REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 59ª, en miércoles 2 de noviembre de 2016
Ordinaria
(De 16:21 a 19:29)
PRESIDENCIA DE SEÑOR RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, además, el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo.
Asimismo, se encontraba presente el Director Nacional de Aduanas, señor Juan Araya Allende.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Las actas de las sesiones 57ª y 58ª, ordinarias, en 25 y 26 de octubre de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Once de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).
Con los cuatro que siguen retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las iniciativas de ley que se indican:
1) La que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
2) La que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre (boletín N° 10.518-07).
3) La que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín N° 9.689-21).
4) La que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04).
Con los seis últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09).
2) El relativo a tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
3) El que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
4) El que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
5) El que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05).
6) El que modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia (boletín Nº 10.402-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que rechazó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otorga otros beneficios (boletín N° 10.938-05), y designa a los Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Senado, se designa a los integrantes de la Comisión de Hacienda para integrar la referida Comisión Mixta, que sesionará hoy, a partir de las 16:30.
Con los dos siguientes comunica que dio su aprobación a los proyectos que se indican:
-El que modifica la ley N° 19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que señala, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (boletín N° 10.883-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
-El que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y, en su caso, a la de Hacienda.
Con el último comunica que ha tomado conocimiento de que el Senado rechazó algunas de las enmiendas propuestas por la Cámara Baja al proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09) y señala la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (con urgencia calificada de "simple").
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17).
--Se manda archivar el documento.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a las letras m) y n) del artículo 170 y al artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, del año 2006.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Responde consulta, planteada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre legalidad del acuerdo celebrado por el Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y el Gerente General de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias relativo al cumplimiento de la inversión en un nuevo edificio para el Servicio Nacional de Aduanas al interior de la oficina de la concesionaria de Zona Franca.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Contesta solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Chahuán, acerca de la posibilidad de calificar como exonerado político a la persona individualizada.
Remite respuesta a petición, enviada en nombre del Senador señor Navarro, para informar en cuanto al número de extintores con que cuentan las dependencias institucionales y su costo anual de mantención.
De la señora Ministra de Salud:
Atiende solicitudes, hechas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los siguientes asuntos:
-Informe relativo al índice de salud en la comuna de Puchuncaví.
-Preocupación por falta de médicos en el sistema público de salud a raíz de problemas con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).
-Listas de espera No GES y GES retrasadas correspondientes al primer semestre de 2016.
Del señor Subsecretario de Agricultura:
Adjunta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el anuncio de la implementación de un plan piloto para el seguro apícola en la Región de Los Lagos.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Contesta petición de información, planteada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de la demora en la instalación del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta.
De la señora Directora (S) del Servicio de Salud de Atacama:
Da respuesta a petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa al número de médicos que quedaron fuera del sistema público de salud en esa Región con motivo de no haber aprobado el Examen Único de Conocimientos de Medicina.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.451 para ampliar la donación cruzada de órganos entre personas vivas (boletín N° 10.009-11).
--Queda para tabla.
Mociones
Del Senador señor Navarro, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 25 y 50 de la Carta Fundamental al objeto de disminuir la edad requerida para ser elegido Presidente de la República o Senador (boletín Nº 10.942-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Chahuán, Bianchi, Horvath y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto que modifica el artículo 24 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, para regular el cambio de domicilio electoral (boletín Nº 10.952-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Larraín; señoras Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Prokurica, Tuma e Ignacio Walker, mediante el que solicitan al Gobierno de Chile y, por su intermedio, a los gobiernos del hemisferio invocar las disposiciones de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR para aplicarlas a la actual situación que afecta a la República Bolivariana de Venezuela, además de apoyar la mediación papal y solicitar una sesión especial del Consejo de la OEA para tratar esta materia (boletín N° S 1.908-12).
De los Senadores señor De Urresti; señoras Allende y Muñoz, y señores Araya, Bianchi, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma e Ignacio Walker, por el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, someta en breve a la aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de París, suscrito por Chile en septiembre pasado, para que entre en vigencia antes de la 22a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP22) (boletín N° S 1.909-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En sesión celebrada hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Autorizar la constitución de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otorga otros beneficios (boletín N° 10.938-05) a contar de las 16 y permitir su funcionamiento en paralelo con la Sala.
2.-
Tratar en primer, segundo, tercer y cuarto lugares del Orden del Día de esta sesión los siguientes asuntos, respectivamente:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre (boletín N° 10.518-07).
-Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Senadores señor Navarro; señores Guillier, Bianchi, Espina y Quinteros, y señor Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 57 de la Carta Fundamental con el objeto de permitir que los consejeros regionales, concejales y dirigentes que indica sean candidatos a Diputado o Senador (boletines Nos 10.641-06, 10.792-06 y 10.916-06, refundidos).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de las Senadoras señora Pérez San Martín y Rincón y de los Senadores señores Lagos, Letelier y Escalona, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
3.-
Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 horas del lunes 21 de noviembre del año en curso, en la Secretaría del Senado, al proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señor Pérez Varela, señora Von Baer y señores Navarro y Zaldívar, que modifica el artículo 74, letra a), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el fin de habilitar a los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde o concejal (boletín N° 10.612-06).
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias.
Señor Secretario, quisiera que colocara en votación los dos proyectos de acuerdo que se presentaron.
Perdón.
Antes, han solicitado la palabra los Honorables señores Larraín, García y Moreira.
El Senador señor Larraín no intervendrá.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solo quiero pedirle que convoque a una reunión de Comités con relación a los acuerdos que acaba de leer el señor Secretario.
El señor LAGOS (Presidente).-
Okay.
Senador señor Moreira, ¿hará uso de la palabra?
El señor MOREIRA.-
No, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Antes de suspender la sesión podrían votarse los proyectos de acuerdo.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si les parece, primero votamos los proyectos de acuerdo y luego suspendemos la sesión para permitir que los Comités se reúnan.
El señor BIANCHI.-
Muy bien.
El señor LARRAÍN.-
De acuerdo.
El señor LAGOS (Presidente).-
Acordado.
APLICACIÓN A VENEZUELA DE NORMAS DE OEA Y DE UNASUR, APOYO A MEDIACIÓN PAPAL Y SESIÓN ESPECIAL DE CONSEJO PERMANENTE DE DICHA ORGANIZACIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LAGOS (Presidente).-
Votaremos el primer proyecto de acuerdo, que fue presentado por diversos señores Senadores.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.908-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 59ª, en 2 de noviembre de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Este proyecto de acuerdo está suscrito por los Senadores señor Larraín; señoras Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Prokurica, Tuma e Ignacio Walker, quienes solicitan al Gobierno de Chile y, por su intermedio, a los gobiernos del hemisferio invocar las disposiciones de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR para aplicarlas a la actual situación que afecta a la República Bolivariana de Venezuela, además de apoyar la mediación papal y solicitar una sesión especial del Consejo de la OEA para tratar esta materia.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LARRAÍN.-
"Si le parece".
El señor BIANCHI.-
Así es mejor: "si le parece".
El señor LAGOS (Presidente).-
Ya está abierta la votación, Sus Señorías.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos a favor).
Votaron las señoras Goic y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
PRONTO ENVÍO A PARLAMENTO DE ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LAGOS (Presidente).-
El segundo proyecto de acuerdo fue formulado por los Senadores que individualizará el señor Secretario al hacer la relación.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.909-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 59ª, en 2 de noviembre de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Este proyecto de acuerdo fue firmado por los Senadores señor De Urresti; señoras Allende y Muñoz, y señores Araya, Bianchi, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma e Ignacio Walker, quienes le piden a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, someta en breve a la consideración del Congreso Nacional el Acuerdo de París, suscrito por Chile en septiembre pasado, para que entre en vigencia antes de la 22ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP22).
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos a favor).
Votaron las señoras Goic y Muñoz y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Saludo a la delegación de estudiantes y profesores del Colegio Monjas Francesas de Viña del Mar que se encuentra en las tribunas.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor LAGOS (Presidente).-
Convoco a los Comités para que nos reunamos durante cinco a diez minutos.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:35.
--Se reanudó a las 16:47.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités han adoptado los siguientes acuerdos:
- El proyecto que moderniza la legislación aduanera será discutido en la Sala únicamente en general y se le fijará plazo para la presentación de indicaciones una vez aprobado.
- El proyecto que figuraba en el primer lugar del Orden del Día, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, volverá a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para un nuevo segundo informe complementario, fijándose el lunes 21 de noviembre próximo como plazo para la presentación de indicaciones y el martes 13 de diciembre próximo para que sea conocido en la Sala.
Nada más.
MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ADUANERA
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme al acuerdo de Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación aduanera, con informes de la Comisión Especial de Zonas Extremas y de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.165-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial de Zonas Extremas: sesión 57ª, en 25 de octubre de 2016.
Hacienda: sesión 57ª, en 25 de octubre de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es introducir mejoras en los procesos aduaneros, para simplificar el desarrollo de las operaciones de comercio exterior, sobre la base de mantener la fiscalización de que son objeto.
La Sala, en sesión de 8 de junio recién pasado, determinó que el proyecto de ley fuera considerado primero por la Comisión Especial de Zonas Extremas y luego por la Comisión de Hacienda.
Asimismo, el 12 de julio recién pasado acordó que fuera discutido en general y en particular a la vez.
La Comisión Especial de Zonas Extremas acogió la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable señora Goic y Senadores señores Chahuán, Horvath, Moreira y Patricio Walker. En cuanto a la discusión particular, introdujo diversas enmiendas, las que aprobó en la misma forma.
La Comisión de Hacienda, por su parte, también discutió la iniciativa en general y en particular, en virtud del acuerdo mencionado. La sancionó en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Montes, Tuma y Zaldívar, y lo hizo en particular con diversas enmiendas, de conformidad con las votaciones que consigna.
El texto propuesto se encuentra en el informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se autorizará la presencia en la sesión del señor Alejandro Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
Acordado.
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El señor LAGOS (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial de Zonas Extremas, deseo destacar que, habiéndose discutido la iniciativa en general y en particular por la autorización de la Sala, todo lo referente a la Zona Franca de Iquique, a la Zona Franca de Extensión Industrial de Arica, y a Magallanes y la Zona Franca de Extensión de Aisén y Palena, conforme a un compromiso ya concretado en una ley, es un asunto más que sensible.
En seguida, el aumento experimentado por nuestras exportaciones e importaciones hace indispensable empoderar y modernizar al Servicio Nacional de Aduanas. Como lo dice el informe, el comercio de Chile con el mundo se ha incrementado en un 105 por ciento en los últimos diez años, habiendo representado, en el año 2014, el 53 por ciento del producto interno bruto. De hecho, los ingresos por tal concepto son mayores que los del IVA. Por lo tanto, esta es una materia particularmente significativa.
Ahora, nuestra Comisión recibió a una gran cantidad de personas y a representantes de organizaciones de las zonas extremas, y se hizo cargo de algunos elementos de la modernización, en la cual juegan un rol importante no solo las facultades que necesitan recuperar los funcionarios de Aduanas, sino también el aspecto tecnológico.
Hoy en día existen instrumentos y aparatos que permiten saber exactamente lo que va dentro de los contenedores, sin tener que abrirlos. Además, dentro de los productos que se intercambian entre distintos países o al interior de nuestras regiones se pueden poner elementos con miras a la trazabilidad. O sea, es posible determinar si han sido sometidos a cambios de temperatura, a la humedad o a golpes o intervenciones.
Creemos que eso no quedó totalmente claro en el proyecto, o por lo menos en las presentaciones del Subsecretario y del Director Nacional de Aduanas.
Una cuestión particularmente relevante en el órgano técnico fue la de los depósitos fuera de las zonas francas y que permiten intervenciones "menores", como dice el proyecto. La idea es que ello quede absolutamente acotado. En caso contrario, las zonas francas dejarían de tener sentido, porque podría tratarse de armar, de empaquetar, de mantener el producto en forma indefinida y de poder comercializarlo, lo que sería incluso peor.
Este punto y otros, como el de los vehículos para personas con alguna discapacidad que retornan al país, fueron resueltos a través de indicaciones. En la Comisión logramos que el Ejecutivo presentara varias que acotan asuntos bastante delicados.
En términos generales, la iniciativa no afecta, entonces, a las zonas francas. Al revés, las reafirma, después del debate en la Comisión y de los compromisos adquiridos por el señor Sergio Micco, Subsecretario de Hacienda.
Algo también relevante fue que con la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, representada por su Presidente, señor Marcelo Reyes, y los directores señora Jaqueline López y señor Daniel Vergara, junto a los asesores señores Alfredo Ugarte y Juan Ignacio García, se logró retomar una mesa de conversación entre los funcionarios y el Ejecutivo que había quedado prácticamente sin operar a raíz de la reforma tributaria, que los afectó.
Se generó una serie de compromisos -repito- que le permitieron al órgano técnico avanzar en general y en particular con relación a algunos de estos aspectos.
Quedan pendientes cuestiones de fondo, a nuestro entender, como el caso de Arica y Parinacota.
Vinieron el Vicepresidente de la Asociación de Industriales de Arica (ASINDA), señor Oscar Villalobos -los representó el Diputado señor Vlado Mirosevic- y el académico de la Universidad de Tarapacá señor Fernando Cabrales.
La situación de Arica a partir de los años setenta ha desmejorado a tal grado que la zona franca industrial o la extensión no le son hoy favorables. Y tampoco lo son en la forma como se plantea el articulado.
Por eso es que volvemos a plantear una insistencia en términos generales, a través de la Sala, con el objeto de que se recapacite y se les dé el carácter de zona franca también a Arica y Parinacota.
Lo anterior, sobre todo, porque la Comisión de Zonas Extremas venía trabajando con bastante anticipación en lo relativo a los indicadores de desarrollo regional y particularmente a cómo se ven estos territorios respecto a los países vecinos.
Si se hace una comparación, Tacna ha sido objeto de una política especial que ha dado lugar a que se desarrollen en ella -y no en Arica- prácticamente todos los servicios e incluso los elementos de consumo para la zona norte de nuestro país, lo que nos parece extremadamente desfavorable.
De la misma manera, Argentina, en la zona sur, especialmente en torno a Punta Arenas, ha desarrollado una política agresiva de generación de trabajo y empoderamiento de regiones como Río Gallegos, Tierra del Fuego y Ushuaia, a diferencia de lo que hace nuestro país en la Patagonia chilena.
Por esta razón es que invitamos, en su minuto, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a la Dirección de Fronteras y Límites y a distintas entidades para que ilustraran de alguna manera acerca de una política más diferenciadora, no solo al órgano técnico, sino también a las organizaciones que he señalado.
Sabemos que existe un plan especial de zonas extremas, pero es bueno que rija por un período más largo y que asimismo se haga cargo de estos aspectos.
Como nos encontramos en la discusión general, la Comisión de Zonas Extremas destaca, desde luego, la conveniencia de la aprobación, pero en la medida en que todavía se abra un espacio para indicaciones que se hagan cargo de las materias pendientes y, en particular, de lo señalado por la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, quienes bien saben que pueden generar una mejor oportunidad de modernización del servicio.
Eso es lo que puedo informar en esta etapa.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se autorizará al Director Nacional de Aduanas, señor Juan Araya, para asistir a la sesión.
Acordado.
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El señor HORVATH.-
Pido abrir la votación.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Hay acuerdo para ello, sin perjuicio de que el señor Subsecretario intervenga a continuación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, es un placer venir a presentar el proyecto que moderniza la legislación aduanera, el cual reviste una importancia fundamental, en particular considerando:
- Los compromisos adoptados por Chile en los diversos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Los beneficios arancelarios otorgados a diversos países mediante acuerdos de libre comercio, que demandan adecuados mecanismos de control y verificación en aduanas y han planteado una serie de problemas que deben ser superados.
- La necesidad de actualizar y facilitar el uso de diversas franquicias de nuestro sistema aduanero.
- El aumento del comercio internacional durante las últimas décadas, como también su mayor diversificación y complejidad, han llevado a que tengamos que hacer una serie de modificaciones a la forma en que se recaudan nuestros derechos aduaneros.
¿Cuáles son las principales enmiendas que efectúa la iniciativa? Las mencionaré en forma general.
Una de ellas, quizás la más importante, es la de incorporar el Operador Económico Autorizado -se encuentra en el artículo 1°, número 1, y en el artículo quinto transitorio-, que es parte de los compromisos del Acuerdo de Facilitación de Comercio, de la OMC, y del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico.
Eso supone la certificación de operadores intervinientes en la cadena logística del comercio exterior que reúnan ciertos estándares. Las empresas que la obtengan tendrán acceso a procedimientos aduaneros especiales, lo que facilitará la incorporación de nuestros productos a los mercados internacionales.
Para tal efecto, se contempla la figura del Operador en nuestra Ordenanza de Aduanas, y se deja entregada a un reglamento la regulación de los programas y las condiciones, obligaciones y beneficios de quien se certifique conforme a este esquema. Al Director Nacional de Aduanas le corresponderá la misión de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y el reglamento.
Además, el número 1 del artículo 1° agrega un artículo 23 ter, nuevo, a la Ordenanza, el cual establece la posibilidad de certificar a terceros que asistan a Aduanas en sus labores de fiscalización y auditoría respecto a la determinación del peso y de la humedad, la extracción de muestras y otras que determine el Servicio. Se trata de entidades que ya operan y cuyo reconocimiento y certificación se traducirá en un mejor control de esas funciones.
El Operador Económico Autorizado hará posible que nuestras exportaciones ingresen en forma más rápida a los mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una norma en el sentido de que las mercaderías que lleguen a través de esa figura tengan un acceso preferente al sistema aduanero. Es algo que se está repitiendo en todos los países.
Por lo tanto, la medida facilitará nuestro comercio exterior.
Otro punto importante, que fue motivo de discusión tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Zonas Extremas, es la creación de la destinación aduanera de depósito.
Ello permitirá que las mercaderías almacenadas sean objeto de operaciones menores, lo que procederá solo en recintos de depósito aduanero regulados en los artículos 55 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas. El almacenista deberá delimitar los espacios físicos donde podrán llevarse a cabo los procedimientos.
La destinación aduanera de depósito solo podrá ser cancelada mediante una destinación aduanera de importación, conforme a la indicación incorporada por el Ejecutivo con fecha 13 de julio recién pasado, lo que despeja toda duda en torno a la eventualidad de una destinación de exportación. La idea es proteger la ventaja comparativa de la zona franca.
Fue un asunto ampliamente debatido en la Comisión de Zonas Extremas. La modificación se realizó de forma que los depósitos especiales solo pudieran hacer transformaciones menores, las cuales quedaron claramente establecidas y únicamente para bienes destinados al comercio nacional, no así a su reexportación.
De este modo, se protegen las ventajas que tienen algunas zonas francas como la ZOFRI, en el norte, donde uno de los principales beneficios que se presentan es la aplicación de modificaciones tanto menores como mayores para la reexportación posterior de la mercadería.
Luego, conforme a indicaciones introducidas por el Ejecutivo durante la discusión en la Comisión de Hacienda, se precisó el concepto de "operaciones menores", que ya mencioné.
A través de una indicación importante, introducida durante esta etapa de tramitación, se modificó el inciso final del artículo 111 bis propuesto y se dispuso que la destinación aduanera de depósito no será aplicable en la región en que se sitúe una zona franca establecida de conformidad a lo dispuesto en la letra a) del artículo 2° del DFL N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas.
La que nos ocupa fue otra materia relevante, que consideró la petición que hizo la gente de Arica para que estos depósitos se pudieran radicar tanto en la mencionada ciudad como en la región en general.
Por otra parte, y para facilitar el comercio exterior de Chile, la ley en proyecto regula las empresas de envíos de entrega rápida, es decir los couriers.
Se incorpora un artículo a la Ordenanza que permite reglamentar, legalmente, los aspectos esenciales de la actividad de operadores couriers, considerando que cumplen un rol de transportista, despachador y almacenista.
Respecto del proceso de ingreso y salida de sus mercancías, las normas especiales relativas al monto máximo de sus despachos serán establecidas mediante decreto supremo dictado por Hacienda y se faculta a Aduanas para instaurar procedimientos, plazos, depósitos y formalidades documentales. En lo demás serán aplicables las normas generales.
Este es otro punto muy significativo para el comercio de Chile, considerando que en el último tiempo gran cantidad de su actividad se realiza a través de los couriers, tanto para la importación de bienes como para la exportación.
Fue una medida ampliamente solicitada por operadores de empresas que exportan bienes y servicios a pequeña escala.
Otro aspecto importante y de lata discusión fue el aumento del plazo para la formulación de cargos.
Esta medida corresponde a uno de los ejes principales del proyecto de ley. Resulta urgente corregir el plazo para fiscalizar el pago de los tributos aduaneros. En la actualidad, Aduanas cuenta con el plazo de un año para formular los cargos (ejercer la acción de cobro de los tributos), a contar de la fecha de la importación, el cual resulta insuficiente, ya que no considera un tiempo adecuado para la investigación de las operaciones, los plazos para que interesados presenten información, envío de consultas a otros países, entre otros aspectos.
El punto fue muy debatido, como ya dije, y se planteó la necesidad de ampliar el plazo de uno a dos años, debido a que muchas veces se requiere revisar el componente de origen de las importaciones, lo que toma un tiempo bastante más extenso que el de un año. Este hace inoperante la certificación a posteriori, cuestión importante de considerar para contar con una Aduana más moderna.
Otra materia relevante la constituye la actualización de la Sección 0 del Arancel Aduanero.
Se modifica la Sección 0 del Arancel Aduanero, que establece el sistema de franquicias existentes en Chile, donde se destacan, entre otros, el aumento del monto máximo de la franquicia para medicamentos, de 100 a 500 dólares.
Con motivo de la última indicación presentada por el Ejecutivo con fecha 13 de julio de 2016, en la Comisión de Zonas Extremas del Senado se ajustó la redacción del literal b) del numeral 10 del artículo 2° del proyecto, de manera de permitir, más allá del beneficio adicional para los medicamentos, que los vehículos importados bajo franquicia también pudieran ser adquiridos en las zonas francas del país y no solo importados desde el exterior.
La medida se solicitó para mantener la actividad de compraventa de automóviles usados en las zonas francas de nuestro territorio.
Por último, se hicieron una serie de modificaciones que permiten fortalecer la fiscalización de la importación o exportación de productos con impuestos específicos. En particular, se introdujeron enmiendas para aumentar las penas en el caso de contrabando de algunos bienes, en particular el de los cigarrillos.
Se formularon varias indicaciones, una de las cuales fue presentada en la Comisión por parlamentarios, pero el Ejecutivo, estando de acuerdo con su idea de fondo, encontró que presentaba algunos detalles que era necesario perfeccionar en la Sala a través de nuevas indicaciones.
Por lo anterior, se solicita la posibilidad de que se abra un plazo para introducir cambios en el tema concreto de las facultades y las penas a aplicar en el caso de contrabando de bienes con impuestos específicos.
Este es el recuento, señor Presidente, de las principales materias que contiene el proyecto de ley que moderniza la legislación aduanera.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Subsecretario.
Me ha solicitado hacer uso de la palabra un importante número de señores Senadores.
Se la voy a dar, en primer término, al Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en razón de todo lo que ya se ha destacado, fundamentalmente por el Subsecretario de Hacienda y el Senador Antonio Horvath, quien informó el proyecto, resulta de mucha importancia actualizar la legislación chilena con la finalidad de adecuar nuestras normas aduaneras a los tiempos que corren, propiciando la facilitación del comercio aduanero, el cual se ha ido masificando cada vez más con el paso de los años. Además, el comercio internacional ha modificado de manera sustancial su logística y su forma de operar tanto en la producción como en el transporte, distribución y consumo de bienes, por lo que se requiere una mejor y más moderna institucionalidad.
El comercio internacional se ha ido diversificando y complejizando debido, principalmente, al exponencial aumento que ha vivido. En Chile, este ha aumentado más de 105 por ciento en los últimos diez años. Asimismo, nuestro país ha suscrito una serie de acuerdos internacionales de carácter comercial que incorporan reformas en materias aduaneras, lo que obliga a adecuar los procedimientos aduaneros contemplados en nuestra legislación, tanto para el desarrollo más dinámico de la actividad económica internacional como para fortalecer la fiscalización de estas operaciones.
En este último punto, a raíz de la masificación del comercio internacional, han surgido nuevas formas para vulnerar la legislación, lo que obliga a aumentar las potestades para fiscalizar y así garantizar el cumplimiento de la ley, con la finalidad de que el mercado funcione de buena manera.
La importancia de regular de buena forma la actividad económica que se realiza en las aduanas se refleja, principalmente, en la recaudación tributaria. En el año 2014, señor Presidente, Aduanas determinó tributos por un monto total de 14 mil millones de dólares, lo que corresponde a casi un tercio de los ingresos tributarios totales del Fisco chileno.
En cuanto a los plazos de prescripción, el actual artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas establece que el Servicio Nacional de Aduanas podrá formular cargos dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la legalización de las destinaciones aduaneras, cuando los derechos de aduana pagados resulten ser menores a los correspondientes. El mismo plazo tendrá el interesado para solicitar la devolución del exceso de derechos de aduana, si los pagados resultan ser mayores que los que corresponden. En el caso de que se constatare existencia de dolo o de uso de documentación maliciosamente falsa en las declaraciones presentadas al Servicio, el plazo de un año se ampliará a tres.
El Ejecutivo presentó una nueva redacción para el artículo 92, al cual se sumó la incorporación de un nuevo artículo 92 bis, que aumentaba los plazos a tres y seis años, respectivamente. Esto fue rechazado por la Comisión de Hacienda de la Cámara en primera instancia. El Gobierno intentó reabrir el debate sobre la referida norma, pero los Diputados de la UDI, haciendo uso del reglamento, se opusieron. Luego el Ejecutivo decidió presentar la indicación por tercera vez, en la Sala, teniendo que ser devuelto el proyecto a la Comisión, donde aquella fue nuevamente rechazada. Finalmente, se formuló de nuevo una indicación en el Hemiciclo de la Cámara, pero esta vez aumentando los plazos a tres y cinco años, respectivamente. Se aprobó y la iniciativa fue despachada así al Senado. En la Cámara revisora, por acuerdo entre el Ejecutivo y la Cámara Aduanera, los plazos se redujeron finalmente a dos y cuatro años.
Cabe hacer presente que la discusión respecto al aumento de plazos para formular cargos se ha planteado ya en cinco ocasiones.
También debo señalar que los representantes de las distintas zonas francas manifestaron su preocupación en cuanto a la iniciativa, toda vez que con la creación de la Destinación Aduanera de Depósito y el perfeccionamiento del Régimen de Admisión Temporal se estarían otorgando facultades que hoy son privativas de esas zonas a todo el país. Este fue uno de los motivos por los cuales la Sala del Senado determinó que la iniciativa fuera vista en primer término por la Comisión Especial de Zonas Extremas -a la cual pertenezco- y luego por la de Hacienda.
En relación con la Destinación Aduanera de Depósito, la Comisión de Zonas Extremas del Senado modificó el inciso cuarto del nuevo artículo 111 bis, estableciendo que la destinación "sólo podrá ser cancelada mediante una destinación aduanera de importación, debiendo pagarse los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes respectivos, con exclusión de los correspondientes a las partes, piezas e insumos nacionales o nacionalizados incorporados en el proceso respectivo". La norma original señalaba que dicha destinación solo podría ser cancelada mediante una destinación aduanera definitiva.
Con respecto al contrabando, el proyecto no considera modificaciones al procedimiento y sus sanciones, contemplados en los artículos 180 a 189 de la Ordenanza de Aduanas. Esto, a pesar de haber sido solicitado por la Cámara Nacional de Comercio y de la contundente exposición de British American Tobacco en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en la cual se señaló que el comercio ilícito de cigarrillos (contrabando) privó al Fisco de recaudar más de 215 millones de dólares el año 2015.
Aun así, en dicho organismo se aprobó la indicación de uno de sus miembros, el Senador Juan Antonio Coloma, al artículo 178, que establece el comiso de los vehículos que hayan sido utilizados para la perpetración del delito de contrabando, en caso de tratarse de mercancía afecta a tributación especial o adicional, así como el aumento de las multas asociadas al ilícito.
En definitiva, señor Presidente, el proyecto representa una seria y adecuada modificación de una legislación, que, al ser tan dinámica, requiere de constantes actualizaciones. Dentro de estas, el aumento de los plazos de prescripción, a los que me referí anteriormente, se convierte en el aspecto más polémico de la iniciativa. Frente a ello, algunos entendemos que habría que rechazarlo. Sé que el Senador Coloma va a solicitar división de la votación respecto de algunos artículos.
Sin embargo, se trata de un proyecto importante para el país y para el Servicio Nacional de Aduanas, pues va a permitir una mayor recaudación. Chile necesita recursos y nosotros no podemos privarlo de la posibilidad de que, por una legislación añeja, anticuada, obtenga para las arcas fiscales millones y millones de dólares, los cuales, precisamente por la crisis que vivimos, se necesitan más que nunca.
Por eso, señor Presidente, salvo en algunas materias que vamos a rechazar cuando corresponda, vamos a aprobar la iniciativa en términos generales.
Gracias.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, primero quiero valorar este proyecto desde la perspectiva de la modernización que introduce en la legislación aduanera, lo cual va a permitir, probablemente, como aquí ya se ha dicho, mejorar nuestra recaudación por dicho concepto. Eso me parece muy positivo.
En un comienzo, cuando la iniciativa ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados, donde permaneció durante más o menos un año, los parlamentarios no se percataron de que ella, tal como venía, de alguna forma ponía en riesgo las zonas francas, que son instrumentos que han permitido impulsar a las regiones extremas, constituyendo verdaderos polos de desarrollo y de generación de empleo. Es más, en el caso de Iquique, su zona franca representa una efectiva plataforma de servicios para el comercio internacional. Tiene años de experiencia en ese ámbito, particularmente con los países vecinos de América del Sur, y de hecho es la cuarta fuente laboral en la región.
Sin embargo, el proyecto que ingresó al Senado daba la posibilidad de que se instalaran almacenes francos o destinaciones aduaneras de depósito en distintos lugares del país, lo cual, evidentemente, fue visto con mucha preocupación tanto por los trabajadores como por los usuarios del sistema franco, por cuanto se vislumbraba una competencia al poderse instalar pequeñas zonas francas en cualquier punto del territorio.
Las zonas francas, en realidad, tienen sentido en la medida en que sean exclusivas. De lo contrario, no ofrecen ninguna ventaja competitiva, al menos desde esa perspectiva. En nuestro país se idearon justamente para potenciar la zona norte y, en el caso de la existente en Magallanes, para potenciar la zona sur.
Otro aspecto contenido en el proyecto de la Cámara de Diputados que perjudicaba a las zonas francas era la imposibilidad, por parte de aquellos chilenos residentes en el exterior y que retornan al país, de usar la franquicia que les permite comprar en una zona franca un vehículo usado.
Hoy día existe esa franquicia. Sin embargo, en la iniciativa se restringía en términos de que los retornados solo podrían comprar un vehículo o traer el que tenían en el país en el que residían antes de volver al país.
¿Qué hicimos en un comienzo? Pedimos que la normativa fuera analizada también por la Comisión de Zonas Extremas -presidida por el Senador Horvath e integrada además por los colegas Moreira, Bianchi y Chahuán-, donde se hizo un buen trabajo, con mucha dedicación, mucho compromiso.
Creo que esa labor fue valiosa, pues permitió escuchar a las distintas organizaciones, cuyos planteamientos, después de las conversaciones sostenidas en esas audiencias, sirvieron como insumo para construir y trabajar un acuerdo con el Poder Ejecutivo -con el Subsecretario de Hacienda, cuya disposición valoramos, al igual que la del Director Nacional de Aduanas-, gracias al cual finalmente se estableció con claridad que en las destinaciones aduaneras de depósito bajo ninguna circunstancia se podía reexpedir la mercancía, que era lo que nos preocupaba, porque finalmente se trata del mismo negocio de zona franca: tomo la mercancía, la almaceno y la exporto a otro país. Y si la importo al propio, pago el IVA.
Eso quedó establecido claramente, junto con que se vincula a almacenes extraportuarios.
Así que, desde esa perspectiva, este proyecto de ley, como está hoy día, con las modificaciones que le introdujimos, no constituye ningún riesgo para las zonas francas, ya sea del norte o del sur.
También -como ya mencioné- se eliminó la restricción para comprar vehículos usados en zonas francas usando la franquicia que tiene el chileno que, luego de vivir en el extranjero, retorna al país.
Por tanto, eso nos deja muy tranquilos.
Y, finalmente, quiero valorar una modificación, que al parecer se introdujo en la Comisión de Hacienda, en lo relativo al contrabando.
Hay diversas formas de contrabando. A mí me importa mucho, por razones sanitarias y porque hemos tratado de adecuar nuestra legislación al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, la cual tiene que ver con el contrabando de cigarrillos, pues llegan a muy bajo precio, y sabemos muy bien que el precio es la principal barrera para el consumo de tabaco por menores.
Las sanciones son muy bajas. En este caso, para este tipo de contrabando se establece el comiso, pero además la clausura del local, al igual que el comiso de los vehículos utilizados en la operación de contrabando.
Eso, señor Presidente, es lo que quería aportar a la discusión de este proyecto.
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, por cierto, estamos debatiendo la idea de legislar de este proyecto. Lo digo porque, si bien se discutió en general y en particular en las Comisiones, quiero pedir desde ya plazo para formular indicaciones, por cuanto creo que es lo que procede...
El señor LAGOS (Presidente).-
Su Señoría, eso se acordó por los Comités y se anunció en su momento.
El señor COLOMA.-
Está bien, pero deseaba ratificarlo, señor Presidente.
A mí me parece que, en general, esta es una buena iniciativa. No cabe duda de que, más allá de la última modernización importante que se hizo en Aduanas, que data de 1996 -son veinte años-, obviamente el mundo ha cambiado: hay otras velocidades, existen problemas nuevos, se observan realidades que ameritan una forma distinta de entender el accionar de Aduanas y todo lo que ello significa.
Aquí hay numerosos organismos que ayudan a este proceso, y en la medida que un país como el nuestro está abierto a la exportación y a la importación, sin duda necesitamos sistemas lo más rápidos, eficientes y seguros que sea posible.
Y en esta línea han surgido ideas que me parecen buenas. Sé que ya han sido mencionadas, pero deseo reiterar algunas de carácter general, que son el nervio, el corazón de este proyecto y que apuntan en un buen sentido.
En primer lugar, la facultad para retirar mercancías previa garantía de pago de gravámenes aduaneros creo que ayuda bastante, por así decirlo, a tener mucho mayor velocidad de gestión. Y particularmente en un mundo moderno, mi impresión es que ello será cada vez más necesario.
El tema de la inmediatez, de la velocidad es parte del precio, es parte del servicio. Y si hay otros que lo hacen mejor, que cuentan con sistemas de aduana superiores, eso obviamente nos va a repercutir.
Yo espero que esto ayude en especial a las empresas de menor tamaño y que algunos operadores puedan retirar mercancías para su consumo, garantizando el pago de los derechos aduaneros. Porque ¿qué le importa al Estado? Que se garantice el pago aduanero, lo cual queda de buena manera cautelado.
Segundo, la iniciativa establece las destinaciones de depósito aduanero, lo cual permite que en operaciones menores se puedan preparar mercancías para su comercialización. Esto también es importante. Bastante gente planteaba la dificultad que existe hoy día con este tipo de instrumentos que se utilizan en el mundo moderno, en términos de agilizar trámites que se ven entorpecidos por las demoras propias de la burocratización, lo cual no tiene por qué dejar de resolverse de una forma más moderna.
En tercer término, cabe destacar el perfeccionamiento del régimen de admisión temporal. La idea es que se permita la fabricación, reparación, mantención y transformación de insumos o mercancías para su exportación en recintos habilitados al mejorar el régimen de admisión temporal, lo que, obviamente, también fue parte de la discusión. Esto se debatió bastante, se contextualizó, se entendió hacia dónde apunta de buena manera, y se aprobó por unanimidad en la Comisión.
Un cuarto punto, que a mi juicio será objeto de posibles indicaciones, tiene que ver con la regulación del envío de entrega rápida. No cabe duda de que en este sentido hay un tema de modernidad total.
Creo que se dio una buena explicación a ese respecto. Porque aquí hay dos cosas que se tienden a confundir: una son los couriers y otra es el correo mismo, que son dos fenómenos diferentes -así lo explicó el Director Nacional de Aduanas- y tienen lógicas, visiones y formas de controlar distintas.
Quiero mencionar en esta Sala que, antes de aprobar en particular este proyecto, uno de los Senadores de la Comisión de Hacienda pidió un informe sobre ciertos aspectos. Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, con los envíos rápidos de armas, asunto que todavía está pendiente? Es del caso recordar que una vez en un reportaje se encargó un arma y esta le llegó a la persona sin problemas a su domicilio, sin que hubiera pasado por ningún control...
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Cargada...?
El señor COLOMA.-
No sé, señor Presidente, pero estaba en condiciones de ser utilizada.
Obviamente, eso no es lo que uno tiene que buscar, como tampoco el generar, a propósito de ello, una especie de KGB o FBI, por decirlo de algún modo, sino que se debe tratar de encontrar un sistema que pueda ser más armónico, en el entendido de que la entrega rápida será parte del futuro. Si alguien cree que en esto hay que poner todo tipo de trabas, no es así, pero sí se debe entender el mecanismo para que no opere ese tipo de cosas.
La iniciativa incorpora adicionalmente el operador económico autorizado, que es algo amparado por las normas modernas y reconocido por la OMC. Se agrega esa figura que significa certificar operadores que intervienen en la cadena logística de comercio exterior para asegurar el cumplimiento de la legislación.
Eso también es bien innovador, y espero que no se traduzca en un cierre del sistema, sino en su capacidad de apertura con orden. Porque estamos creciendo de importaciones a exportaciones -lo hacemos a un ritmo menor del que me gustaría-, y ojalá en otros períodos podamos crecer más. Por cierto, lo que se haga en ese tipo de organismos puede ser muy importante.
Ahora bien, señor Presidente, quiero detenerme -por eso utilicé solo la mitad de mi tiempo en aspectos generales- en cuatro cosas puntuales que me parece fundamental destacar de este proyecto, algunas para valorarlas, otras para enfrentarlas. Espero que en la discusión particular podamos hacerlo con mayor profundidad.
Primero, es pertinente valorar lo que hizo la Comisión de Hacienda -y había varios miembros de la Comisión de Zonas Extremas que también lo compartían- en orden a cómo entender bien la norma respecto de las zonas francas.
Recordemos que el artículo 2° del DFL N° 2, de 2001, contempla que "El régimen que se establece en el presente artículo no será aplicable en zonas de tratamiento aduanero especial.". ¿Qué significa esto en la práctica? Dejar a Arica afuera.
Se escuchó a todas las autoridades de esa ciudad y no hubo dos opiniones. Aparentemente, se produjo una larga discusión en la Cámara de Diputados, pero eso no nos pareció justo. Estar a favor de Arica no significa estar en contra de alguien, sino simplemente ratificar que ellos tienen una opción. Y a petición de la Comisión de Hacienda, después de una larga discusión, esa norma se modificó de buena manera en el siguiente sentido: "El régimen que se establece en el presente artículo no será aplicable en la región en que se sitúe una zona franca establecida de conformidad a lo dispuesto en la letra a) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda sobre Zonas Francas.". Esto, en la práctica, se traduce en que Arica queda amparado y no se afecta a Punta Arenas, que era otras de las preocupaciones que surgieron también en esta discusión.
Eso ha quedado bien resuelto después de un importante trabajo legislativo, lo que no es algo menor de reconocer.
Segundo, hay un tema relacionado con el delito de contrabando que es relevante. A mí me tocó presentar una indicación en ese sentido, la cual fue aprobada por unanimidad -espero que así se mantenga-, que en lo fundamental se relaciona con un aspecto que planteó el Director Nacional de Aduanas en su momento y que no venía en el proyecto. Según decía, parte importante del contrabando se produce con los cigarrillos, los que, si no me equivoco, generan una pérdida al Fisco de más o menos 180 millones de dólares por el no pago de impuestos. ¡Bueno, cuando suben, suben y suben los impuestos, también hay espacio para que suba, suba y suba el contrabando! Eso se entiende.
Sin embargo, lo que nosotros proponemos es modernizar la legislación en términos de que, particularmente en este tipo de acciones, el Ministerio Público pueda solicitar -no es que lo "solicite"- por el período que dure la investigación, como medida cautelar real, el comiso de los vehículos que hubiesen sido utilizados para perpetrar ilícitos y la clausura del establecimiento donde se cometió la infracción.
A mi juicio, lo anterior constituye un avance importante. Es algo que no se podía hacer en la actual legislación. Y, lógicamente, es necesario incorporarlo sobre todo si se considera que aquí estamos hablando de vehículos que, por su tamaño, son más bien importantes. Alguien decía: "Bueno, ¿y qué pasa si viene un barco?". Si aparece un barco lleno de contrabando tendrá que, con la prudencia del Ministerio Público, quedar en eventual comiso mientras dure la investigación. Si se trata de un hecho marginal, se deberá actuar con criterio para impedir que el asunto llegue a mayores. Pero me parece muy importante que ello se haya consagrado, y creo que es un avance.
Tercero, estimo que en este proyecto -y es su problema más delicado- se toma una muy mala decisión respecto del período en el cual el Servicio pueda formular cargos sobre el tema aduanero, particularmente en cuanto a los operadores.
Esto lo hemos discutido cinco veces, ¡cinco veces!, aquí mismo. Usted ha votado, señor Presidente, siempre conmigo en esta materia, en contra de esta ampliación de plazo...
El señor LAGOS (Presidente).-
Honorable señor Coloma, he votado tres veces nomás, porque llevo menos años que usted acá, en el Senado.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, si usted votó en tres ocasiones en un sentido, supongo que de hacerlo en dos más habría votado igual. De otra forma significaría que cambia de criterio permanentemente. Y eso no lo acepto conforme a mis valores.
Aquí hay un sistema que funciona, que es de un año. Esto se discutió largamente en la reforma tributaria, cuya respectiva Comisión usted presidió -¿se acuerda?-, y nosotros lo rechazamos.
Ahora por sexta vez se ha vuelto al mismo criterio, y se establece una ampliación de plazo al doble, y una eventual a cinco años en determinadas condiciones.
¿Cuál es el problema? El problema es que esto va contra la modernidad, señor Presidente. Nos obliga, en el fondo, a dos cosas negativas: primero, a mantener papeles; y segundo, a una responsabilidad abierta sobre un intermediario.
Si después de un período largo de tiempo se dice: "Mire, usted debió haber pagado tanto, y no se encuentra quien fue el importador -en este caso-, usted queda sancionado por ser operador de aduanas".
¡A mí me parece absurdo!
Me dicen que esto fue parte de un acuerdo.
¡Un mal acuerdo!
Entiendo y valoro lo que puedan hacer los gremios, pero también tienen derecho a equivocarse.
Creo que aquí el buen criterio sugería no innovar respecto de un tema que no ha generado problemas. Que se mantenga por un año, que se haga aleatoriamente (el 5 por ciento de las mercaderías), que se revise, y en función de eso puede haber más investigaciones. Pero generar un grado de incertidumbre máximo en un tema que requiere certidumbre máxima, me parece un grave error.
Yo espero que en la indicación pertinente se mantenga el criterio que siempre ha sostenido el Senado.
Por último, en cuanto al plazo de prescripción, me parece que también hay un aumento. Pienso que no tiene sentido generar más incertidumbre. Vamos a verlo en la discusión en particular.
En resumen, señor Presidente, es un buen proyecto, que ha superado dos de las falencias que tenía: normas específicas respecto del contrabando y normas específicas respecto de la claridad en materia de zona franca.
Sin embargo, contiene problemas nuevos: uno es la prescripción y el más grave es el aumento, o la salida, del criterio de un año en cuanto a la responsabilidad y la mantención de determinados instrumentos para efectos de generar más lógicas de incertidumbre acerca de operaciones que deben apuntar exactamente en el sentido contrario.
Lo anterior va a ser probablemente lo más debatido en la discusión particular. Insisto en que espero convencerlos, porque creo que esto representa el criterio que siempre hemos tenido.
Si logramos superar ese obstáculo, creo que la legislación será impecable y que se alcanzarán grados de acuerdo muy importantes.
Pero este pequeño tema -entre comillas- abre, a mi juicio, un gran forado que amenaza con enturbiar un proceso que debería ser de grandes acuerdos, pues aquí estamos planificando. Si imaginamos que la última legislación duró veinte años, tendremos que suponer que esta va a durar veinte años más.
Obviamente, con este tipo de elementos se dificulta, a mi juicio, la mantención de normas que no son necesarias, que se han rechazado otras veces.
Y este sistema de legislar por cansancio agota un poco. Porque si van presentando lo mismo varias veces hasta que juntan una mayoría circunstancial para aprobar una iniciativa, esta permanecerá hasta que se reúna la mayoría contraria después. Y eso no me parece adecuado.
En todo caso, señor Presidente, vamos a votar a favor en general. Y pedimos -como decía- que se fije un plazo para presentar indicaciones a fin de tener una tramitación lo más fácil posible.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Se aceptan sugerencias para el evento de establecer plazo para formular indicaciones, pues esto va a ir a la discusión en particular.
El señor COLOMA.-
Después del proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor LAGOS (Presidente).-
Dejo abierta la inquietud. Quiero escuchar también qué opina el Ejecutivo y los señores parlamentarios en esta materia.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, voy a tratar de no repetir lo que acá se ha dicho, porque creo que esta iniciativa tiene una importancia fundamental en materia de legislación aduanera, particularmente en consideración a cuatro puntos.
-Los compromisos adoptados por nuestro país en los diversos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
-Los beneficios arancelarios otorgados a diversos países mediante acuerdos de libre comercio.
-La necesidad de actualizar y facilitar el uso de las diversas franquicias tributarias.
-El aumento del comercio internacional.
Todo lo encuentro muy bien.
Hay 23 medidas contenidas en este proyecto. No las voy a nombrar, porque estamos en la discusión en general.
Todo eso está muy bien. Encuentro ideal modernizar la legislación aduanera.
La iniciativa es muy buena, como han dicho acá los más entendidos.
Ahora, a lo mejor al Director Nacional de Aduanas o al Subsecretario de Hacienda no les corresponde asumir lo que voy a decir, pero debo manifestar que me parece inconcebible que estemos modernizando la legislación aduanera y tengamos al segundo paso fronterizo más importante de Chile, el paso Cardenal Samoré, ubicado en la provincia de Osorno, comuna de Puyehue, con containers para dar solución -entre comillas- a los funcionarios de aduanas, del SAG, de la policía y de todos los servicios que tienen que ver con estos complejos.
No es posible que después de tres años de haber sido consumido ese complejo por un incendio, todavía estemos en esas condiciones. Y si estamos legislando para actualizar o modernizar la legislación aduanera, por lo menos debemos darles comodidades a los funcionarios para que ejerzan su labor en buena forma.
Siempre decimos que nuestro país brinda todas las facilidades al comercio internacional. Pero yo empezaría por darles facilidades también a los trabajadores, a los funcionarios de las diversas oficinas que laboran en estos complejos fronterizos.
Por eso -señor Presidente, por su intermedio-, solicito al Subsecretario de Hacienda y al Director Nacional de Aduanas que oficien al Ministro del Interior, para que disponga los recursos necesarios a fin de tener el segundo paso de Chile en las condiciones que merece.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Les parece que fijemos plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 21 de noviembre?
Señor Subsecretario, ¿usted quiere contribuir al debate?
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).-
Sería preferible que fuera antes, dado que algunos temas quedaron pendientes en la discusión en la Comisión. Por ejemplo, el 14.
El señor LAGOS (Presidente).-
Lo que ocurre es que vamos a estar en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, señor Subsecretario.
Se fijará plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta el día lunes 21 de noviembre.
--Así se acuerda.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, lo general ya está dicho.
Se trata de una modernización a la legislación aduanera, que busca introducir mejoras para simplificar las operaciones de comercio exterior, justificado además por el volumen de las exportaciones y su diversificación.
También pretende optimizar la recaudación tributaria al hacer más claros los procedimientos.
Y, asimismo, dotar de un plan modernizador a nuestro sistema aduanero tanto en materia de registro como de estándares de calidad internacional y, además, recaudar más, que es lo fundamental.
Sin embargo, hay algunos puntos de la iniciativa que quisiera rescatar.
Primero, hay preocupación en las zonas francas actuales respecto a la destinación aduanera de depósito, que permitiría almacenar mercancías hasta por un año sin previo pago de impuestos o derecho alguno. Esto produciría un potencial desvío de mercancías hacia otras regiones del país, lo que restaría impacto comercial a zonas francas que buscan ser beneficiadas y que se encuentran en zonas de rezago, principalmente en regiones extremas.
Por otro lado, existe todavía cierta ambigüedad en el concepto de "actividades susceptibles", que se hace necesario aclarar a objeto de no perjudicar -como ya hemos planteado- la economía regional de las zonas francas y poder dinamizar estas regiones que buscan, mediante este mecanismo, tener algunos incentivos y ventajas para atraer inversión y comercio.
Igualmente, en forma muy particular, creo necesario avanzar más en la modernización de las instituciones relacionadas con el Servicio de Impuestos Internos y con el Servicio Nacional de Aduanas.
Hay una mesa de trabajo con la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, que me parece que todavía puede dar más resultados y mejores propuestas.
Por lo tanto, eso debe mantenerse y se deben incorporar las indicaciones y acuerdos en el proyecto definitivo.
Y, en particular, quiero hacer presente los problemas en la zona norte de Chile, puesto que lo que dice relación con el comercio en ese lugar no solo apunta a un tema de mejorar y optimizar los flujos de mercancía o, a futuro, de otros negocios, sino que también existen consecuencias con tratados internacionales vigentes, consideraciones geopolíticas y necesarios procesos de integración en una zona en que el estándar de discusión es mayor en materia del ejercicio de soberanía con países vecinos, toda vez que limitamos con tres naciones y no con una, como ocurre en gran parte de nuestro territorio.
Por ello, en estos procesos de integración la posibilidad de considerar a Aduanas debe ser compatible con lo que se negocia con los países vecinos.
Por esa razón, estimo que esa materia no queda bien resuelta para la zona norte de nuestro país y pido que sea considerada en el período de indicaciones, que vence el 21 de noviembre próximo.
Ahora, en general, resulta inobjetable que el proyecto significa una modernización necesaria, acorde a las exigencias de las mayores operaciones comerciales que Chile está realizando en el exterior, a la necesidad de optimizar la recaudación aduanera y al cumplimiento de los compromisos tendientes a modernizar, con estándares internacionales, nuestro sistema aduanero.
En consecuencia, voto a favor de la idea de legislar, con las indicaciones que acabo de puntualizar para su estudio en particular.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Solo una aclaración, Su Señoría.
Para que sean considerados los temas en el período de indicaciones, estas deben ser presentadas.
El señor GUILLIER.- Así es, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto que hemos venido pidiendo durante largo tiempo los Senadores de mi Región. La iniciativa busca, frente al aumento del comercio internacional, generar un incremento en la recaudación aduanera. A la vez, persigue el surgimiento de nuevos actores en el comercio internacional.
Para ello se requiere contar con una Aduana que esté en condiciones de enfrentar aquello, con potestades suficientes ya sea para fiscalizar o para denunciar las operaciones fraudulentas que ponen en riesgo tanto el mercado nacional y la imagen de nuestro país como los aspectos sanitarios.
En ese contexto, esta iniciativa plantea una serie de temas que resulta importante abordar: la facultad para retirar mercancías, previa garantía de pago de gravámenes aduaneros; la creación de la destinación aduanera de depósito; el perfeccionamiento del régimen de admisión temporal; la incorporación del Operador Económico Autorizado; la ampliación del plazo para la suspensión del despacho de mercancías infractoras a la propiedad industrial e intelectual; la ampliación del plazo para la formulación de cargos por el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras materias.
Quiero puntualizar que, en términos generales, el proyecto de ley va en la dirección correcta.
Durante la tramitación de la iniciativa, que se llevó a cabo fundamentalmente en la Comisión Especial de Zonas Extremas, nosotros advertimos sobre algunas materias que nos parecían relevantes y cuya clarificación por parte del Ministerio del ramo resultaba importante.
Por ejemplo, la situación de las zonas francas.
Nosotros levantamos con mucha fuerza que esta modificación no puede afectar las zonas francas de nuestro país, toda vez que debemos entender que ellas están orientadas, fundamentalmente, a la generación de focos comerciales, sobre todo en las zonas extremas.
En tal contexto, a nosotros nos parecía complejo que en virtud de la normativa en proyecto pudieran verse afectadas las zonas francas.
Ante ello, se modificó el inciso cuarto del artículo 111 bis en la dirección correcta.
Otras normas dicen relación con el contrabando.
En ese sentido, el proyecto no contempla normas para modificar el procedimiento ante casos de contrabando y sus sanciones, contemplado en los artículos 180 y 189 de la Ordenanza de Aduanas, pese a haber sido solicitado por la Cámara Nacional de Comercio y por las contundentes exposiciones de distintos actores que asistieron a la Comisión.
Se habla, por ejemplo, de que tan solo en materia de cigarrillos el Fisco dejó de recaudar cerca de 215 millones de dólares durante el año 2015.
Asimismo, hemos insistido en la necesidad de seguir abordando algunos aspectos que dicen relación, por ejemplo, con los servicios de courier.
Los servicios de cuorier se han convertido en un verdadero problema para una adecuada fiscalización.
Hasta ahora la fiscalización se hace de manera aleatoria. Estamos hablando de que se fiscaliza alrededor del 2 por ciento de los containers que ingresan a nuestro país, con el consiguiente perjuicio no solo en términos de recaudación fiscal, sino también por la imposibilidad de generar, a través del sistema de aduanas, una barrera sanitaria relevante.
En ese contexto, nosotros abogamos para que quede claramente determinado que los servicios de courier no serán la vía de ingreso, como hemos denunciado con anterioridad, de fármacos que se venden en las ferias libres de nuestro país, lo cual vulnera abiertamente una barrera sanitaria y representa un problema importante que debemos resolver.
Otros aspectos significativos, respecto de los cuales pediré votación separada, dicen relación con los artículos 91 bis y 199.
No compartimos lo propuesto en el inciso final del artículo 91 bis, ya que no concuerda con las disposiciones de la Ordenanza de Aduanas en materia de actuación, responsabilidad y representación que rigen para todos los consignantes y consignatarios de mercancías que ingresan al país y salen de él.
Al respecto, debe tenerse presente que las citadas empresas de envío de entrega rápida actúan en calidad de transportistas internacionales, cuyo rol es distinto del consignante o expedidor de las mercancías, que es quien les encomienda el traslado de determinados bultos para su entrega a los consignatarios finales.
En este ámbito, el proyecto de ley confunde, no delimita ni se hace cargo de las precisas actuaciones que a uno y a otro le corresponden para los efectos aduaneros. Es el consignatario de las mercancías que ingresan a nuestro país el que legítimamente está en condiciones de responder ante el Servicio en todo lo que concierne a los productos que vienen consignados a su nombre.
Como regla general, y concordante con la realidad, el transportista internacional no asume ni tiene responsabilidad por las condiciones, naturaleza, identificación, composición, constitución, estado, etcétera, de las mercancías contenidas en los bultos que solamente transporta, y así queda constancia expresa en los documentos de transporte que emite.
En ese contexto, el proyecto de ley presenta una importante deficiencia al permitir que las citadas empresas de envío de entrega rápida asuman una responsabilidad sobre importantes aspectos relevantes de las mercancías, que solo los factores de la operación comercial internacional conocen. Y únicamente estos se encuentran en condiciones de responder ante la Aduana y otros organismos de control.
Estimo que el citado inciso final del nuevo artículo 91 bis que se propone en el proyecto no resguarda debidamente el interés fiscal y, más bien, facilita la dilusión de la responsabilidad que puede tener incluso el destinatario de las mercancías ubicado o domiciliado en Chile, lo cual debilitará la gestión de fiscalización y control por parte de Aduanas.
Por tales razones, creemos que esta materia debe votarse separadamente, por lo cual vamos a presentar indicaciones a su respecto.
El segundo tema dice relación con el artículo 199.
En el inciso primero de esta disposición se ha agregado la expresión: "hasta por el plazo de dos años a que se refiere el inciso primero del artículo 92 bis.".
Esta norma alude específicamente a la prescripción.
El objetivo de esta modificación es sistematizar determinadas disposiciones de la Ordenanza de Aduanas en consideración al aumento del plazo para formular cargos por diferencias de derechos aduaneros a que se refiere el texto del artículo 92 bis.
Consideramos que la incorporación de esta norma debiera incluir no solo lo establecido en el inciso primero del artículo 199, referido a la responsabilidad solidaria del agente de aduanas junto a su comitente frente al pago de derechos y multas aduaneras, sino también lo dispuesto en su inciso segundo, relativo a la responsabilidad de los agentes de aduanas por las multas derivadas de las contravenciones que cometa en su agencia.
De esa manera ambas disposiciones quedarán concordantes.
Este es un elemento que se intentó incorporar en la reforma tributaria. Nosotros logramos sacarlo, pues era una disposición que no se condecía con el objetivo de dicha normativa.
Sin embargo, hemos visto que en este proyecto sobre modernización de la legislación aduanera nuevamente se incorpora.
¿Por qué nosotros somos contrarios al aumento de los plazos de prescripción? Fundamentalmente porque la certeza de una transacción comercial se va diluyendo y deja a los agentes de aduanas en una situación bastante compleja en términos de que se extiende un plazo de responsabilidad frente a materias en las cuales ellos son ministros de fe, pero no son responsables respecto de los productos que se comercian.
Del mismo modo, hemos señalado que otros aspectos también debieran ser tomados en consideración.
Por ejemplo, a mi juicio, el fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas es un tema relevante.
En tal sentido, consideramos que dicho organismo debe contar con las instancias necesarias para dotarlo de mayor capacidad fiscalizadora.
Por otro lado, también hemos señalado que ello debe ir acompañado del aumento de la planta respectiva.
Este es un tema que nosotros hemos sostenido durante largo tiempo. Necesitamos que la actividad de la Aduana vaya acompañada del rol de la autoridad sanitaria como planta fiscalizadora, para los efectos de ir agilizando los trámites de desaduanamiento correspondientes.
Y, finalmente, es preciso ir potenciando la labor de los tribunales tributarios y aduaneros. Creemos que esto también es una materia relevante. En este sentido, si bien ha habido retrasos en la incorporación de nuevas regiones con tribunales tributarios y aduaneros, consideramos que el rol que ejercen resulta determinante, razón por la cual ha de existir una legislación adecuada.
Nosotros no vamos a tener tranquilidad en cuanto a que la Aduana sea una barrera sanitaria si no somos capaces de dotarla de mayores recursos, de mayor personal. Si las fiscalizaciones son aleatorias y hablamos de un promedio de cargas revisadas del 2 por ciento, efectivamente estamos ante una dificultad.
Hace un tiempo, en el puerto de San Antonio logramos que la PDI abriera una brigada especial para delitos aduaneros. Creemos que es fundamental entender que esto tiene que ser multifactorial, que la seguridad sanitaria es pieza clave para el futuro de nuestro país, sobre todo si consideramos que Chile tiene una posición geopolítica determinante, tomando en cuenta que nuestro comercio exterior, por los próximos 50 años, está mirando hacia el Pacífico, más allá de los reparos que uno pueda tener respecto del TPP. Y nuestras costas, particularmente nuestros puertos, pueden constituir un tremendo potencial, al convertirse en plataformas para el subcontinente americano.
En tal sentido, abogamos por contar no solo con una infraestructura portuaria acorde, sino también con una legislación aduanera que permita optimizar los trámites.
¿Me permite treinta segundos más, señor Presidente?
El señor BIANCHI.-
¡Dele diez minutos!
El señor LAGOS (Presidente).-
Su Señoría, cuenta con treinta segundos más, pues ya le habíamos otorgado un minuto adicional.
El señor CHAHUÁN.-
Gracias, señor Presidente.
Uno de los temas que se ha levantado con mucha fuerza dice relación con la posibilidad de efectuar trámites en línea. La Cámara Aduanera ha manifestado la necesidad de concretar esa idea.
Hoy en día se les obliga a tener un acopio de antecedentes, de documentos por largos años, en circunstancias de que los trámites pueden automatizarse. En la actualidad existe un respaldo informático que va a permitir mejorar los tiempos y hacer mucho más ágiles los trámites aduaneros. En este contexto, uno de los desafíos pendientes -de alguna manera, el proyecto se hace cargo de ello, pero todavía en forma incipiente- se relaciona con la necesidad de generar trámites en línea de manera mucho más contundente y como una herramienta central para el comercio exterior.
Por tanto, votaré a favor de la iniciativa en general. Pero, obviamente, presentaremos indicaciones y también solicitaremos votación separada, a lo menos respecto de los artículos que he mencionado -los artículos 91 bis y 199-, para que las materias que logramos que fueran eliminadas de la reforma tributaria no vuelvan a ser incorporadas en este proyecto de ley que busca modernizar la legislación aduanera en nuestro país.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Pido a los asistentes que eviten los aplausos, aunque estén de acuerdo, para disminuir después los abucheos cuando no estén de acuerdo.
Es algo así como una compensación.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, por supuesto que voy a concursar con mi voto favorable a la idea de legislar en este proyecto.
No quiero repetir los discursos que he escuchado en esta Sala, porque hay coincidencia en casi todos los Senadores y las Senadoras.
Por lo tanto, me quiero centrar brevemente en algo que debe ir de la mano con lo que hoy día nos trae esta iniciativa.
De lo que se está hablando es de la modernización en la legislación aduanera. Pero esta modernización, señor Presidente, tiene que venir de la mano con las mejores condiciones de trabajo para quienes desarrollan su función profesional dentro de las distintas aduanas.
Por eso, para no repetir los discursos que hemos escuchado a lo largo de toda esta tarde, me valdré de la presencia del Director Nacional de Aduanas y del Ejecutivo para señalar la necesidad de mejorar las condiciones laborales en las fronteras de nuestro país, en los puertos, en los aeropuertos.
Si estamos hablando de esta modernización, de lo que debe ser la nueva Aduana en nuestro país, claramente esta situación nos demanda también mejores condiciones de trabajo para las mujeres y los hombres que se desempeñan en las aduanas a lo largo de todo el territorio.
Chile tiene tratados comerciales con más de sesenta y seis naciones en el mundo. Por lo tanto, era absolutamente necesario realizar esta modernización.
Lo otro que debemos hacer, señor Presidente, es tranquilizar a las zonas más apartadas de nuestro país, particularmente a la que yo represento: Magallanes. Porque en la Comisión Especial de Zonas Extremas, y luego en las otras Comisiones en que se revisó este proyecto, efectivamente había una enorme preocupación por las regiones extremas de nuestro país con respecto a sus zonas francas.
Recibimos a las distintas autoridades regionales, contamos con las declaraciones del Director Nacional de Aduanas, del propio Ejecutivo, de las Cámaras de Comercio, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas. En consecuencia, este proyecto en nada, absolutamente en nada, afecta el desarrollo de las actividades de las zonas francas extremas de nuestro país.
Y en esa condición, por supuesto, voy a votar favorablemente esta iniciativa, reiterando que la modernización de la Aduana por los próximos 15, 20 años o más debe también significar mejores condiciones laborales para quienes desarrollan su actividad en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos y en los distintos lugares donde les corresponde desempeñarse.
El señor LAGOS (Presidente).-
No hay más Senadores inscritos.
Antes de proceder a cerrar la votación, solo quiero señalar desde la testera -de forma muy neutral, pues no me corresponde dar opiniones desde aquí- que ciertamente voy a aprobar el proyecto. A la vez, valoro el esfuerzo que se hace por modernizar el sistema aduanero y la conversación que ha habido con los gremios y sus representantes.
Esta iniciativa no está tramitada en un cien por ciento. Existe una discusión bien intensa, porque veo que habrá indicaciones en temas bien delicados todavía.
Planteo un solo elemento para que no se confunda nadie de los que escuchan.
Si yo exporto un cajón de manzanas e importo un container de televisores, es posible tener una revisión de cien por ciento. Pero cuando exporto millones de cajas de manzanas e importo millones de containers, por definición, a medida que aumento mi flujo comercial, es imposible efectuar un aforo sobre todas y cada una de las mercancías.
En consecuencia, creo que a medida que exportemos más e importemos más, aunque aumentemos el número de funcionarios -se han incrementado en más de 270; se aprobaron 240 en la reforma tributaria-, deberemos contar con una mayor especialización y mejores técnicas. Sin embargo, será imposible -creo, tal vez me equivoco- llegar sobre los dos dígitos, como algunos países lo han logrado (quizás tienen menores flujos de comercio o tal vez son más intensivos en tecnología).
Dicho eso, estoy consciente de que vamos a tener una discusión en particular contundente para este proyecto, que considero que establece el mayor cambio en el tema aduanero en los últimos veinte años.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos favorables y 2 pareos).
Votaron a favor las señoras Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi y Patricio Walker.
No votaron, por estar pareados, los señores Pérez Varela e Ignacio Walker.
El señor LAGOS (Presidente).- Conforme a lo acordado previamente, el plazo para formular indicaciones se extiende hasta el lunes 21 de noviembre.
EXIGENCIA DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LEY RESERVADA DEL COBRE
El señor LAGOS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.518-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 57ª, en 25 de octubre de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de esta iniciativa es terminar con el carácter reservado o secreto de la ley N° 13.196 y sus modificaciones, ordenando la inserción de su texto íntegro y actualizado conjuntamente con la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
La Comisión de Defensa Nacional discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en general y en particular, con las modificaciones que consigna en su informe, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, Bianchi, Guillier, Pérez Varela y Prokurica.
Cabe tener presente que el artículo único de la iniciativa es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 18 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 21 del informe.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, quiero destacar que este proyecto de ley, que se halla en segundo trámite constitucional, exige que se publique en el Diario Oficial la ley N° 13.196, Reservada del Cobre.
Su objetivo es terminar con el carácter reservado o secreto -en el supuesto caso- de la mencionada Ley y sus modificaciones, ordenando la inserción de su texto íntegro y actualizado conjuntamente con la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
Los antecedentes tienen que ver con que la Ley Reservada del Cobre considera un mecanismo especial de financiamiento de las Fuerzas Armadas que, en lo medular, constituye una fuente especial de ingresos para los gastos de la Defensa Nacional al gravar el 10 por ciento de las ventas brutas de CODELCO al exterior y fijar, a su vez, un monto mínimo de ingresos y su correspondiente reajustabilidad para la compra de material bélico.
Ha sido constante el debate en torno a esta materia, el cual tiene varias dimensiones. Por lo pronto, la naturaleza de las leyes secretas en nuestro país y, al mismo tiempo, lo innecesario que resulta hoy día este tipo de normativas.
De hecho, Michelle Bachelet, cuando fue Ministra de Defensa, señaló que "el Gobierno no encuentra dificultades en que esos cuerpos legales dejen de ser secretos, atendido que el contenido de ellos y los recursos que provienen del cobre son conocidos".
Recordemos también que en los propios balances de CODELCO se establecen claramente las cifras que se destinan a esos fines.
Por lo tanto, la reserva o secreto de la referida Ley se justificaba hasta hace algún tiempo quizá bajo el precepto de la protección de un bien jurídico (defensa y seguridad del país). Pero en la actualidad esto carece de fundamento ya que es conocida por todos, y basta ver los balances anuales de CODELCO para saber cuánto se gasta en Defensa.
Además, no es un buen principio que existan leyes secretas en un país democrático como el nuestro, donde la Defensa Nacional debe ser debatida como un asunto más dentro del necesario financiamiento de los requerimientos del Estado.
Lo único que va quedando con esta reserva es la creciente desconfianza de la ciudadanía y el aumento de la crítica social sobre las instituciones. Entonces, es hora de abrirnos a un cambio y ver la posibilidad de trabajar un nuevo mecanismo para financiar a las Fuerzas Armadas, o una nueva ley, la que se deberá transparentar publicando su texto.
Ello, por lo demás, ya se ha hecho. En los medios de comunicación el secreto en esta materia, si es que existía, quedó absolutamente fuera de lugar.
Quiero simplemente recordar que el Consejo para la Transparencia señala que existirían alrededor de 203 textos legales secretos en nuestro país por razones de seguridad nacional, y la Ley Reservada del Cobre sería solo uno de ellos. Pero como afirma el Informe del Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su acápite especial sobre Acceso a la Información Pública: "es un legado de las doctrinas autoritarias del pasado, que no encuentran justificación en el sistema democrático actual y resulta incompatible con la Convención Americana".
Técnicamente, y como indica la redacción acordada por la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el texto de la Ley Reservada del Cobre deberá insertarse conjuntamente con la publicación en el Diario Oficial de "esta ley". Porque en rigor ella fue publicada en su momento, y hoy solo bastaría dar a conocer su contenido. Esto, para hacerlo oficial, puesto que en los medios de comunicación ya se difundió.
Tal es el sentido de regularizar una situación que termina siendo más bien un absurdo. Probablemente no tenga muchas consecuencias prácticas. Pero desde el punto de vista estrictamente formal se recomendó que el texto de la Ley Reservada se dé a conocer y se publique.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, tal como se ha dicho acá, a pesar de su tardanza, este proyecto se justifica plenamente basándose tan solo en los estándares de transparencia mínimos que deben tener los asuntos públicos, con la única limitación de no afectar las capacidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas.
Pero, según se señaló, ese riesgo no existe en la actualidad, y, por lo tanto, no se justifica de ninguna manera mantener en reserva la ley N° 13.196.
Con todo, a raíz de la discusión de esta iniciativa, me parece inevitable referirse a algunos asuntos de fondo que subyacen a esta materia.
En primer lugar, debemos relevar que la seguridad nacional y, por consiguiente, el rol de nuestras Fuerzas Armadas constituyen un asunto de la mayor importancia, que no puede estar ajeno al debate público y, por cierto, a la discusión del Congreso Nacional.
Naturalmente, se requiere una visión de Estado para tratar estas cuestiones, las que no deben quedar entregadas al debate político contingente.
Pero ello no es obstáculo para que, con los debidos resguardos, sean los órganos representativos de la nación los que concurran a tomar las decisiones más importantes, que se relacionan con la preservación de la seguridad de nuestra patria.
Además, en la actualidad, hay que destacar que los desafíos o las amenazas a nuestra seguridad no son solo de índole estrictamente militar, por lo que nuestros esfuerzos no pueden reducirse a fortalecer nuestra capacidad disuasiva expresada en equipos y armamento.
Más bien la seguridad del país debe orientarse al resguardo de nuestros sistemas informáticos y de energía y a responder a los desafíos del cambio climático, la inmigración y la globalización.
En definitiva, la seguridad nacional en estos tiempos involucra muchos factores. Y, en consecuencia, la inversión y el gasto público destinados a atenderla deben ser estudiados y definidos de manera integral por el Parlamento.
Ciertamente, este debate no debe afectar nuestra propia seguridad, y el sistema de financiamiento que se apruebe ha de ser de largo plazo, compatible con la naturaleza de los requerimientos de la Defensa.
Soy un convencido de que no podemos dejar la seguridad únicamente a nuestras Fuerzas Armadas. Se trata de una tarea nacional de la máxima importancia, en la cual deben colaborar civiles y militares, lo que no significa cuestionar el rol que la Constitución reserva a las instituciones de la Defensa.
Un segundo aspecto de fondo tiene que ver con el control y transparencia, no ya de la fuente de los recursos, sino que en la ejecución de estos por las instituciones armadas.
Los casos de falta de probidad que han sido conocidos por la opinión pública son inaceptables, y deben revisarse los mecanismos de control que permitan evitar o disminuir el riesgo de que ellos se repitan. La reserva de estos asuntos no debe impedir que operen los sistemas normales de control del Estado, expresados, en primer lugar, por la acción de la Contraloría General de la República.
Por último, otro tema de fondo vinculado con este proyecto se relaciona con el rol que el país le asigna a nuestra principal empresa pública: CODELCO.
Si queremos una empresa minera líder en el mundo, que siga generando recursos para el Fisco, que sea una palanca del desarrollo de los territorios donde se ubican sus faenas y que se torne además en un motor para la innovación, la diversificación y el desarrollo laboral y tecnológico, entonces tenemos que quitarle de sus hombros, de una vez, la mochila que significa la destinación del 10 por cierto de sus ventas para nuestras Fuerzas Armadas y entregarle los dineros que requiere para llevar adelante sus proyectos de inversión y asegurar su debida mantención y expansión.
Hace un tiempo aprobamos un proyecto de ley para facultar la capitalización de CODELCO por hasta cuatro mil millones de dólares. Pero los dineros efectivos que ha recibido han sido menores que los comprometidos.
Estamos poniendo en riesgo una de las principales fuentes de recursos que tiene nuestro país para hacerse cargo de las necesidades de la gente de manera sostenible en el tiempo.
En consecuencia, más allá de aprobar esta iniciativa, que, como he dicho, resuelve de manera muy justificada un problema de transparencia, debemos enfrentar en forma decidida las cuestiones de fondo que subyacen en la Ley Reservada del Cobre, lo cual involucra discutir sobre un sistema de financiamiento regular y permanente de la Defensa, incluidos sus mecanismos de control y las fuentes de recursos que permitan mantener y aumentar la posición que tiene la Corporación Nacional del Cobre en la minería mundial y el aporte que hace al erario.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que me remplace en la testera la Honorable señora Muñoz por algunos minutos.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Muñoz, en calidad de Presidenta accidental.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Me da mucho gusto que esté dirigiendo la sesión una mujer, aunque sea en forma accidental y transitoria.
Al Senado le hizo muy bien tener una Presidenta permanente.
Ojalá que no pasen otros doscientos años para volver a verlo.
Señora Presidenta, se halla en la Sala el Diputado Pilowsky, uno de los autores de esta moción, a quienes felicito por su intermedio.
Terminar con la Ley Reservada del Cobre me parece absolutamente legítimo, necesario y propio de las democracias modernas, porque ella implica falta de transparencia.
Con la publicidad nadie quiere afectar nada. Nadie pretende dañar el financiamiento de las Fuerzas Armadas ni el funcionamiento de estas.
En una democracia, no hay quien no entienda el rol de las instituciones armadas y que resulta fundamental asegurar su financiamiento.
Otra cosa es que pensamos -y estoy convencida de eso- que llegó el momento -si no lo hace este Gobierno, espero que lo haga el siguiente- de derogar la Ley Reservada del Cobre y de que como país seamos capaces de garantizar el financiamiento adecuado de las Fuerzas Armadas a través de presupuestos que pueden ejecutarse anualmente, que se elaboran con proyecciones cuatrienales y que permiten hacer un uso racional de lo que verdaderamente necesitan aquellas, en vez de una repartición en partes iguales o de supuestas inversiones sin controles.
Hemos debido lamentar capítulos muy dolorosos que no hacen bien a nadie, menos a nuestro país.
Por ejemplo, se creó una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados para el llamado "Milicogate", en que vemos actos de corrupción de miembros de las Fuerzas Armadas que gastaron dineros provenientes de la referida Ley, lo que ha significado un derroche de recursos que hasta el día de hoy se halla en proceso de investigación.
Ahora bien, la Ley Reservada del Cobre es muy antigua.
Como se recordó acá, fue dictada en 1958, en el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Pero fue durante la dictadura, a fines de 1973 y en 1985, cuando se aplicó un 10 por ciento de impuesto a las ventas brutas de CODELCO al exterior. Inicialmente era el 15 por ciento sobre las utilidades.
Hoy día el 10 por ciento de los ingresos totales significa una camisa de fuerza brutal para la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Yo no conozco otra empresa a la que le hayan puesto ese nivel de estrechez. Ello implica una gran rigidez, al punto de que cuando el valor del cobre disminuye como ha ocurrido en el último ciclo, en que hemos llegado a uno de los precios más bajos, CODELCO debe endeudarse para cumplir con la famosa Ley Reservada.
Ello es una locura absoluta, pues no tiene ningún grado de racionalidad.
Por eso, creo que llegó el momento de terminar con la Ley Reservada del Cobre.
De una vez por todas, abordemos como país la cuestión de fondo: solo en democracia las leyes se vuelven transparentes, pues son discutidas como corresponde, en los parlamentos; en este caso, garantizando que nadie va a atentar contra la seguridad de nuestro país ni contra el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Lo otro es mantener una situación que ha implicado -como señalé- una camisa de fuerza, e incluso la locura de que CODELCO hoy día se endeuda para cumplir lo que se le exige por ley: la entrega de 10 por ciento de sus ventas brutas al extranjero.
Señora Presidenta, en el período del precio altísimo del cobre se llegó a generar tal cantidad de recursos que se conformó un Fondo Estratégico.
En tal sentido, creo que es una muy buena idea -espero que el Gobierno acceda- la que planteó el propio Presidente del Directorio de la referida Corporación, Óscar Landerretche, quien ha dicho: ante una situación tan crítica como la que existe hoy, hay que capitalizar a CODELCO para que desarrolle sus proyectos estructurales y siga siendo la empresa productora individual más grande del mundo.
Sin embargo, como hoy día no estamos en condiciones de asegurarle en un período relativamente breve de años a lo menos los 4 mil millones de dólares previstos y a la larga los 16 mil a 18 mil millones de dólares que se requieren para desarrollar los cinco o seis proyectos estructurales que le posibilitarán mantenerse como la mayor empresa productora individual del planeta, es importante tener en cuenta la propuesta de tomar una parte de los fondos estratégicos acumulados durante el período en que el precio del cobre estuvo tan elevado, para que CODELCO pueda invertirlos y cuando deba devolverlos se consideren una inversión, no una deuda. Así no se producirá el absurdo de que tenga que regresar estos dineros a costa de sus proyectos de inversión.
Me parece que llegó el momento de que tomemos en serio este asunto y discutamos la cuestión de fondo: la situación existente no resiste más.
Establezcamos una ley transparente; realicemos proyecciones, diseños en que participen los principales actores: el Estado, el Congreso; discutamos el rol de las Fuerzas Armadas, la carrera militar, el sistema de pensiones militares, en fin.
¿Hasta cuándo nuestro país va a seguir con un doble sistema de pensiones?
Es una pregunta legítima que con razón se hace la gente en la calle, pues le cuesta entender que en la práctica casi la totalidad de la ciudadanía esté en un sistema, el de las AFP, que es puramente cotización individual y de otro lado haya un sector conformado por alrededor de treinta y cinco mil personas adscritas a un sistema de reparto en que el 90 por ciento de los recursos los pone el Estado, al que esto le cuesta mucho más que financiar la pensión básica solidaria, la cual beneficia a más de un millón 300 mil ciudadanos.
Insisto: pienso que es hora de discutir con seriedad, entre otras cosas, la existencia de un piso mínimo; el papel que deben jugar los distintos Poderes del Estado en la determinación del presupuesto respectivo; si vamos a seguir manteniendo el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas; la carrera militar; el rol de esas instituciones.
Por lo tanto, nos parece muy positivo este proyecto. Ciertamente, lo apoyaremos. Y felicitamos a sus autores, pues al menos existirá el acto de transparencia en cuanto a decir que se publique la Ley Reservada del Cobre en su totalidad para que no sea delito pasarle su contenido incluso a un miembro del Parlamento porque con ello se estaría rompiendo el secreto que la rodea.
Una cosa es hacer aquello en aras de la trasparencia: ¡bien! Pero otra es la cuestión de fondo.
Quiero terminar mi intervención diciéndole a la Sala que yo estoy por derogar la Ley Reservada del Cobre; estoy porque de una vez por todas nuestro país comprenda la importancia de no seguir convirtiendo a CODELCO en una empresa mediana o menor si no le garantizamos su capitalización, por cuanto año tras año debe depender de la voluntad del Ministro de Hacienda para saber si le van a pasar 400, 500 o 1.000 millones.
Creo que llegó la hora de entender que, como ocurre con cualquier empresa, la Corporación Nacional del Cobre debe recibir la capitalización necesaria para poder desarrollarse.
¡Qué más importante que los tremendos proyectos estructurales de CODELCO, que representan un desafío mayor!
Me parece que no hay otro país del mundo que haya abordado simultáneamente proyectos como los que pretendemos llevar adelante a través de CODELCO: convertir a Chuquicamata en mina subterránea; tener un Nuevo Nivel Mina en El Teniente; desarrollar Rajo Inca, que eventualmente permitirá la sobrevivencia al menos por treinta años más de El Salvador, que es tan relevante para la Región de Atacama y para comunas como las de Diego de Almagro y Chañaral.
Todo eso está relacionado con la capitalización de la Corporación Nacional del Cobre.
Por lo tanto, soy partidaria de que capitalicemos a CODELCO, para que salga adelante en sus desafíos estructurales; de que terminemos con la Ley Reservada del Cobre, y de que hagamos el acto de transparencia de a lo menos publicar ese cuerpo legal como primer avance antes del paso definitivo que debiera dar nuestro país.
Es necesario entender la relevancia de la capitalización de CODELCO; la importancia que reviste el hecho de que esta Corporación siga siendo, a pesar de que solo produjo un tercio, la empresa que tiene las mayores capacidades para tomar desafíos como los que hoy día significan los proyectos estructurales.
Al subir el precio del cobre, CODELCO es quien le entrega al Estado la mayor cantidad de recursos, los que son esenciales para nuestras políticas públicas.
Pero también es del caso hacer una advertencia.
Cuando el metal rojo registra precios altos no solo hay que acumular en un fondo: aprendamos a diversificar nuestra economía y no continuemos dependiendo únicamente del ciclo virtuoso de dicho producto de exportación.
Esa es una gran lección que dejó la gran pérdida que sufrimos en el Gobierno pasado: cuando el precio del cobre estuvo elevadísimo, no fuimos capaces de generar condiciones para tener otro tipo de desarrollo, más diversificado, y no depender exclusivamente de tal variable, como sucede en la actualidad debido a que la cotización se halla en uno de los niveles más bajos.
Por lo tanto, señora Presidenta, voto a favor de este proyecto, pero sigo insistiendo en que llegó la hora de derogar la Ley Reservada del Cobre.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Se solicitó abrir la votación.
La señora ALLENDE.-
De acuerdo.
El señor PÉREZ VARELA.-
Pero manteniendo los tiempos.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Por supuesto.
Acordado.
En votación general y particular el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señora Presidenta, para tener claridad sobre el sentido de este proyecto, quiero empezar mis palabras ejemplificando la situación que tenemos hoy día respecto a la Ley Reservada del Cobre.
Si un Senador desea ver esa Ley y analizar cada uno de sus artículos tiene dos alternativas. Una, ir a la oficina del señor Secretario General y leer ahí su texto; es la única posibilidad legal. Y la otra, ir a internet y entrar al diario electrónico El Mostrador, donde es factible hallarla completa.
Ese ejemplo demuestra que el sentido del secreto es parte de una época distinta, de otro momento de la historia de nuestro país.
Por lo tanto, el ocultamiento, la imposibilidad de que la ciudadanía conozca los preceptos de la Ley Reservada del Cobre carecen actualmente de justificación.
Esta bancada, por tanto, va a contribuir con sus votos afirmativos, como lo hizo en la Comisión de Defensa Nacional, para que se inserte en el Diario Oficial el texto completo de la Ley Reservada del Cobre y, a partir de ahí, cualquier persona pueda leerlo tal como es factible hacerlo ahora, según expresé, ingresando al diario electrónico El Mostrador.
Entonces, no estamos hablando de algo sustantivo.
En segundo lugar, debo recordar que durante el Gobierno del Presidente Piñera se presentó un proyecto para modificar la Ley Reservada del Cobre. Y una de las cosas que se enmiendan sustancialmente es la relativa al secreto que la rodea.
En el articulado de dicha iniciativa se consignan el mecanismo para determinar los recursos; la plurianualidad de las platas para las Fuerzas Armadas; el rol de las Comisiones de Defensa y de Hacienda tanto de la Cámara de Diputados cuanto del Senado para ejercer control sobre los dineros; y se establecen un piso mínimo y un fondo estratégico.
Los Senadores de la Nueva Mayoría, en particular los integrantes de la Comisión de Defensa, bloquearon tal proyecto. En este momento se halla en un cajón del Senado. No se pudo avanzar en él, pese a que el 11 de marzo de 2014, cuando asumió el Gobierno de la Presidenta Bachelet, el Ministro de Defensa de la época, quien posteriormente ocupó la Cartera del Interior, señaló que iban a enviar una indicación sustitutiva para progresar en una nueva ley relativa al financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta el día de hoy esa indicación sustitutiva no llega.
En tal sentido, pido respeto por la veracidad de los hechos, para que no se hable retóricamente sobre la materia y no se diga: "Esta Ley se tiene que derogar o cambiar". Porque ha habido todas las posibilidades para que eso suceda, pero no se han concretado debido a que las mayorías que tiene hoy día la coalición oficialista no han querido avanzar o no han tenido voluntad política para hacerlo.
¡Eso es una realidad!
Por lo tanto, señora Presidenta, ahora estamos logrando que la Ley en cuestión se inserte en el Diario Oficial para que pueda ser conocida por toda la ciudadanía.
En tercer lugar, a mí me gustaría decir que la Ley Reservada del Cobre, a la que de repente se estigmatiza, fue aprovechada, fue utilizada durante 20 años por los Gobiernos del actual oficialismo. Y se la usó bien, pues, como nunca antes, las Fuerzas Armadas tuvieron una capacidad estratégica que las colocaba en situación de liderazgo en Latinoamérica al aumentar nuestra capacidad disuasiva.
No hay duda, pues, de que fue bien aprovechada. Pudimos potenciar a nuestros Institutos Armados, particularmente a la Fuerza Aérea, pero también al Ejército y la Armada. Y eso provocó un avance significativo.
En cuarto término, aquí se habla mucho de CODELCO, de que la Ley Reservada del Cobre ha estado perjudicando a esa Corporación.
Yo quiero decirles que, de acuerdo a datos del Banco Central, por el Fondo de la Ley Reservada del Cobre existen para las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas entre 4 mil y 5 mil millones de dólares. Estos recursos están, dependen de Chile y los maneja el Gobierno a través del Instituto Emisor. De manera que se hallan disponibles y son conocidos por toda la ciudadanía.
Ahora bien, yo podría preguntarme si dichos recursos estarían en caso de que hubieran quedado en CODELCO. ¿Tendríamos esos 4 mil a 5 mil millones de dólares? ¿O también habrían desaparecido, se habrían despilfarrado?
La referida empresa, que fue líder y durante mucho tiempo tuvo los precios más altos de la historia, hoy día, después de que ese ciclo acabó, hace dos años, está en una situación casi de colapso.
Por consiguiente, no le echemos la culpa a la Ley Reservada del Cobre de todas las cosas que le pasan a CODELCO, pues no hay duda de que su administración se encuentra en una situación extraordinariamente compleja y difícil producto de una mala gestión, del uso político que se hizo de los recursos y de que en 20 años los gobiernos del actual oficialismo no realizaron absolutamente nada para mejorar las capacidades de esa Corporación.
Así que digamos las cosas como son.
En quinto lugar, resulta evidente que algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra tienen razón cuando sostienen que hay que hablar sobre los temas de fondo.
Uno de los temas de fondo, señora Presidenta, es cuál será el rol de las Fuerzas Armadas.
Si van a tener el mismo papel en cuanto a la misión de mantener las capacidades estratégicas de Chile, ello significa determinado nivel de presupuesto.
El proyecto que presentó el Presidente Piñera me parece adecuado Creo, pues, que debiéramos revitalizarlo.
Ahora, si el Gobierno quiere formular una indicación, que la presente, para discutir tal iniciativa. Así tendríamos un proyecto militar, un proyecto de las Fuerzas Armadas público, un proyecto con control por parte del Congreso, el que actualmente no existe.
De ese modo habría una visión de mediano y largo plazos, lo que resulta absolutamente indispensable para que Chile tenga una capacidad disuasiva que le permita mantener la paz, uno de los objetivos principales de todos los gobiernos en el ámbito de la política internacional y anhelo de todo el país.
En consecuencia, señora Presidenta, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, pues su objetivo es colocar al día algo que responde a otra época, a una situación distinta, y cuya mantención no tiene sentido.
Espero que la unanimidad de esta Sala, reiterando lo ocurrido en la Comisión de Defensa, permita la inserción de la Ley Reservada del Cobre en el Diario Oficial, ya que, por un tecnicismo, fue publicada en una edición extraordinariamente acotada de él.
De la forma señalada todo el mundo, sin necesidad de recurrir a un diario electrónico, podrá conocer una ley de la república que ha permitido, entre otras cosas, tener una capacidad estratégica y disuasiva que garantiza la paz en nuestro país.
La señora MUÑOZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señora Presidenta, solo deseo recordar que durante más de 70 años Chile ha tenido leyes especiales para contribuir al financiamiento del material bélico.
Digo lo anterior a propósito del proyecto que estamos discutiendo.
En 1938 la ley N° 6.152, denominada "Ley de los Cruceros", determinó que una fracción de los ingresos obtenidos por el arrendamiento de terrenos fiscales en Magallanes se destinara a adquirir material de guerra y satisfacer las necesidades del Ejército, la Aviación y la Armada.
Posteriormente, en 1942 la ley N° 7.144, que creó el Consejo Superior de Defensa Nacional, excluyó al Parlamento de las decisiones presupuestarias, consolidando la idea de que el financiamiento para aquel fin debía provenir de fuentes especiales.
Como se ha recordado en la Sala, en 1958 la ley N° 13.196 gravó con un impuesto de 15 por ciento las utilidades de las empresas de la gran minería para destinar los recursos respectivos exclusivamente al financiamiento de las adquisiciones bélicas.
Por último, la Ley Reservada del Cobre, como se conoce actualmente a la ley N° 13.196, la que fue modificada, considera un mecanismo especial de financiamiento, el que, en lo medular -según ya se expresó-, constituye una fuente particular de recursos para solventar los gastos de la Defensa Nacional en compras de material bélico al gravar el 10 por ciento de las ventas brutas de CODELCO hacia el exterior, fijar un piso mínimo de ingresos y determinar la reajustabilidad correspondiente.
A mí me parece bueno hacer historia, señora Presidenta.
Hoy día todos coincidimos en la necesidad de derogar la Ley Reservada del Cobre, por los problemas que han existido en materia de transparencia, de control.
Acá se recordaba que se planteó la necesidad de constituir una Comisión investigadora debido a los escándalos habidos en el uso de los recursos pertinentes.
Se ha presentado más de un proyecto para realizar modificaciones sustantivas.
De hecho, en septiembre de 2009 la propia Presidenta Michelle Bachelet envió una iniciativa que buscaba tal objetivo. Y declaró: "... se pone término a una anomalía financiera fiscal, que representaba la existencia de un sistema especial para un sector específico".
Ya se ha recordado en la Sala lo que hizo el Presidente Sebastián Piñera en 2011 mediante una propuesta que iba en una línea similar.
Por mi parte, quiero felicitar a los Diputados que están detrás de la moción que dio origen al proyecto que nos ocupa esta tarde -en particular, a Jaime Pilowsky -nos acompaña ahora en la Sala-, quien ha encabezado la Comisión investigadora sobre la materia-, que (yo diría) avanza en la respuesta a los códigos de transparencia modernos al permitir que se conozca el texto de la Ley Reservada del Cobre, lo que aparece como un primer paso para hacer una discusión democrática, abierta, conocida por todos, respecto de una normativa que ha generado bastante interés, pero también polémica.
No cabe duda de que es indispensable garantizar un sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas.
Aquí no está en cuestión la necesidad de mantener la capacidad disuasiva de nuestro país. Probablemente para ello se requiere un financiamiento plurianual. Algunas materias tienen que ser reservadas, por las características propias de las instituciones de la Defensa Nacional. Pero para eso debe haber códigos que respondan a estándares de transparencia, de control, porque los actuales no están garantizados, lamentablemente, lo que ha puesto en cuestión el mecanismo existente.
Este proyecto, que a mi entender es una primera etapa, tiene como propósito abrir la puerta para la discusión.
Sé que actualmente se puede conocer el texto de la Ley Reservada del Cobre a través de Internet, pese a que esa propia normativa prevé sanciones penales para quien la dé a publicidad.
Es un tema que corresponde regularizar por la vía de hacer el debate más de fondo -espero que podamos tenerlo también en el Parlamento- en cuanto al uso de los recursos, a la realidad de CODELCO, a cómo se garantiza el financiamiento para las Fuerzas Armadas, pero, sobre todo, a la forma como avanzamos en la modernización de los actos de la Administración del Estado con estándares que garanticen transparencia, eficacia y eficiencia en la acción, especialmente en el ámbito de la Defensa Nacional.
Por eso, señora Presidenta, concurrimos con nuestra votación favorable. Y reitero nuestro respaldo al trabajo realizado por los Diputados, en particular los de la bancada de la Democracia Cristiana.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señora Presidenta, intentaré ser muy breve, para que entremos al proyecto relativo a los consejeros regionales, concejales y diversos dirigentes, que es el que inquieta y, por tanto, debemos despachar cuanto antes.
Respecto a la iniciativa que estamos votando, solo quiero resaltar, primero, que es bastante simbólica, porque se trata de que la Ley Reservada del Cobre deje de tener este carácter.
Sin embargo, ya dejó de ser reservada, hace mucho rato. Porque su texto se conoce íntegramente.
Por lo tanto, aparte de simbólica, no es muy útil.
Como dicen por ahí: "Del lobo, un pelo". O sea, estamos caminando por el borde, por la orilla, pero no en lo sustantivo.
Aquí lo sustantivo es resolver si vamos a modificar o no el régimen de financiamiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Eso se discute mucho; se habla bastante de ello. No obstante, se hace poco.
El Presidente Piñera envió un proyecto -se ha hecho recuerdo de él en reiteradas oportunidades a lo largo de esta sesión-, el cual no ha avanzado. Ahí tenemos una oportunidad para trabajar este tema si hay voluntad política.
Sé que estamos ante un problema complejo, porque no se puede dejar a nuestras Instituciones Armadas sin equipamiento. Más aún, sin un equipamiento que tenga cierta autonomía respecto de la contingencia política y un horizonte de tiempo distinto de los presupuestos anuales, entre otras consideraciones.
Si uno hiciera historia podría citar declaraciones del entonces Ministro de Defensa José Goñi o del actual Ministro de Defensa, José Antonio Gómez -para no ir más lejos-, quienes se han referido a la necesidad de continuar con un régimen distinto, pero con características similares a las de la actual Ley Reservada del Cobre.
Entonces, yo pediría que en esta materia fuéramos más tranquilos, menos declarativos, y que de una vez por todas hiciéramos el trabajo.
Están todos los antecedentes sobre la mesa. Entonces, si hubiera voluntad política del Gobierno -no ha existido en sus casi tres años de gestión- se podría avanzar en definir un régimen diferente.
Si no media esa voluntad política, claro, podemos contentarnos con cambiarle el nombre a la Ley Reservada y llamarla "Ley del Cobre". Pero, de verdad, en tal caso no estaremos haciendo nada relevante ni nada necesario.
Por todas esas consideraciones, voy a votar a favor, pues soy partidario de la transparencia -he sido un gran impulsor de ella en nuestro país- y creo que la ley en proyecto camina en tal dirección.
Sin embargo, quiero dejar claro que en cuanto al régimen de financiamiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas estamos exactamente igual, porque no hay voluntad política del Ejecutivo para avanzar en esa línea.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señora Presidenta, Honorables colegas, no deseo reiterar los argumentos que se han dado en esta Sala para resaltar el valor, en parte simbólico -como se ha señalado-, que tiene la aprobación de este proyecto, que ya fue visado por la unanimidad de la Comisión de Defensa del Senado. Pero, sí, creo importante hacer presente, frente a las intervenciones de algunos colegas, la incoherencia que se registra en esta materia.
Las bancadas de la Nueva Mayoría y las de la antigua Concertación han reclamado airadamente contra la mantención del sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la verdad es que durante los primeros veinte años en que gobernaron nunca hicieron nada concreto para mejorar la situación existente.
Tal como se ha recordado aquí, hacia las postrimerías del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se envió un proyecto para derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Señora Presidenta: ¡ni siquiera se vio en la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados! ¡Nunca estuvo en tabla! ¡Jamás se votó!
Ello, por una razón muy simple: esa iniciativa, que era bastante incompleta, entre otras cosas, expresaba una grave divergencia que existía al interior de la Concertación, entre los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.
Posteriormente, durante el Gobierno anterior, el del Presidente Piñera, sí se impulsó un proyecto sobre la materia -me correspondió hacerlo como Ministro de Defensa-: se aprobó virtualmente por unanimidad en la Cámara de Diputados; pasó al Senado, y desde entonces ¡está guardado en un cajón...!
Han pasado tres años -¡tres años!- de la actual Administración, y simplemente no hay coherencia alguna entre los reclamos que se formulan para que avancemos en la derogación de la Ley Reservada del Cobre y establezcamos un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas y el hecho de que no se realiza absolutamente nada.
Pero ¿de quién es la culpa? Obviamente, no se le puede atribuir a la Oposición. La iniciativa es del Ejecutivo.
Y digamos las cosas por su nombre: el Gobierno de la Nueva Mayoría no ha querido avanzar -ni quiere hacerlo hasta hoy- en la derogación de la Ley Reservada del Cobre y la instauración de un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas con las características que tiene que contemplar, sobre la base, en definitiva, de la intervención protagónica del Congreso, de amplios niveles de transparencia y de la garantía de estabilidad de los recursos para nuestras instituciones castrenses.
Tal como lo han dicho diversos Senadores de la Oposición, estamos más que disponibles para adelantar en ese proyecto aquí y ahora, sin objeción alguna. Nuestro ánimo es alcanzar, si es necesario, un nuevo acuerdo respecto de una normativa que ya lo concita.
Entonces, no corresponde que algunas señoras Senadoras o algunos señores Senadores protesten contra su propio Gobierno por una inacción simplemente incomprensible. Porque algo no funciona: se reclama que no se progresa en el texto, pero el que no lo hace es el mismo Gobierno, y los parlamentarios de la Nueva Mayoría tampoco plantean una iniciativa útil en tal sentido.
En consecuencia, vamos a aprobar el proyecto, pero es muy importante que quede establecido cuál es la situación actual.
Si no se avanza en la derogación de la Ley Reservada del Cobre y en el establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, existirá un solo responsable: el actual Gobierno de la Nueva Mayoría.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para el efecto del
quórum
constitucional exigido, de que se registran 26 votos a favor, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- El Honorable señor Chahuán deja establecida su intención de voto a favor.
CESE DE INHABILIDAD DE CONSEJEROS REGIONALES, CONCEJALES Y DIRIGENTES GREMIALES Y VECINALES PARA CANDIDATURAS A PARLAMENTARIO
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones del Honorable señor Navarro; de los Senadores señores Guillier, Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, y del Honorable señor Guillier, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 57 de la Carta Fundamental con el objeto de permitir que los consejeros regionales, concejales y dirigentes que indica sean candidatos a Diputado o a Senador. El asunto ha sido informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (10.641-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite (moción del Senador señor Navarro): sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (10.792-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite (moción de los Senadores señores Guillier, Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar): sesión 29ª, en 12 de julio de 2016 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (10.916-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite (moción del Senador señor Guillier): sesión 54ª, en 11 de octubre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 26 de octubre de 2016.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe hacer presente que con fecha 12 de octubre recién pasado la Sala acordó refundir los boletines respectivos.
El objetivo principal de la iniciativa es eliminar las inhabilidades de los consejeros regionales, concejales y dirigentes que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal para ser candidatos a Diputado o a Senador.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y Honorables señores Bianchi, Espina y Quinteros, acogió la idea de legislar.
Es necesario consignar que la aprobación de la reforma constitucional requiere el pronunciamiento conforme de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos a favor.
El texto que la Comisión propone sancionar en general, con la redacción contenida en la moción correspondiente al boletín N° 10.792-06, se transcribe en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- En discusión general.
El señor PÉREZ VARELA.-
Que se abra la votación.
El señor LARRAÍN.-
Y que se toquen los timbres, porque están sesionando las Subcomisiones para el proyecto de Ley de Presupuestos.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Se respetarán los tiempos para intervenir.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta, la iniciativa apunta a la modificación del artículo 57 de la Constitución Política, donde se establecen las inhabilidades para ser candidato a Diputado o a Senador.
El número 2) de ese texto menciona a "Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;".
¿Cuál es el fundamento de lo que se plantea? La inhabilidad, que reviste un carácter absolutamente excepcional, solo adquiere sentido cuando se trata de autoridades que administran recursos en forma directa, como es el caso de los intendentes, los gobernadores y los alcaldes, al igual que el de los subsecretarios, como jefes de servicio. Pero no hay ninguna razón para extenderla a los consejeros regionales o los concejales, quienes no administran recursos, sino que cumplen un rol equivalente o similar al de los parlamentarios -algunos cuentan con facultades de fiscalización, como los Diputados-, e impedirles dejar su cargo con un año de anticipación para postular, legítimamente, al Congreso.
No quiero dilatar el debate. Nos encontramos en la discusión general.
Estamos, además, con un plazo encima -quiero señalarlo con toda franqueza-, porque los consejeros regionales actuales que quieran ser candidatos a un cargo parlamentario tienen que renunciar en un lapso muy breve.
Habiendo sido consultado, he dicho que si se procede con racionalidad, la reforma constitucional se traduce en que la inhabilidad no regirá. Pero hay un evidente riesgo. Y es preciso ser cauteloso, porque este último lo corren los candidatos, no uno.
Entonces, la bancada de Renovación Nacional solicita que el proyecto se apruebe en general -ojalá se reúnan los 21 votos necesarios para ello-; que se fije un brevísimo plazo para formular indicaciones, y que finalmente lo despachemos la próxima semana en la Comisión de Gobierno.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, hace algunas semanas sostuvimos un largo debate respecto de la necesidad de abordar la elección de los gobernadores regionales, como una clara señal de la descentralización política requerida por nuestro país.
La descentralización administrativa también se consignó como una de las tareas pendientes, con el traspaso de funciones, facultades y competencias, a lo que se agregó la descentralización fiscal, con la posibilidad de que las empresas de claro sello regional dejen parte de sus tributos en los predios sobre los cuales se emplazan y en los que generan externalidades negativas.
Pero uno de los elementos determinantes es facilitar que los actuales miembros de los consejos regionales sean candidatos, no solo a gobernadores regionales, sino también al Congreso.
En ese contexto, si bien sostenemos que se precisa una reforma mayor, somos partidarios, por la precariedad de los plazos, de que la inhabilidad finalmente desaparezca.
Ojalá que se cuente con los 21 votos a favor, para que, en definitiva, los consejeros regionales puedan postular a ser Diputados, Senadores o gobernadores regionales, según sea el caso. Mientras se tramita la ley larga, es necesario que una ley corta haga desaparecer el impedimento para ello.
Esperamos, tratándose de los incumbentes, que los Diputados, tal como estoy convencido que lo haremos los Senadores, apoyarán el proyecto que nos ocupa, el cual va en la dirección correcta y permitirá que los consejeros regionales sean candidatos en las próximas elecciones: la municipal o la del Congreso.
La bancada de Renovación Nacional votará a favor de la iniciativa, porque cree que realmente satisface una necesidad ineludible ante los plazos vigentes.
Por acercarse los comicios parlamentarios, resulta deseable que varios consejeros regionales aspiren legítimamente a llegar al Congreso.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
El Honorable señor García-Huidobro ha solicitado hacer uso de la palabra para una cuestión de Reglamento.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, dejo constancia de mi inhabilidad respecto de la iniciativa, pues tengo un hermano que es consejero regional.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Puede intervenir el Senador señor Araya para referirse también a un aspecto reglamentario.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, voy a inhabilitarme con relación al proyecto, de acuerdo con el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, porque tengo un hermano que es concejal.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señora Presidenta, la iniciativa cuenta con la aprobación unánime de la Comisión de Gobierno. Por cierto, votaré a favor de la idea de legislar, bajo la premisa de que es necesario superar el marco normativo instalado con la Constitución de 1980, que estableció una verdadera maraña de inhabilidades e incompatibilidades en la estructura del Estado.
Lo ideal es que la materia sea repasada de manera general y sistemática, junto a una nueva Carta, y no caso a caso, como ocurre hoy.
Cabe señalar que el asunto se relaciona, en general, con la regulación de los conflictos de interés que ha sido abordada en diferentes cuerpos legales y que es objeto de otro proyecto en trámite en el Senado.
Por otra parte, en los últimos años se han generado nuevas instituciones, como también autoridades, originándose omisiones que ameritan por sí sola la revisión.
Todo ello hace recomendable enfrentar las inhabilidades e incompatibilidades de un modo integral en nuestra legislación.
Conviene tener presente que las inhabilidades para ser Presidente de la República y para un cargo parlamentario son tratadas en la propia Constitución, mientras que las relativas a otras autoridades son regidas por las leyes orgánicas respectivas. Así, las correspondientes a alcaldes y concejales se hallan reguladas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Al respecto, acabamos de aprobar en general hace algunas semanas la iniciativa que levanta la inhabilidad de los consejeros regionales para ser candidatos en las elecciones primarias de alcalde, manteniéndose, sin embargo, para la inscripción definitiva, porque se estimó que pueden hacer un uso indebido del cargo en el marco de una campaña para jefe comunal.
Ahora bien, respecto de la inhabilidad que los afecta para ser candidatos a Diputado o a Senador, se han presentado diferentes iniciativas modificatorias del artículo 57 de la Carta, incluyendo algunas a los concejales y dirigentes sindicales.
Con la misma lógica que aplicamos en las elecciones de alcalde, pienso que el impedimento debe operar solo desde la inscripción definitiva de la candidatura a parlamentario.
El plazo actual de un año es excesivo, pero, por otro lado, mantenerse en el ejercicio del cargo de consejero regional durante la campaña electoral para ser Diputado o Senador puede dar lugar a conflictos y cuestionamientos que debemos evitar, por lo que no cabe eliminar del todo la inhabilidad.
La misma razón, aunque más atenuada, se presenta en el caso de concejales y dirigentes sindicales.
En la discusión particular se podrá precisar la situación de cada uno de ellos, siempre bajo la premisa, tratándose de autoridades democráticamente elegidas, de que las inhabilidades e incompatibilidades deben ser estrictamente las imprescindibles, de modo de limitar en la menor medida posible las alternativas para los electores.
Por otra parte, será preciso considerar los términos en que sea despachado el proyecto de reforma constitucional para la elección de gobernadores regionales, que en su primer trámite dejó el capítulo de las inhabilidades e incompatibilidades para la ley orgánica constitucional respectiva. Pudiera ser otro el criterio de la Cámara, que está debatiendo la materia en una sesión paralela.
Finalmente, quiero expresar que es lamentable que estemos discutiendo la reforma a pocos días del vencimiento del plazo de los consejeros regionales para renunciar si desean participar en los próximos comicios parlamentarios. En todo caso, cualquiera que sea la decisión de algunos, soy partidario de que ella comience a regir a partir del proceso electoral del año 2017.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Puede intervenir el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señora Presidenta, discursos más o discursos menos, los parlamentarios han temido la existencia de competidores, de adversarios o de personas que, ejerciendo una actividad pública, puedan contar con la legítima posibilidad de ser candidatos al Congreso.
¡Esta es la única verdad! Aquí ha habido ¡temor! Ni a Diputados ni a Senadores les ha gustado que consejeros regionales y concejales puedan tener la opción de ocupar sus bancas.
Entonces, estamos asistiendo hoy día a un acto de justicia absoluta, a un sinceramiento de la postura de cada uno, y, por eso, no dudo de que esta Corporación votará a favor de la eliminación de la inhabilidad. Hago referencia a un impedimento totalmente injusto y que no se ha entendido, salvo por la aprensión de algunos parlamentarios ante la eventualidad de competidores para el cargo que a lo mejor han ejercido durante muchos años.
Además de alegrarme de la medida, me felicito por haber sido parte del proyecto de ley, que estudiamos en la Comisión de Gobierno, donde, junto a muchos colegas, como los Senadores señores Chahuán, Guillier, Horvath y otros, hemos venido exigiendo históricamente que se haga verdadera justicia con quienes puedan tener la futura posibilidad de postular e ingresar al Congreso.
El problema radica ahora en que es preciso transparentar y sincerar el asunto. ¿Va a alcanzar el plazo? ¿Los que desempeñan actualmente la función podrán postular el próximo año? Eso es lo que se requiere despejar.
Por lo tanto, la tramitación tiene que ser expedita. Aquí no se precisa más creatividad que la ya demostrada, sino simplemente pronunciarse en justicia por la eliminación de la inhabilidad que ha afectado a concejales y consejeros regionales para participar en los procesos de postulación a los cargos en el Congreso.
Voto a favor de la iniciativa, reconociendo la labor de esas personas a lo largo de todo el país, las que han trabajado junto a quienes integramos la Comisión de Gobierno a fin de llevar adelante hoy día un acto absolutamente histórico.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, hemos discutido en el año diversos temas referidos a los consejeros regionales.
La primera legislación que nos tocó debatir decía relación con la situación absolutamente impropia que afectó a muchos de ellos que participaron en las primarias legales de junio recién pasado.
Para que pudieran ser candidatos a alcalde, la ley establecía que debían dimitir cuando inscribían su candidatura, lo que era una medida a lo menos razonable. Mas el SERVEL dispuso que debían hacerlo al inscribir su candidatura a la primaria. Por lo tanto, era preciso renunciar tres o cuatro meses antes, configurándose una situación bastante injusta para aquellos consejeros regionales que fueron a primarias, las perdieron y quedaron sin sus cargos.
Eso, sin duda, llevó a analizar el tema con mayor precisión conceptual, colocándolo en un contexto de realidad.
El artículo 57 de la Constitución establece en su número 2) que no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores los intendentes, los gobernadores, los alcaldes y los subsecretarios. Es de toda lógica, pues ellos manejan recursos públicos, manejan agendas públicas, influyen ante la ciudadanía. Pero es indudable que no se puede aplicar esta condición a los consejeros regionales y a los concejales, no manejan servicios públicos, no manejan una agenda propia en términos de recursos públicos y participan en un órgano colectivo.
Por lo tanto, lo lógico a su respecto es eliminar las inhabilidades y mantener las incompatibilidades. ¿Qué indican estas últimas? Que ninguna persona puede ejercer dos cargos a la vez: no se puede ser consejero regional y diputado ni tampoco se puede ser concejal y senador al mismo tiempo. Pero ello no impide a alguien seguir ejerciendo un cargo colectivo, de representación ciudadana, en el momento en que decida inscribirse para ser candidato ya sea a diputado o senador.
Ya lo señalé en la discusión sobre el proyecto que mencioné anteriormente: si un parlamentario quiere ser consejero regional no tiene necesidad de renunciar a su cargo. ¿Por qué? Porque se entiende que forma parte de un cuerpo colegiado, que por sí solo no maneja las decisiones y que, por lo tanto, siempre requiere la participación de ese órgano colegiado para llevar a cabo su labor. Su influencia es muy distinta a la de un ministro, de un intendente, de un gobernador o de un subsecretario, que sí pueden influir en el manejo de recursos, en el manejo de un servicio o en el manejo de la agenda pública en determinada elección.
No ocurre lo mismo con los concejales y los consejeros. Y por eso, señor Presidente, considero esencial aprobar la presente reforma constitucional.
En ese sentido, le consulto si podemos votar en general y en particular hoy día, por una razón de carácter práctico. Esta ley no tendría ningún sentido -por lo menos en el corto o el mediano plazo- si no se halla promulgada, me parece, el 17 de noviembre, o sea, en quince o dieciséis días más, porque si la reforma constitucional al artículo 57 no está aprobada para entonces el plazo quedará tal como está y los consejeros regionales y los concejales que quieran ser candidatos a diputado o senador deberían renunciar a sus cargos, si mi memoria no me engaña, el 16, 17 o 18 de noviembre.
Por lo tanto, si queremos resolver este problema, si hay voluntad para avanzar en esta situación y eliminar inhabilidades que verdaderamente no tienen sentido ni son conceptualmente adecuadas, debemos despachar el proyecto cuanto antes. Como aún queda el trámite ante la Cámara de Diputados, le pido a la Mesa que no solo lo aprobemos en general, sino que estudie la posibilidad de analizarlo también en particular.
Ello, porque todas sus normas son coherentes con el sentido global del proyecto. Su número 1 elimina la expresión "los consejeros regionales y los concejales". Después su número 2 suprime el numeral 7) del artículo 57, correspondiente a los dirigentes de carácter gremial, enmienda de toda lógica. Y luego viene una simple adecuación: se reemplaza la referencia a los números 7) y 8) por una solamente al número 8).
Por consiguiente, no existe una complejidad técnica como para que se requiera la presentación de indicaciones o un nuevo estudio de la Comisión de Gobierno sobre la materia.
Si existe voluntad política, si existe consenso en cuanto a que tenemos que avanzar en esto, le pido a la Mesa que busque la fórmula para despachar hoy la iniciativa, tanto en general como en particular.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, quiero plantear una cuestión de índole reglamentaria.
Me gustaría saber qué tramitación seguirá el proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público luego de su rechazo por parte de la Comisión Mixta que estaba estudiándolo.
Se había anunciado que probablemente lo veríamos esta tarde, pero, en virtud de lo sucedido, quiero preguntar cuál va a ser el procedimiento a su respecto, fundamentalmente si se discutirá hoy día, porque hay varios colegas trabajando en las distintas Comisiones que nos han hecho ver su preocupación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Efectivamente, la Comisión Mixta que se constituyó para el efecto no llegó a acuerdo. Y en consecuencia la Sala del Senado no se va a pronunciar hoy día sobre ese proyecto.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Puede iniciar su intervención propiamente tal, señor Senador.
El señor MOREIRA.-
Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Todos los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra han expresado en detalle cuál es la razón por la cual debemos votar a favor este proyecto, despachado en forma unánime por la Comisión de Gobierno.
Yo me hago la siguiente pregunta: ¿tenemos derecho nosotros a coartarles a concejales y consejeros regionales la posibilidad de ser candidatos a parlamentario?
¡No tenemos ese derecho! Al contrario.
Digo esto porque creo que hay que dar muestras de lo que yo denomino "tiraje de la chimenea".
En este Parlamento se encuentra guardada en un cajón una iniciativa ya discutida en alguna oportunidad por esta Sala, referida a la limitación de la reelección de parlamentarios y alcaldes. Es un proyecto que debemos discutir. No podemos seguir con discursos retóricos en torno a la democracia y no tocar el tema de limitar la cantidad de veces que podemos ser reelegidos en nuestras funciones. Menos tenemos derecho a restringir la posibilidad a los miembros del CORE y a los concejales de acceder, en una carrera política, a presentarse como candidatos a diputado o a senador.
En segundo lugar, me parece que este proyecto es justo, de absoluta justicia.
Y aún más: yo no tendería a generalizar. Puede que algún señor Senador o algún señor Diputado sienta temor, inseguridad con respecto a un core.
En lo personal, los parlamentarios de la UDI le hacemos honor al nombre de nuestro partido, porque no tenemos, de ninguna manera, impedimento alguno. Y digo que le hacemos honor a la Unión Demócrata Independiente porque somos demócratas y hemos demostrado en las urnas y en las calles, desde el comienzo de la democracia, que, a pesar de todas las tempestades que hemos sufrido, por una razón u otra, todavía seguimos siendo el partido más grande de Chile. En las últimas elecciones municipales demostramos que la UDI está más viva que nunca.
Termino mis palabras reiterando que este proyecto de ley es de la más absoluta justicia. Y considero que nadie debe restarse a la posibilidad de que otros dispongan del derecho a estar en este Hemiciclo o en el de la Cámara de Diputados.
¡La UDI vota que sí!
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
¡Qué bueno que la UDI vote a favor...! ¡Me alegro...!
Señor Presidente, nuestra bancada se halla muy contenta con el respaldo que dio al Honorable señor Zaldívar y a los otros Senadores que presentaron esta reforma constitucional para permitir que los consejeros y consejeras regionales, así como los concejales, hombres o mujeres, puedan, sin restricción y sin la obligación de renunciar un año antes, presentarse a una elección de diputado o senador.
No entiendo por qué un colega, que ya no está en la Sala pero que es muy rimbombante, habla de temor de alguien por este tipo de elecciones. Por lo menos aquí, en el Senado, yo no lo he visto, partiendo por mi bancada. Si él a lo mejor sentía temor, me alegro de que ahora esté a favor. Además, entiendo que es uno de los firmantes de la moción.
Lo importante aquí es que exista igualdad de trato, por decirlo así, entre autoridades que forman parte de organismos colegiados y son elegidas democráticamente.
Los concejales componen un organismo colegiado, lo mismo que los diputados, los senadores y los consejeros regionales.
En el caso de estos últimos, uno de los argumentos que a veces uno escuchaba decía relación a que ellos deciden sobre recursos y, por lo tanto, podrían quedar en la misma situación que miembros del Ejecutivo, ya sea intendentes, subsecretarios, gobernadores o ministros de estado.
Esa explicación es bien relativa, porque hasta el momento -salvo que cambiemos las normas- el consejo regional, como organismo colegiado, resuelve respecto de recursos, propuestas o proyectos que presenta el intendente, que es un funcionario nombrado por el Presidente de la República.
Así que me parece que con esta normativa no solo damos la posibilidad de que más gente exprese legítimos liderazgos en las regiones o en cada una de las comunas, sino que también establecemos un criterio común para las otras autoridades elegidas de manera democrática que forman parte de organismos colegiados.
Lamentablemente, señor Presidente, no podemos votar en general y en particular y así despachar el proyecto esta tarde. Pero sí es posible fijar un plazo muy breve para la formulación de indicaciones. Tal como está, la iniciativa no contiene restricciones de ningún tipo y todas las autoridades necesitan, o deben tener, alguna clase de restricciones, que en esta iniciativa deben ser mejoradas.
El Senador Espina, uno de los autores de la moción, me sugería que tal vez podríamos fijar como plazo máximo el día lunes próximo, de manera de discutir el texto en particular y despacharlo en forma mucho más eficaz y potente el martes de la semana siguiente, con lo cual quienes hasta ahora deben tomar una decisión dentro de cierto lapso tengan la certeza de que si se mantienen en sus cargos podrán postular. Imagino que algunos ven el riesgo de que la iniciativa se estanque en el Senado o en el Congreso y no se apruebe antes de la fecha en que deberían renunciar.
No obstante, tengo la impresión de que hasta el momento, por lo menos en esta Corporación, no se ha opuesto nadie a esta reforma constitucional. Y espero que tengamos los votos para aprobarla.
De manera que, con mucho cariño y aprecio hacia quienes ejercen la función de concejal o de consejero regional en cada comuna o región del país, votamos a favor de esta iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, hay varios debates involucrados en este proyecto.
El problema, para mí, no es si los consejeros regionales o los concejales pueden ser o no candidatos a diputado o senador. Evidentemente, yo soy partidario de que esta posibilidad exista, ya que me parece que introduce competencia en el sistema político.
No entiendo -me hubiese gustado discutir sobre el particular- que quienes ocupan ciertos cargos deban renunciar en determinados plazos, que a mi juicio son muy prolongados. En países como Francia se puede ocupar más de un cargo simultáneamente. Se trata de otra forma de entender la democracia y la participación.
Según sé, este proyecto es acotado. Por eso, espero que exista voluntad, particularmente en la Cámara de Diputados, para no sentirse amenazado porque un consejero o consejera regional quiera postular a un cargo parlamentario.
Además, esta reforma constitucional está en línea con otros debates sobre la descentralización y las atribuciones que deben tener los diferentes cuerpos colegiados, incluyendo el consejo regional. Por ende, la votaré a favor.
Sin embargo, considero que aún está pendiente una discusión sobre los plazos, ya que el hecho de que ciertas personas con cargos públicos tengan que renunciar un año antes no me parece del todo sano, sino más bien malsano. Y espero que en algún momento podamos revisarlo, precisamente para que exista más competencia. Considero que le hace bien a nuestra democracia que se generen mejores condiciones.
La reciente elección municipal, más allá del fenómeno de la abstención (se requiere analizar si es bueno o malo el voto voluntario), dio cuenta de que ciertas medidas, como la reducción en el gasto de campaña, han demostrado ser muy buenas. A mi juicio, han sido un gran aporte a nuestra democracia. Es fundamental introducir mayor competencia.
Espero que el Senado se comprometa con los consejeros regionales -hay varios en tribunas-, independiente de su color político, a fin de que quienes quieran tengan la opción de ser candidatos en las contiendas electorales del próximo año, sin enfrentar, por ende, la paradoja de renunciar a sus cargos en los próximos 15 días para una elección que ocurrirá en 12 meses más.
Confío en que la Cámara Alta se comprometerá a generar condiciones más competitivas, a tratar de sacar adelante esta reforma, y que en ningún caso será cómplice de la obligación que tienen los consejeros regionales de renunciar ahora para ser candidatos en un año más. Eso, en verdad, constituye una situación malsana, diría yo.
Resulta evidente que quienes ocupan escaños parlamentarios y van a la reelección, sean senadores o diputados, se hallan en una situación de ventaja, ya que no deben abandonar sus cargos y pueden seguir ejerciendo sus funciones.
Pensar que un consejero regional constituye una "amenaza" para los parlamentarios en ejercicio solo por ejercer su función sería malo como argumento si florece en otro trámite legislativo.
Votaré a favor. Y espero que encontremos la forma, señor Presidente, de que la Cámara de Diputados analice esta iniciativa en el más breve plazo, a fin de garantizarles a los consejeros, presentes y ausentes, y a la asociación que los agrupa, que ninguno de ellos tendrá que renunciar en el plazo vigente porque el Senado se ha comprometido a crear las condiciones para que puedan competir en las próximas elecciones parlamentarias.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero hacer una pregunta reglamentaria: ¿podríamos aprobar también el proyecto en particular con la misma votación que registre su apoyo en general?
El señor LETELIER.-
Nadie ha pedido plazo para presentar indicaciones.
El señor LAGOS (Presidente).-
En primer término, Su Señoría, en este minuto no tenemos quorum para adoptar acuerdos. Y además se dijo que ahora solo se votaría la idea de legislar.
El señor ESPINA.-
Como estamos con los plazos encima, señor Presidente, deseo plantear lo siguiente.
No sé si reglamentariamente cabe dar por aprobado en general y en particular el proyecto para poder despacharlo a la Cámara de Diputados. Si esta estima conveniente efectuarle algún tipo de modificación, a lo más volvería para el tercer trámite. De lo contrario, nos va a pillar el tiempo. Y la labor del Congreso es facilitar y no dificultar las cosas.
Entonces, sugiero que nos pronunciemos también en particular. No sé si reglamentariamente se pueden dar por aprobadas todas las normas de la iniciativa con el mismo resultado de la votación en general (eso lo sabe la Secretaría), para que pueda pasar a la otra Cámara.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entiendo su deseo y el razonamiento que hay detrás. Lo que ocurre es que, reglamentariamente, no puedo acceder a lo que me pide, entre otras razones porque no hay suficientes Senadores en la Sala.
El señor MOREIRA.-
¿Cuántos se necesitan?
El señor LAGOS (Presidente).-
Eso sí, existe el compromiso -hasta el momento hay 25 votos favorables- para despachar el proyecto a tiempo.
El señor ESPINA.-
Siendo así, ¿podríamos despacharlo en la sesión del próximo martes en la tarde, para lo cual debería abrirse un plazo para presentar indicaciones y verlo antes la Comisión de Gobierno?
El señor LAGOS (Presidente).-
Si hubiera quorum para adoptar acuerdos, se podría fijar plazo para formular indicaciones.
En este momento no lo hay.
El señor ESPINA.-
Sé que varios colegas están sesionando en las Subcomisiones de Presupuestos. Yo mismo tengo que asistir a una.
El señor LAGOS (Presidente).-
Pero esa herramienta, señor Senador, la tiene la Comisión de Gobierno, que es cosa de que cite a sus miembros para el lunes o el martes en la mañana. Y la Sala podría tratarlo sobre tabla.
El señor ESPINA.-
Pero para ello se requiere haber fijado antes plazo para presentar indicaciones.
¿Qué quorum necesitamos para eso?
El señor LAGOS (Presidente).-
Doce señores Senadores.
El señor ESPINA.-
¿Y no se podrían tocar los timbres para que viniera esa cantidad de Senadores?
El señor LAGOS (Presidente).-
Los timbres están sonando, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Por favor, espere un segundo, señor Presidente, si usted tiene la amabilidad.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi, mientras llega el voto que nos falta.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la disposición de la Mesa frente a la petición realizada por los Senadores Espina, Víctor Pérez Varela, Francisco Chahuán y todos los que estamos acá.
Considero que debemos tener toda la voluntad -lo dije en mi anterior intervención- para que el presente proyecto calce en el tiempo. Y entiendo que ya contamos con los votos suficientes para fijar un plazo de indicaciones.
El señor LAGOS (Presidente).-
Senador señor Bianchi, la Mesa tiene toda la disposición para hacerlo.
El señor BIANCHI.-
Lo sé, señor Presidente. Pero permítame agregar algo al final solamente.
No tengo ningún problema en que nosotros, como Comisión de Gobierno, lo veamos el día lunes (le pediría a la Presidenta que nos convocara) o a más tardar el martes.
Entonces, si usted determina un plazo para formular indicaciones, obviamente de aquí al martes estaremos listos.
El señor LAGOS (Presidente).-
Senador señor Bianchi, tenemos toda la voluntad para hacerlo. ¡De hecho, exudo voluntad en esta materia...! Porque estamos esperando para alcanzar los votos de los señores Senadores.
Yo propongo fijar como plazo para presentar indicaciones al proyecto el día lunes 7, a las 12 del día. Eso le daría tiempo suficiente a la Comisión para sesionar en la tarde del lunes o el martes en la mañana, y se podría poner en la tabla del día martes.
El señor CHAHUÁN.-
En el primer lugar.
El señor LAGOS (Presidente).-
No recuerdo exactamente qué iniciativa tenemos en el primer lugar de la tabla, pero existe toda la voluntad para ponerlo en esa posición.
¿Habría acuerdo para establecer como plazo de indicaciones el día lunes 7, a las 12?
Y eso aseguraría la constitución de la Comisión y que eventualmente pudiéramos despachar el proyecto acá, en la Sala, el día martes.
El Honorable señor Moreira me reitera, para información de quienes están viendo el debate por televisión o presencialmente, que hay dos Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos que están sesionando simultáneamente con la Sala. Lo anterior explica por qué hay menos señores Senadores acá.
El Honorable señor Espina desea indicar un elemento adicional.
El señor ESPINA.-
Hay que explicarles a los interesados que para aprobar este proyecto en general se requiere el voto favorable de 21 Senadores.
Para aprobarlo en particular se precisa la misma cantidad de votos.
Por lo tanto, si nos pronunciáramos hoy día en particular, se podría dar el absurdo de que fuera aprobado en general y rechazado en particular.
Esa es la razón por la que debemos esperar hasta el día lunes, de tal manera que, como están sesionando las Subcomisiones Mixtas, en la práctica no haya un atraso en temas legislativos. Porque si la iniciativa se despacha el martes, esa misma tarde puede llegar a la Cámara de Diputados. En consecuencia, no hay atraso en términos de días. Si la aprobamos hoy día, el efecto de que se despache el martes es exactamente el mismo, solo que se aseguran los 21 votos.
Esta explicación es para informar a quienes siguen la tramitación de este proyecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Correcto.
En resumen, y en castellano: si lo aprobáramos hoy, ganaríamos en asegurarnos la votación. Pero no en términos de plazos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el día lunes 7 de noviembre, a las 12 (25 votos a favor y un pareo).
Votaron las señoras Allende, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Espina, García, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma e Ignacio Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Araya.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole SOLUCIÓN ANTE INSUFICIENCIA DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Al señor Director de Vialidad de La Araucanía, para consultar por MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VILLARRICA-LICAN RAY, VILLARRICA-FREIRE Y VILLARRICA-CUNCO.
De la señora GOIC:
A las señoras Presidenta de la República y Ministra de Salud, pidiéndoles INCORPORACIÓN DE CÁNCER DENTRO DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA.
Del señor GUILLIER:
Al señor Director Nacional de Aeropuertos, con copia a los señores Ministros de Defensa Nacional y de Obras Públicas, solicitando información sobre POSIBILIDADES DE CAMBIO DE POSICIÓN DE BARRERA DE CONTENCIÓN PARA USO DE SISTEMA ILS EN AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, pidiéndoles GENERACIÓN DE INSTANCIA DE DIÁLOGO CON REPRESENTANTES DE TRABAJADORES DE MINISTERIO PÚBLICO PARA ANÁLISIS DE DIVERSOS PROBLEMAS QUE LOS AQUEJAN.
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole ANTECEDENTES SOBRE IMPLEMENTACIÓN EN ZONA NORTE, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PACE).
Del señor MATTA:
Al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero del Maule, formulándole OBSERVACIONES A RESPUESTA A OFICIO SOBRE PRESENCIA DE ÁCARO VARROA EN SÉPTIMA REGIÓN.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:29.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción