REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 365ª
Sesión 79ª, en miércoles 10 de enero de 2018
Ordinaria
(De 16:18 a 18:22)
PRESIDENCIA DE SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE;
GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE, Y FELIPE HARBOE BASCUÑÁN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; Secretario General de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña; de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez; de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos Quiroga, y de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia Salas.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 75ª, ordinaria, en 20 de diciembre de 2017; 76ª y 77ª, ordinarias, en 2 y 3 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley sobre universidades del Estado (boletín N° 11.329-04).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).
2) El que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores (boletín N° 6.106-10).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el segundo informa que aprobó el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11.269-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Responde requerimiento de antecedentes, formulado en nombre del Honorable señor Navarro, relativo a las viviendas entregadas en la zona afectada por el terremoto del año 2010.
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Informa diversas solicitudes planteadas en nombre de los siguientes señores Senadores:
-Del Honorable señor Quintana, sobre la rebaja de la tarifa del transporte público para adultos mayores de la ciudad de Villarrica.
-Del Honorable señor Araya, en cuanto al otorgamiento de un subsidio de transporte para los pensionados de la Región de Antofagasta.
-Del Honorable señor Chahuán, acerca del proceso de licitación del sistema de locomoción colectiva denominado "Transvalparaíso", en la Quinta Región.
Del señor Alcalde de Talcahuano:
Adjunta respuesta a petición de antecedentes, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de acciones realizadas para solucionar la cantidad de maleza existente en calle Guacolda.
Del señor Alcalde (s) de San Pedro de la Paz:
Da respuesta a requerimiento de información, remitido en nombre del Honorable señor Navarro, con relación a la fecha de término de las obras de reposición de aceras en el sector Huertas Familiares.
Del señor Director Nacional de la DIBAM:
Contesta petición, expedida en nombre del Honorable señor De Urresti, referente a la devolución de una cantidad de libros a la Biblioteca Nacional del Perú.
Del señor Presidente del Consejo Superior de ASMAR:
Remite antecedentes sobre la situación que afecta a la draga Ernesto Pinto Lagarrigue, consulta realizada en nombre de la Honorable señora Von Baer.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial al señor Gonzalo Berríos Díaz y a la señora Carmen Domínguez Hidalgo (boletín Nº S 1.960-05) (con la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional los días que indica, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política (boletín S 1.961-06).
--Quedan para tabla.
Solicitud de permiso constitucional
Del Honorable señor Ignacio Walker, para ausentarse del país a contar del día 16 de enero próximo.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero expresa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que instaura el 12 de marzo de cada año como Día Nacional del Trabajador Papelero (boletín N° 8.875-13).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el segundo da a conocer que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado con relación al proyecto de ley que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua (boletín N° 10.683-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el tercero comunica que ha designado integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias a las personas propuestas por la Comisión Bicameral establecida en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
)--------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, ayer se comenzó a debatir el proyecto signado ahora con el número 3 en el Orden del Día, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, asunto de rango orgánico constitucional. Como pedimos segunda discusión, quedó para hoy.
Solicito que sea votado al inicio de la presente sesión, con el objeto de alcanzar el quorum necesario y despacharlo. De otro modo, no vamos a cumplir con la urgencia establecida por el Ejecutivo y con el interés de los pueblos originarios en que se aprueben dichas entidades.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Propongo terminar primero la tabla de Fácil Despacho.
Si no lográramos trabajar en la iniciativa a que se ha hecho referencia, la dejaríamos en primer lugar para la sesión del martes próximo.
El señor TUMA.-
Sugiero pedir la unanimidad de la Sala para que sea vista en forma previa, porque ya se dio cuenta al respecto y se expuso el informe. Habría un par de intervenciones y se votaría. Es muy importante que pueda ser despachada en esta oportunidad.
El señor COLOMA.-
Que sea tratada después de Fácil Despacho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No tengo problemas si la Sala acuerda tratar esa materia en primer lugar.
Puede usar de la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, partamos por ocuparnos en los seis puntos de Fácil Despacho. Si se desea, se podrá discutir después el otro proyecto y comenzar con la intervención del Honorable señor Tuma, pero mantengamos un cierto orden para estos efectos.
FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIO Y EMISOR EN CASO DE USO FRAUDULENTO DE MEDIOS DE PAGO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Ossandón, señora Pérez San Martín y señor Tuma, en primer trámite constitucional, modificatorio de la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.078-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Ossandón, señora Lily Pérez, y señor Tuma):
En primer trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Economía: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.
Economía (segundo): sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.
Discusión:
Sesión 48ª, en 20 de septiembre de 2017 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el número 1 del artículo único no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Cabe recordar que las modificaciones de esta índole deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe lo aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión y el texto que quedaría de ser acogidas.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No habiéndose formulado ninguna petición de pronunciamiento separado, el proyecto se pondrá en votación conforme al procedimiento de Fácil Despacho, por lo que intervendrán un Senador que lo sostenga y otro que lo impugne.
El señor COLOMA.-
O se podrá fundamentar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No se dará lugar a lo que no contribuya a un fácil despacho.
El señor COLOMA.-
¿De dónde se sacó eso?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Es la interpretación del Presidente del Senado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Coloma
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, la iniciativa es bien importante. No soy uno de sus autores, pero me tocó ser reemplazante en el órgano técnico y la encontré de mucho interés, a partir de una realidad nueva en el mundo moderno.
Todavía recuerdo, a propósito de la discusión acerca de la emisión de tarjetas no bancarias, que el Ministro de Hacienda de la época dijo que el enemigo era el cash. O sea, la sociedad sería más segura mientras hubiera menos circulante. Pongo en duda dicho criterio, tan especial, pero entiendo que algo de eso hay.
De alguna manera, el texto apunta a mejorar los resguardos de los tarjetahabientes -es el concepto usado- en las relaciones con los emisores. Ello, tanto en lo relativo a tarjetas bancarias como no bancarias, pero las primeras probablemente son las más importantes. Básicamente, se modifican los grados de responsabilidad.
Se trata de varios aspectos. Hay seis o siete cambios de relevancia. Pero quizás el más interesante es la regulación del régimen de la responsabilidad -ahora se halla muy concentrada en el usuario- ante el extravío, el hurto, el robo o el fraude de una tarjeta de pago o de crédito.
Si alguien, por una inadvertencia, no es avisado hoy día de un fraude, se hace responsable hasta que es impuesto de ello. Todos conocemos de cerca el caso: hay situaciones en que no es posible saber, evidentemente, que ha mediado una clonación o una sustracción de recursos. Eso es lo que el proyecto modifica, ya que una vez que la persona detecte el problema y lo informe, pasará a asumir la responsabilidad.
El emisor tendría que acreditar la responsabilidad que a ella le correspondiera con motivo del fraude para que fuese posible exigir una prestación.
La cuestión se plantea bastante a menudo. Pedí el dato en la Comisión, pero no existe en una forma tan precisa.
Lamentablemente, los fraudes en dinero plástico son bastante comunes y de carácter internacional. Hay bandas dedicadas a cometerlos. Entonces, se busca un régimen de mayor responsabilidad del emisor, para que sea mucho más activo en detectarlos y en avisar de un riesgo, de modo que la sociedad funcione sin el temor permanente de que quede en la ruina aquel a quien le ocurra algo con su tarjeta.
A la vez, como contraprestación, aumenta la responsabilidad por los autofraudes -y me parece bien-, lo que asimismo es una realidad. Algunos afirman no conocer una determinada transacción en que han sido partes o en que se puede acreditar lo contrario. En este caso, las sanciones son mayores que las actuales.
Me parece que mejora el equilibrio: se apunta a dar más seguridad a quien posee de buena fe un instrumento de esta naturaleza, pero también se contempla una sanción de mayor gravedad para quien rompe el principio de buena fe y actúa indebidamente al utilizarlo.
Creo que finalmente se introdujeron mejoras importantes con relación al texto original. Me parece que eso es bastante relevante para muchos usuarios, y que se incrementan los estándares de seguridad tanto de ellos como de los emisores.
Así que juzgo que este es un buen proyecto, y no me cabe duda de que será aprobado o por una amplia mayoría o por unanimidad, porque el asunto es importante en la sociedad de la economía del mundo moderno.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el origen de la iniciativa es una moción que presentamos con mis Honorables colegas Ossandón y Lily Pérez, y cuyo objetivo, como se expresó, es tipificar de mejor manera el delito de fraude cuando se trata no solo de una tarjeta de débito o de crédito, sino también de cualquier medio de pago electrónico.
El articulado amplía la protección de los tarjetahabientes, de los usuarios. Pero, al mismo tiempo, lo más importante es que radica en el emisor la responsabilidad en el caso de un fraude sin conocimiento del titular de la tarjeta.
¡Cuántas veces hemos sabido que bancos o casas comerciales poco menos que obligan al tenedor a tomar un seguro contra esa eventualidad! ¡Pero si el tarjetahabiente deposita su confianza en una institución cuya obligación es proteger con normas de seguridad, tal como lo establecen las normas del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos!
Mas no es suficiente. Por eso, el articulado expone: "El tarjetahabiente no es responsable de la seguridad, sino usted, como emisor, y esa persona no tiene por qué financiar un seguro para proteger tal aspecto en el sistema que le ofrecen". ¡Si es un servicio! Este no se puede pagar dos veces.
Por lo tanto, el texto cambia la responsabilidad en la materia y vela por la garantía de que no se van a violentar los derechos de usuarios, consumidores y tarjetahabientes.
Al mismo tiempo, se tipifican de mejor manera los actos de fraude; se le fija al emisor un plazo de tres días, como máximo, para restituir los dineros descontados indebidamente de la cuenta del titular al cometerse un delito de esa índole; se contempla un mecanismo para denunciar la pérdida en un plazo determinado cuando se toma conocimiento de ella o se le dan treinta días al titular para exponer que se ha impuesto de algún fraude no detectado hasta el momento, y se establece, por último, la obligación del emisor de contar con medidas de protección adecuadas para el medio de pago.
En definitiva, creo que se verifica un avance sustantivo en el equilibrio que tiene que haber entre el prestador de un servicio, como lo son todos los medios de pago electrónicos, y los usuarios.
Les agradezco y brindo un reconocimiento a los miembros de la Comisión de Economía, quienes aprobaron por unanimidad, en general y en particular, cada una de estas normas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, parto felicitando a los Honorables señor Ossandón, señora Lily Pérez y señor Tuma, autores de la iniciativa, la cual dice relación con uno de los problemas que el ciudadano enfrenta en el día a día. Como se ha planteado muy bien aquí, el dinero plástico, producto de la realidad que ha ido presentando el comercio, se ha transformado en un medio de uso mayoritario, no solo a nivel nacional, sino también mundial.
En la actualidad existen cerca de veinte millones de tarjetas de débito y más de doce millones de tarjetas de crédito vigentes en nuestro país. Solo entre enero y octubre de 2016 se realizaron más de cincuenta millones de operaciones a través del denominado "dinero plástico". Se trata, sin lugar a dudas, de una avalancha en el comercio a través de sistemas electrónicos.
De acuerdo con los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, los fraudes asociados a la clonación han aumentado -escuchen bien Sus Señorías- en un 60 por ciento entre 2015 y 2016. El 77 por ciento de estas operaciones se realizan en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.
El principal método de duplicación es el skimmer, en que se copia la clave de la tarjeta, y otros que la delincuencia va inventando rápidamente.
El proyecto de ley equilibra, de alguna forma, la responsabilidad en este tipo de relación contractual. El régimen de limitación en la materia que actualmente se establece para el caso del uso fraudulento de tarjetas de crédito o de débito se amplía al uso fraudulento de nuevos medios de pago, genéricamente denominados "tarjetas de pagos y servicios similares".
También se busca ampliar el catálogo de conductas que constituyen el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito, de pago con provisión de fondos o de débito.
Asimismo, se establece un régimen de exención de responsabilidad para el usuario frente a fraudes realizados sin que él pueda estar en conocimiento del hecho, como en el caso de clonación de una tarjeta.
Además, se fija un plazo de tres días hábiles a los emisores para la devolución de los importes, tratándose de operaciones efectuadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude.
Finalmente, se consagra como responsabilidad de los emisores y operadores de tarjetas de pago, comercio y otras entidades que se mencionan la de adoptar las medidas de seguridad suficientes para evitar la comisión de ilícitos.
Este proyecto ataca un problema real, del día a día, que afecta a los usuarios de tarjetas bancarias, de créditos o de casas comerciales.
Señor Presidente, este asunto nos preocupa mucho.
En la Comisión de Defensa Nacional, así como en el debate de la Ley de Presupuestos, hemos hecho notar la realidad que se está viviendo en ciberseguridad.
A mi juicio, en esa materia estamos en el siglo antepasado. Por ejemplo, hace tres días apareció en un medio de comunicación la filtración de los datos y antecedentes de 610 detectives de la Policía de Investigaciones. La PDI es una de las instituciones nacionales con la mejor y más avanzada ciberseguridad. ¡Sin embargo, igual se metieron en sus registros y se publicaron datos de una lista de personas!
Creemos que hay una necesidad urgente de implementar un sistema nacional de ciberseguridad. Por lo mismo, presentamos una iniciativa junto con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Araya y Guillier, con el objeto de establecer un verdadero cortafuego en las instituciones públicas y privadas del país. Es lo que están haciendo todas las naciones desarrolladas del mundo y de lo cual hoy día carecemos.
Ante ello, no solo los organismos públicos, sino también los privados corren un serio riesgo de verse afectados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Les recuerdo a Sus Señorías que estamos en Fácil Despacho.
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Una de las cosas más importantes de este proyecto es que se invierte la carga de la prueba, obligando a los bancos y liberando a los clientes de los efectos que se producen en delitos como la clonación por falta de mejores medidas de seguridad en el sistema.
Por otro lado, como dijo el Senador Tuma, las entidades bancarias estarán obligadas a devolver los dineros involucrados en los fraudes en un plazo máximo de tres días hábiles.
Creemos que esta iniciativa constituye un tremendo avance. En ella trabajaron los miembros de la Comisión de Economía, el Ejecutivo, nuestros asesores y también -con muy buenos aportes- el Banco Central de Chile.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, el proyecto en estudio representa un avance en nuestra legislación, pues define de mejor manera los alcances del uso ilegal de las tarjetas de crédito, de débito y de otros medios de pago más actuales.
Si bien es cierto que con el actual ordenamiento jurídico no es del todo necesario tener una expansión sobre el objeto material, sí es del todo procedente precisar de mejor manera dos aspectos muy importantes: el primero, la responsabilidad de los emisores de las tarjetas y el segundo, el tipo penal contemplado en el artículo 5º de la ley Nº 20.009.
Si analizamos la primera reforma importante que integra dicho cuerpo legal, observaremos que muy acertadamente se expandió el ámbito de protección a los usuarios de tarjetas y otros medios de pago.
El actual sistema libera de responsabilidad a los usuarios de las tarjetas de crédito o débito luego de haber dado aviso a la entidad bancaria de su robo o extravío, pero dispone que deben probar ellos, los mismos usuarios, la forma en que habrían sido objeto de fraude.
Tal circunstancia muchas veces es imposible de probar, razón por la cual los usuarios se vieron en la necesidad de contratar seguros. Esta carga monetaria adicional no se condice con el espíritu de la referida ley.
Así las cosas, muy acertadamente, el presente proyecto altera la carga de la prueba y obliga a la entidad emisora a hacerse responsable de todos los giros que el usuario desconozca. Ante ello, se establece un período máximo para abonar los dineros faltantes.
En el ámbito penal, es importante hacer algunas precisiones con el objeto de que estén en la historia de la ley y, de esta manera, no se produzcan contradicciones judiciales, como ha ocurrido hasta el momento.
En primer lugar, se entiende que el artículo 5º establece un tipo penal conocido como "de
hipótesis múltiple", para el cual se usan varios verbos rectores, como "falsificar", "usar", "vender", "negociar". Pero también tiene la característica de ser un delito de mera actividad, lo que significa que basta con la sola concurrencia de los supuestos mencionados en la ley para dar por cumplido el tipo penal.
Por ejemplo, un sujeto, por el solo hecho de falsificar una tarjeta de crédito, está cumpliendo los requisitos que la ley señala para el tipo penal, independiente de que el fin último de la acción sea apropiarse de los dineros de otra persona.
Por lo tanto -y esto es lo importante-, la presente iniciativa tiene como bien jurídico protegido el orden público económico, la fe pública, la confianza en los instrumentos de crédito y la seguridad contra el tráfico ilícito.
En consecuencia, es impreciso señalar que se regulará o se aumentará un grado la pena cuando dichas conductas produzcan un "perjuicio a terceros", ya que no se define qué se entenderá por "tercero" y tampoco si el perjuicio es patrimonial o no. Recordemos que estamos hablando de un "uso fraudulento".
Según nuestro criterio, señor Presidente, se le debió dar un tratamiento similar a la estafa, para de esa manera fijar las penas con relación al monto defraudado y utilizar como objeto jurídico protegido el patrimonio. Así se habría logrado que el tipo penal de esta futura ley tuviera un tratamiento orgánico, en concordancia con nuestro Código Penal, y no se parcelara el derecho, que es lo que precisamente se está haciendo con este proyecto, que, por supuesto, voto favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, este proyecto es muy muy bonito porque generará un impacto social en los consumidores, en los clientes de la banca, en los usuarios del retail, en la gente que usa una tarjeta de crédito o de débito.
Hoy día el dinero plástico -más que el efectivo- es habitual entre los jóvenes, los adultos, los adultos mayores.
El problema, lamentablemente, es que la carga de la prueba recae en el tarjetahabiente cuando a este se le extravía su tarjeta, se la clonan -eso es frecuente-, se la roban o es afectado por un ataque cibernético. En tales casos, la persona frente al emisor de la tarjeta es como David contra Goliat.
Supongamos que el emisor es un banco. Este dispone de un staff en el ámbito computacional y jurídico lo suficientemente grande y competente para poder determinar si la tarjeta efectivamente fue objeto de una clonación o de un ciberataque, si fue robada, si se extravió y si se dio aviso.
Con este proyecto de ley traspasamos la carga de la prueba desde el usuario, el cliente, el consumidor, al emisor de la tarjeta: no quedará en el tarjetahabiente, sino en el emisor.
En segundo lugar, damos plazos para que se haga la "reversa".
Un profesor de Derecho Económico que asistió a la Comisión de Economía nos comentó que una vez se le extravió su tarjeta. Él, que es abogado y tiene labia, fue al banco y reclamó, y después de tres meses recibió en su cuenta la devolución respectiva.
En ese caso se trata de una persona instruida, un abogado que sabe cómo presentar un caso. Pero ¿qué pasaría si el afectado fuera alguien que no es profesional -como la mayoría de las personas- y que ni siquiera tiene el tiempo para ir al banco o casa comercial importante para decir: "Mire, me clonaron la tarjeta" o "Me la robaron"?
A esa persona muchas veces la "reversa" no se la hacen nunca.
En esta iniciativa, iniciada en una moción que presentamos en conjunto con los Senadores Ossandón y Tuma, se proponen plazos concretos para devolver a los clientes los dineros involucrados.
Y lo tercero -también superimportante- es que ya desde el año pasado, a raíz de muchos ciberataques ocurridos en el mundo y en Chile, numerosos bancos empezaron a ofrecer productos distintos: por ejemplo, seguros adicionales contra la clonación de tarjetas o contra los efectos de los ataques informáticos.
Si una persona tiene su plata en el banco, es porque siente que ahí está segura. De lo contrario, la guardaría en una alcancía o debajo del colchón, como lo hacían nuestros abuelos, en lugar de meterla en la entidad bancaria.
Sin embargo, además de pagar por la mantención de una cuenta corriente o de una cuenta de ahorro, se debe contratar un seguro adicional para que el banco responda frente a una clonación o a un eventual extravío, robo o ciberataque. Nos parece que tal línea de negocios no corresponde.
¡No es posible que la institución bancaria tenga que estar ofertando seguros por algo que, a nuestro juicio, es propio del emisor de la tarjeta!
La presente iniciativa apunta a resolver esa situación.
Pienso que es un proyecto superbonito porque producirá un impacto social tremendamente positivo. Por lo mismo, me siento muy orgullosa de formar parte de quienes formularon la moción.
Obviamente, voto a favor de la iniciativa y les pido a los colegas que se pronuncien de igual forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, seré muy breve.
En primer lugar, deseo felicitar a los autores de la moción, Senadores señora Lily Pérez y señores Tuma y Ossandón, que dio origen a un proyecto que tendrá una inmensa aplicación práctica.
Día a día las transacciones electrónicas se multiplican: se han realizado más de 50 millones en escasos meses, y más de 20 millones de tarjetas de crédito, de débito y de casas comerciales adornan el comercio de nuestro país.
Con ello, obviamente, surgen los fraudes. La delincuencia va mejorando cada día más sus técnicas. En la actualidad, el incremento en los niveles de fraude a través de tarjetas de crédito o de transacciones en portales web es francamente preocupante.
Las estadísticas de Naciones Unidas señalan que el principal problema que enfrentaremos como sociedad en el mundo desarrollado estará ligado a fraudes electrónicos y al cibercrimen. En consecuencia, se requiere adoptar medidas adecuadas y que la ley se anticipe a ello. Y si no es capaz de anticiparse, se espera que al menos reaccione de manera oportuna.
Esta iniciativa busca decirles a los emisores de tarjetas de crédito y débito lo siguiente: "Señores, preocúpense de implementar mecanismos de seguridad adecuados para sus productos". No es posible endosarle al cliente la responsabilidad por la existencia de un mal sistema o por la falta de inversión en materia de seguridad informática.
No es apropiado, tal como expresó la Senadora Lily Pérez, que se le endose al consumidor la obligación de contratar un seguro. Este debe pagar no solo por la mantención de su cuenta corriente, sino también por un seguro, dado que el contrato como cuentacorrentista no garantiza que el banco ha adoptado las medidas de seguridad pertinentes para que, por ejemplo, no le hackeen su página de transacciones electrónicas.
Son muy importantes las normas que contempla este proyecto. Probablemente, durante su tramitación van a cambiar algunas cosas; pero, en general, me parece que se trata de una iniciativa muy relevante.
Además, es muy destacable el hecho de que se establezca que, si un emisor de tarjeta en el contrato de adhesión que celebra con un consumidor o usuario incorpora una cláusula que amplía la responsabilidad o deja sin efecto las disposiciones de la futura ley, aquella se tenga por no escrita.
Eso me parece adecuado porque, de lo contrario, podría ocurrir que en el contrato de cuenta corriente, de tarjeta de crédito o de débito se ponga una cláusula obligatoria para renunciar a los derechos establecidos en la normativa en estudio, como ha sucedido, lamentablemente, con otros contratos relacionados con ciertos derechos que hemos protegido por ley.
En consecuencia, estimo que este es un proyecto bastante completo, que beneficiará directamente a los millones de consumidores que hoy día realizan transacciones y que muchas veces sufren algún tipo de fraude.
Alguien por ahí criticó esta iniciativa diciendo: "Mire, no es posible que a la persona que le han mal utilizado su tarjeta se le exima de responsabilidad, aun cuando haya dado oportuno aviso".
¿Por qué no?
Recordemos lo que está vigente en el caso de los cheques: cuando a alguien le roban un talonario o lo pierde y da oportuno aviso, si el banco después paga esos documentos, la responsabilidad no está en el usuario, sino en dicha entidad, justamente porque hubo una notificación previa de que el talonario de cheques fue hurtado o robado.
Corresponde adecuarse a las nuevas tecnologías, por cuanto hoy día las grandes transacciones se realizan por vía electrónica.
Frente a ello, lo que se propone acá es aplicar la misma norma que rige para los cheques a las tarjetas de débito y de crédito.
También me parece muy acertado que el proyecto incluya no solo a los emisores de tarjetas de crédito y de débito fiscalizados por la Superintendencia de Bancos, sino también a los que no son controlados por dicha entidad. Muchos comercios operan con tarjetas pero no son fiscalizados ni se encuentran regulados. ¡Ahora sí lo estarán!
Hago llegar mis felicitaciones a los autores de la moción que dio origen a la presente iniciativa. Espero que esta tenga una ágil tramitación para que la ley entre en vigencia pronto y exista más seguridad en las transacciones electrónicas, que son muy importantes y dinamizan el comercio. Queremos que se desarrollen, pero con la justa protección a los consumidores.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, tal como lo hicieron otros colegas, deseo felicitar a los tres autores de la moción, Senadores señora Lily Pérez y señores Ossandón y Tuma, pues se aborda una materia muy ligada a los problemas ciudadanos que hoy aquejan a nuestro país.
Se trata de un asunto que afecta y ha afectado a miles de compatriotas y también de extranjeros que viven en Chile.
Es un asunto muy complejo. Ante ello, lo importante es analizar la situación y dar una solución concreta y real frente a los incómodos momentos que han vivido muchas personas.
Al igual como lo manifestaron los autores de la moción y otros Senadores, este proyecto amplía el régimen de limitación de responsabilidad que actualmente se establece para el uso fraudulento de tarjetas de crédito o de débito al uso fraudulento de nuevos medios de pago.
Por otro lado, señor Presidente, se amplía el catálogo de conductas que constituyen el delito de uso fraudulento de las tarjetas o de los nuevos medios pagos.
Se incorpora también la suplantación de identidad del usuario frente al emisor a fin de obtener autorización para realizar transacciones con tarjetas.
Además, se aumentan las penas asociadas al delito: de presidio menor en cualquiera de sus grados a presidio menor en su grado medio a máximo, multa correspondiente al triple de lo defraudado y aumento de la pena en un grado si la conducta produce perjuicios a terceros.
Asimismo, se contempla un régimen de exención de responsabilidad para el usuario cuando este no tenga conocimiento del fraude e informe de operaciones no autorizadas por él dentro de los 30 días siguientes a la expedición del aviso de fraude o al momento en que haya tenido conocimiento de ellas.
También es importante señalar que se fija un plazo de 3 días hábiles a los emisores para la devolución de los importes involucrados en el fraude. Solo si se acredita por sentencia firme o ejecutoriada que el titular o usuario ha participado en la comisión del delito, obtuvo un provecho ilícito o actuó con dolo o negligencia inexcusable, facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos.
Del mismo modo, se establece que será responsabilidad del emisor del medio de pago, del comercio o de cualquier establecimiento afiliado a un sistema de tarjetas de pago contar con medidas de seguridad suficientes para evitar la comisión de esos ilícitos.
No quiero continuar con el detalle del proyecto sin antes referirme a lo expresado por el Senador Prokurica, quien me planteó un tema bastante complejo: los servicios de cajas de seguridad que ofrecen los bancos -en muchos casos o prácticamente en todos- estarían suspendidos; por ende, los usuarios no tendrían dónde dejar sus valores.
Todos bien saben de los asaltos que han ocurrido en el país. Pero eso no significa que los chilenos o extranjeros que hoy viven en el territorio nacional no puedan dejar sus valores en las cajas de seguridad de las entidades bancarias.
Por lo tanto, señor Presidente, si es posible, quisiera que se oficiara a la Superintendencia de Bancos con el objeto de obtener una respuesta acerca de si tal situación es real o no, o si ello se debe a que las cajas están absolutamente colapsadas. Uno tiene dudas al respecto.
Por otro lado, el Senador Harboe habló de 20 millones de tarjetas vigentes hoy día en Chile. Se dice que ese número podría llegar a 40 millones de tarjetas, incluyendo las de casas comerciales y de bancos.
Si el consumo de los hogares se pagaba en 17,4 por ciento con tarjetas en el año 2009, este aumentó a 27,3 por ciento el 2015.
Según la información de que disponemos, el 70 por ciento de los fraudes se comete a través de tarjetas no presentes.
En los últimos años, el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito y de débito ha crecido diez veces.
Es por eso que, señor Presidente, creo que este proyecto va por el camino correcto, pues necesitamos este tipo de legislación.
Felicito a sus autores, porque realmente lo estábamos echando de menos como país, ya que resulta fundamental proteger a todos los usuarios de tarjetas de crédito.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, tal como manifestó el Senador Harboe, los avances tecnológicos son cada vez mayores. Cada día nos encontramos con nuevos dispositivos y formas inteligentes de realizar transacciones y con un sinfín de actividades de la vida cotidiana que hace 10 años no nos hubiésemos imaginado.
Los usuarios de los distintos medios de pago que hoy nos ofrece el mercado financiero nos encontramos, día a día, expuestos a diferentes circunstancias, tales como robos, hurtos, extravíos, etcétera. Frente a estas situaciones, en que el usuario no tiene realmente responsabilidad, la normativa actual de la ley N° 20.009 establece un régimen de limitación de responsabilidad donde el usuario está exento de ella, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Este proyecto amplía los casos en que se puede hacer efectiva la limitación de responsabilidad a fraudes presenciales y no presenciales, y también los hace extensibles no solo a tarjetas, sino también a otros medios de pago. Como legisladores, es nuestro deber adaptarnos a las nuevas realidades que nos depara el mundo de hoy y, por tanto, replantearnos las leyes que nos rigen.
Este proyecto implicó que nos cuestionáramos las nuevas formas que existen de cometer fraudes electrónicos y analizar la mejor manera de afrontar estas situaciones para que no salga siempre perjudicado el consumidor.
Por tal motivo, se estableció que los emisores deben tomar todas las medidas necesarias para evitar, en cuanto sea posible, la comisión de fraudes y otros delitos que perjudiquen a los usuarios de medios de pago del sistema financiero.
Es necesario mencionar que, a la luz de lo analizado en general en este proyecto en la Comisión de Economía, vimos que, aun cuando el mercado ha reaccionado bien y gran parte de los emisores de tarjetas de crédito ha tomado medidas para hacer frente a los nuevos tipos de fraude, igualmente sigue habiendo malas prácticas en este sentido y muchas veces se responsabiliza al usuario, según lo demuestran algunos fallos de los tribunales de justicia.
Por estas razones, y porque resulta necesario adaptarnos y legislar de acuerdo a las nuevas realidades, voto a favor del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Voy a ser muy breve, señor Presidente.
La era del dinero plástico, el dinero digital, se ha instalado y es imposible eludirla.
Solamente quiero expresar que hay que precaver, primero, que los bancos no vayan a traspasar los costos de mayor seguridad a los usuarios -espero que así no sea-, y segundo, que no se vuelva una obligación contratar un seguro contra fraude.
Lo que busca este proyecto es una mayor seguritización de los bancos hacia el usuario. Esto es fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, la que, en mi opinión, debería brindar de manera permanente información a los usuarios sobre qué entidades son las que mejor salvaguardan este tipo de fraude.
Algunos podrían pensar que el SERNAC es el que tendría que comunicar cuáles son las tarjetas que cuentan con mayor seguridad, pero la entidad fiscalizadora es la que siempre debiera tener información disponible para saber cuáles son las instituciones que emiten, en este caso tarjetas, que ofrecen mayor seguridad o mejor nivel de respuesta ante fraudes, de tal manera que, existiendo una realidad que es exponencial, quien quiera sacar una tarjeta sepa cuál es la que brinda mayor seguridad.
Voy a votar a favor de la iniciativa.
Felicito a sus autores, pues me parece que constituye una buena noticia para los usuarios de tarjetas.
Solo quiero recordar que el ingenio parece no tener límites y que, cada vez que hacemos una ley para proteger a los consumidores, hay alguien que se encarga de burlarla o de mejorar la tecnología con tal fin.
Yo espero que el Banco Central, que tiene mucho que decir en esta materia, sobre todo en lo relativo a las transacciones internacionales, haga su tarea estableciendo exigencias de estándar mundial.
No me quedó claro, de la lectura del informe, si efectivamente es una obligación de la banca chilena cumplir estándares internacionales para las tarjetas internacionales, de tal manera de hacer compatibles los grados de seguridad que tenemos en nuestro país con los que se pueden encontrar en el extranjero.
Esta es una buena noticia para muchos compatriotas, de todos los niveles sociales y de todos los ingresos, que usan tarjetas. Aquí no solo hay que pensar en los altos ingresos. El BancoEstado y otros bancos privados pagan las pensiones de nuestros jubilados a través de medios electrónicos. Y estas operaciones también deben tener una salvaguarda, aunque se realicen a través de tarjetas de débito y no de crédito.
Todas las tarjetas deben estar protegidas, pues los trabajadores que reciben su sueldo mediante tarjetas de débito también pueden ser víctimas de fraude por una mafia que se ha instalado en todo el mundo, y con creciente fuerza en Chile, tal como aquí se ha señalado.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (27 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pasamos al siguiente asunto.
El señor PROKURICA.-
¿Y el oficio solicitado, señor Presidente?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Se va a enviar?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo vamos a ver al final. Pero lo vamos a despachar, no hay problema. Además, luego analizaremos la Ley General de Bancos y perfectamente bien se podría plantear ahí el tema. El proyecto acaba de pasar a la Comisión de Hacienda y se podría discutir la situación en ese órgano, más que simplemente enviar un oficio. Pero, como digo, este será despachado.
ASCENSO PÓSTUMO DE CARÁCTER HONORÍFICO A PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el siguiente lugar del Fácil Despacho figura el proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, para otorgar un ascenso póstumo de carácter honorífico al personal de las ramas que la componen, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.992-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 53ª, en 5 de octubre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 46ª, en 13 de septiembre de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es otorgar un ascenso extraordinario, de carácter honorífico, como reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas que resultare lesionado o enfermo a consecuencia de actos determinados del servicio que provoquen su retiro absoluto de la institución debido a una inutilidad de segunda o tercera clase, así como conceder un ascenso póstumo al personal que fallezca en actos determinados del servicio.
La Comisión de Defensa Nacional discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, Bianchi, Pérez Varela, Prokurica y Rossi, con las modificaciones que indica en su informe.
Cabe hacer presente que el artículo único permanente de esta iniciativa legal tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 18 y 19 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Recuerdo a Sus Señorías que estamos en Fácil Despacho, por lo que les pido cumplir los tiempos previstos por el Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, tal como indican los autores de esta moción, los Diputados Roberto León, Jaime Pilowsky, Renzo Trisotti, Marisol Turres, Jorge Ulloa y Osvaldo Urrutia, las Fuerzas Armadas cumplen, sin lugar a dudas, un rol trascendental para el país, tanto desde su perspectiva institucional como por la actividad que su personal desarrolla en el cumplimiento del deber, llegando en ocasiones a sacrificar su vida por la patria si fuera necesario, tal como reza su juramento.
Por esta razón, resulta fundamental que el Estado otorgue un reconocimiento extraordinario al personal que realiza acciones de demostrado heroísmo o que, lamentablemente, fallece en el cumplimiento de su deber, concediéndole un ascenso extraordinario en agradecimiento y gratitud a su gran labor prestada al país.
Esta es una forma de hacer justicia con quienes se desempeñan en nuestras Fuerzas Armadas y pierden la vida en el cumplimiento de su trabajo, ya que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, no así la de las Fuerzas Armadas, habilita al jefe máximo de la institución para conferir el mencionado reconocimiento a oficiales y suboficiales.
El objetivo del proyecto de ley es otorgar un ascenso extraordinario, solamente de carácter honorífico, como reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas que resultare lesionado o enfermo a consecuencia de actos determinados del servicio que provoquen el retiro absoluto de la institución debido a una inutilidad de segunda o tercera clase, así como conceder un ascenso póstumo como reconocimiento al personal que muera en actos determinados del servicio.
Si bien hace cien años que nuestro país no enfrenta una guerra, las Fuerzas Armadas han ido ampliando su presencia a operaciones de paz en el extranjero y a todo lo que significa el apoyo a la comunidad cuando ocurren terremotos, tsunamis, aluviones y otros fenómenos naturales.
Me tocó vivir el caso ocurrido en la Región de Atacama, donde nueve soldados del Regimiento de Infantería Nº 23 perdieron su vida, y el sucedido en el aluvión del 2015, en el cual dos militares murieron -también un periodista- mientras circulaban por la carretera, después de ayudar a la gente.
Esas personas hoy día carecen de un reconocimiento, tal como lo entrega la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, y lo que hace este proyecto es igualar las condiciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En votación.
La iniciativa es de quorum especial y requiere 21 votos favorables para su aprobación, por lo que ruego avisar a los señores Senadores que se encuentran fuera del Hemiciclo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (24 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Navarro y Pizarro.
Hago presente que para aprobar el asunto signado con el número 3 de la tabla de Fácil Despacho se requiere el voto conforme de 24 señores Senadores.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, antes de iniciar el debate del siguiente asunto, solicito la autorización de la Sala para discutir en general y en particular, en el trámite de primer informe, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Larraín, señora Von Baer y señores Araya, García y quien habla, que establece un estatuto de transparencia activa para las asociaciones gremiales, colegios profesionales y organizaciones sindicales (boletín Nº 10.759-07), que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Senador señor Harboe?
El señor LARRAÍN.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Muy bien.
Acordado.
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL SENADO ANTE COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En virtud de un acuerdo adoptado por los Comités, corresponde votar la proposición para nombrar como representante del Senado ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas al señor Carlos Cantero Ojeda.
Para la aprobación de esta propuesta se requieren dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 24 votos favorables.
El señor PIZARRO.-
"Si le parece", señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Muy bien.
¿Habría acuerdo en la Sala para dar por aprobada la proposición?
Acordado.
--Se aprueba la designación del señor Carlos Cantero Ojeda como representante del Senado ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas (27 Senadores presentes), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
legal exigido.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para tratar en conjunto los proyectos signados con los números 4 y 5 de la tabla de Fácil Despacho, pues versan sobre materias similares.
Uno corresponde a la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y el otro recae en la Convención para Reducir los casos de Apatridia.
¿Habría acuerdo para proceder en los términos propuestos?
El señor BIANCHI.-
Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA.-
Por supuesto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Así se acuerda.
CONVENCIONES SOBRE ESTATUTO DE APÁTRIDAS Y PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Conforme al acuerdo de Comités tomado el día de ayer y tal como lo acaba de resolver la Sala, corresponde tratar dos proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueban, el primero, la "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y el segundo, la "Convención para Reducir los Casos de Apatridia", adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961, ambos con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.435-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 76ª, en 2 de enero de 2018.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.436-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 76ª, en 2 de enero de 2018.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El primer proyecto de acuerdo aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954. Y el segundo aprueba la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961.
El objetivo principal del primer proyecto de acuerdo es proporcionar normas básicas de tratamiento a las personas apátridas, en especial en cuanto a la protección de sus derechos, mientras que el del segundo es formular normas para la concesión y el no retiro de la nacionalidad con el fin de prevenir que surjan casos de apatridia.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió ambos proyectos en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y los aprobó, en ambos casos, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Lagos, Larraín, Letelier y Pizarro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero informar brevemente sobre ambas convenciones, las cuales fueron analizadas y estudiadas por la Comisión de Relaciones Exteriores en una sesión que contó con la presencia no solo de representantes de la Cancillería, sino también de la Jefa de la Oficina Nacional de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), señora Delfina Lawson.
Se trata de un tema antiguo.
Las convenciones surgieron producto de los procesos de descolonización y desnacionalización ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, los cuales terminaron con normas que permitían resolver el problema de personas que se encontraban en dicha calidad.
Se define como "apátrida" a aquella persona que no es considerada nacional suyo por ningún Estado de acuerdo con su respectiva legislación.
Esta situación empezó a generar distintas dificultades, motivo por el cual se llegó a la primera Convención, de 1954, y luego a la segunda, de 1961, las cuales constituyen el resultado de diversas negociaciones internacionales sobre la forma de evitar la situación de apatridia y así conformar un marco jurídico internacional que permita hacer frente a este fenómeno, que todavía sigue afectando a muchas personas en el mundo. Se estima que alrededor de 10 millones están en dicha condición hoy día.
Por lo tanto, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, creó un primer marco para la protección internacional de las personas que se encontraban en esa situación. Se trata de una codificación bastante completa.
Además, se trata de una normativa inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, y fue concebida como un proyecto de protocolo de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
La importancia de este instrumento estriba en que constituye la forma para resolver, de manera práctica y concreta, la situación que afecta a las personas que se encuentran en ese estado. Y el compromiso internacional contraído a través de la ACNUR apunta a erradicar la apatridia antes de 2024, para lo cual la fórmula es, entonces, avanzar y colaborar ante ese problema.
Esta condición se genera por diferentes razones. Por ejemplo, porque un Estado deje de existir y las personas no puedan obtener la ciudadanía de los Estados que les suceden por consideraciones políticas que motivan cambios en la forma en que se aplican las leyes sobre ciudadanía. Así, hoy día en Rohingya, en Myanmar, se persigue a una minoría étnica denegándole la ciudadanía, lo que afecta a más de 630 mil personas desplazadas a Bangladesh. Y otro caso es cuando hay personas que viven en zonas fronterizas o transfronterizas y ninguno de los Estados afectados les concede la ciudadanía.
Asimismo, hay distintas circunstancias personales no siempre relacionadas con la persecución al grupo al que se pertenece.
Finalmente, la apatridia puede surgir a raíz de diferencias jurídicas entre países, porque las personas renuncien a una nacionalidad sin haber adquirido otra o, simplemente, porque no se haya registrado el nacimiento de un individuo.
En Chile esto no es frecuente, pero existen casos, como la situación que afectaba a transeúntes cuyos hijos nacían en nuestro país. Así, cuando una pareja de extranjeros quería inscribir en el Registro Civil a su hijo nacido en nuestro territorio fundándose en el ius soli, sin estar regularizada su permanencia en Chile, se estimaba, bajo nuestra legislación, que se encontraban en calidad de transeúntes, y por eso no podían hacerlo.
El señor PROKURICA.-
Así es.
El señor LARRAÍN.-
Dicha situación, ocurrida en diversas oportunidades, fue finalmente resuelta por la Corte Suprema, la cual determinó en fallos sucesivos que esas personas tenían derecho a la nacionalidad, acotando el concepto de transeúnte, independiente de si los padres tenían o no regularizada su permanencia en Chile, cuestión que, posteriormente, se resolvió por las respectivas autoridades administrativas.
Sin embargo, parece extraño que nuestro país no haya firmado la Convención de 1954, complementada en 1961.
Adicionalmente, es importante subrayar...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Decía que es importante subrayar que el hecho de que nuestro país sea actualmente objeto de migraciones muy frecuentes, masivas y crecientes está empezando a generar un espacio para que se produzca este tipo de situaciones, sea porque llegan personas en dicha calidad o por otras razones.
Por lo tanto, no estamos enteramente exentos de tener alguna responsabilidad o de enfrentarnos a una realidad en ese sentido.
Por tales consideraciones, el Gobierno, con la recomendación de organismos internacionales como la ACNUR, se ha preocupado de que Chile se sume, se suscriba a estas dos convenciones, por lo que la Comisión de Relaciones Exteriores (que me honro en presidir) ha acordado por unanimidad proponer a la Sala que apruebe ambos proyectos de acuerdo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, es absolutamente necesario aprobar esta Convención sobre el Estatuto de los Apátridas no solamente porque lo ha solicitado la ACNUR, sino además porque responde a una necesidad como país.
Recordemos que ya tuvimos una legislación dictada especialmente, debido a la gran cantidad de apátridas que había llegado a Chile cuando se produjo la migración de palestinos que vivían en la frontera entre Irak y Siria. Estas personas arribaron justamente sin contar con todos sus papeles de ciudadanía, los que no fueron entregados en su oportunidad por el Gobierno iraquí. Por lo tanto, carecían de nacionalidad, lo cual les impedía acceder a los servicios sociales.
Por eso, en su momento se realizó una modificación legal a nuestro ordenamiento jurídico a fin de que incluso los menores de edad afectados por dicha realidad pudieran optar por la nacionalidad chilena.
Eso ocurrió.
En el Día Nacional del Migrante, que conmemoramos el año recién pasado gracias a la aprobación de un proyecto de ley que nosotros presentamos en su oportunidad, niños palestinos en condición de apátridas pudieron finalmente optar a la nacionalidad chilena, la que se les concedió.
Esta condición, en un mundo donde las migraciones son cada vez más frecuentes y en que Chile es un país receptor de migrantes, habla de la necesidad de aprobar este proyecto de acuerdo.
La necesidad de la suscripción y la aprobación de la Convención del año 54 (en lo que Chile se ha demorado demasiado tiempo) se ha hecho evidente por la realidad de las migraciones y, además, porque la ACNUR lo ha pedido respecto de nuestro país, y por ello solicitamos a la Sala del Senado que apruebe este proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar ambos proyectos de acuerdo?
--Por unanimidad, se aprueban en general y en particular los dos proyectos de acuerdo relacionados con la apatridia.
PERFECCIONAMIENTO DE BENEFICIOS OTORGADOS A BOMBEROS POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los beneficios otorgados a Bomberos por accidentes y enfermedades y la demás legislación aplicable a dicha institución, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.465-22) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos del proyecto son:
1) Definir los conceptos de actos de servicio desempeñados por los miembros de los Cuerpos de Bomberos y de labores que tengan relación directa con la institución bomberil.
2) Mejorar las prestaciones y beneficios otorgados a los miembros de los Cuerpos de Bomberos, y adecuar su legislación, agregando entre los beneficiarios a quien haya suscrito un acuerdo de unión civil con el bombero fallecido.
3) Establecer una sanción penal para quien obtenga o intente obtener de manera fraudulenta los beneficios que se contemplan.
4) Regularizar las rendiciones de cuenta de los Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos que figuran pendientes en la contabilidad de la Superintendencia de Valores y Seguros al año 2012.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Quinteros.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 8 a 12 del primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización analizó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los beneficios otorgados a Bomberos por accidentes y enfermedades y la demás legislación aplicable a dichas instituciones (boletín N° 11.465-22).
La iniciativa busca definir los conceptos de acto de servicio y de labores que tengan relación directa con la institución bomberil, para mejorar las prestaciones y beneficios otorgados a sus integrantes.
Entre las modificaciones legales que contiene se encuentra la de reconocer entre los beneficiarios a quien haya suscrito un acuerdo de unión civil con el bombero fallecido; también, establecer una sanción penal para quien obtenga o intente obtener de manera fraudulenta los beneficios contemplados para Bomberos.
Además, la iniciativa regulariza las rendiciones de cuenta de los Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos que figuran pendientes en la contabilidad de la Superintendencia de Valores y Seguros al año 2012.
Durante la discusión de la materia, la Comisión contó con el aporte del Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, señor Miguel Reyes, y del Intendente de Seguros, señor Daniel García, cuyas opiniones se consignan en el informe.
La Comisión concordó con el propósito de la iniciativa, aprobando su idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Von Baer y señores Bianchi y Quinteros, y propone a la Sala su aprobación en general.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En votación general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, pocas instituciones nos hacen sentir tan orgullosos como Bomberos de Chile.
En la actualidad este organismo cuenta con 40 mil voluntarios en el país. De ellos, 25 mil están activos y los demás cumplen funciones de diferente tipo producto de su edad o de su realidad física o intelectual.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Chile realizan su labor y misión en forma voluntaria, fenómeno que no es exclusivo en el mundo, contrariamente a lo que todos pensamos, pues en países como Australia, Alemania, Argentina o Estados Unidos una parte de sus integrantes son voluntarios y otra no.
Sin embargo, lo que destaca a los bomberos voluntarios chilenos es su capacidad y preparación para todo tipo de emergencias (incendios, tsunamis, terremotos), por lo cual son catalogados como unos de los mejores del continente americano.
Este proyecto de ley es de toda lógica, porque tiene por objeto definir los conceptos de actos de servicio desempeñados por los miembros de los Cuerpos de Bomberos y de labores que tengan relación directa con la institución bomberil, para mejorar las prestaciones y beneficios otorgados a los miembros del Cuerpo de Bomberos y asegurar y adecuar la legislación, agregando entre los beneficiarios a quien haya suscrito un acuerdo de unión civil con el bombero fallecido, situación que hasta ahora no había ocurrido.
También, propone establecer una sanción penal para quienes obtengan o intenten obtener de manera fraudulenta los beneficios contemplados para Bomberos -lo dijo muy bien el Senador Rabindranath Quinteros, que me antecedió en el uso de la palabra- y regularizar las rendiciones de cuenta de los distintos Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, que figuran pendientes en la contabilidad de la Superintendencia de Valores y Seguros al año 2012, lo cual constituye un requisito práctico para que puedan recibir los recursos que habitualmente se les entregan.
Por lo tanto, llamo a aprobar, ojalá por unanimidad, este proyecto de ley con la finalidad de hacer justicia para este grupo humano, que a todos -específicamente, reconozco que es mi caso- nos ha beneficiado al salvar nuestros bienes o las vidas de chilenos que corrían riesgos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor y un pareo), y pasa a la Comisión de Hacienda.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Van Rysselberghe y señores Espina y Navarro.
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias suscitadas en la tramitación del proyecto de ley que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente de él, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.314-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 55ª, en 29 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 74ª, en 20 de diciembre de 2017.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 33ª, en 20 de julio de 2016.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (nuevo): sesión 88ª, en 8 de marzo de 2017.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 24ª, en 20 de junio de 2017.
Hacienda: sesión 24ª, en 20 de junio de 2017.
Mixta: sesión 78ª, en 9 de enero de 2018.
Discusión:
Sesiones 2ª, en 15 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 25ª, en 21 de junio de 2017 (quedan pendientes la discusión y la votación particular de los números 1), 3) y 5) del artículo primero transitorio); sesión 26ª, en 4 de julio de 2017 (queda pendiente la discusión y la votación particular del número 1) del artículo primero transitorio); 27ª, en 5 de julio de 2017 (se aprueba en particular); 75ª, en 20 de diciembre de 2017 (se rechazan las modificaciones y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por el Senado, en el tercer trámite constitucional, de algunas de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en aprobar, con modificaciones, los números 3) y 10), nuevos, introducidos por la Cámara Baja, proposición que acordó con las votaciones que consigna en su informe.
Cabe hacer presente que la Comisión Mixta señala que las normas en controversia revisten carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que figura la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de ser aprobada.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se me ha pedido segunda discusión para el informe de Comisión Mixta que se acaba de relatar, y también para el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial al señor Gonzalo Berríos Díaz y a la señora Carmen Domínguez Hidalgo, que figura en el número 2 del Orden del Día.
La señora MUÑOZ.-
¿Se ha pedido qué?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Segunda discusión para el aludido informe de Comisión Mixta y para el oficio presidencial sobre nombramiento de miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial.
Ambos asuntos quedarán para segunda discusión.
El señor COLOMA.-
¿Los dos?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se hizo uso de un derecho.
El señor PROKURICA.-
¿Quién pidió segunda discusión?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El Comité Demócrata Cristiano.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, pido la palabra para un asunto de Reglamento.
El señor ESPINA.-
Yo también.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, el informe de Comisión Mixta sobre la Subsecretaría de la Niñez es unánime.
Además, tengo entendido que en este trámite no hay segunda discusión.
Entonces, quiero plantearlo a fin de conocer la norma reglamentaria aplicable en el caso de los informes de Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ.-
¿Quién pidió segunda discusión?
El señor LETELIER.-
No lo sabemos. Por eso, me gustaría despejar esa duda reglamentaria, señor Presidente.
Corresponde votar a favor o en contra de la propuesta del órgano técnico. No hemos realizado ni la primera discusión.
Por tanto, me parece que deberíamos hacerla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento, se puede hacer la primera discusión ahora, pero no se puede votar hasta la próxima sesión, en el primer lugar del Orden del Día.
El señor LETELIER.-
¿Es reglamentario preguntar quién solicitó la segunda discusión?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, solo quiero dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que los partidos de Oposición -la UDI y Renovación Nacional- no hemos pedido segunda discusión para este proyecto: ¡que quede claro!
Quien lo hizo está en su derecho. Sin embargo, deseo dejar en claro que en una materia de esta sensibilidad nosotros no solicitamos segunda discusión, y menos que se postergara el tratamiento del oficio de la Primera Mandataria para nombrar a dos miembros de la Academia Judicial, porque en la Comisión escuchamos una exposición brillante y esperábamos que esas designaciones se aprobaran.
Dejo constancia -repito- solo para la historia fidedigna de la ley, porque después las cosas se cuentan de manera distinta y se señala que se quiso bloquear ambos asuntos. Nosotros teníamos la mayor disposición para aprobarlos unánimemente hoy.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No puedo dejar de aplicar el Reglamento, Su Señoría.
Está pedido por un Comité. Por consiguiente, tanto el número 1 como el número 2 del Orden del Día quedarán para segunda discusión.
Por supuesto, haremos la primera discusión sobre el número 1, como lo ha pedido el Senador señor Letelier.
En la primera discusión del informe de Comisión Mixta que relató el señor Secretario, tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, voy a dar cuenta del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta.
La discrepancia entre ambas ramas del Congreso se origina por el rechazo del Senado a los números 3) y 10), nuevos, que incorporó la Cámara de Diputados al proyecto en el segundo trámite constitucional.
El primero de estos números faculta al Ministerio de Desarrollo Social para fijar los estándares de los organismos colaboradores y los programas de acción a que se refiere la norma.
Sobre el particular, el órgano técnico acordó modificar el numeral propuesto por la Cámara Baja con el objeto de precisar que tales estándares regirán sea que dichos programas se ejecuten por los organismos colaboradores o directamente por el Estado, modificando además la redacción de la parte final de la disposición.
El segundo de los números nuevos que fue objeto de discrepancia propone intercalar un nuevo Título III, denominado "Del Consejo de la Sociedad Civil de los Niños y del Consejo Nacional de los Niños", que contiene un artículo 16 ter.
Al respecto, la Comisión Mixta aprobó el número 10) introducido por la Cámara de Diputados, excepto el inciso segundo del artículo propuesto, relativo al Consejo Nacional de los Niños, que se eliminó de la disposición y que origina adecuaciones formales en la denominación del Título y en el inciso final del artículo que contiene.
En consecuencia, las normas de los números 3) y 10), nuevos, en los términos propuestos por la Comisión Mixta, fueron aprobadas por unanimidad en la forma que indica su informe.
Por último, solicito a la Sala aprobar la proposición del órgano técnico.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
No está presente.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
DESIGNACIÓN DE SEÑOR GONZALO BERRÍOS DÍAZ Y DE SEÑORA CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO COMO MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE ACADEMIA JUDICIAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial al señor Gonzalo Berríos Díaz y a la señora Carmen Domínguez Hidalgo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.960-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 75ª, en 20 de diciembre de 2017.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 79ª, en 10 de enero de 2018.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sobre este asunto se pidió segunda discusión.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El oficio presidencial queda para segunda discusión.
CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL Y CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.526-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 21 de junio de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 62ª, en 22 de noviembre de 2017.
Discusión:
Sesión 78ª, en 9 de enero de 2018 (queda para segunda discusión en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que respecto de este proyecto, en sesión de ayer, se solicitó segunda discusión.
Se hace presente que los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15 y 16 permanentes tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El señor LETELIER.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo en proceder como se solicita?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, el objetivo de este proyecto -como se señaló ayer- es crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos, para generar una instancia de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
Quiero recordar que Chile se fundó sobre la masacre y la ruina de la sociedad indígena.
Esta verdad dura y difícil de aceptar no es la consigna de un activista o de un grupo radical. Es el juicio de años de estudio dedicados a la historia del pueblo mapuche del profesor José Bengoa, quien fue el encargado de la Comisión Especial para Pueblos Indígenas en el primer gobierno democrático.
Pero los errores y horrores no se limitaron al período de configuración de nuestro país, sino que se prolongaron en pleno período de consolidación de la república. Así se concluye en el Informe para la Verdad Histórica y Nuevo Trato que una Comisión de alto nivel, encabezada por el ex Presidente Aylwin, le entregara al entonces Presidente Lagos el año 2003.
Ese es el trasfondo de los conflictos y desencuentros que tienen expresión hasta hoy en vastos territorios de nuestro país y que el referido informe propuso enfrentar a través de diversas iniciativas.
Una de esas propuestas es, justamente, la constitución de un Consejo de Pueblos Indígenas como entidad representativa de dichos pueblos ante los diversos órganos del Estado.
Han pasado casi quince años desde la entrega de ese informe y estamos recién aprobando este proyecto.
En todo caso, no podemos decir que no se ha hecho nada en este tiempo.
Por una parte, se aprobó el Convenio 169 de la OIT, que también había sido recomendado por la misma Comisión.
A la vez, se ha continuado con una activa política de restitución de tierras y aguas.
De igual modo, se aprobó el Ministerio de las Culturas, que es clave en el reconocimiento de nuestra diversidad cultural.
Hoy mismo estamos despachando desde el Congreso el proyecto que regula la permanencia en el territorio de Isla de Pascua, que es una aspiración sentida del pueblo rapanui.
Y hoy en la Comisión de Gobierno se aprobó la idea de legislar respecto del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Pese a los avances, persiste una situación de conflictividad social que se ha traducido, incluso, en actos de violencia, principalmente en las Regiones del Biobío y de La Araucanía, los cuales se han extendido hasta la de Los Ríos, y en días recientes han llegado hasta la de Los Lagos, que represento en el Senado.
La Presidenta Bachelet convocó a una mesa de diálogo y hay nuevas propuestas.
Pero el conflicto es muy antiguo, demasiado profundo y no hemos tenido una sola mirada sobre cómo enfrentarlo.
Durante años, por ejemplo, ha habido sectores que han negado la existencia de los "pueblos indígenas", reconociendo solo la condición de "poblaciones indígenas", como si se tratara únicamente de grupos de personas, sin identidad, cultura, lengua e historia común.
¿Alguien puede negar la existencia de estos pueblos en el Chile de hoy?
Posiblemente no. Pero todavía hay muchos que lo ven solo como un elemento folclórico o un factor de pobreza e intentan desconocer sus intereses concretos cuando se trata de resolver sobre proyectos de inversión pública o privada enclavados en sus territorios históricos.
Hace pocos días, para citar un caso reciente, la Corte Suprema invalidó una resolución de calificación ambiental que había aprobado la construcción de una central hidroeléctrica en la cuenca del río Puelo, en la Región de Los Lagos, porque el estudio antropológico que servía de sustento al estudio de impacto ambiental no había recogido debidamente la realidad indígena del territorio afectado.
Justamente, este tipo de omisiones o de abusos podrá evitarse una vez que se implemente el sistema completo, con los consejos de pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Porque los consejos de pueblos tendrán como rol principal representar sus intereses concretos, no solo con ocasión de la dictación de normas, políticas o programas que les incumban, sino también respecto a proyectos de inversión específicos.
Ya no será únicamente la opinión de una persona natural o de una comunidad indígena o de una ONG, sino que será la opinión legítima de un pueblo la que habrá que tomar en cuenta.
Esto redundará no solo en una mayor participación de los pueblos en las decisiones que los afectan. También se traducirá en reglas del juego más claras para los actores públicos y privados interesados en invertir, quienes hoy día deben considerar la posibilidad de enfrentar largos procesos judiciales.
Por cierto, en la discusión en particular de la iniciativa podremos revisar los alcances de los procesos de consulta indígena,...
El señor QUINTANA.-
¡Por favor, señor Presidente, dele más tiempo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor QUINTEROS.-
... en especial en cuanto a su procedencia y a la relación con otros procesos de consulta previstos en la ley.
Asimismo, podremos determinar con más detalle las características de estas corporaciones de derecho público, cuidando de compatibilizarlas con el marco jurídico que rige a la Administración del Estado y con las tradiciones y normas consuetudinarias de cada pueblo.
Debe resguardarse que se trata de instancias de representación y no de servicios públicos propiamente tales, por lo que han de tener un tratamiento diferente.
Cabe destacar que se efectuó un amplio proceso de consulta indígena que alcanzó importantes acuerdos, pese a que no todos los pueblos cuentan con una organización única.
Por lo mismo, estoy convencido de que estos consejos constituirán una valiosa herramienta para avanzar en materia de políticas públicas sobre sus pueblos originarios.
Con pocas excepciones, podemos decir que Chile ha avanzado en materia de verdad histórica. Ahora hay que avanzar en el nuevo trato que nuestro país les debe a sus pueblos indígenas, en respeto, reconocimiento, autonomía y desarrollo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.
Lo hago en la convicción de que es necesario que nuestros pueblos originarios tengan una representación, un lugar de encuentro, un lugar donde ellos puedan expresar sus opiniones.
Debo señalar que varios dirigentes mapuches de la Región de La Araucanía me han manifestado que no están conformes con el proyecto de ley, sosteniendo que no les significa un gran avance.
En realidad, la mayoría de esos dirigentes aspira a tener, por fin, representación parlamentaria, de manera que puedan no solo opinar, sino también votar acerca de aspectos que a ellos les preocupan.
Sin embargo, considero que igualmente es útil contar con el Consejo Nacional y con los Consejos de Pueblos, porque respecto de muchas materias sus opiniones podrán ser muy valiosas, muy consideradas y, sobre todo, se recibirán en forma oportuna y muy muy a tiempo.
Ahora bien, en la discusión particular habrá ciertas materias que tendremos que revisar de manera especial.
¿Cuáles son algunas de ellas?
A mí me preocupa el organismo que va a supervisar las elecciones para nombrar a los representantes en los respectivos consejos.
En el proyecto de ley que nos ocupa no está contemplado que participe el Servicio Electoral, que es el organismo que vela no solo por el desarrollo de nuestras elecciones generales, sino también, por ejemplo, por el de las elecciones internas de los partidos políticos. A mí me parecería del todo razonable que nuestro SERVEL supervisara estas elecciones.
Porque, ¿saben lo que nos puede ocurrir? Que si las elecciones no son transparentes, si no dan lugar a una amplia participación de cada uno de los pueblos en sus respectivos consejos, finalmente las instituciones terminen debilitándose, terminen no siendo representativas. Y ese riesgo tenemos que aminorarlo lo más posible.
Un segundo elemento que me llama la atención dice relación con el número de representantes de cada pueblo. Francamente, hablar de que un Consejo de Pueblos en el caso mapuche tendrá 35 consejeros para representar a una población de 1 millón 330 mil personas, en circunstancias de que tratándose del pueblo yagán, que tiene 131 integrantes, su Consejo estaría formado por 3 personas, me parece una clara desproporción. Creo que vamos a tener que considerar los antecedentes al momento de la votación en particular.
Asimismo, debe quedar suficientemente claro, respecto de la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT, cuándo ella se cumple a través del Consejo Nacional, cuándo se cumple a través de los Consejos de Pueblos y cuándo se debe cumplir a nivel de comunidad.
Quiero recordar que el Convenio 169 señala que es muy importante que las comunidades se pronuncien directamente, más que a través de representantes, respecto de los aspectos que las afectan.
Por supuesto, puede ayudar mucho que las consultas se hagan a través de estos consejos. Pero debe quedar claro cuándo se hace de una forma y cuándo, de otra.
En fin, señor Presidente, creo que podemos mejorar este proyecto en la discusión en particular, por lo que, tal como señalé, voto a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, no obstante que este proyecto puede que no satisfaga totalmente las aspiraciones de los pueblos originarios, me parece indispensable aprobar la idea de legislar.
Quiero saludar la presencia de una mesa de seguimiento de esta iniciativa integrada por varias comunidades territoriales de La Araucanía. Sus representantes don Mario Martínez Poblete y don Patricio Sagredo Curio nos acompañan hoy día. Aprovecho de saludarlos y de darles la tranquilidad de que esta iniciativa, en mi opinión, va a contar con votos suficientes para ser aprobada en general.
El propósito del proyecto es crear una nueva institucionalidad: el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.
En lo personal, yo represento a la Región de La Araucanía y allí, como es sabido, la mayoría de los pueblos originarios son mapuches. Y para ellos la asimetría que ha existido permanentemente con el Estado ha hecho que se encuentren en la marginalidad y en condiciones de pobreza; que hayan sido abusados respecto de sus derechos. La historia de las violaciones de sus derechos humanos es larguísima.
Quizá había más simetría cuando los españoles hacían los parlamentos con los pueblos originarios que la que existe hoy día, con un Estado que tiene ministerios, que tiene espaldas, que está estructurado a nivel nacional. Difícilmente el jefe de una comunidad o un lonco puede negociar adecuadamente cuál es la estructura del Estado que los va a atender, cuánto es el presupuesto de este y cuál es la participación política que van a tener en esa estructura los pueblos originarios. Por eso, creemos que es un avance muy importante este Consejo, que les va a permitir sentarse a negociar con el Estado de igual a igual.
Entiendo que la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas se aprobó ya en la Comisión de Gobierno del Senado, por lo que en los próximos días estaríamos tratando también esa iniciativa, que espero sea equilibrada respecto de las facultades del Consejo y del nuevo ministerio, para atender el conjunto tan grande de demandas insatisfechas que tienen los pueblos originarios.
Creo que es un avance importante hacer ese equilibrio y respetar el mandato que Chile recibió al firmar el Convenio 169 en orden a garantizar la participación de los pueblos originarios no solo en el Consejo, sino también en los distintos niveles del Estado: en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los consejos regionales, en los concejos comunales.
Tenemos, sí, observaciones respecto de las facultades que se proponen para este Consejo. Este no solo debe estar para dar una opinión o recibir una consulta: ha de tener capacidad de negociar con el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas y con cualquier institución del Estado.
Por otro lado, es necesario que posea capacidad técnica.
También hay que garantizar que sus representantes sean respaldados por el sistema electoral que elige a todas las autoridades. No puede ser que este Consejo esté excluido de recibir la legitimidad que debe tener la elección de sus autoridades a través del SERVEL, del TRICEL, para los efectos de que no existan complicaciones a la hora de reconocer a esas autoridades.
En seguida, son importantes la autonomía y la independencia respecto del Gobierno; la interlocución con los distintos organismos del Estado; la obligación de respuesta de estos al Consejo; la capacidad de evaluar las políticas públicas; la capacidad de ser consultado también y de contar con estándares internacionales en la representación.
Creo que este proyecto de ley es el primer paso en materia de asegurar una interlocución de los pueblos indígenas desde la creación del Estado de Chile y desde la dominación de que han sido víctimas. Considero que la dignidad que ellos van a tener con los Consejos de Pueblos les va a permitir iniciar un camino que han estado esperando por muchos años.
En consecuencia, voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido el asentimiento de la Sala para que presida la sesión el Senador señor Harboe.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, este proyecto de ley se inserta dentro de una discusión bastante más amplia respecto a la nueva institucionalidad indígena. Así, se crea el Consejo Nacional Indígena y el Ministerio de Pueblos Indígenas, y la CONADI pasa a ser un servicio dependiente de este último.
La idea es que a través de este Consejo se avance en la representación y en la participación democrática y autónoma de los pueblos indígenas, lo que hoy día en Chile no existe.
Eso es lo que busca hacer el Consejo: de alguna manera, articular la representación de los pueblos indígenas.
Uno de los antecedentes para la creación del Consejo de Pueblos Indígenas es la aprobación, en el año 2008, del Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 6 establece expresamente que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cada vez que tomen medidas legislativas o administrativas que los afecten, por procedimientos idóneos y a través de instituciones representativas.
Este ha sido un tremendo desafío para nuestro país.
Respecto a las medidas legislativas, se ha avanzado en varias consultas que se han hecho. Pero el proceso se ha ido complejizando, porque obviamente generar estas consultas a lo largo de todo nuestro país en los distintos temas que afectan a los pueblos indígenas puede ser bastante difícil.
Adicionalmente, en el Congreso hemos tenido una discusión sobre cómo se consulta a los pueblos indígenas cuando existe una enmienda posterior a la consulta hecha por el Ejecutivo o un cambio legislativo propuesto mediante una moción en una materia que afecta a los pueblos indígenas y respecto de la cual nunca se hizo una consulta.
En tal sentido, el proyecto que nos ocupa esta tarde procura enfrentar el desafío que tenemos en nuestro país en cuanto a cómo cumplir el mandato sobre consulta a los pueblos originarios establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Esta iniciativa nace del Acuerdo de San Esteban, celebrado con el fin de que las comunidades indígenas converjan en el contenido del proyecto de ley sobre creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.
Es relevante el ejercicio que se está haciendo acá, pues estamos legislando acerca de materias que fueron consultadas. Por lo tanto, hay ciertos marcos dentro de los cuales podemos movernos.
El Consejo de Pueblos Indígenas funcionará -podríamos decirlo así- de manera paralela al Ministerio de Pueblos Indígenas y será consultado por él y por las otras instituciones del Estado.
Esta iniciativa busca dotar a los pueblos originarios de una institucionalidad autónoma, democrática y participativa, con el objeto de que influya en las políticas públicas que los afecten, que les incumban, que les interesen.
Su propósito es la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y de nueve Consejos de Pueblos Indígenas que responden a distintas etnias.
Todos son corporaciones de Derecho Público, autónomas y representativas.
Es interesante conocer la forma como se fueron dando las soluciones. En efecto, por una parte tenemos un Consejo de todos los pueblos, pero por otra, ante una materia con influencia directa sobre un pueblo determinado se podrá consultar al Consejo de Pueblos específico.
En este proyecto de ley, las atribuciones adicionales de los Consejos de los Pueblos Indígenas se relacionan con la formulación de propuestas y observaciones al Ministerio de Pueblos Indígenas y a los demás órganos de la Administración del Estado acerca de la implementación y ejecución de programas sectoriales relativos a los pueblos originarios.
Eso será interesante también, pues los distintos entes estatales podrán consultar al Consejo respecto de políticas específicas que se proyecte aplicar.
En tal línea, se incorporará dentro de los Consejos competencia para la implementación de los procesos de consultas que se lleven a cabo.
Hasta ahora no teníamos una institucionalidad que se hiciera cargo de dichos procesos más allá de las consultas previstas en el sistema de impacto ambiental. De manera que en la orgánica había una carencia vinculada con quién formulaba la consulta, cómo y cuándo,
En tal sentido, creemos que este proyecto avanza en la dirección correcta de establecer la institucionalidad pertinente. Sin embargo, como planteaban algunos Senadores, es muy relevante para las regiones de nuestro país...
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora VON BAER.-
Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que es muy relevante avanzar en esta institucionalidad para hacernos cargo de la necesidad de determinar quién formula las consultas y, adicionalmente, para disponer de un ente al que se le puedan efectuar preguntas en torno a una política pública específica.
El cómo funciona el Consejo y el cómo se elige son aspectos que deberemos ver en detalle durante la discusión particular, pero también con los pueblos indígenas, pues algo deberá decir cada uno de ellos en cuanto a la forma en que se elige a sus representantes.
En esa línea, voto a favor de la idea de legislar.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, la Encuesta CASEN Indígena 2015 señala que 9,1 por ciento de la población chilena, es decir un millón 585 mil 680 personas, se define como integrante de un pueblo originario.
Reconozcamos que la Agenda Indígena consigna la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, que sería la entidad destinada a la construcción de una política de carácter intersectorial para los pueblos originarios. Además, se disponen el establecimiento del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas y la existencia de iniciativas referidas a los mecanismos y la naturaleza de las consultas con dichos pueblos, sobre todo en lo concerniente al carácter vinculante de distintas resoluciones.
También debemos reconocer que nuestro país ha hecho esfuerzos desde el año 1993, cuando se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que marcó un hito al reconocer a los pueblos originarios en el ordenamiento jurídico nacional.
Pero hay que reconocer, asimismo, que el año 2003 la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas planteó la idea de crear un Consejo de Pueblos Indígenas, la que ha fracasado en todos los gobiernos posteriores por la falta, entre otras cosas, del proceso de legitimación consagrado por el Convenio 169 de la OIT y por la definición más clara de sus competencias, capacidades técnicas, mecanismos de elección para asegurar la representatividad de las instituciones creadas por el Estado.
En este caso, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas es definido como un ente de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo, representativo, participativo y de consulta, al que le corresponderá la representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos originarios en su conjunto, especialmente ante los órganos del Estado. Ello supone que habremos de definir los mecanismos específicos mediante los cuales se van a elaborar las políticas públicas y a determinar las atribuciones resolutivas, las facultades, y también su carácter vinculante respecto de la propia orgánica. Por lo tanto, se trata de un desafío abierto y amplio que deberemos abordar.
De otro lado, el debate presenta como uno de los ejes más complejos la problemática que visualiza la Comisión a propósito de la materialización del Consejo del Pueblo Mapuche, ya que, históricamente, este ha tenido una enorme falta de legitimidad en su representación. Ello, no obstante que se ha hecho un gran esfuerzo; y este se puede considerar uno de los más importantes que hemos conocido hasta ahora.
Este proyecto de ley reconoce a ciertos pueblos indígenas: los nueve que se enumeran en el articulado. Pero varios otros no tienen manera de expresarse ni de representar sus intereses.
En el caso de la comunidad quechua, la propia CONADI le ha desconocido su espacio territorial en el norte, negándole la certificación de su carácter indígena o impidiéndole la constitución de una comunidad al ponerle trabas, a diferencia de lo que ocurre con el pueblo aimara, que ha avanzado más hacia su reconocimiento.
Lo propio ocurre con el pueblo colla, que señala que desde que se creó la Ley Indígena ha debido vivir constantes problemas con la CONADI, pues en las regiones donde habita, principalmente en Atacama, no hay una institucionalidad (tampoco, políticas interculturales) y, por ende, no tiene derechos ni posibilidades para el desarrollo de su comunidad. Existe, pues, una suerte de discriminación territorial, por lo que urge abordar la demanda y comenzar a establecer criterios de intersectorialidad para su integración y fomento.
Señor Presidente, debemos reconocer que lo que se ha logrado avanzar con este proyecto constituye un primer paso. Sin embargo, hemos de asumir asimismo que todo pasa por un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, con una institucionalidad capaz de representarlos, pero también de tomar decisiones vinculantes ante el Estado de Chile.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Muchas gracias, Su Señoría. Y le reitero mis felicitaciones por su muy brillante gestión en la Mesa del Senado.
Señor Presidente, quiero referirme de manera muy breve a este proyecto, que me parece extraordinariamente necesario y significativo.
Quienes me antecedieron ya han expresado con propiedad la importancia de que nuestro país asuma muy en serio la situación de nuestros pueblos indígenas. Lo ocurrido en La Araucanía quizás nos ha hecho pensar que los problemas son de naturaleza muy violenta, muy radical. Pero la verdad es que, más que eso, el problema fundamental, a mi juicio, estriba en que en nuestro país no ha existido una institucionalidad representativa de los pueblos indígenas, una instancia donde ellos puedan hacer valer sus planteamientos desde una perspectiva orgánica, formal, reconocida por el Estado, que les permita formular sus inquietudes.
Tal vez parte del problema deriva de que las comunidades originarias se crean con cierta facilidad y, entonces, son muchas y muy diversas. Por tanto, no hay en ellas una estructura orgánica. Sin embargo, existen y es necesario dotarlas de institucionalidad.
El Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas constituyen, por eso, una respuesta apropiada y necesaria para disponer de una institucionalidad que les permita a esos pueblos tener un órgano con facultades, con independencia y con competencias adecuadas para las iniciativas que se quiera llevar adelante.
Sabemos, de acuerdo a datos del INE, que alrededor de un millón y medio de personas son parte de los pueblos indígenas. De ellas, alrededor de 85 por ciento se consideran mapuches. Eso motiva que normalmente se piense que los principales o casi los únicos representantes de los pueblos originarios son los mapuches. No obstante, hay otros grupos que, aunque pequeños, también requieren expresión, voz y un espacio institucional.
Por ello, valoro en lo fundamental esta iniciativa.
Ahora, considero especialmente significativo advertir el rechazo que esta propuesta de ley ha tenido en ciertos grupos radicalizados, particularmente en la Coordinadora Arauco Malleco, así como en otras instancias, los que se oponen a solucionar por la vía legislativa los problemas que afectan a los pueblos indígenas.
Cuando lo único que interesa es defender una posición autonomista o separatista, ajena y reñida con el Estado chileno, obviamente iniciativas de este tipo, que buscan integrar manteniendo los perfiles y las independencias correspondientes, son un obstáculo en el camino.
Por eso, quizás las respuestas que debemos pensar para resolver bien los problemas que aquejan a nuestros pueblos originarios dicen relación con institucionalidades que, como las sugeridas, permitan no solo otorgar reconocimiento sino también dar espacio para iniciativas y propuestas que permitan fortalecer y mejorar la situación propia de los pueblos indígenas e integrar a estos a nuestro país en la forma que corresponde.
Aquí, cualquiera que sea nuestro origen -mapuche, diaguita, pascuense u otro-, todos somos igualmente chilenos. Y necesitamos hacer esfuerzos institucionales para la solución de los problemas que algunos sienten tener.
Este es un primer paso, que va ligado a la creación de un Ministerio y a otras políticas que deben seguir avanzando y que espero el próximo Gobierno pueda impulsar con fuerza para progresar en una situación que aún significa una deuda pendiente con los pueblos originarios.
Por las consideraciones expuestas, respaldo la creación del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Muchas gracias, señor Senador, por su gran intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, es bien relevante que a 25 años de promulgada la Ley Indígena estemos debatiendo una iniciativa como esta, sobre todo cuando en las dos décadas y media posteriores a la vuelta de la democracia no han sido muchos los hitos de nuestro país en materia de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios.
Podríamos citar lo que ocurrió hace una década con el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile y ratificado por este Parlamento.
No obstante, en esta historia de ausencias también se encuentra presente el no haber podido consagrar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Hace más de una década, esta misma Sala le cerró la puerta más de una vez a una cuestión absolutamente básica: solo una mención en la Carta Fundamental del reconocimiento y la existencia de los pueblos originarios.
Yo siento que hoy día el debate es otro. Y me alegro de los términos en que se da.
Valoro especialmente el planteamiento del Senador de Oposición señor García Ruminot cuando señala que quienes han manifestado algún reparo al paso que estamos dando ahora lo hacen porque estiman que debiésemos avanzar hacia un reconocimiento mucho mayor, como lo es la consagración de escaños reservados.
Percibo hoy otro clima en nuestro país. Probablemente en este mismo Senado, a diferencia de lo que ocurría hace una década, existe un consenso creciente en torno a la necesidad de que haya escaños reservados para los pueblos originarios.
Por lo tanto -insisto-, me parece relevante que a 25 años de la promulgación de la Ley Indígena estemos dando este paso fundamental, que no se agota acá. Lo han señalado todos. También, en una sesión especial, el Ministro Barraza, a quien le reconozco el empeño que ha puesto en esta materia, sobre todo para sacar adelante en este ámbito consultas que nunca son fáciles de abordar.
Al respecto, cabe recordar que en su momento hubo aquí una crítica al decreto supremo N° 66, de 2013, ante una dificultad emanada de la manera como se enmarcaron las consultas. Pero, en definitiva, entre septiembre de 2014 y enero de 2015 se hizo una consulta, en el marco del Convenio 169 de la OIT, basada en el referido decreto supremo.
Lo relevante, señor Presidente -ya se dijo-, es que la información reciente del Instituto Nacional de Estadísticas nos permitió saber que cerca de 10 por ciento de la población nacional se considera perteneciente a alguno de los pueblos indígenas con presencia en nuestro país. Sin embargo, esas personas, a diferencia de lo que expresó recién un señor Senador, no se sienten necesariamente chilenas. Porque una cosa es habitar en el territorio nacional y otra el respeto a la idiosincrasia, la cultura, la cosmovisión, la lengua, la historia común, todo lo cual da lugar a una nación distinta.
Por eso, muchos de los reparos que se han planteado tienen que ver con el camino de entendimiento y de interlocución que el Estado les señala a los pueblos indígenas.
Creo que con el paso que hoy día estamos dando en general (queda todavía una extensa discusión particular) vamos a avanzar significativamente en aquella dirección, tal como lo hizo Nueva Zelanda, que primero estableció un consejo de pueblos, para posteriormente crear, con un registro aparte, los escaños reservados, instrumento que hasta el día de hoy se usa allí con bastante éxito.
En esa línea, a no dudarlo, el electoral será uno de los temas que van a acaparar la discusión particular.
No sé si el SERVEL, por su falta de pertinencia para adentrarse en estas materias, sería el órgano más indicado. Porque no se trata de una votación tradicional, la que se verifica en un establecimiento educacional al que llegan las Fuerzas Armadas y de Orden; ella tiene lugar más bien en el territorio de las comunidades originarias.
Al respecto, no debemos olvidar que uno de los pueblos considerados en el proyecto es el mapuche, que en Chile cuenta con 2 mil 600 comunidades tradicionales (es probable que en los últimos años se hayan creado otras). Entonces, los 35 escaños pueden ser insuficientes.
Yo quiero destacar que el primer Presidente de la República que, en mi concepto con mucha visión, planteó la idea fue don Ricardo Lagos, quien, en lo que significó el año 2001 la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, le entregó un cometido a un conjunto de personalidades, de comisionados. Y ya en el informe entregado en 2003 al Presidente Lagos se expresaba que era menester avanzar en una instancia con las características de la señalada.
Deseo subrayar también el primer esfuerzo realizado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, sin mucho éxito, y el esfuerzo que hizo el Presidente Sebastián Piñera,...
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor QUINTANA.-
... cuando ya estaba la idea de un Consejo, hasta llegar finalmente a la modalidad que se plantea hoy día, con un Consejo Nacional, coordinado y articulado con nueve Consejos con características propias, con atribuciones bien específicas, con facultades vinculantes, incluso sobre su propia orgánica, al objeto de representar los intereses y necesidades de los pueblos indígenas, de velar por sus intereses culturales y derechos colectivos.
Por lo tanto, considero tremendamente necesario el paso que estamos dando hoy para resguardar la cultura de nuestros pueblos, además del tono en que lo estamos haciendo, lejos de aspectos de violencia con los que muchas veces se ha intentado prejuzgar o vincular al pueblo mapuche, asociados a temáticas que no guardan ninguna relación con su esencia y, en este caso, la decisión de participar.
El artículo 6 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo consagra la posibilidad...
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Se agotó su tiempo, Su Señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto,
dejándose constancia, para los efectos del
quorum
constitucional exigido, de que se registran 27 votos a favor y una abstención.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Se ha propuesto el lunes 15 de enero.
El señor LARRAÍN.-
Esa fecha es muy próxima.
Que sea para después de la visita del Papa.
El señor QUINTEROS.-
¿Acaso trae indicaciones...?
¡Claro que va a ir a Temuco...!
El señor PROKURICA.-
El lunes 22.
La señora VON BAER.-
Eso es más de una semana.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).-
Señor Presidente, me dirijo, por su intermedio, a las señoras Senadoras y los señores Senadores y a los representantes de comunidades indígenas, quienes se encuentran en las tribunas.
El origen del proyecto de ley se halla en las propuestas de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, las que cruzaron la Administración del Presidente Lagos, el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet y el del Presidente Piñera.
Hoy, en la segunda Administración de la Primera Mandataria, se ha logrado una concreción tras una consulta que legitima el proceso, en la cual participaron seis mil 883 representantes de organizaciones y agrupaciones indígenas. Se verificaron todas las etapas en el cumplimiento del decreto supremo N° 66, que materializa tanto ese acto como el Convenio N° 169 en Chile.
La iniciativa ha sido altamente anhelada por las comunidades, pues permite una representación política de los pueblos, un instrumento democrático, participativo y autónomo, y una interlocución con los diferentes órganos del Estado.
Su existencia está asociada, desde luego, a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Pero vemos en el Consejo Nacional y en los Consejos de Pueblos Indígenas, correspondientes a los nueve que reconoce la ley, la posibilidad cierta de un diálogo entre el Estado y las comunidades que haga posible una mejor convivencia y un mejor país.
En Chile, cerca de un millón 595 mil personas se reconocen integrantes de un pueblo originario. Eso representa el nueve por ciento de la población, de acuerdo con las estadísticas más actualizadas. En quince años se pasó de un cuatro por ciento a un nueve. Es decir, constituye una población con una identidad presente, vital, que se fortalece, que se empodera.
En consecuencia, la política pública tiene que hacerse cargo de ello con un enfoque de derecho, que no es otra cosa que reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y políticos del sector.
Aspiramos a una nueva institucionalidad que releve estos últimos y permita un diálogo entre el Estado y los pueblos que favorezca la convivencia.
Muchas gracias.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Muchas gracias a usted, señor Ministro.
Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
A la señora Ministra de Salud, a fin de pedir RECONSIDERACIÓN PARA INCLUSIÓN DE VASCULITIS EN LISTADO DE GARANTÍAS EN SALUD O DE LEY
RICARTE SOTO,
ADEMÁS DE CINCO VARIEDADES DE ARTRITIS PSORIÁSICA O MUTILANTE.
Del señor GUILLIER:
Al señor Intendente y al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, solicitando información acerca de POSIBLE JUDICIALIZACIÓN DE DEUDA DE AGRUPACIÓN "RAMADEROS HISTÓRICOS DE ANTOFAGASTA" POR ARRIENDO DE TERRENO FISCAL.
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El señor HARBOE (Presidente accidental).-
En la hora de Incidentes, el Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Partido PAÍS, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
SITUACIÓN DE EMPLEO EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio del Trabajo y al Ministerio del Interior respecto del problema de la ocupación en la Región del Biobío, en las provincias de Biobío, Arauco y Concepción, para conocer el detalle de cuántos nuevos puestos de trabajo se han creado y cuál es la relación para aumentarlos en una zona con altas tasas de cesantía. Además, pido informar cuál es la distribución de los programas de empleo en cada una de las comunas de la Región, con la inclusión de Ñuble.
Ante la escasa movilidad de estos últimos por las reducidas posibilidades de empleabilidad, la situación se sella. Es decir, la persona que sale no es sustituida. Hemos venido solicitando que exista reemplazo, porque el empleo no se ha incrementado y se trata, al menos, de un trabajo digno, que ha venido mejorando a través de las cotizaciones, del tiempo de vacaciones, pero que requiere constantemente una revisión con criterios claros, transparentes y justos en materia de asignación de cupos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DESALOJO DE FAMILIAS EN POBLACIÓN AURORA DE CHILE, CONCEPCIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que el SERVIU y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informen sobre las razones por las cuales se está comunicando el desalojo a quince familias que viven en la población Aurora de Chile, en la provincia de Concepción -cabe recordar que son tres por terreno-, las que no pueden ser lanzadas a la calle. No tienen a dónde ir.
Demando que al menos se converse con ellas acerca de la entrega de un subsidio de arriendo hasta que se construyan las viviendas en una segunda o tercera etapa. Haremos todas las gestiones legales para evitar el desalojo, para lo cual recurriremos a los tribunales y a la movilización.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Los Comités Demócrata Cristiano e Independiente, Unión Demócrata Independiente, Partido por la Democracia, Socialista e Independiente, e Independientes y Partido Amplitud no intervendrán.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:22.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción