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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 35ª, en martes 31 de julio de 2018
Ordinaria
(De 16:24 a 19:31)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán, y General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade; y el asesor del Ministerio de Vivienda, señor Manuel José Errázuriz.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 33ª y 34ª, ordinarias, en 17 y 18 de julio de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diecisiete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero
inicia un proyecto de ley para la incorporación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos (boletín N° 11.933-07).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo y el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1. El que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble (boletín N° 11.720-07).
2. El que modifica la ley N° 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín N° 11.843-04).
Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. Proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y que modifica la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
2. Proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).
3. Proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín N° 8.805-07).
4. Proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletín N° 11.704-21).
5. Proyecto que establece la ley sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia (boletín N° 8.851-18).
6. Proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz (boletín N° 10.802-12).
Con los siete siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. La que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala (boletín N° 9.656-15).
2. La que modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios (boletín N° 11.288-06).
3. La que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de aumentar la protección a los fiscales del Ministerio Público (boletín N° 11.473-07).
4. La que modifica la ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín N° 9.233-01).
5. La que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
6. La que reconoce y da protección al derecho a la identidad (boletín N° 8.924-07).
7. La relativa al fomento a las artes escénicas (boletín N° 11.408-24).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, a fin de eliminar el plazo diferenciado que se exige en algunas regiones del país para el ingreso de documentos al Archivo Nacional (boletín N° 11.722-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Con el siguiente informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de práctica profesional para obtener el título de abogado (boletines números 7.793-07, 8.476-07, 9.874-07 y 10.307-07, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero señala que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto que modifica la ley N° 20.845, de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la región que indica (boletín N° 11.833-04).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el último informa que, en su oportunidad, accedió a la solicitud del Senado para archivar el proyecto de ley que modifica el numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo (boletín N° 6.921-13) y el que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica (boletín N° 7.899-11). Agrega que, posteriormente, el Ejecutivo manifestó su intención de perseverar en la tramitación de las referidas iniciativas de ley.
--Se toma conocimiento, se manda agregar a sus antecedentes y se devuelven los proyectos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que delega facultades para la modificación de las plantas de personal de profesionales de los Servicios de Salud (boletín N° 11.486-11).
Remite copias de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 42 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales.
-Artículos 78, inciso primero, 298, 299, 300, 303 y 318 al 328 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas.
-Artículos 129 bis 4, números 1 y 3; 129 bis 7, en las dos primeras frases de su inciso primero; 129 bis 8, en la frase que indica; 129 bis 11, inciso primero; 129 bis 12, inciso primero; 129 bis 13; 129 bis 14; 129 bis 15, incisos primero, segundo y tercero; y 129 bis 16, inciso primero, todos del Código de Aguas.
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo transitorio, inciso primero, de la ley N° 20.791.
-Artículo 196 ter de la ley N° 18.290.
-Artículo 4°, inciso primero, oración final, de la ley N° 19.886.
-Artículo 15, inciso segundo, del D.F.L. N° 2, de Educación, sobre subvención a establecimientos educacionales.
-Artículo 1°, inciso tercero, del Código del Trabajo.
-Artículo 294 bis del Código del Trabajo y segunda frase del artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886.
-Artículos 9° y 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 482, inciso cuarto, del Código del Trabajo.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Remite antecedentes sobre la legalidad de la forma de cálculo que aplica la Universidad de Magallanes para determinar el bono que indica; consulta realizada en nombre del Senador señor Bianchi.
De la señora Contralora General de la República (S):
Atiende solicitud enviada en nombre del ex Senador señor Prokurica, para efectuar una auditoría de los antecedentes de las resoluciones que concedieron la calificación de exonerados políticos, conforme a la ley N° 19.234, que estableció beneficios previsionales por gracia.
Indica estado de tramitación de la presentación relativa al centro de salud mapuche de la municipalidad de Galvarino; antecedente solicitado en nombre del Senador señor Huenchumilla.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Reporta materias consultadas en nombre de los señores Senadores que se consignan a continuación:
-Del Senador señor Navarro, sobre la necesidad de continuar con los programas de empleo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
-Del Senador señor Sandoval, para la entrega de una pensión de gracia a la persona que individualiza.
-De la Senadora señora Órdenes, en cuanto a realizar estudios para la creación de la comuna de La Junta, en la Región de Aisén.
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Acusa recibo del documento denominado "60 Medidas para la Infancia", elaborado por el equipo de trabajo de la Senadora señora Rincón.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Contesta consulta formulada en nombre de la Senadora señora Allende acerca del estado de ejecución de las obras de conservación de la caleta El Membrillo, de Valparaíso.
Responde petición enviada en nombre del Senador señor De Urresti, en relación con el proyecto de reposición del puente Llancahue, de la comuna de Panguipulli.
Del señor Ministro de Salud:
Agradece reconocimiento del Senador señor García-Huidobro por el trabajo de modernización de la red asistencial efectuado en la Región de O'Higgins.
Envía datos sobre las materias que indica, consultadas en nombre de los siguientes señores Senadores:
-Del Senador señor Navarro, sobre la cantidad de licencias médicas presentadas por enfermedades respiratorias en la Región del Biobío.
-Del Senador señor Navarro, en cuanto al número de médicos especialistas que trabajan en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, de Curanilahue.
-Del Senador señor Navarro, sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento del Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, de Curanilahue.
-De la Senadora señora Goic, en relación con la adopción de medidas para adecuar la regulación del D.S. N° 10, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 2014, reglamento de calderas de agua de vapor y equipos de autoclaves.
-De la Senadora señora Goic, acerca del número de licencias médicas pendientes de resolución, extendidas por enfermedad de hijos menores, en conformidad con la ley N° 21.063.
-Del Senador señor García, referente a las medidas adoptadas ante la denuncia contra un supermercado de la Región de La Araucanía.
-Del Senador señor García, sobre el estado de avance del proyecto de construcción del Hospital de Villarrica.
-Del Senador señor Latorre, relativo al estado de construcción de un Servicio de Alta Resolutividad para la localidad de Placilla.
-De la Senadora señora Provoste, acerca de los establecimientos de la Región de Atacama que serán parte del programa "Mi hospital se pone a punto" y "Mi consultorio se pone a punto".
-De la Senadora señora Órdenes, para informar sobre la posibilidad de que el Servicio de Salud de Aisén cuente con una cabina de fototerapia.
-Del Senador señor Chahuán, referido al estado del proyecto de construcción del Servicio de Alta Resolutividad de Miraflores Alto, en Viña del Mar.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Entrega antecedentes, requeridos en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre la adopción de medidas en el ámbito de la vivienda y el urbanismo en beneficio de menores.
Informa requerimiento enviado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a los campamentos de la Región del Biobío, así como acerca del déficit habitacional y los subsidios habitacionales adjudicados.
Del señor Ministro de Agricultura:
Incluye datos acerca de las siguientes consultas formuladas en nombre del Senador señor De Urresti:
-Continuidad del programa de control comunitario del visón en la Región de Los Ríos.
-Convenio de Colaboración entre el Instituto Forestal y la empresa Forestal Mininco S.A., para protección de especies nativas.
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Da cuenta del proceso de licitación del transporte público del Gran Valparaíso, requerido en nombre del Senador señor Lagos.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Responde petición remitida en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre el retiro de la Contraloría General de la República de los planes de descontaminación de las ciudades de Concepción y Los Ángeles.
Del señor Ministro del Medio Ambiente (S):
Reporta sobre el convenio de colaboración suscrito con la organización Levantemos Chile, la escuela de surf de Tongoy, el Ministerio del Deporte y la municipalidad de Coquimbo; consulta efectuada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género:
Indica el estado de ejecución del programa sicosocial para la prevención, atención y capacitación en materia de violencia contra la mujer en la Región de Aisén; materia requerida en nombre de la Senadora señora Órdenes.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada:
Entrega antecedentes sobre las medidas adoptadas por los derrames contaminantes ocurridos en la bahía de Quintero, solicitados en nombre del Senador señor Chahuán.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:
Da respuesta a requerimiento formulado en nombre del Senador señor Durana, sobre la ausencia de ciertas instituciones en la Región de Arica y Parinacota.
De la señora Subsecretaria de Educación Parvularia:
Adjunta información acerca de la tramitación del decreto de homologación que indica, solicitada en nombre de la Senadora señora Provoste.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Contesta petición formulada en nombre del Senador señor Chahuán, relativa a la factibilidad de otorgar una autorización de paso de agua potable rural en Laguna Verde desde la ciudad de Valparaíso.
Anexa datos sobre el uso y manejo de tuberías de asbesto cemento en las comunas de la Región de Los Ríos; consulta realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:
Responde manifestación de preocupación remitida en nombre del Senador señor Pugh, relativa al ataque informático que afectó al Banco de Chile.
Del señor Director Nacional de Aduanas:
Informa inquietud formulada en nombre de la Senadora señora Órdenes, en relación con las exportaciones de musgo sphagnum magellanicum o similar, en el período indicado.
De la señora Directora Nacional (S) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:
Remite respuesta a requerimiento remitido en nombre del Senador señor García, acerca de las operaciones de pesca no autorizadas de pescadores artesanales de la Región del Biobío en aguas jurisdiccionales de La Araucanía.
De la señora Tesorera General de la República:
Envía estadísticas referidas a la bonificación de mano de obra, dispuesta en la ley N° 19.853, para la Región de Aisén, en el período que indica; materia consultada en nombre de la Senadora señora Órdenes.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Atiende consulta relativa a la situación previsional de la persona que individualiza; realizada en nombre del Senador señor García.
Del señor Director Nacional (S) de la Oficina Nacional de Emergencia:
Da respuesta a petición remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre las comunas de mayor riesgo de inundación por aguas lluvias.
Del señor Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero:
Contesta solicitud acerca de las acciones adoptadas por ese Servicio respecto a la venta de carne en mal estado en la ciudad de Temuco; dirigida en nombre del Senador señor Huenchumilla.
Del señor Director (S) del SERVIU de La Araucanía:
Informa sobre la situación de las comunidades que indica, en cuanto a la asignación de subsidios de acondicionamiento térmico de viviendas; consulta efectuada en nombre del Senador señor Guillier.
Del señor Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso:
Da cuenta del servicio de transporte público del sector de Forestal Alto de Viña de Mar; preocupación manifestada en nombre del Senador señor Latorre.
Del señor Director de Obras Municipales de Yumbel:
Comunica situación de la subdivisión del terreno que se señala, destinado a la construcción habitacional; consulta realizada en nombre del Senador señor Navarro.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble (boletín N° 11.720-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de acuerdo del ex Senador señor Escalona, que propone un conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado con el objeto de adecuarlo a la ley N° 20.447, que modificó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (boletín N° S 1.500-09).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores
Allamand, Galilea, García, Prohens y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para crear el contrato por horas (boletín Nº 11.929-13).
De los Senadores señores Allamand, Galilea, García, Prohens y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de distribución de la jornada laboral (boletín Nº 11.930-13).
De los Senadores señores Allamand, Galilea, García, Prohens y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en relación con la distribución de la jornada extraordinaria (boletín No 11.931-13).
--Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señor Durana, señora Ebensperger, y señores Galilea y García-Huidobro, con la que inician un proyecto de reforma constitucional para proteger la transmisión de la nacionalidad chilena (boletín No 11.932-07).
Del Senador señor Soria, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional para incorporar en el número 10° del artículo 19 de la Carta Fundamental el texto del decreto constituyente, republicano, fundacional y obligatorio del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme, de 25 de junio de 1818, que liberó de derechos y de porte de correos a los libros, folletos y periódicos, con motivo de haber transcurrido doscientos años desde que fue dictado (boletín Nº 11.944-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
Del Senador señor Quintana, por medio de la que retira su firma del proyecto de ley que restringe el uso de dispositivos de telefonía móvil en establecimientos de educación básica y media (boletín N° 11.846-04).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Soria, para ausentarse del país a contar del día 31 de julio de 2018.
--Se accede a lo solicitado.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 1 de agosto, el proyecto que modifica la ley N° 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín N° 11.843-04), siempre que hubiese sido despachado por la Comisión de Educación y Cultura.

2.- Abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 13 de agosto, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el fin de regular el procedimiento de modificación de los contratos de adhesión, y al proyecto que amplía el catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en los contratos de adhesión en la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores (boletines Nos 9.454-03 y 9.728-03).

3.- Otorgar un nuevo plazo, hasta el lunes 6 de agosto, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23), en la Secretaría de la Comisión de Economía.

4.- Fijar un nuevo plazo, hasta el lunes 13 de agosto, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal y que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11.175-01), en la Secretaría de las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

5.- Enviar a la Comisión de Defensa Nacional, para un nuevo informe, el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional (boletín Nº 7.678-02), autorizando a la Comisión para discutirlo en general y en particular.

6.- Citar a sesión especial para el miércoles 8 del presente, de 12 a 14, a fin de analizar las conclusiones del informe final del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que da a conocer su diagnóstico en relación con la crisis del Servicio Nacional de Menores.
Además, ha llegado a la Mesa una petición para fijar un nuevo plazo, hasta el lunes 13 de agosto, para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre Protección de la Salud Mental, en la Secretaría de la Comisión de Salud.
Nada más, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Alguna observación?
El señor SANDOVAL.- No, señor Presidente.
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El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a la Directiva Nacional de Bomberos de Chile, que se encuentra en las tribunas: al nuevo Presidente Nacional, señor Raúl Bustos Zavala; al nuevo Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; al Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; al Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes; y al Tesorero Nacional, señor Manuel Arenas Albornoz, quienes son representantes de distintas regiones de este largo país (ninguno es de la Región Metropolitana).
La Senadora señora Ximena Rincón fue quien se preocupó de garantizarles el almuerzo que compartimos, además, con los jefes de bancada.
Espero que trabajemos muy unidos y que tengan un excelente desarrollo en su gestión como Directiva Nacional.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Solicito la autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo el Subsecretario de la SEGPRES, señor Claudio Alvarado; el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno, por el proyecto de Intermediación Financiera; y el asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Manuel José Errázuriz, por el proyecto de Pavimentación Comunal.
Al respecto, habíamos acordado que los asesores que no venían con el Subsecretario o con el Ministro iban a tener ciertas restricciones. Sería bueno hacer ver que esta es la última ocasión en que se autoriza su ingreso, porque la verdad es que debiera estar o el Ministro o el Subsecretario para estos efectos.
¿Habría acuerdo para aprobar estas tres solicitudes de ingreso a la Sala?
--Así se acuerda.
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La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor MONTES (Presidente).- La tiene, señora Senadora.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la Comisión de Economía solicita que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.

El señor MONTES (Presidente).- Señora Senadora, el nuevo plazo fue objeto de un acuerdo de Comités.

La señora RINCÓN.- ¿Se cambió, entonces?

El señor MONTES (Presidente).- Así es.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
En todo caso, al plazo fijado, el jueves 6 de agosto, queremos agregarle dos semanas más, pues lo consideramos insuficiente.
En consecuencia, solicitamos ampliarlo al 21 de agosto.

El señor MONTES (Presidente).- Esta iniciativa lleva bastantes meses acá. ¡Más de un año!

La señora RINCÓN.- ¡Lo sé!

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



EJECUCIÓN MUNICIPAL DIRECTA DE OBRAS PROVISORIAS DE EMERGENCIA EN ACERAS Y CALZADAS


El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.288-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 33ª, en 17 de julio de 2018.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 18 de abril de 2018 (se aprueba en general); 34ª, en 18 de julio de 2018 (queda para segunda discusión en particular).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa cuenta con un segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que deja constancia para los efectos reglamentarios de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La referida Comisión efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, consistente en la sustitución de su artículo, la cual fue acordada por mayoría.
Se hace presente que la Comisión, teniendo en cuenta el texto aprobado en definitiva, propone a la Sala que se sustituya la denominación original por la siguiente: "Proyecto de ley que modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de reparaciones de emergencia por parte de los municipios.".
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado, que transcribe la modificación introducida por la Comisión de Vivienda y Urbanismo y el texto como quedaría de ser aprobada.
Cabe mencionar que el comparado está escrito con distintas letras. Sin embargo, en la sesión anterior se concordó en efectuar una sola votación.
Nada más, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
En la segunda discusión en particular, tiene la palabra el Senador señor Insulza.


El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré muy breve, pues este proyecto ya ha sido discutido varias veces, y casi todo se ha dicho.
Ahora bien, queda muy claro que se trata de una autorización a los municipios para que se hagan cargo de situaciones de emergencia; sin embargo, esto no resuelve su principal problema: la carencia de dinero para efectuar las reparaciones respectivas.
Voy a aprobar esta iniciativa, pero dejando en claro que aquí falta algo fundamental: un fondo mínimo que al menos les permita a las municipalidades, cuando sobrevenga una emergencia, reparar los daños que se hayan producido en la pavimentación o en la urbanización.
Se trata, entonces, de un proyecto a medias, y como tal le voy a dar mi voto favorable.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el motivo por el cual solicitamos segunda discusión para este proyecto fue porque teníamos la esperanza de que el Ejecutivo se allanara a introducirle algunas modificaciones.
Cabe hacer presente que esta no es una iniciativa del actual Gobierno, ni tampoco del anterior: fue presentada por algunos señores Diputados.
Durante la sesión anterior nos acompañó en la Sala el Diputado Soto, quien es uno de sus autores. Y conversamos con Su Señoría.
Entonces, el propósito de solicitar segunda discusión era ver si el Ejecutivo se hacía cargo, primero, de la necesidad de poner recursos.
Tal como lo señaló el Senador Insulza, este proyecto no resuelve ningún problema, porque no va acompañado de los fondos que se requieren. Simplemente, autoriza a los municipios para ejecutar reparaciones de emergencia. Claro, estas no podrán superar los cincuenta metros cuadrados que se establecían originalmente, pues evidentemente eso era un disparate desde todo punto de vista.
Ahora se plantean veinte metros cuadrados por cada bache.
Pero, a juicio de los expertos, ello todavía no puede considerarse una reparación de emergencia, y precisa una solución definitiva.
Esto finalmente va a generarles un problema a los municipios, porque no tienen recursos para enfrentar la aplicación de pavimento en caliente, que es lo que hoy se requeriría hacer en esos veinte metros cuadrados.
El propio autor de la iniciativa -reitero que estuvo presente en la sesión pasada- estaba de acuerdo en que podría reducirse a 5 metros cuadrados. Eso sí se asemeja a una reparación de emergencia, en que la municipalidad podría intervenir. Además, dicho sea de paso, hay que tener claro que los SERVIU y toda su capacidad técnica van a quedar completamente de lado, porque, naturalmente, se van a desentender de la referida atribución, dado que, si se llegara a aprobar este proyecto en los términos propuestos, ella quedaría radicada en los municipios.
Concuerdo con lo que dijo el Senador Insulza: esta iniciativa no resuelve el principal aspecto. Viene con "simple" urgencia. Y ciertamente pudo haberse mejorado.
A mi juicio, el Senado debiera caracterizarse por la rigurosidad en el tratamiento de los proyectos. Varios técnicos advirtieron que veinte metros cuadrados todavía eran demasiado: prácticamente equivaldrían a la intersección de dos pasajes.
Insisto: aquí ha faltado rigurosidad técnica. El propio autor del proyecto estaba disponible para modificar el punto en comento; pero el Ejecutivo no presentó una indicación que contemplara los recursos pertinentes.
Creo que una materia como esta, si nuestra Corporación quisiera darle un tratamiento en serio, debiera debatirse en el marco del próximo proyecto de Ley de Presupuestos, a fin de establecer una glosa especial.
Por todas esas razones, y por la seriedad que el Senado ha de tener en el estudio de las iniciativas que se someten a su consideración, no estoy en condiciones de concurrir con mi voto favorable.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, efectivamente, el proyecto que ahora nos ocupa lleva bastante tiempo tramitándose, y hay que entenderlo en la dimensión del espíritu que le dio origen a la moción respectiva que presentaron diversos Diputados.
Hay una realidad que vive una cantidad no menor de municipios de nuestro país, los cuales, por resolver problemas que afectan a la comunidad, han debido enfrentar objeciones por parte de la Contraloría, ya que no les reconoce, tal cual está la ley vigente, la facultad para efectuar reparaciones menores en aceras, calzadas o ciclovías como ahora se plantea en la iniciativa que estamos debatiendo.
Ello ha generado conflictos entre diversas municipalidades y el Órgano Contralor.
Como alcalde, en más de una ocasión me tocó vivir ese tipo de situaciones. Además, muchas veces recibimos denuncias de quienes sufrieron un accidente que les generó algún daño producto del deterioro de las calles. Eso implicó que se sancionara a los municipios con el pago de las indemnizaciones correspondientes.
En seguida, este proyecto tampoco -y es muy bueno que esto quede absolutamente claro para la historia de la ley- exime de la responsabilidad esencial que sobre la materia tienen los gobiernos regionales y el propio Ministerio de Vivienda a través de sus unidades técnicas.
La facultad relacionada con la mantención y reparación de los pavimentos sigue estando radicada en esas entidades.
La iniciativa solo autoriza a las municipalidades a ejecutar reparaciones de emergencia.
Aquello hay que señalarlo, pues pareciera traslucirse que, en definitiva -ya lo han planteado algunos Senadores-, con la ley en proyecto los municipios se van a ver obligados a efectuar tales reparaciones, en circunstancias de que no todos tienen las capacidades ni los recursos para llevar adelante esas tareas.
Con esa salvedad, creo que necesitamos aprobar esta iniciativa, fundamentalmente para resolver problemas que están afectando a muchas municipalidades, dejando muy en claro -reitero- que esto tiene que ver con reparaciones de emergencia que aquellas decidan ejecutar.
O sea, se trata de una atribución absolutamente facultativa, que no obliga a los municipios. Y tampoco exime a los gobiernos regionales y a las entidades del sector de las responsabilidades que les corresponden, las cuales se hallan establecidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
Nosotros vamos a votar a favor, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Me han pedido abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
En votación la proposición de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, siendo parte de la Comisión que trabajó este proyecto, me gustaría aclarar un asunto relacionado con el límite de veinte metros cuadrados por cada bache que ahora se propone.
Dada la experiencia que existe sobre la materia -en particular, me desempeñé como administradora municipal-, puedo decir que cinco metros cuadrados son insuficientes si pensamos en que, normalmente, cuando hay que hacer rotura de pavimento debe ampliarse el radio de acción.
Por otro lado, con respecto a los municipios que no tienen posibilidades de financiar reparaciones de emergencia, debo dejar en claro que el proyecto establece además la alternativa de que celebren convenios con otras municipalidades que dispongan, por ejemplo, de máquinas bachadoras.
Es más, al hacer una revisión de las transferencias de los gobiernos regionales hacia los municipios a nivel nacional, vemos que son muchos los que han recibido fondos para comprar máquinas bachadoras, aun sin existir una ley como la que se pretende establecer mediante la iniciativa que ahora estamos votando.
Por último, debo señalar que hemos recibido a autoridades de incontables municipalidades, quienes nos plantearon que han debido pagar multas bastante grandes por tratar de resolver un problema que tiene más costos señalizarlo que repararlo. De manera que, en mi opinión, sería impresentable que no les demos una solución, aunque no sea la definitiva, a muchos alcaldes y municipios que hoy cuentan con esa dificultad y deben resolverla rápidamente. Ello, entendiendo que, de mediar un accidente, igual son responsables por los daños que sufran los privados producto de baches o desperfectos que existan en el pavimento.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente esta iniciativa. Y espero que podamos resolver esta materia hoy día, dada la urgencia que tiene para los municipios que han solicitado nuestra ayuda.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
¡Hay mucha expectativa por conocer su punto de vista...!

El señor MOREIRA.- Excúseme, señor Presidente, pero me hallaba en una reunión bilateral con el Senador Quinteros debido a que estamos enfrentando una emergencia en nuestra Región y analizábamos la forma de resolverla.
Quiero ser muy breve.
Cuando el colega Quintana solicitó segunda discusión estaba en todo su derecho de plantearla.
Con respecto a este proyecto, con el que estoy de acuerdo, deseo recalcar que lo encuentro bastante positivo, ya que va a permitir a todos los municipios atender asuntos con mayor rapidez: los problemas que aquejan a la ciudadanía, en especial, cuando se trata de baches que afectan a todos quienes transitan en la vía pública, desde automovilistas hasta peatones.
También considero positivo que esto sea facultativo para las municipalidades que cuenten con recursos disponibles, y no una obligación para todas ellas, pues la ley en proyecto no les genera mayores responsabilidades, sino que les permite dar pronta solución a situaciones puntuales.
Quizás esta no es una tremenda iniciativa; no hay gran debate. Se trata de un proyecto sencillo, eficaz, necesario: aborda los problemas que les afectan a los ciudadanos.
Entonces, me parece una instancia muy importante...
Señor Presidente, ¡estoy anonadado con tanto cartel verde que veo en las bancas de enfrente...!
Desde ya les digo que aquí estamos en contra del aborto libre.

El señor MONTES (Presidente).- Continúe, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Veo que los carteles señalan: "Aborto libre, seguro y gratuito".

La señora MUÑOZ.- ¿Y el suyo qué dice, señor Senador?

El señor MOREIRA.- ¡Yo no tengo ningún cartel!

La señora MUÑOZ.- ¡Pero a su lado hay pañuelos celestes...!

El señor QUINTANA.- ¡A Su Señoría se le cayó...!

El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, estamos discutiendo el proyecto vinculado con la pavimentación comunal.

El señor DE URRESTI.- ¡Tienen pañuelitos...!

El señor CHAHUÁN.- Acá tiene un pañuelo, señor Senador.

El señor MOREIRA.- No lo necesito.
Señor Presidente, yo siempre voy a ser defensor de la vida. ¡Y no es necesario que exhiba ningún pañuelito...!

El señor MONTES (Presidente).- ¡Es que todos quienes se sientan detrás de Su Señoría tienen pañuelitos...!
Por favor, prosiga, señor Senador.

El señor MOREIRA.- La verdad es que me impacté, señor Presidente. Por eso me salí del tema que ahora nos ocupa. De manera que le doy excusas por ello.
Este proyecto es muy muy sencillo.
Ojalá que los señores parlamentarios lo aprueben. Espero, asimismo, que sea acogido por nuestro Gobierno, con la finalidad de que se les inyecten más recursos a las municipalidades. De esa manera, estos asuntos tan simples, pero tan dificultosos para nuestra gente, van a ser solucionados en la medida que se pueda.
De otro lado, quiero señalarle una cuestión bastante importante.
En las treinta comunas de la Región de Los Lagos, que represento en el Senado, este es un problema prioritario: el estado en que están las calles; la necesidad de pavimentar los caminos rurales y vecinales; la urgencia de invertir muchos más recursos en este tipo de obras.
Quiero terminar mi intervención diciendo -porque aquí yo tengo derecho a señalar lo que estime conveniente, por cierto, sin faltarle el respeto a nadie-: ¡No al aborto libre que plantea la Nueva Mayoría en los carteles que sus parlamentarios tienen a la vista en sus pupitres!

El señor LAGOS.- ¿Y sus carteles...?
El señor MOREIRA.- ¿Qué carteles? ¡Yo no tengo ninguno!

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un proyecto simple.
Lamento que algunos traten de asociar lo relativo al financiamiento con esta iniciativa.
Lo que ocurre es que muchos municipios son sancionados por la Contraloría cuando tratan de resolver un problema relacionado con la vialidad (ciclovías, calles, en fin).
Necesitamos que las municipalidades puedan enfrentar situaciones de emergencia y darles solución, sin perjuicio de los proyectos que estén postulando para ser financiados por los gobiernos regionales o por el Ministerio de Vivienda.
No hay más que ello en esta iniciativa: es bastante sencilla.
Sí me gustaría pedir votación separada respecto de una parte del proyecto, en particular aquella que se refiere al número de metros cuadrados por cada bache que podrían reparar los municipios. Esto, porque me parece absolutamente improcedente que estemos discutiendo por cantidad de metros cuadrados, dado que en algunos lados las reparaciones tendrán determinada dimensión y en otros serán de una extensión distinta.
Eso lo deben resolver las municipalidades.
Al fijar un criterio en tal sentido, lo único que haremos será abrirles un flanco, con la nueva atribución que tendrán, para nuevos conflictos con la Contraloría. Y lo que pretendemos es que no molesten, que no persigan a los alcaldes que quieren solucionar problemas ciudadanos.
Ese es el sentido del proyecto que estamos votando.
Yo me voy a pronunciar a favor. Pero, en la medida de lo posible, me gustaría que se votara separadamente la frase que limita el número de metros cuadrados por cada bache que sería factible reparar, que se consigna en la página 5 del comparado.

El señor MONTES (Presidente).- Reglamentariamente, lo que plantea Su Señoría no corresponde: ya se abrió la votación, y han votado 24 señores Senadores.
El señor LETELIER.- Por eso pedí la palabra antes de que se comenzara a votar.
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El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a la delegación de alumnos del colegio Manuel Francisco Correa, de Rengo, quienes fueron invitados por el Diputado señor Raúl Soto. Ellos vienen a cargo del Director del referido establecimiento, don Haroldo González.
¡Bienvenidos al Congreso Nacional!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto de ley con un propósito extraordinariamente bien acotado: que ante situaciones de emergencia en materia vial las municipalidades puedan realizar trabajos que eviten que las personas se accidenten y, asimismo, que permitan un tránsito fluido cuando, por ejemplo, sobrevengan temporales, sismos fuertes u otras situaciones que constantemente afectan a las ciudades.
En mi concepto, muchos alcaldes hacen esa pega: ejecutan las reparaciones de emergencia, pues están preocupados de que la vida cotidiana de sus vecinos se desarrolle lo más tranquilamente posible.
Por lo tanto, concuerdo con un Senador que me precedió en el uso de la palabra, en cuanto a impedir que aquellos alcaldes cuyo afán es proteger, ayudar a la gente de su comuna tengan problemas de carácter administrativo, particularmente con la Contraloría.
Por eso, me llama profundamente la atención que algunos digan aquí que el Gobierno no ha enviado una indicación sobre el particular, que no ha puesto los recursos necesarios, pues, en verdad, son casi los mismos que radicaron en el SERVIU y no en los municipios la atribución para actuar en el ámbito vial; son los mismos que han impulsado y aprobado proyectos de distinta naturaleza sin entregarles recursos a las municipalidades.
Así que tratar de achacarle a la actual Administración que no soluciona o que no se hace cargo de un problema latamente discutido en el Senado durante los últimos años no me parece serio ni responsable.
Aquí, en primer lugar, se busca que los municipios de verdad puedan actuar ante una emergencia.
¿Para qué? Para evitar daños a la propiedad, a los bienes y a las personas, pues, por ejemplo, cuando producto de un temporal se abre un boquete en el pavimento, sin duda eso genera peligro. Y si una municipalidad actúa con diligencia, esa dificultad puede ser subsanada.
Aquí no se está pidiendo -así debiera ser- que los municipios tengan la atribución para pavimentar calles, que asuman tal desafío con los recursos de los niveles central, sectorial o regional.
Por lo tanto, señor Presidente, este proyecto es de simple tramitación, y no debiera ser objeto de mayor discusión. Tampoco esto tendría que transformarse en una cuestión que se resolviera por la vía política. Se trata de un asunto de ordinaria ocurrencia en nuestras comunas, y los alcaldes debieran tener la tranquilidad de que si se ven enfrentados a una situación de emergencia, que puede producir daño a las personas, a los vehículos, la puedan resolver rápidamente.
Ojalá llegue el momento en que las municipalidades sean gobiernos comunales fuertes, dotadas de recursos y facultades suficientes, porque verdaderamente son la primera expresión del Estado ante la ciudadanía.
Pero particularmente en los últimos años hemos sufrido un abandono del mundo municipal para concentrar el poder en otras instancias.
Espero que ese debate no se lleve a cabo solo a través de carteles: también tendrían que generarse ideas, propuestas que fortalezcan a los gobiernos comunales, para que los vecinos puedan recibir, desde su municipio, los servicios, las políticas y los programas que de verdad requieren.
Por eso, vamos a votar a favor de esta iniciativa.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, como ya se ha dicho, lo loable que tiene el proyecto que estamos votando es que entrega una nueva facultad a los municipios, la que ya realizan en la práctica.
Tal cual se señala en la moción que le dio origen a esta iniciativa, esto parte por juicios de cuentas que la Contraloría General de la República ha incoado en contra de diversos alcaldes que han tapado hoyos o se han hecho cargo de eventos -como quieran llamarles- en su comuna, lo que hacen por diversas razones.
Primero, porque -lo señalaba el Senador que me antecedió- los alcaldes son los primeros llamados a solucionar los problemas de los ciudadanos de su comuna, y segundo -eso es lo contradictorio con los juicios de cuentas de la Contraloría-, porque a ellos y a los municipios se los condena civilmente a pagar indemnizaciones cuando algún vecino se cae y sufre un accidente debido a calles o veredas en mal estado.
Dicho lo anterior, y estando de acuerdo con el objetivo principal de esta iniciativa, también he de hacer mención de que el penúltimo inciso del artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone expresamente que "Cualquier nueva función o tarea que se les asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.".
Lamentablemente, tal norma no se está cumpliendo ahora, lo cual constituye una deficiencia de este proyecto, el que no podría haberse originado en moción, por tratarse de una materia de la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.
Señor Presidente, debido a la contradicción existente hoy día en nuestra legislación, muchos alcaldes están siendo sometidos a juicios de cuentas por reparar veredas y calles a los efectos de, aparte solucionar los problemas de desplazamiento de los vecinos, evitar que las municipalidades sean condenadas civilmente al pago de indemnizaciones de perjuicios a raíz de la falta de conservación de aquellas no obstante carecer de facultad para la realización de dicha labor, lo cual, como he sostenido, envuelve una contradicción.
En consecuencia, para impedir que siga habiendo juicios de cuentas en contra de los alcaldes y que las municipalidades continúen perdiendo sus recursos por concepto del pago de indemnizaciones de perjuicios, y a la espera de que en la futura Ley de Presupuestos se les entreguen a las mencionadas corporaciones, sea a través de los gobiernos regionales o en forma directa mediante la SUBDERE, para que asuman la nueva tarea, yo, a pesar de la observación que formulé a propósito del artículo 5º antes individualizado, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo concuerdo plenamente en que podríamos haber tenido la opción de otorgar recursos a los municipios para tapar los baches, los hoyos, que destruyen los automóviles y causan accidentes a los peatones. Y fue factible que lo hiciera el Ejecutivo (estuvieron en la Comisión personeros de los SERVIU, representantes del Ministerio de Obras Públicas).
Por lo tanto, si hubiera existido voluntad para financiar la solución de un problema tan grave como el explicitado, el Gobierno pudo hacerlo. Pero ha dicho que tiene dificultades en los gastos, dio cifras de crecimiento, en fin.
Claramente, no es tarea nuestra -no nos corresponde; no tenemos facultad para ello- la consignación de recursos.
Lo expresaron los alcaldes de las comunas rurales que participaron en el debate. Estuvieron el Alcalde de Lumaco, señor Manuel Painiqueo; directores de obras municipales, y diversos especialistas en la materia.
Yo solo quiero decir que hoy día la situación es insostenible.
Los alcaldes tienen la obligación de señalizar baches y hoyos, cuya reparación muchas veces resulta más económica que la señalización. Sin embargo, cuando los reparan, ¡la Contraloría los multa...!
Ese es el peor de los mundos: si reparan, los multan; si no lo hacen, gastan en señalización más que en la solución definitiva.
Entonces, este es un buen proyecto, pues posibilita que el municipio que así lo decida repare los baches y los hoyos en las calles hasta un límite de veinte metros cuadrados.
A mi entender, está claro que esa es la superficie máxima y, por tanto, que pueden ser varios veinte metros cuadrados sucesivos, según la cantidad de baches u hoyos existentes en los diversos paños.
Ahora, yo quiero destacar que se abrió el debate sobre lo que pasa con las rutas viales que atraviesan las comunas. Esas siguen siendo de responsabilidad de Vialidad. Aquí estamos hablando mayoritariamente de las calles urbanas, de las que son responsables los SERVIU.
En tal sentido, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Municipalidades les permite a los municipios celebrar convenios para asociarse entre ellos para los efectos de las reparaciones correspondientes.
Señor Presidente, en la Sala hay un número importante de Senadores de Gobierno que tienen línea directa con el Primer Mandatario, a quien acompañé esta mañana durante su visita a Lota Green, de la histórica Lota, donde hizo un anuncio importantísimo: la construcción de 600 viviendas. Lo saludamos. Pero los colegas de la Derecha tienen la posibilidad de conversar a diario con él y, asimismo, con los ministros.
Si la referida Ley permite mediante su artículo 138 la celebración de los convenios explicitados, se requiere la acción del Gobierno para los efectos del financiamiento.
Por consiguiente, les digo a mis colegas de enfrente que, si creen realmente en aquello, tienen plena posibilidad para pedirle al Ejecutivo que financie a las municipalidades más aproblemadas.
Hay un ranking de hoyos y baches, señor Presidente. Todos los municipios saben dónde están y conocen la peligrosidad de cada uno de ellos. Entonces, es factible generarse el financiamiento requerido para su reparación.
Yo recojo el guante. Y, en este sentido, les recuerdo tanto a los Senadores y a las Senadoras de Oposición cuanto de Gobierno que dentro de dos meses recibiremos el proyecto de Ley de Presupuestos. Vamos a hacer, a partir de cifras ajustadas, un gran debate, el que será visto por los alcaldes. Y si somos coherentes, diremos: "Habrá una glosa presupuestaria destinada a que la ley en proyecto, que estará tramitada dentro de pocos días, tenga financiamiento a base de acuerdos entre el Gobierno, mediante los SERVIU, y los municipios, a través de sus direcciones de obras".
En consecuencia, hay posibilidades de financiamiento. Así, vamos a evitar tanto las demandas derivadas de los accidentes como la pérdida de vidas.
Este es un muy buen proyecto, señor Presidente. Y voy a aprobarlo porque creo que ayudará a los alcaldes a resolver problemas.
Solo queda pendiente lo nuestro.
Si hubiéramos extendido la tramitación a una Comisión Mixta, no habríamos tenido ley antes de la discusión presupuestaria. Pero, como se halla ad portas la discusión del Presupuesto, podemos llegar a un acuerdo y presentar una glosa al Gobierno, a la DIPRES, para ver si prevé el financiamiento necesario y nos permite cumplir con los alcaldes, quienes están demandando los recursos pertinentes.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, con relación a este proyecto de ley, me referiré de manera muy breve a dos o tres puntos. No voy a tocar aspectos procedimentales, sino que, simplemente, entraré al fondo del articulado.
Yo valoro sobremanera la presentación de esta iniciativa, pues regulariza una práctica en que han incurrido muchos municipios de nuestro país.
Mediante esta proposición de ley se les entregan a las municipalidades facultades directas para poner término a una situación que las afecta.
En efecto, la gente responsabiliza a los alcaldes y a aquellas corporaciones por los accidentes que sufre a raíz de los hoyos y baches existentes en las calles de sus comunas. Empero, olvida que el año 2005 se dictó la ley N° 20.035, que modificó la ley sobre gobiernos regionales, en virtud de la cual se otorgaron facultades a dichos gobiernos para hacerse cargo de las calzadas, las veredas, en fin, y les posibilitó entregarles recursos a los municipios. Y, de hecho, muchos de ellos postulaban a ese tipo de fondos para llevar a cabo las obras materiales respectivas.
En cambio, este proyecto de ley faculta a las municipalidades para que, con plena autonomía y con recursos propios, realicen directamente o a través de terceros las referidas obras en beneficio de la comunidad.
Pero sucede, señor Presidente, que aquí hay una contradicción institucional, ya que muchos gobiernos regionales, sin contar con normas que les permitan hacerlo, les entregan con fondos propios a muchos municipios máquinas y equipos especializados para bacheos a los efectos de que realicen una tarea que no está regulada normativamente.
Entonces, considero que la iniciativa que nos ocupa resuelve el problema explicitado.
Por último, para la historia de la ley, quiero hacer una aclaración.
En mi concepto, debemos precisar -esto es muy importante- que la nueva atribución se enmarca dentro de las funciones municipales compartidas y no de las privativas.
¿Por qué hago tal aclaración, señor Presidente? Porque la responsabilidad en este tipo de obras es compartida entre la municipalidad y el gobierno regional que provee los fondos necesarios para su realización.
Por lo tanto, no quiero que el gobierno regional interprete la futura ley en el sentido de que se trata de una función privativa de la municipalidad y, entonces, le digan: "Usted debe hacerlo con fondos propios. No me pida recursos a mí".
Estamos ante una función municipal compartida entre las municipalidades y los gobiernos regionales, los cuales recibieron sobre el particular una facultad expresa mediante la ley N° 20.035, del año 2005.
En ese entendido, señor Presidente, y sin entrar a cuestiones procedimentales acerca de la ley en proyecto, voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo he hecho varias advertencias con relación a este proyecto. Ahora intervengo simplemente para fundamentar mi voto en la misma línea seguida aquí por distinguidos Senadores de las más diversas bancadas.
A mi entender, no hemos encontrado una buena solución.
Yo comparto lo dicho por varios colegas en el sentido de que muchas veces se critica al Parlamento por el hecho de establecer atribuciones que no van acompañadas del debido financiamiento.
En este caso está en juego una cantidad significativa de recursos. Pero además hay varios problemas técnicos, los que se han planteado en esta Sala.
Acabo de conversar con el Diputado Leonardo Soto, uno de los autores de esta iniciativa, quien dijo haber estado disponible para resolver en una Comisión Mixta las situaciones que acaba de exponer muy bien el Senador Huenchumilla.
Mi Honorable colega hizo mención del tipo de competencias que se les van a transferir a los municipios.
Yo concuerdo con el planteamiento de Su Señoría en cuanto a que las facultades compartidas entre los gobiernos regionales, por un lado, y los SERVIU, por otro, no son lo que estamos aprobando hoy día: ahora estamos aprobando simplemente el traspaso de una facultad a los municipios sin recursos, haciendo caso omiso de la diferente realidad que tienen actualmente una comuna del norte, o una de la Región Metropolitana, o una del sur.
Ahora, ¿por qué se rompe el pavimento de que se trata? Principalmente, por dos razones, como señalaron con gran claridad los técnicos que estuvieron en la Comisión de Vivienda: por las altas precipitaciones y por el tránsito de camiones pesados, sobre todo de aquellos que transportan rollos de troncos de celulosa en el sur de nuestro país.
Por lo tanto, la intervención de 20 metros cuadrados es una solución de emergencia.
La situación descrita requiere una solución definitiva. Tal intervención, en palabras de los ingenieros que nos visitaron, significa un recapado. Entonces, el bacheo, por mucho que se les transfiera maquinaria a los municipios, no resuelve definitivamente el problema.
Yo percibo, pues, que no estamos tomando el mejor camino.
He escuchado a varios colegas decir: "Esto es para evitarles un problema administrativo a algunos alcaldes".
En efecto, alcaldes de comunas de la Región Metropolitana plantearon el punto, y con mucha razón. El Diputado Soto prestó atención al problema, y por eso presentó la moción.
Ahora, en mi concepto, más que impedir los juicios de cuentas a los municipios, deberíamos ver cómo les evitamos el problema a los usuarios de las vías públicas, a aquellos cuyos vehículos muchas veces sufren la rotura de sus llantas al caer en hoyos o eventos.
Entonces, señor Presidente, lisa y llanamente no concurro con mi voto favorable por estimar que no nos estamos haciendo cargo del problema de fondo.
Los gobiernos regionales, como se ha expresado, se van a lavar las manos (y esto no es atribuible a ningún Gobierno: ni al actual ni al anterior; se trata de un proyecto originado en una moción muy legítima y bien inspirada que presentaron diversos Diputados). Algunos, con sus capacidades técnicas.
¡Quién tiene más experiencia en materia de pavimentos que los SERVIU! Pero, en la práctica, se van a desentender y les van a dejar la responsabilidad a los municipios.
Algunas municipalidades de comunas grandes, como las de Las Condes, Vitacura, Santiago, Concepción y otras, sí podrán enfrentar la situación. Pero las de comunas chicas, no.
¡Por favor!
Aquí no se ha querido escuchar a los municipios.
Por otro lado, los gobiernos regionales, que sí tienen recursos y desde el año 2005 -lo señaló hace algunos momentos el Senador Huenchumilla- cuentan con una atribución sobre la materia, tampoco se van a hacer cargo de la situación.
Señor Presidente, creer que hoy día estamos resolviendo un problema puede parecer muy atractivo. Sin embargo, no estamos solucionando la cuestión de fondo.
Lo anterior, más allá de las consideraciones de constitucionalidad que uno pueda tener en torno a este proyecto.
Sobre el particular, yo llamaría a mirar con detención lo que pasa, pues muchas veces se cuestiona la admisibilidad de algunos proyectos, lo que en esta ocasión nadie ha hecho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, sin duda, tal como señaló el Senador Quintana, estamos ante un proyecto que solo contiene una solución de parche para enfrentar situaciones de emergencia; o sea, los municipios que cuenten con recursos puedan actuar a ese respecto sin ser objetados por la Contraloría General de la República.
Ahora, yo convengo en que se trata de la descentralización real de los SERVIU.
¡Cómo es posible que muchos municipios no tengan facultades ni recursos para pavimentar o reparar las calles y veredas deterioradas!
En el fondo, la idea es dar una solución definitiva a fin de que los alcaldes no paguen los platos rotos ante la imposibilidad de atender las demandas de su comunidad.
¡Cuántas personas, tras salir del hospital, llegan a nuestras oficinas parlamentarias para plantearnos, por ejemplo, que sufrieron una rotura de cadera a causa de una vereda en mal estado, o bien, que tuvieron un accidente vehicular debido a los hoyos existentes en las calles!
Por lo tanto, quiero valorar la proposición de ley hecha por varios Diputados en cuanto a dar una solución. Sin duda, no es definitiva. Empero, posibilita que los municipios con recursos disponibles efectúen las reparaciones de emergencia correspondientes.
De otro lado, señor Presidente, creo que este es uno de los temas que deberemos trabajar fuertemente cuando nos aboquemos al proceso tanto de descentralización y entrega de facultades a los gobiernos regionales cuanto de descentralización al interior de las regiones, lo que involucra a los municipios.
En consecuencia, valoro esta iniciativa, pues considero que va en el sentido correcto.
Por supuesto, no es lo mejor. Sin embargo, permite que los alcaldes que dispongan de recursos suficientes solucionen problemas del día a día que afectan a nuestros ciudadanos.
Por lo expuesto, voy a votar a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Senador señor Quintana está pidiendo la palabra para solicitar un desarchivo.
Recabo la autorización necesaria.

El señor LETELIER.- ¿Cómo...?
¡Estamos en medio de una votación, señor Presidente!
¡Que tiene que ver con ella una petición de desarchivo!

El señor QUINTANA.- Después, Su Señoría.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sé que estamos en votación.
¿Hay autorización?

El señor LETELIER.- ¡No!

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No existe autorización.
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Solo deseo hacer algunas precisiones, señor Presidente.
Diversos parlamentarios han señalado aquí que a los municipios se les están agregando nuevas funciones y atribuciones.
En primer término, yo quiero puntualizar que lo que se propone está contenido en el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que plantea precisamente lo que la moción trata de estructurar.
Ese precepto expresa: "Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con:...". Luego, en diversos literales, figuran varias de ellas. Y la letra f) dice: "La urbanización y la vialidad urbana y rural;...".
Entonces, la facultad para intervenir en obras relativas a urbanización y vialidad urbana y rural ya está consignada en la Ley Orgánica de Municipalidades.
En segundo lugar, debo decir que este proyecto nació con diversas nomenclaturas respecto del área de intervención del bacheo: de 5 se pasó a 50, y se estimó prudente establecer en 20 metros cuadrados el máximo de intervención.
Pero lo más importante, señor Presidente, es que aquí no se le están entregando al municipio nuevas funciones y atribuciones.
Al amparo del mismo artículo 4° ya mencionado, se faculta a las municipalidades para intervenir en obras de urbanización y de vialidad urbana y rural, lo que se halla en directa sintonía con lo que estamos perfeccionando precisamente en la norma que nos ocupa. Ello facilita el trabajo en todas las ciudades, obviamente.
Eso quería acotar en esta ocasión.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Honorable señor Letelier ya fundamentó su voto. ¿Desea intervenir por algo distinto?

El señor LETELIER.- En efecto, ya lo hice, señor Presidente.
La última columna del texto comparado no dice que la votación es de un artículo único. Mi planteamiento obedece a que entiendo que la disposición se refiere a los metros cuadrados en los cuales será posible que los municipios actúen sin que Contraloría pueda perjudicarlos. Porque ese es el sentido del proyecto. El texto no dice relación con nuevas atribuciones para ellos: es para que no sean perseguidos cuando resuelvan un problema de la ciudad.
Creo que la fijación de veinte metros cuadrados es una restricción innecesaria. Pido consultar a la Sala si eso puede ser objeto de un pronunciamiento posterior aparte, porque me parece inadecuado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Como se le hizo presente, Su Señoría, ya estaba abierta la votación, lo que no se puede retrotraer.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Por 36 votos contra uno, se aprueba la proposición de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y el proyecto queda aprobado también en particular, quedando despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votó por la negativa el señor Quintana.

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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido el desarchivo del proyecto que modifica la tipificación de las figuras delictivas del aborto y su penalidad (boletín N° 9.480-11), archivado en agosto de 2014.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.



CREACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ESTADO DENOMINADA "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA"


El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S. A.", con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.554-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 20ª, en 30 de mayo de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 34ª, en 18 de julio de 2018.
Discusión:
Sesión 34ª, en 18 de julio de 2018 (queda para segunda discusión en general).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se hace presente que los números 1 y 2 del artículo 16 revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 23 votos para ser acogidos.
Por otra parte, la iniciativa es materia de ley de quorum calificado, al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del número 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de modo que exige el pronunciamiento conforme de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos.
El texto que se propone sancionar en general se transcribe en el certificado de la Comisión de Hacienda.
Nada más.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.

--(Durante la votación).

El señor NAVARRO.- Pido que alguien informe.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Su Señoría quiere intervenir?

El señor NAVARRO.- Después de lo que se exponga.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Letelier para una cuestión de Reglamento.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, a mí me gustaría que usted recabara el asentimiento de la Sala para revertir el acuerdo, porque juzgo importante escuchar al Ejecutivo, lo que no será posible si está abierta la votación. La razón que...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se puede consultar si no hay objeciones para que intervenga.

El señor LETELIER.- A mi juicio, ello es muy importante, por la naturaleza del proyecto.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está bien.

El señor LETELIER.- Porque, reglamentariamente, no tendría derecho a hacerlo.
Entonces, pido suspender la apertura de la votación hasta iniciar el debate y que el Ministerio pueda dar su opinión, porque hay juicios encontrados.
Quiero intervenir después sobre el punto en sí, pero estimo importante darles la oportunidad de una clarificación a quienes han venido del Gobierno.
No sé si quieren hacer uso de la palabra. Si no, me gustaría consultarles.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No es necesario retrotraer lo ya determinado. La votación ya está abierta.
Si no hay objeciones, se escuchará al Ejecutivo.
Acordado.
Puede intervenir el señor Subsecretario.

El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, saludo a las señoras Senadoras y los señores Senadores presentes.
Vengo en representar al Ejecutivo a propósito del proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S. A.".
Nos encontramos en la segunda discusión. La materia fue analizada en la semana anterior a la de trabajo regional. Básicamente, deseo recalcar que se trata de una iniciativa presentada el 2 de enero de 2018 -durante el Gobierno anterior, por cierto-, como resultado de un protocolo de acuerdo que, tal como señalé en dicha sesión, fue celebrado por todas las bancadas a propósito de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de 2018.
Digo lo anterior por ser necesario algún tipo de contexto, dado que en esa oportunidad se abordó lo relativo a un aumento considerable en el presupuesto de CORFO. Lo importante es señalar que el objetivo perseguido consistía en dar una institucionalidad distinta a SACOR -era, básicamente, la solución planteada en su momento- a fin de que el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), alojado en el BancoEstado, y el Fondo de Garantía para la Inversión y el Capital de Trabajo (FOGAIN), en la Gerencia de Inversión y Financiamiento de CORFO, pudieran contar con una estructura orgánica corporativa que asegurara el buen uso de los recursos.
El asunto fue largamente debatido. Se llegó a acuerdo. El Gobierno anterior, con la firma de la ex Presidenta Bachelet y de los ex Ministros Nicolás Eyzaguirre y Rodríguez Grossi, presentó la iniciativa para constituir una sociedad anónima del Estado.
Se trata de una entidad que sigue los parámetros del Banco Mundial. Hubo un informe del año 2015 que fue muy explícito al consignar los problemas que podía constituir para la CORFO el manejo de un capital tan importante a fin de otorgar cobertura crediticia y refinanciamiento a micro, pequeñas y medianas empresas.
La finalidad del proyecto no es sino mejorar la institucionalidad del acceso al crédito para todas ellas. Estamos haciendo referencia a que con las coberturas se llega al quince por ciento del dinero que prestan las instituciones financieras. Eso significa una importante puerta de entrada. De una u otra manera, se derriban las barreras del mercado existentes para las pymes.
Recordemos que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan hoy día con las garantías suficientes y necesarias para presentarse por sí solas al sistema de financiamiento. Pues bien, requieren el apoyo del FOGAIN o del FOGAPE.
Desde el punto de vista de la modernización del Estado, hemos querido, en primer término, continuar -reconocemos su importancia- con la iniciativa de la ex Presidenta Bachelet; en segundo lugar, estamos siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, como expresaba, y, por último, lograremos eliminar la burocracia excesiva existente tanto en la Gerencia de Financiamiento de la CORFO como en el mismo BancoEstado.
Se da la situación de que este último hoy día es juez y parte: por un lado, administra, en virtud del decreto ley N° 3.472, de 1980, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, estatal, y, al mismo tiempo, participa como institución financiera, una de las noventa en nuestro país.
Como he señalado, nos encontramos ante una modificación de la estructura. Finalmente, los elementos de contenido de estos fondos públicos van a ser tratados en decretos supremos. El artículo 4 del proyecto determina claramente que, para el propósito práctico de disponer de alguna ventana para mejorar la eficiencia y la efectividad de ellos, podrán establecerse normas y reglamentaciones particulares en un decreto expedido bajo la firma del Ministro de Hacienda y del Ministro de Economía, como hoy día es el caso del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
En la sesión de la semana legislativa anterior se tocó un asunto muy relevante y que me gustaría subrayar, el cual dice relación con que nuestro Gobierno, en la iniciativa que crea el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, señala que se está pensando en INFISA (Intermediación Financiera S. A.) como sociedad administradora de las operaciones.
Sin embargo, quiero dejar muy en claro que el articulado en votación general ahora no contempla, por parte del Ejecutivo, la presentación de indicaciones distintas de las que ya hemos formulado en la Cámara de Diputados.
A nuestro juicio, ese debate se tiene que dar en relación con el proyecto de ley de nuevo financiamiento de la educación superior -el sistema solidario- y en la Comisión de Educación correspondiente. Es en ese texto, en la medida en que concurran los votos necesarios, donde se harán las modificaciones especiales a INFISA.
Lo que dice relación con el presente boletín es la estructura casi exacta planteada el 2 de enero recién pasado por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Las únicas modificaciones que hemos llevado a cabo se refieren a la consideración de la cobertura territorial de los fondos, lo que surgió en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para una efectiva representatividad, sin perjuicio de que, obviamente, si hoy día observamos las cifras, la mayor cantidad de ellos, tanto FOGAIN como FOGAPE, se hallan concentrados en las grandes ciudades. Sin embargo, existe la facultad, aprobada por la otra rama del Congreso, para que el Directorio establezca ciertas políticas que permitan una mayor representatividad regional.
Al mismo tiempo, se vio -y es parte de la discusión, por cierto- lo relativo a que el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios del BancoEstado pasara a constituir uno de los dos mayoritarios, de carácter público, de la sociedad estatal que nos ocupa.
Es importante consignar que esta última contará con normas de fiscalización y regulación como las propias de las sociedades anónimas abiertas. Se encontrará sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y una vez al año tendrá que presentar sus estados financieros y operacionales ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Por lo tanto, en la línea de seguir profundizando en el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas, que significan el 96 por ciento de las sociedades hoy día beneficiadas con este sistema de cobertura de crédito y que de otra manera no contarían con la posibilidad de recurrir al sistema bancario, queremos pedir la aprobación en el entendido de que el proyecto continúa con su línea matriz. Como señalé, el boletín actual no tiene la posibilidad de indicaciones en el punto que generó observaciones o comentarios de algunos señores Senadores presentes.
Dicho lo anterior, creemos que la iniciativa es necesaria. Es una forma sana y transparente de modernizar los fondos amparados hoy día en una gerencia de una entidad como la CORFO. El mismo Banco Mundial nos ha recomendado contemplar la institucionalidad suficiente y el gobierno corporativo adecuado para que contemos con un sistema alejado del ciclo político y con las normas de control que les den garantías a todos.
Gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la primera pregunta que me haría es qué va a hacer la CORFO. Esta ha sufrido un proceso de desmantelamiento, de jibarización progresiva, durante los gobiernos de la Nueva Mayoría, de la Concertación, y se pretende llevar ahora lo que ha sido una banca de segundo piso a una entidad de intermediación financiera alejada del ciclo político, de acuerdo con el señor Subsecretario, y cuyos miembros serán electos a través de la Alta Dirección Pública.
¿Qué es esta última sino la elección de los mejores, pero "de los nuestros"?
¡Eso ha pasado con el Gobierno! ¡Se ha echado a cientos de personas! ¡Hemos gastado miles de millones de pesos en elegir nuevos directivos por la Alta Dirección Pública, pero todos de Derecha!
¡Y lo mismo hizo la Nueva Mayoría: sacó a todos después del primer Gobierno de Piñera y puso a los suyos!
Lo dije cuando discutimos el proyecto de ley respectivo: para lo único que sirve la Alta Dirección Pública es para garantizar la idoneidad técnica, pero el cuoteo político va a seguir.
Por lo tanto, todos los nuevos directivos, sin importar si lo están haciendo bien o mal, son sacados y reemplazados por alguien calificado técnicamente, pero "de los míos": en este caso, de Derecha, del Gobierno del Presidente Piñera.
Entonces, la conformación del directorio con dos designados por el Primer Mandatario y tres por la Alta Dirección Pública da, desde ya, cinco correspondientes al Gobierno, porque, al final, esta última solo nombra hoy a quienes estén de acuerdo con la Administración de turno.
Una realidad de esta índole en la entidad financiera no da una garantía de transparencia, de diversidad, de objetividad.
En seguida, hemos discutido mucho sobre la necesidad de que el Estado pueda recuperar la capacidad empresarial.
La Carta de 1980, que muchos dicen querer cambiar -en particular, ese es mi caso: ¡Nueva Constitución, ahora!-, limita al Estado para efectuar emprendimientos empresariales a pesar de que ningún privado se interese en desarrollar una actividad económica en tal o cual Región o área productiva. No puede intervenir. Aun cuando ello ocurra en Arauco, en las zonas extremas, el sector público no puede hacerlo.
Me parece que esta es una buena ocasión para comentar el asunto, pero no he conocido lo que puede exponer la Comisión. He escuchado al señor Subsecretario, quien vino con el objetivo de aprobar el proyecto y expresó que se beneficiará un conjunto de asociaciones. Pero en el informe no encuentro ninguna. Se cuenta con el juicio del Gobierno, mas no hay alguna que haya entregado un parecer en cuanto a si la entidad de que se trata va a hacerlo peor, mejor o más o menos respecto de cómo actúa hoy día la CORFO.
En consecuencia, creo que faltan antecedentes para el debate.
Quisiera imponerme de cuál es el sentido -imagino que ello se vio en la Comisión de Economía o la de Hacienda- de quitarle una función a la CORFO para traspasarla a un organismo nuevo absolutamente hegemonizado por el Gobierno de turno.
Estimo cada vez más que el Estado efectivamente puede jugar un rol mayor en dinamizar la economía en la llamada, reiterada, pero nunca ejecutada, "alianza estratégica público-privada". Si a mí me dicen que la iniciativa le permitirá dar un paso más en esta última, en la medida en que donde no haya ningún interés en invertir por parte de los privados, pero sí una buena posibilidad de negocio, financie junto a ellos, priorice, ayude, releve, ¡bienvenida!
Pero si se tratará solo de una mera tramitación de créditos en la CORFO, que ya se ocupa en eso, deseo saber cuál es la burocracia que se eliminará, de acuerdo con el señor Subsecretario. ¿Cuánta? ¿Qué ahorro registrará la CORFO con la dictación de la ley en proyecto? ¿Quiénes se verán afectados con la creación de la entidad?
Cuando sacamos los créditos CORFO, recuerdo claramente que liquidamos una cartera a precio de huevo, al diez por ciento, y con más de siete mil deudores, entre ellos Mamo Contreras, dueño del fundo Viejo Roble, en el sur, y que había pedido plata. Los miles y miles de millones de pesos que se lograron fueron traspasados al BancoEstado a través de la venta de cartera vencida.
Si bien ese es un modelo dañino, equivocado, la pregunta es cuál va a ser el modelo para el organismo en examen.
El Senador que habla, para quien esta es la primera noción del tratamiento de la iniciativa, hubiera esperado un informe mucho más complejo a fin de poder formarse una opinión más profunda.
Solo digo que el Estado sí puede suscribir alianzas estratégicas con los privados en muchas regiones -como en la del Biobío- si terminamos con el dogmatismo de creer que él lo resuelve todo.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, el origen de este proyecto es muy distinto al que indicó el señor Subsecretario, si le entendí bien. Esta iniciativa surgió porque hubo Senadores de las bancas del frente que cuestionaron en la Ley de Presupuestos, durante a lo menos dos años sucesivos, que se aprobaran fondos para este tipo de actividades sin una institucionalidad adecuada.
Si no recuerdo mal -y si me equivoco, pido disculpas-, fue el Senador señor García quien insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo a fin de disponer de una institucionalidad para la entrega de recursos públicos que se hacía a través de la CORFO.
En esa ocasión, con la presencia del mismo Vicepresidente Ejecutivo de dicha Corporación, entre otros, se acordó aquí la creación de este proyecto, cuya finalidad era la intermediación financiera para emprender -¡emprender!-, no para cualquier fin.
Señalo lo anterior, porque desgraciadamente se ha contaminado este debate, sobre la creación de una empresa del Estado para cumplir esta función, con el que tiene que ver con el CAE.
Y lamento que se contamine el debate de una institución necesaria con el de una política pública que se halla en discusión, porque la idea matriz de la iniciativa que nos ocupa no es -¡no es!- el financiamiento de mecanismos de crédito para educación.
¡No es esa la idea matriz!
Por tanto, hoy quiero dejar sentado, señor Presidente, que en el momento en que se quiera cambiar la idea matriz algunos recurriremos a las instituciones que correspondan para que eso no ocurra.
Ese es otro debate. Y lamento esta distorsión.
Uno podría preguntarse por qué no estamos fortaleciendo al Banco del Estado, o por qué esa empresa -ya existente- no asume esta y otras funciones. ¿Por qué se ha optado por este modelo?
Sin duda, en la discusión en particular del proyecto en la Comisión de Hacienda algunos propondremos debatir cuál es el mejor instrumento para intermediación financiera y fondos de riesgo destinados a emprendimientos y acciones que son necesarias, lo cual es muy importante.
Otro debate -insisto- es si debe haber fondos públicos para personas que deseen estudiar en la educación superior y que no cumplen los requisitos establecidos por el Estado para acceder a establecimientos que estén acreditados, y que recurren a esos recursos para ir a otras instituciones, donde no hay gratuidad y donde el Estado indirectamente se está haciendo responsable.
Pero ese es otro debate, señor Presidente, que no debe contaminar el que ahora nos ocupa.
Por eso quise que el Ejecutivo hablara, para decirle que si llegara a tener la intención de hacer que esta institución sirva a esos otros propósitos va a caer en una ilegalidad, porque la idea matriz es otra. Y cuando votemos en general lo haremos por una institución de intermediación financiera y de riesgo para el emprendimiento, no para cualquier tipo de financiamiento, y luego deberemos ver si las funciones de dicha institución las haría mejor el BancoEstado o si necesitamos la creación de esta empresa, lo cual también se podrá discutir. Pero, para el financiamiento de otros fines que el Estado tenga, que pueden ser muy legítimos, se tendrán que usar instrumentos diferentes.
Yo voy a votar a favor, señor Presidente. Es un compromiso que tomamos en la Sala cuando se discutió el Presupuesto del año pasado. Por eso se mandó el proyecto a principios de este año, a petición de varios de los que estábamos acá. Quiero recordar que no fue mi iniciativa, sino más bien de colegas de la Oposición en ese entonces, pero pensando en algo que corresponde hacer.
Como he dicho, el otro debate, sobre el CAE, no debe contaminar este. Creo que nos hace mal confundir los dos temas, porque por mucho que se relacionen con financiamiento, uno de ellos no tiene que ver con la promoción de emprendimientos, de negocios, que es la razón de existir de este instrumento que se propone crear.
En ese espíritu, votaré a favor, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, la mala idea de confundir el debate respecto de un legítimo apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con el proyecto de ley que hoy se discute en la Comisión de Educación sobre el nuevo CAE es responsabilidad del Gobierno. Ellos fueron los que mezclaron las dos iniciativas.
Sin embargo, hoy día hemos visto un giro, un cambio de actitud. No es el mismo Ejecutivo que en la sesión pasada nos señalaba que esta sería la sociedad anónima que administraría el CAE. Hoy escuchamos al Subsecretario pronunciarse en una dirección distinta.
Nosotros lo dijimos en nuestra intervención en la primera discusión: estamos convencidos de que las micro y pequeñas empresas enfrentan situaciones mucho más desventajosas respecto de la posibilidad de acceder a la banca para apoyos financieros. Por eso, todo lo que se pueda hacer en materia de intermediación financiera es muy importante, especialmente considerando los tiempos que corren.
Yo vivo en la Región de Atacama. Hoy día todo el país enfrenta situaciones complejas de desempleo, pero en Atacama este llega a 8,7 por ciento; en Antofagasta, a 8,2 por ciento; en Coquimbo, a 8,1 por ciento; en Biobío, a 7,9 por ciento; en La Araucanía, a 7,9 por ciento.
Es decir, claramente, el boom de empleo, de crecimiento que se le ofreció a buena parte de los chilenos nunca llegó.
Nos parece que hoy día debemos ser capaces de tener alternativas para apoyar con decisión a la pequeña, a la microempresa, y esta iniciativa es importante para ese propósito.
Pero no mezclemos aquí dos discusiones. Nosotros pensamos que el proyecto del nuevo CAE presentado por el Ejecutivo no resuelve el problema de cientos y miles de estudiantes que hoy viven endeudados. Ese será un debate que seguiremos dando en la Comisión de Educación.
No obstante, creemos que esta iniciativa es importante frente a los problemas que vive hoy el país. Estamos enfrentando situaciones complejas en materia de desempleo, particularmente en la Región de Atacama. Y, curiosamente, llama la atención que, sobre todo en regiones como la nuestra, con altos índices de desempleo, se registre la más baja ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional: 40 por ciento. Es decir, acá se requiere un Ejecutivo mucho más enfocado en las necesidades, en las preocupaciones de la comunidad.
En Atacama se necesita una mayor inversión pública. Por lo tanto, esperamos que esta oficina de intermediación también ponga su foco en apoyar a aquellas micro y pequeñas empresas de territorios que enfrentan mayores dificultades.
Junto con ello, considero necesario también apoyar iniciativas de reactivación de la inversión pública regional, estimular la cooperación, generar una mayor materialización de la inversión que permita una diversificación de nuestra matriz productiva.
Estamos convencidos, señor Presidente, de que era una mala idea del Gobierno mezclar un tema legítimo, como el acceso a mejores condiciones financieras para las micro y pequeñas empresas, que es el propósito original de este proyecto, con el nuevo CAE.
Yo me alegro de que se haya dado un giro respecto de esa determinación, de manera que hoy día volvamos a las ideas matrices de este proyecto.
Respecto de ese punto, no tenemos ningún comentario más que apoyar esta iniciativa, sobre todo, porque en aquellos territorios en donde se les anunció a miles de chilenos que llegaría más inversión, que habría más crecimiento y empleo, nada de eso ha ocurrido.
¡Parece que los tiempos mejores son solo para algunos!
En Atacama sigue subiendo el desempleo y tenemos una inversión pública más baja que en años anteriores.
Esperamos que con la aprobación del proyecto la intermediación financiera pueda focalizarse en los territorios que hoy lo requieren tanto, como el de Atacama.
Voto a favor de la iniciativa, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, solo deseo aclarar algunos puntos.
En el país tenemos más de 1,5 millones de micro y pequeñas empresas que serán beneficiadas con esta normativa. Y, efectivamente, más del 60 por ciento del empleo es proporcionado por ellas.
Según uno de los últimos estudios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, solo una de cada tres pymes accede a créditos. Ello disminuye su competitividad, vuelve mucho más difícil el emprendimiento y hace que las condiciones de trabajo sean cada día más complejas.
En ese contexto, espero que el proyecto, que viene a profesionalizar, mejorar y modernizar el trabajo que está realizando CORFO desde hace muchos años, permita que la nueva empresa cumpla con los estándares internacionales de gestión de riesgo, gobierno corporativo y contabilidad.
El BancoEstado es una institución pública y ha hecho un buen trabajo. Pero sus tasas de interés no son más bajas que las de las noventa instituciones vinculadas al crédito en Chile.
Me parece que, más allá de la modernización de esta estructura, que probablemente le entregará gran parte del patrimonio a la CORFO para garantizar créditos a las pequeñas empresas, debemos preguntarnos si BancoEstado puede hacer un esfuerzo para bajar las tasas de interés a las micro y pequeñas empresas, ya que no son distintas de las que ofrece el resto de las entidades comerciales.
En ese escenario, también corresponde que la iniciativa aumente la cobertura, el número de personas que acceden a los créditos, como también que disminuya sus costos. Porque, si vamos a modernizar la institucionalidad, ello debiera verse reflejado en una disminución del costo, que en el caso de las micro y pequeñas empresas, dado el "riesgo" que enfrentan, siempre es mucho más alto que en el de las empresas medianas y grandes.
Así que apruebo el proyecto, en la esperanza de que podamos apoyar el acceso al crédito de tantas familias de emprendedores de nuestro país que esperan con ansias un cambio respecto a sus posibilidades de acceder a importantes recursos, que implican capital de trabajo y mejoramiento de sus equipamientos.
Doy mi voto favorable a esta iniciativa y, sinceramente, espero que sea de utilidad para nuestros ciudadanos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, en la sesión anterior en que analizamos este proyecto, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A.", antes de que se pidiera segunda discusión, argumenté a favor de él, porque me tocó participar en la Comisión de Hacienda cuando se discutió este asunto.
En esa sesión, manifesté la importancia que tiene un proyecto de esta naturaleza para generar mayor dinamismo en nuestra economía. Y, particularmente, para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito y en mejores condiciones, estableciendo una racionalización de los instrumentos con los que actualmente cuenta el Estado en la materia, pero que son administrados por la CORFO y BancoEstado. Muchas veces se instauran mejores condiciones para los sujetos intermediadores de crédito, pero no para los sujetos de crédito, esto es, las pequeñas y medianas empresas.
Anteriormente manifesté -y hoy lo reitero- que esta es una buena iniciativa, ya que permite implementar de mejor manera las herramientas para que los emprendedores puedan realizar en mejores condiciones sus proyectos.
Mi intención no es repetir los argumentos que di, porque fue una larga exposición. Pero sí quiero precisar un punto que originó el debate en la sesión anterior, que fue lo que motivó a que el Senador Latorre pidiera segunda discusión. Y es que la presente iniciativa, que estamos aprobando en general, no guarda relación alguna con el proyecto del Gobierno que tiene como objetivo resolver el drama que existe con el CAE.
Son dos proyectos distintos, y cada uno tendrá que ser analizado en su mérito. En consecuencia, votar a favor del que crea la empresa Intermediación Financiera S.A. bajo ninguna circunstancia puede ser interpretado como un pronunciamiento favorable respecto de otra iniciativa que, sin duda, es imprescindible, pero que deberá ser analizada en su oportunidad por nuestra Corporación.
Por todo lo anterior, reitero mi voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, como todos sabemos, el principal problema que enfrentan las mipymes hoy es la falta de respaldo económico para desarrollarse, lo que las obliga a bancarizarse y a adquirir crédito con tasas mucho más altas y menos competitivas, e incluso tienen dificultades para acceder al mercado financiero.
Por lo tanto, es razonable que el Estado aporte para generar condiciones de mercado con más competencia, así como para que se creen nuevas áreas de negocios, con el ingreso de nuevos actores.
En ese entendido, el aporte que se está haciendo a través de la CORFO de verdad ha sido ampliamente significativo, puesto que cubre por lo menos un 14 por ciento de todos los créditos otorgados a las mipymes en Chile. Por ende, se ha transformado en un actor esencial. Pero también tiene programas de refinanciamiento, programas de capital de riesgo e instituciones de garantías recíprocas. De esta manera, 168.245 empresas son beneficiarias de programas de cobertura y financiamiento.
Así se logran, objetivamente, el acceso al financiamiento, mayores plazos para pagar y mejores tasas de interés, lo cual nos ayuda a enfrentar uno de los mayores problemas en Chile: el desempleo. Y, precisamente, en todos los países -la experiencia comparada lo indica- las pequeñas y medianas empresas son las que contratan más mano de obra y, al mismo tiempo, generan condiciones para el desarrollo de proyectos personales de nuevos emprendedores.
Naturalmente, los montos que se manejan justifican la creación de una institucionalidad más sólida y transparente, que asegure una proyección sustentable en el tiempo.
Hasta aquí, el propósito del proyecto tiene plena justificación. También comparto que se cree la empresa del Estado Intermediación Financiera S.A, que se faculte al Ministerio de Hacienda para que concurra con la Vicepresidencia Ejecutiva de CORFO a constituir sus estatutos sociales y que la administración de la sociedad elija a su presidente entre directores independientes, renovables. Ojalá que el primero sea una figura transparente, de competencia pública, y no una designación con sentido ideológico o político.
También es necesario dejar claro que esta iniciativa tiene un marco y objetivos muy específicos. Por lo tanto, no hay que amarrar una buena idea a otro problema que también requiere una justificación y una institucionalidad: el financiamiento de estudios superiores. Este nada tiene que ver con la naturaleza del proyecto que estamos tratando y lo único que hace es confundir y enredar el debate.
Con esta única preocupación, que expresé al final, voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, quiero partir señalando que este proyecto generó un debate que se tensionó en la última sesión, antes de la semana regional, como consecuencia de un elemento que no comparto en el fondo, pero que valoro en la forma. Me refiero al planteamiento hecho por el Gobierno en el sentido de que, eventualmente, iba a utilizar esta iniciativa para el financiamiento del crédito solidario que reemplazará al CAE.
La parte positiva es que el Gobierno sinceró algo. Podría no haberlo hecho y haber presentado, eventualmente, una indicación en la discusión particular. Otra cosa es la suerte que hubiese corrido esa indicación, que a mi juicio habría sido rechazada.
Discrepo, sí, del sentido último, porque considero que esa discusión debe darse a propósito del proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para estudiantes de educación superior.
Ahora, entiendo que no se ha agregado nada nuevo en esta sesión. Lo digo responsablemente. Estuve en la Comisión de Hacienda, al igual que varios de quienes me han acompañado en el uso de la palabra, y ahí quedó claro el alcance de la iniciativa en análisis. Recordemos que esta nació de un mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet a consecuencia de que la Oposición de entonces exigió una institucionalidad específica sobre el particular.
¿Qué es lo más relevante de toda esta discusión? Y esto es lo mejor: le consulté a un parlamentario que lleva más tiempo que yo en el Congreso -fue Diputado y Senador, y es el más antiguo en el Parlamento- lo siguiente: "¿Cuándo fue la última vez que tú votaste para crear una empresa del Estado?". "Es la primera vez", me dijo.
Entonces, quiero valorar que la Presidenta Michelle Bachelet haya propuesto autorizar al Estado para desarrollar una actividad empresarial. Hemos creado fondos, etcétera, pero esta es una empresa, una entidad que se regirá por las normas de las sociedades anónimas. Y es primera vez que se plantea crear un organismo de tal naturaleza.
Sí, contará con un fondo modesto, el del actual FOGAPE, parece. Sin embargo, se genera un precedente relevante, pues, como dice el informe, "se autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y financiamiento crediticio, a través de una sociedad anónima que constituirán el Fisco (1%) y la Corporación de Fomento de la Producción (99%) y que se denominará `Intermediación Financiera S.A.'".
Por lo tanto, deseo valorar primero ese aspecto.Para los de mi sector político, quienes creemos que el Estado debe jugar un rol más importante a ratos, aquello constituye un tremendo precedente.
Lo que queda en el aire -y comparto la inquietud expresada por varios colegas, tanto la de quienes han intervenido como la de los que han hablado en los márgenes de esta conversación- es si tal vez el BancoEstado podría haber cumplido ese papel. ¿Por qué crear una actividad nueva?
A mi juicio, es un debate legítimo, que sin duda va a resurgir en la discusión particular. Y no quiero anticipar el resultado de esa conversación. Pero, raya para la suma, ¿por qué no entregar tal cometido al BancoEstado?
Es una pregunta que queda abierta y que trataremos de dilucidar en el siguiente trámite reglamentario.
Sin embargo, hay algo más importante: me gusta ver que se ha corrido el cerco y que el sector que sistemáticamente se oponía a que el Estado jugara un rol relevante en decisiones empresariales ahora se decide a actuar. Y es así como hoy día concurrimos entusiastamente con nuestros votos para, más allá del tema del crédito solidario, que prácticamente quedó fuera de este proyecto, crear una empresa estatal, lo cual señala un camino que es posible pensar para otras áreas, otras actividades, otros emprendimientos, públicos y privados, donde el Estado cumpla un rol de carácter empresarial, el cual ha estado limitado, entre otras cosas, por la forma como está redactada nuestra Constitución.
Entonces, señor Presidente, desde una perspectiva, si usted quiere, progresista, me parece que estamos dando un tremendo salto hacia delante. Y valoro que vaya a ser apoyado, además, por las bancadas oficialistas, que antes mostraron cierta reticencia a la creación de este tipo de empresas.
Por lo mismo, aprecio el gesto del Presidente Piñera, quien ha respaldado el proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet en un 99 por ciento.
Muchas gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que las condiciones en las cuales estamos llevando adelante esta discusión -y vamos a tomar la decisión de aprobar la iniciativa- son muy distintas de las que se dieron en la sesión pasada. No lo digo por el fondo de la materia que aborda el boletín Nº 11.554-05, sino por los otros planteamientos que surgieron en torno al debate.
Cuando, junto al Senador Latorre y a las Senadoras Allende y Provoste, pedimos segunda discusión, fue porque no había claridad. O probablemente al contrario: porque el Ejecutivo fue muy claro en la ocasión anterior al señalar que sí estaba pensando incorporar en esta iniciativa, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera", el sistema de préstamos para los estudiantes de educación superior que va a reemplazar al actual CAE.
Por lo tanto, hoy día nos tranquiliza, por así decirlo, que el Subsecretario de Hacienda haya expresado de manera categórica que esa situación no está contemplada en el presente proyecto.
Pido la atención de mis colegas, especialmente la de quienes no forman parte de la Comisión de Educación, porque algunos han hablado aquí de confusión, de incertidumbre, como si los miembros del referido órgano técnico hubiéramos generado esa confusión y esa incertidumbre.
Al respecto, quiero leer un breve texto del mensaje con que se dio origen a la iniciativa, radicada en la Comisión de Educación en este minuto, que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, que reemplazará al CAE. Dice: "El Título quinto regula la entidad administradora del Crédito, la que corresponderá a una sociedad anónima del Estado, que se está creando mediante el proyecto de ley contenido en el boletín Nº 11.554-05". ¿Cuál es ese boletín? El que estamos discutiendo el día de hoy. Y agrega: "Para tales efectos, se presentarán indicaciones al citado proyecto que crea la Sociedad Anónima del Estado denominada `Intermediación Financiera S.A.'".
En consecuencia, no ha habido ninguna confusión de parte de los miembros de la Comisión de Educación. ¡Todo lo contrario! Quisimos entregarle claridad a esta Sala al manifestar que una iniciativa de este Gobierno, tramitada en forma paralela, hacía mención al proyecto en estudio, buscando radicar en sus disposiciones el sistema de préstamos y cobros a los estudiantes de educación superior, con lo cual este componente del FOGAPE no iba a ser nada despreciable, o probablemente muy despreciable, si uno considera lo que iba a aportar todo el sistema de compra y recompra de la cartera que se les está haciendo desde hace ya mucho tiempo a las distintas universidades.
Con todo, señor Presidente, creo que hoy las condiciones son distintas. El Subsecretario de Hacienda ha sido extremadamente claro al decir que no va a estar alojado en la presente iniciativa el sistema de préstamos y cobros a los estudiantes.
Habrá que buscarle, naturalmente, una solución a ese aspecto. Todos pensamos que hay que reemplazar el sistema de crédito con aval del Estado. Y en mi opinión nuestra sociedad actualmente está en condiciones de facilitar los procesos de formación de los estudiantes en Chile.
Por supuesto, se debe dejar que el proyecto en análisis cumpla el objetivo para el que fue planteado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet en el momento en el cual fue presentado, que era, justamente, hacerse cargo de las recomendaciones del Banco Mundial.
Muchos se preguntan, con mucha legitimidad, por qué no entregar ese rol al BancoEstado. Y entiendo que, bajo la misma lógica de las referidas recomendaciones, se ha optado por una empresa estatal altamente especializada en garantizar créditos a emprendedores, en temas agrícolas, en temas ganaderos, en materias de reconversión productiva.
Efectivamente, hoy día estamos viviendo un momento complejo. En muchas regiones el desempleo ha ido aumentando, en muchas hay empresas que están cerrando. Y también existe otra cuestión que se ha estado discutiendo bastante, como es el aumento del riesgo país. El Presidente de la República señaló hace algunos días que ello era responsabilidad del Gobierno anterior, pero hoy día una de las agencias internacionales encargadas de medir ese indicador ha manifestado que el problema viene del año 2010. Parece que a veces se nos olvida que la economía chilena comenzó a caer en el segundo trimestre -en el tercero, si queremos ser rigurosos- del año 2012. Es ahí cuando empieza el declive de nuestra economía. Claro, las consecuencias de ello, como en muchas otras cosas, no se advierten en el corto plazo.
Por estas razones, señor Presidente, vamos a votar a favor.
Creo que la ley en proyecto puede constituir una ayuda para numerosos pequeños agricultores que están reconvirtiendo sus faenas productivas. Muchos están dejando atrás, en distintos lugares, los cultivos únicos, como la actividad extractiva forestal, que tanto daño ha ocasionado en varias regiones del sur del país, y están migrando hacia productos de alimentación, aprovechando las condiciones del cambio climático, como ocurre, por ejemplo, con las plantaciones de viñedos en la Región de La Araucanía. Y ello, por supuesto, puede encontrar, en esta sociedad anónima Intermediación Financiera S.A. (INFISA), una alternativa productiva real y concreta.
Los temas referidos a educación -reitero- deberán verse en otras instancias, tal como lo ha señalado el día de hoy el Subsecretario de Hacienda.
Por todas estas razones, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar.

El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, quiero referirme muy brevemente a este proyecto.
En primer lugar, agradezco al Subsecretario de Hacienda por hacer las aclaraciones que correspondían para mayor claridad de todos.
Esta iniciativa de ley se basta a sí misma. No tiene segundas intenciones, tal como lo ha expresado el propio Ejecutivo. No está alojado en su texto, a priori, lo concerniente al crédito solidario estudiantil ni nada por el estilo. Simplemente, está creando una sociedad anónima cuyo objeto básico es intermediar coberturas financieras para pequeños emprendimientos en el país.
Es una idea que viene de antiguo.
Afortunadamente, existe un criterio compartido y unánime en dos Gobiernos seguidos. Aparentemente, el sistema de comités CORFO, para el FOGAIN, y el del FOGAPE, a través del BancoEstado, no están funcionando todo lo bien que deberían y, por tanto, es necesario hacer una mejora en la gobernanza de tales recursos, que son cuantiosos. Estamos hablando de miles de millones de dólares en cobertura financiera para pequeños emprendimientos.
Por consiguiente, de lo que se trata acá -y ya van varios años discutiéndose el tema- es de mejorar la gobernanza: en vez de un comité CORFO, reemplazar esta institucionalidad por una sociedad anónima bajo una serie de parámetros y coordinada además con el Ejecutivo y el Parlamento. Recordemos que el presidente del directorio tendrá que dar cuenta a la Comisión Mixta de Presupuestos acerca del modo en que sean administrados estos fondos. Aparte, el Ministerio de Hacienda deberá asegurar, en el decreto que tendrá que dictar al respecto, la forma y los criterios que se deban evaluar a la hora de otorgar las coberturas financieras, así como, cosa muy importante para las regiones, la equidad territorial.
Por lo tanto, celebro que existan estas unanimidades durante un tiempo largo en nuestro país para mejorar la gobernanza de distintos aspectos, en este caso de algo tan importante como la cobertura para financiar a pequeños emprendedores.
Se ha dicho aquí que este es el primer paso y que desde hacía muchos años que no se creaba una sociedad anónima estatal. Bueno, yo quiero recordar que el año pasado -creo no equivocarme- se constituyó otra entidad del mismo tipo: el Fondo de Infraestructura. Y la gracia de esto es que se trata de organizaciones para realizar actividades empresariales con un objeto muy bien definido y un propósito muy claro. A mi juicio, nadie se puede oponer a eso.
Al sector político al cual represento (progresista en estas cosas también) le interesa siempre mejorar la gobernanza del país. Por ello, no está cerrado a ningún tipo de alternativa. Lo que nos importa es que los recursos del Fisco se usen bien y donde corresponde y, de este modo, no tengamos que lamentar después que algo que pretendió ser una ayuda termine en un bolsillo de payaso ayudando a nadie sabe quién.
En suma, señor Presidente, compartimos completamente lo que ha señalado el Subsecretario. Y por supuesto vamos a respaldar este proyecto de ley porque, en definitiva, lo que hace es mejorar la gobernabilidad o gobernanza del sistema de cobertura financiera para los pequeños emprendedores de nuestro país.
Muchas gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Señor Secretario, consulte.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplen los quorums constitucionales exigidos.
Votaron las señoras Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.

El señor MONTES (Presidente).- Propongo como plazo para presentación de indicaciones el lunes 20 de agosto. ¿O es muy poco tiempo? Se lo pregunto al señor Subsecretario, porque esto va a ser bastante debatido en particular.

El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Como Ejecutivo, señor Presidente, estábamos pensando en un plazo de tres semanas.

El señor MONTES (Presidente).- ¿El lunes 10 de septiembre?

El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Tres semanas a partir de hoy.

El señor QUINTANA.- El 20 de agosto estaría bien.

El señor MONTES (Presidente).- O el 3 de septiembre, porque así quedaría la semana regional entremedio.

El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Nos parece bien, señor Presidente.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Entonces, si no hay objeción, se fijará esa fecha.
--Se establece como plazo para presentar indicaciones el lunes 3 de septiembre de 2018.




INSCRIPCIÓN Y PORTE DE ARMAS POR PERSONAS IMPUTADAS O CONDENADAS


El señor MONTES (Presidente).- Siguiendo el Orden del Día, corresponde tratar a continuación el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Chahuán, en primer trámite constitucional, que regula la inscripción y porte de armas respecto de personas que han sido imputadas o condenadas, con informe de la Comisión de Seguridad Pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.130-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Chahuán):
En primer trámite: sesión 62ª, en 9 de octubre de 2013 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Seguridad Pública: sesión 34ª, en 18 de julio de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa consiste en que el Registro Nacional de Inscripciones de Armas, a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional, esté permanentemente actualizado acerca de la situación procesal penal de las personas que inscriben armas o están autorizadas para portarlas, de manera de garantizar que no hayan incurrido en la pérdida de algún requisito legal para ello.
La Comisión de Seguridad Pública discutió el proyecto solamente en general, y rechazó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Harboe e Insulza.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión la idea de legislar.

En primer lugar, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador señor Insulza. Luego se la daré al autor de la moción.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, el objetivo del proyecto -que es breve, en realidad, y cuyo autor es el colega Chahuán- consiste en que el Registro Nacional de Inscripciones de Armas, a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional, esté actualizado permanentemente acerca de la situación procesal penal de las personas que inscriben armas.
Su autor, al fundamentarla, recuerda que uno de los requisitos legales para inscribir una o más armas de fuego es que el solicitante no registre condena por crimen o simple delito. Sin embargo, advierte que puede ocurrir que, con posterioridad a la inscripción, la persona a cuyo nombre se registra el arma sea condenada por un crimen o simple delito, sin que la condena sea comunicada a la Dirección General de Movilización Nacional, entidad encargada de mantener el registro pertinente. Lo anterior impide a la Dirección cancelar la inscripción o caducar el permiso de porte de armas que se hubiere otorgado.
Para salvar tal omisión, se propone modificar los artículos 83, letra c), y 348, inciso tercero, del Código Procesal Penal, y el artículo 162 del Código de Justicia Militar, a fin de establecer lo siguiente.
-Cuando haya una investigación policial y sin necesidad de contar con instrucciones particulares de los fiscales, los cuerpos policiales que intervengan en la investigación de ilícitos tendrán la obligación de recabar información de la Dirección General de Movilización Nacional acerca de las inscripciones y permisos de porte de armas que existieren a nombre de los participantes en conductas ilícitas constitutivas de crimen o simple delito.
-En segundo lugar, cuando haya sentencias condenatorias, se exigirá a los tribunales en lo penal comunicar estos fallos a la Dirección General de Movilización Nacional si de los antecedentes de la causa apareciere que el condenado registra una inscripción o permiso de porte de armas. Similar obligación se impone en el ámbito de la jurisdicción militar. En ambos casos, la comunicación está destinada a que la Dirección proceda a cancelar la inscripción o caducar el permiso de porte de armas que se hubiere otorgado.
En la Comisión de Seguridad Pública surgieron dudas bastante fuertes acerca de la admisibilidad del proyecto, por cuanto estaría en contravención al artículo 65, inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política, que señala que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República la creación de nuevas atribuciones o funciones para los organismos públicos.
El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública nos informó que el Gobierno establecería próximamente un registro público de carácter unificado, integrado y digitalizado, que permita a todas las instituciones concernidas acceder, de manera expedita y veraz, a la información de la que dé cuenta. Y efectivamente, si se lee el texto presentado por el Ejecutivo sobre materias de seguridad pública, se comprueba que este tema también está contenido.
En ese marco, la Comisión valoró positivamente la intención que anima al Ministerio del ramo y consideró adecuado legislar integralmente en relación con el registro y control de armas.
Al mismo tiempo consideró, en sintonía con el Ministro del Interior, que el proyecto incidiría en asuntos de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, como no le corresponde a una Comisión declarar inadmisible una iniciativa, esta fue sometida a votación en su idea de legislar, resultando rechazada por la unanimidad de los miembros presentes del órgano especializado.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- A continuación, le ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley, iniciado en moción de quien habla y presentado en el mes de octubre del 2013 (o sea, hace casi cinco años), tenía por objetivo solucionar problemas de comunicación que se habían constatado a raíz de la información existente sobre inscripciones de armas de fuego o porte de las mismas por personas imputadas o condenadas por diversos delitos que hacían necesaria la comunicación de tal circunstancia a la Dirección General de Movilización Nacional, todo ello como una forma de colaborar a poner fin a la proliferación de armas que existen en nuestro país en situación de ilegalidad.
La Comisión de Seguridad Pública plantea rechazar la idea de legislar, por cuanto el Ministerio del Interior ha manifestado que el Gobierno presentará una propuesta de cambio legislativo a este importante cuerpo legal, reconociendo que hay problemas de comunicación y coordinación entre las autoridades involucradas en el control de este armamento que es necesario solucionar.
Asimismo, dicha autoridad ha señalado que, si bien existen 753 mil armas de fuego registradas, se calcula que podría haber unas 519 mil sin registro comprobable, lo que sin dudas es una cifra alarmante, dado el gran número de delitos que diariamente se cometen empleando este tipo de armamento.
Yo estoy confiado en que mi Gobierno pueda ingresar a la brevedad un proyecto que permita contar con un registro unificado de tenencia y porte legal de armas. Espero que la idea contenida en esta moción sea también recogida, para cumplir el objetivo de contar con el mayor y mejor control posible de armas en nuestro país, a fin de evitar la circulación clandestina.
Sin embargo, mientras ello no ocurra, creemos que hay que dar señales concretas respecto del control de las armas de fuego. Y por eso yo creo que sería una muy mala señal, sobre todo pensando en que estamos en el trámite de aprobación en general, rechazar finalmente el proyecto.
Esta es una señal política potente.
Hoy día tenemos una situación compleja desde el punto de vista de las armas de fuego en poder no solo de malhechores, de delincuentes. Adicionalmente, existe una situación dramática que se vive fundamentalmente con la presencia y la percutación de estas armas de fuego, en particular en sectores poblacionales. Hay lugares de mi circunscripción que están tomados por bandas de narcotraficantes, que usan armas de fuego. Por lo tanto, me parece muy importante entregar una señal política al respecto.
Señor Presidente, pienso que habría que aprobar en general este proyecto, como una idea, esperando que llegue la iniciativa sobre registro que ha prometido el Ministerio del Interior. Mientras eso no ocurra, creo que sería una muy mala señal que nosotros rechazáramos la idea de legislar acerca de una materia absolutamente alarmante y cuya regulación es del todo necesaria. Lo planteo, a la espera de que ingrese el proyecto del Ejecutivo y que finalmente esto pueda ser incorporado como una indicación más a esa iniciativa sustantiva de reforma a esta materia, que nos parece de urgencia ciudadana.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación general.
Es importante tener claro que la Comisión propone rechazar el proyecto. Por lo tanto, el que vota "sí" está de acuerdo con el criterio del órgano técnico que analizó la iniciativa.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Señor Presidente, está claro que debe haber comunicación entre los diversos organismos respecto de quiénes poseen armas. Pero también está claro que los delincuentes no andan inscribiendo sus armas: las compran en el mercado negro, usan armas hechizas. En general, hay un mercado negro, secundario, de armas instalado en nuestro país. Las armas que alguna vez se le quitan a la policía van a parar a ese mercado.
Estamos hablando de un trámite administrativo en el caso de personas condenadas y que tengan permiso para portar armas. No sé cuál es la estadística que determina que los delincuentes posean permiso, que se inscriban para portar armas. Tiendo a pensar que esos son más bien casos mínimos, que los delincuentes no van a inscribirse para portar armas.
Quiero preguntar a los miembros de la Comisión que vieron esta modificación si no solo los condenados -es lo que propone el proyecto de ley-, sino también los imputados pueden recibir una resolución judicial que les suspenda el permiso para portar armas mientras dure el proceso. Porque si se trata de una acción de carácter criminal que involucra armas, el sentido común diría que es adecuado suspender la autorización del imputado durante el proceso, es decir, que la prohibición no opere solo respecto de los condenados.
Yo no sé si los miembros de la Comisión de Seguridad Pública pueden aclarar ese punto.
Mi duda apunta a si estamos hablando solo de los condenados, como lo señala el proyecto. Deseo saber si en el proceso el juez puede determinar que al imputado le sea suspendido el permiso para portar armas, independientemente de que después sea declarado inocente y lo pueda recuperar. Pero está claro que hay una interfase importante en aquello, que por lo menos debiera ser aclarada, respecto del objetivo final. Si es condenado, uno dirá "qué bien que le quiten el arma ahora". Pero sucede que la ha podido portar durante largos meses, durante todo el proceso. Y creo que la lógica indicaría que a criterio del juez o a petición de la parte acusatoria, de la fiscalía, ese permiso pudiera ser suspendido de manera inmediata en el momento de la formalización del imputado. Si es así, se podría incorporar esa indicación en el debate de este proyecto de ley.
Yo comparto el tema de fondo, razón por la cual estoy a favor de la iniciativa.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, creo que hay que hacer una distinción. Porque en sus argumentos la Comisión señala que este proyecto sería inadmisible. Si es así, ya se declaró admisible. Por lo tanto, nosotros tenemos que pronunciarnos respecto del contenido de la iniciativa.
Y me parece de toda lógica que se establezca efectivamente una comunicación fluida para que quienes hayan sido condenados no puedan comprar armas.
Es más, yo tengo una posición más estricta. Creo que debemos establecer restricciones adicionales para el acceso a las armas.
Afortunadamente, Chile registra tasas de homicidio bajas en relación con el resto de América. Con excepción probablemente de Canadá, tenemos tasas de homicidio inferiores a las del resto de los países de la región. Y eso se debe a que, a diferencia de otras naciones de nuestro continente, existen restricciones para el acceso a las armas. En mi opinión, estas restricciones no son suficientes. Por tanto, debemos avanzar hacia mayores restricciones.
La razón por la cual Estados Unidos, siendo un país desarrollado, con un alto per cápita, posee tasas de homicidio ostensiblemente superiores a las de los países de Europa es muy simple: en Estados Unidos se pueden comprar armas como se compra cualquier bien. Y eso, obviamente, genera niveles de violencia y de delincuencia superiores a los que existen en otras naciones de desarrollo similar.
En ese contexto, comparto la propuesta del Senador Chahuán: avanzar hacia una comunicación -y esto es muy importante- que permita cumplir las disposiciones de la ley vigente, a la espera, por cierto, del proyecto comprometido por el Ejecutivo en orden a establecer un registro unificado de tenencia y porte de armas que haga posible contrastar la información de aquellos que compran un arma en nuestro país.
Y voy más allá. Creo que es necesario colocar restricciones adicionales para el acceso a las armas. Ningún civil anda en Chile portando un arma si no es para cometer un delito. ¡Eso es evidente! Y los grados de peligrosidad que vemos, por ejemplo, en la comisión de robos; los grados de violencia que se generan en gran parte de los delitos que se están perpetrando en nuestro país tienen que ver precisamente con el acceso a las armas.
Si queremos elevar los estándares de seguridad, si queremos evitar que se cometan delitos violentos, es imprescindible establecer restricciones en esta materia y, por cierto, que exista una comunicación fluida, de manera de conocer los antecedentes de aquellos que están accediendo a las armas, de quienes pretenden adquirir o comprar una, de aquellos que quieren obtener algún permiso para tener un arma y, eventualmente, para portarla.
Por eso, me parece que la propuesta del Senador Chahuán va en el sentido correcto, precisamente para avanzar en un grado de información que nos permita actuar de mejor forma; que haga posible que las instituciones apliquen la ley; que impida que quienes hayan sido condenados por delitos puedan acceder a un arma y, por tanto, contar con una herramienta adicional para cometer delitos en el futuro.
En consecuencia, mientras el Gobierno no presente una alternativa nueva y no haga realidad su compromiso, es necesario por lo menos que el Senado avance en la legislación. No olvidemos que nos encontramos en la discusión en general. El proyecto, obviamente, es perfectible. Y en su debate en particular se podrán hacer todas las correcciones del caso.
Pero es fundamental, imprescindible, que establezcamos restricciones para el acceso a las armas, y permitamos que las instituciones que deben hacer cumplir las restricciones que actualmente exige la legislación cuenten con la información adecuada para impedir que eventuales delincuentes accedan a las armas.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entiendo que en este debate hay un tema de forma, relativo a la constitucionalidad o no de la moción de que se trata, y no un asunto de fondo.
Antes de avanzar en esto último, me gustaría saber lo siguiente.
Si el Gobierno -según entiendo- no está en contra del fondo de lo que plantea el proyecto, sino que lo comparte -de acuerdo a lo manifestado por los colegas que participaron en el análisis de la materia-, señalando que en el futuro presentará uno en esta misma línea, ¿por qué no patrocina esta iniciativa del Senador Chahuán? Así, no perderíamos tiempo, avanzaríamos en su análisis, evitaríamos el problema de constitucionalidad y haríamos un ahorro en materia de procedimiento legislativo.
A mi juicio, echar abajo lo avanzado, votando en contra de un proyecto que todos compartimos, es un despropósito.

El señor MONTES (Presidente).- El Ministro señor Blumel está preparando una reflexión sobre este tema, y luego nos dará a conocer la visión del Ejecutivo.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, yo no comparto gran parte de los argumentos que se han dado.
El problema que se nos presenta aquí es que, ¡claro!, uno desearía realizar muchas cosas no solamente en materia de seguridad, sino también de salarios, de derechos laborales y de otra cantidad de asuntos, pero ello no es posible porque la Constitución no lo permite.
El artículo 65 establece que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
"2°. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones".
Sin embargo, el texto que se propone -probablemente de manera muy justa y muy cierta- crea una nueva función para Carabineros y para la Policía de Investigaciones. Y también lo hace en el resto de los artículos, en que también les entrega nuevas responsabilidades.
Un caso muy claro se encuentra en el artículo 83 del Código Procesal Penal, que establece actuaciones de la policía sin orden previa. Allí señala que le corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones:
"a) Prestar auxilio a la víctima;
"b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley;
"c) Resguardar el sitio del suceso...".
Con todo, en esa misma letra, el proyecto propone agregar a continuación, en punto seguido, lo siguiente:
"Asimismo les corresponderá recabar información de la Dirección General de Movilización Nacional, respecto de las inscripciones de armas...", etcétera.
Ello es claramente inconstitucional, porque es atribución exclusiva del Presidente de la República crear una función de esa naturaleza. Así lo veo yo, y así lo entendió también la Comisión.
Ahora, si creemos que es tan importante el tema, entonces saltémonos la Constitución. Pero, a mi juicio, ello procede en casos de mayor gravedad.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con todas las propuestas que aquí se han formulado, en el sentido de que se le pida al Ejecutivo el patrocinio, etcétera. Pero si hay un caso evidente en que por un error -¡ya se cometió!- se declaró admisible la moción, no corresponde declararla inadmisible por la gravedad de los hechos. Porque este no es el caso. Es admisible o no de acuerdo con lo que establece la Constitución.
Ahora, la Comisión no puede declarar la inadmisibilidad. No puede hacerlo, no es legal, no está en sus atribuciones. Solo le es posible rechazar un proyecto, y por eso propone a la Sala proceder de esa forma.
El Ejecutivo hará lo que estime conveniente. Y los señores Senadores podrán presentar una nueva moción, que el Ejecutivo patrocinará, o lo que fuera. Pero repito que no corresponde que nos saltemos la Constitución por este asunto.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, por su intermedio, me gustaría pedirle al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Blumel, que colabore en el primer problema.
Me parece insólito que el Ejecutivo no señale: "Esto es inconstitucional, va contra la Carta Fundamental. El Senado de la República no lo puede aprobar porque no tiene atribuciones".
Considero inadecuado que quienes prometimos -algunos- o juramos respetar la Constitución no lo hagamos.
¡Es evidente que no tenemos facultades para presentar proyectos de ley que entreguen facultades a Carabineros de Chile! ¡No las tenemos!
Entiendo la iniciativa del Senador Chahuán, y estimo que es interesante. Pero hay una parte que no me agrada. Y me gustaría que se pudiera discutir, de una vez por todas, que Carabineros maneje la información sobre los que poseen armas inscritas en sus territorios, y que no siga haciéndolo el Ejército, porque es una distorsión.
Carabineros de Chile debería tener esos antecedentes y no la Dirección General de Movilización Nacional.
En el país hay un problema de seguridad ciudadana gravísimo, y si se diera lo que se propone en la iniciativa, Carabineros ya tendría la información sobre la tenencia de armas.
Por otra parte, el porte de armas está prohibido por ley. Ello lo logramos después de muchas batallas. Al principio, algunos propusimos establecer obstáculos para la compra de armas; que hubiera mayores exigencias. Y, con el tiempo, logramos la prohibición del porte de armas.
A mi juicio, esa es una de las falencias de este proyecto, porque habla del "porte" de armas, como si fuera algo autorizado. Pero no es así: está prohibido.
Señor Presidente, entiendo el espíritu de la iniciativa. Y pienso que todos queremos generar condiciones para que Carabineros tenga posibilidades de actuar de mejor forma.
Comparto lo planteado por el Senador Elizalde, en el sentido de que muchos de nosotros somos contrarios a que la ciudadanía compre armas, como ocurre en Chile. Hay 700 mil armas inscritas, y andan dando vuelta otras 650 mil no inscritas.
¡Ahí tenemos un problema grave!
¡Y para qué hablar de la falta de control sobre las municiones! ¡Ahí el problema es aún más grave!
Señor Presidente, solicito que se recabe el acuerdo unánime para que el Ministro, quien nos acompaña en la Sala, pueda dar una opinión. Porque, si bien creo que la iniciativa nos sirve para iniciar un debate, se requiere el patrocinio del Ejecutivo.
En ese sentido, compartiendo su idea, yo me comprometí a respetar la Constitución -aunque tenga partes que no me gusten- y las leyes. Por ende, no voy a votar, no por creer que lo propuesto no sea necesario, sino porque como Senado tenemos esa limitante.
La verdad es que no sé cómo se le dio trámite.
Pasando a otro punto, señor Presidente, me gustaría ver si podemos abordar el tema de fondo y que el Ejecutivo patrocine un proyecto, como ya muchos hemos planteado, a fin de que Carabineros de Chile tenga los registros de la tenencia de armas en nuestro país, para que en cada casa, en todo el territorio nacional, se sepa quiénes las poseen y quiénes no. Solo así podremos ejecutar un trabajo más eficaz respecto a la seguridad pública, lo cual nos interesa a todos.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Como no hay más inscritos, ¿habría acuerdo para que intervenga el señor Ministro?
Acordado.
Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, muchas gracias por la posibilidad de expresar la opinión del Ejecutivo sobre la materia.
Tal como se ha planteado anteriormente, este tema es fundamental dentro de la Agenda de Seguridad que lidera el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este fue uno de los cuatro temas centrales que surgieron de la Mesa de Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, dados a conocer hace algunos días.
Por lo tanto, se trata de un tema que compartimos, en cuanto a sus objetivos, y que forma parte de las materias que estamos trabajando en dicho Ministerio respecto al control de armas, en particular por la evolución que ha tenido el crimen organizado en los últimos años.
Sus Señorías saben que la violencia se ha ido acentuando por la manera en que actúan las pandillas, los grupos organizados. Si hace 10 años uno de cada cuatro delitos que se cometían era violento, de acuerdo a las últimas estadísticas ahora lo es uno de cada tres. Es decir, hay una mayor incidencia de delitos violentos con utilización de armas de fuego. Por lo tanto, esta situación es algo que debemos abordar.
Compartimos el espíritu del proyecto en debate. Sin embargo, tal como lo señaló el Ministro del Interior, el Ejecutivo hará una propuesta para recoger esta materia y otros aspectos que consideramos importante y significativo poder introducir en la legislación en materia de control de armas.
En consecuencia, vamos a efectuar un planteamiento más formal en las próximas semanas, fruto de lo obrado en la mesa de trabajo por un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.
Valoramos el espíritu del proyecto en comento. Entendemos que hay que abordar esa y otras cuestiones. De hecho, a continuación se debatirá otra iniciativa que va en la misma línea.
Pero -reitero- el Ejecutivo presentará una propuesta integral en las próximas semanas.
Muchas gracias.

El señor MONTES (Presidente).- El señor Ministro dice que el Gobierno enviará una propuesta integral en las próximas semanas. Y yo le pregunto en cuántas semanas más.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- En pocas semanas más, señor Presidente. Le reitero que hay un trabajo que está realizando el Ministerio del Interior sobre el particular.
El señor MONTES (Presidente).- Eso es mucho más preciso, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, me veo en la necesidad de intervenir en este momento, pues considero que se ha puesto en el centro del debate lo que busca el Senador Chahuán mediante su iniciativa, que compartimos. Pero claramente ella tiene vicios de constitucionalidad. Además, hay aspectos que debemos abordar desde un punto de vista sistémico.
Sin embargo, me sorprende lo que señala el Ministro Secretario General de la Presidencia.
Por intermedio de la Mesa, al referido Secretario de Estado le quiero decir con mucha fuerza y con el debido respeto que la función de legislar se realiza en el Parlamento, donde los Diputados y Senadores podemos presentar mociones, las que se discuten en esta misma instancia. Al Ejecutivo le corresponde enviar mensajes.
Nosotros, como Partido Socialista, definimos no participar en las comisiones a las que el Gobierno ha convocado, conforme a su criterio y a la forma como lo señalan sus propios voceros, tomando en consideración que no tienen mayoría en el Congreso, para tratar de generar estos acuerdos.
Eso me parece bien. Pero nosotros hemos decidido políticamente no participar en ellas.
Entonces, resulta contradictorio que a la luz de la iniciativa de un Senador de Gobierno, como lo es el Honorable señor Chahuán -más allá de algunas críticas que haya expresado mi colega y amigo respecto de ciertas autoridades, sigue siendo de Gobierno, o por lo menos así lo consideramos-, usted señale que tanto aquel proyecto (con las cuestiones vinculadas con su constitucionalidad, o su patrocinio) como los que se presenten a futuro se hallan dentro del marco de los acuerdos de la mesa de trabajo a que se refirió.
Creo que eso no corresponde.
Nosotros estamos discutiendo el proyecto que propuso Su Señoría. Y a usted se le pidió una opinión acerca de él.
¿Cuál es su visión sobre dicha iniciativa? ¿Cuáles son los aspectos relacionados?
Porque aquí hay un consenso parlamentario en cuanto a esta materia. Y hemos llevado a cabo la discusión pertinente.
Yo pido respeto por lo que se está debatiendo acá. No hemos dado nuestro rechazo, pues pensamos que se trata de un buen proyecto. Y queremos encontrar una salida para su tratamiento.
Pero -insisto- no podemos someter esta iniciativa al Acuerdo Nacional que mencionó.
Dejemos dicho Acuerdo a su Gobierno, a quienes participan de esa mesa de trabajo.
Nosotros, como bancada del Partido Socialista, no participamos en ello.
Entonces, señor Presidente, le pido al Ministro que se pronuncie respecto de la constitucionalidad del proyecto que ahora nos ocupa; de si van a darle patrocinio a esta o a otra iniciativa, independiente de los proyectos que legítimamente quieran impulsar en tanto Gobierno.
¡Bienvenidos! Son el Ejecutivo, y tienen derecho a presentarlos.
Pero no metan al Parlamento en los referidos acuerdos. Al menos aquí hay una bancada de ocho Senadores que no participamos en esas instancias, cuestión que -como ya hemos dicho- definimos políticamente.
Por consiguiente, o legislamos a través de las mencionadas comisiones, sobre la base de acuerdos entre amigos -porque, obviamente, a ellas se invita a los más afines, no a los críticos o detractores-, o lo hacemos en función de los proyectos presentados por los parlamentarios, o de los que pueda enviar el Ejecutivo en su carácter de colegislador.
Con mucho respeto le pido, Ministro, conociendo sus capacidades, que nos pronunciemos sobre la iniciativa que ahora nos ocupa. No podemos supeditar esto al Acuerdo Nacional que usted señaló. Al menos nuestra bancada no participa, ni tampoco lo hará, de la mesa de trabajo a la que se convocó.
Ustedes, como Gobierno, podrán determinar lo que estimen pertinente, entendiendo que aquí hay un problema vinculado con las armas.
Reitero la referencia al Senador Chahuán, quien se ha preocupado de esta materia y ha presentado la iniciativa correspondiente. Ahora, que ella tenga o no vicios de constitucionalidad será parte de la discusión. Acá se propuso, por ejemplo, que el proyecto se enviara a la Comisión de Constitución.
Sin embargo, al final del día, lo importante es que en el Senado exista la posibilidad de avanzar en este tipo de materias, pues las armas de fuego causan estragos en las poblaciones y en toda la sociedad.
Insisto: no quedo conforme con que el Ministro Secretario General de la Presidencia nos diga que este asunto se va a estudiar en el marco de la mesa de trabajo para un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.
Le pido precisión sobre este proyecto en particular, o respecto de aquellos que incidan en esta buena iniciativa del Senador Chahuán.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la bancada socialista tiene que ponerse de acuerdo. Porque todos quienes hemos estado presentes en esta Sala escuchamos a los Senadores Insulza y Letelier emplazar al Gobierno respecto al tema constitucional. Y Sus Señorías señalaron que no podían aprobar algo que estaba fuera del Texto Fundamental.
Tan así es que el colega Letelier nos recordó con énfasis que él había prometido defender la Constitución.
Por lo tanto, considero que lo expresado aquí por el Ministro es de toda lógica frente a un proyecto de ley que debe avanzar conforme a los marcos institucionales en los cuales estamos insertos.
Creo que la gran mayoría está de acuerdo con esta iniciativa. Pero queremos superar cualquier duda de constitucionalidad. De manera que lo lógico es que el Ejecutivo la patrocine, que diga: "Si estoy de acuerdo con esa idea, tengo que expresarla para evitar cualquier vicio de constitucionalidad".
Entonces, para despejar las dudas de constitucionalidad de los Senadores señores Insulza y Letelier, el Gobierno debe patrocinar esta iniciativa, más aún si la materia de que trata se halla contemplada en el gran acuerdo sobre seguridad ciudadana que aquel impulsó, convocando a todas las fuerzas políticas de nuestro país.
Algunos no han querido participar en ello. Pero hay personas del Partido Socialista colaborando activamente en esa mesa de trabajo, como lo ha visto todo Chile.
Ahora,...

El señor DE URRESTI.- ¡No hay nadie, compañero!

El señor PÉREZ VARELA.- ... compañero De Urresti, el hecho de que ustedes no quieran estar en determinada comisión o no deseen participar en ciertas instancias no deslegitima ni desmerece un acuerdo nacional muy importante, pues lo que quieren los ciudadanos es que los temas vinculados con la seguridad, con aquellas situaciones que permanentemente los dañan o les provocan dificultades sean resueltos mediante una normativa elaborada correctamente.
La que nos ocupa es una buena iniciativa; pero, ciertamente, a muchos les plantea dudas acerca de su constitucionalidad.
Entonces, busquemos acuerdos y superemos esas dificultades. Porque lo que interesa acá, más allá de quién presentó o no determinado proyecto -hoy día fue el Senador Chahuán; y bienvenido sea eso, pues se trata de una iniciativa que va en la línea correcta-, es que resolvamos estos asuntos adecuadamente.
Eso es lo que permite una sana política.
Por consiguiente, me parece que la respuesta del Ministro Blumel va en ese sentido, y a nosotros nos genera, al revés de lo que ocurre con el Senador De Urresti, satisfacción.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
A lo mejor Su Señoría nos aclara esta cuestión.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, solo debo decir que el Senador Pérez Valera expresó claramente lo que yo quería señalar.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Por su intermedio, señor Presidente, voy a responderle al Senador De Urresti.
Nosotros valoramos la iniciativa en comento.
También valoramos la opinión de la Comisión de Seguridad Pública en cuanto a las dudas que plantea sobre la admisibilidad de este proyecto, que entrega algunas facultades a las policías y a los tribunales respecto de la comunicación de las sentencias, y establece otras cuestiones más que se consignan en su texto.
Por lo tanto, lo que el Ejecutivo va a hacer, recogiendo el espíritu de la propuesta, será incorporar esta valiosa iniciativa del Senador Chahuán en la reforma que enviaremos al Congreso en materia de control de armas.
Estamos trabajando en ella, y esperamos tener el proyecto respectivo muy pronto, en algunas semanas más (no muchas más), pues entendemos que este es uno de los aspectos fundamentales que la Agenda de Seguridad debe tratar.
La Agenda que el Ejecutivo ha definido contiene cuatro aspectos fundamentales: fortalecimiento del Sistema de Inteligencia; modernización de nuestras policías; relación de los gobiernos locales con la seguridad, y control de las armas de fuego.
Por eso ¿reitero-, valoramos el proyecto que presentó Su Señoría, y lo vamos a incorporar en la reforma a la Ley sobre Control de Armas que muy prontamente vamos a ingresar al Parlamento.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Eso está claro, señor Ministro. ¡Pero cuando habla de "prontamente", nos bajan las dudas...!
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero acoger el planteamiento que hizo el Ministro Blumel.
Sin lugar a dudas, hay que ser muy cuidadosos respecto de las señales que se dan.
Hoy día tenemos un problema con las armas de fuego, particularmente con las clandestinas, con las que no se hallan inscritas.
Hemos visto también cómo las bandas de delincuentes y las vinculadas con el narcotráfico se están tomando nuestras poblaciones.
Entonces, existe una dificultad.
Espero que se cumpla con el compromiso que se señaló.
En tal sentido, yo no tengo ningún problema para retirar el proyecto. No sé si reglamentariamente ello procede a esta altura. De modo que me gustaría que el señor Secretario nos ilustrara al respecto.

El señor QUINTANA.- ¡Estamos en votación!

El señor CHAHUÁN.- Si es que hay un compromiso del Ejecutivo, señor Presidente.
Ese es el punto.
Porque rechazar la idea de legislar respecto de esta materia es realmente impresentable, mirado desde el punto de vista del control de armas.
Por eso, quiero que el señor Secretario nos diga si es factible retirar el proyecto, a fin de evitar su rechazo. Ello, por la señal política que estaríamos dando si no se aprobara en general.

El señor MONTES (Presidente).- Hay veinte señores Senadores que ya votaron.
El proyecto está en votación.
En todo caso, la idea predominante acá es la de aquellos que piensan que el proyecto no puede declararse inadmisible. O sea, lo que prevalece es la aceptación de que la iniciativa siga su curso.
El señor CHAHUÁN.- Entonces, estamos bien.

El señor MONTES (Presidente).- Entretanto, el Ministro va a llegar con un proyecto integral sobre la materia.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora RINCÓN.- ¿Qué pasa si la mayoría se abstiene?

El señor MONTES (Presidente).- Esa es una pregunta hipotética, pues está bien lejos de la realidad.

La señora RINCÓN.- Estoy de acuerdo, señor Presidente.
¿Pero qué pasa si la mayoría de los Senadores se abstiene?

El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario me dice que se debe repetir la votación.

La señora RINCÓN.- ¿Y qué ocurriría si la mayoría se vuelve a abstener?

El señor MONTES (Presidente).- Seguiríamos mañana, señora Senadora.

La señora RINCÓN.- ¿Y queda pendiente?
Señor Presidente, estoy consultando el punto, pues quiero que me lo aclare la Secretaría.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Voy a responder las dos preguntas que han formulado Sus Señorías.
En cuanto a la consulta del Senador señor Chahuán, en este momento no puede retirarse el proyecto porque ya fue votado en la Comisión.
Respecto a la pregunta de la Senadora señora Rincón, si las abstenciones influyen en el resultado, se debe repetir la votación.
De producirse la misma situación en la segunda votación, las abstenciones se suman a la posición que haya obtenido mayor número de votos, sea afirmativa o negativa.

El señor MONTES (Presidente).- ¡En estos últimos minutos ha ido cambiando la composición de la votación...!
Sin embargo, como no hay más inscritos, corresponde dar por terminada la votación y que el señor Secretario proclame el resultado.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 10 votos a favor de lo que propuso la Comisión, 7 en contra y 7 abstenciones.
Votaron por la afirmativa la señora Ebensperger y los señores Castro, Durana, García-Huidobro, Insulza, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Aravena y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, García, Guillier y Navarro.
Se abstuvieron las señoras Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Elizalde, Lagos, Letelier y Montes.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las abstenciones influyen en el resultado. De consiguiente, reglamentariamente corresponde repetir la votación.
El señor MONTES (Presidente).- Se va a repetir la votación.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿me permite un punto de Reglamento?

El señor MONTES (Presidente).- Estamos en votación, señor Senador. El punto que desea hacer tendría que referirse a ella.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, pedí la palabra para plantear un punto de Reglamento antes de que abriera la votación porque, como debemos pronunciarnos por segunda vez, quiero que se recabe el acuerdo unánime de la Sala para suspender la votación hasta la sesión de mañana.

El señor ELIZALDE.- Su Señoría tiene razón.

El señor MONTES (Presidente).- Pero mañana solo para votación.
¿Les parece a Sus Señorías?
Sin discusión ni nada más: únicamente votación.

El señor DE URRESTI.- ¡Puede haber una solución de aquí a mañana!

El señor LETELIER.- Señor Presidente, solo estoy pidiendo recabar la unanimidad para suspender la votación. No he dicho para cuándo.
Creo que ese el camino apropiado.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Su Señoría está solicitando suspender la votación por cualquier momento?
El señor LETELIER.- Así es, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, me parece que no existe ningún inconveniente en que demos la unanimidad respecto de lo que solicita Su Señoría si el Ministro se compromete a acotar el plazo para presentar su propuesta.
No sé si podrá traerla mañana. Pero al menos pido que fije un tiempo concreto para ello.
Estamos de acuerdo con este proyecto. Estamos claros en que podemos generar consensos en el Senado y plantear aquí las iniciativas pertinentes.
Entonces, el Ministro tiene la palabra para que señale en qué plazo puede patrocinar un proyecto de esta naturaleza.
Creo que ello sería una buena señal para nuestro país, para que haya un mayor control de las armas y para que exista una política coherente sobre la materia.
Si ese es el acuerdo, no tenemos inconveniente en dar la unanimidad para suspender la votación. Pero -reitero- queremos escuchar al Ministro.

El señor MONTES (Presidente).- Debo aclarar que solo podemos acoger el planteamiento del Senador señor Letelier si hay unanimidad.
El señor Secretario me señala que de acuerdo con el Reglamento la votación debe repetirse de inmediato.
Estamos siendo creativos. Pero insisto en que para aprobar lo que sugiere el Senador señor Letelier se requiere unanimidad. O sea, solo si existiera consenso podríamos postergar la votación.
Aunque reglamentariamente no corresponde, como estamos siendo creativos, le ofrezco la palabra al señor Ministro.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, solo quiero reiterar el compromiso del Ejecutivo.
Denos algunas semanas, y en agosto o septiembre habrá una propuesta sobre la materia.

El señor DE URRESTI.- ¡Hasta mañana!

La señora RINCÓN.- ¡No!

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Me estoy refiriendo a la propuesta del Ejecutivo. Los equipos respectivos están trabajando en su elaboración.
Entonces, señor Presidente, nuestro compromiso es enviar un proyecto en las próximas semanas.

El señor DE URRESTI.- ¿En cuánto tiempo?
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Dentro de sesenta días.

El señor MONTES (Presidente).- Muy bien.
¿Habría unanimidad para acoger la solicitud del Senador señor Letelier en el sentido de postergar la votación indefinidamente?
El señor Ministro sostuvo que dentro de sesenta días, o sea más o menos prontamente, va a llegar un proyecto.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
Bien creativa la respuesta. Pero así se hace la historia.




MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 9° DE LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS


El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, Harboe, Espina y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas, con informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.658-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Araya y Harboe, y de los entonces Senadores señores Tuma y Espina):
En primer trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016.
Seguridad Pública: sesión 34ª, en 18 de julio de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es modificar el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas, para los efectos de introducir un elemento subjetivo del tipo que permita realizar un reproche penal, considerando la verdadera peligrosidad de la conducta.
La Comisión de Defensa Nacional discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, Bianchi, Guillier, Pérez Varela y Prokurica.
La Comisión de Seguridad Pública, por su parte, lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Allamand, Harboe e Insulza), y en particular, por igual unanimidad en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Defensa Nacional.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 48 del informe de la Comisión de Defensa Nacional y en la página 5 del informe de la Comisión de Seguridad Pública.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Sería bueno que el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública nos aclarara si este proyecto está incluido dentro del "prontamente".
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, en primer lugar, debo señalar que esta iniciativa se halla incluida dentro del "prontamente".
Se trata de una modificación. La única diferencia con el proyecto que discutimos anteriormente radica en que el que ahora nos ocupa no tiene ningún problema de constitucionalidad.
Se trata de una iniciativa bastante simple; fue presentada por los Senadores Araya, Harboe, Espina y Tuma, y modifica un artículo de la Ley sobre Control de Armas.

La señora RINCÓN.- ¿Se rebaja algo?

El señor INSULZA.- Sí: se rebaja algo. Y lo voy a explicar.
Señor Presidente, el artículo 9° de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, dice: "Los que poseyeren, tuvieren o portaren algunas de las armas o elementos señalados en las letras b) y d) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo.".
Se plantea la existencia de casos -esto, de alguna manera, también lo consideró la normativa legal anterior- en que de los antecedentes o circunstancias del proceso puede presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de armas está destinada a fines distintos de la alteración del orden público; del ataque a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública, o de la perpetración de otro tipo de delitos, de cualquier género.
Se trata simplemente de una omisión en que incurre un particular.
La ley en proyecto mantiene la sanción establecida para dicha conducta. Pero ella ya no será de cárcel, sino de multa.
Al efecto, el inciso final que se propone para el referido artículo 9° dice: "No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando las circunstancias de la posesión, tenencia o del porte de las armas o de los elementos señalados en las letras b) y c) del artículo 2° no demuestren un peligro efectivo para el orden público ni indiquen inequívocamente el propósito del autor de cometer con ellos algún delito, se impondrá una multa de once a cincuenta y siete unidades tributarias mensuales.".".
Ese texto se aprobó por unanimidad tanto en la Comisión de Defensa cuanto en la de Seguridad Pública, porque resulta obvio que la simple omisión en que incurre una persona en esta materia no puede ser motivo para la aplicación de la pena de cárcel; pero sí justifica la sanción de multa cuando no se inscribe un arma, aunque el propósito de tenerla sea la caza, la práctica de un deporte o algo por el estilo.
En tal dirección va este proyecto, señor Presidente. Es tan simple como eso.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, para que nos informe la iniciativa como integrante de la Comisión de Defensa.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la Comisión de Defensa Nacional, también de manera unánime, en su momento aprobó la normativa en proyecto. Y lo hizo básicamente teniendo en cuenta que la ley N° 20.813, del año 2015, eliminó un párrafo que resulta fundamental para la discusión de esta iniciativa.
El párrafo en comento decía: "Si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se refiere el inciso anterior estaba destinada a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará únicamente la multa.".
En consecuencia, existía la alternativa de una pena menor por una conducta distinta de las que acabo de señalar.
Los autores del proyecto presentaron durante la discusión en la Comisión de Defensa una serie de sentencias definitivas relacionadas con el caso típico en que en un camino rural se detiene a una persona que sale a cazar con un arma no inscrita o sin autorización para portarla, lo cual se transforma en un delito de peligro que deriva en la penalidad máxima establecida por la ley N° 20.813, la que, además, no le permite al juez valorar los antecedentes y determinar que dicha persona portaba un arma en tales condiciones con fines distintos de los señalados por la norma pertinente.
Tal posibilidad, sin duda, les generaba a los tribunales un amplio campo para determinar la peligrosidad de las personas y de qué delito se trataba.
La norma del año 2015, al determinar que se trataba de un delito de peligro, eliminó las dificultades de la prueba e hizo más fácil la persecución de los delitos más graves; empero, abrió la posibilidad de que personas que no tenían ninguna intención de cometer ilícitos como los explicitados fueran sancionadas duramente.
Ahora, el párrafo que leí se eliminó por las dificultades de la prueba. Porque, de acuerdo con la ley anterior -digamos las cosas como son-, era muy difícil probar que una persona sorprendida con un arma no inscrita o sin autorización para portarla no tenía el propósito de cometer delitos como el de atacar a la policía y otros.
Por ende, se dispuso que se trataba de un delito de peligro.
Esa es la discusión de fondo.
Como expresé, los autores del proyecto mostraron sentencias definitivas recaídas en personas que fueron castigadas injustamente con una pena mayor.
Conocimos por el entonces Senador Tuma un hecho específico ocurrido en la Novena Región: una persona que habitualmente salía a cazar -y todos lo sabían- en determinada comuna fue sorprendida con un arma ilegal por carabineros, quienes la pasaron al tribunal, donde se le impuso sanción de cárcel, sin posibilidad alguna de acceder a una pena sustitutiva, ni menos al pago de una multa.
Situaciones como la recién relatada llevaron a presentar esta iniciativa, que elimina la mera posesión o tenencia de armas como delito de peligro y exige una probanza para determinar que la persona sorprendida en la situación descrita intenta alterar el orden público; atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública, o perpetrar otros delitos.
La supresión a que me referí al comenzar mi intervención generó las dificultades que condujeron a la formulación de la norma propuesta.
Repito: en esta oportunidad el elemento central es la eliminación de la posesión o tenencia de armas como delito de peligro.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala abrir la votación?
Acordado.
Se está planteando votar en general y particular a la vez.
Así se procederá.

El señor NAVARRO.- Pido la palabra, antes de que se abra la votación.

El señor MONTES (Presidente).- Voy a abrir la votación ahora, Su Señoría.
En votación general y particular.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, acabamos de postergar la votación de un proyecto modificatorio de la Ley sobre Control de Armas y en este instante estamos flexibilizando una norma por la vía de establecer que la tenencia de armas sin autorización no será castigada con presidio menor en su grado máximo sino con multa.
Siguiendo la misma lógica que aplicamos para postergar la votación precedente, creo que habría que dejar esta iniciativa en manos de la Comisión a la espera de su inclusión en una propuesta más global.
Ciertamente, hay cazadores. Pero ahora va a haber cazadores en las bombas de bencina, en los malls, arriba de las camionetas que se usan para perpetrar delitos, en fin.
Señor Presidente, está claro que debemos discutir una integridad de medidas tendientes a disuadir a los portadores de armas para que podamos combatir la delincuencia y prohibir que las personas que carezcan de las condiciones requeridas las porten.
Si alguien tiene un arma, debe declararla e inscribirla.
Carabineros ha estado haciendo llamados masivos para que quienes poseen armas no inscritas las entreguen en las comisarías.
No obstante, el proyecto que nos ocupa va en la línea de que si alguien que tiene un arma no inscrita y es sorprendido portándola no va a la cárcel sino que paga una multa.
A mi entender, con ello se incentivará a la gente para que no inscriban las armas, pues dirá: "Si me pillan, pago una multa". Algunos podrán pagarla porque tienen muchos recursos. Pero tal vez otros no puedan hacerlo, por lo que terminarán en la cárcel.
Señor Presidente, la reducción de penas es contradictoria con la permanente política antidelincuencia del Gobierno, que busca que en Chile haya menos armas en la calle y que la gente no las tenga en su poder si no están debidamente inscritas.
Por eso, les digo a los colegas que plantean constantemente el aumento de las penas por porte ilegal de armas o por la comisión de otros delitos que esta propuesta es contradictoria o, a lo menos, va a provocar algo de confusión.
El Ministro Blumel ha planteado que dentro de 60 días va a traer una propuesta más integral. Así las cosas, considero que lo más razonable es que este proyecto de ley también se articule dentro de un todo que haga coherente aquello y permita saber si se están vulnerando otras disposiciones. Porque la contradicción más grande sería que aprobáramos este proyecto de ley y que, en definitiva, la propuesta del Ministro Blumel lo anulara por ir en un sentido contrario a la restricción del porte de armas.
A mi juicio, en cuanto a la caza como práctica deportiva debe haber una normativa especial. Pero tal razón no exime de la obligación de inscribir las armas.
En la Comisión el Senador Tuma citó a modo de ejemplo una situación que puede ser real. En mi concepto, para ese tipo de situaciones debería haber medidas distintas: normas administrativas, pedagógicas, educativas; trabajo con los clubes de caza y pesca. Pero bajar a multa la pena de cárcel solo provocará una discriminación odiosa y va a generar una tremenda flexibilización en materia de porte ilegal de armas, pues será el juez quien califique si tal acción tenía como objetivo demoler la nación, alterar el orden público, en fin.
Por lo tanto, caemos en una gran incertidumbre.
Ya no está entre nosotros don Eugenio Tuma, a quien le tengo un inmenso respeto. Trabajamos juntos durante muchos años. Sin embargo, a propósito del ejemplo que puso en la Comisión quiero hacer una pregunta: si en la Novena Región un agricultor sale a cazar provisto de una escopeta no inscrita y tras ser detenido dice "Yo andaba cazando conejos", y con un comunero mapuche ocurre exactamente lo mismo, ¿cuál será el criterio del fiscal y el del juez para determinar el objetivo perseguido por uno y otro?
Entonces, me parece que la flexibilización de la pena debe tener una matriz mucho más homogénea y estar dentro del contexto global del control de armas.
Entiendo que a ese respecto el Ministro Blumel nos hará una propuesta dentro de 60 días.
Por tanto, señor Presidente, yo pediría aplazar el debate de este proyecto de ley e incorporar su articulado en la misma propuesta sobre la cual esta Sala adoptó un acuerdo unánime.
Creo que eso es lo más razonable.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar la propuesta del Senador señor Navarro?

El señor COLOMA.- ¡Estamos en votación, señor Presidente!

El señor MONTES (Presidente).- Sí, lo sé
En el caso del proyecto anterior también estábamos en votación, señor Senador.

El señor COLOMA.- ¡Por Reglamento, no se puede interrumpir la votación!

El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, reitero la consulta.
¿Habría acuerdo para el efecto señalado?

El señor COLOMA.- ¡No!
El señor MONTES (Presidente). No hay acuerdo.
Tiene la palabra al Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo encuentro de toda lógica lo que propuso el Senador Alejandro Navarro.
Entiendo la buena intención que tuvieron los autores de la moción para que no se apliquen disposiciones tan drásticas a personas que, por ejemplo, tienen un arma de caza no inscrita, en la medida que prueben que su propósito es cazar y no usarla con fines delictuales.
Sin embargo, creo que disminuir las exigencias que pone el Estado para la tenencia y porte de armas es una mala señal y una mala decisión.
Quizás, señor Presidente, deberíamos devolver este proyecto a las dos Comisiones que lo vieron, la de Seguridad Pública y la de Defensa Nacional, y pedir que se emita un nuevo informe tras escuchar a las nuevas autoridades encargadas de la seguridad pública.
Aquí se han tenido muy muy presentes los juicios y fallos de que hizo mención el Senador Víctor Pérez. Pero me parece que debemos escuchar a las nuevas autoridades del sector, que se hallan en una campaña, también muy bien intencionada, para lograr que la ciudadanía entregue las armas ilegales.
La idea es que la menor cantidad posible de armas esté en manos de particulares, por los riesgos que ello implica. Entre otras cosas, es fácil que se las roben personas que van a hacer mal uso de ellas.
Por eso, señor Presidente, más que por votar, me inclino por la propuesta que formuló el Senador Navarro, o bien, por la vuelta de esta iniciativa a las dos Comisiones que lo vieron en su oportunidad, a fin de que emitan un nuevo informe.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la proposición del Senador señor García?

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, buscar un buen equilibrio en esta materia no es fácil.
En Rengo, yo vivo en Rinconada de Malambo. Mi vecino tiene un cuidador y una escopeta, la que debe disparar durante la noche porque hay gente que entra a robarle la fruta.
Eso es una práctica, por desgracia, real.
Además, amigos de lo ajeno van a robarles sus animales a otras personas (en varias ocasiones hemos discutido aquí acerca del abigeato).
¿Qué quiero plantear, señor Presidente? Que debemos abordar ese problema.
No sé si esta es la mejor fórmula.
Sin duda, no es razonable que una persona que tiene en el campo una escopeta para protegerse sea encarcelada durante varios años.
Tampoco lo es que un miembro de una agrupación de pesca y caza que va a un polígono a hacer prácticas de tiro de repente termine preso por la mala aplicación de determinado criterio.
Yo -repito- considero necesario abordar tales situaciones.
Ahora, la mayor dificultad -lo planteó el Senador Elizalde en algún momento- reside en que los narcotraficantes y el crimen organizado muchas veces se escudan usando armas de aquel tipo.
Al respecto, cabe connotar que los narcotraficantes y los miembros del crimen organizado suelen caer, no por la incautación de droga u otras acciones, sino por la procedencia de las armas que utilizan para la perpetración de sus ilícitos.
Por ende, señor Presidente, solo quiero plantear que se requiere más equilibrio en esta materia.
Yo soy partidario de la propuesta de los Senadores Navarro y García en el sentido de analizar este proyecto en el contexto de un debate mayor. Estoy abierto a la realización de ese debate. Pero aprobar la iniciativa en general y particular a la vez y despacharla me parece un exceso.
Por eso no quiero votar a favor, pues considero necesario que el debate se haga con mayor detención, lo que difiere de la posición de quienes desean que se vote en general y particular a la vez.
Si hubiera unanimidad para votar solo en general y, de aprobarse la idea de legislar, remitir el proyecto a Comisión para su discusión en particular, la solución sería bastante más fácil.

El señor MONTES (Presidente).- Esa es la propuesta del Senador señor Coloma, a quien le ofrezco la palabra.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, primero deseo dar una explicación más profunda acerca de la complejidad que reviste la apertura tan apresurada de las votaciones (a veces he sido vilipendiado por oponerme a peticiones que se formulan en tal sentido).
¡Este es el tipo de problemas que surgen cuando se abre una votación apenas termina la relación: le echamos para delante nomás!
Iniciada la votación, ella no puede dejarse sin efecto. Así lo dispone una norma reglamentaria de siempre, que tiene una lógica: darles a los procesos un curso razonable.
Entonces, la razón por la cual trato de que no se abra la votación una vez efectuada la relación es que en cualquier momento del debate uno puede colegir determinado tipo de consecuencias.
En segundo lugar, desde mi perspectiva, la moción, de la cual yo no soy parte, está bien diseñada.
Me tocó estar en la Comisión de Seguridad que dispuso el Presidente Piñera. Celebramos 22 sesiones, y este fue uno de los temas que se debatieron con mayor acuciosidad.
En el caso del proyecto que nos ocupa esta tarde, lo que ocurre es que la eliminación del párrafo que leyó el Senador Pérez Varela durante su intervención provocó en la práctica casi la inaplicabilidad de la norma correspondiente.
Hoy día, si alguien va a cazar conejos en Coltauco, en el Maule profundo, en fin, y es sorprendido portando un arma no inscrita, el juez tiene dos posibilidades: aplicarle una pena gigantesca o tratar de hallar una fórmula distinta para resolver la situación de manera práctica.
La norma en comento se concibió en el contexto de ser siempre muy duros en lo que respecta a la tenencia de armas.
Ahora, el gran problema de hoy día -lo conversamos con el Presidente del Senado antes de comenzar el debate- es la importación de armas por la vía legal.
¡En las armerías las ventas se hacen casi con informe psicológico adjunto...!
Ahí se produce el gran problema. Y eso es bastante más grave que el porte ilegal de un arma de caza, algo muy propio de muchos sectores de nuestro país.
Repito que me parece que la moción está bien pensada. Entonces, por lo menos, quiero dejar claro que no se trata de una locura, de una lógica de impunidad. Constituye una forma de afrontar una cuestión real.
A mí me sorprendió que todas las universidades que se han dedicado al asunto juzguen que este elemento hace necesario cambiar la norma actual. Todas ellas más o menos coinciden con el texto planteado.
Como tercera conclusión, iba a manifestar algo muy parecido a lo expuesto por el Honorable señor Letelier, en el sentido de dar una lógica distinta a la votación y determinar que nos encontramos en una discusión general. Por lo tanto, en la discusión particular habría espacio para que alguien expusiera una idea complementaria o distinta.
Pero, en el contexto, estoy seguro de que el punto se ajusta plenamente a lo que todos los especialistas van a expresar y lo que todos los expertos han dicho en las distintas instancias de la Comisión.
Así que secundo la sugerencia. Me parece más razonable el carácter de un pronunciamiento en general. Mas también hago un llamado a tratar de debatir las materias antes de abrir las votaciones.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, el Senador señor Coloma ha hecho referencia a que, además del aspecto en examen, es muy importante considerar el contrabando de armas y la venta excesiva, irregular y clandestina. Como parece que eso no se halla en los informes, sería bueno contemplarlo dentro de la proposición.
Habría unanimidad, entonces, para que la decisión sea solo en general.
Puede intervenir el Honorable señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, creo que, con la premura que se han visto las dos iniciativas, estamos realizando planteamientos en cierta forma contradictorios. Porque, por un lado, está la idea del Senador señor Chahuán de establecer un mejor acceso a la información en el caso de quienes hayan cometido delitos y pretendan obtener armas, y, por el otro, aquella que nos ocupa. Aunque en este caso se establece una norma excepcional, en alguna medida, esta será de general aplicación, lamentablemente.
Si queremos enfrentar en serio la delincuencia, el drama se registra sobre todo con relación a delitos violentos. Entonces, para no vivir la misma experiencia de otros países de la región, necesitamos que existan pocas armas y que todas ellas se encuentren inscritas, además de que, en lo posible, los civiles no las poseamos. Si eso se logra, la peligrosidad de los ilícitos disminuirá de manera significativa.
En consecuencia, cuando en 2015 se discutió la reforma, se pretendió establecer algo muy simple: la presunción de que la tenencia de un arma es para cometer un delito.
No conozco a ningún civil amigo que llegue armado a una fiesta, a un restaurante o a una discoteca, como ocurre en otros países de América Latina. Los que hemos estado en ellos sabemos que tales implementos se dejan afuera, incluso donde se prohíbe su porte. Eso no acontece en Chile.
El proyecto dará lugar a algo muy simple: los narcotraficantes y los que vayan a cometer "portonazos" que anden armados, pero que sean detenidos poco antes de entrar en acción, van a decir: "Portaba el arma, pero para un fin distinto. No había peligrosidad alguna en mi conducta". Y ello va a empezar a quedar impune y se deshará el incentivo que se precisa contemplar para la inscripción.
Comprendo el sentido de la propuesta. Me parece pertinente adecuar nuestra legislación precisamente para evitar el caso extremo de quien posee un arma para otro tipo de finalidad. Pero estimo que incluso la redacción de la reforma en orden a agregar un nuevo inciso hará letra muerta la legislación vigente y que los delincuentes -porque digamos las cosas como son: ellos son los portadores de armas, por regla general- no van a recibir ninguna sanción, salvo cuando sea tarde y haya mediado un delito atroz, porque ya se habrá cometido el homicidio o el robo.
Por eso, estimo que la presente proposición contradice el sentido de lo discutido en la anterior, del Honorable señor Chahuán, que suscribía el Senador que habla.
A mi juicio, el planteamiento de los colegas García y Navarro ha sido lo más razonable a fin de poder darnos una pausa reflexiva para buscar una solución al problema, que existe.
No desconozco que el texto es bienintencionado, pero resulta deseable que permita una legislación armónica, más aún en el contexto de que el propio Ministro señor Blumel ha expuesto que el Gobierno va a presentar una propuesta.
Conviene lograr una visión global a fin de contar con las herramientas necesarias para evitar algo muy simple: que se sigan cometiendo delitos con armas y altos grados de brutalidad, lo que constituye, lamentablemente, la tendencia existente. Si analizamos las cifras, en Chile se registra un aumento de los ilícitos violentos.
Ese es el drama.
Aun cuando la tasa de homicidios se mantiene relativamente estable, el salto del robo al homicidio, si no existe un control a tiempo, va a generar una tragedia.
¡Y qué decir de las bandas de narcotraficantes armados!
Por lo tanto, necesitamos una legislación enérgica que dé una señal clara y nítida: no se pueden portar armas. Y si se poseen -no para portarlas-, es preciso que estén inscritas.
En caso contrario, vamos a deplorar la entrada en el mismo drama de otras sociedades de la región, con altísimas tasas de homicidio -reitero- por no haber sido capaces de ejercer un control a tiempo.
Insisto en que la proposición obedece a una buena intención, pero creo que da una señal contradictoria, por desgracia, con lo que hemos debatido.
Por eso, estimo necesario enmarcar la materia dentro de una discusión global, que nos permita lograr una legislación equilibrada. Pero ello no significa que sea neutra: se trata de que dé una señal clara.

El señor MONTES (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Dispone de un minuto para concluir.

El señor ELIZALDE.- La señal clara es que en Chile no se pueden portar armas.
¡La señal clara es que en Chile necesitamos menos armas!
¡La señal clara es que quienes deben llevarlas son los encargados de la seguridad pública! Ello, al ejercer el Estado el monopolio legítimo de la fuerza, le corresponde a la fuerza pública, la cual, además, cuenta con la educación y el adiestramiento para hacerlo con los menores niveles de peligrosidad.
A lo anterior se agrega no solo el hecho de que tales implementos en las casas son peligrosos, sino de que los delincuentes también los roban al cometer el delito. Sabiendo que los hay, disparan primero y preguntan después.
Lo más dramático es que, a veces, menores de edad tienen acceso a armas y ocurren accidentes.
Por lo tanto, juzgo que necesitamos un equilibrio, pero con una señal contraria a la proposición en examen, lamentablemente.

El señor MONTES (Presidente).- Está claro que Su Señoría estima conveniente volver al planteamiento del Senador señor Navarro...
El señor ELIZALDE.- Y del Honorable señor García.

El señor MONTES (Presidente).- En efecto.
Es preciso decidir después de la siguiente intervención.

El señor COLOMA.- ¡Estamos en votación, señor Presidente!

El señor MONTES (Presidente).- Sí, señor Senador. Lo digo para cualquiera que sea la propuesta.
Tiene la palabra la Honorable señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, simplemente deseo contribuir con algunos antecedentes.
Sin duda, es poca la gente que se puede restar de la iniciativa del Senador señor Chahuán. Creo que va en la línea correcta.
Sin perjuicio de ello, me parece que lo comprometido por el Ministro señor Blumel dice relación también con lo que debemos hacer para legislar de manera adecuada, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Respecto del proyecto en análisis, soy partidaria de lo señalado acá en el sentido de que se vote solo en general. Juzgo que todo lo comprendido en materia de armas debe ser objeto de una discusión más acabada.
Para aportar algunos datos, deseo consignar que, al menos en la Región de Tarapacá, que represento, el 52 por ciento de las armas requisadas durante el año 2007 no se hallaban inscritas, es decir, obedecían a un contrabando. Ni siquiera se trataba de la recepción de artefactos hechizos.
Ello de verdad da un tono de alerta, porque no queremos que lo que se vive en regiones del norte -puedo referirme con mayor conocimiento de causa a mi Región- se generalice en Chile.
A mi juicio, el asunto es absolutamente relevante y es preciso considerarlo de acuerdo con su importancia. Cabe legislar seriamente por el bien del país, para evitar actos violentos que terminen en homicidio, sicariato y otras acciones que últimamente se han dado en llamar "delitos importados", en lo cual mi Región lidera, por desgracia.
Me parece que se trata de aspectos de alta significación, que repito que merecen un tratamiento más acabado que aquel que ha tenido lugar hoy día en la Sala. No obstante que ello también va en beneficio del debate, es preciso abordar muchos puntos más para legislar de la manera correcta y en beneficio de las personas.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Hay una propuesta del Honorable señor Navarro para no votar, apoyada por dos señores Senadores. Pero el problema es que ya nos pronunciamos.
La otra implica cambiar el sentido de la votación, que era en general y en particular, y dejarla solo en general.
¿Habría acuerdo con relación a esta última, que tendría más factibilidad de ser acogida?
La señora EBENSPERGER.- Sí, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 14 votos a favor y 4 abstenciones, se aprueba en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Rincón y los señores Castro, Coloma, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Insulza, Letelier, Ossandón, Pérez Varela, Prohens y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Órdenes y los señores Elizalde, Montes y Navarro.
El señor MONTES (Presidente).- La Honorable señora Provoste deja constancia de su intención de voto a favor.

Queda establecido en la Versión Oficial, entonces, que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia llegará en sesenta días con una iniciativa integral y completa sobre las armas.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias.
Procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de darse curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole ACELERACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE GRACIA PARA SEÑORA OLGA SALINAS CERDA, DE QUILPUÉ.
Al señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, para reiterar oficio sobre PROGRAMA O MEDIDAS PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SECTOR DE PLACILLA, COMUNA DE VALPARAÍSO, y a la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso respecto del mismo asunto.
Al señor Alcalde de Quintero, pidiendo antecedentes referidos a GASTO EN CAMIONES ALJIBE Y EN SUSTENTO DE COMUNIDAD DE SANTA JULIA ANTE CORTE DE AGUA DEBIDO A DERRAME DE HIDROCARBUROS POR ENAP.
A la señora Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso, solicitando información sobre MAL MANEJO DE RESIDUOS EN DERRAME DE HIDROCARBUROS POR ENAP EN SANTA JULIA, COMUNA DE QUINTERO.
Al señor Gerente General de ENAP, para que envíe antecedentes de ACCIONES ANTE DERRAME DE HIDROCARBUROS EN SANTA JULIA, COMUNA DE QUINTERO; POSIBLE CENTRAL TERMOELÉCTRICA EN CONCÓN, Y MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE NUEVAS OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES.
Del señor ARAYA:
Al señor Director del Servicio de Salud de Antofagasta, para que informe sobre CUMPLIMIENTO DE CONVENIO CON AGRUPACIÓN PRO SALUD "GUATITA DE DELANTAL".
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Hacienda y al señor Director de Presupuestos, pidiéndoles antecedentes acerca de AUTORIZACIÓN DE LEASEBACK A MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CON GARANTÍA DE INMUEBLES SIN RECEPCIÓN DE OBRAS.
A la señora Ministra de Energía y a la señora Directora (s) de la Comisión Nacional de Energía, solicitándoles informar sobre ESTADO DE PROCEDIMIENTO TARIFARIO PARA SERVICIO DE GAS EN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.
Al señor Contralor de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, requiriéndole INVESTIGACIÓN DE FALLECIMIENTO DE DIEGO IGNACIO TORRES PÉREZ, DE DOTACIÓN DE MÉDICOS EN HOSPITAL DE PUERTO NATALES Y DE TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS.
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Director de Obras de Municipalidad de Viña del Mar, pidiendo informar sobre SITUACIÓN DE INMUEBLE EN AVENIDA UNO NORTE N° 2659.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, para que remita información sobre NÚMERO DE COOPERATIVAS, CON DESAGREGACIÓN POR REGIÓN Y ÁREA DE ECONOMÍA O TIPO DE ACTIVIDAD.
A los señores Ministros de Desarrollo Social y de Vivienda y Urbanismo, solicitándoles ASESORÍA PARA SOLUCIÓN DE DEMANDA HABITACIONAL DE FAMILIAS DE CAMPAMENTO EN CALLE LAS BANDURRIAS DE POBLACIÓN LOLQUELLÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI.
Al señor Ministro de Educación, para que envíe antecedentes acerca de CONSULTA INDÍGENA EN COMUNAS DE VALDIVIA, LA UNIÓN, LANCO Y PANGUIPULLI SOBRE BASES CURRICULARES PARA ASIGNATURA DE LENGUA Y CULTURA DE PUEBLOS ORIGINARIOS y ESTADO DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LICEO FERNANDO SANTIVÁN, DE PANGUIPULLI.
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información vinculada a PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS Y FUTURAS OBRAS PARA MITIGACIÓN DE DETERIORO DE SECTOR DE COSTANERA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Ministro de Salud, requiriéndole INFORMACIÓN A SEÑORA ANTONIA SANDOVAL REYES DE FECHA DERESONANCIA MAGNÉTICA EN HOSPITAL BASE DE VALDIVIA.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, para que envíe antecedentes de NUEVO SELLO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS y disponga ENTREGA EN COMODATO A AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES DE INMUEBLE EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 1781, VALDIVIA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole INCORPORACIÓN DE RUTA DESDE LOS AZADORES A RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS, COMO ZONA BENEFICIARIA DE TRANSPORTE SUBSIDIADO.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, pidiéndoles antecedentes de USO DE RECURSOS DE FONDO DE APOYO REGIONAL PARA CORROBORACIÓN O NO DE CIFRAS DE ESTUDIO DE FUNDACIÓN ESPACIO PÚBLICO.
A la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones, solicitándole estudio de FACTIBILIDAD DE SEÑAL DE TELEFONÍA MÓVIL PARA SECTOR LOS TAYOS ALTOS, COMUNA DE PANGUIPULLI.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles y al señor Director Regional de Los Ríos de ese organismo, demandándoles INFORMACIÓN A SEÑOR JORGE VÁSQUEZ PÉREZ SOBRE TRÁMITES PARA ACCESO A ELECTRICIDAD EN SU DOMICILIO, SECTOR DE PAILLAO.
Al señor Director Nacional de Vialidad, a fin de solicitarle antecedentes sobre FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMPRESA COPSICA EN SECTOR LOS AÑIQUES-LIQUIÑE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRANSEÚNTES, COMUNA DE PANGUIPULLI; SEGURIDAD DE PASARELA EN SECTOR CHAPUCOEINSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, COMUNA DE PAILLACO; MEJORAMIENTO DE CAMINO LAS VEGUITAS-DOLLINCO, COMUNA DE FUTRONO, y MANTENCIÓN DE CAMINO EN SECTOR EDUVIGES-DOLLINCO, COMUNA DE PAILLACO
Al señor Director Ejecutivo de la CONICYT, al objeto de que informe respecto de INCERTIDUMBRE DE INVESTIGADORES EN TORNO A RECEPCIÓN DE TOTALIDAD DE BENEFICIOS DE COBERTURA DE BECAS DE DOCTORADO.
Al señor Director Ejecutivo de la CONAF, requiriéndole información concerniente a DENUNCIA DE TALA ILEGAL DE BOSQUE NATIVO EN PROYECTO BAHÍA PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Director Nacional de Aduanas, para que envíe antecedentes relacionados con PROYECTO "ALMACÉN VERDE EN LA GESTIÓN DE ADUANAS".
Del señor DURANA:
A la señora Intendenta de Arica y Parinacota, a fin de pedirle su intercesión para ELABORACIÓN POR ALCALDÍA DE ARICA DE INFORME SOCIAL SOBRE SITUACIÓN DE SEÑOR JUAN CALLINAO ADÍO.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Arica y Parinacota, al objeto de que señale FUNDAMENTOS PARA DEROGACIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN SOCIAL DE SEÑOR JUAN CALLINAO ADÍO.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, con el propósito de recabar información atinente a SITUACIÓN DE VIVIENDA DE SEÑORA ROSALÍA CASTRO MORALES, DE ARICA, A RAÍZ DE DEUDA CON MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.
Al señor Director Regional del Servicio Nacional de Pesca de Arica y Parinacota, para que se informe acerca de DATA Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO PESQUERO ARTESANAL, RAZONES DE EVENTUAL NEGATIVA A OTORGAMIENTO DE REGISTROS, Y DESEMBARCOS DE ÚLTIMOS TRES AÑOS.
Del señor GALILEA:
Al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Subsecretario de las Fuerzas Armadas, a fin de consultar por UNIDADES MILITARES EN REGIONES DEL BIOBÍO, DE LA ARAUCANÍA Y DE LOS RÍOS Y POR OTRAS CON CIERRE A PARTIR DE 1950.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, con el objeto de pedir antecedentes de FUNCIONAMIENTO DE LEY N° 20.797.
Al señor Director de Vialidad de La Araucanía, para consultar por SOLUCIÓN PARA MAL ESTADO DE CAMINO CURACAUTÍN-LONQUIMAY.
De la señora GOIC:
Al señor Ministro de Salud, para que se informe respecto de MUERTE DE DIEGO IGNACIO TORRES EN HOSPITAL DE PUERTO NATALES Y DESIGNACIÓN EN CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR.
Del señor GUILLIER:
Al señor Ministro de Educación, con el objeto de recabar antecedentes de SITUACIÓN Y AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA, CALAMA.
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, a fin de consultar por NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE CICITEM Y ROL DE ENTIDAD EN INVESTIGACIÓN ACERCA DE LITIO.
Al señor Rector de Universidad de Antofagasta, solicitando información respecto de PUESTA EN MARCHA DE HOSPITAL CLÍNICO DE UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA.
Del señor LATORRE:
Al señor Ministro de Educación, consultando RAZÓN DE NO ENTREGA DE TÍTULO POR ARCIS A SEÑOR SEBASTIÁN BRICEÑO LABRA Y SOLUCIÓN DE CASOS SIMILARES.
A la señora Alcaldesa de Viña del Mar, para pedir antecedentes de PROTOCOLO ANTE ACOSO SEXUAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CASOS, APOYO A ESTUDIANTES Y MEDIDAS.
De la señora ÓRDENES:
A la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones, con el objeto de que se informe sobre PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA AUSTRAL Y ADJUDICACIÓN DE TRONCALES TERRESTRES AISÉN Y LOS LAGOS.
Al señor Gobernador de Coihaique, pidiéndole informar sobre GASTO FISCAL EN IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN CAPITAL DE PROVINCIA.
Del señor SANDOVAL:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, al señor Ministro de Bienes Nacionales, al señor Intendente de Aisén, al señor Alcalde de Cochrane y al señor Alcalde de Chile Chico, reiterándoles oficio sobre INQUIETUD DE POBLADORES POR EVENTUAL TÉRMINO DE VERANADAS ANTE ANEXIÓN DE TIERRAS CON MOTIVO DE CREACIÓN DE RED DE PARQUES EN AISÉN.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, reiterándole oficio relativo a PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA EN AISÉN.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, reiterándole oficio acerca de ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES A AFECTADOS POR ALUVIÓN EN VILLA SANTA LUCÍA EN 2017.
Al señor Ministro de Agricultura, pidiéndole informar respecto de APLICACIÓN DE SEGURO GANADERO EN REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, reiterándole oficio relativo a ESTADO DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLE EN CHAITÉN, SECTOR RÍO BLANCO, POR PARTE DE SEÑOR JOSÉ ERNESTO MAYORGA NAVARRO.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, reiterándole oficio sobre FACTIBILIDAD DE CONSIDERACIÓN DE SOLICITUD DE SUBOFICIAL MAYOR SEÑOR RAÚL TORRES TIRAPEGUI PARA PROLONGACIÓN DE SU CARRERA FUNCIONARIA.
Al señor Alcalde de Cochrane, al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Aisén y al señor Director Regional de Obras Hidráulicas de Aisén, reiterando oficio relativo a AUTORIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, DERECHOS MUNICIPALES E INSPECCIONES EN VALLE CHACABUCO, REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, reiterándole oficio sobre RECONSIDERACIÓN DE SITUACIÓN FUNCIONARIA DE SEÑOR ELVIS LEONEL GUERRERO TORO.
Al señor Contralor Regional de Aisén, reiterándole oficios relacionados con ALCANCES DE CONTRATO ENTRE EMPRESA GABRIEL GARCÍA E.I.R.L. Y JUNJI PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL EN PUERTO AISÉN; PROCESO ADMINISTRATIVO CONTRA FUNCIONARIA DE SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL SEÑORA ANDREA MACHIMAN, EN AISÉN, y ESTADO DE SUMARIO POR DENUNCIA DE ACOSO LABORAL CONTRA JEFE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE AISÉN.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Aisén, reiterándole oficio relativo a PRECARIO ESTADO DE PASARELA VILLANUEVA, SECTOR DE ARROYO EL GATO, COMUNA DE COIHAIQUE.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Aisén, reiterándole oficios sobre NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE ARRIENDO y ESTADO DE POSTULACIÓN A SUBSIDIO HABITACIONAL DE SEÑORA MARIBEL PÉREZ HERNÁNDEZ.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, reiterándole oficio referido a ESTADO DE SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE SEÑOR ARCENIO PEDRO ROJAS CONTRERAS EN RELACIÓN CON SITIO EN ENTRADA BAKER, SECTOR ESTERO LAS CHAPAS, COMUNA DE COCHRANE.
Al señor Director Regional (s) del Trabajo de Aisén, reiterándole oficio concerniente a PREOCUPACIÓN POR ABANDONO DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL EN PUERTO AISÉN Y SITUACIÓN DE DIECISIETE TRABAJADORES DE EMPRESA GABRIEL GARCÍA E.I.R.L.
Al señor Director Regional (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización de Aisén, reiterándole oficios tocantes a DEMORA EN ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO DE PROGRAMA HABITACIONAL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA A SEÑORA MARÍA ACUÑA JARA y ALTERNATIVAS PARA SANEAMIENTO DE SITIO N° 1, MANZANA 21, DE CHILE CHICO, POR SEÑORA MÓNICA DEL CARMEN CONTRERAS JARA.
A la señora Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Aisén, reiterándole oficio acerca de ASPECTOS DECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL EN VALLE SIMPSON, COMUNA DE COIHAIQUE.
A la señora Directora Regional del Instituto de Previsión Social de Aisén, reiterándole oficio relacionado con BONO DE INVIERNO PARA SEÑORA ÚRSULA NÚÑEZ SÁNCHEZ, DE COIHAIQUE, Y ESTADO DE SU CRÉDITO CON CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA.
Al señor Director (s) del Servicio de Salud de Aisén, reiterándole oficio sobre PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA EN HOSPITAL DE CHILE CHICO.
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El señor MONTES (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó la sesión a las 19:31.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción