisión de delitos y les permitan a los propios ciudadanos ocupar los espacios públicos y obtener una mayor estabilidad. Por lo tanto, considero que estamos dando un paso muy importante.
En cuanto al establecimiento de una norma legal, cabe hacer presente que en muchas comunas se había verificado hasta ahora el propósito que estamos persiguiendo, pero en este momento lo estamos extendiendo a todo el país y facilitando que todas puedan lograr la formación de estos consejos, no obstante las prioridades establecidas por el Gobierno y el Ministerio del Interior para instalar determinados planes de seguridad en las primeras setenta.
Quisiera pensar que los ciudadanos en todo el territorio nacional podrán participar en las instancias que estamos creando, para los efectos de darles la oportunidad, no solo de tener el derecho de ser defendidos, sino también de conocer cuáles son las acciones que se realizan, cuáles son las responsabilidades que se asumen, cuáles son las faltas o los vacíos que el espacio territorial puede presentar en un momento determinado, a fin de asegurar la garantía constitucional -que no estamos cumpliendo- relativa a la seguridad de las personas.
En consecuencia, pienso que seguimos la dirección correcta. Voy a votar a favor esperando que demos un paso adelante en algo de tanta importancia para los ciudadanos.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, para ser franco, no es fácil concordar con una opinión respecto de la pertinencia y globalidad del proyecto, que resulta mucho más difícil de lo que aparentemente se puede observar tanto en los fundamentos del mensaje cuanto en lo que se entendía como una lucha titánica para enfrentar la delincuencia desde un nuevo lugar: los municipios.
Existe una épica, un relato, una historia, que básicamente dice relación con convenir en que la criminalidad está destruyendo la vida de los ciudadanos, de la familia, de las comunas. Entonces, a todas las formas tradicionales de enfrentarla, que tienen que ver con acciones de prevención, de sanción y eventuales de rehabilitación -porque no es muy claro- generadas por Carabineros, Investigaciones, el Ministerio Público y Gendarmería, según el caso, era preciso agregar otro brazo: el mundo de los municipios, el de los representantes con mayor cercanía a los problemas ciudadanos.
A mi juicio, tal construcción presenta sentido. Es decir, si realmente se trata de la primera prioridad ciudadana, es lógico incorporar esta nueva fuerza, articulada adecuadamente, para ser más eficiente en el control de la delincuencia y en combatirla.
Más aún, si se consideran las tres ideas gruesas, estimo difícil no llegar a una coincidencia.
Una de ellas es la creación de un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo, a proposición del alcalde. ¿Para qué? Precisamente para poder contar con una conducción en el enfrentamiento de los desafíos ciudadanos en los distintos lugares. Se trata de alguien a cargo, de alguien responsable de esta "batalla" -por lo menos el Senador que habla la llama así-, de un colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión de las funciones de seguridad pública.
¿Quién puede estar en contra de eso? Creo que nadie.
La segunda es el establecimiento de un plan comunal de seguridad pública, aun a riesgo de que terminen siendo todos iguales.
La pregunta es cómo enfrentar la cuestión; cómo planificar; cómo ordenar el nuevo esfuerzo, que tendrá un director y, por lo tanto, un diseño, lo que me parece lógico; cómo crear una estructura donde el relato, la historia, la épica, pueden lograr un espacio físico en que sea posible que las voluntades vayan confluyendo e ir resolviendo los desafíos que la delincuencia plantea.
Y se agrega un tercer elemento, que son los consejos comunales de seguridad pública, lo que dice relación con la forma como la comunidad puede asesorar al alcalde y colaborar en la confección del plan.
O sea, además de este último y de un encargado, se requiere una inserción social válida; un rol del nuevo ciudadano, no del cliente. Si algo generalmente me molesta es cuando el concepto de "ciudadano" se transforma en el de "cliente". La diferencia radica en que a este último solo le asisten derechos, en tanto que los primeros también tenemos deberes, lo que se extiende desde la forma de votar hasta la de participar en tareas comunes.
Estimé que el planteamiento era muy importante y valioso hasta que en la Comisión de Hacienda llegamos a los números 4) y 12) del artículo 1° -por ello, pedí votación separada-, los que, en lo medular, dicen dos cosas muy sencillas, pero decisivas.
Básicamente, el Director de Seguridad Pública se creará en todas las comunas donde lo decida el concejo municipal, a proposición del alcalde, en la medida de la disponibilidad del presupuesto local. De no existir, setenta y cuatro de ellas forman parte de un plan -supongo que estará bien diseñado, pero no tiene que ver con las doscientas setenta y tantas restantes- para financiar el cargo a través de convenios con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Las demás solo podrán recibir cooperación técnica.
Entonces, en la iniciativa hay una especie de pecado original. Algo no ha nacido bien. La pregunta es cómo se genera una creatura y se le inserta el factor pecaminoso de no contarse con la posibilidad práctica de funcionar.
Al principio no lo creía, pero el informe financiero, que suele ser enjundioso en este tipo de proyecto, es una página en blanco. Dice, textualmente, que no se genera un efecto fiscal. O sea, desde un punto de vista técnico, cero.
Nuestra responsabilidad tiene mucho que ver con que las lógicas legales digan relación con mandatos, prohibiciones o autorizaciones, pero no con ilusiones. ¿Qué va a pensar el ciudadano común y corriente cuando se dice: "Por fin se concreta el eje de una nueva lucha con la creación de los consejos comunales, los planes comunales, el director comunal, etcétera", y no tenemos claro que ello funcionará, porque no hay recursos?
Es decir, el mismo Gobierno que considera muy importantes los cabildos ciudadanos, gastando tres mil 400 millones de pesos solo en ellos; que destina 95 millones de dólares a aumentar el capital de Televisión Nacional; que contempla 40 millones de dólares en la capitalización del Metro para generar tarjetas de prepago; que piensa en no sé cuántos millones para ENAP, pero imagino que la cantidad es equivalente, y que permite la entrega de sumas increíbles a falsos exonerados, sin mediar cuenta pública ni responsabilidad algunas, expresa ahora: "Para este proyecto, pilar del nuevo trato, cero".
Con todo respeto, señor Presidente, aquí es donde se requiere un gran compromiso con lo que se está generando. A mi juicio, hay un divorcio total entre los conceptos. Me cuesta imaginar una iniciativa quizás mejor pensada y peor financiada.
Ello revela que la prioridad real de la autoridad no es hoy día la delincuencia. Otras cosas parecen más importantes: el aumento del rol del Estado y los esquemas de modificación constitucional. Cada uno verá lo razonable que eso puede ser.
Pero, al final, ¡que exista un informe financiero!
Dicho sea de paso, han intervenido -si cometo un error, me corrige, señor Presidente- cerca de treinta parlamentarios. O sea, no es un articulado banal o baladí ni uno cualquiera. ¡Treinta! Todos sembrando ilusión.
No lo he consultado con los representantes del Ejecutivo -y no lo haré-, pero no me cabe duda de que, en el fondo de su corazón, coinciden en que si existiera un respaldo financiero suficiente, el proyecto sería muy distinto y estaría generando un espacio de encuentro total.
En estas condiciones, lo que corresponde -por lo menos, es lo que he decidido- es votar el esqueleto del texto en un sentido, porque me parece que hay un formato razonable, y en otro muy distinto, particularmente por lo que significan para las cuestiones de financiamiento, sus numerales 4) y 12), porque la frase de que el proyecto no tiene efecto fiscal me parece agresiva en cuanto a la naturaleza del esfuerzo que se está desarrollando y, obviamente, no lo voy a apoyar en esa parte.
Respaldaré el esqueleto, la estructura, con la esperanza de que futuros gobiernos prioricen realmente la forma de enfrentar la delincuencia. Pero tratar de generar una ilusión -yo no estoy para sembrar ilusiones- al decir que aquí hay algo fantástico, cuando el problema central del proyecto es no tener financiamiento ni los municipios contar con recursos, significa un serio riesgo de que la normativa se convierta en letra muerta.
He dicho.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, solicito autorización para que la Comisión de Salud pueda funcionar en paralelo con la Sala.
El señor LAGOS (Presidente).-
Señora Senadora, ¿usted había pedido la palabra para estos efectos o para pronunciarse sobre el proyecto de ley en análisis?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Para la solicitud que acabo de formular.
El señor LAGOS (Presidente).-
Perfecto.
--Se autoriza.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, la semana antepasada, que fue regional, estuvimos con el Subsecretario de Prevención del Delito, aquí presente, en la avenida Chacabuco, de San Felipe, que tiene la particularidad de estar implementando un proyecto en que, allí donde existían delincuentes que se habían apropiado de ese espacio público (drogadictos, alcohólicos -no quiero emitir ningún juicio de valor, pero esa era la realidad de ese lugar-), hoy está a cargo de los niños, de los jóvenes, de sus familias, que se organizaron; se pusieron uniforme, con jockey; se entrenaron; tuvieron charlas, y ahora juegan en la avenida Chacabuco, donde se instalaron juegos, asientos, iluminación, con un proyecto encabezado por Patricio Freire, Alcalde de San Felipe.
Después fuimos a la villa Yevide, en el sector Tacna sur de esa comuna, en cuya multicancha repartimos unos silbatos con la junta de vecinos, que se había organizado para hermosear el lugar, para iluminarlo, para sacarle partido a su multicancha, para que allí pudiera existir una forma sencilla de denunciar actos delictivos. La presidenta de la junta de vecinos nos relató cómo había sido su vida cotidiana en los últimos meses.
Bueno, estos son aspectos de cómo se hace seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana, o es local, o no es. O la seguridad es verdaderamente ciudadana, o no hay seguridad. No se puede externalizar, no se puede subcontratar a las policías, a los fiscales, a los jueces, por mucha plata o vehículos que pongamos, si la gente, los vecinos y vecinas, la comunidad, los barrios, no se comprometen en la tarea de combatir el delito, el microtráfico, el narcotráfico, el crimen organizado, que tienen expresión ¿dónde? En lo local, en las poblaciones, en los barrios.
Sé que este proyecto, que vengo conociendo ahora -yo no participé en la Comisión-, puede que adolezca de muchas fallas. Uno se pregunta: ¿falta dotación en Chile? Sí, aunque se están formando 2 mil 200 carabineros por año. El problema es que en el mismo período pasan a retiro 1.700. Es claro que falta dotación.
¿Falta infraestructura? ¡Falta infraestructura! Estamos tratando de sacar, con el Alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, la subcomisaría para El Belloto. Estamos avanzando. Falta infraestructura, pero inauguramos la comisaría de Villa Alemana, y está la nueva tenencia de San Esteban, en la provincia de Los Andes.
¿Faltan vehículos, logística, armamento, tecnología? Por supuesto que sí, pero lo que más falta es seguridad ciudadana, atención a lo local, rol del municipio, de la comunidad, como ese grupo de niños de San Felipe que se organizaron para disputarles un espacio público (la avenida Chacabuco) a los delincuentes, a los drogadictos.
Esa es, para graficarla, una de las dimensiones de este proyecto, que crea los consejos comunales de seguridad como un aspecto del Plan Nacional de Seguridad Pública, que aspira a construir alianzas estratégicas con los organismos y servicios públicos en el nivel local.
Por lo tanto, yo entiendo todas las carencias. Escuché, evidentemente, al Senador Montes. Pero reconozcamos también el vaso medio lleno; no solo el vaso medio vacío. A propósito, se están duplicando los recursos disponibles entre el 2014 y el 2015: se está pasando de 40 mil millones a 90 mil millones de pesos (cerca de 130 millones de dólares). ¿Que es insuficiente? Por cierto que lo es. Y además estamos destinando recursos para la contratación de más de mil profesionales que establezcan un servicio de apoyo técnico y financiero permanente.
Entonces, a nombre de las 26 comunas que represento en la Región de Valparaíso interior (Petorca, Los Andes, San Felipe, Quillota, Marga Marga, Puchuncaví, Quintero), y consciente de que este es el tema número uno (la delincuencia, la seguridad, la droga, el microtráfico), voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque, sin ser la panacea, apunta en la dirección correcta. Lo que hoy es una facultad para crear un director de seguridad pública aquí es imperativo: "Existirá un director de seguridad pública" cuando así lo apruebe el concejo.
Hemos despachado y es ley de la república, más allá de que podríamos haber realizado un acto republicano, alegre, para promulgarla, la Agenda corta Antidelincuencia. ¿Con control preventivo de identidad? Por cierto que sí. Como dice la gente de la Región de Valparaíso, "quien nada hace, nada teme", y, por lo tanto, se manifiesta disponible para que se le pida su identificación.
Hay un conjunto de iniciativas que estamos tratando de sacar adelante, pero no seamos pájaros de mal agüero, o como el perro del hortelano, que no hace ni deja hacer, encontrándoles puras debilidades y déficits a los proyectos que aprobamos en esta materia, y demos un paso.
Este es un paso: crear estos consejos comunales de seguridad, y que sea imperativo y no facultativo que exista un director de seguridad pública a nivel local.
Yo no creo que este proyecto de ley sea para celebrar con una gran fiesta, pero es un avance, un paso en la dirección correcta. Y, muy conocedor de la realidad de cada una de las 26 comunas que me eligieron para representar a la Región de Valparaíso -con sus alcaldes, con sus concejos comunales-, quiero dedicarle la aprobación de esta iniciativa a ese grupo de menores de San Felipe que supo disputarles un espacio público (la avenida Chacabuco) a los delincuentes. Y si esto contribuye en esa dirección, bienvenido.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar al Subsecretario de Prevención del Delito y a su equipo por haber llegado a esta instancia con este proyecto y ojalá lograr en la sesión de mañana su total despacho.
Estamos hablando de un instrumento muy valioso. Lo digo no sobre la base de una ilusión, como decía el Senador Coloma, o de una mera reflexión, sino desde la experiencia de haber estado más de 10 años ligado a los temas de seguridad, porque me formé la convicción de que no es lo mismo implementar políticas públicas de seguridad para el sector norte de Chile, para una comuna urbana de la capital del país o para una comuna rural como Tucapel, en la provincia de Biobío, o Los Álamos, en la provincia de Arauco.
A aquellos que creen que una política pública para todo el territorio nacional va a ser eficiente les quiero decir que están completamente equivocados y la experiencia internacional está conteste en ello.
Francia, España, Italia y cada uno de los países que han logrado disminuir los niveles de victimización y, por consiguiente, aumentar los niveles de seguridad de sus ciudadanos han implementado políticas públicas focalizadas.
Por lo tanto, qué mejor que el Estado se descentralice en la práctica desde el punto de vista del diagnóstico y del diseño de una política integral de seguridad, sin perjuicio de la visión global que debe tener el o la gobernante y los equipos ministeriales. Debe existir un instrumento de carácter regional, que hoy día es el Plan Regional de Seguridad Pública.
Pero, así y todo, no es suficiente, porque usted comprenderá, señor Presidente, que el intendente de la Región de Valparaíso, por poner un ejemplo, no tiene la capacidad de conocer la especificidad del fenómeno del delito en la población 250 Años de la comuna de San Felipe, porque los problemas de la urbe del Gran Valparaíso no lo dejan ver más allá. Y al intendente de la Región Metropolitana le cuesta mucho asumir que las políticas de seguridad deben incluir, por ejemplo, mecanismos preventivos para el abigeato en comunas como San Pedro o Alhué, que están en su región, pues la principal demanda que tiene dice relación con el combate de los delitos contra la propiedad en los centros urbanos.
Es un fenómeno que, como vimos, también se observa en regiones.
En la del Biobío, por más trabajo que hagan el intendente y las policías, generalmente van a estar influidos, en sus estrategias, por lo que ocurre en el Gran Concepción. Y es muy distinto combatir el delito en Talcahuano que hacerlo en la comuna de Quilleco. O, en la Región de La Araucanía, en Vilcún. ¡Son realidades completamente distintas!
Por lo tanto, lo que hace este instrumento legal es otorgarle al municipio, al ente local, al brazo más cercano que tiene el Estado con el ciudadano, primero, la posibilidad de tener un consejo comunal de seguridad para que el alcalde, que es la persona a quien los ciudadanos le confiaron la administración del territorio, diseñe la política local de seguridad y se siente en una mesa junto a concejales, dirigentes vecinales, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, el SENDA (encargado de la prevención de la droga), con todos los actores, para que se pongan de acuerdo, hagan un diagnóstico e implementen una estrategia para combatir los delitos que los afectan.
El Gobierno central renuncia a su potestad de determinar la política de seguridad para comunas como Padre Las Casas o Tirúa. Valida al actor local diciéndole: "Usted va a definir los principales elementos que le brinden mayor seguridad a su localidad".
Tal como lo he dicho en reiteradas oportunidades, señor Presidente, sin seguridad no hay libertad, pues nadie puede gozar de la libertad si no tiene condiciones básicas de seguridad para poder ejercer ese derecho.
Por ello, esta iniciativa es un avance muy importante.
Junto con el consejo comunal de seguridad, se crea el plan comunal de seguridad, que será consecuencia de una reflexión de la localidad de que se trate.
Adicionalmente, el Gobierno pondrá los recursos para que el municipio nombre a un encargado de seguridad, es decir, a una persona que esté 24/7 dedicado a estos temas, y no como ocurre hoy día en comunas pequeñas que no tienen financiamiento, donde el único abogado que hay, contratado a honorarios, debe hacer de juez de policía local, de encargado de seguridad, de evaluador de proyectos. ¡O sea, las tiene que hacer todas...! Y, al final del día, el que mucho abarca, poco aprieta.
Creo que este es un instrumento muy útil, que hay que aprobar y apoyar porque ha dado buen resultado.
Desde el punto de vista del financiamiento, alguien decía por acá: "Oiga, esto solo significa vender ilusiones". ¡No! Esto es vender gestión, es vender una alianza, porque, obviamente, aquí se requiere que el municipio ponga su parte. No sacamos nada con tener un gobierno muy entusiasmado con las políticas de seguridad si un alcalde no está de acuerdo en implementar un plan de seguridad.
Por lo tanto, acá va a haber una alianza entre el municipio y el Gobierno.
Alguien ha afirmado: "Oiga, pero este proyecto no tiene financiamiento". ¡Más de 90 mil millones de pesos (130 millones de dólares) se están invirtiendo en este programa!
El Subsecretario, que maneja mucho mejor los números, me esbozaba -y me aventuro con algunas cifras, aunque puedo equivocarme- que ya hay más de 200 mil alarmas comunitarias y más de, no sé, 90 proyectos de cámaras de seguridad de televigilancia instaladas en diferentes comunas, que, ojo, con la Agenda corta adquirieron un valor probatorio adicional.
Ahora, cuando un delincuente sea grabado cometiendo un delito y la policía no llegue a tiempo para atraparlo, pero lo pille dos semanas después, gracias a la Agenda corta y a las cámaras de seguridad financiadas por este programa será considerado autor de un delito flagrante.
En consecuencia, hay más probabilidades de condena y disminuimos la impunidad.
Entonces, este es un proyecto integral, que está bien pensado, que avanza en el sentido correcto. Por cierto, como toda obra legislativa, tiene falencias y podría ser mucho mejor. Pero, señor Presidente, no le quepa ninguna duda de que, a mi juicio, dada mi experiencia, va en la dirección correcta.
El Senador Coloma, muy preocupado del tema financiero, decía: "Aquí es importante que no tengamos un derroche de recursos". Y es cierto: es muy importante. Y por eso se otorga a los municipios financiamiento contra proyecto. Pero, adicionalmente, habrá un consejo que defina y fiscalice esos recursos.
Sin embargo, el señor Senador no manifestó la misma preocupación cuando algunos de nosotros hicimos presente lo que había ocurrido con un programa de la Administración anterior llamado "Alerta Hogar", en el cual se invirtieron más de 2 mil millones de pesos. Se contrató, sin licitación, a empresas telefónicas. Específicamente, se contrataron 5 millones de llamadas. Se suponía que la gente iba a llamar.
¿Sabe cuántas llamadas se hicieron, señor Presidente? Cuarenta y dos. ¡Y ya se habían contratado y pagado 5 millones de llamadas! ¡Es decir, cada llamada salió como 4 millones de pesos! Y yo no escuché al Senador Coloma decir nada sobre aquello.
Nosotros pedimos en su oportunidad un informe a la Contraloría. Porque eso era gravísimo: ¡2 mil millones de pesos! Era muy delicado.
Bueno, con este programa eso no podrá ocurrir, y no podrá ocurrir porque los recursos van a ir al municipio, independiente de que sea del color A, B o C. Yo nunca he sabido que un delincuente, antes de asaltar a alguien, le pregunte por quién votó.
En definitiva, se requiere que esta política, que es de descentralización y que se hace cargo de la realidad local, sea fortalecida.
En su oportunidad formamos consejos comunales de seguridad. Recorríamos comunas y escuchábamos a los vecinos y también a los alcaldes, cuyo principal reclamo era: "Yo invito a Carabineros y me mandan al recién egresado de la escuela de formación policial, al de más bajo rango de la comuna, con cero capacidad de decisión, porque el resto está ocupado".
Aquello ya no sucederá más. Ahora el alcalde tendrá sentado al lado al comisario, al subcomisario o al teniente; en definitiva, al uniformado que sea la máxima autoridad policial en la comuna, para ponerse de acuerdo, para que el primero ayude al policía y al representante de la PDI, y para que las policías le entreguen al edil información adecuada orientada a prevenir la ocurrencia de delitos.
No olvidemos que la seguridad es un tema tremendamente progresista. La seguridad pública es la principal demanda de las familias más pobres del país. Ocho de cada diez hogares victimizados (el 87,7 por ciento) pertenecen al sector socioeconómico C3 y D, es decir, a la clase media y a la gente más desposeída. Se trata de personas que no tienen capacidad para financiar alarmas, cercos eléctricos, guardias de seguridad, y que no cuentan con personal que se quede en la casa cuando salen a trabajar.
A esos chilenos es a quienes debemos proteger, y este plan comunal de seguridad se hace cargo de ellos.
Para quienes tenemos la suerte de no depender de la seguridad pública, este no es un gran avance, pero, para los que sí dependen de ella, ¡este es un tremendo avance! Porque, además de coordinar a Carabineros, a Investigaciones, al alcalde, a la comunidad, les permite a los vecinos definir los proyectos que los hagan sentirse más seguros; recuperar un sitio eriazo (foco de delincuencia); iluminar un espacio que tradicionalmente sea zona de delitos, instalar cámaras de seguridad y televigilancia para prevenir y probar los elementos delictuales.
Señor Presidente, anuncio mi voto a favor, haciendo un llamado a apoyar este proyecto, pues, más allá del año y medio que le queda al actual Gobierno, constituirá un avance para el país. Independientemente de cuál sea el sector que asuma el poder en el próximo período, al final del día, si cuenta con una institucionalidad que le permita implementar programas de seguridad en las comunas, significa que habremos dejado a Chile un poco mejor de lo que lo encontramos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Está inscrito, finalmente, el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, saludo al señor Subsecretario y a su asesor. Pero me habría encantado que también estuviera presente el Ministro del Interior -me ha informado que mañana estará en el Congreso-, porque si hay un tema en el que todos debemos apoyar y trabajar es en la solución del problema número uno de nuestro país: la delincuencia.
Hay que ver cómo vamos organizándonos, cómo vamos trabajando de abajo hacia arriba, fundamentalmente del gobierno local hacia el Gobierno central y el aparataje del Estado, incluyendo a todos los organismos que participan en seguridad ciudadana.
En tal sentido, el Subsecretario señaló en la Comisión que "en el Gobierno actual, se comprometió financiar los cargos por 3 años, sin que quede sujeto a concursos o selección previa, respecto de 74 comunas que representan el 80% de los problemas y el 75% de la población del país".
Me da la impresión de que financiar el cargo solo por tres años es complejo.
Por eso, mi primera consulta al Subsecretario -la podrá contestar cuando termine esta votación- apunta a cómo ve la situación hacia adelante, cuál será el análisis y cómo iremos avanzando, pues -como bien manifestó en el órgano técnico- lo que se hace es "financiar el costo desde 3 a 7 personas, dependiendo de la complejidad que enfrenta cada municipio, por lo que 956 personas que trabajan en los municipios son financiadas actualmente por la Subsecretaría.".
Entonces, pregunto si esas personas se van a incorporar inmediatamente a este trabajo y en qué comunas.
Como se ha mencionado, el objetivo que se busca es la coordinación, porque en el fondo se trata de que haya una coordinación a nivel local en función de la realidad de cada comuna. En este sentido, como lo han señalado muchos Senadores, creo que es distinta la situación de una comuna como Santiago de la de otras como Machalí, Rengo, La Estrella o Pichilemu. Esta última comuna la conoce bien nuestro Subsecretario, pues es un asiduo visitante de ella por el surf.
En este punto, agradezco el trabajo de esa autoridad, porque uno de los problemas serios que existen, sobre todo en esa zona y en época de verano, es el tráfico de drogas. Y no teníamos -no tenemos todavía de manera definitiva- todo el apoyo que requeríamos para combatir ese problema. Al sector llega mucha juventud, llega mucho traficante, y se han sentido bastante libres, hasta que se intervino últimamente, para ingresar por las playas. Por esto, agradezco el trabajo del Subsecretario. Nos reunimos con la comunidad de Pichilemu en su oficina y trabajamos con el objeto de que esto se resolviera. Esperamos que esa labor continúe y que no se reduzca a los tres años que se indican aquí. Es necesario que sea algo permanente, sobre todo en los lugares donde hay mayor presencia de narcotráfico.
En segundo lugar, insisto en un tema que hemos planteado permanentemente: el de los recursos para la rehabilitación en las cárceles.
Según lo que tengo informado -me lo había señalado también el Senador Prokurica-, el 3 por ciento de los recursos de Gendarmería se va a rehabilitación. Pero es importante atender a los resultados de esta, porque se ven poco: la reincidencia es cada día mayor. Y seguiré insistiendo en esto. Ya lo hicimos con la Ministra de Justicia con ocasión de otro proyecto relacionado con la materia.
No habrá solución mientras no exista una alternativa real para que las personas se sientan útiles y cuenten con recursos al interior de las cárceles, en convenios con organismos privados que les den la posibilidad de trabajar, de atender a sus familias desde el punto de vista económico, y también a fin de que una vez que salgan puedan seguir trabajando, pues con los papeles manchados en el fondo no tienen opción laboral.
Por eso, debe haber un proceso desde el interior hasta el exterior a fin de que esas personas no se vean nuevamente incentivadas a cometer delitos para poder subsistir.
Creo que ese es uno de los problemas más serios de nuestro país, y no lo estamos afrontando como corresponde. Podemos coordinarnos muy bien a nivel local, pero no sacamos nada si los delincuentes vuelven a reincidir y vuelven a reincidir.
Por otro lado, considero fundamental la rehabilitación en el consumo de drogas. Se precisan recursos con el objeto de que haya una real rehabilitación y prevención desde los colegios, desde pequeños, con el fin de que realmente se les informe lo que significa la droga.
Hoy día da la impresión de que hay drogas -entre comillas- blandas. Pero estas a la larga son duras, porque llevan a la adicción, y esta conduce justamente a la delincuencia por la desesperación, pues se trata de personas enfermas y muchas veces la única manera que tienen para adquirir las drogas es delinquiendo.
Yo comparto en lo fundamental lo que planteó el Senador Montes: aquí tenemos que trabajar integralmente, no solo mirando el punto de vista local -es una realidad y creo que este proyecto es un gran avance que le dará la posibilidad a cada comuna de afrontar sus problemas-, pues hay un tema general que debemos abordar.
Por otra parte, debemos atender a la situación de los jóvenes que delinquen. ¡Si las mafias, los narcotraficantes o los delincuentes mayores utilizan a los niños, a los jóvenes con el fin de delinquir! ¡Miren los portonazos, con menores de 14, 15, 16 años! A lo mejor algunos se ponen de acuerdo entre ellos. ¡Pero después estos niños no tienen lugares para estar desarmando vehículos; ahí viene la segunda etapa!
Voy a votar a favor de estos artículos. Me preocupa -lo hemos planteado- el financiamiento, pero tiene que tratarse de manera bastante más global.
Quiero informar al Subsecretario acerca de un trabajo de la comunidad de Rancagua, en el que también participó su alcalde, Eduardo Soto, consistente en contar con un sistema de alerta vecinal, que usted bien conoce -por su intermedio, señor Presidente-. Hoy día hay decenas de miles de casas integradas a ese sistema, que partió justamente de la necesidad local de que se avisen entre los vecinos acerca de lo que está ocurriendo. Yo valoro esa iniciativa y creo que es muy importante difundirla, porque involucra muy pocos recursos económicos pero resulta de gran beneficio para la comunicación entre los vecinos. Y en eso han trabajado fuertemente las juntas de vecinos, en coordinación con el municipio.
Por último, le quiero solicitar al Subsecretario que nos ayude. Está lista la comisaría Diego Portales en Rancagua, pero no contamos con la dotación pertinente. Producto de ello, no puede ponerse en funcionamiento. Necesitamos alrededor de 65, 63 carabineros, y tenemos 30 y tantos.
Miren lo que está ocurriendo. Lo decía justamente el Senador Harboe: numerosos carabineros están jubilando y la proporción de los que ingresan no es bastante mayor.
El señor HARBOE.-
Es mayor.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Sí, pero bastante poco respecto de lo que requerimos.
Que la comisaría entre en operaciones es una necesidad urgente, sobre todo para el sector oriente de Rancagua. Yo he oficiado al General Director de Carabineros, al Ministro del Interior, y le pido al Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente- que ojalá tengamos en los próximos días la dotación suficiente a fin de que pueda funcionar como la comunidad espera. Esta comisaría es fruto de la necesidad y del trabajo de los vecinos. Y es supercomplejo cuando uno conoce organizaciones como las del sector oriente de Rancagua y constata la frustración que experimentan al ver que se construye la infraestructura y no se cuenta con la dotación.
Por lo expuesto, señor Presidente, valoro el proyecto en análisis. Creo que va en el camino correcto. Pero debemos trabajar en la rehabilitación en cárceles, en el sentido de que las personas tengan posibilidades reales de salir y sentirse útiles y no volver a delinquir, y, por otro lado, también debemos hacer un esfuerzo serio de rehabilitación y prevención en el consumo de drogas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señor Senador, ¡con su intervención de Pichilemu y el surf usted literalmente echó al agua al Subsecretario...!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Positivamente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Desde luego.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ya ha habido largas exposiciones acerca de los beneficios que va a traer la creación de los consejos comunales y de los planes comunales de seguridad pública.
Yo solo quiero señalar que la vigencia del plan comunal de seguridad pública será solo de cuatro años. Pero entiendo que podrá haber un traslape, porque el plan deberá continuar, independientemente del alcalde de turno. Es decir, si se forma el consejo antes de un año de terminar el actual municipio, durará tres años del próximo; quedará fijado. No es que será cuatro años calendario con el alcalde en ejercicio y que quien llegue deba incorporar un nuevo plan comunal de seguridad pública: el plan es un instrumento que obliga a la continuidad.
Ese elemento garantiza participación y que no haya alteración de la voluntad por el mero cambio de alcalde. Esto es muy importante.
Lo segundo: espero que en esta diversidad de municipalidades -tenemos 345 alcaldes en todo Chile- haya criterios uniformes. La ley da un marco de uniformidad. Pero en otros proyectos nos ha pasado que existe participación ciudadana que depende un poquito del criterio del alcalde.
Yo lo he dicho: al igual que hay monarquía presidencial en La Moneda, hay feudalismo en la municipalidad. Esto depende del alcalde. Como este tiene todo el poder y los concejales poseen muy poco peso, a pesar de que son fiscalizadores, hay que buscar una adecuada armonía. Aquí debiera haber un punto de consenso siempre, sobre todo con la conformación de la participación ciudadana.
Creo que esto representa un avance. Siempre he sido partidario de la participación ciudadana vinculante, porque si la gente participa y, al final, no la escuchan, decidirá el concejo solo. Lo vinculante es una aspiración permanente. Es preciso establecer un porcentaje de vinculación de las propuestas que allí se desarrollen, de tal manera que la ciudadanía sienta que lo que lleve a estos consejos comunales efectivamente se realizará.
Esto va a depender del criterio de los alcaldes. Y espero que tengan la convicción de que en materia de seguridad pública no puede haber ideologización ni politización ni revanchismo. Tiene que existir una participación muy amplia.
Señor Presidente, repito que esto es un avance muy sustantivo. Y el fortalecimiento de la Subsecretaría también es esencial. Entiendo que aquí algo se contempla. Sin embargo, uno esperaría que se destinaran mayores recursos.
En la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año tendremos la posibilidad de decirles a nuestros alcaldes que van a disponer de algunos recursos. Porque una de las críticas permanentes que se nos hacen es que les otorgamos mayores funciones, mayores facultades, pero no financiamiento.
Entonces, yo le digo al Subsecretario que la creación de este órgano va a conllevar más gasto municipal, y esto debiera estar reflejado en el Presupuesto 2017, que se discute ahora en el 2016. Porque no es posible que les entreguemos esta facultad y no les concedamos recursos especiales para fomentar la creación de los consejos, por mucho que se obligue a su creación a los 90 días de haberse publicado la ley.
Tienen que destinarse recursos. Y eso corresponde a un ítem trabajado con la SUBDERE, dependiendo de las comunas: hay comunas ricas, hay comunas pobres; hay comunas muy grandes, comunas muy pequeñas. Pero los alcaldes nos van a decir lo mismo: "Me imponen esta obligación; yo la voy a cumplir, pues es un imperativo ciudadano; yo solo quiero que me la financien".
Y eso significará que tendremos que hacer un esfuerzo a fin de incorporar al debate de la Ley de Presupuestos para el 2017 la creación de estos consejos comunales con mayor o mejor presupuesto, considerando las condiciones de restricción presupuestaria en que estamos.
Ello es esencial, señor Presidente, con el fin de que esta sea una buena noticia para los alcaldes y también para la ciudadanía. Se requieren condiciones mínimas de funcionamiento y, sobre todo, de difusión de las tareas que realiza el consejo y de la convocatoria de participación.
Hay municipios que no están muy acostumbrados a la participación ciudadana. No tenemos mucha experiencia en convocar y hacer participar; los cabildos escasean; las instancias de participación ciudadana dentro de los municipios son acotadas, como lo son en todo el proceso constitucional. ¡No existe participación!
Este es un buen mecanismo. La gente va a participar, no tengo ninguna duda. Es una obra deseada. Es una necesidad.
Y espero que tengamos también capacidad para hacer un gran diagnóstico.
Acoto esto acerca del drama que hemos vivido -se lo digo al Subsecretario-, respecto a la situación del SENAME. Quiero decir que después de ocho sesiones en la Comisión de Derechos Humanos, que presido, hemos constatado el tremendo drama, el quiebre institucional, el fracaso de las políticas del Estado en materia de protección a los niños vulnerables.
No obstante, en especial, salta a la vista una correlación entre la situación de niños -entre comillas- "protegidos" por el Estado, que atraviesan por el SENAME y sus instituciones, y la correlación lamentablemente positiva de incidencia en la delincuencia. Esta en algunos casos supera el 50 por ciento.
O sea, tenemos una falla estructural.
Y creo que los municipios pueden participar en la detección temprana de esta situación a nivel barrial, a nivel familiar, de tal manera que el combate a la delincuencia no solo signifique discutir políticas estructurales o policiales, sino también mucho trabajo social, de apoyo, de cercanía, de acogida, de detección de los problemas, particularmente en los infantoadolescentes, cuya única opción al final del día es delinquir.
Y esa respuesta espero que tengamos del SENAME y de Gendarmería.
Vamos a recibir sorpresas en materia de correlación, ya lo dijo Paz Ciudadana.
Siento que, si el municipio va a participar en planes de seguridad pública, hay que tener en cuenta que, claramente, la delincuencia no surge espontáneamente, no se materializa, sino que tiene un origen variado. Y, en eso, hay que considerar la situación de los niños, a quienes el Estado debiera proteger en sus derechos, y no lo hace.
Como dijeron los funcionarios del SENAME en la Comisión, cuando estos menores cumplen 18 años les pasan plata para la micro a fin de que se vayan a la plaza del barrio; no los pueden seguir teniendo. El joven que se metió a la jaula de los leones había sido un niño del SENAME, y los jóvenes que delinquieron en mi Región -le dieron 30 puñaladas a un conductor de taxibuses de la Ruta Lirquén- venían también de esa institución. No tenemos una política de resguardo, de reinserción y, sobre todo, de rehabilitación. Hay una situación de reincidencia que supera el 70 por ciento en la cárcel El Manzano. ¡Ahí está la cifra!
¡Es increíble! Hay "clientes frecuentes". Eso significa que, cuando enfrentemos el problema de la delincuencia, deberemos dar también un espacio a la reflexión ciudadana a nivel comunal, a nivel territorial, a nivel barrial, en la detección temprana de aquellos jóvenes que puedan caer en las garras de la delincuencia.
Contribuir a que ello no ocurra será también tarea de estos consejos comunales. No solo diremos: "Vamos a poner rejas, vamos a poner cámaras; queremos más policías, queremos una nueva comisaría". Si sabemos que en un sector hay dos familias con problemas y que existen niños abandonados, se debe proteger a estos, hay que apoyar a esas familias. Porque, si esos menores quedan abandonados o caen en las manos del Estado -a veces es peor-, de allí a la delincuencia habrá un solo paso.
Por eso, señor Presidente, voto a favor de este proyecto de ley. Es un paso importante. Y espero que tengamos el financiamiento adecuado para que esto signifique una buena noticia para nuestros alcaldes y para que efectivamente se implementen estos consejos comunales de seguridad pública a la brevedad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ahora sí no hay más oradores inscritos.
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las normas acordadas por unanimidad en la Comisión de Gobierno (36 votos contra uno), con excepción de aquellas que se pidió votar separadamente, dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó en contra el señor Montes.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Quedarían, entonces, tres votaciones pendientes, que se harán en la sesión siguiente.
No sé si el Subsecretario quiere dar respuesta a algunas de las consultas formuladas hoy día.
El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario, brevemente.
El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).-
Antes de contestar las preguntas específicas, quiero felicitar a todos los Senadores de la República y a todos quienes intervinieron, pues evidentemente tenemos un enemigo común. Este, para que sea claro, no es el delincuente, sino la inseguridad en la cual estamos inmersos.
Aquí, los Senadores, más allá de la discusión, más allá de las observaciones, están todos en sintonía con volver a dar al país la seguridad que requiere para seguir avanzando. Porque la inseguridad provoca efectos y externalidades negativos demasiado importantes.
Lo segundo es que tenemos una herramienta común, reconocida por toda la literatura como la herramienta transversal más eficaz en esta materia: combatir desde lo local este flagelo, este problema, que no solamente es el delito, sino también la percepción de inseguridad; que es la violencia, privada muchas veces, al interior de los hogares, a nuestros niños, respecto a la cual todos somos potenciales victimarios.
Es ahí donde toda la literatura internacional sitúa la posibilidad de cooperar mejor, de integrar mejor las políticas públicas, de ser más coherentes, de participar de manera mucho más efectiva y de ser mucho más eficaces en satisfacer lo más importante: las necesidades de seguridad que tiene la población; es decir, los vecinos y vecinas de cada comuna.
Dicho esto -luego voy a contestar algunas de las consultas-, en cumplimiento del compromiso presidencial en materia de prevención del delito, nosotros aumentamos al doble los recursos y hoy la mayor parte de los que tiene la Subsecretaría (el 80, el 90 por ciento) se destinan a los municipios.
La contrapartida es que nosotros fijamos los estándares, fijamos la calidad, fijamos los estudios de impacto, fijamos la evaluación de las políticas públicas que se aplican.
Producto de este aumento de los recursos, en los dos primeros años de gestión hemos financiado 216 municipios con proyectos concretos, 20 barrios altamente vulnerables, 5 barrios de alta complejidad, 17 cascos históricos en todo el país.
Hemos financiado, además, 117 fundaciones, corporaciones y centros de estudios para evaluar políticas públicas a nivel local, y 127 organismos de la sociedad civil para ejecutar directamente proyectos.
En concreto, hemos beneficiado a más de 150 mil hogares con alarmas comunitarias, y ¡por Dios! que son importantes para reforzar el tejido social. Asimismo, hemos implementado sistemas de seguridad con cámaras, con salas espejo, con indicadores de gestión.
En el pasado, instalábamos las cámaras, pero no les hacíamos una mantención, no les poníamos gestión y pensábamos que disuadían por sí solas.
Hoy día, tanto en una municipalidad como Santiago -tiene 333 cámaras financiadas por esta Subsecretaría- como en el caso de Lo Barnechea -tiene un sistema de cámaras con lector de patentes que es esencial para el trabajo probatorio-, contar con estos dispositivos es fundamental para reaccionar ante los delitos flagrantes. Las cámaras son los ojos del municipio en materia de incivilidades, de comercio ambulante y otros aspectos que están vinculados a la inseguridad.
Treinta vehículos financiados, más 4 mil 500 luminarias, 602 mil metros cuadrados de recuperación de espacios públicos.
En niños, niñas y adolescentes hemos financiado una oferta voluntaria, que no depende de la imputabilidad penal de los infractores, con el programa "24 Horas", que continuamos del Gobierno anterior porque es una excelente política pública. De 31 comunas lo vamos a extender a 42, con más de 5 mil 400 familias beneficiadas, en las que tiene un efecto importantísimo: el 95 por ciento de esos niños está viviendo en el hogar con sus padres; el 75 por ciento no está delinquiendo durante la intervención que realizamos con personal capacitado en la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos; y, además, el 75 por ciento de esos jóvenes y adolescentes está yendo al colegio durante el proceso de intervención.
Vamos a evaluar el impacto del programa -¡y eso es coraje!- en el conjunto de familias beneficiadas, para ver qué pasa después con estos proyectos, qué pasa después con la vida de esos jóvenes.
Los municipios también están generando iniciativas propias, que cuentan con financiamiento y que desarrollan ellos mismos con innovación y con resultados concretos en la reinserción social.
Estamos trabajando en la violencia escolar con proyectos que previenen la deserción escolar a través de simples duplas psicosociales que se instalan, por ejemplo, en un establecimiento de Sarmiento, en la comuna de Curicó, para prevenir esa deserción analizando las conductas en las horas de religión, que son parte del conjunto de elementos que entregan los colegios para reforzar la familia.
Las mamás de ese colegio estaban felices, porque son cosas "buenas, bonitas y baratas" en términos de costo-efectividad.
Tenemos municipios como Melipilla, que se propuso el año pasado que no hubiese ningún disturbio durante el 11 de Septiembre, ninguna barricada. Producto de una alianza estratégica entre la policía y los vecinos, trabajaron con las familias de los jóvenes que hacían esas barricadas y no hubo ninguna el año 2015.
¡Eso es pura gestión!
Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. La política criminal es un conjunto de medidas, acciones y programas coherentes y complementarios para prevenir, controlar y sancionar el delito; y, agregaría, para dejar atrás la inseguridad.
En ese sentido, el Gobierno ha hecho una apuesta fuerte consistente en endurecer la legislación mediante la Ley de Control de Armas, la Ley Emilia, la Ley Antidelincuencia.
También ha reforzado los sistemas de información con la creación del Banco Unificado de Datos, proyecto que tenía quince años tramitándose y que hoy día ya terminó. Tenemos un depositario común que nos permite compartir información para aplicar bien el control preventivo de identidad. Este sistema busca justamente que el historial judicial pueda ser consultado en línea para atacar el problema disuasivo, de manera que la policía hoy día cuente con una medida preventiva en el control de identidad, entre otros aspectos.
Además, agregamos 6 mil policías. En dos Gobiernos, llevamos un incremento de 16 mil policías uniformados. Tenemos que sacarles trote y la única forma es ponerlos de cara a la ciudadanía para rendir cuentas de lo que hacen, para comprometerse con medidas concretas -aumento en la vigilancia, reducción de las bandas criminales- que los vecinos conozcan y que puedan cobrar.
¡La rendición de cuentas no es lo mismo que hacer cuentas públicas!
Las cuentas públicas no generan ningún estrés para los servicios públicos; la rendición de cuentas, como está hecha bajo el parámetro de los compromisos y con el propósito de avanzar más allá de lo que podemos hacer, sí genera un estrés importante y una gestión en los procesos de cada una de las instituciones.
Tenemos 1.200 detectives más que se están agregando; contamos con el programa "Microtráfico Cero", que tiene una dimensión local y que permite sacar puntos de venta, que son el gran flagelo en las poblaciones; tenemos el Modelo de Integración Carabineros Comunidad.
Todo está hecho de manera coherente para trabajar esto desde abajo hacia arriba, desde lo local. Porque ahí es donde están las necesidades de las personas comunes y corrientes que claman por una respuesta concreta que puedan cobrar en un instrumento que sea público, como el plan comunal de seguridad pública.
Estamos financiando más de mil personas -1.003, para ser bien exacto- en los municipios que trabajan en la reinserción social a través del programa "24 Horas", las cuales se capacitaron en el exterior. El programa tiene grandes capacidades y un estándar que no presenta ningún proyecto de reinserción social: seis familias por cada persona, seis familias por cada sicólogo. Es un estándar altísimo, donde hay un control de gestión exhaustivo y donde existen compromisos de gestión con resultados concretos.
Financiamos, además, en algunos municipios, hasta ocho profesionales que cumplen las funciones de seguridad pública, que elaboran los programas...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Dispone de un minuto adicional para terminar, señor Subsecretario.
El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).-
Lo que quiero decir con esto es que finalmente, si tenemos consciencia de que todos los espectros políticos, de cualquier índole, estamos de acuerdo en el eje central de esta política pública, debemos continuarla en el tiempo, transformarla en una política de Estado, como es el "24 Horas" hoy día y como lo van a ser otras terapias en las que vamos a innovar para poder también conseguir otro tipo de respuestas para los jóvenes y adolescentes infractores de ley.
Debemos tener en cuenta que los ciudadanos son coproductores y corresponsables de muchas de las medidas. Por ejemplo, cosas simples: hay programas en ciertos municipios -miren lo que voy a decir- que están destinados a usar bien el 133. El 133 tiene un 70 por ciento de llamadas inoficiosas que gatillan procesos de gestión, que gatillan usos innecesarios de recursos. Cuando una comunidad utiliza bien el 133 hay carabineros disponibles; cuando lo utiliza mal, no los hay. Están permanentemente en procedimientos inoficiosos.
Ese tipo de medidas "buenas, bonitas y baratas" son las que estamos gatillando con un proceso y una mirada microespacial, microsocial. Esto se da en los barrios, se da en lugares concretos.
Ningún Subsecretario del Interior ni de Prevención del Delito, sea cual sea, puede ver todos estos problemas a la vez. Es imposible...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Le damos un último minuto, para que redondee la idea, señor Subsecretario.
El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).-
¡Me cortó la inspiración, señor Presidente...!
Entonces, dicho lo anterior, creo que todos -incluyo a los parlamentarios de ambas Cámaras- estamos de acuerdo en lo central, en este proceso de trabajo a nivel local, donde se podrá exigir resultados concretos y requerir a las instituciones lo necesario para tener éxito en la materia. Por ejemplo, si hay una banda que está actuando en un sector, ¿por qué no se va a comprometer el Ministerio Público ante los ciudadanos a desarticularla? Eso suena obvio; es absolutamente razonable.
Por tanto, me parece que este proyecto constituye un gran avance, y felicito a todos los Senadores que han estado detrás de él y que lo consideran una buena iniciativa, como he tenido el agrado de escuchar.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señor Subsecretario.
Mañana continuaremos con las tres votaciones que restan.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento, ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Navarro, para ausentarse del país a contar de hoy, 13 de julio.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole DETERMINACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN DE NORMA SOBRE BENEFICIO PARA PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Superintendente de Seguridad Social, para solicitar RESPUESTA A SEÑOR JUVENAL URIBE OJEDA ANTE INTERÉS EN PRÉSTAMO DE CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES e INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO PARA CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SEÑOR GERÓNIMO RÓBINSON GONZÁLEZ RÍOS.
Del señor ESPINA:
A los señores Alcalde de Lautaro y Gerente Regional de Aguas Araucanía, demandándoles ARREGLOEN INTERSECCIÓN DECALLES MAC IVER Y CARRERA, EN COMUNA DE LAUTARO, DEJADO EN MAL ESTADO POR EMPRESA AGUAS ARAUCANÍA.
Y al señor Alcalde de Angol, pidiéndole SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE VEHÍCULOS "DIESEL ANGOL" Y MEDIDAS EN RESGUARDO DE VIDA Y SEGURIDAD DE VECINOS DE AVENIDA DILLMAN BULLOCK.
Del señor GARCÍA:
Al señor Director del Departamento de Obras Municipales de Temuco, consultándole sobre REUBICACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA INALÁMBRICA FIJA DE EMPRESA TELEFÓNICA DEL SUR, INSTALADA FRENTE A CESFAM METODISTA DE TEMUCO (reiteración de oficio).
Del señor GUILLIER:
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, requiriéndole informar sobre ESTADO DE ANTEPROYECTO PRESENTADO POR ASOCIACIONES DE GENDARMERÍA Y MINJU SOBRE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES PARA FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS NO UNIFORMADOS.
Y al señor Director Nacional de Gendarmería, solicitándole antecedentes relativos a EVIDENCIA ESTADÍSTICA TOCANTE A POBLACIÓN PENAL MAYOR DE 75 AÑOS.
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--Se levantó la sesión a las 19:51.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción