REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 366ª

Sesión 83ª, en miércoles 2 de enero de 2019

Ordinaria

(De 16:21 a 19:16)

PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,

Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron las señoras y los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Allende Bussi, Isabel

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Bianchi Chelech, Carlos

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Elizalde Soto, Álvaro

--Galilea Vial, Rodrigo

--García Ruminot, José

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Girardi Lavín, Guido

--Goic Boroevic, Carolina

--Guillier Álvarez, Alejandro

--Huenchumilla Jaramillo, Francisco

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Lagos Weber, Ricardo

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Montes Cisternas, Carlos

--Moreira Barros, Iván

--Muñoz D´Albora, Adriana

--Navarro Brain, Alejandro

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prohens Espinosa, Rafael

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Quintana Leal, Jaime

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Rincón González, Ximena

--Sandoval Plaza, David

--Soria Quiroga, Jorge

--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline

--Von Baer Jahn, Ena

Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas.

Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 20 señores Senadores.

El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 78ª y 79ª, ordinarias, y 80ª, especial, en 18, 19 y 21 de diciembre de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.

IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Treinta y tres de Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el primero retira de tramitación el proyecto de ley iniciado en el mensaje que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad (boletín N° 11.569-07).

--Se tiene presente el retiro.

Con el segundo inicia un proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (boletín N° 12.345-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con el tercero y el cuarto hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos:

1. El que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).

2. El que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-06 y 11.893-11, refundidos).

Con los veintitrés siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1. La que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).

2. La que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).

3. La que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).

4. La que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (boletín N° 11.245-17).

5. La que modifica la ley N° 20.032, que establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07).

6. La que establece la condición socioeconómica de los estudiantes que podrán acogerse a estudios gratuitos en las instituciones de educación superior (boletín N° 11.687-04).

7. La que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (boletín N° 11.705-25).

8. Proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.730-10).

9. La que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión (boletín N° 11.747-03).

10. La que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos (boletín N° 11.818-25).

11. La que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).

12. La que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N° 11.913-25).

13. La que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (boletín N° 11.919-02).

14. La que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín N° 11.951-31).

15. La que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (boletín N° 12.008-13).

16. La que modifica la ley N° 4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (boletín N° 12.018-07).

17. La que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (boletines Nos 12.026-13, 11.671-13 y 11.655-13, refundidos).

18. La que establece la Ley Nacional del Cáncer (boletín N° 12.292-11).

19. La que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).

20. La que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín Nº 7.678-02).

21. La que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior (boletín N° 8.996-13).

22. La que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).

23. La que adecua los cuerpos legales que indica en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).

Con los seis últimos hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:

1. El que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica (boletín N° 9.014-03).

2. El que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).

3. El que modifica la ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el concepto de cuarta edad (boletín N° 11.224-18).

4. El que establece un marco legal para el fomento del arte gráfico urbano (boletín N° 11.810-24).

5. El que fortalece la integridad pública (boletín N° 11.883-06).

6. El que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias (boletín N° 12.325-05).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

De la Honorable Cámara de Diputados:

Con el que comunica que aprobó, con la excepción que señala, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05), e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los Senadores miembros de la Comisión de Hacienda para integrar la referida Comisión Mixta.

De la Excelentísima Corte Suprema:

Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto de ley que Crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05).

--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11.269-07).

--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.

Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado respecto del artículo 1°, incisos tercero y octavo, de la ley N° 20.975.

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.

Acompaña copia de la resolución dictada en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado respecto del "artículo 3 bis, contenido en el artículo primero cinco" del proyecto que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín N° 10.696-07).

Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:

-Artículo 1° de la ley N° 18.216.

-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.

-Artículo 3°, incisos cuarto, sexto y octavo, del Código del Trabajo.

-Artículo 33, número 1, letra b), del decreto ley N° 824, de 1974, sobre Impuesto a la Renta.

-Artículo 63, número 1, letra c), del Código Orgánico de Tribunales.

-Artículo 162, incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, y oración final contenida en el inciso quinto del mismo precepto del Código del Trabajo.

-Artículos 195, inciso tercero, y 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo de la ley N° 18.290.

-Artículo 1° de la ley N° 20.975.

-Artículo 4° de la ley N° 19.886.

-Artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal.

-Artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas, de la ley N° 19.886.

-Artículo 70 de la ley N° 16.742.

-Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.

-Artículo 21, inciso segundo, y 22 del Código de Procedimiento Civil y artículo 543, inciso tercero, del Código de Comercio.

-Artículo 358, inciso segundo, del Código Procesal Penal.

-Artículo 199 del Código Civil.

-Artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.

-Artículo 96, frase "y se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él", del Código Penal.

--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:

Entrega antecedentes referidos a las inquietudes que se consignan a continuación:

-De la Senadora señora Provoste, sobre la falta de suministro de agua potable en un barrio de emergencia de la comuna de Diego de Almagro.

-Del Senador señor Navarro, acerca de los desalojos de departamentos arrendados en el período que se señala.

Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:

Contesta petición del Senador señor Durana, en relación con la situación de la población Chinchorro, de Arica, en cuanto a la aplicación de la ley N° 20.590, sobre programa de intervención de zonas con polimetales.

De la señora Ministra Secretaria General de Gobierno:

Atiende preocupación del Senador señor Navarro, relacionada con pormenores de la propaganda de promoción de la reforma previsional.

Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:

Explica los mecanismos de evaluación para mantener en el cargo al Presidente de la Empresa Portuaria de Arica; inquietud formulada por el Senador señor Durana.

Del señor Ministro de Obras Públicas:

Responde los siguientes oficios:

-Del Senador señor Quinteros, en cuanto a la rampa de conectividad multipropósito del sector Caleta Poyo, comuna de Chaitén.

-Del Senador señor De Urresti, en sendos oficios, sobre las medidas para mitigar el deterioro del sector Costanera, de Valdivia, y de los trabajos que realiza la empresa que señala, en el sector Los Añiques-Liquiñe, Región de Los Ríos.

-Del Senador señor Harboe, referido a las barreras intermediarias de las autopistas concesionadas.

-Del Senador señor Navarro, en relación con la carretera Castro-Quellón, en Chiloé, y sobre la factibilidad de construir un aeropuerto en la ciudad de Los Ángeles.

-De la Senadora señora Allende, atinente al programa de reparación y puesta en marcha de los ascensores de la ciudad de Valparaíso.

-Del Senador señor Sandoval, dos oficios: sobre solicitud para renombrar las rutas 7 y 9 como ruta 5 tramo austral, y en cuanto a la calidad del agua en la comuna de Chile Chico.

Del señor Ministro de Salud:

Da respuesta al oficio del Senador señor De Urresti, referido al proceso administrativo sancionatorio realizado en el centro de gestión de residuos biológicos y desechos derivados de recintos clínicos y hospitalarios, en la comuna de Paillaco, entre otras materias; y en cuanto a los motivos del traslado de salmones en descomposición al relleno sanitario de esta misma localidad.

Atiende inquietud del Senador señor Guillier, relativa a la posibilidad de disponer la aplicación del plan nacional de demencia.

Responde consulta de la Senadora señora Órdenes, acerca del contrato de un avión ambulancia para la Región de Aisén.

De la señora Ministra del Medio Ambiente:

Informa los siguientes oficios:

-Del Senador señor Durana, sobre si el conjunto habitacional Villa Prat, de Arica, es beneficiario de la ley N° 20.590, de polimetales.

-Del Senador señor Navarro, referidos a: las infracciones ambientales y sanciones aplicadas a la empresa que se señala; aprobación del estudio de evaluación ambiental por la Comisión Ambiental del Biobío, para la extensión del relleno sanitario de la localidad de Copiulemu, comuna de La Florida, y episodios críticos por la calidad del aire detectados en el último decenio.

-Acuerdo del Senado por el que se solicitó presentar la candidatura de la ciudad de Valdivia al proceso de acreditación de Ciudad Humedal, conforme al marco establecido en la COP11, y remitirla al Comité Asesor Independiente dentro del plazo fijado en la Convención de Ramsar (boletín N° S 2.023-12).

Del señor Ministro del Medio Ambiente (S):

Atiende solicitud del Senador señor Navarro, sobre el número de infracciones ambientales cometidas por la empresa que se individualiza.

Del señor Ministro de Energía (S):

Informa sobre sendos oficios, enviados en nombre del Senador señor Sandoval, acerca de la ruta energética para la Región de Aisén al año 2050, y de la política energética para esta zona.

Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:

Incluye información sobre las horas punta y consumo promedio de agua potable en el país; planteamiento efectuado en nombre del Senador señor Navarro.

Del señor Superintendente del Medio Ambiente (S):

Contesta petición del Senador señor Navarro, en relación con la falla de mantención de la planta Santa Fe ocurrida el 21 de octubre pasado.

Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:

Aclara inquietud del Senador señor De Urresti, en cuanto a los antecedentes de reclamo que se señala, por la postación y tendido eléctrico efectuado en un predio privado.

Del señor Superintendente de Pensiones:

Expone sobre la situación previsional de la persona que se señala; materia requerida por el Senador señor García.

Del señor Intendente de la Región del Biobío:

Remite datos del número de proyectos aprobados en el último decenio por el Consejo Regional que se encuentran sin financiamiento, en respuesta a consulta del Senador señor Navarro.

Del señor Intendente de la Región de Los Ríos:

Resuelve petición del Senador señor De Urresti, en cuanto a diversos temas planteados por los habitantes de la localidad de La Plata, comuna de Paillaco.

De la señora Defensora de la Niñez:

Se refiere a requerimiento de la Senadora señora Rincón, relativo a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en la zona de conflicto de la Región de La Araucanía, especialmente de la etnia mapuche.

Del señor Secretario General de Carabineros:

Adjunta información sobre sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a las fiscalizaciones efectuadas a los camiones de carga de madera en la ruta que une a la comuna de Hualqui con Talcamávida, y acerca del costo per cápita del curso del denominado "Comando Jungla".

Del señor Director del Instituto de Previsión Social:

Se refiere a tres oficios consultados por el Senador señor García, respecto de la situación previsional de las personas que se individualizan.

Del señor Director (S) de la CONADI:

Responde petición del Senador señor De Urresti, en cuanto al estado del cementerio del sector de Palo Muerto, localidad de Huape, y a los mecanismos para optar a su tenencia y administración.

Del señor Director Ejecutivo de la CONAF:

Atiende preocupación del Senador señor De Urresti, sobre el Plan Nacional de Conservación de la Güiña.

Del señor Director (S) del SERNAGEOMIN:

Reporta requerimiento expresado en nombre del Senador señor Sandoval, referido a las fiscalizaciones relacionadas con el plan de cierre de la minera que se señala, de Chile Chico.

--Quedan a disposición de Sus Señorías.

Informes

Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos (boletín N° 12.139-15).

Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno (boletín N° 10.625-17).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo (boletín N° 12.302-13).

--Quedan para tabla.

Proyecto de acuerdo

De los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a trámite legislativo una iniciativa que modifique todos los cuerpos legales necesarios y, en particular, el Código del Trabajo, con el fin de asegurar estándares mínimos de estabilidad laboral para los trabajadores portuarios eventuales (boletín N° S 2.038-12).

--Queda para ser votado en su oportunidad.

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario, quien dará a conocer los acuerdos de los Comités.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Poner, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, la iniciativa signada con el número 4 de la tabla, esto es, el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Aravena y señores Kast y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-11 y 11.893-11, refundidos), con urgencia calificada de "discusión inmediata".

2.- Considerar, en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, el asunto contemplado en el número 6 de la tabla, es decir, el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).

3.- Analizar, en el cuarto lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, la iniciativa contemplada en el número 7 de la tabla, esto es, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica (boletín N° 9.014-03).

4.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de las sesiones ordinarias de los días martes 8 y miércoles 9 de enero en curso, el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.250-25).

5.- Disponer que el proyecto que modifica la ley N° 4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (boletín N° 12.018-07), sea considerado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en lugar de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- Quiero agregar que el próximo martes discutiríamos el proyecto sobre Carabineros (su organización, planes, sistema de control, etcétera), ya aprobado en general en Comisiones.

La idea es que todos los parlamentarios tengan la posibilidad de exponer su opinión sobre la materia, por lo que el debate, que se iniciaría ese día, continuaría el miércoles, de ser necesario, para que todos los que no hayan alcanzado a expresar una visión más amplia lo puedan hacer en esa ocasión.

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La señora RINCÓN.- Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señora Senadora.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero recabar el asentimiento de la Sala para que sea la Comisión de Constitución y no la de Economía la que informe, en el tercer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07), que el Presidente de la República calificó con "discusión inmediata" para su despacho.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la solicitud de la señora Senadora?

Acordado.

--El proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

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El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a Alonso Torres, Mario Pastrana, Miguel Figueroa y Alejandro Guzmán, alumnos del distrito 6° que obtuvieron puntajes nacionales en la PSU, y expresarles nuestro reconocimiento como Senado.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, se trata de algo previo a la discusión de la iniciativa sobre trasplantes y donaciones de órganos.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en sesión de hoy, aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador Navarro, que establece el 27 de junio como Día Nacional del Trabajador del Transporte Público, y, a petición del mismo colega, solicitamos a la Sala que dicha iniciativa sea conocida también por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, por la especificidad de la materia que trata.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que dicha iniciativa sea vista además por el mencionado órgano técnico?

Así se acuerda.

--El proyecto pasa igualmente a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 11849-11

INCENTIVOS PARA DONACIÓN DE ÓRGANOS

El señor MONTES (Presidente).- En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Aravena y señores Kast y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos, con nuevo segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el primer proyecto (11.849-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señora Aravena, señores Kast y Quintana):

En primer trámite: sesión 28ª, en 3 de julio de 2018 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.872-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República):

En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).

--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (11.893-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Chahuán y señora Goic):

En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Salud: sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018.

Salud (segundo): sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.

Hacienda: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.

Salud y Hacienda, unidas (nuevo segundo informe): sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 14 de agosto de 2018 (se aprueba en general); 66ª, en 13 de noviembre de 2018 (la iniciativa vuelve a las Comisiones de Salud y Hacienda, unidas, para elaborar un nuevo segundo informe sobre los artículos transitorios).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión del 14 de agosto de 2018, y discutida y aprobada en particular en su sesión del 13 de noviembre del mismo año, salvo en lo relativo a sus artículos transitorios, respecto de los cuales la Sala acordó que fueran informados por las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.

Las Comisiones unidas se pronunciaron sobre los artículos primero y segundo transitorios en los términos en que fueron despachados por la Comisión de Hacienda, y efectuaron dos enmiendas unánimes al artículo primero transitorio.

Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar las proposiciones de las Comisiones unidas a su respecto.

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y el texto como quedaría de aprobarse tales enmiendas.

El señor MONTES (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este es un proyecto de gran importancia, que adquiere mayor relevancia por hechos concretos ocurridos, porque muchas veces el diario vivir de chilenos y chilenas es distinto a los trámites legislativos y a las discusiones que se dan en el Congreso.

Por eso, quiero volver a reponer un debate que tuvimos la vez pasada, aunque ahora quizás el Senado pueda, a la luz de los hechos que se han producido, efectuar una evaluación diferente de la que hizo hace algunas semanas.

Hay un niño de 9 años que puede representar la historia de muchas personas: Joaquín Adasme, que falleció porque no pudo acceder a la donación de un hígado. Voy a dar lectura a lo que planteó su papá en un pequeño texto: "Luchaste con todas tus fuerzas; fuiste un gran ejemplo para mí. Joaquín, perdóname, hice todo lo que estuvo a mi alcance para salvar tu vida". Y yo, como Senador, como médico, como Presidente de la Comisión de Salud, quiero decir lo mismo: "Mira, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que nunca más un niño, una niña o cualquier chileno muera por no poder acceder a un órgano".

Hoy día estamos viviendo una situación catastrófica, dramática, en nuestro país. Tenemos una tasa de donación de órganos y de trasplantes bajísima: menos de siete donantes por cada millón de habitantes. Si nos comparamos veremos que España, con una legislación parecida a la nuestra, tiene 50 donantes por millón de habitantes.

En Chile miles de personas están en listas de espera. Sin embargo, al menos el 40 por ciento de las que ahí se encuentran aguardando un corazón, un pulmón, un hígado, fallecerá este año por no tener la posibilidad de conseguir un donante.

¿Y por qué no tenemos donantes? Porque en la ley del donante universal del año 2010 -de la cual soy uno de los autores-, que transformaba a cada chileno en donante por el solo hecho de nacer, se puso como condición para su aprobación que bastaría, al momento de concurrir al Registro Civil o de sacar licencia de conductor, con que se le preguntara a las personas si renunciaban a su condición de donante.

¿Qué ocurre, sin embargo? Que, cuando alguien va a sacar su licencia de conductor, su cédula de identidad o su pasaporte, va pensando en otra cosa y, al instante en que se le consulta si quiere ser donante o no, no ha reflexionado al respecto y no se encuentra preparado para responder, adoptando una conducta refleja, que consiste en dejarse llevar por los prejuicios. Y, como los prejuicios existen, la persona dice "no". De este modo, 4 millones de personas, entre el 2011 y el 2013, manifestaron no querer ser donantes. O sea, hay un stock de casi la mitad de la población que hoy día es no donante.

¿Por qué es importante lo anterior? Porque cuando el año 2013, dada la situación expuesta, tomamos la decisión de que esa determinación proviniera de un acto reflexivo, fruto del silencio y la meditación, se estableció que las personas realizaran una acción coherente con tal determinación concurriendo a una notaría a renunciar a su condición de donante. En cinco años solo aproximadamente 11 mil personas renunciaron a su condición de donante; en cambio, en dos años renunciaron 4 millones.

Entonces, con el Senador Kast, a petición de sociedades médicas como la Sociedad Chilena de Nefrología, ante una situación de urgencia, dramática, señalamos que intentaríamos que esos 4 millones de personas que dijeron "no" antes del 2013 y que fueron consultadas en una especie de fast track, sin posibilidad de reflexionar o de meditar, se recalificaran en un plazo de seis meses o, de lo contrario, volverían a ser donantes.

Por distintas razones, las Comisiones unidas modificaron aquello que se aprobó mayoritariamente en la de Salud y establecieron una condición distinta: cuatro años, cuando nuestro país vive una situación de emergencia, volviendo a considerar además al Registro Civil como el lugar preferente para manifestar tal decisión. Es decir, volvemos a lo mismo que había antes: las personas van a ir al Registro Civil a sacar su cédula de identidad o su pasaporte y, en un proceso fast track, les van a preguntar si desean ser donantes o no. Y de nuevo se producirá el mecanismo reflejo, gobernado por la incertidumbre y los prejuicios, y se repetirá la negativa a ser donante, quedando lamentablemente muchos más niños, como Joaquín Adasme, sin la posibilidad de salvar sus vidas o de tener una mejor existencia producto de que tal vez no hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que en Chile haya más donantes.

Además, todo chileno no solo es donante universal, sino también receptor universal.

Por eso, les pido a las Senadoras y los Senadores volver a repensar cuál es el mejor instrumento para darles vida a los numerosos niños y niñas que necesitan un órgano.

Yo entiendo que el Ministro de Salud está totalmente de acuerdo con nosotros. Entonces, si aprobamos el texto de las Comisiones unidas con la idea, según entiendo, de que lo propuesto sea modificado en el trámite de la Cámara de Diputados, me pregunto por qué dejar que el Ministro de Salud tenga que presentar una indicación en esa instancia respecto de algo que nosotros podemos resolver acá.

Por eso, formulo una petición con sentido de urgencia. Comprendo la dimensión procesal de lo que se ha planteado, es decir, que en el mismo lugar donde se ha hecho algo esto se debe deshacer.

Pero yo creo que les estamos planteando a los chilenos un desafío mayor: que las personas que renunciaron a ser donantes por medio de un mecanismo fast track, en que muchas veces ni siquiera se les consultó (el funcionario puso "no" sin preguntarles), tengan la posibilidad de disponer de un proceso reflexivo, meditado.

Y, si así lo determinan, bueno, ¡que puedan ir a la notaría! De hecho, a partir del 2013, la ley dice que para renunciar a la condición de donante hay que concurrir a la notaría.

Por eso, propongo que tengamos la posibilidad de reflexionar -nosotros también- y de votar en contra de lo acordado por las Comisiones unidas a fin de volver a establecer el texto de la Comisión de Salud.

Sé que no todos los Senadores y Senadoras estarán contentos con esto.

El señor COLOMA.- ¡Es insólito!

El señor GIRARDI.- Es insólito. Pero también lo es que en Chile muera un niño de nueve años por no recibir un órgano. Las donaciones de órganos no tendrán posibilidad alguna de subir en nuestro país si no hacemos cambios que, a lo mejor, requieren mayor audacia.

Repito: para mí es insólito que estén muriendo niños y niñas por no haber órganos, cuando debiera existir la posibilidad de salvar sus vidas.

Hay muchas personas que lamentablemente están sufriendo muerte cerebral. Pero producto de estos elementos, de estas trabas, ello no se puede traducir en más vida para los niños y niñas, para la población chilena que lo necesita.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, en la sesión pasada, cuando discutimos este tema, vimos ya argumentos relativos a la importancia de avanzar en un mayor porcentaje de donantes en nuestro país, y con esta ley se busca facilitar ese proceso: que más personas quieran ser donantes y menos no deseen serlo.

Yo tiendo a coincidir con el Presidente de la Comisión de Salud -quien me antecedió en el uso de la palabra- en que lo que hacemos es retroceder.

Cuando se asocia el no querer ser donante con el trámite para obtener licencia de conducir y no con un trámite especial para expresar que no se quiere ser donante (como planteamos en algún momento en la Sala), pensando solamente en situaciones en que un notario no es accesible, como sucede en localidades rurales -como Senadora por Magallanes lo entiendo perfectamente-, debo decir que la modificación va más allá de lo que habíamos planteado en la Sala.

Hoy día efectivamente hay elementos coyunturales, como la pérdida de la vida de un niño, que nos duele, que nos remece, y debemos aprovechar esta oportunidad para abordarlos.

Sin embargo, me gustaría ir más allá en esta discusión.

No solamente tenemos que sacar adelante este proyecto; no solamente debemos avanzar en cuanto a quienes podrían ser donantes y no lo son, sino que tenemos que ser más audaces como país. Hemos de progresar en mayor cantidad de alternativas para la donación.

Nosotros aprobamos el proyecto que regula la donación cruzada de órganos entre vivos, que ingresó a trámite el 21 de abril de 2015. Lo sacamos adelante antes de dos años: el 11 de febrero de 2017. ¡Y hasta el día de hoy -el próximo mes se cumplen dos años- no cuenta con reglamento!

Se lo comentaba recién al Ministro de Salud -por su intermedio, señor Presidente-: ¡eso no puede ser! No puede ser la demora del Gobierno anterior ni la de este Gobierno para sacar ese reglamento, en que se genera un alternativa mayor de donantes en el caso de trasplantes de personas vivas.

La información de que dispongo es que el reglamento fue retirado de la Contraloría por el Ministerio de Salud el 9 de octubre. ¡Espero que vuelva a ingresar; que se subsanen las observaciones!

Lo que necesitamos es que la ley que aprobamos con celeridad, y que, además, nos trajeron como propuesta personas que necesitaban un trasplante, esté operativa.

Es más, los quiero invitar a dar un paso adelante, tal cual señalaba el Senador que me antecedió, más audaz, y a que avancemos en ampliar la posibilidad de que aquellas personas que sean parientes por afinidad también puedan hacer donaciones.

Actualmente, solo se puede dar en el caso de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, cónyuges o convivientes. Esto significa que si mi cuñada, mi suegra o mi yerno deciden ser donantes, y son compatibles, no lo pueden hacer, pese a haber una relación, respecto a la cual nadie puede decir que existen otros incentivos perversos.

Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahora, en conjunto con el resto de los integrantes de la Comisión, es presentar el proyecto para que ampliemos su alcance a fin de que parientes por afinidad también puedan ser donantes. E iniciemos ahí una discusión, que quizá puede llevar más allá la frontera ¿Por qué no?

Hoy día es muy distinto que lo que sucedía hace varios años, cuando existían dudas de que hubiera tráfico, u otros incentivos.

En el presente hay equipos profesionales de psicólogos que conversan de manera previa, que realizan un proceso de selección, de revisión, para que efectivamente todo se dé en buenos términos, para que aquí exista un acto de entrega, de amor y de resguardo hacia quienes participan.

A mi juicio, tenemos que hacernos cargo de esa discusión también. Y por eso presentamos hoy día este proyecto, que esperamos poder tramitar.

Algunos hemos conversado además con el Ministro, que según entiendo tiene interés en que demos más pasos en esta línea.

Nosotros avanzamos en la ley de donación cruzada en cuanto al donante altruista. De ahí que sea tan importante que se dicte el reglamento -como señalaba, fue aprobado hace casi dos años-, que permita que una persona que por motivos altruistas quiera donar un órgano lo haga a quien esté primero en prioridad, sin necesidad de tener una relación de parentesco.

Entonces, el llamado es a que nos hagamos cargo del tema de fondo. Todos conocemos situaciones, más o menos cercanas, en que un órgano puede salvar una vida; en que la existencia de un donante puede significar salvar la vida de hasta diez personas.

¡De eso estamos hablando!

En consecuencia, yo me inclino por mantener el texto del proyecto como está -ojalá hubiera sido la decisión mayoritaria-, perfeccionándolo para el trámite específico en el Registro Civil a fin de declarar que no se quiere ser donante. Y lamento que se haya retrocedido respecto de lo que habíamos avanzado en la discusión.

Gracias, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, el año partió al revés de cómo creíamos que debía hacerlo. En vez de ser positivo, optimista, unitario, hemos visto una vuelta de carnero del Senador Girardi ¡francamente kafkiana!

Aquí, la Cámara Alta le pidió a las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas -¡unidas!- un trámite especial, excepcional, a fin de resolver un conflicto, que parecía evidente, y que tiene que ver no con el tema de donación de órganos en general, sino con una situación de derechos que se producía en virtud de la ley vigente, en que a los ciudadanos se les da la opción de ser donantes o no cuando renuevan la licencia de conducir o la cédula de identidad.

Yo presenté objeciones, pero el que más lo hizo fue el Senador Huenchumilla, quien planteó que era irregular que, habiéndose otorgado el derecho de ser donante o no, por ley se debiera concurrir después a una notaría, en circunstancias de que se decía que sí podía hacerse legalmente.

Me acuerdo que el Senador Insulza apuntaba en el mismo sentido en la discusión anterior: que había que resolver esto bien; que no podía quedar en la nada.

Nos juntamos en las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, con presencia del Gobierno, ¡con presencia del Gobierno! Aquí el Ejecutivo tampoco puede mirar para el techo. Y se propuso un acuerdo (que yo no formulé, para ser franco), pero que dentro de lo que se podía era algo razonable, en el sentido de que respecto de las personas nuevas, a las que no se les preguntó en su momento, se les otorgara el carácter de donante universal. O sea, cualquier ciudadano. Eso está fuera de discusión.

Y no es cierto lo que dice el Senador Girardi, quien le echa la culpa por cualquier falta de trasplante a lo que señala la ley. Hoy día existe el principio del donante universal. Y hay más de ocho millones de personas que son donantes, ¡ocho millones!

Lamentablemente, la Ley de Donantes funciona pésimo, y los sistemas de donación están muy mal concebidos. Eso es lo que ocurre.

No obstante, respecto de estas personas, que legítimamente manifestaron que no eran donantes -yo no lo hice-, lo que se estableció, y que está mal resuelto en la ley vigente, porque se dice que deben ir a la notaría, es dar un plazo para que cuando tengan que renovar su carné de identidad o su licencia de conducir, se les vuelva a preguntar, en un período máximo de cuatro años.

Se sugirió incorporar las cartillas que el Ministerio de Salud quiera, para que existan todos los resguardos posibles.

Y a mí me parecía que lo lógico era esperar que cada persona que en su momento hubiera dicho "no" tuviera la opción de decir "sí" al concurrir a renovar sus documentos.

Pero ¡está bien! Fue de esos acuerdos que en la vida son así. Se aprobó nueve por cero -¡nueve por cero!- que se propusiera esta redacción.

El Senador Girardi votó a favor de ella.

Lo quiero dejar superclaro.

A mí era a quien más me complicaba. Porque -insisto-, existiendo el principio de donación universal, que ya está funcionando, siendo yo donante, sí me importaba que jurídicamente este Parlamento respaldara a aquel que en forma legítima había dicho "no" a la donación de órganos en un momento determinado pero que en otro instante repensara su decisión.

Eso se parceló; no se dio la opción del período total, sino que se dijo: "Demos un lapso de cuatro años para que esas personas puedan tomar la decisión cuando les toque la renovación de su cédula de identidad o de su carnet de conducir, sin perjuicio de lo cual si alguna de ellas en cualquier minuto quisiera señalar su voluntad de ser donante pudiera ir al Servicio de Registro Civil o a una notaría a expresarlo".

Entonces, señor Presidente, aquí estamos ante un acuerdo -creo que usted fue el que lo propuso, con el asentimiento de todo el mundo-, que se resolvió 9 por 0, en que participó activamente el Gobierno, pues consideró que era bueno. Pero ahora me dicen que hay que votar en contra de ese acuerdo, para el cual se mandató a las Comisiones unidas a fin de resolver un conflicto que significó paralizar durante tres sesiones este proyecto en el Senado.

Por tanto, les pido a los Senadores un poco de sentido común, que respetemos las instituciones por lo menos para que esto surja. De lo contrario, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin norma; no va a haber nada. Y, en consecuencia, después existirá mucha más quejumbre cada vez que ocurra alguna situación ingrata.

Este es un acuerdo que a mí no me satisface cien por ciento, pero yo cumplo mi palabra. ¡Y yo insto a que ella se cumpla!

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Kast.

El señor KAST.- Señor Presidente, la verdad es que me cuesta entender esto porque existe hoy día una ley que exige ir a una notaría a todo chileno que quiera ser no donante. Repito: toda persona que no desee ser donante debe acudir a una notaría.

Esa fue una de las buenas normativas que se elaboraron y se implementaron hace tres años acá -en esa época yo no estaba en esta Corporación-, por lo que felicito al Senado por entender que la evidencia internacional demuestra que para que exista efectivamente un sistema de donaciones que funcione, ello debe hacerse de esa manera y no al revés, que es facilitar el mecanismo para que las personas sean no donantes.

En ambos casos se respeta la libertad.

Por lo tanto, cualquier persona que, por razones religiosas o por convicciones personales, quiere ser no donante hoy día puede concurrir a una notaría y expresar esa decisión. Nadie podría vulnerar esa libertad constitucional de que dispone.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido con este proyecto, que era muy sencillo?

Resulta que, con motivo de la primera ley que se elaboró, que funcionó mal, 4 millones de chilenos quedaron automáticamente como no donantes, algunos de los cuales lo hicieron en conciencia, porque, cuando fueron a sacar carnet de identidad, les preguntaron su decisión y dijeron: "No, hoy día mejor que no"; otros se excluyeron simplemente porque no se les consultó, no había ninguna persona con ellos en ese minuto que verificara si se les preguntaba correctamente.

Y el problema que tenemos ahora es muy simple.

Se suponía que íbamos a contar con un buen sistema de donación de órganos; no obstante, hay 4 millones de chilenos que no pueden ser donantes; ni siquiera se les puede preguntar a sus familias, a pesar de que toda la literatura internacional demuestra que siempre es sano consultar a la familia porque, al final del día, sus integrantes son los que deben cargar con el dolor. Y, por cierto, uno no quiere una familia que finalmente salga diciendo: "Utilizaron a mi pariente, a mi familiar en contra de mi voluntad".

Por consiguiente, lo que hacía esta iniciativa era algo muy sencillo, y por eso participamos en su elaboración junto con el Gobierno y, también, con el Senador Girardi -ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con él en todas las materias-: otorgar simplemente seis meses para que todas las personas que están en el registro de 4 millones de chilenos puedan ir a la notaría y manifestar su decisión de ser no donantes, y si no, que expire ese plazo. La idea era volver a darles la oportunidad a esos 4 millones de chilenos y chilenas para que se sumen al régimen que hoy día funciona.

Obviamente, yo no fui parte del famoso acuerdo del que ahora se habla.

Pero créanme que hoy día, por la forma en que se encuentra el texto, esta ley en proyecto la votaré en contra sí o sí, porque no sirve para nada. ¡Postergar cuatro años más el volumen de 4 millones de chilenos que no pueden ser donantes es un absurdo!

Si ustedes me preguntan si sirve de algo aprobar esta normativa tal como está, yo les diría: ¡Por ningún motivo!

Honestamente, creo que tenemos la oportunidad en este Senado de no chutear la pelota para la Cámara de Diputados y de dejar una ley correcta, que fue, de hecho, patrocinada por el Ejecutivo y cuyo objetivo es simplemente respetar la libertad de los chilenos y las chilenas para que puedan voluntariamente ser no donantes -nadie quiere vulnerar esto-, y que lo hagan durante el lapso de seis meses. Alguien dice: "No, démosles un año". Bueno, no lo entiendo. Si creen que es positivo cuatro años, ¿por qué no va a ser mejor seis meses?

Uno ciertamente podrá cuestionar cuál es el tiempo óptimo, pero lo claro es que los datos duros son los que están ahí: estamos teniendo menos donaciones de órganos que países que se supone que cuentan con una ley parecida a la de nosotros. Por ejemplo: 50 en España, 7 en Chile. Ese es el orden de magnitud.

Pienso, con honestidad, que no estamos vulnerando la libertad de nadie. Todo lo contrario: estamos ocupando la evidencia psicológica del comportamiento que hoy día existe, en el sentido de que efectivamente para poder impulsar un sistema de donación universal se necesita un mecanismo como este.

Por lo mismo, propongo a la Sala votar en contra de la modificación que introdujeron las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, y acoger el texto que aprobamos en general hace pocas semanas.

Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que la elocuencia de los discursos de hoy día no va a convencer a esos 4 millones de personas que, por distintas razones y con libertad, han decidido no ser donantes.

¡Yo soy donante!, y lo he sido siempre. Pero debemos entender que si ahora no aprobamos lo que se propone, con mayor razón careceremos de oportunidad alguna de avanzar. Si votamos negativamente es porque hay diferencias encontradas de uno u otro sector.

Lo propuesto acá lo votaré a favor en cualquier circunstancia; también si se hubiese tratado de un año. Para mí este último debió ser el plazo.

Ahora bien, entiendo que si a través de una ley se les preguntó a las personas si querían ser donantes o no, consignándose en ella un plazo, no podemos obligar, mediante otra normativa, a que esa gente que tenía determinada opinión la cambie.

En lo concreto, creo que en este proyecto, que se encuentra en etapa de votación en particular, se ha puesto el acento en las personas que, pudiendo ser donantes, decidieron no serlo. Lamentablemente, muchas veces esto se debe a informaciones falsas, a rumores, a medias verdades que se esparcen, a un injustificado temor entre bastante gente desinformada sobre riesgos inexistentes y carentes de fundamento.

¡Pero este proyecto no es nuevo!

O sea, tuvo que morir un niño, quien pidió la oportunidad de poder vivir, un órgano, como fue el menor Joaquín Adasme, de Puerto Montt, de nuestra Región, para que surgiera el tema.

En verdad es un triste recordatorio de que aún nos falta mucho por avanzar. Pero no podemos estar siempre reaccionando cuando suceden este tipo de situaciones sensibles, lamentables, estremecedoras, porque se trata de un niño. Eso golpea el corazón.

A mi juicio, en esta Sala no existe nadie, ¡absolutamente nadie!, que se oponga a este proyecto de ley, respecto del cual hay una mirada jurídica, una mirada humana y una mirada práctica.

¿Qué es lo mejor? Lo mejor se tiene que expresar en este Senado. Todas las opiniones merecen respeto. Pero sí tengo claro que hoy día no existen excusas para votar en contra de un tema de esta naturaleza. No puede haberlas. Si en un futuro cercano es necesario modificar y buscar acuerdo, ello se hará. Sin embargo, no podemos retroceder, y el votar en contra significa retroceder; si la Sala se pronuncia a favor, se avanza de alguna manera.

A mí me parece que esa debería ser nuestra prioridad, no solo la discusión jurídica, que es razonable, sino también la práctica y la humana.

Hay que buscar un círculo virtuoso para encontrar la solución necesaria.

Señor Presidente, aunque se han hecho muchos esfuerzos, no sé si es posible buscar otra solución intermedia a estas alturas del partido -sería muy triste que esto se votara a medias-: que se celebre una reunión breve de los jefes de bancada y los miembros de las Comisiones unidas para ver si logramos un punto de encuentro en lo referente a los plazos relacionados con esta materia.

Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, nos hallamos ante una importante decisión, pues, efectivamente, este proyecto, que fue fusionado con otras iniciativas -muchos de sus autores estamos presentes en este Hemiciclo- busca establecer una fórmula para lograr que cuatro millones de chilenos que habían manifestado su voluntad de no ser donantes reevalúen su decisión.

Por intermedio de la Mesa, le quiero señalar al Ministro que estamos convencidos de que la ley en proyecto no resuelve todos los problemas. Se requiere una cultura de donación de órganos; urge que esta materia se encuentre dentro de las metas de los directores de los servicios de salud y de los hospitales; resulta necesario que no se privilegie a quienes son prioridad nacional y viven en la Región Metropolitana y se castigue a aquellos que pertenecen a regiones: o sea, se precisa un mecanismo de procuramiento de órganos distinto.

Esta cuestión se debe solucionar, porque es un escollo.

Este asunto fue arduamente discutido. Durante el debate anterior en la Sala hubo acuerdo para que las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud elaboraran una fórmula que diera respuesta a este problema.

¿Dónde radica la dificultad? En tres materias que señalaré a continuación para que todos los Senadores votemos de manera informada o busquemos algún acuerdo sobre el particular.

La primera tiene que ver con el aforismo de que "en derecho las cosas se deshacen en la misma forma en que se hacen".

En definitiva, hubo personas que al momento de solicitar la renovación de su cédula de identidad o de su licencia de conducir manifestaron su voluntad de no ser donantes.

Acá ha habido una larga discusión en el sentido de si ellas en verdad tomaron o no su decisión de manera informada, o si el funcionario respectivo les preguntó si querían o no ser donantes.

Entonces, el primer punto a debatir es la fórmula para deshacer lo que fue la manifestación de voluntad de cuatro millones de chilenos.

El segundo tema se refiere a los plazos: o sea, si se requieren seis meses para que quienes hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes ratifiquen dicha decisión, que era como se establecía en el proyecto original; o si se precisan cuatro años para aquello, que fue lo consensuado por las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud.

La tercera materia se vincula con el momento en que comienza a regir esta normativa; es decir, desde cuándo.

Son tres los asuntos que debemos resolver.

Señor Presidente, la situación producida con Joaquín Adasme durante el fin de semana pasado es algo que nos debe motivar a reflexionar acerca de lo que acordaron las Comisiones unidas.

Por lo tanto, le pido que cite a los Comités para explorar la posibilidad de llegar a un consenso en la materia. En verdad, sería escandaloso que no despacháramos esta iniciativa, que no alcanzáramos un entendimiento respecto de los plazos para los efectos de no generar vicios en tal manifestación de voluntad, esta vez al revés.

Reitero: solicito que se llame a una breve reunión de Comités al objeto de ver si hay espacio para llegar a una solución distinta y aprobarla por unanimidad. Ello, con el fin de que podamos despachar este proyecto de ley tan necesario.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para citar a una reunión de Comités a fin de buscar una solución en la materia?

No lo hay.

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, hoy la ley establece el principio de donante universal, según el cual toda persona es donante, salvo que exprese su voluntad de no serlo.

El referido principio -es decir, el de que se es donante, salvo que se exprese la voluntad de no serlo- se vio perjudicado, pues la voluntad de no ser donante se debía manifestar al momento de renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir.

Claramente, dicha instancia no es la mejor para decidir sobre una materia que sin duda es extremadamente sensible. Ello provocó que entre los años 2010 y 2013 más del 87 por ciento de las personas que fueron a renovar su cédula de identidad o su licencia de conducir indicaran su voluntad de no ser donantes, y, obviamente, quedaron inscritas en el Registro Nacional de No Donantes.

Bueno, ante una normativa que estaba dando tales resultados, se resolvió en 2013 modificar la forma de expresar la voluntad de no ser donante, estableciéndose que dejará de ser donante la persona que presente documentación fidedigna, otorgada ante notario público, en la que conste que en vida manifestó su voluntad de no serlo.

¿Cuál es el problema de dicho cambio? Que para que las más de cuatro millones de personas que ya estaban inscritas en el Registro Nacional de No Donantes de acuerdo al sistema anterior pudieran salir de él se debía realizar el mismo trámite notarial, cuestión que casi ninguna de ellas hizo.

Pues bien, en este proyecto estamos cambiando el mecanismo de duda fundada respecto de si una persona es o no donante de órganos. De manera que existirá duda fundada -según se establece- por el hecho de pertenecer al Registro Nacional de No Donantes a que se refiere la ley N° 20.413 o de presentar ante el médico encargado del procedimiento documentos contradictorios. Es decir, se incorpora la factibilidad de que los cuatro millones de personas que están en el referido registro sean donantes si es que alguno de los familiares que señala el inciso respectivo manifiesta su aprobación en tal sentido.

Con la indicación que presenté, que fue aprobada por la Comisión, tuve la intención de facilitar aún más la donación, al sacar la posibilidad de que la duda fundada provenga de declaraciones diferentes de las personas enunciadas en el precepto pertinente, que son todos familiares, pues, obviamente, dicha circunstancia generaría una serie de casos de dudas fundadas, y peor aún, problemas familiares en medio de una situación tan dolorosa como la muerte de un ser querido.

Por todo lo anterior, me alegro de que el órgano técnico haya perfeccionado la norma respectiva, sacando la factibilidad de duda fundada basada en declaraciones contradictorias de familiares del difunto.

Celebro igualmente que la Comisión, por unanimidad, aprobara una indicación de mi autoría, la que sin duda será un estímulo para que el mecanismo de donación de órganos funcione más eficazmente.

La referida indicación incorpora a la ley correspondiente el siguiente artículo segundo ter: "Será obligación del médico tratante notificar a la respectiva unidad de Coordinación de Procuramiento de Órganos y Tejidos acerca de la presencia, respecto a su paciente, de un estado potencial de muerte encefálica.

"El médico que incumpla esta obligación" -conforme ha quedado consignado- "será responsable administrativa o civilmente, según fuera el caso.".

Estimo que con la obligación impuesta al doctor tratante se le está entregando un potente reforzamiento al mecanismo de donación de órganos, ya que los médicos deberán ser especialmente responsables y diligentes para dar el oportuno aviso de la existencia de un potencial donante. Ello a todas luces constituye una herramienta fundamental para que una donación de órganos se concrete efectivamente, pues, como sabemos, los tiempos en estos procedimientos la mayoría de las veces son muy cortos. Por lo tanto, la diligencia y la urgencia con que actúe el facultativo son esenciales.

Señor Presidente, en los segundos que me quedan debo decir que yo también he quedado con dudas en cuanto al acuerdo que se podría alcanzar. Entiendo que el llamado que se nos hace es a votar en contra para que quede lo que aprobamos anteriormente y no esto, que en definitiva retrasa aún más la posibilidad a que me referí.

Por consiguiente, me allano absolutamente a la idea de buscar una solución final. De modo que respaldo la solicitud que se hizo en el sentido de citar a reunión de Comités para encontrar una salida que nos permita despachar esta iniciativa.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, en verdad -tal como lo señaló el Senador Coloma-, esta no es una buena forma de empezar el año: con un proyecto tan controvertido como el que nos ocupa, y, también, que se discute con posterioridad al fallecimiento, muy lamentable, de un niño que no encontró trasplante.

Ahora, cuando las cosas están difíciles -lo he dicho alguna vez-, lo mejor es estarse a los principios de cada cual. Y aquí no nos hallamos en eso. Estamos preguntándonos si es mejor cuatro años o seis meses; si es más conveniente el Registro Civil o la notaría; o si es más adecuado que esto se haga al momento de renovar la cédula de identidad, etcétera.

Para mí el principio es muy simple: nadie puede disponer del cuerpo de otro sin su voluntad.

Es tan sencillo como eso.

Estoy dispuesto a aceptar que la ley presuma la voluntad de la persona cuando no ha declarado nada. A lo que no lo estoy es a que presuma su voluntad aunque haya manifestado lo contrario.

Entonces, ¡por favor! Si se van a reunir los Comités, busquen alguna forma para preguntarle a la persona si está decidida a cambiar su opinión y ceder sus órganos: a la salida del colegio donde tiene matriculados a sus niños; cuando va al hospital, o en el lugar que se quiera. Pero si aquella no se halla dispuesta a hacerlo, no estoy a favor del plazo de seis meses, ni de cuatro, ni de diez, ni de veinte años.

Reitero: nadie puede, por lo menos en mi concepto, disponer del cuerpo de otra persona.

Por lo tanto, anuncio que si se va a votar la norma como viene, me pronunciaré en contra; y si se somete a nuestra consideración la disposición original, también me manifestaré negativamente.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, siempre nos pasa en el Senado que cuando discutimos alguna iniciativa luego de un hecho sensible para todos como que perdemos el sentido más profundo del debate. Y, entonces, las cosas tienden a definirse por altas sensibilidades o por tratar de responder frente a un requerimiento que a veces puede venir de la opinión pública, o que se genera ante la impotencia que a uno le producen ciertos hechos: por ejemplo, el que un niño no haya tenido la oportunidad de recibir un órgano para salvar su vida.

Eso hace que perdamos la perspectiva de lo que estamos discutiendo.

¿Por qué llegamos a las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda? Esto fue producto del debate que sostuvimos acá, en el Senado, donde, en buenas cuentas, queríamos resguardar dos cuestiones muy importantes.

La primera la señaló recién el Senador Insulza: nadie tiene derecho a disponer del cuerpo de una persona si no ha sido autorizado por ella. Y, la segunda, es la necesidad de que exista mayor eficacia en la implementación de las políticas de donación de órganos.

Fíjese, señor Presidente, que lo que nos llevó a las Comisiones unidas se halla relacionado con el hecho de que en la discusión particular efectuada en la Comisión de Hacienda la única modificación que se aprobó -tal como se consigna en el boletín comparado que tenemos a la vista- fue la que proponía intercalar, a continuación de la voz "prestada" (se refería a la manifestación mediante declaración prestada), la frase "ante el Servicio de Registro Civil e Identificación

¿Aquello qué modificaba? Lo que se planteaba en el artículo primero transitorio, en la parte que decía: "dicha manifestación, mediante declaración prestada ante notario público, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes.".

O sea, aquí estábamos hablando en el mismo sentido.

Lo que hizo la Comisión de Hacienda, aparte de consignar al notario público, trámite engorroso, que puede ser caro y difícil de realizar, fue facilitar este asunto para que esos cuatro millones de chilenos que dijeron que no querían donar sus órganos tuvieran oportunidad de reflexionar y cambiar su decisión para sí ser donantes.

Esa es la explicación para haber dispuesto que la declaración prestada sea ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La razón es muy sencilla: porque ahí es donde hacemos la mayoría de los trámites y donde hay más oportunidad para que una persona que declare que no quiere donar sus órganos pueda repensar su postura y modificarla.

Ese fue el debate que nos llevó a las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda.

Allí se planteó una segunda cuestión: si se establecía un plazo de seis meses para que las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes ratificaran tal decisión, o si se precisaba una cantidad mayor de años, como señalaron algunos Senadores.

Terminamos fijando cuatro años. ¿Por qué? Porque ello corresponde al tiempo en que debe renovarse la licencia de conducir o la cédula de identidad. De manera que con ello se estaba dando cierta lógica.

Señor Presidente, no tengo problema en que suspenda la sesión y cite a reunión de Comités para buscar una solución alternativa, pues usted tiene la facultad para hacer aquello: no requiere el acuerdo de la Sala.

Sin embargo, seamos claros también sobre qué estamos planteando.

Algunos colegas dicen: "Votemos en contra del acuerdo que se aprobó 9 por 0".

Señor Presidente, cuatro integrantes de la Comisión de Salud y cinco de la de Hacienda formularon esta propuesta, en la búsqueda de algo razonable para todos y que conciliara los dos principios que mencioné.

Votar en contra ahora significa no tener acuerdo en la materia y seguir con un debate que puede ser indefinido.

El Gobierno le puso hoy día "discusión inmediata" a esta iniciativa.

Mala consejera; no era necesario.

El proyecto se hallaba consignado en la tabla de esta sesión antes de que se produjera la muy triste muerte de Joaquín Adasme; estaba para ser visto ahora en el Senado. ¿Para qué colocarle "discusión inmediata"? ¿Cuál es el sentido de ello? ¿Sacar cualquier cosa, cuando seguimos debatiendo lo mismo que ya hemos visto anteriormente?

Señor Presidente, yo no tengo problema si hay que volver a analizar este asunto en las Comisiones unidas. Lo que pido es que si se suspende la sesión para citar a reunión de Comités, busquemos un itinerario que de manera razonable nos lleve a un acuerdo beneficioso para lo que se persigue: promover la posibilidad de donar órganos a fin de atender las urgencias que tienen las distintas personas en nuestro país.

El señor MONTES (Presidente).- Antes de citar a reunión de Comités, ¿le parece a la Sala oír la opinión del titular de la Cartera de Salud, quien ha pedido usar de la palabra?

Así se procederá.

Puede intervenir, señor Ministro.

El señor SANTELICES (Ministro de Salud).- Señor Presidente, sobre la base de que lo que efectivamente nos convoca -y en eso considero que no hay dos opiniones- es legislar de la mejor forma para que en Chile podamos tener un mayor número de donantes, quisiera aportar algunos antecedentes respecto de las cifras y de cómo se construyen. Esto, para los efectos de ayudar a que se llegue a una mejor decisión, entendiendo que hubo un debate legislativo que llevó a las Comisiones unidas a alcanzar un acuerdo que se aprobó 9 por 0, y que soy de los que siempre han mantenido el principio de que los acuerdos se cumplen.

Sin embargo, antes de entrar en esa disquisición, deseo proporcionar dicha información, de tal manera que si las Comisiones sesionan rápidamente, y así lo tiene a bien el señor Presidente, ello podría contribuir a la determinación que se adopte finalmente.

Hoy día en Chile -ya se señaló- tenemos alrededor de 7 a 8 donantes por millón de habitantes, lo cual contrasta, por ejemplo, con los 45 a 50 por millón que exhibe España; o los 25 por millón que posee Uruguay.

Es de interés poner atención al caso de Argentina, por cuanto hasta hace pocos años tenía una tasa de cerca de 14 donantes por millón de habitantes, y por una indicación -ya lo comentaré- que se le introdujo al proyecto de ley respectivo lograron aumentar a 20 donantes por millón.

¿Por qué señalo aquello? Porque cuando uno desagrega la cifra correspondiente, ve que hoy, en el patrón tal cual se halla construido, estamos restando un tercio de los potenciales donantes, que serían los 4 millones de personas que decidieron no serlo.

La duda es si resulta legítimo, por lo que ya se ha dicho, acelerar el proceso para reincorporar a esa gente.

Pero, adicionalmente, debemos establecer que, conforme a nuestros datos, el 50 por ciento de las personas que han manifestado su voluntad de donar no lo puede hacer porque al fallecer su familia se opone a ello, de modo que sus órganos no llegan al destino deseado.

Aquí aparece un tema que también deseo relevar. Porque al analizar el caso de Argentina, que hizo prevalecer el interés fundado del donante por sobre el de la familia, vemos que por esa sola modificación que introdujeron en el marco de la ley que tienen en la materia, muy similar a la nuestra, lograron aumentar en 40 por ciento los donantes.

Con ello quiero decir que, junto con zanjar la situación que ahora nos convoca, de estos cuatro millones de personas que se hallan inscritas en el Registro Nacional de No Donantes, existen otras medidas que sería muy importante incorporar también en la discusión; es decir, debemos avanzar de manera muy determinada y clara al objeto de que los equipos de salud que deben enfrentar la donación puedan de verdad hacer respetar la voluntad de ser donante de la persona difunta, cuestión que hoy día -como señalé- en el 50 por ciento de los casos no ocurre.

De esa manera, podríamos subir de 120 donantes anuales a sobre 180, y, con ello, incrementar la tasa de donantes por millón de habitantes.

Ahí tenemos una intervención muy precisa

En consecuencia, solicito que, junto con zanjar la situación de temporalidad, que más bien relevo a un tema formal, definamos sobre la base de los principios. Y comparto lo que aquí se ha dicho en el sentido de que no podemos dar una señal, como país, de que la voluntad se ve vulnerada porque generamos una legislación que no respeta a quien yo quiero donarle vida. Y considero que esa señal tiene que salir de esta Comisión.

Pero, adicionalmente, se debe fortalecer la propuesta sobre la base de que vamos a ejecutar la determinación de quienes optaron por ser donantes al momento de enfrentar la situación con los parientes. Porque ahí también ganaremos un 50 por ciento de donantes.

Dicho lo anterior, quiero invitarlos a que, más allá de lo que las Comisiones unidas definieron -un período de cuatro años, que a la luz de los datos existentes en Chile es un tiempo muy largo-, avancemos en establecer nítidamente el principio de la voluntad de las personas, perfeccionando los instrumentos, dado que este no funcionó -por eso estamos acá-, y consideremos los otros planteamientos asociados a respetar y hacer prevalecer la voluntad de las personas, pero gatillando que cuando los equipos de salud se vean enfrentados a un donante puedan ejercer esa voluntad.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me parece que las palabras del Ministro nos dan una salida a la presente discusión.

Probablemente, esto no les guste a los miembros de las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda. Pero, como indicaba el Senador Chahuán, las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen.

Y cito al Ministro porque por lo menos ha entregado tres argumentos nuevos, que no estaban en la controvertida discusión que hubo en diciembre y que terminó en Comisiones unidas. ¡Y en buena hora! Porque, de lo contrario, no sabemos cuál hubiese sido el desenlace en caso de que esto se hubiera zanjado en diciembre.

No puedo dejar de mencionar lo ocurrido con este menor de nueve años que requería un trasplante de hígado y que, lamentablemente, falleció. Su caso ha consternado a todo nuestro país. Y el Senado está para hacerse cargo también de ese tema. Si el propósito del Senado, del Congreso es mejorar los proyectos, ¡cómo no tomar en consideración una situación tan dolorosa como esta para replantear la eficacia de la Ley de Donante Universal!

Quería referirme a ese punto en primer lugar.

En segundo término, pueden haber pasado un poco a la rápida los datos que mencionó el Ministro, pero no son menores.

Él nos señala que, según los últimos datos, en 2018 bajamos desde una cifra de dos dígitos -es lo que teníamos hasta 2017- a una de un dígito: siete donantes por cada millón de personas. Esta cantidad está muy por debajo de lo que tienen Argentina y Uruguay. Y nos encontramos seis veces por debajo de los donantes de España, cifra que alcanzó a 50 por cada millón.

Este nuevo dato, sobre la baja de donantes, es un tremendo argumento. No contábamos con él en la discusión que sostuvimos en diciembre. Tenemos una tragedia hoy día, que hace ineficaz esta ley. Por lo tanto, existe la necesidad de modificarla.

Y otro dato, que tiene un carácter un poco más técnico, se refiere a lo que hace fundamentalmente el Ministerio de Salud, con los equipos, con las familias, para que efectivamente se respete la cantidad de donantes. El Senador Coloma explicaba muy bien que tenemos ocho millones de potenciales donantes. El problema radica -no es un subterfugio, porque la persona ya está fallecida- en que la familia, a fin de cuentas, es la que impide que dicha donación se haga efectiva.

En atención a lo anterior, estimo que hay varias soluciones.

Una alternativa es que haya segunda discusión -entiendo que algunos Comités ya la solicitaron formalmente; de no ser así, yo la pido también- y la otra opción es rechazar este texto. Pero me parece que no hay ninguna razón para solicitarle a la Cámara de Diputados que corrija algo que tendríamos que corregir nosotros hoy.

El Senador Bianchi y el Senador Girardi entregaban datos bastante elocuentes respecto de lo que nos ocurrió entre 2010 y 2013. No hay por dónde perderse: se debe recalificar a esos cuatro millones de personas. Y para llevar a cabo ese proceso se tendría que emplear la misma modalidad establecida en las modificaciones introducidas a esta ley el año 2013. De lo contrario, esto será completamente ineficaz y tendremos simplemente en el papel una ley de donante universal, cuando en la práctica no lo será.

Finalmente, estamos viendo cómo damos facilidades para el no donante, pero no cómo garantizamos una cantidad de donantes que nos permitan superar, ojalá largamente, los 120 o 130 casos anuales de donantes efectivos.

O sea, esos ocho millones terminan depurándose, con todos los filtros que hay, con todos los obstáculos -digámoslo claramente- que existen, y terminamos en 120, 130 casos, en circunstancias de que el Ministro ha dicho que se necesitan más de 300 trasplantes cada año.

Por lo anterior, o acordamos segunda discusión o rechazamos el texto, para mejorar la iniciativa donde corresponda.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, había solicitado la palabra para pedir la opinión del Ministro.

Ha quedado demostrado que la actual legislación de donación de órganos ha sido un fracaso.

El espíritu del proyecto de ley que estábamos discutiendo en la Comisión de Salud era precisamente incentivar la donación de órganos. Y como está quedando la iniciativa, evidentemente estamos demorando mucho más el proceso para las personas que quieran donar.

En consecuencia, estoy de acuerdo en que los Comités puedan acordar una fórmula más satisfactoria, considerando incluso la opinión que ha entregado el señor Ministro.

El señor MONTES (Presidente).- Todavía hay cuatro señores Senadores inscritos.

Todo indica que existe el ánimo de dar un tiempo para que haya una segunda discusión, que permita que el próximo martes, dada la urgencia de "discusión inmediata" que tiene la iniciativa, las partes se hayan puesto de acuerdo en una solución y la traigan a la Sala.

La otra alternativa es solicitar un informe complementario a las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, respaldo la última opción que señaló, en cuanto a pedir ese nuevo informe.

Podemos hacerlo rápido, para tomar en consideración las distintas opiniones.

Yo deseo reforzar la idea de que hay cuatro millones de personas que manifestaron su voluntad de no ser donantes.

Aquí se expresa que esa manifestación de voluntad puede haber estado viciada, que no les consultaron y simplemente les pusieron "no donante", o que les preguntaron de mala manera. Pero ahí ya entramos en el terreno de las suposiciones. Entonces, considero que es muy importante cómo respetamos la voluntad de quienes están en el Registro Nacional de No Donantes y, al mismo tiempo, cómo facilitamos el proceso para que las personas que deseen salirse de ese Registro lo puedan hacer.

Por eso, estoy de acuerdo -con la unanimidad de la Sala lo podemos hacer- en pedir un nuevo informe a las Comisiones unidas.

El señor MONTES (Presidente).- Los señores Senadores que solicitaron segunda discusión han retirado la petición y plantean que es suficiente un informe complementario emitido por las Comisiones unidas.

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a ratos el debate se vuelve técnico. Y en una materia como la que tratamos ahora están bien las estadísticas, los informes científicos, pero este es un tema de valores.

Es un tema valórico, como lo fueron la pena de muerte y el aborto. Es un tema valórico porque, en conclusión, se trata de definir si estamos disponibles para salvar vidas.

Y vuelvo a hacer presente la profunda contradicción que existe en materias como esta entre quienes levantan la bandera "pro vida" y acusan a otros de levantar la bandera "pro muerte".

De lo que plantea el Ministro, me interesa saber si este proyecto de ley resuelve lo que pasa con la negativa de la familia. Porque si en vida las personas han manifestado su voluntad de ser donantes -algunos de los Senadores lo han hecho, y yo también- y después sus familias, porque se les ocurrió, van a negar esa voluntad expresa, esto no sirve de nada.

El Ministro señaló que tenemos un 50 por ciento de pérdida de donantes por esa razón.

Si la ley en proyecto no contempla el respeto de la voluntad expresa del donante, no avanzamos.

En mi Región, el 27 de diciembre falleció Benjamín Velásquez porque faltó un donante de hígado.

Hay mil 820 personas que esperan un órgano. De ellas, mil 638 aguardan un trasplante de riñones; 111, de hígado; 53, de pulmón, y 18, de corazón.

Son órganos que están fallando por el modo de vida que existe. Y los médicos que están en la Sala lo podrán revelar. Tenemos un modelo basado en el consumismo, que está acortando la vida por el estilo que llevamos y por la alimentación. Y ello va a continuar.

Y junto con decir que se debe respetar la voluntad expresa del donante, y la familia no la puede revertir, debemos atacar los mitos.

Hay quienes creen que los dejarán morir para que sus órganos sean donados.

Señor Presidente, solo en caso de muerte encefálica los órganos pueden utilizarse. Y eso abarca al 2 por ciento de todos los casos de fallecidos en Chile. ¡Solo el 2 por ciento! En un país donde la tasa de mortalidad supera a la tasa de nacimientos.

En consecuencia, hay que despejar el mito de que te van a dejar morir para quedarse con tus órganos.

También existen mitos sobre la lista de espera. Esta es transversal, nacional y de mucho respeto. No he escuchado ni una sola denuncia en cuanto a que se haya transgredido la lista de espera.

A la vez, se cree que puede haber un tráfico de órganos. No hay ninguna denuncia seria de que pueda existir tráfico de órganos. La donación es un tema sumamente sensible, cautelada por el Ministerio del ramo y por los privados, y no hay denuncia alguna en esa línea.

Por último, está lo relativo a la estética del cuerpo. Muchos familiares se niegan pensando en que la estética del cuerpo va a ser alterada. Eso no ocurre.

Todo ello forma parte de los mitos que no ha logrado revertir una campaña comunicacional a la que se destinan 300 millones de pesos.

¡Es ridículo, señor Presidente!

Es absolutamente inaceptable que nosotros -la Comisión de Hacienda- aprobemos la destinación de 300 millones de pesos para el diseño de una campaña de captación de órganos. ¡Apenas 300 millones de pesos! ¡Así no vamos a llegar a ninguna parte!

El Ministro Santelices en el informe nos hacía presente, de acuerdo con las conversaciones que sostuvo con la Ministra de Salud de España, la gran diferencia que tenemos con ese país y con el resto de los miembros de la OCDE en cuanto a muertes por daño en el hígado: 30 por ciento de mortalidad en Chile, 5 por ciento en el resto de los países de la OCDE.

También existen problemas en materia de información y educación. Nadie conversa de la muerte. Digámoslo francamente. Hay temor a la muerte. Es un tema que se elude.

Así como nadie piensa si va a necesitar una tumba, todos eluden el tema de la muerte y aparece como un mito. Ese es un problema ancestral, de la naturaleza humana. Nadie quiere enfrentarse a la muerte. Cuando se plantea el tema, es eludido y escabullido.

Para los que tienen fe, ¡bienvenido! Pueden resolver el problema de la muerte mediante la fe.

Para los que no tienen fe y practican un pensamiento agnóstico, lo resuelven y lo enfrentan.

Pero, señor Presidente, aquí estamos en el Senado de la República, no en un templo.

Nos encontramos en la Cámara Alta legislando en bien de las personas, en pro del bien común. Y el bien común nos obliga a sustraernos de nuestros derechos propios, de nuestras ideas personales, y a pensar en el bienestar de los demás.

Quiero recordar que mil 800 personas van a morir en Chile si mantenemos la actual legislación.

En los cuatro años que se proponen -y el Ministro puede dar las estadísticas- mucha gente va a morir en Chile -¡mucha gente va a morir!-, porque el Senado no tuvo la audacia ni la valentía de tomar una decisión, respetando a las mayorías y a las minorías.

¡Este es el espacio para legislar en pos del bien común!

¡Ese es el mandato soberano que nos dio el pueblo!

Por lo tanto, creo que hay que incorporar las soluciones planteadas por el Ministro.

Soy partidario de que el proyecto vuelva a Comisiones, pero incorporando lo que el Ministro ha señalado, pues sería insólito que él nos dijera que ello resuelve gran parte del problema y la legislación que estamos aprobando no lo hiciera.

Reitero: yo soy partidario de que la iniciativa regrese a Comisiones. Pero no eludamos el problema de fondo. ¡No lo eludamos!

Estamos tomando una decisión vital. Cada uno se hace responsable de su votación.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Entiendo que hay acuerdo para solicitarles un informe complementario a las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.

Sin embargo, están inscritos para expresar sus puntos de vista los Senadores señores Sandoval y Durana. Les consulto si prefieren hablar ahora o en la sesión siguiente.

El señor SANDOVAL.- En la siguiente, señor Presidente.

El señor DURANA.- Así es.

El señor MONTES (Presidente).- Muy bien.

Entonces, ¿habría acuerdo unánime en la Sala para solicitarles un informe complementario a las Comisiones de Salud y de Hacienda, unidas?

Además, sugiero que se les dé plazo hasta el 15 de enero, o sea, dos semanas. Es un tiempo prudente para que puedan arribar a una solución.

El señor PIZARRO.- El Ejecutivo tendría que retirar la "discusión inmediata", señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Así es, señor Senador.

Le vamos a solicitar que retire dicha urgencia.

¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en los términos indicados?

Acordado.

Boletín N° 10482-21

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor MONTES (Presidente).- Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, con urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.482-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 59ª, en 2 de noviembre de 2016 (se da cuenta).

Comisión Mixta: sesión 24ª, en 13 de junio de 2018.

Informes de Comisión:

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.

Hacienda: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.

Mixta: sesiones 80ª, 81ª y 82ª, empalmadas, en 21 de diciembre de 2018.

Discusión:

Sesiones 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 12ª, en 2 de mayo de 2018 (se aprueba en particular).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de numerosas enmiendas efectuadas por el Senado.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, así como las adecuaciones y los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición.

La Comisión acordó su propuesta con las votaciones que consigna en su informe.

Cabe hacer presente que la Cámara Baja, en sesión de 19 de diciembre de 2018, aprobó el informe de la Comisión Mixta.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran la proposición del órgano técnico y el texto que quedaría de aprobarse dicha propuesta.

Nada más, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- En discusión el informe de Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, Honorable Sala, la Comisión Mixta que analizó el proyecto acordó lo siguiente:

1.- Eliminar la definición de pesca ilegal y también la de acreditación del origen legal de la pesca.

2.- Se introdujo la definición de pesca de subsistencia, que es aquella que se practica sin artes o aparejos masivos, sin embarcación o con embarcaciones sin propulsión y de hasta 7 metros de eslora. El producto debe ser el necesario para satisfacer el consumo del pescador y su familia. Esta pesca queda exenta de sanciones.

3.- La información del sistema de posicionamiento automático será pública y actualizada mensualmente. Se sanciona su destrucción o alteración con presidio menor en grado mínimo a medio.

4.- La certificación del desembarque corresponderá al SERNAPESCA y no más a entidades externas. Para el ejercicio de esta facultad se fijan tres plazos diferentes según la macrozona en que deba surtir efectos, de manera que esté vigente en todo el territorio a más tardar el 1 de enero de 2020.

5.- El no pago de la certificación permite suspender el zarpe. Si la infracción es de una embarcación de menos de 12 metros de eslora, la sanción recae en la planta procesadora y no en el pescador.

6.- Los elaboradores de productos a partir de recursos hidrobiológicos deben inscribirse en un registro, salvo pequeños locales como cocinerías, mercados locales y caletas y quienes practiquen pesca de subsistencia.

7.- En general, se reduce el piso de las sanciones para dar mayor margen al juez, atendiendo las condiciones del infractor y el producto e impacto en el medio de lo capturado.

8.- En ese mismo ámbito, se incorpora la sanción de amonestación y formas de cumplimiento alternativo de las multas, como son el pago en cuotas o mediante servicios comunitarios; un descuento de 20 por ciento en caso de allanamiento a la denuncia, y reclusión domiciliaria nocturna para quien no pueda pagar la multa y no acepte otra forma alternativa de cumplimiento.

Estos son los acuerdos de la Comisión Mixta, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, solo quiero mencionar que la Comisión Mixta llevó a cabo un arduo trabajo, que fue muy bien presidido por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

Hubo muchos avances en cuanto a materias que logramos definir, principalmente la pesca de subsistencia, que fue un tema de largo análisis.

Solo quiero volver a destacar lo que planteó el Senador Quinteros.

El hecho de que el SERNAPESCA incorpore un número importante de profesionales y que además se incluyan asignaciones de fortalecimiento hará que la pesca ilegal, que bordea las 320 mil toneladas y los 400 millones de dólares -se estima que es un monto demasiado alto y que corresponde proporcionalmente a un 30 por ciento de la pesca que se realiza en Chile-, deje de representar un daño para nuestro país no solo desde el punto de vista económico, sino también de la biomasa existente en el mar chileno.

Por otra parte, se fortalece la fiscalización, se aumentan las sanciones y se hace mayor justicia en varios aspectos que no se habían tomado en cuenta con anterioridad, que dicen relación con la comercialización, el transporte, el almacenamiento, ya que las sanciones se hallaban vinculadas solo al pescador.

Este trabajo duró prácticamente cinco meses, fue muy arduo -tal como ya lo señalé- y nos permite mirar con buenos ojos la disminución de la pesca ilegal en Chile, sancionando a aquellos que cometen delitos graves no solo en los ámbitos económico y tributario, sino también respecto de un ecosistema que ya está muy dañado.

En consecuencia, anuncio que aprobaré el informe de la Comisión Mixta, y felicito a quienes participaron activamente en esta labor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, voy a votar en contra de este informe de Comisión Mixta.

Ha sido un trabajo largo, arduo. Sin perjuicio de que hay cosas en las cuales se avanzó, no puedo dar mi consentimiento por tres razones fundamentales que expresé en la Sala cuando se aprobó la iniciativa en su segundo trámite, que repetí en la Comisión Mixta y que vuelvo a señalar hoy, pues no lograron ser superadas en los acuerdos adoptados en esta última.

En primer lugar, no puedo aprobar este proyecto porque se regula la pesca ilegal sin abordar ni resolver la existencia de la pesca informal en Chile.

Es decir, no puedo votar a favor por una cuestión de legitimidad. Me resulta imposible aprobar, lisa y llanamente, que se asimile la pesca informal a la pesca ilegal, porque ello, sin lugar a dudas, es injusto.

La pesca informal en Chile existe porque el Registro Pesquero Artesanal está cerrado y lleva tres años sin actualizarse; porque 20 mil permisos artesanales se caducaron entre los años 2014 y 2016, y no se han abierto nuevos cupos.

En ese contexto, esta iniciativa establece nuevas infracciones, aumenta las sanciones y tipifica delitos de pesca ilegal.

¡Claro que estoy en contra de la pesca ilegal! Nadie podría estar a favor. No obstante, la pesca informal en Chile, que obviamente no es la que realiza la industria, en vez de resolverse, se judicializa, se expone a mayor detrimento económico y se criminaliza.

Ese es el primer problema.

Existe un gran porcentaje de pesca informal que no se produce por desprecio a la ley, sino porque la normativa vigente no se hace cargo de sus necesidades. Encima de ello, esta iniciativa la transforma, lisa y llanamente, en pesca ilegal y la criminaliza.

Si bien en la Comisión Mixta logramos reconocer legalmente la pesca de subsistencia, los pescadores informales no fueron eximidos de responsabilidad penal.

Estoy conforme con haber propuesto desde el primer día la necesidad de reconocer y proteger legalmente la pesca de subsistencia, agregando en el mismo concepto la comercialización de su remanente. Sin embargo, no comparto lo aprobado por la Comisión, pues en el mismo artículo 140 bis, que la reconoce, se limita el concepto a quienes pescan en botes de hasta 7 metros; no se fija un estándar legal sobre la cantidad de recurso que el pescador de subsistencia podrá capturar y vender (será el Ejecutivo el que discrecionalmente lo decidirá); se limita la venta del remanente solo directo al público o en "ferias" y no, por ejemplo, en un mercado, una cocinería o un restaurante; y no se exime penalmente a la pesca de subsistencia.

La Comisión no estuvo disponible para revisar la redacción del artículo 140 bis, a pesar de sus evidentes limitaciones.

En segundo lugar, no puedo aprobar este proyecto por una razón de constitucionalidad, como señalé en reiteradas oportunidades.

Las nuevas infracciones y delitos que se regulan para los que, sin cumplir las normas vigentes, procesen, elaboren, comercialicen, transporten, o simplemente tengan en su poder recursos respecto de los cuales no puedan acreditar su origen legal, son desproporcionadas, y por ello, injustas, nuevamente en lo relativo a los dos grupos de pescadores más vulnerables referidos: los de subsistencia y los pequeños artesanales.

Quiero dejar muy en claro, señor Presidente, que sancionar la poscaptura de recursos ilegales no solo es razonable, sino necesario para industriales o para aquellos actores artesanales que, por ser de tamaño medio o tener varias embarcaciones superiores a 18 metros, pueden extraer importantes cantidades de recursos sin contar con permiso, estén estos últimos agotados, sobreexplotados o en veda; así también surtir plantas procesadoras, elaboradoras o comercializadoras que trabajen con recursos ilegales.

Lo que no es razonable es que la legislación, nuevamente, no se haga cargo de modo suficiente de la realidad de los pescadores más vulnerables y necesitados del país:

-Aquellos que definimos como "pescadores de subsistencia", que trabajan con botes de máximo 7 metros de largo, y que pueden vender su remanente.

-Los pescadores artesanales más pequeños, los de la llamada "primera clase", según el Reglamento de Embarcaciones Artesanales, que trabajan en botes de máximo 8 metros de largo y con capacidad de bodega no superior a 5 metros cúbicos, que se verán sancionados con multas, suspensión del registro, de sus derechos de pesca y de zarpar por dos años, al igual que las embarcaciones artesanales mayores y las industriales.

-La pesca artesanal de pequeña escala: los dueños de un solo bote de 8 a 12 metros máximo de largo.

Todos ellos, sin atender a la cantidad de recursos, son penalizados con privación de libertad igual que cualquier industrial o artesanal de mediana o gran escala que trabaja con toneladas de recursos colapsados o sobreexplotados. Arriesgan presidio, como mínimo por dos meses (61 días), así capturen, elaboren o comercialicen, con una unidad, un kilo o 5 metros cúbicos de tales recursos.

No se entiende que una regla que permite al juez proporcionar la pena dentro del grado, atendiendo a la cantidad de recursos, se haya establecido solo respecto de los denominados "recursos vedados", y no respecto de todo tipo de recurso.

Los pescadores de subsistencia no serán infraccionados administrativamente, pero sí son criminalizados. Por ende, quedan en una situación aún más desmejorada que la que tenían antes de su reconocimiento legal. Expresamente, se les impone presidio por, a lo menos, dos meses y multas de, mínimo, 483 mil pesos (10 UTM); no se les exime del nuevo delito, sancionado con mínimo 61 días y hasta 5 años de presidio y multa mínima de 966 mil pesos (20 UTM); y tampoco se les exime de presidio de 61 a 540 días.

Señor Presidente, no puedo votar a favor de este proyecto de ley.

¡Se trata de personas que pescan para vivir; venden su remanente o elaboran con ello, por ejemplo, un ceviche o unas empanadas para comercializarlo!

¿Cómo acredita el origen legal el pescador de subsistencia? La normativa en estudio no lo establece.

En la misma situación penal quedan los pequeños pescadores artesanales, quienes además, si extraen recursos no sobreexplotados, sin acreditar su origen legal, aunque sea una unidad de recurso, o si lo almacenan en su refrigerador, lo venden en su caleta, lo usan para elaborar un caldillo, o simplemente, lo tienen en su poder "no pudiendo menos que saber que era ilegal" serán administrativamente sancionados con multas de un monto fijo mínimo de 215 mil pesos y de hasta 86 millones de pesos.

La misma asesora del Ministerio afirmó que quien definirá si el tenedor "no podía menos que saber que era ilegal" será el fiscalizador, que puede ser un carabinero. Así lo aclaró en la Cámara de Diputados en el tercer trámite la Subdirectora Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señora Jessica Fuentes, aunque se desdijo en el Senado.

Esta desproporción es injusta. Lo justo es que quienes son desiguales entre sí sean tratados de modo diferente.

Y la tercera razón por la que no puedo aprobar esta propuesta que se hace al Senado es también de orden constitucional.

La acreditación de origen legal, eliminada por la Comisión Mixta, constituye la base de tipos infraccionales y penales aprobados por esta última.

Por lo tanto, dejamos tipos penales en blanco.

En consecuencia, señor Presidente, voto en contra de esta propuesta.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto de ley muy anhelado por el órgano fiscalizador del Estado en materia pesquera.

El SERNAPESCA, con los recursos humanos que posee, debe hacerse cargo de una de las costas más grandes del mundo, que cuenta con una zona económica exclusiva gigantesca -estamos entre los top diez a nivel mundial-, y por eso se requiere fortalecer al Estado.

Y cuando hablamos de fortalecer al Estado lo primero es incorporar a más personas. Específicamente, se aumenta la planta en 253 nuevos profesionales que van a permitir controlar lo más importante: el desembarque. Si no se tienen estadísticas precisas de cuánto es lo que se desembarca, es muy difícil controlar.

Si queremos que efectivamente nuestros recursos del mar sean preservados y sostenibles, se deben controlar con personas que le respondan al Estado: funcionarios públicos preparados y que se encuentren a lo largo de todo el territorio, para realizar esta fiscalización.

Por lo tanto, este es el eje principal: un mecanismo de control basado en personas, con un sistema de desembarque que permita llevar adelante una estrategia "desde la carnada al plato", como se la conoce hoy.

¿Por qué lo digo de esta forma? Porque se están considerando cada uno de los elementos necesarios para contribuir y llevar alimento a la población chilena.

Debemos entender que lo más importante de estos recursos marinos es que permiten alimentar a la población. Por eso tenemos que cuidarlos, ya que si los sacamos en exceso, obviamente, no van a estar disponibles para las futuras generaciones.

¿Qué tenemos, entonces?

Un Comité Científico Técnico, con un Comité de Manejo, los que podrán determinar exactamente cuánto recurso está disponible; verificar si las vedas son las que corresponden, y disponer el número de personas que pueden acceder a esa pesca.

El Estado entrega licencias o permisos, no solo a los industriales, sino también a los artesanales, gracias al registro de estos últimos.

Efectivamente, ese registro hay que depurarlo, y este mismo proyecto de ley permite extender el plazo de vencimiento hasta fines de este año.

Pero, más importante que lo anterior es disponer de un mecanismo de control, para así asegurar que no se va a extraer más pesca que la que realmente corresponde.

Porque los porcentajes son altísimos: casi un tercio de la pesca que se extrae es, de alguna manera, "no reconocida". No quiero llamarla "ilegal", para no entrar a discutir la forma en que las personas acceden a ella. Pero debe ser controlada y conocerse su origen. Y así se tiene que proceder en toda la cadena. No basta con controlar al que pesca -antiguamente solo se culpaba al pescador artesanal-; es preciso hacerlo con todos quienes son parte de la cadena logística: los que transportan, almacenan, procesan e, incluso, venden. ¿Por qué? Porque no deseamos que algo que nos puede afectar a todos sea parte de este negocio.

De ahí la necesidad de perfeccionar las facultades de que dispone este Servicio. Pero para eso se requieren sanciones y, también, una tipificación correcta de las infracciones.

Lo más relevante del proyecto es, precisamente, el fortalecimiento del modelo de fiscalización.

Con esto, Chile se coloca a la altura. Esta es una de las recomendaciones que nos han hecho: mejorar la forma en que controlamos el recurso pesquero, que no solo es valioso, sino también importante por las proteínas que aporta, por la sustentabilidad y por todo lo relativo al medio ambiente.

La Comisión Mixta debió superar varios problemas. La Cámara de Diputados, en algún momento, objetó lo despachado por el Senado, lo que obligó a buscar puntos de acuerdo.

Y aquí quiero destacar lo que significa el trabajo de una Comisión Mixta. Es preciso entender que hay divergencias, puntos de vista distintos, pero, finalmente, se es capaz de llegar a acuerdos en base a hechos concretos.

Algunos de ellos son, por ejemplo, la matriz de riesgo; a quién se debe fiscalizar; dónde es necesario colocar el esfuerzo.

Porque el mundo artesanal siempre se ha quejado de que es el único fiscalizado. Bueno, ahora el Servicio va a poder disponer de métrica para ir a fiscalizar las bodegas más grandes. Porque, probablemente, en esas bodegas existe mayor riesgo de que alguien esté haciendo una pesca no declarada, no documentada como corresponde.

En tal sentido, creo que el proyecto de ley cumple con todos los requisitos necesarios para asegurarle al país contar con un sistema de control que permita determinar exactamente qué está ocurriendo con los productos que proceden del mar. Si esto es llevado de la forma en que está previsto, con reglamentos adecuados, con buenos profesionales, vamos a poder asegurar la sustentabilidad de los recursos, y entender siempre que lo más importante es alimentar bien a nuestra población.

A mi juicio, con la norma que se ha agregado sobre la pesca de subsistencia es posible salir adelante respecto a uno de los temas más delicados: el cultural, especialmente de quienes extraen productos del mar para su propio consumo. No cabe negarles a ellos un acceso tan natural y tan normal, pero, como todas las cosas, dicho acceso debe ser controlado, porque si se excede, puede empezar a destruir esa gran riqueza que es patrimonio natural de todo el Estado.

En tal sentido, la ley que fortalece al SERNAPESCA tiene los elementos necesarios para permitir ese mecanismo de control; para dotarlo de personal; para tipificar correctamente las infracciones y para determinar las sanciones correspondientes.

Por los motivos señalados, voto a favor.

--(Aplausos en tribunas).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como acá se ha dicho, la Comisión Mixta realizó un trabajo bastante extenso para proponer una solución a las dieciocho controversias suscitadas entre el texto aprobado por la Cámara de Diputados y el del Senado. Tal número de diferencias se explica porque la composición de la Cámara que aprobó el proyecto en el primer trámite era muy distinta de la que lo revisó en el tercer trámite.

No obstante, con la colaboración -hay que decirlo- del Ejecutivo se logró un acuerdo casi unánime en la mayoría de los puntos de discrepancia.

Entre ellos, cabe destacar el reconocimiento de la pesca de subsistencia, para amparar aquella actividad efectuada por personas al margen de la inscripción en el registro de pesca artesanal y destinada al consumo familiar o a su comercialización a pequeña escala.

Con esta referencia se logró salvar las legítimas aprensiones que existían respecto de que este cuerpo legal se destinaría a sancionar a las personas de más escasos recursos. Por el contrario, en materia de sanciones, en general el proyecto amplía el rango, bajando el piso de ellas, de manera que sean proporcionales para aquellos pescadores infractores de baja escala, y, por otro lado, aumentándolo sustancialmente a fin de que efectivamente sirva de desincentivo para las grandes empresas infractoras.

La situación, al día de hoy, es que las multas son demasiado altas para los pescadores artesanales y demasiado bajas para los industriales. Asimismo, las nuevas figuras cubren las conductas de todos los actores de la cadena, incluyendo procesadoras y comercializadoras.

Indudablemente, las nuevas normas, si bien están encaminadas a combatir la pesca ilegal y, por lo tanto, a proteger la sustentabilidad de los recursos, logran dar un trato equilibrado a los diferentes tipos de infracciones, diferenciando entre pesca sustentable y recolectores de orilla, artesanales e industriales.

Por otro lado, la certificación de pesquería retorna al Estado como una forma de entregar certezas en el cuidado del patrimonio pesquero, y por primera vez se está generando una visión ecosistémica de la fiscalización, poniendo énfasis en la actividad de la cadena completa.

Por último, hay que relevar el aumento de dotación y nuevas asignaciones al personal destinadas a fortalecer el rol del Servicio Nacional de Pesca.

En consecuencia, primero, este proyecto fortalece el servicio público, favoreciendo a los funcionarios de SERNAPESCA, y, segundo, combate la pesca ilegal de manera equilibrada, creando nuevas infracciones y delitos, así como estableciendo un rango de sanciones más extenso y balanceado, acorde a la diversidad de actores del sistema.

Es muy difícil, entonces, argumentar que el proyecto perjudica a los pescadores artesanales. Naturalmente, a ninguna actividad económica le gusta la regulación, pero, atendido el agotamiento de los recursos, no podemos seguir mirando para el lado y tolerando la pesca ilegal. Ni las fuentes de empleo, ni las necesidades sociales pueden justificar que se sigan explotando los recursos más allá de los niveles que aseguren su sostenibilidad.

El Estado debe cumplir su rol. No puede solo sancionar; también debe fomentar actividades de reemplazo, a través de la acuicultura de pequeña escala, impulsando el repoblamiento de los mares interiores, por ejemplo.

Estos temas se abordarán en otros proyectos. Hemos logrado incorporar algunos en la iniciativa de "ley corta", que se ha fusionado con otras que modifican la Ley General de Pesca y Acuicultura, y hay otros que serán objeto de la llamada "ley larga" que ha anunciado el Ejecutivo.

Pero no podemos evadir nuestra responsabilidad con la sustentabilidad de los recursos. Este es un proyecto que nace en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ha hecho suyo la actual Administración, la que ha demostrado flexibilidad para lograr su aprobación.

Respecto a las dudas de constitucionalidad que se han manifestado, cabe recordar, en primer lugar, que se dice que habría delegación de facultades legislativas en cuanto la iniciativa definiría quiénes acceden legalmente al mar y sus recursos y en qué condiciones pueden hacerlo.

Sin embargo, este es un proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca. De modo que no define cómo acceder a los recursos hidrobiológicos, sino que se refiere a cómo acreditar el origen legal de ellos. Por tanto, no determina quiénes -ni qué barcos- pueden pescar, porque todo eso ya se encuentra definido en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En cuanto a la acreditación de origen legal que se ha mencionado acá, recuerdo que el artículo 63 de esa normativa exige que el origen de los recursos sea legal, lo que se verifica mediante la declaración de desembarque que hacen los pescadores.

En el proyecto no se efectúa una delegación de facultades legislativas, pues todas estas materias ya están legisladas y la autoridad se encuentra facultada para fiscalizar y calificar, en casos concretos, si la pesca es de origen legal o no, y para certificar los desembarques.

Por otra parte, quiero destacar que cada vez que se imponen obligaciones, su incumplimiento se asocia a sanciones. La suspensión de zarpe quedará establecida en la ley como consecuencia del incumplimiento de una obligación legal.

Frente a la aserción de que el proyecto no hace diferencias entre pesca a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala, quiero recordar que la Constitución Política, en su artículo 19, N° 2°, proscribe las discriminaciones arbitrarias, no toda diferenciación que esté justificada por algún elemento objetivo y racional.

Precisamente este proyecto de ley permite que el juez considere la capacidad económica del infractor y el beneficio económico obtenido, cuestión que la normativa vigente no contempla, pues toma en cuenta únicamente el daño causado a los recursos.

Otra crítica formulada a la iniciativa está referida a que desconocería que hay personas que pescan para comer. Este tema no es de carácter constitucional, sino una discusión sobre política pública. Es una discusión sobre el acceso a los recursos hidrobiológicos, no sobre infracciones y sanciones. Actualmente, esas personas se ven enfrentadas a las mismas normas que sancionan infracciones por falta de registro pesquero artesanal o a las medidas de administración.

Señor Presidente, en razón de la tramitación de este proyecto de ley, llamo a esta Honorable Sala a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta, pues, de ser aprobado, nos permitirá combatir la pesca ilegal, que tanto daño le hace a nuestro ecosistema.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor MOREIRA.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

El señor BIANCHI.- ¡Manteniendo los tiempos!

El señor MONTES (Presidente).- Acordado, entonces.

En votación el informe de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación)

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la institucionalidad del SERNAPESCA, primero porque de ello depende en gran parte la sustentabilidad de los recursos del mar, y además porque es necesario implementar acciones positivas de protección.

La verdad es que actualmente existen un gran desorden y una institucionalidad débil. Por consiguiente, se genera un uso abusivo de parte de grandes, medianos e incluso a veces pequeños pescadores, por una cuestión de supervivencia. Pero lo cierto es que existen una pesca informal, una pesca ilegal y, de por medio, un lucrativo negocio especulativo que es necesario ordenar.

Este proyecto, entre otras medidas, incorpora nuevos funcionarios (253 en total), la mayoría de los cuales estará destinado a controlar el cumplimiento de la ley de cuotas y, en segundo lugar, en una cantidad menor (un par de docenas de ellos), dedicado a la inspección de las plantas de procesamiento para asegurar la calidad de los procesos y la certificación de los productos y, a su vez, de las exportaciones. Por lo tanto, nadie podría oponerse al fortalecimiento de esta institución.

Evidentemente, hay algunos aspectos que quedan sueltos en estas modificaciones, como la poca diferenciación entre la pesca informal y la pesca ilegal, sobre todo para los pescadores de subsistencia, quienes requieren una política más bien social, que vaya acompañando estas iniciativas, que en su origen son correctas. Pero también hay un drama humano del que debemos hacernos cargo.

La falta de previsión, la falta de seguros, la falta de algún fondo de sustentabilidad para los períodos en que se establecen mayores restricciones a las labores de pesca demuestran que este no es solo un problema de sanción y de fiscalización de lo que se captura, sino también del estilo de vida de los pescadores, particularmente de aquellos más vulnerables, que no cuentan con protección social, por una debilidad de nuestro sistema.

Asimismo, algunos aspectos no están del todo claros. Por ejemplo, las sanciones se aplicarán muchas veces sin diferenciar mayormente el monto de la pesca, sobre todo cuando es de subsistencia, y, por lo tanto, es posible que terminen siendo particularmente duras o abusivas con los pequeños pescadores, los pescadores de orilla o de bote, quienes, por la misma razón, potencialmente podrían quedar privados de libertad de la misma manera que un empresario industrial que realiza capturas de enorme volumen y que obviamente afectan bastante más.

Por consiguiente, sin perjuicio de considerar que estamos ante una iniciativa necesaria que vamos a apoyar, queremos hacer presente que existe un problema social en un sector que está esperando respuestas desde hace mucho tiempo.

Voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El senador LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto, que busca fortalecer y modernizar el SERNAPESCA para combatir la pesca ilegal, si bien apunta a un problema inminente para la sustentabilidad marina, tuvo que ser fuertemente reformado, pues ponía en riesgo la pesca artesanal, sobre todo la más precaria y vulnerable. Ello, debido a que la Ley General de Pesca y Acuicultura, por sus problemas de diseño y excesiva burocratización, en beneficio de la pesca industrial, ha implicado que gran parte de ese sector haya quedado al margen de la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, existe un universo considerable de armadores que han hecho de la pesca ilegal un negocio lucrativo y que han causado un daño incalculable a la biodiversidad marítima, llevando recursos al colapso, por lo que existe un real sentido de urgencia, puesto que la pesca ilegal no respeta vedas ni cuotas.

En ese sentido, la Comisión Mixta permitió mejorar los aspectos conflictivos del proyecto, de los que se destacan, entre otros:

a) La creación de la pesca de subsistencia, de tal modo de proteger a un sector hoy excluido, como lo es el del pescador más precario. Este sector quedará exceptuado de las medidas de administración, estando incluso liberado del Registro Pesquero Artesanal. A su vez, no se sancionará a quien realice este tipo de pesca, ni la venta del remanente capturado y no consumido al pequeño comercio, como en ferias libres o al público directamente. Asimismo, se establece que este tipo de pesca operará como eximente en relación con las faltas infraccionales.

b) Respecto a las insuficiencias de criterios para determinar la ponderación de las capacidades económicas de los infractores, estas son resueltas considerando, para la aplicación de la pena, el beneficio económico, la capacidad económica, la posibilidad de pagos parciales, o el establecimiento, como sustitución a multas o acuerdos de pago, de la obligación de efectuar beneficios a la comunidad, y, de no querer realizar estos beneficios, que tan solo se pueda sancionar con arresto nocturno.

c) En cuanto al problema asociado a penas de multa demasiado altas en relación con el mal causado, afectando la proporcionalidad de las mismas, se rebaja el monto mínimo de la multa de 1.000 a 20 UTM, manteniendo el máximo de 2.000, tomándose en consideración el beneficio económico para su determinación.

d) Se elimina también el concepto de pesca ilegal, en virtud de que era muy amplio a la hora de determinar qué es lo constitutivo de ella. Esta era definida a contrario sensu, declarándose cuáles eran las actividades aceptadas por el Servicio a través de la institución de la "acreditación legal de origen", lo cual se aleja de los criterios internacionales establecidos por la FAO.

e) Por último, se elimina la disposición que permitía una vulneración de derechos laborales inalienables al otorgarle al director del Servicio facultades para ordenar turnos que desnaturalizan la jornada ordinaria o intentan prescindir de la compensación horaria o, en su defecto, del pago de remuneraciones extraordinarias respecto del trabajo nocturno o realizado en días feriados.

Por todo lo anterior y por los distintos argumentos que han dado también otros Senadores, creo que el informe de la Comisión Mixta es favorable, resuelve varios nudos críticos denunciados por diversos actores y constituye un avance en el fortalecimiento de la institucionalidad pública de fiscalización.

Por eso, voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda que la urgencia de regular y establecer mecanismos más eficientes para el control de la pesca ilegal es un avance significativo hacia un objetivo que nos debe convocar a todos, como es la sustentabilidad de los recursos en el ámbito del mundo pesquero.

La captura anual alcanza a 1 millón 100 mil toneladas. De ellas, 320 mil corresponden a captura ilegal, casi un tercio de lo que se percibe en Chile. Esto, evidentemente, habla de la necesidad de introducir mejoras sustantivas en mecanismos que perfeccionen la fiscalización y, obviamente, faciliten la labor que realiza el SERNAPESCA en tal sentido.

Por eso, el aumento de 253 nuevos cupos en la dotación de la institución, que debe cumplir un rol significativo en esta instancia, representa una medida que va en la dirección correcta y que, por lo demás, es respaldada por diversas organizaciones del mundo ambiental y también por la propia FAO, que manifestó la urgencia y la necesidad de avanzar, acelerar y aprobar una iniciativa de esta naturaleza.

Casi un 60 por ciento más de la cuota anual autorizada en Chile es extraído de manera ilegal. Y el efecto que esto causa en diversos ámbitos, como la extracción en áreas de manejo, se siente en las propias actividades de muchos pescadores artesanales, quienes ven con preocupación cómo una actividad a la que procuran darle sustentabilidad termina siendo afectada por dicha situación.

¿Cuál es el beneficio de esta normativa? Que la actual Ley de Pesca solamente castiga la extracción ilegal, en tanto que ahora se aborda a todos quienes intervienen en la cadena del proceso (comercialización, transporte y almacenamiento), que se benefician con una instancia que significa alrededor de 320 mil toneladas.

Las zonas australes -¿cierto, Senador Bianchi?- son particularmente susceptibles a este fenómeno, por las dificultades para llevar a cabo la fiscalización, tanto del SERNAPESCA como, para qué decir, de la Armada.

¡Se calcula que 320 mil toneladas de pesca ilegal generan poco más de 350 millones de dólares!

Es evidente el esfuerzo que se está haciendo para perfeccionar y mejorar la importante labor que cumple el Servicio Nacional de Pesca, el cual responde también a hechos delictivos. No olvidemos que en los mismos informes que se tienen se habla del ingreso de un grupo de personas a las instalaciones de la Unidad de Fiscalización del SERNAPESCA en la ciudad de Constitución, a fines del 2014, con agresiones, robos, quemas y destrucción de insumos.

Además, esta iniciativa significa ratificar los compromisos suscritos en septiembre de 2017 con las asociaciones de funcionarios, entidades que están respaldadas y apoyadas por la ANEF y la CUT.

Por lo tanto, señor Presidente, estamos ante una iniciativa que va en la dirección adecuada. La pesca ilegal es hoy día un negocio ilícito de gran beneficio para quienes la ejercen. Y hay que pararla, hay que frenarla, pues está poniendo en riesgo las pesquerías de muchas de nuestras comunidades que ejercen legítimamente su labor.

Por lo mismo, vamos a votar a favor con gran entusiasmo, porque es una normativa que va en la dirección correcta.

--(Aplausos en tribunas).

El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solo quiero puntualizar que, en el marco en que se dio el debate en la Comisión Mixta, tuvimos el máximo de dedicación, de rigurosidad y de conversación entre todos sus integrantes en relación a cómo resguardar la pesca artesanal,

Las sanciones, por cierto, son urgentes y necesarias. No olvidemos que el 2016 el SERNAPESCA incautó trece toneladas de jibia ilegal por parte de empresas chilenas. Y hay una serie de denuncias y de investigaciones del Servicio de Impuestos Internos respecto de las estafas hechas por grandes empresarios chilenos -no los voy a nombrar- a coreanos, a chinos, y a empresas extranjeras que reciben o importan este tipo de producto desde nuestro país.

Sin embargo, tuvimos especial cuidado de que esta legislación, tan necesaria para sancionar drásticamente la pesca ilegal de gran magnitud, no afectara a los pescadores artesanales. Pero en estos mismos juicios e investigaciones asociadas a esos empresarios, señor Presidente, se han detectado ciertos pescadores artesanales (entre comillas), que muchas veces, valiéndose de su condición, se unen a esas empresas para estafar al Fisco, al Estado de Chile, o a nuestros aliados comerciales.

Ese fue el cuidado que tuvimos. No es que aquí estemos coludidos para dañar a los pescadores artesanales. ¡Por favor! Hubo especial preocupación por delimitar. Aunque, como bien señala el Senador Quinteros, Presidente de la Comisión, es inconstitucional establecer discriminaciones, sí tuvimos especial cuidado en materia de requisitos, de denuncias y de multas para ir diferenciando de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los pescadores.

Por eso, no quiero que se entienda que el debate en la Comisión estuvo coludido en contra de los pescadores artesanales. ¡Muy lejos de aquello! De hecho, nosotros corregimos muchísimas disposiciones que venían del proyecto del Gobierno de la Presidenta Bachelet, partiendo por la que establecía la definición de pesca ilegal, que era realmente lapidaria.

Me gustaría, señor Presidente, que esta normativa sirviera para perseguir a los estafadores, que le hacen muy mal al país y a nuestro prestigio internacional en el plano comercial, pero siempre con la disposición de acompañar a los pescadores artesanales.

La pesca de subsistencia, como bien decían los colegas, por primera vez se define en la ley, y además se asocia a la pesca de los pueblos originarios. Es un avance muy importante. Por cierto, siempre habrá que hacer las correcciones necesarias, pero aquí tuvimos la mayor preocupación por nuestros pescadores artesanales.

Por eso, señor Presidente, voto a favor.

--(Aplausos en tribunas).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.

¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!

Toda la primera parte del proyecto se refiere al funcionamiento del SERNAPESCA y a sus comprometidos funcionarios, siempre maltratados por el propio servicio, por los directores de turno nombrados políticamente y, en particular, por una carencia crónica de recursos. Al final, no sé si tienen botes para poder vigilar lo que pasa en el mar de Chile y controlar la pesca. La última notificación que tuve es que no contaban con naves propias y que, cada vez que tenían que ejercer su función fiscalizadora en el mar, debían arrendarlas. Y los que las arriendan avisan a los que van a ser fiscalizados. Es un problema grave tener un Servicio Nacional de Pesca que no puede hacer fiscalizaciones en el mar.

En Antofagasta, por lo menos, desde la costa vigilan con anteojos largavista lo que ocurre, pero solo hasta donde alcance la visión. No sé si eso habrá variado.

Con todo, este es un proyecto importante para los funcionarios. Hay asignaciones por el tema de la fiscalización, y tengo entendido que se ha trabajado con sus asociaciones, que han manifestado su acuerdo.

¿Quiero yo un Servicio Nacional de Pesca? ¡Por cierto! ¡Pero más quiero un Ministerio de la Pesca! Para un país que tiene 4 mil 500 kilómetros de costa y un millón 250 mil kilómetros cuadrados de territorio antártico, un Servicio Nacional de Pesca dentro del Ministerio de Economía resulta insostenible. Y el tiempo nos dará la razón. ¡Insostenible!

Tenemos un instituto de investigación, de fomento pesquero. ¡De fomento pesquero, señor Presidente! Esto causa hilaridad en los países desarrollados de la OCDE, donde hay ministerios e institutos de investigación de carácter nacional, autónomos y financiados. Nuestro IFOP solo tiene incertidumbres, inestabilidad, falta de recursos y precariedad en todas las materias. ¡Lo desarticularon! ¡Felipe Sandoval, en su oportunidad! Ha habido un proceso de degradación constante. Porque a nadie le interesa que sepamos la verdad sobre el mar. ¡A río revuelto, ganancia de los industriales, ganancia de los que tienen la sartén por el mango en la pesca, con una Ley de Pesca corrupta, absolutamente viciada y que debe ser cambiada!

Todos estos parches algo contribuyen pero no resuelven el tema de fondo: una ley corrupta que no se hace cargo de las principales riquezas que Chile posee y que ha distribuido de manera absolutamente irresponsable, coimeada. Hay parlamentarios que están pagando con cárcel y con pérdida del cargo por lo que aquí sucedió.

Señor Presidente, se habla de mejorar la fiscalización y yo quiero advertir que vamos a tener un problema grave. En Chile no existe la prisión por deudas. La Senadora Rincón planteó algo al respecto. Vamos a ver. Las multas pueden llegar a 86 millones, sin distingo. Es una situación extraordinariamente disímil, asimétrica, respecto de temas importantes que no están en esta ley pero que se producen.

Lo primero, señor Presidente, es el descarte. Yo he estado en lances pesqueros en la pesca artesanal y también en la pesca industrial, y son cientos y miles las toneladas que son descartadas porque las especies vienen en un tamaño mínimo que -comillas- el radar no logra detectar.

Lo segundo es el subreporte, señor Presidente. ¡Todo el mundo lo sabe en la pesca, desde el cocinero del barco! Un barco llega con mil toneladas y las pasa como quinientas, argumentando que el resto es agua o lastre.

Existe subreporte, existe descarte, y no tenemos o tenemos un escaso nivel de control. No hay una evaluación de los expertos de a bordo respecto de cómo ha funcionado la fiscalización. ¡No la hay! Y la verdad es que yo hubiera esperado un informe técnico a la hora de establecer mayores facultades para el SERNAPESCA respecto de cómo ha funcionado el sistema de fiscalización actual.

Lo que me preocupa es el proceso de asimetría de la pesca y, por cierto, las razones que ha planteado la Senadora Rincón en cuanto a la inconstitucionalidad, pero, más que eso, que sigamos parchando y que este proyecto de ley, de manera premeditada, haya relacionado la pesca ilegal, que es necesario regular, con el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del SERNAPESCA. Es una pequeña trampa.

Esto debería haber sido tratado de manera distinta. Tendría que haber un proyecto corporativo para un Servicio Nacional de Pesca y un proceso distinto de mejoramiento de las capacidades y de los propios mecanismos de la Ley de Pesca para poder fiscalizar, sin ligar ambas cosas, porque eso obliga a tomar resoluciones dentro de un solo paquete.

Estamos pronunciándonos sobre el informe de la Comisión Mixta, el cual voy a votar en contra, pues considero que aporta más oscuridad que claridad, no dando la tranquilidad necesaria a muchos pescadores, y, además, generando serias dudas.

Solo el tiempo nos dará la razón.

Voto negativamente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, consultados los sindicatos de pescadores artesanales de nuestra región, nos manifestaron sus deseos de avanzar en la claridad de las cuotas de captura, porque a ese respecto no ha habido capacidad de dotar al SERNAPESCA -ha sido un reclamo permanente-, primero, de una institucionalidad, y segundo, de los recursos necesarios para la adecuada fiscalización.

En su tiempo se hablaba de las posibilidades de que las cuotas de pesca fueran burladas de manera cotidiana a través de la pesca de investigación, que no se trataba de otra cosa más que de una vulneración de la ley.

Sin embargo, acá se está avanzando con este proyecto, pues en él se concordó la entrega de atribuciones y de recursos, contemplados en la Ley de Presupuestos, y también avalados en el informe financiero de la iniciativa.

Por tanto, quiero señalar -además de levantar la voz por los pescadores artesanales de mi región- que consideramos muy importante tener claridad respecto del marco regulatorio y de las sanciones a la pesca ilegal, la cual lo único que hace finalmente es perjudicar a aquellos pescadores artesanales que se ganan la vida con la biomasa de nuestra zona.

Por eso, debo destacar la capacidad de los Senadores para ponerse de acuerdo en una institucionalidad, y también la voluntad del Gobierno para terminar con estas zonas oscuras, o a lo menos grises, y, en definitiva, para dar certeza a la pesca.

Por tales razones, voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos.

¿Alguien más desea intervenir?

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de Comisión Mixta (32 votos a favor y 2 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.

Votaron por la negativa la señora Rincón y el señor Navarro.

--(Aplausos en tribunas).

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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para referirse a un tema reglamentario.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero pedir a la Sala una extensión del plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley tramitado en la Comisión de Transportes, que yo presido, el cual exime de la revisión técnica a los carros de los Cuerpos de Bomberos, cuyas proporciones son distintas a los vehículos comunes.

Necesitamos un mayor tiempo para tramitar las que ya se han presentado y las que se van a formular.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Cuál sería el plazo que solicita, señor Senador?

El señor NAVARRO.- Hasta el lunes próximo es suficiente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sus deseos serán cumplidos, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se fijaría entonces el lunes 7 de enero como nuevo plazo para presentar indicaciones al referido proyecto.

Acordado.

)----------(

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:

Informe de la Comisión de Seguridad Pública recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.250-25) (con urgencia calificada de "suma").

--Queda para tabla.

Boletín N° 11441-07

EXIGENCIA DE INCLUSIÓN DE NOMBRES DE PARLAMENTARIOS AUTORES DE MOCIÓN EN DECRETO PROMULGATORIO DE LEY RESPECTIVA

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.441-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2017 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 13ª, en 8 de mayo de 2018.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018.

Discusión:

Sesión 14ª, en 9 de mayo de 2018 (se aprueba en general).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para efectos reglamentarios, de que la única indicación que se formuló al texto aprobado en general fue retirada por su autor, por lo que dicho organismo técnico propone la aprobación en particular de la iniciativa en los mismos términos en que fue acordada en general.

Nada más, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, en realidad no tenía sentido presentar indicaciones a un proyecto de artículo único, el cual se aprueba o se rechaza simplemente, pues yo no creo que se pueda cambiar.

La verdad es que estoy completamente en contra de esta iniciativa, y lo digo desde ya.

Creo que el Congreso tiene una tendencia -no estoy criticando a nadie, yo mismo me incluyo- bastante marcada hacia el individualismo, en el que cada Senador intenta tener su propia agenda y manejar sus propias cosas.

A mi juicio, este proyecto enfatiza eso, aparte de acentuar una competencia para ver quién pone su nombre en cualquier normativa que lo ayude a perpetuar su imagen.

Lo anterior me parece profundamente negativo. Porque la gente recuerda, para bien o para mal, al parlamentario que presentó algún proyecto.

Acabamos de discutir una iniciativa que contenía un nombre -no lo voy a mencionar acá-, que puede ser justo o injusto, pero ciertamente está identificando a quien se encargó de moverla, más allá de si la presentó o no.

Pienso que se trata de dar cierta satisfacción al ego por parte de los Diputados que presentaron el proyecto, pero yo al menos quiero dejar de manifiesto que estoy en contra de lo propuesto, por considerarlo innecesario.

Por lo demás, las iniciativas de ley originadas en el Congreso generalmente no son las de mayor importancia.

En consecuencia -reitero-, esto es más bien una forma de hacer notar que uno está legislando, no obstante existir mejores maneras de hacerlo más colectivamente y con mayor tranquilidad.

Así que yo por lo menos anuncio que voy a votar en contra.

Por otro lado, señor Presidente, le pido abrir la votación, si es posible.

Gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para abrir la votación?

Acordado.

En votación particular el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este es un debate necesario, pero de los temas de fondo.

La realidad es la que señala -por su intermedio- el Senador Insulza. Es decir, la relativa al grave desprestigio al que está sometido este Poder del Estado, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y el Senado; o la política en general, los partidos: 95 por ciento de rechazo.

Pero no solo estamos obligados a constatar la realidad, pues ella se constata diariamente, sin necesidad de instrucción ni de ocupar un cargo de Senador o Diputado.

Nos encontramos obligados a buscar la causalidad.

Y el origen de esta moción -que yo comparto- se halla en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establecen que aquí hay colegisladores. Por tanto, el proyecto en debate no hace sino ratificar lo que dicha ley orgánica contempla: que la ley es colegislada por los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Lo que sucede es que la Constitución del 80 -nauseabunda, absolutamente nefasta, y que ojalá pronto podamos cambiar- es extremadamente presidencial, concebida en dictadura. ¡La Constitución de Pinochet, con la firma de Lagos o la del último Presidente que le introdujo alguna modificación!

Yo había anunciado que votaría en contra de este proyecto si fuera una reforma constitucional. No estoy disponible para parchar la Carta del 80.

El tema de fondo es que este Parlamento, particularmente el Senado, funciona ¡seis días al mes! y tiene su sede en Valparaíso, con toda esta implementación. Es decir, un hotel cinco estrellas para pernoctar seis días al mes. ¡Seis días trabajamos en Valparaíso y disponemos de esta infraestructura!

En los años 60, 70, 73, el Congreso tenía 150 Diputados y 50 Senadores, estaba en Santiago, y funcionaba perfectamente con dos tercios menos de automóviles y la mitad de los habitantes.

Por tanto, señor Presidente, el desprestigio de la política tiene múltiples causas, no solo la ausencia de nuestras firmas en el decreto promulgatorio.

Pero le voy a comentar al Senador Insulza -por su intermedio, señor Presidente- que cuando regreso al barrio Recoleta, donde yo nací, no falta el amigo, el trabajador, el obrero, la dueña de casa que me dice "Ustedes, ¿qué hacen?". Es más, cuando fue la Presidenta Bachelet a presentar una ley, en el escenario estaban la Primera Mandataria y el Ministro del Trabajo, y los parlamentarios nos encontrábamos en segunda, tercera fila. Y la gente nos preguntaba: "Ustedes, ¿qué hacen?".

Ante eso, yo dije: "Hacemos la ley". Y se me respondió: "¿Entonces, por qué no estás arriba en el escenario?" "¿Por qué no firmas la ley que construyes y haces?" "¿Por qué no se cumple la ley orgánica de ser colegislador?".

Señor Presidente, este Parlamento está de rodillas. ¡Es un Parlamento indigno que se somete al poder presidencial! ¡Y no lo vamos a derrotar hasta que no tengamos una nueva Constitución!

En este Senado juré -más bien prometí, no juro- que iba a luchar por una nueva Constitución. ¡Y la vamos a tener! ¡Tarde o temprano! ¡Les guste o no les guste a algunos que están en la Sala! Habrá una Carta Fundamental de verdad, representativa del siglo XXI y de la mayoría de los ciudadanos.

¡Esta es la Constitución de Pinochet, que pone de rodillas al Senado!

Por consiguiente, este proyecto es un intento de combatir el tema de fondo: la causalidad de que efectivamente en la pega que hacemos con el Ejecutivo ¡solo brilla el Ejecutivo! ¡No existe el Parlamento! Y mientras la gente no sepa lo que hacemos (porque ni siquiera la ley lleva la firma de quienes trabajamos en ella), seremos inexistentes.

¿Para qué sirve un Congreso si al momento de hacer una ley, que votamos y de la cual nos responsabilizamos, no figuramos?

Entonces, el tema de fondo es que aquí se modifica el Código Civil para que el decreto supremo lleve el nombre a que me he referido.

Yo presenté una iniciativa, señor Presidente, referida a esto. Y fue la Presidenta Bachelet la que determinó la inserción en el Diario Oficial al respecto. ¿Alguno de ustedes ha leído el Diario Oficial, que ahora es electrónico y antes era de papel? ¡El decreto dirá los nombres! ¡Eso no lo leerá nadie; no lo leerán ni los parlamentarios...!

Por lo tanto, mi crítica a este proyecto de ley es que, en definitiva, no es significativo. Es decir, no va a tener ningún impacto porque los chilenos poco leen, poco leen los diarios, menos el Diario Oficial, para saber que en ese decreto estará el nombre del autor de la moción.

La Ley Bustos-Seguel, por ejemplo (y estuvimos juntos en la Comisión de Trabajo con Rodolfo Seguel y con Manuel Bustos -los trabajadores lo saben porque fue una normativa efectiva-), tiene nombre no porque haya un decreto, sino porque resolvió temas fundamentales: que un trabajador no pueda ser despedido si no le han pagado sus imposiciones previsionales y de salud, por lo tanto, continúa vigente el contrato laboral. Repito: ha sido una ley efectiva.

Entonces, señor Presidente, digo que esto debe abrir un debate respecto a cómo hacemos para mejorar la alicaída imagen del Congreso Nacional. Esta, entre muchas otras cosas, tiene el elemento de que somos colegisladores pero la ley la firma el monarca de turno en La Moneda, eliminándose todo rastro del trabajo y el esfuerzo de nuestro Parlamento.

Por tanto, voy a entregar un informe elaborado por la Universidad del Biobío para que sepamos los miles de millones que gastamos por tener este enorme elefante blanco en Valparaíso sin brindar mucha utilidad.

Y ojalá llegue pronto el día en que traslademos el Congreso a Santiago, porque mayor va a ser la molestia general y el escándalo mundial que han causado los viáticos cuando sepamos cuánto gastamos por sesionar acá y no en Santiago.

Es por eso, señor Presidente, que voy a votar a favor solo como testimonio, porque tampoco creo que sea un buen proyecto.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está bien, señor Senador. ¡No hay para qué enojarse tanto...!

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, voy a votar favorablemente esta iniciativa, porque muchas veces la ciudadanía, tal como planteaba el Senador Navarro -por su intermedio-, no sabe lo que se hace y cómo se trabaja en este Parlamento.

Eso se debe en parte a que no hemos ejercido con fuerza nuestro rol de colegisladores, que finalmente consiste en generar un nuevo ordenamiento jurídico para el país.

Por tal razón, creemos que es relevante que el aporte que hace el Parlamento en su trabajo en Comisiones; en su trabajo en terreno, ejerciendo su representación territorial; en su trabajo en la Sala, sea conocido por la opinión pública. A lo menos que se haga un reconocimiento a través de consagrar el nombre del parlamentario que impulsó un proyecto cuando este se convierta en un nuevo ordenamiento jurídico.

Me gustaría, además, que respecto a las iniciativas de ley similares que se presentaran en su momento existiera la posibilidad de establecer un mecanismo de fusión mucho más fácil. Hay muchas ideas similares de parlamentarios que podrían ser contempladas. Y eso podría hacerse mediante una indicación para los efectos de que todos aquellos que han contribuido en algún minuto con una idea para el cambio de la regulación jurídica de determinada institución o para dar solución jurídica a una problemática, finalmente fueran reconocidos en el proceso formativo de la ley.

Por tanto, voy a votar favorablemente.

Creo que es muy importante reconocer la labor del Parlamento.

Yo soy de aquellos que piensan que, sin lugar a dudas, somos nosotros los que debemos dignificar nuestra propia función.

Por eso -por su intermedio, señor Presidente-, le digo al Senador Navarro que debemos ser también cuidadosos, porque tenemos que trabajar para dignificar la función del Parlamento.

Eso no quiere decir que avalemos los privilegios. Por el contrario. Yo soy autor de muchos proyectos de ley que pretenden terminar con los privilegios, con los fueros parlamentarios, entre otros temas. Pero acá es muy importante que nosotros mismos, los propios Senadores y los propios Diputados, entendamos que debemos cuidar la función pública: primero, con nuestra responsabilidad, y segundo, con definir cómo somos capaces de que la discusión parlamentaria también sea conocida por la opinión pública.

¡Eso es muy relevante!

Si el Parlamento no sigue siendo un compartimiento estanco, si deja de haber secretismo en las Comisiones -afortunadamente este se terminó-, y se entiende que el trabajo de estas es público y ojalá televisado, a fin de que aquellos que votaron por nosotros y pusieron toda su confianza en ese acto finalmente vean el trabajo que se hace en el día a día, se les devolverán a los chilenos la fe, la credibilidad y la esperanza.

Yo diría que uno de los temas más complejos que se viven en nuestro país es la pérdida de confianza.

Lo único permanente que vamos a vivir en los próximos años será la crisis; lo único persistente será efectivamente la falta de confianza.

Chile es uno de los países con mayores niveles de desconfianza interpersonal dentro de la OCDE: solo 12,6 por ciento de los chilenos confían en su vecino.

Esa desconfianza interpersonal se trasladó también a las instituciones. Y desde el año 90 en adelante hemos vivido una caída persistente, continua de la confianza también en nuestras propias instituciones republicanas.

Y estamos viviendo una crisis que, además, es cíclica. Cada cuarenta años se produce en nuestro país una situación de complejidad institucional, desde nuestros albores republicanos. Ya tuvimos en la década del 40, en el siglo XIX, la batalla de Lircay. Luego, uno podría seguir citando que cada cuarenta años hemos vivido en Chile crisis de confianza, crisis de credibilidad, crisis institucionales, de las cuales hay que hacerse cargo.

Por eso es tan importante relevar la función del Parlamento.

Por eso es tan importante relevar el trabajo que nosotros mismos hacemos.

Sin lugar a dudas, este proyecto es un pequeño aporte. No hablamos de un cambio sustantivo en la institucionalidad, sino de un pequeño gesto.

Acá tenemos que trabajar nosotros mismos, partiendo por el gesto cotidiano de dignificar la función del Parlamento y nuestra labor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en general tiendo a estar de acuerdo con mi colega José Miguel Insulza, pero creo que es primordial que las cosas se sepan. Y no por un efecto narcisista -pienso que en política todos tenemos un poco de narcisismo, algunos más exacerbado, otros menos-, sino más bien por lo que señalaba mi colega Chahuán.

A mi juicio, la mayoría de las veces no se sabe lo que hacemos. Y lo que no se sabe, no es posible compartirlo, conocerlo.

Me parece significativo que quienes nos eligieron y que quienes no nos eligieron, pero saben que estamos en el Parlamento, sepan lo que hacemos, en qué estamos trabajando, en qué discusiones participamos.

Cuando se promulga una ley, muchas veces esta ha tenido su origen en mociones parlamentarias.

Señor Presidente, yo les pediría a los colegas que están dialogando que bajaran un poco la voz.

Entonces, que vaya el nombre de los autores de la moción en el decreto promulgatorio es importante para efectos de que la ciudadanía conozca cuál es el origen de la ley, para que se reconozca el trabajo o lo que hay detrás de ella, pues efectivamente las cosas malas -lo señaló el colega Insulza, y es cierto- se van repitiendo.

Son pocas las leyes buenas en que uno dice: "La ley tanto". Las malas se conocen más.

No voy a indicar a cuál se refería Su Señoría, pues no la quiso explicitar, de modo que yo tampoco lo voy a hacer. ¡Pero tenía que ver con una discusión anterior...!

Aquello se ha propagado.

Ahora, no se trata de una normativa que su promotor haya mandado a la discusión parlamentaria: el boca a boca la instaló con su nombre.

Entonces, señor Presidente -y aquí me sumo a lo que señalaron los Senadores Chahuán y Navarro, quien cambió su parecer respecto de esta iniciativa, pues vio que era una modificación al Código Civil y no a la Constitución-, considero importante que relevemos la función del Parlamento y aprobemos este proyecto.

Además, no es un debate que nos vaya a tomar mucho tiempo, lo que es bueno, porque -y también es significativo hacer la reflexión pertinente- la ciudadanía espera que nos dediquemos en mayor medida a los temas que importan: a los asuntos vinculados con salud, educación; a las materias relacionadas con infraestructura, a las cuestiones que de verdad cambian la vida de las personas.

Entonces, despachemos rápido este proyecto, pues en verdad no amerita más tiempo que dos o tres intervenciones de los parlamentarios.

Señor Presidente -reitero-, aprobemos pronto este asunto, para entrar a discutir otras materias que significarán grandes transformaciones. Porque es relevante que la gente sepa acerca de los cambios profundos que vamos a hacer en el Congreso Nacional.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más Senadores inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (17 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones y un pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Huenchumilla, Navarro, Prohens y Sandoval.

Votaron por la negativa los señores Insulza, Ossandón y Quinteros.

Se abstuvieron las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Guillier, Kast, Latorre y Pizarro.

No votó, por estar pareado, el señor Pugh.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Antes de continuar con el Orden del Día, quisiera hacerle presente a la Sala que el Ministro señor Larraín ha solicitado votar -y es el ánimo también de la Mesa- un importante proyecto que requiere 25 votos favorables y que veríamos luego de tratar la iniciativa que sigue en la tabla, que es de trámite muy rápido.

Por lo tanto, les pediría a Sus Señorías informar a sus respectivas bancadas la situación que acabo de explicitar, a fin de que después no tengamos problemas para aprobar el referido proyecto.

¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?

Acordado.

Boletín N° 9014-03

INCORPORACIÓN DE DESFIBRILADORES EN CENTROS COMERCIALES Y OTROS LUGARES DE IMPORTANTE AFLUENCIA DE PÚBLICO

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.014-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Chahuán y Girardi, y de los entonces Senadores señores Rossi y Uriarte):

En primer trámite: sesión 38ª, en 3 de julio de 2013 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 72ª, en 27 de noviembre de 2018.

Informes de Comisión:

Salud: sesión 20ª, en 30 de mayo de 2018.

Salud (segundo): sesión 28ª, en 3 de julio de 2018.

Salud: 79ª, en 19 de diciembre de 2018.

Discusión:

Sesiones 21ª, en 5 de junio de 2018 (se aprueba en general); 31ª, en 10 de julio de 2018 (se aprueba en particular).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.

La Comisión de Salud, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros, aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con excepción de las siguientes, que propone rechazar:

-La eliminación de la expresión "las ambulancias básicas" de la enunciación de obligados a contar con uno de tales dispositivos.

-La agregación de un inciso final al artículo único, que dispone que el Ministerio de Salud, a través de los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos de cada año, adquirirá o renovará equipos clínicos denominados "desfibriladores", y remite a un reglamento del mencionado Ministerio lo referente a los cursos, planes y programas que permitan la capacitación para el uso de ese tipo de aparatos.

-El remplazo del artículo transitorio.

Esas son las tres modificaciones que el referido órgano técnico propone rechazar, y, de consiguiente, irían a una Comisión Mixta.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Este asunto lo hemos debatido largamente.

Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión de Salud.

--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión de Salud.

El señor CHAHUÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La Sala ya aprobó el informe de la Comisión de Salud. En consecuencia, el proyecto debe ir a Comisión Mixta.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solo quiero explicarle a la Sala el sentido de tramitar el proyecto a Comisión Mixta.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, se trata de un proyecto que hemos impulsado desde hace muchísimo tiempo: ha estado cerca de cinco años tramitándose.

Ocurre que la Cámara de Diputados le introdujo una norma de carácter inconstitucional, pues para tratarla se requería el patrocinio del Ejecutivo. Dicho patrocinio podemos conseguirlo en la Comisión Mixta.

Por otro lado, se estableció la obligación de que dispongan de desfibriladores otros establecimientos.

Ahora bien, para resolver los problemas de constitucionalidad se acordó llevar el proyecto a Comisión Mixta, la cual sería citada para el 7 de enero. De esa manera se obtendrá el patrocinio del Ejecutivo que se necesita, y la iniciativa se despachará sin ningún vicio de constitucionalidad.

Se llegó a esa solución para los efectos de darle tranco acelerado pero certero a este proyecto de ley, por el que tanto hemos luchado.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Luego de la explicación de Su Señoría, todo el mundo ha quedado absolutamente compenetrado de esta materia.

Boletín N° 11245-17

DESIGNACIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Conforme a lo acordado hace un rato, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.245-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 82ª, en 17 de enero de 2018 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 22ª, en 6 de junio de 2018.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018.

Hacienda: sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018.

Discusión:

Sesión 23ª, en 12 de junio de 2018 (se aprueba en general).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 12 de junio de 2018.

La Comisión de Derechos Humanos deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1° y 8° y cuarto transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

--Se aprueban reglamentariamente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, que será puesta en discusión y votación oportunamente.

Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de las normas de su competencia, literal l) del artículo 3°; artículo 5°, y artículo cuarto transitorio, y no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. De estas enmiendas unánimes, la recaída en el artículo 9° requiere para su aprobación 25 votos favorables, por incidir en una norma de rango orgánico constitucional.

Con ese mismo quorum debe aprobarse el artículo 10, norma orgánica constitucional que no fue objeto de modificaciones en el segundo informe. Por otra parte, el artículo 12, que tampoco recibió enmiendas, es de quorum calificado, por lo que debe aprobarse con 22 votos favorables.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y el texto que quedaría de aprobarse esas modificaciones.

Nada más, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.

En discusión particular el proyecto.

Si le parece a la Sala, le daremos la palabra en primer lugar al Ministro señor Hernán Larraín, y luego abriremos la votación.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, le sugiero que abra la votación, pues, según lo que explicó el señor Secretario, podríamos pronunciarnos en un solo acto.

En tal sentido, habría que hacer sonar los timbres mientras interviene el señor Ministro.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Estamos precisamente en eso. Pero, como bien sabe Su Señoría, si abrimos la votación, el señor Ministro no podrá hacer uso de la palabra.

Ahora, si la Sala lo autoriza, podemos abrir la votación, y permitimos que el señor Ministro intervenga en primer lugar.

El señor PIZARRO.- Conforme.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así se acuerda.

Sí, les recuerdo a Sus Señorías que debemos votar aparte la enmienda que se aprobó por mayoría en la Comisión.

En votación las modificaciones aprobadas por unanimidad en el referido órgano técnico.

--(Durante la votación).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Según lo resuelto por la Sala, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, en mayo de 2017 ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual busca cumplir con lo dispuesto en el Protocolo Complementario que se estableció para acompañar y tornar más eficaz la Convención sobre Tortura y que fue ratificado por nuestro país en 2008.

En verdad, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la que hace menos de un mes cumplió setenta años, se ha considerado execrable la tortura. Por eso, plantea en su artículo 5° que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.".

Más adelante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos insistió en la misma materia para fortalecer el combate contra la tortura.

Finalmente, en 1987 se aprueba la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tiene un amplio respaldo internacional: 162 Estados la han ratificado, entre ellos, por cierto, se halla nuestro país, que lo hizo a fines de la década de los 80.

Sin embargo, la evidencia internacional ha constatado que los problemas de esta índole aún subsisten. Por ello, con el propósito de hacer más eficaz la Convención contra la Tortura, se firmó el Protocolo Facultativo del referido instrumento internacional, que ratificó nuestro país en 2008.

¿De qué se trata esto, señor Presidente? El mencionado Protocolo, fundamentalmente, se basa en el hecho de que las personas privadas de libertad, en amplio sentido, corren mayores peligros de sufrir torturas y otros malos tratos. Por lo tanto, al constatarse esas situaciones, en contextos de encierro (cárceles, centros de larga estadía para adultos mayores, hogares de menores, hospitales psiquiátricos) pueden surgir abusos por varias razones. En tal sentido, se pretende que haya una vigilancia independiente y externa que garantice que no ocurran esos hechos.

Aquello no nos es ajeno.

Sus Señorías recordarán el primer informe que realizó la fiscal judicial Maldonado en 2003, el cual estableció que en nuestros recintos penitenciarios se cometían tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto también lo reiteró la propia Corte Suprema en su último informe; y fue replicado en cierto modo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos al reiterar que todavía hay hechos específicos, concretos, reales que dan cuenta de tratos inhumanos, crueles o degradantes en nuestras cárceles.

Ciertamente, existe el esfuerzo y el compromiso por cambiar esa situación, desde muchas perspectivas.

Desde luego, a través de Gendarmería estamos inculcando, educando, formando en derechos humanos a los gendarmes y a todos quienes efectúan la labor penitenciaria. Estamos trabajando con ellos para evitar que tales acciones ocurran.

No obstante, lo que persigue el Protocolo que complementa la Convención sobre Tortura es instalar un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes con la finalidad de prevenir ese tipo abusos.

De hecho, mediante aquel instrumento se crean dos organismos: un Subcomité para la Prevención de la Tortura, de alcance internacional, y Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, que han de trabajar en el territorio de cada Estado parte.

En 2009 nuestro país comunicó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos iba a ser el mecanismo preventivo nacional en la materia. Desde entonces ha estado trabajando y colaborando con Naciones Unidas para que se ratifique dicho Protocolo y pueda ser implementado.

Al respecto -y considero importante que Sus Señorías lo sepan-, debo señalar que Chile ha sido convocado y ha participado en diversas reuniones internacionales destinadas a promover la ratificación de la mencionada Convención en nuestra región, en el ámbito americano. Nuestro país ha sostenido reuniones bilaterales con Estados del Caribe como Jamaica, San Vicente y Santa Lucía, buscando convencerlos sobre la necesidad de ratificar la Convención. Chile es la única nación de la región que ha participado en esta iniciativa de difusión y de convencimiento.

Pues bien, el proyecto que ahora nos convoca tiene como propósito ratificar el compromiso de que haya un Instituto Nacional de Derechos Humanos que opere como el mecanismo preventivo de la tortura. No obstante, es importante aclarar que no es el Instituto el que va a asumir tal tarea. La iniciativa en comento crea, dentro de aquel, un Comité de Expertos que deberán realizar esa labor con independencia (el carácter de expertos es por la naturaleza de quienes van a llevar a cabo esa función), de manera que en forma libre, sin previo aviso puedan visitar periódicamente los recintos penitenciarios.

El referido organismo va a funcionar con bastante autonomía dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues se trata de que sus miembros no estén sometidos a presión alguna. Ello, por cierto, dentro del ámbito del Instituto, bajo las reglamentaciones que correspondan. Sin embargo -reitero-, gozarán de bastante independencia para los efectos de asegurar que se haga un buen trabajo.

Este proyecto -como señaló el señor Secretario- fue aprobado con las modificaciones que introdujo el Ejecutivo (muchas de ellas fueron consensuadas) prácticamente en todos los casos por unanimidad, salvo en una materia muy concreta.

Las indicaciones respectivas tenían como propósito mejorar el concepto de "lugar de privación de libertad"; aumentar la autonomía en la reglamentación de la organización interna y funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, e introducir algunas modificaciones relativas a las causales de cesación en el cargo de los expertos y expertas del mencionado Mecanismo.

Aquello ha permitido avanzar mucho. La iniciativa ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y ahora corresponde que el Senado haga lo propio.

Por último, quiero señalar que nosotros, por los compromisos internacionales que adquirimos, debemos rendir cuenta dentro de seis meses acerca de los avances respecto de las recomendaciones efectuadas por el Comité contra la Tortura, una de las cuales es, precisamente, tener aprobado e instalado el Mecanismo que se propone mediante este proyecto de ley.

Por lo tanto, estimamos importante que la Sala despache esta iniciativa, que apruebe su texto con las indicaciones que se presentaron, las cuales -reitero- en la mayoría de los casos fueron aprobadas por unanimidad, salvo una.

Así podremos continuar en este camino.

Creo que Chile, por muchas razones -no es del caso señalarlas ahora-, debe realizar un esfuerzo especial frente al compromiso con los derechos humanos. Nuestro país, desde hace algún tiempo, ha procurado ser un referente internacional en la promoción y protección de tales derechos.

Dar este paso en la forma como viene establecida esta iniciativa nos permitirá reafirmar esa posición. Por ello, le pedimos al Senado que tenga a bien darle su aprobación ojalá unánime.

Muchas gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Debo señalarle a la Sala que el Senador señor Kast retiró el voto de minoría que hizo presente en la Comisión.

En consecuencia, estamos votando todas las enmiendas, incluida la que íbamos a votar separadamente.

Los Senadores que están pareados pueden votar, pues se requiere quorum especial para su aprobación.

Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado puedo señalar que estuvimos varios meses tramitando este proyecto.

Principalmente, reconozco y valoro el trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, y, también, el del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de sus profesionales, quienes constantemente acudieron a las sesiones en que se discutieron las distintas indicaciones con el espíritu de mejorar esta iniciativa,

Con respecto a la ley en proyecto, una cuestión muy relevante es la definición de "lugar de privación de libertad", entendiéndose como tal "todo lugar inmueble o mueble, incluidos los medios de transporte, administrados y dirigidos por el Estado o por particulares que cumplan una función pública, que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de libertad, sea por orden de autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito, como resultado de una orden de arresto, detención, en tránsito, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, internación voluntaria o forzosa sea administrativa o judicial, como medida de protección, custodia o cualquier otra medida que impida su libre desplazamiento físico o que no se le permita abandonar libremente el lugar".

Menciono lo anterior porque, lamentablemente, en Chile tenemos una realidad según la cual en distintos recintos de privación de libertad, entendidos en ese amplio espectro, existen situaciones de vulneración de derechos humanos y de tortura, de malos tratos, de tratos degradantes o inhumanos.

Por ejemplo, situaciones que se presentan en hogares dependientes del SENAME; en las cárceles; en recintos donde las personas son detenidas, por la excesiva violencia policial que se ejerce en muchas ocasiones; en establecimientos para la estadía de adultos mayores o en hospitales para tratamiento de salud mental.

En todos aquellos lugares pueden existir o han existido lamentablemente en Chile situaciones de tortura, tal como se define y se entiende aquella en la concepción internacional de los derechos humanos.

Por lo tanto, constituye un avance en la institucionalidad de los derechos humanos en Chile el hecho de crear un Comité de Prevención contra la Tortura.

Como bien decía el Ministro Larraín, el mencionado Comité no está facultado para levantar querellas o denuncias judiciales -para eso existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos-, sino que se trata de un mecanismo de prevención, a los efectos de poder supervisar que aquellos recintos de privación de libertad respeten la dignidad humana de las personas, sean niños, adultos mayores, jóvenes, etcétera.

Por lo tanto, es un avance -insisto- en la institucionalidad nacional de los derechos humanos.

Tal como el 2018 creamos la Defensoría de la Niñez, que era una instancia que faltaba en la institucionalidad de derechos humanos para la infancia, ahora también estamos fortaleciendo nuestra institucionalidad con el establecimiento de un Comité de Prevención contra la Tortura.

Además, algo que estaba pendiente para el Estado de Chile -así lo ratificó en su último informe el organismo correspondiente de Naciones Unidas- era instituir un Comité de Prevención contra la Tortura que posibilitara avanzar en esta materia.

Por lo tanto, voto a favor. Y esperamos que también todo el Senado apruebe la presente iniciativa.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!

Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos vio este proyecto de ley. Sostuvimos un largo debate con la Subsecretaria pertinente.

El Comité de Prevención contra la Tortura estará compuesto por siete miembros seleccionados mediante la Alta Dirección Pública, los cuales serán propuestos al Consejo del Instituto, el que designará a los expertos por mayoría simple de sus integrantes.

Y lo que es muy importante, en su composición se deberá considerar el equilibrio de género, el enfoque multidisciplinario y la representación de los pueblos originarios y las minorías de nuestro país.

Creo que aquello es muy importante.

Además, el artículo 10 establece un fuero. Yo quiero advertir: ninguno de los miembros del Comité de Prevención contra la Tortura va a poder ser detenido arbitrariamente, salvo infracción flagrante, lo que les otorga una condición muy especial para constituirse en cualquier recinto donde se presuma la detención arbitraria o la ejecución de torturas.

Lo anterior va a coadyuvar a que las fuerzas públicas (Carabineros de Chile, por ejemplo) ejerzan su función de resguardo público sin el uso indebido de la fuerza, y los miembros del Comité deberán ser respetados. Hasta ahora, este era un mecanismo complejo. Pero este fuero hará que sean respetados -es muy similar al fuero parlamentario-, salvo que sean sorprendidos en delito flagrante. Porque nada sacamos con tener un Comité de Prevención contra la Tortura si este no posee la facultad de alzar su voz, de constituirse, y si sus expertos reciben presión del Gobierno de turno en el sentido de encarcelarlos, de acusarlos, de realizarles un montaje.

Para la formación de causa se requiere, entonces, presentar los antecedentes ante el tribunal de alzada pertinente en contra de alguno de sus miembros. Tal procedimiento garantiza una tarea independiente, a conciencia y con idoneidad, situación que está preservada asimismo por la manera de elegir a sus integrantes.

Considero que Chile debe ratificar el establecimiento de esta instancia. Es un avance muy notorio.

Y creo que se debe educar a la fuerza pública -Carabineros de Chile- y a todas las instituciones en el sentido de que el Comité de Prevención contra la Tortura posee las facultades mencionadas, de manera de facilitar el ejercicio de su labor. Es una tarea pedagógica del Estado.

La nueva institucionalidad debe ser transmitida a través de métodos educativos, pedagógicos, a todos los funcionarios públicos -¡a todos!-, a fin de que puedan conocer que se está actuando con el respaldo de la ley.

Votaré a favor, señor Presidente.

Espero que el Senado apruebe el proyecto. Es un gran paso. Esta iniciativa venía tramitándose desde hace tiempo, y la estamos aprobando en este Gobierno. Me alegra, señor Presidente, que sea promulgado en un Gobierno de Derecha y que se cuente con su apoyo para establecer una medida como la descrita. Esto favorece la convivencia de todos, sin distingos.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

Voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, seré muy breve.

Hemos dado la unanimidad para poder ver ahora este proyecto de ley que, sin lugar a dudas, constituye un buen avance para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga participación efectiva en la prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Ha explicado bien el Ministro la nueva institucionalidad que se está estableciendo mediante la iniciativa y que ha revisado la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Creo importante que el Comité de Prevención contra la Tortura, que estará integrado por siete miembros, pueda recoger y armonizar, en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una política de erradicación de la tortura, malos tratos y otros tratos crueles y degradantes dentro de nuestra sociedad.

Hoy día ya no solo enfrentamos la tortura de Estado, que vimos durante mucho tiempo, desgraciadamente, en nuestro país, sino que además existe un conjunto de lugares, centros de detención principalmente, donde se están vulnerando los derechos humanos y donde hay tratos absolutamente degradantes hacia aquella población de chilenos y chilenas privada de libertad. No tienen por qué someterse a ese tipo de situaciones inhumanas. Lo mismo ocurre en hogares de menores.

Por tanto, señor Presidente, concurro con mi voto favorable.

Me parece relevante que hoy día el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea el que encabece este tipo de legislación. Estoy seguro de que habrá unanimidad, particularmente por parte de la bancada del Partido Socialista.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señor Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, este texto es el producto de la conversación permanente entre quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos del Senado; el Gobierno, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Acá ha habido una búsqueda permanente de acuerdos, de entendimiento, particularmente en lo que significó la definición de los conceptos ejes, reguladores de esta iniciativa de ley.

Fuimos muy acuciosos en definir, junto con el Instituto y el Gobierno, "tortura", "trato o pena cruel", "privación de libertad" y "lugar de privación de libertad". Estos conceptos fueron largamente controvertidos y debatidos, pero, finalmente, se consensuaron. Y en esto quiero reconocer la buena disposición de la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, y también de la directora y de los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos para avanzar en esta conceptualización y en una serie de disposiciones que se hallan consagradas, y que ya han señalado los Senadores Latorre y Navarro, integrantes de la Comisión.

Esperemos que este proyecto, una vez aprobado por el Senado, quede en condiciones de ser ley de la república, dado que estamos muy atrasados en este ámbito.

En tal sentido, a nivel internacional, a los delegados chilenos ante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se les consulta permanentemente acerca del avance de estas disposiciones.

En consecuencia, manifiesto mi voto a favor y mi total satisfacción por haber sacado adelante el trabajo en la Comisión, que no fue fácil, pero que contó con la disposición del Gobierno, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente quiero pedir a la Sala la fusión de unos proyectos de ley.

El Ejecutivo ingresó la iniciativa boletín N° 12.345-07 y solicito fusionarla con los proyectos correspondientes a los boletines Nos 10.745-07 y 10.746-07, que están en la Comisión de Derechos Humanos. Quería saber si ello es posible, con el acuerdo de la Sala, justamente por lo que estábamos conversando recién.

El señor INSULZA.- Pero estamos en votación, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es.

Aunque estaría terminada la votación. No hay más señoras Senadoras ni señores Senadores inscritos. En consecuencia, no habría problema en llegar a un acuerdo.

Si le parece a la Sala, ¿habría acuerdo en tal sentido?

Entonces, estaría acordado.

La señora MUÑOZ.- ¿Cuáles son los proyectos?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (30 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplen los quorums constitucionales exigidos, y queda despachada la iniciativa en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.

Se abstuvo el señor Ossandón.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Senadora señora Muñoz, ¿usted pidió la palabra?

La señora MUÑOZ.- Sí, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir, señora Senadora.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, como el Senador Chahuán realizó su solicitud en medio de la votación del proyecto -por cierto, estábamos ocupados de ese tema- y son iniciativas que se encuentran en la Comisión de Derechos Humanos, me gustaría -porque dio solo los números de boletín- que nos indicara los titulares, dado que ahora tenemos una agenda bastante liviana. Hemos despachado la gran mayoría de los proyectos. Estamos esperando los proyectos relacionados con el pueblo afrodescendiente y con el pueblo chango.

Entonces, no sé cuáles serán los otros proyectos respecto de los cuales hace su solicitud el Senador Chahuán.

Pido que nos dé los titulares, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Senadora señora Muñoz, no hay ningún problema en acceder a su solicitud una vez que hable el señor Ministro sobre la iniciativa que hemos votado.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, solo quiero agradecerle al Senado su buena acogida a este proyecto, que es importante para Chile.

También doy gracias a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, en la persona de su Presidenta, la Senadora Adriana Muñoz, quienes trabajaron para que la iniciativa mejorara. Y lo hicieron junto con nuestra Subsecretaria de Derechos Humanos, que lamentablemente se retiró pensando que el proyecto no se iba a alcanzar a tratar hoy día, considerando la forma de la votación y la discusión que hubo antes.

Yo le tuve más fe al Senado, recordando viejos tiempos. Por eso me quedé, teniendo la esperanza de que a última hora pudiera producirse su aprobación.

En consecuencia, le agradezco a usted, señor Presidente, y a todos por esta aprobación, que -repito- es importante para nuestro país.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sabemos y conocemos de su experiencia en estas materias. Por lo tanto, se logró aprobar el proyecto.

La Senadora señora Muñoz pidió que el Senador Chahuán dé cuenta de las iniciativas sobre las cuales hizo su solicitud y que se encuentran en la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, deseo precisar que el proyecto que mencioné entró a la Comisión de Constitución y no a la de Derechos Humanos.

El señor NAVARRO.- ¿Cuáles son?

El señor CHAHUÁN.- Corresponde a la iniciativa que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Entonces, lo que ha solicitado...

El señor CHAHUÁN.- Mi petición es que se fusionen los proyectos que están tramitándose en el Congreso en relación con la ley humanitaria, que ha ingresado el Ejecutivo en el día de hoy a través de un mensaje presidencial.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por lo tanto, lo que solicitó...

El señor CHAHUÁN.- Es la fusión de las iniciativas. Pero están en la Comisión de Constitución.

El señor INSULZA.- Con las mociones que hay.

El señor CHAHUÁN.- Con las mociones que están tramitándose en el Parlamento.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Senador señor Chahuán, usted nos pidió refundir dichos proyectos y que la iniciativa vaya a la Comisión de Derechos Humanos.

El señor CHAHUÁN.- No, señor Presidente.

Lo que acabo de señalar es que hay un mensaje presidencial que ingresó hoy día, y pedí que se puedan acumular las iniciativas que dicen relación sobre la misma materia en una misma Comisión.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay ningún problema.

No es necesario nombrarlos ni nada. Pero gracias, Senador señor Chahuán.

Estaría acordado.

La señora ALLENDE.- ¡Perdón!

La señora MUÑOZ.- ¡Presidente!

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz y, posteriormente, la Senadora señora Allende.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, esa iniciativa se relaciona con derechos humanos. Es una materia que puede ver Constitución, pero también nuestra Comisión.

Por lo tanto, solicito el acuerdo para que también vaya a la Comisión de Derechos Humanos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

La señora MUÑOZ.- Lo que no entendí es la nomenclatura que mencionó el Senador Chahuán.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, está acordado. No hay ningún problema.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, evidentemente, deseo respaldar la solicitud de la Senadora Muñoz en cuanto a que debe ir a la Comisión de Derechos Humanos. Pero quiero señalar lo siguiente.

Siempre es la Comisión que revisa los proyectos la que ve si es posible fusionarlos, pues esto no sucede automáticamente. Porque las iniciativas deben tener la misma raíz, tratar más o menos el mismo tema, el mismo fondo. Y si es factible, y esto es un trabajo de la Comisión, entonces esta toma un acuerdo que posteriormente se lleva a la Sala para que el Senado ratifique su propuesta.

Pero no me parece adecuado llegar y tomar un acuerdo de buenas a primeras cuando ni siquiera conocemos de qué proyecto estamos hablando.

Lo que sí me queda claro es que debe ir a la Comisión de Derechos Humanos, más allá de que actualmente esté en Constitución.

Lo que pido es que la Comisión de Derechos Humanos revise los proyectos y decida si son fusionables o no y que después de eso la Sala tome conocimiento y ratifique el acuerdo de la Comisión.

Ese es el procedimiento normal, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es, señora Senadora.

Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla, quien además preside la Comisión de Constitución.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, solo deseo consultar si es posible que la iniciativa pase primero por la Comisión de Derechos Humanos, en atención a la alta carga que tenemos en el mes de enero -estamos cerrando el año legislativo-, y después a la Comisión de Constitución.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señor Senador, comparto con usted el juicio en cuanto a que pase primero a la Comisión de Derechos Humanos. Es lo que han solicitado las Senadoras señoras Muñoz y Allende.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Habiéndose cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS

--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:

Del señor DE URRESTI:

A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, Alcalde de Río Bueno y Directores Nacionales de Obras Hidráulicas y de la Corporación Nacional Forestal, para que remitan antecedentes acerca de FISCALIZACIONES ANTE DENUNCIAS FORMULADAS POR CLUB DE BOTEROS DE RÍO BUENO FRENTE A EJECUCIÓN DE CUESTA SIN ACCESO FLUVIAL EN SECTOR PINDACO Y REMOCIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y DE MATERIAL ÁRIDO EN SECTOR COLHUE QUE TERMINARON EN DICHO CUERPO DE AGUA.

A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Obras Hidráulicas, a fin de que envíen diversa información relacionada con PARALIZACIÓN DE OBRAS DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL APR DE TRES VENTANAS, LA UNIÓN".

A los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, con el propósito de que informen respecto de CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN PREDIOS DE DIEZ AGRICULTORES DE PROVINCIA DE VALDIVIA A TRAVÉS DE PROYECTO "PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES PREDIALES EN LA AGRICULTURA DE LOS RÍOS".

A la señora Ministra del Medio Ambiente, solicitándole antecedentes sobre SITUACIÓN FORMAL DE PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR, SURGIDO DE RECATEGORIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE RESERVA FORESTAL ALACALUFES CON SUMA DE TERRENOS FISCALES Y PRIVADOS, EN REGIÓN DE MAGALLANES.

Al señor Contralor Regional de Los Ríos, reiterándole oficio acerca de TRAMITACIÓN DE ORDENANZA COMUNAL DE PROTECCIÓN DE HUMEDALES EMANADA DE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.

De la señora GOIC:

A la señora Intendenta de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, pidiéndole IMPLEMENTACIÓN DE PLAN REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS; DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS LABORALES Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIGRANTES; CONFORMACIÓN DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE DERECHOS DE TRABAJADORES MIGRANTES Y PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS, Y ELABORACIÓN DE PLAN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A TRABAJADORES MIGRANTES Y VÍCTIMAS DE DELITO DE TRATA DE PERSONAS.

Del señor INSULZA:

Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole que informe sobre FACTIBILIDAD DE AUMENTO, HASTA CUATRO VECES AL AÑO, DE SUBASTAS DE CARGA DE REZAGO QUE YACEN EN INTERIOR DE PUERTO DE ARICA Y DE SU REALIZACIÓN EN DICHO RECINTO PORTUARIO; y acerca de SITUACIÓN DE CARGAS PELIGROSAS.

Al señor Tesorero Regional de Arica y Parinacota, para que remita antecedentes sobre CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA A LOS QUE SE LES BONIFICA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN ZONAS EXTREMAS, SEÑALANDO A QUÉ RUBROS PERTENECEN Y EL MONTO DE DICHO BENEFICIO.

Al señor Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Arica y Parinacota, requiriéndole antecedentes relativos a NÚMERO DE CONTRIBUYENTES EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, IDENTIFICANDO CUÁNTOS SON PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, E INDICANDO CUÁNTOS PRESENTAN MOVIMIENTO TRIBUTARIO (F29) DURANTE ÚLTIMO AÑO CALENDARIO, CON SEPARACIÓN POR RUBROS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Del señor LATORRE:

Al señor Ministro de Salud, solicitándole informe sobre SITUACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. PHILIPPE PINEL, DE PUTAENDO.

A los señores Seremi de Obras Públicas y Director de Aguas de la Región de Valparaíso, a fin de que entreguen antecedentes pormenorizados sobre BALANCE HÍDRICO ACTUALIZADO A 2018 RESPECTO DE PROVINCIA DE PETORCA.

A los señores Seremi de Obras Públicas y Director de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaíso, requiriéndoles DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL.

Del señor SANDOVAL:

A las señoras Alcaldesas y a los señores Alcaldes de Putre, Camarones, General Lagos, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Pica, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Alto del Carmen, Freirina, La Higuera, Paihuano, Río Hurtado, Juan Fernández, Calle Larga, Rinconada, Panquehue, Coínco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumanque, Empedrado, Pelluhue, Hualañé, Rauco, Vichuquén, Contulmo, Hualpén, Tirúa, Antuco, Quilaco, San Rosendo, Alto Biobío, Cobquecura, Ninhue, Pemuco, Portezuelo, Ránquil, San Fabián, Trehuaco, Curarrehue, Melipeuco, Perquenco, Cholchol, Ercilla, Los Sauces, Renaico, Corral, Máfil, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú, Palena, Lago Verde, Guaitecas, Cochrane, O'Higgins, Tortel, Chile Chico, Río Ibáñez, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, Torres del Paine y Alhué, consultándoles por PUESTA EN MARCHA DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL CREADOS EN VIRTUD DE LEY N° 20.554.

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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 19:16.

Daniel Venegas Palominos,

Jefe de la Redacción subrogante