Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 1ª, en martes 12 de marzo de 2019
Ordinaria
(De 16:14 a 19:31)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS Y JAIME QUINTANA
LEAL, PRESIDENTES; SEÑORES CARLOS BIANCHI CHELECH Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTES, Y JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIA, LA SEÑORA XIMENA BELMAR STEGMANN, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; Secretaria General de Gobierno, señora Cecilia Pérez Jara, y del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz.
Asimismo, se encontraba presente el Coordinador Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río.
Actuó de Secretaria General subrogante la señora Ximena Belmar Stegmann, y de Prosecretario subrogante, el señor Pedro Fadic Ruiz.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTA

El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 94ª, ordinaria, en 5 de marzo de 2019, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Hago presente a Sus Señorías que, mientras dure el concurso de Secretario General y de Prosecretario del Senado, ocuparán dichos cargos en calidad de subrogantes la señora Ximena Belmar y el señor Pedro Fadic, respectivamente.
¡La señora Ximena Belmar es la primera Secretaria General en la historia del Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario subrogante, don Pedro Fadic, para dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor FADIC (Prosecretario subrogante).- Gracias, señor Presidente.
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treintaiséis de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los veinte primeros hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín Nº 6.956-07).

2.- El que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior (boletín Nº 8.996-13).

3.- El que establece el Estatuto Chileno Antártico (boletín Nº 9.256-27).

4.- El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines números 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).

5.- El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley Nº 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín Nº 11.174-07).

6.- El que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A." (boletín Nº 11.554-05).

7.- El que implementa un sistema táctico de operación policial (boletín Nº 11.705-25).

8.- El que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (boletín Nº 11.747-03).

9.- El que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos (boletín Nº 11.818-25)

10.- El que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín Nº 11.822-04).

11.- El que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos (boletín Nº 11.882-06).

12.- El que fortalece la integridad pública (boletín Nº 11.883-06).

13.- El que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (boletín Nº 11.919-02).

14.- El que modifica la ley Nº 4.808, que reforma la Ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (boletín Nº 12.018-07).

15.- El que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (boletín Nº 12.025-03).

16.- El que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (boletines números 12.026-13, 11.655-13 y 11.671-13, refundidos).

17.- El que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y modifica normas legales que indica (boletín Nº 12.027-07).

18.- El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín 12.250-25).

19.- El que establece la Ley Nacional del Cáncer (boletín 12.292-11).

20.- El que modifica la ley Nº 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (boletín Nº 12.324-08).
Con los dieciséis siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que reforma el Código de Aguas (boletín Nº 7.543-12).

2.- Sobre migración y extranjería (boletín Nº 8.970-06).

3.- La que modifica la ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín Nº 9.170-23).

4.- Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (boletín Nº 11.077-07).

5.- La que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines números 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).

6.- La que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín Nº 11.175-01).

7.- La que modifica la ley Nº 20.370, que establece la Ley General de Educación, para incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica (boletines números 11.784-04, 11.803-04 y 12.022-04, refundidos).

8.- La que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín Nº 11.913-25).

9.- La que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (boletín 12.008-13).

10.- Sobre eficiencia energética (boletines números 12.058-08 y 11.489-09, refundidos).

11.- La que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud (boletín Nº 12.064-07).

12.- La que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (boletín Nº 12.118-04).

13.- La que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín Nº 12.192-25).

14.- La que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (boletín Nº 12.208-07).

15.- La que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (boletín 12.234-02).

16.- Sobre delitos ambientales y daño ambiental (boletín Nº 12.398-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica modificaciones a su propuesta, presentada al Senado el día 23 de enero recién pasado, sobre integración de la Comisión Nacional de Acreditación (boletín Nº S 2.047-05).
--Se manda agregar a sus antecedentes.
Con el segundo informa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 de la Constitución Política de la República, sobre las medidas adoptadas en virtud de las declaraciones de estados de excepción constitucional de catástrofe declarados durante el mes de febrero recién pasado.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero y el segundo comunica que no ha dado lugar a la solicitud del Senado para archivar los siguientes proyectos de ley:

1.- El que complementa la regulación de centros de acopio que indica (boletín Nº 9.047-21).

2.- El que modifica el Código Sanitario con el objeto de exigir que normas destinadas al consumo humano del agua consideren los estándares determinados por la Organización Mundial de la Salud (boletín Nº 9.285-11), y,

3.- El que establece el Día Nacional del Yoga (boletín Nº 9.695-29).
--Se toma conocimiento, se manda agregar a sus antecedentes y se devuelven los proyectos a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el primero, y a la Comisión de Salud, los individualizados en los números 2 y 3.
Con el tercero informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno (boletín Nº 10.625-17).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Del señor Contralor General de la República:
Informa, a solicitud del Senador señor Navarro, sobre el porcentaje de fondos del Gobierno Regional del Biobío considerados en el Presupuesto 2018 para la Corporación Teatro Regional del Biobío.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Informa, a solicitud del Senador señor Guillier, una serie de aspectos relativos a la muerte del señor Camilo Catrillanca.
Atiende preocupación, expresada por el Senador señor Bianchi, por la situación expuesta por los representantes de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, en cuanto a la desaparición de ganado en la zona.
Envía, en forma reservada, antecedentes pedidos por el Senador señor Latorre, acerca del número y el tipo de medidas cautelares decretadas y vigentes en favor de personas naturales y empresas forestales que se encuentran emplazadas en las Regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, cuyo origen se justifica en el conflicto territorial del pueblo mapuche.
Remite datos solicitados por el Senador señor Navarro, acerca de materias relativas a las denuncias y búsqueda de personas desaparecidas.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Da cuenta de la comunicación del Senador señor De Urresti en la que remite antecedentes sobre la reclamación de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral relativa a la construcción de un embarcadero en el sector La Aguada.
Del señor Ministro de Justicia:
Absuelve, en forma reservada, las inquietudes planteadas en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Rincón, Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Quinteros, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte un dispositivo permanente de atención de salud para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en los sistemas de protección o de reinserción juvenil aquejados de enfermedades crónicas o de situaciones médicas complejas, en cumplimiento a lo preceptuado por la Convención de Derechos del Niño (boletín Nº S 1.988-12).
Del señor Ministro de Salud:
Contesta el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Girardi, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que adopte diversas medidas ante la emergencia sanitaria que afecta a las comunas de Puchuncaví y Quintero (boletín Nº S 2.013-12).
Remite información, solicitada en nombre del Senador señor Quinteros, relativa a las medidas adoptadas para paliar la falta de personal no médico en los hospitales de Futaleufú, Palena y Chaitén.
Da cuenta de la inquietud del Senador señor Navarro acerca de casos de sarampión detectados en el año 2018, y respecto del proyecto realizado por el Cecosf Las Azaleas.
Hace llegar antecedentes referidos a las inquietudes de Sus Señorías que se consignan a continuación:
-Del Senador señor Navarro, sobre el aumento de casos de VIH en la Región del Biobío.
-Del mismo señor Senador, acerca de la posibilidad de realizar un perfil bioquímico del agua potable rural de la localidad de Quilacoya, comuna de Hualqui.
-Del Senador señor Pugh, referido a la alerta sanitaria decretada en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
-De la Senadora señora Allende, relativo a la contaminación del río Aconcagua, en el sector de la comuna de La Calera.
-Del Senador señor Chahuán, sobre el medicamento anticonceptivo Ciclomex 20 CD.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Envía nómina de personas que fueron capacitadas y recibieron su certificación en el marco del concurso público que señala, que fuera pedida por el Senador señor De Urresti.
Del señor Ministro (s) de Agricultura:
Responde oficio, del Senador señor De Urresti, sobre primer proyecto fotovoltaico de producción limpia en la provincia de Lago Ranco.
Del señor Ministro (s) de Economía, Fomento y Turismo:
Adjunta respuesta a la inquietud del Senador señor De Urresti respecto del estado de tramitación de la presentación de la empresa que señala.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Absuelve consulta del Senador señor Latorre relativa a la emergencia sanitaria y medioambiental ocurrida en la bahía de Quintero-Puchuncaví.
Envía información, solicitada por el Senador señor Navarro, sobre exonerados políticos.
Del señor Ministro (s) del Medio Ambiente:
Atiende preocupación del Senador señor De Urresti sobre la ejecución de los recursos para el estudio de la línea de base del humedal de Trumao, comuna de La Unión.
Informa, a requerimiento del mismo señor Senador, acerca de las denuncias efectuadas por los vecinos y el municipio de Los Lagos, a raíz de la eventual contaminación de una vertiente del sector Las Juntas.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Remite antecedentes, solicitados por el Senador señor Guillier, relativos a concesión de uso oneroso de terreno fiscal ubicado en la comuna de Tocopilla.
Contesta requerimiento del Senador señor De Urresti sobre la postulación de la persona que señala al registro de la Propiedad Irregular de la Región de Los Ríos.
Atiende consulta del Senador señor De Urresti sobre la situación del Parque Nacional Kawésqar tras la recategorización y ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes.
Envía información solicitada por el Senador señor Guillier relativa a la postulación realizada por la Cooperativa Cerrada de Vivienda Construyamos Juntos Ltda., para adquirir un inmueble destinado a fines sociales y de desarrollo comunitario en el sector de La Chimba, comuna de Antofagasta.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Responde consulta del Senador señor Araya sobre nombramiento de delegados presidenciales de Hacienda en distintas regiones.
Adjunta informe sobre ascensos pendientes en Gendarmería de Chile, cuestión planteada por el Senador señor Navarro.
Del señor Subsecretario de Educación:
Remite respuesta a la solicitud, planteada por el Senador señor Bianchi, de ejercer la facultad legal que permite a esa Cartera de Estado adecuar los criterios de distribución de presupuestos con el fin de mejorar y fortalecer a la Universidad de Magallanes.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Envía antecedentes solicitados por la Senadora señora Órdenes relacionados con el brote de virus ISA.
Del señor Jefe de Gabinete de la Policía de Investigaciones:
Atiende solicitud del Senador señor Navarro sobre ingreso de estudiantes a la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI.
De la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos:
Responde consulta de la Senadora señora Rincón sobre las acciones legales impetradas por la institución en favor de niños, niñas y adolescentes del pueblo mapuche.
Del señor Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo:
Atiende requerimiento de información de la Senadora señora Allende sobre acciones que se han desarrollado por el derrame de hidrocarburos en la localidad de Santa Julia, comuna de Quintero; avance del proyecto de una central termoeléctrica en Concón, y medidas adoptadas por el directorio de ENAP para cumplir con sus nuevas obligaciones relativas al medioambiente en consonancia con la reforma al gobierno corporativo de la empresa.
De la señora Directora Ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer:
Responde consulta del Senador señor Elizalde sobre la política laboral de feriados, oficinas regionales y criterios de desvinculación aplicados por la institución a contar del día 11 de marzo de 2018.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el 27 de junio como día nacional del trabajador del transporte público (boletín Nº 9.448-13).
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín Nº 9.404-12).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Chahuán, señoras Goic y Órdenes y señores Quinteros y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que establece el contrato del trabajador adulto mayor (boletín Nº 12.451-13).
De los Senadores señor Chahuán, señoras Goic y Órdenes y señores Quinteros y Sandoval, con la que dan inicio a un proyecto de ley que establece jornada de trabajo de los adultos mayores (boletín Nº 12.452-13).
De los Senadores señor Chahuán, señora Goic y señores Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que establece el derecho de los trabajadores a realizar, dentro de la jornada laboral, tres horas de actividad física cada semana (boletín Nº 12.453-13).
--Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto que modifica el artículo 133 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos con el objetivo de que la empresa distribuidora de electricidad sea obligada a costear el retiro y reposición de los empalmes, en los casos que indica (boletín Nº 12.447-08).
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de ley que establece la voluntariedad y gratuidad del cambio de medidor y empalme eléctrico, las condiciones de certificación de aquel y el resguardo a la intimidad de las personas (boletín Nº 12.459-08).
--Pasan a la Comisión de Minería y Energía.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Gullier, señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar todas las medidas necesarias para subsanar las distintas problemáticas que afectan a los usuarios del programa de becas de doctorado nacional, relativas a la disponibilidad de los beneficios complementarios, en cuanto a su otorgamiento, la restitución de la "ventanilla abierta", la redistribución del presupuesto anual de manera permanente, a fin de garantizar a todos los cohortes sus beneficios complementarios, y, finalmente, establecer espacios de participación real y efectiva entre los becarios y la Conicyt (boletín Nº S 2.051-12).
De los Senadores señor Pugh, señoras Aravena, Ebensperger, Goic y Órdenes y señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quinteros, Sandoval y Soria, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública realizar un estudio de carga demográfica para el territorio especial del archipiélago Juan Fernández (boletín Nº S 2.052-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
Comunicaciones
De la Excelentísima Corte Suprema, con la que informa que ha elegido integrante del Tribunal Calificador de Elecciones al señor Jorge Burgos Varela, ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, por medio de la cual informa que a contar del día 6 del mes en curso es representado por los Senadores señora Von Baer y señor Sandoval.
Del Comité Partido Por la Democracia, con la cual hace presente que durante el presente año será representado por los Senadores señora Órdenes y señor Girardi.
Del señor Prosecretario y Tesorero del Senado, mediante la que presenta su renuncia al cargo.
De la Comisión de Hacienda, por medio de la que informa que ha elegido Presidente al Senador señor Lagos.
Del Comité Demócrata Cristiano, mediante la cual informa que será representado por los Senadores señora Provoste y señor Huenchumilla.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que informa que ha elegido Presidente al Senador señor Harboe.
Del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, mediante la que da cuenta que este organismo ha elegido Presidente al Consejero Regional señor Rubén Berríos Camilo.
--Se toma conocimiento.
)---------------(

El señor FADIC (Prosecretario subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y modifica el cuerpo legal que indica (boletín Nº 11.951-31).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el segundo informa que ha aprobado, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley que reconoce la extinción de las etnias selk'nam (onas) y aónikenk (tehuelches) y autoriza erigir dos memoriales, en las comunas de Santiago y Porvenir (boletín Nº 5.203-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos relacionados con la mujer y la igualdad de género, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos (boletines Nos 7.606-07 y 9.936-07, refundidos).
--Queda para tabla.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.

RENUNCIA DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL SENADO

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Corresponde votar, en forma electrónica, la renuncia del señor Presidente y del señor Vicepresidente del Senado.

El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba la renuncia de la Mesa.


ELECCIÓN DE NUEVA MESA DEL SENADO

El señor MONTES (Presidente).- Corresponde elegir, en primer lugar, Presidente del Senado.
Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, propongo la candidatura del Senador Jaime Quintana para presidir esta Corporación.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, nosotros proponemos el nombre del Senador David Sandoval como candidato a Presidente del Senado.

El señor MONTES (Presidente).- En votación.
--(La señora Secretaria General subrogante procede a tomar la votación nominal).
--(Durante la votación).

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo me encuentro pareado con la Senadora Isabel Allende, quien por razones de salud no ha podido asistir.

El señor MONTES (Presidente saliente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente saliente).- Terminada la votación.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Resultado de la votación: por el Senador señor Jaime Quintana, 23 votos; por el Senador señor David Sandoval, 16 votos, y un pareo.
Votaron por el Senador señor Jaime Quintana las señoras Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por el Senador señor David Sandoval las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Kast, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.

El señor MONTES (Presidente saliente).- En consecuencia, queda elegido Presidente del Senado el Honorable señor Jaime Quintana.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
A continuación, corresponde elegir Vicepresidente de la Corporación.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, propongo al Senador señor Alfonso de Urresti Longton como Vicepresidente del Senado.

El señor MONTES (Presidente saliente).- Ha solicitado también la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, propongo para Vicepresidente de la Corporación al Senador Rafael Prohens Espinosa.

El señor MONTES (Presidente saliente).- En votación.
--(La señora Secretaria General procede a tomar la votación nominal).

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente saliente).- Terminada la votación.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Resultado de la votación: por el Senador señor Alfonso de Urresti, 23 votos; por el Senador señor Rafael Prohens, 17 votos, y un pareo.
Votaron por el Senador De Urresti las señoras Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria,
Votaron por el Senador señor Prohens las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval,
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.

El señor MONTES (Presidente saliente).- En consecuencia, queda elegido Vicepresidente del Senado el Honorable señor Alfonso de Urresti.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Por lo tanto, invito a los señores Jaime Quintana y Alfonso de Urresti a ocupar sus puestos en la testera.
--Los Senadores señores Jaime Quintana y Alfonso de Urresti suben a la testera.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor QUINTANA (Presidente).- Señores Senadores, Honorable Sala, quiero invitar a la testera al ex Presidente, Senador Carlos Montes, y al ex Vicepresidente, Senador Carlos Bianchi, para que reciban de la nueva Mesa el símbolo de la gestión que ellos han desarrollado, con mucho éxito, en el último año legislativo.
--Los Honorables señores Carlos Montes y Carlos Bianchi reciben sendas campanas de parte de los señores Presidente y Vicepresidente del Senado, respectivamente.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Enseguida, hará uso de la palabra el Presidente de la Corporación, Senador señor Jaime Quintana.

El señor QUINTANA (Presidente).- Señoras y señores Senadores, Ministros de Estado, Diputados y Diputadas, ex Ministros de Estado que nos acompañan en las tribunas, autoridades, amigas y amigos:
Quiero comenzar agradeciendo a las chilenas y chilenos y a todos quienes sin serlo de nacimiento han decidido forjar sus vidas en esta patria. A ellos nos debemos y son ellas y ellos quienes nos sitúan en este lugar y quienes le dan sentido a la actividad legislativa.
Agradezco también a las Senadoras y Senadores; a todos, pues la función que asumo desde este momento implica la representación del Senado en su conjunto. Con especial cariño agradezco a la bancada del Partido Por la Democracia, por haberme propuesto, y a las bancadas de la Democracia Cristiana, al Partido Socialista más Revolución Democrática y a los independientes, por haber elegido a dos Senadores de región. Junto con Alfonso de Urresti esperamos estar a la altura de dicha confianza, y pondremos en ello todo nuestro empeño.
Saludo y valoro la contribución que ha realizado a esta Corporación quien me antecedió, el Senador Carlos Montes.
Y, en nombre de todos quienes han liderado esta institución, quiero recordar en particular a uno de ellos, quien lamentablemente partió hace 37 años, tras el magnicidio ejecutado por la dictadura, según lo ha determinado la Justicia: don Eduardo Frei Montalva, ex Presidente del Senado y ex Presidente de la República,
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Vaya a él y a su familia nuestro homenaje y el aplauso de este Hemiciclo, del cual formó parte.
También saludo a las funcionarias y funcionarios del Senado, muchos de los cuales se encuentran en las tribunas, en representación de sus tres asociaciones. Son ustedes quienes hacen posible que esta Corporación logre desempeñar su labor, tan trascendental para el país.
El mismo saludo lo extiendo al personal y a los asesores de cada una de las Senadoras y Senadores.
Agradezco asimismo a mis familiares, quienes también me acompañan hoy: mi compañera Susana, mis padres y mis hijas. A estas últimas les envío un saludo a la distancia.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Mi último agradecimiento y reconocimiento es para La Araucanía. Gracias a todos los alcaldes, concejales, dirigentes mapuche, amigos y representantes de diversas organizaciones sociales y vecinales que se encuentran en las tribunas, entre ellas una institución que nos llena de orgullo: el Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Hace 208 años nace nuestro Congreso Nacional. En ese histórico momento, Juan Martínez de Rozas exigía a los congresistas "sinceridad, rectitud y firmeza". Estos pilares fundan nuestra historia y, en pleno siglo XXI, nos interpelan y nos desafían.
Recuperar ese sentido de inicios de la república es una de las tareas urgentes que nos corresponde asumir. Y así como hace dos siglos se discutía y aprobaba el fin de la esclavitud, hoy debemos ponernos a la vanguardia para enfrentar los urgentes desafíos de este tiempo.
La pregunta es, entonces: ¿qué vamos a hacer ahora para que el Senado deje un aporte trascendente en la formación del nuevo Chile que la sociedad está exigiendo?
Diferentes estudios de opinión, en nuestro país y en otras latitudes, han ido mostrando sostenidamente un aumento de la desafección de las ciudadanas y ciudadanos con la democracia como forma de gobierno y con instituciones como la nuestra.
A estas alturas no parece una novedad que el apoyo a la democracia en América Latina sea tan bajo y haya alcanzado en el 2018 solamente un 48 por ciento de respaldo, la peor cifra de los últimos 15 años.
Vivimos momentos complejos para la democracia en el mundo.
En diversos países, incluido el nuestro, surgen voces y opciones construidas desde el populismo, el racismo, la homofobia y el autoritarismo.
Para Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, los actos que erosionan las democracias parecen, por momentos, imperceptibles, pues se trata de pasos diminutos que por separado suenan insignificantes, pero que en los hechos son profundamente amenazantes.
Levitsky y Ziblatt, autores de Cómo mueren las democracias, advierten que es de suma relevancia que las propias organizaciones destinadas a preservar la democracia, como los partidos políticos y el Parlamento, asuman con coraje la tarea de alejar del poder al populismo y la demagogia.
Por eso los invito, como Senado democrático y lugar por excelencia del diálogo y el respeto entre las distintas miradas, a reafirmar nuestro compromiso con el avance y el fortalecimiento de la democracia.
Para ello quiero proponerles tres ejes de acción para el período que encabezaremos: modernización, vinculación con la sociedad e impulso de leyes que amplíen derechos y libertades.
El primero de los ejes que proponemos es la modernización del Senado.
Se trata de un desafío indispensable para tener una democracia participativa y conectada con lo que nos exige el siglo XXI.
Que hoy tengamos una de las legislaciones más rigurosas y modernas del mundo en materia de transparencia y probidad es fruto del trabajo de los últimos años. Me parece justo reconocer la labor de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien lideró históricos cambios en la apertura de las instituciones públicas y en la regulación y financiamiento de la actividad política.
Sin embargo, a pesar de las significativas mejoras, la ciudadanía nos exige ir más allá.
Por ello, propondremos a las Comisiones de Régimen Interior y de Ética y Transparencia la suscripción urgente de un convenio con el Consejo para la Transparencia, a fin de determinar las áreas en las que podemos y debemos seguir progresando.
Un Senado moderno debe ser eficiente. Para lograrlo se requieren algunas modificaciones orgánicas, partiendo por auditoría interna. No es posible que un área tan sensible para cualquier institución pública disponga de un solo funcionario a cargo.
Respecto a la tramitación de los proyectos de ley, junto con el riguroso ejercicio de revisión que se realiza en las comisiones es importante que todos los legisladores seamos muy prolijos con la admisibilidad de las mociones que presentamos. También es necesario revisar la figura de la "discusión inmediata", evaluando objetivamente su uso y resultados.
Además de valorar la creación de la Oficina de Presupuestos que lideró la Mesa encabezada por el Senador señor Montes, es pertinente explorar la instalación, al alero de la Biblioteca del Congreso Nacional, de una unidad que evalúe técnicamente los programas de los gobiernos en general. Es un contrasentido que la Dirección de Presupuestos tenga la exclusividad de esta tarea cuando es la misma institución la que participa en el diseño de esas políticas públicas.
Adicionalmente, impulsaremos el uso de herramientas digitales al interior de las Comisiones para eliminar progresivamente la votación a viva voz y disminuir significativamente el uso del papel.
En materia de comunicaciones, reforzaremos el uso de las redes sociales que tenemos a nuestra disposición, y que estamos subutilizando. Por ejemplo, a todos nos debería llamar la atención que el Senado no disponga de una cuenta en Facebook, la red social con más usuarios en Chile y en el mundo.
Lo haremos en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, de quienes también hemos recogido la idea de crear una vocería del Senado sobre los temas administrativos y técnicos que escapen a la esfera política, que la ciudadanía tiene todo el derecho a conocer, y en detalle.
El segundo eje de acción pretende establecer una vinculación decidida y horizontal con las ciudadanas y los ciudadanos. El Senado debe ser y debe sentirse como una institución que le pertenece a la comunidad.
En el mundo de hoy, es imposible legislar sin un diálogo y una retroalimentación constante con aquellos que nos han elegido.
Como medida inmediata, durante las próximas semanas realizaremos una consulta electrónica para conocer cuáles son los proyectos de ley más relevantes para la ciudadanía. En paralelo, potenciaremos la herramienta del Senador Virtual para ampliar la participación en la tramitación de los distintos proyectos de ley.
En el ámbito de la difusión de la labor que realizamos, una pieza clave es nuestro canal de televisión: TV Senado. Un canal que cuenta con excelentes profesionales y con equipamiento técnico de primer nivel, pero que presenta desafíos inmediatos en los que debemos trabajar colaborativamente con el objetivo de democratizar su contenido, ampliar su audiencia y explorar su tránsito hacia la señal abierta en el marco de la televisión digital.
Más foros de discusión y menos monólogos, más invitación a actores de la sociedad civil, a dirigentes de nuestras regiones, a mujeres y a jóvenes. Abramos las puertas; pero abramos también nuestras pantallas.
Durante los últimos meses hemos analizado experiencias internacionales con el objeto de adaptarlas a nuestro contexto. Por ejemplo, sería un tremendo avance que los ciudadanos, con un mínimo de firmas verificadas, pudieran exigir la realización de sesiones especiales, tal como sucede en el Parlamento británico. Para ello, examinaremos su viabilidad junto con la Comisión de Régimen Interior.
Tenemos un gran desafío para acercar a las nuevas generaciones a la labor legislativa. Para abordar esa brecha replicaremos, con algunas variaciones, un efectivo programa del Senado canadiense en donde, previo requerimiento, los parlamentarios visitan oficialmente escuelas, y agendan conversaciones digitales con grupos de estudiantes.
Y, por supuesto, seguiremos respaldando a nuestro Congreso del Futuro, iniciativa que nació de este Senado, que es admirada en otras latitudes, y que gracias a sus contenidos y debates ha sido clave para reunir en un mismo espacio a la ciencia, a la política, a la academia, al mundo privado y a la ciudadanía. Es más, me atrevería a decir que sin el Congreso del Futuro difícilmente tendríamos hoy en Chile un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El tercer eje de acción se relaciona con promover la discusión de proyectos de ley que amplíen derechos y libertades.
En el primer Congreso Nacional, de 1811, se hacía un extenso y profundo debate educativo tendiente a no segregar a los estudiantes indígenas y a incluirlos en las escuelas públicas. Fueron visionarios nuestros precursores: sabían que la Educación Pública de calidad era la base de nuestro desarrollo.
Hoy, cuando somos un Senado mucho más diverso y plural, no podemos ser menos que esos primeros congresistas.
En discusiones recientes al parecer se quiere volver al pasado. Sabiendo las implicancias de aquello, seguir insistiendo en terminar con la inclusión sería un error que podría condenar a nuestro país para siempre. El debate en torno al proyecto de Admisión Justa ha carecido, por parte de alguno de sus impulsores, de la rigurosidad que requiere.
Para ampliar derechos y libertades, cualquier país necesita un sistema tributario que combine los incentivos a la inversión y la justicia redistributiva. Si tenemos conciencia del grado de desigualdad en el que vivimos, con un índice de Gini similar al de Ruanda, no tenemos más alternativa que ser contrarios a una iniciativa que, en la práctica, y tal como está planteada, terminaría inyectando más recursos a quienes más tienen, considerando incluso que hace menos de cinco años, en este mismo Senado, se firmó un protocolo transversal, de Gobierno y Oposición, que establecía las bases de un modelo tributario de largo plazo.
Estamos disponibles para conversar, ¡sí! Y también para debatir. Pero no para retroceder en justicia social.
Derechos y libertades igualmente deben ir aparejados con seguridades. La seguridad pública ha de ser una prioridad. Y en este Congreso tenemos que estar siempre disponibles para debatir reformas a nuestras policías y para mejorar las estrategias de prevención de los delitos, del narcotráfico, y de la persecución de sus responsables. Esta es una materia que exige la mayor seriedad; no se pueden usar los miedos de las personas para criminalizar a los migrantes, a los pobres, a quienes simplemente tienen un color de piel o un aspecto diferente.
También tendremos interés prioritario en la discusión del proyecto de ley sobre pensiones, que en la actualidad se tramita en la Cámara, y sobre el cual el Gobierno ha manifestado su intención de despacharlo este año legislativo.
Es imperativo hacer un esfuerzo, junto con el Ejecutivo, para concretar una profunda reforma del régimen previsional que fortalezca el pilar solidario y nos encamine hacia un verdadero sistema mixto, sin perpetuar el modelo de las AFP. Para ello, como Mesa, pondremos todo nuestro empeño para contribuir al diálogo y al logro de acuerdos que sintonicen con los intereses de la gran mayoría de las chilenas y de los chilenos, especialmente de los adultos mayores.
Como Presidente de esta Corporación aspiro a que avancemos en el debate sobre una nueva Constitución. De una nacida en democracia, y que cuente con la legitimidad de origen y de ejercicio que toda Carta Magna requiere para poder ser llamada como tal.
En marzo de 2017 se presentó un proyecto de nueva Constitución, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se trata de un texto basado en la tradición constitucional chilena y en los resultados de los encuentros locales autoconvocados, pero que carece de una etapa de devolución, es decir, de consulta a quienes asistieron a la primera fase participativa.
Este proceso de retroalimentación no tiene como objetivo validar el texto constitucional propuesto, sino que recoger las críticas y las observaciones de los ciudadanos con el propósito de aumentar su legitimidad para continuar posteriormente la discusión legislativa. No podemos desentendernos de dicha responsabilidad histórica con el país.
Tengo la profunda convicción, al igual que muchos de ustedes, de que este año la Sala del Senado debe aprobar el proyecto de ley de matrimonio igualitario.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El Acuerdo de Unión Civil fue un gran avance legislativo, pero hoy estamos en condiciones de dar el salto final para garantizar los derechos de todas y de todos. Porque en Chile no hay personas ni grupos privilegiados: todos tenemos los mismos derechos; especialmente cuando se trata de algo tan importante como el derecho a amar y a formar familia con quien cada uno quiera.
Aprobar el matrimonio igualitario es un paso civilizatorio, un paso necesario si de verdad queremos hablar de derechos humanos sin exclusiones ni discriminaciones.
Nuestra labor es que estos cambios, que entregan derechos y amplían libertades, lleguen lo antes posible. Porque a veces se nos olvida que las mujeres chilenas debieron esperar 140 años de vida independiente para poder votar, y aún hoy, en pleno siglo XXI y pese al avance que significó la ley de interrupción del embarazo en tres causales, el Estado no les reconoce la capacidad de decidir con plena libertad sobre sus propios cuerpos y, en consecuencia, sobre sus propias opciones de vida.
Quiero reconocer la lucha de las mujeres, la lucha de todas las que, desde las marchas -como la histórica y emocionante manifestación de este pasado 8 de marzo-, desde sus trabajos, desde la intimidad de sus hogares o desde cualquier lugar, están haciendo que las cosas cambien, que las discriminaciones se visibilicen, que el acoso, que el abuso y que la muerte sean parte de una negra historia pasada. Pero de eso aún estamos lejos: muchas mujeres, día a día, siguen siendo violentadas de múltiples formas.
La ola feminista nos ha remecido y cuestionado desde las entrañas del sistema patriarcal, que hasta ahora, lamentablemente, prevalece en el mundo.
Pero también quisiera mencionar aquí a algunos que no suelen manifestarse, y que no por ello merecen ser invisibilizados.
No podemos olvidar, al momento de legislar, a los miles de compatriotas que aún viven en la pobreza, a las personas en situación de discapacidad y, por supuesto, a las niñas, a los niños y a los adolescentes de Chile.
Durante los últimos años hemos visto con horror casos de abusos contra niñas y niños, tanto por parte de miembros de sus familias como de autoridades religiosas y también del Estado.
Quiero reconocer la buena disposición con la que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha enfrentado este debate nacional, señalando que la infancia vulnerada es una prioridad del Ejecutivo. Asimismo, todos hemos sido testigos del ánimo diligente de nuestro excolega y hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien también ha tenido un rol central en la tramitación del proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores.
Para que existan leyes y programas que establezcan derechos y libertades se requieren dos condiciones esenciales: la economía debe crecer sostenidamente y, al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de cuidar el medioambiente en el que vivimos.
Ambas cosas no son incompatibles. Más bien, estamos convencidos de que el único camino posible para un desarrollo efectivo y duradero es la combinación de crecimiento y sustentabilidad. Y, en los próximos 12 meses, dos foros internacionales que tendrán lugar en nuestro país serán la oportunidad para demostrarlo: APEC y COP25.
Es tiempo quizás de que este Senado tenga una Comisión de Cambio Climático, como Colombia y México, cuya única misión sea minimizar los impactos negativos y anticiparse en la solución de los problemas locales con innovación, con participación de científicos y de los actores de la comunidad.
Y cuando hablamos de crecimiento y sustentabilidad, no puedo dejar de mencionar a la región en la que vivo y a la que represento.
En La Araucanía existe un conflicto de raíces históricas que afecta al pueblo mapuche y al pueblo chileno (porque en nuestra región coexisten dos naciones y más de dos culturas), que tiene en el Estado a su principal responsable y cuya solución de fondo es política y no policial.
El país no quiere que se presente como avance de política pública la creación de Comandos Jungla en territorios campesinos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El país quiere paz y desarrollo. No discursos bélicos donde se ponga al pueblo mapuche como terrorista. La Araucanía no es el Vietnam del 70.
No tengo tiempo, como quisiera, para referirme a los desafíos de cada una de las regiones, que, por cierto, son muy bien representadas en este Hemiciclo, pero sí puedo decir con claridad que Chile no va a dar un salto definitivo mientras no situemos como prioridad la descentralización efectiva y el desarrollo de cada territorio según sus particularidades, y se decidan los recursos en las regiones.
He planteado, estimados colegas, tres ejes de acción para un año de gestión: modernización, vinculación con la sociedad, y promoción de leyes que extiendan derechos, beneficios y libertades.
No es una tarea sencilla. No podemos hacerlo solos, necesitamos la colaboración activa de cada una y cada uno de ustedes.
Y no nos equivoquemos. Este llamado no busca que omitamos nuestras legítimas diferencias, sino al contrario. Como plantea la destacada politóloga belga Chantal Mouffe, la base de una democracia pluralista es el disenso -¡el disenso!-. Mouffe advierte que la democracia moderna radica en el reconocimiento y legitimación de la diferencia, y en la negativa a suprimirla mediante la imposición de cualquier orden autoritario.
Ustedes me conocen. No soy muy partidario de los consensos de la vieja política, pero sí de los acuerdos cuando estos persiguen el bienestar de la sociedad.
Hagamos de este Senado la cuna del respeto a la diferencia y del fomento a los valores democráticos. Tendremos la mejor disposición al diálogo y cooperación con el Gobierno para avanzar en la agenda legislativa.
La democracia requiere el buen funcionamiento y cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso, por supuesto en el marco de las diferentes miradas y del respeto a las decisiones mayoritarias del Parlamento. Para que efectivamente se respeten estas decisiones, es urgente que el Gobierno presente la reforma al Tribunal Constitucional,...
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
... un tribunal que ha hecho costumbre los fallos previsibles y marcados por definiciones políticas, acentuando con ello la desconfianza pública.
Presidente señor Piñera, cuidemos entre todos la democracia. La democracia se erosiona cada vez que se trata a los adversarios políticos como enemigos o como antipatriotas. En este Senado no hay ningún antipatriota, no hay nadie que quiera dañar a Chile.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Durante esta Presidencia, y sin transformar a este Senado en una trinchera, haremos los mayores esfuerzos para que tengamos una Oposición unida, coherente y articulada, con mínimos comunes en materia legislativa.
El mundo está enfrentando un renacimiento de los populismos, ya lo decíamos. Son movimientos que, enarbolando banderas de verdades absolutas y un discurso antipolítico, están comenzando a acorralar a nuestra democracia. Noticias falsas y denostación permanente a las instituciones parecen ser la fórmula perfecta para golpear al sistema político. Se trata de un riesgo, estimados colegas, para todas las bancadas de este Congreso.
Comencé este discurso citando a Rozas cuando inspiraba a los congresistas con tres palabras: "sinceridad, rectitud y firmeza".
Iniciamos un nuevo periodo legislativo y el país quiere que cada uno de sus representantes camine fielmente por ese ideario planteado a inicios de la República.
Sinceridad para decirles a los ciudadanos cuando nos equivocamos.
Sinceridad para hacer lo que prometimos en nuestras campañas.
Rectitud para cumplir en el Senado la voluntad popular y no la de los grupos económicos.
Rectitud para escuchar en el debate al que piensa distinto.
Firmeza para decir que no al populismo, de izquierda o de derecha.
Firmeza para rechazar tanto las desapariciones y asesinatos en dictadura, como el asesinato del Senador señor Jaime Guzmán en democracia.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Respetados señores Senadores y señoras Senadoras:
Ustedes me han honrado en designarme para presidir esta importante institución.
Pondré toda mi energía para fortalecer el Senado y abrir un camino para que las chilenas y los chilenos de cada rincón de la patria sientan orgullo por su democracia.
Sé que cada una y cada uno de ustedes pondrá su corazón y su mente en este esfuerzo, y así más temprano que tarde le diremos a Chile: ¡Para fortalecer la democracia, dimos todo; para debilitarla, nada!
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Estimados colegas, Honorable Sala, solicito autorización para que, posteriormente a la suspensión de la sesión que tendremos por veinte minutos, el Honorable señor Pizarro me reemplace en la testera.
Acordado.
--Pasará a dirigir la sesión el Senador señor Pizarro, en calidad de Presidente accidental, una vez que esta se reanude.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se suspende la sesión por veinte minutos.
)----------(
--Se suspendió a las 17:9.
--Se reanudó a las 17:37.
)-----------(

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Continúa la sesión.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos, hasta las 18 de hoy, martes 12 de marzo, en la Secretaría de la Comisión de Hacienda (boletín N° 11.882-06).

2.- Tratar en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 13 de marzo, los siguientes asuntos, siempre que se hubieren despachado las iniciativas signadas con los números 2 y 3 de la tabla:
-Proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín N° 12.192-25).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental (boletines Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Goic y señor Quinteros, en primer trámite constitucional, que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las isapres (boletín Nº 12.146-11).
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta (boletín N° 11.662-04).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile (boletín N° 6.110-24).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetado de la leche y productos lácteos (boletines Nos 11.417-01 y 11.661-11, refundidos).
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).
Nada más, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL


El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Senadoras señoras Goic, Muñoz y Rincón y de los Senadores señores Latorre y Letelier; en moción de las Senadoras señoras Allende, Goic y Muñoz y de los Senadores señores Latorre y Letelier, y en moción del Senador señor Letelier, de la Senadora señora Allende y de los Senadores señores De Urresti, Harboe y Lagos, sobre tutela laboral, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (12.322-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Goic, Muñoz, Rincón y señores Latorre y Letelier):
En primer trámite: sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (12.327-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz y señores Latorre y Letelier):
En primer trámite: sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (9.476-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Harboe, Lagos y Letelier):
En primer trámite: sesión 35ª, en 5 de agosto de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 88ª, en 15 de enero de 2019.
Discusión:
Sesiones 93ª, en 23 de enero de 2019 (el proyecto queda para segunda discusión en general); 94ª, en 5 de marzo de 2019 (se aprueba en general y queda aplazada la votación en particular).

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Cabe recordar a Sus Señorías que en sesión anterior se acordó el aplazamiento de la votación en particular. Esa es la situación en que estamos en estos momentos. Y tengo entendido que los miembros de la Comisión especialista junto con el señor Ministro del Trabajo iban a hacerle una propuesta a la Sala.
En tal sentido, le consulto a la Senadora señora Goic si se logró arribar a un acuerdo. De lo contrario, lisa y llanamente votaremos las dos indicaciones que se presentaron.


La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría, para un asunto previo.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la Senadora Goic me consultó si mantendríamos la indicación que presentamos con el Senador Elizalde. Al parecer, existiría acuerdo con el Gobierno. De ser así, nosotros la retiraríamos.
En todo caso, me gustaría que ello lo ratificara la Senadora Goic.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero agradecerle a la Senadora Rincón su disposición.
Con respecto a lo que plantea Su Señoría, debo señalar que acabamos de concordar una indicación. Y es para agregar a lo que ya aprobamos en general respecto del procedimiento de tutela laboral -hay que recordar que se trata de un texto interpretativo, que no innova en cuanto a lo se ha hecho hoy día- un artículo segundo, nuevo, que introduce las siguientes modificaciones al Código del Trabajo.
En primer lugar, se sustituye en el inciso quinto del artículo 486 las expresiones "Si actuando dentro del ámbito de sus atribuciones y sin perjuicio de sus facultades fiscalizadoras" por las siguientes: "Si actuando dentro del ámbito de sus atribuciones, señaladas en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, y de acuerdo a sus facultades fiscalizadoras e interpretativas a las que se refiere el artículo 505 de este Código".
Aquí, para decirlo en términos muy simples, se hace referencia a las atribuciones que hoy tiene la Dirección del Trabajo, que carece de facultades para pronunciarse en materia de fiscalización a los servicios públicos. De modo que se cita de modo expreso lo que en la actualidad establecen tanto la ley orgánica de la Dirección del Trabajo como el mismo Código Laboral.
Ello, para despejar cualquier duda que pudiera existir en el sentido de que aquí estábamos entregando nuevas atribuciones a dicho organismo. No es ese el objetivo de la ley en proyecto.
En segundo lugar, se agrega en el artículo 489 el siguiente inciso final, nuevo: "Tratándose de los funcionarios o trabajadores a los que se refiere el inciso segundo del artículo 1° de este Código, en caso de acogerse la denuncia no procederá el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, y el juez ordenará el pago de una indemnización que fijará, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.".
Aquello también busca clarificar que aquí, una vez hecha toda la investigación y determinada la sanción, no se puede dictaminar una doble indemnización.
Los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo establecen, respectivamente, la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de servicio. Y mal podríamos estar creando, por la vía de una ley interpretativa, una nueva indemnización que sabemos que hoy no tienen los funcionarios públicos.
Claro, a muchos nos gustaría que fuera así. Pero entendemos perfectamente que no es esta la fórmula para generar un beneficio nuevo. De modo que el texto consensuado nos parece adecuado.
Además, si esto genera acuerdo y le da tranquilidad al Ejecutivo en cuanto a que aquí no habrá una interpretación distinta de lo que ya se venía haciendo (no creamos nuevas atribuciones ni facultades), me parece que se halla dentro de nuestra competencia presentar la referida indicación.
Eso permitirá -tal como lo hemos conversado con el Ministro- que esta iniciativa se tramite con celeridad, con el respaldo ojalá de todos los Senadores que estamos en esta Sala y de los Diputados cuando lo debatan en su oportunidad.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Le pediría a la Honorable señora Goic que nos hiciera llegar el texto de la indicación para distribuirla al resto de los Senadores.
)------------(

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo, señor Francisco del Río.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
)--------------(

El señor GARCÍA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me gustaría que la Mesa, una vez que haya tomado conocimiento de la indicación pertinente, se pronunciara con respecto a su admisibilidad.
En la sesión anterior, cuando vimos esta iniciativa, pedí que antes de votarla en particular la analizara la Comisión de Hacienda, pues tengo la convicción de que, tal como viene, le estamos dando nuevas facultades a la Dirección del Trabajo. Además, es un proyecto que irroga gasto fiscal, y establece un beneficio que hoy día no existe.
Todo ello es materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Escuché recién a la Senadora Carolina Goic, y entiendo que de alguna manera la indicación que se estaría presentando trataría de obviar lo que señalo al darle a esta normativa el carácter de ley interpretativa. Pero me parece que en esto tenemos que ser rigurosos, bien aplicados, y si se requiere que esta iniciativa vaya a la Comisión de Hacienda, aunque nos demoremos un día más, considero necesario hacer ese trámite.
Por eso, desde mi punto de vista al menos, es muy importante la determinación que tome la Mesa al respecto.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Como todavía no llega la indicación respectiva, no podemos referirnos a su admisibilidad. Ello lo haremos cuando tengamos a la vista su texto.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- De otro lado, entiendo que la indicación será patrocinada por el Ejecutivo. En tal sentido, si el señor Ministro del Trabajo, don Nicolás Monckeberg, nos confirmara que eso es efectivo, obviaríamos lo relativo a la admisibilidad.
Ahora bien, el segundo punto que planteó Su Señoría tiene que ver con el envío del proyecto a la Comisión de Hacienda de todas maneras. Pero si el Ejecutivo patrocina la referida indicación y la Sala la aprueba, eso no sería necesario.
Así lo entiendo yo.

El señor GARCÍA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Le daré la palabra primero al Senador señor García para entender bien su petición.
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ciertamente, si el Gobierno patrocina la indicación, se cumple con el requisito de la admisibilidad, cuestión respecto de la cual estoy consultando.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, en verdad, discrepo sustantivamente de la afirmación o reflexión del Senador García. Las indicaciones respecto de este proyecto no requieren patrocinio del Ejecutivo, pues este no genera gasto de ninguna forma.
Hubo algunas personas cercanas al Ejecutivo -incluyendo al Ministro y a integrantes de la Comisión de Trabajo, entre ellos, el Senador Allamand- que plantearon una inquietud en cuanto a cómo podría llegar a interpretarse una facultad de tutela que incluyera a los trabajadores del sector público, en una materia que tiene que ver con qué indemnización se paga.
En el Código del Trabajo, que para efectos de los funcionarios públicos se aplica en forma supletoria, se establece una indemnización de un mes por cada año de servicio, con un tope de once meses, y se fijan otros criterios adicionales.
El Estatuto de los trabajadores del sector público contempla otra norma.
Aquello se deja claro para quienes tienen duda sobre el particular.
En lo personal, pienso que es innecesaria una disposición de esa índole. Pero en algunas ocasiones lo que abunda no daña.
Lo que hace la indicación en comento es dejar meridianamente despejada la inquietud del Senador García; es decir, si a un trabajador del sector público, sea cual fuera su calidad, se le reconoce su demanda, su reclamo, su denuncia y hay que otorgarle algún tipo de indemnización, lo que corresponde es aplicar lo que está en el respectivo Estatuto y no lo que establece el Código Laboral.
La duda tenía que ver con que ello pudiera interpretarse como la posibilidad de que los jueces determinaran una doble indemnización: la que consigne el Estatuto pertinente y, adicionalmente, la que señala el Código del Trabajo.
Esa es una de las materias que contiene la indicación, y no requiere patrocinio del Ejecutivo. El señor Ministro y sus asesores han concordado en que eso no es necesario, y más aún, porque a esta normativa se le da el carácter de ley interpretativa.
De otro lado, es del caso señalar que ya la Corte Suprema ha reconocido en sus fallos el derecho de tutela de los trabajadores del sector público. Lo hizo en 2014. Hay muchos precedentes al respecto.
Ahora bien, se generó cierta preocupación, por los problemas políticos que tenemos en nuestro país, respecto del Tribunal Constitucional, de cómo a juicio de algunos de nosotros a veces va más allá de sus atribuciones e invade espacios propios de la judicatura, de los tribunales de justicia.
Entonces, señor Presidente, entendemos que con el texto acordado logramos despejar las legítimas dudas que existían en la materia.
Sin embargo, en ningún caso -por lo menos, así se desprende de la conversación que sostuvimos con el Ministro- estuvo en duda que las dos indicaciones que se presentaron son de iniciativa de los parlamentarios, y permiten seguir adelante con este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo.
Digo aquello porque no ha estado en discusión, por lo menos en nuestra Comisión, ni de parte del Senador Allamand ni de ningún otro colega de Oposición, que el procedimiento de tutela laboral es un derecho que les asiste a todos los trabajadores del sector público.
Con la indicación propuesta se despejan las inquietudes que planteó el Senador García en su momento. Y, sobre la base de lo expuesto, estimamos que ella se puede votar.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, simplemente, deseo reafirmar el criterio señalado por los Senadores señora Goic y señor Letelier.
Básicamente, la indicación que hemos concordado tiene por objeto que queden establecidos, sin lugar a dudas, tres elementos particularmente importantes.
En primer lugar, despejar cualquier ámbito de duda respecto de que la tutela procede en el caso de los funcionarios públicos, cuestión que ha sido el origen de esta situación.
En segundo lugar, dejar consignado también que las atribuciones y la competencia de la Dirección del Trabajo no se extienden al ámbito público. Su competencia se halla relacionada precisamente con el sector privado y no con el público.
Y, en tercer lugar, como explicó con razón la Senadora Goic, aclarar una situación que podría haber sido particularmente compleja y, al mismo tiempo -por lo menos desde mi punto de vista-, haber generado una inconstitucionalidad manifiesta. Porque en el ámbito privado, cuando la tutela por derechos fundamentales se presenta simultánea o conjuntamente con un reclamo por despido, lo que procede es aplicar una doble sanción: una por la tutela de los derechos vulnerados y otra por el despido injustificado. Pero ocurre que el despido injustificado no es una figura que corresponda al Derecho Administrativo, sino que es propia del Derecho Privado.
En consecuencia, lo que estamos haciendo acá con la indicación propuesta, que explicó muy bien la Senadora Goic, es simplemente clarificar que en definitiva no corresponde una doble sanción, o la indemnización que mencioné, que -reitero- es propia del mundo privado.
Por eso creo que estamos en condiciones de aprobarla.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- No intervendré, señor Presidente, pues ya se dijo lo que yo pensaba señalar.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la misma línea que plantearon mis Honorables colegas de la Comisión de Trabajo, quiero expresar que este ha sido un asunto largamente debatido, y ambos sectores hemos tenido la voluntad de arribar a una norma que con claridad, con nitidez reponga el derecho de la tutela laboral para los funcionarios públicos, cuestión que había sido puesta en entredicho por una sentencia emanada del Tribunal Constitucional.
Las dos observaciones que hizo el Gobierno, relacionadas con las facultades de la Dirección del Trabajo y con la posible doble indemnización que se produciría, se hallan plasmadas en esta indicación. Y yo di el acuerdo para suscribirla. Sin embargo, quiero hacer presente que en el Código del Trabajo ambas disposiciones están nítidamente consagradas.
En el artículo 505 del Código del Trabajo, en lo que atañe a la tutela laboral, está absolutamente claro que la Dirección del Trabajo debe actuar de acuerdo con facultades que la ley le confiere para fiscalizar e interpretar. Y eso es lo mismo que dice la indicación. Entonces, aquí se reitera una disposición.
En el caso de la doble indemnización, ocurre lo mismo. Incluso, se citan los artículos pertinentes que contienen las normas sobre indemnización.
No obstante lo señalado, creo que es muy importante que la ley en proyecto se apruebe por unanimidad, dado que reviste la máxima importancia para la seguridad del trabajo y la integridad y los derechos fundamentales de los funcionarios públicos.
Vamos a votar a favor, haciendo el reparo de que resultan reiterativas las disposiciones contenidas en la indicación.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- No sé si el señor Ministro quiere hacer uso de la palabra.
Me dice que intervendrá después.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro y, en seguida, procederemos a pronunciarnos sobre la indicación.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no sé si los Comités nuestros tuvieron la posibilidad de participar en el acuerdo con la Oposición en busca del consenso.
Tengo en mis manos la indicación que presentó la Senadora Ximena Rincón, donde se señala que "se entenderán aplicables las normas de titularidad sindical en el procedimiento de tutela laboral a cualquier tipo de organización u asociación de trabajadores del sector público que se encuentre reconocida por el Estado.".

El señor LETELIER.- ¡Está retirada!

El señor NAVARRO.- Me dicen que fue retirada.
No sé si la Senadora Rincón la retiró. Yo la iba a apoyar.
Y hay otra indicación, firmada por los Senadores Coloma, Galilea...

El señor ALLAMAND.- También fue retirada.

El señor NAVARRO.- Me señalan que se retiró.
Entonces, ¿dónde está la indicación que se va a votar?
Este es un tema complejo.
La Oposición planteaba incorporar el pronunciamiento de la Contraloría General de la República. O sea,...

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Señor Senador, están repartiendo el texto de la indicación.

El señor NAVARRO.- Si me permite, quiero plantear lo siguiente.
La Senadora Goic, que preside la Comisión de Trabajo, muy gentilmente me ha explicado los alcances.
Tuvimos de por medio al Tribunal Constitucional. Y ello seguirá ocurriendo, pues, efectivamente, dicho tribunal ha actuado de manera política con la mayoría conformada a partir de la elección de Cristián Letelier, exmilitante de la UDI, de reconocida trayectoria y defensor de los valores conservadores de esta sociedad. Yo se los respeto. Pero en esta materia tanto los trabajadores que pueden votar por la UDI y Renovación Nacional o por el Socialismo y el progresismo se verán afectados.
Por tanto, pido que haya absoluta transparencia.
Hemos estado sujetos a una fuerte controversia pública con el tema de los llamados "medidores inteligentes". Yo pregunto: ¿inteligentes para quiénes? Cuando se vio la iniciativa en cuestión no todos los Senadores pudimos votar, pero al final el cuestionamiento es para todos, hayamos votado o no. Se nos exige que tengamos precisión en todo lo que salga de aquí, con o sin nuestro voto.
Me gustaría que la Senadora Goic pudiera explicarnos el alcance preciso de la indicación que ha sido consensuada, en relación con lo que buscábamos. Porque no se trataba solo de reponer un precepto invocado por la Corte Suprema, por los tribunales. Teníamos la posibilidad de establecer una norma de manera permanente que dejara fuera la interpretación de los tribunales. Lo que queremos es que exista la opción de la tutela laboral como un derecho fundamental.
La pregunta clave es: ¿esta indicación deja asentado tal derecho? Tenemos la posibilidad de legislar.
¿Los trabajadores deberán acudir a los tribunales para que ganen la tutela laboral y esta les sea aplicable o se va a incorporar el derecho a la tutela laboral como un derecho fundamental de manera permanente, dentro de la ley?
Yo soy partidario de lo último. Esta es la ocasión para hacerlo.
No podemos limitarnos a dejar las cosas como estaban, de plantear que primero tienen que recurrir a la Corte Suprema. Dicho sea de paso, señor Presidente, las estadísticas señalan que el 95 por ciento de los fallos son favorables a los empresarios. Eso es lo que hace la Corte Suprema en materia laboral. Todos los dictámenes conseguidos en las cortes de apelaciones sucumben, naufragan en la Corte Suprema, particularmente en la sala laboral. Y eso se ha venido repitiendo de manera sistemática.
No he participado en el debate de la Comisión de Trabajo. Y como se ha puesto mucha premura al proyecto, porque es importante, no ha habido ocasión de escuchar una discusión más amplia. Entonces, para que votemos de verdad informados y no tener que dar explicaciones como las que lamentablemente hemos escuchado en la Cámara de Diputados ("Es que no leí el proyecto"; "No tenía la información"; "No supe lo que voté"), lo cual no parece aceptable en materias tan sensibles como esta, y en ninguna que el Congreso despache para ser promulgada como ley, les pido a los integrantes de la Comisión de Trabajo, tanto de Oposición como de Gobierno, que nos precisen los alcances de la indicación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora! Eso nos resolvería todos los problemas que estamos discutiendo.
¡No más AFP!
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Antes de dar la palabra -se halla inscrito el Senador Galilea-, quiero señalar, para los efectos de los registros y a propósito de la última intervención, que llevamos varias sesiones discutiendo este asunto.
En tal sentido, hemos suspendido la votación; luego la aplazamos; hemos intentado buscar consenso; se ha vuelto a reunir la Comisión, y se ha dado un debate en esta Sala. Por tanto, le solicito a la Presidenta de la Comisión de Trabajo si después tiene a bien clarificar los temas y las dudas que planteó el Senador señor Navarro.
Tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, a propósito de la conversación que se ha dado respecto a la tutela laboral, deseo recordar lo expresado por el profesor Juan Carlos Ferrada, docente de la Universidad de Valparaíso -anteriormente se desempeñó en la Universidad Austral-, en una de las actividades de la Escuela Sindical de dicha casa de estudios, que trataba de ver por qué se justifica o no la diferencia en materia laboral entre el mundo privado y el mundo público.
El profesor Ferrada recordaba que la idea de nuestro Estatuto Administrativo se estableció en Chile a mediados del siglo XX, de acuerdo con el modelo francés. ¿Qué se buscaba con él? Que en el aparato estatal hubiera un cuerpo profesional, estable, que no estuviera sujeto a criterios del gobierno de turno y que contara con protección jurídica.
La idea -agregó en esa oportunidad- es que se ingresara a estos cargos por concursos públicos transparentes, con la garantía de acceder a una carrera funcionaria, es decir, con promociones y ascensos regidos legalmente y no por la voluntad de las jefaturas.
Añade que, como contraparte a estos derechos de los funcionarios, el Estado tendría la potestad disciplinaria sobre ellos, apelando al principio de tutela del interés público.
Ese es el origen y ahí está el por qué tenemos un Estatuto Administrativo para los funcionarios públicos y el Código del Trabajo para los empleados del mundo privado.
En cuanto a la tutela laboral -ya lo dijeron antes el Senador Allamand y otros colegas-, nadie discute el valor de la garantía laboral contenida en el artículo 19 de la Constitución. Pero estaba el tema del procedimiento que se había establecido en el Código del Trabajo y que claramente apelaba y hacía referencia al mundo privado.
Por eso, me parece correcto lo que se está acordando en esta indicación firmada en conjunto.
Fíjense que ya existen en el Estatuto Administrativo algunas normas que se pueden entender perfectamente como "tutela". La letra l) del artículo 84 habla derechamente de la protección a los funcionarios públicos en casos atentatorios a su dignidad y, además, específicamente considera el acoso sexual, que son normas que ahora de manera expresa se han incorporado al Código del Trabajo en lo que tiene que ver con tutela laboral.
Ahora bien, ¿cómo se resolvía esto? Yendo a los tribunales de justicia, a los tribunales laborales. O, como es el uso y costumbre, y como establece la ley respecto de los funcionarios públicos, lo lógico es seguir aplicando el Estatuto Administrativo.
Dicho cuerpo normativo, desde el artículo 124 en adelante fija sus procedimientos. El artículo 160 establece la posibilidad de concurrir a la Contraloría General de la República. Y, finalmente, la Constitución también considera la posibilidad del recurso de protección para concurrir a todo ello.
Me parece que este acuerdo aclara de manera sustantiva todas las dudas que existían. Por eso, dado que salvaguarda la orgánica de nuestro ordenamiento laboral tanto en lo público como en lo privado, pienso que se debe respaldar.
Anuncio mi voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Vamos a proceder a la votación de la indicación.
Le ruego a la señora Secretaria que dé lectura a la indicación. Parto de la base de que se han retirado las otras dos indicaciones presentadas.
Antes de ello, tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, coincido con lo que aquí se ha dicho. Esta es una ley interpretativa y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es interpretar, por vía legislativa, normas que ya existen.
En atención a lo anterior, no veo por qué razón deberían requerir patrocinio las indicaciones.
Sin embargo, confieso que, como esto puede pasar por el Tribunal Constitucional, me tranquilizaría mucho -o estaría mucho más entusiasmado- si el señor Ministro dijera que patrocina esta propuesta. Yo no quiero que el Tribunal Constitucional después nos salga con que la norma es inconstitucional porque no traía el patrocinio del Ejecutivo.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic, quien desea aclarar un par de puntos.

La señora GOIC.- Señor Presidente, no tengo ningún problema en reiterar lo que ya expliqué, a propósito de la consulta del Senador Navarro.
Creo que es importante tener claro qué estamos votando y por qué llegamos a un acuerdo, del que yo me alegro, porque considero que es una buena señal que todos reconozcamos que los trabajadores del sector público tienen derecho al procedimiento de tutela.
Con la fórmula planteada en la indicación no alteramos el texto aprobado en general, donde, tal como se puede ver en la página 1 del comparado, se establece que todas "Las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo" -son justamente las que se refieren al procedimiento de tutela- "son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1º del Código del Trabajo", para especificar aquellos que son parte del sector público.
Entonces, tenemos la tranquilidad de que lo que hacemos -estamos todos de acuerdo, y es lo que en esencia planteaba esta propuesta- es interpretar y clarificar que todos los trabajadores del sector público tienen derecho al procedimiento de tutela.
¿Qué plantea la indicación?
Por un lado, para resguardar una preocupación legítima que surgió en el sentido de que esto no significara nuevas atribuciones para la Dirección del Trabajo, se hace referencia a las atribuciones que hoy día tiene, que mal podrían ser respecto de funcionarios públicos porque en la actualidad no forman parte de sus competencias.
El segundo punto que incorporamos dice relación con la posibilidad de que se interpretara que había una doble indemnización. Los funcionarios públicos no tienen derecho ni a la indemnización sustitutiva del aviso previo ni a la indemnización por años de servicio -eso es lo que se establece-, pero sí a la que el juez ordenará -es lo que se señala al final del inciso-, que es una indemnización que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.
Lo que preocupaba a algunos era el riesgo de que hubiera una doble indemnización. Y ello no podría ser, tal como lo señalé en la intervención anterior. Ese es uno de los objetivos de nuestra propuesta, porque no tenemos iniciativa en esa materia. Entonces, lo dejamos explícito para tranquilidad de quienes creían que se podía generar una nueva indemnización.
Y a propósito de la intervención del Senador Navarro, especificamos el procedimiento de tutela como un derecho que también poseen los trabajadores del sector público. El señor PIZARRO (Presidente accidental).- A propósito de la intervención del Senador señor Insulza, la Mesa entiende que la indicación es admisible. Así me lo ha manifestado el propio señor Ministro, que apoya la indicación. En consecuencia, procederíamos a votar.
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, he pedido la palabra porque la idea es que nos pronunciemos comprendiendo exactamente bien qué estamos votando.
En primer lugar, entiendo que lo que se presentó fue un proyecto de ley interpretativa. En consecuencia, no estamos alterando para nada las disposiciones del Código del Trabajo, porque no estamos introduciendo ninguna disposición nueva respecto de esos artículos.
Lo que estamos constatando, a juicio de los autores del proyecto, es que ese artículo era dudoso, oscuro, contradictorio, que se prestaba para distintas interpretaciones. Por algo la Corte Suprema dijo "A" y el Tribunal Constitucional dijo "B". Con la norma propuesta estamos dándole el sentido correcto de interpretación en orden a que ese artículo se aplica a los funcionarios públicos. Hasta ahí estamos.
En cuanto al primer punto de la indicación, entiendo que estamos diciendo simplemente que la Dirección del Trabajo no tiene ninguna injerencia cuando se trata de empleados públicos.
Pero respecto del punto número dos me surge una duda, porque se señala que, tratándose de los funcionarios públicos, en caso de denuncia no procede el pago de indemnización (y señala los artículos pertinentes). Punto. Hasta ahí entiendo.
Pero termina esta indicación y señala: "y el juez ordenará" -o sea, una norma imperativa- "el pago de una indemnización que fijará" en una suma no inferior a seis meses, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene una norma que dispone que a los funcionarios públicos no se les aplica ninguna indemnización y después sostiene que el juez ordenará una indemnización?
¿A quién le va a pagar esa indemnización el juez? Porque dice "y el juez ordenará". Yo entiendo que no puede ser a los funcionarios públicos, porque anteriormente dijimos que no. Y si es a los funcionarios del sector privado, esa norma ya existe. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo una disposición que existe?
Solo pido una clarificación, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand para entregarle una explicación al Senador señor Huenchumilla.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, yo no sé si puedo dar una muy breve explicación o, fundamentalmente, reiterar aquello que expresaba la Senadora Goic.
En el mundo -por así decirlo- privado, cuando la acción de tutela va de la mano de una acción de despido injustificado, proceden dos indemnizaciones.
Por los derechos vulnerados, por la tutela propiamente tal, se establece una multa que va de seis a once indemnizaciones.
Pero adicionalmente, Senador Huenchumilla, en el mundo privado, cuando se plantea una vulneración de derechos con motivo de un despido injustificado, se produce una segunda indemnización, esta vez directamente por el despido injustificado, que es el famoso mes por año.
¿Por qué era necesario, como explicó la Senadora Goic, que lo aclaráramos? Porque en el mundo público no existe la figura del despido injustificado. Lo que hay es una figura administrativa que tiene que ver con las características de inamovilidad presentes en el mundo público.
Entonces, ocurre lo siguiente: como, en definitiva, estamos haciendo una extensión de las normas del mundo privado al mundo público, era importante hacer esa precisión.
Simplemente como sumario definitivo: siempre en el mundo privado es posible esta doble indemnización. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad del despido injustificado. Como en el mundo público no hay despido injustificado, entonces solamente subsiste la primera de las sanciones, por vulneración de derechos.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Procederíamos a votar la indicación.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo entiendo la voluntad, el ánimo y el espíritu de llegar a un acuerdo en esta materia. Pero también trataría de hacer las cosas de buena manera. Y creo que falta aclarar un par de cosas que, personalmente, me gustaría a lo menos plantear.
Considero que aquí hay dos cosas distintas.
Una, que está resuelta de buena forma, en cuanto a que, en virtud de esta norma, los derechos de los trabajadores o de los funcionarios públicos sean tutelables cuando hay -voy a usar esa expresión- una vulneración, lo que no se hacía, aunque me parece que legalmente se puede hacer.
Creo que eso es importante y, desde mi perspectiva, valida en parte la tesis del Tribunal Constitucional, tan largamente execrado en este Parlamento mañana, tarde y noche, en cuanto a que había que introducir alguna innovación para dar legitimidad.
Hasta ahí, no tenemos mucho problema. Uno podrá discutir o no, pero hay una línea de resolución bien planteada.
En segundo término, comparto el planteamiento del Senador Huenchumilla. Es una forma rara de legislar decir: "Respecto de esto no procede la indemnización, pero el juez tiene que fijarla dentro de determinadas características".
O sea, hablamos de otra indemnización. Y puede ser. Yo asumo que podemos estar generando una tercera -no sé; depende de la secuencia- categoría respecto de aquello que es indemnizable. De ser así, me parece -y le sugiero al Ejecutivo que lo considere aquí o en otra ocasión- que el proyecto debe ir a la Comisión de Hacienda.
Tratemos de hacer las cosas bien. No nos quejemos después si el Tribunal Constitucional señala: "Hay una norma constitucional según la cual cualquier iniciativa que irrogue o pueda irrogar gasto tiene que ir a un estudio financiero". Eso establece la Carta Fundamental: la de ahora, la de antes, las pretéritas, para que ningún señor Senador lo mencione como un problema del texto actual. Y es una norma sabia, que nadie había puesto en duda hasta ahora.
Entonces, si generamos un sistema mediante el cual se hacen tutelables determinados derechos, tengamos claro que estamos creando una nueva indemnización -tiene razón en eso el Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, porque ya dijimos que la otra no procedía. Entonces, esta indemnización ya no es la del Código del Trabajo, sino que nace de esta norma específica.
En ese caso, el proyecto a todo evento tiene que ir -y con mayor razón- a la Comisión de Hacienda, porque va a suponer necesariamente un gasto. En Hacienda -hay muchos parlamentarios que han estado en la Comisión- uno justamente ve el eventual impacto financiero de normas como la que nos ocupa. O sea, nadie puede decir que no va a haber ni un caso si hay 45 mil millones hoy día planteados en tribunales.
Señor Presidente, desde mi perspectiva, para que se haga bien esto, yo mejoraría la redacción de la indicación, pero, a todo evento, considero que debe ir a la Comisión de Hacienda, so pena de estar legislando en un sentido distinto de lo que la Constitución plantea.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Voy a ofrecerle la palabra a la Senadora señora Goic y luego al Senador señor Castro. Después procederemos a votar la indicación.
Si esta no se aprueba, nos pronunciaríamos por la sugerencia de enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda.
Puede intervenir la Honorable señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, solo quiero clarificar el asunto, porque según la interpretación de muchos no es necesario explicitar esto. Porque hoy día la situación es clara: los funcionarios públicos no tienen derecho a la indemnización por años de servicio ni a la indemnización sustitutiva del aviso previo. Eso estamos reiterando acá.
Pero todos estamos de acuerdo en que les asiste el derecho al procedimiento de tutela. Y el procedimiento de tutela les confiere derechos a todos, funcionarios del sector público, trabajadores del sector privado, a esta otra indemnización, que es la que debe fijar el juez.
Entonces, estamos clarificando eso: por el procedimiento de tutela y la vulneración de derechos fundamentales, hay una sanción. Y esa indemnización la tiene que fijar el juez para ambos tipos de trabajadores. Pero no puede haber una doble indemnización. No podríamos establecer acá otro beneficio.
¿Qué hace esta indicación? Reiterar que no podemos crear una nueva indemnización. Es justamente al revés de como se está entendiendo.
A mayor abundamiento, y para que no quede duda, quiero leer lo que hoy día establece el inciso tercero del artículo 489 de nuestro Código del Trabajo: "En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168" -162: sustitutiva del aviso previo, y 163: indemnizaciones por años de servicio- "y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.".
El texto replica, toma la misma redacción del Código del Trabajo, justamente para que no se preste para una interpretación distinta. Ese es el propósito de la indicación que acordamos.
Entonces, quiero clarificar: aquí no se crea una nueva indemnización. Por cierto, buscamos que no quede ningún espacio para una interpretación en ese sentido. Porque además entendemos que no lo podemos establecer por esta vía; eso de partida. Pero quiero especificar que no podría interpretarse que hay una doble indemnización en el caso de los funcionarios del sector público.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, entendiendo la necesidad de que un funcionario público tenga derecho al procedimiento de tutela laboral, a mí me preocupa lo siguiente.
La indicación señala: "y el juez ordenará el pago de una indemnización, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual".
Yo me pregunto: si un trabajador público o un funcionario municipal labora por un año en determinado servicio y demanda a su empleador o a su municipalidad, para ser más exactos, tendrá derecho a seis meses de indemnización. Considero que esta es demasiado alta, si se compara con lo que perciben los trabajadores de las empresas privadas.
A mi entender, el problema se soluciona fijando un rango de un mes a once meses, como máximo.

El señor LETELIER.- ¡Eso ya está en el Código del Trabajo!
La señora MUÑOZ.- Así es. ¡Lea el Código!

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- En su segunda intervención, ofrezco la palabra al Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, ahora ha quedado clarificado el punto, por lo menos para mí. Lo que pasa es que la explicación es mucho más clara que el texto de la indicación.
Entonces, la redacción no logra reflejar la claridad de la explicación de las señoras y señores Senadores...

El señor COLOMA.- ¡Estamos en problemas, entonces...!

El señor HUENCHUMILLA.- Me parece que a lo mejor esto podría arreglarse agregando el vocablo "solamente", de manera que se dijera: "y el juez ordenará solamente el pago de una indemnización".

El señor ALLAMAND.- Queda mejor.

El señor HUENCHUMILLA.- Si hubiera acuerdo, señor Presidente, podríamos resolver el tema.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Muchas gracias, señor Senador, por la acotación.

El señor HUENCHUMILLA.- Considero que de esa manera clarificamos la norma.
No sé si están de acuerdo los colegas Andrés Allamand y Carolina Goic.

La señora GOIC.- Hay acuerdo.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Vamos a conceder el uso de la palabra mientras los señores Senadores asimilan la propuesta que se ha formulado. Que cada cual la vea redactada en el texto que tienen en sus pupitres, de manera de saber si es posible aclarar todavía más el texto a la luz de las explicaciones que se han entregado.
El señor HUENCHUMILLA.- Hay acuerdo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Pero tengo solicitudes de uso de la palabra y veo ciertos gestos que me dan la impresión de que algunos señores Senadores quieren formular consultas.
Puede intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, comparto en esta ocasión lo planteado por el Senador Insulza. O sea, de oficio, no a petición de la Derecha ni de ningún parlamentario, el Tribunal Constitucional dictó la resolución que cuestionó la tutela. Porque precisamente tuvo la percepción y así falló. El punto es si no va a hacer de oficio una resolución sobre lo que estamos planteando. Por eso, el Ejecutivo debiera, si hay acuerdo, patrocinar la indicación.
Ahora, no tengo la certeza de que, aun cuando la patrocinara, el Tribunal Constitucional no pueda hacer observación constitucional de la norma interpretativa que estamos incorporando. Yo señalo que no podemos arriesgarnos a tratar de corregir y fallar.
Por tanto, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar aquello.
En la Sala hay connotados constitucionalistas y tienen el termómetro también del Tribunal.
Yo participo de todo lo que aquí se ha dicho: las explicaciones entregadas son más claras que el texto de la norma propuesta. Las normas constriñen. Es así.
Y se reitera -lo manifestó el Senador Castro- lo que ya se halla establecido: el mínimo de los seis meses. No lo vamos a cambiar: no de uno a once meses, sino de seis a once meses, como dice la actual legislación.
Pero en materia del Tribunal Constitucional, señor Presidente, debiéramos tener presente que puede actuar de oficio sobre la norma propuesta. No sé si alguien en la Sala pueda decir: "la última sentencia del Tribunal que cuestionó el procedimiento de tutela no volverá a repetirse". Ojalá que sea así.
Voy a votar a favor de la indicación en los términos en que se ha planteado, porque entendemos que es lo único que podemos
hacer, dentro de las limitadas facultades que tiene el Senado ante esta monarquía presidencial. Y esperamos que se corrija aquello.
Pero considero que el Ejecutivo debiera dar señales más claras. Yo quisiera escuchar, en ese sentido, lo que tiene que decir el señor Ministro.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, me parece que aquí hay consenso en cuanto a que los funcionarios públicos deben poder ejercer el derecho de tutela laboral o esta acción ante los tribunales correspondientes. No hay duda de ello.
Pero, estén o no estén de acuerdo todos los señores Senadores, el Tribunal Constitucional no lo considera de esa forma. Tanto es así que estamos frente al estudio de este proyecto.
Dicho eso, concuerdo con lo que señaló acá el Senador Coloma en el sentido de que esta indicación debiera pasar por la Comisión de Hacienda. Porque, si bien es cierto que la indemnización de seis a once meses existe actualmente, beneficia a quienes, con toda claridad, pueden ejercer el derecho de tutela; es decir, los trabajadores del mundo privado.
En consecuencia, si hoy día estamos extendiendo claramente, sin errores de interpretación, la tutela laboral a los funcionarios públicos, obviamente esta norma, cuando se ejerza la acción de tutela laboral ante los tribunales contra el Estado o contra los distintos servicios, puede generar eventuales recursos frente a esta indemnización. Reitero que ella existe actualmente; está inscrita tal cual en el Código del Trabajo. Pero, respecto de los funcionarios públicos, podemos tener la duda de si es nueva o no. Porque ya existen interpretaciones distintas de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en cuanto a si a cada uno de ellos le corresponde o no la tutela laboral.
Tanto es así que estamos planteando esta norma interpretativa, para que no exista duda alguna. Por ende, si queremos aclarar ese punto, hagámoslo como corresponde, para que no tengamos nuevamente interpretaciones distintas en nuestros tribunales.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra planteó un criterio que no comparto. El presente proyecto de ley tiene un carácter interpretativo. No estamos extendiendo ningún derecho.
Este derecho lo tienen los trabajadores del sector público. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia. Ha habido consenso en que esta no es una extensión de derechos de un procedimiento. Aquello está fuera de discusión. Lo señalo para la historia fidedigna de la ley.
Respecto a cuáles son los mecanismos que se aplican, el Código del Trabajo es supletorio a los estatutos. En lo que no está el Estatuto, el Código. La tutela está en el Código porque no está en los estatutos. Es decir, corre la tutela.
Hay dos materias que se hallan en discusión, y las generaron los colegas de Gobierno, porque para nosotros es absolutamente claro lo que son las normas de interpretación. Y el señor Ministro, con su asesor, a petición de las bancadas de Gobierno, accedió a esta indicación para que no hubiera dudas en cuanto a que no existe derecho a percibir una doble indemnización -en el texto queda claro que no hay tal derecho- y para reiterar normas existentes debido a que algunos pensaban que quizás la Corte Suprema o alguien podría interpretar que la Dirección del Trabajo posee atribuciones respecto a los trabajadores que se administran por estatutos.
Quiero decir, con todo respeto -no deseo usar una palabra que pueda ser ofensiva-, que se está siendo excesivamente reiterativo, cuando se les dieron los dos puntos que pedían, que eran innecesarios, a juicio nuestro. Pero los hemos concedido para que queden -yo diría- meridianamente tranquilos.
Les pediría a los miembros de las bancas de enfrente que integran la Comisión de Trabajo que hablen con sus colegas. Porque es muy curioso que algo que estaba acordado a petición de Senadores de Gobierno, que les concedimos, posteriormente se lo cuestionen ustedes mismos, en circunstancias de que su propio Ministro lo respalda. Lo que hemos hecho es postergar la discusión para no interpretarla de otra forma. ¿Por qué se accedió a esto? Porque algunos nos dicen bajo cuerda: "Si no, vamos a ir al Tribunal Constitucional".
Entonces, lo único que deseo plantear es que el texto es una norma interpretativa. Se han clarificado los dos temas y no hay derecho a acceder a una doble indemnización.
El Senador Allamand lo planteó como una inquietud. Entiendo que él está absolutamente satisfecho con eso. Se reiteran normas ya existentes. En ese sentido, pediría que se vote y que permitamos que esto avance, ya que tenemos otras normas que discutir.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- La Secretaría me informa que el Municipio de San Miguel fue el que hizo el requerimiento al Tribunal Constitucional, para los efectos de la historia.
Lo segundo es que, efectivamente, el Senador señor Allamand se nota muy satisfecho.
Lo tercero es que procederemos a votar la indicación con la sugerencia hecha por el Senador señor Huenchumilla.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, para que no haya dudas, la interpretación legislativa es absolutamente clara.
A la pregunta de si se aplica la tutela laboral o no, se responde: "Sí, se aplica". A la pregunta de si esto significa que el artículo 162 y 163 corren, se dice: "No, no corren". A la pregunta de si vale la indemnización del artículo 168, se contesta: "Sí, vale".
Eso estamos votando. Y si estamos de acuerdo, no existe ningún problema.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Está siguiendo la línea del Senador señor Huenchumilla en cuanto a que las explicaciones son más claras que lo escrito...
Procederemos a votar la indicación.
La señora Secretaria la leerá con el agregado de que el juez ordenará solamente el pago de una indemnización.
Perdón. Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, sugerimos señalar: "y la establecida en el artículo 163, en cuyo caso el juez ordenará el pago de una indemnización, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual".
Nos parece que eso clarifica...

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Se agrega "en cuyo caso" nomás.
La señora GOIC.- Así es, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Perfecto.
¿Hay acuerdo en esa última aclaración?
En votación la indicación.
Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación presentada, con las modificaciones indicadas por la Senadora señora Goic (27 votos a favor y 4 abstenciones), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Coloma, García y García-Huidobro.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.


El señor HUENCHUMILLA.- ¿Se supone que esto requiere el patrocinio del Ejecutivo, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- La Mesa lo declaró admisible, señor Senador. No hay inconvenientes al respecto.
El Gobierno manifestó su conformidad con la propuesta y de ello quedó constancia en el acta.

El señor COLOMA.- ¡Manifestó su conformidad...!

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- ¡Y entusiasmo, diría yo...! ¡El Ministro fue entusiasta...!
¡Hubo conformidad en algunos colegas...!
)---------(

El señor GUILLIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, disculpe la urgencia, pero la semana pasada veintiséis Senadores acordamos presentar un proyecto de acuerdo para mejorar la disponibilidad de beneficios complementarios de las becas del doctorado nacional de Conicyt, toda vez que se produjo en dicho organismo un problema de presupuesto, a raíz de lo cual algunos becarios quedaron fuera de tales beneficios.

El señor HARBOE.- Así es.

El señor GUILLIER.- Por lo tanto, solicito a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para votar el proyecto de acuerdo ahora, pues se trata de decisiones que se están tomando en estos momentos en Conicyt.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- El proyecto figura en la Cuenta de hoy.
Se requiere la unanimidad de la Sala para proceder a votarlo de inmediato. El proyecto de acuerdo se ve bastante completo.
¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en esos términos?

La señora EBENSPERGER.- Sí, señor Presidente.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Conforme.

El señor INSULZA.- Perfecto.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Acordado.



MEJORAMIENTOS A PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO NACIONAL DE CONICYT EN MATERIA DE DISPONIBILIDAD DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS PARA SUS POSTULANTES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Conforme a lo recién acordado, corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Guillier, señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar todas las medidas necesarias para subsanar las distintas problemáticas que afectan a los usuarios del programa de becas de doctorado nacional, relativas a la disponibilidad de los beneficios complementarios, en cuanto a su otorgamiento, la restitución de la "ventanilla abierta", la redistribución del presupuesto anual de manera permanente, a fin de garantizar a todos los cohortes sus beneficios complementarios, y, finalmente, establecer espacios de participación real y efectiva entre los becarios y la Conicyt.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.051-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 1ª, en 12 de marzo de 2019.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba, por unanimidad, el proyecto de acuerdo.
)----------(

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, hoy día en la Comisión de Salud acordamos unánimemente solicitar a la Sala que el proyecto sobre protección de la salud mental, que figura en el número 5 de la tabla de hoy y que se halla en segundo trámite constitucional, vuelva a dicho órgano técnico y se abra un nuevo plazo de indicaciones hasta el lunes 15 de abril.
Pido que recabe el acuerdo de la Sala en tal sentido.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la Senadora señora Goic?

El señor MONTES.- Sí.

El señor INSULZA.- Conforme.
--Así se acuerda.



PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE PARA PROMOVER LA INVERSIÓN


El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.747-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 94ª, en 5 de marzo de 2019.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- La Comisión de Economía consigna que, de acuerdo a lo señalado en el mensaje, el ordenamiento jurídico debe ser perfeccionado con el objeto de equilibrar debidamente la certeza jurídica que provee y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país, contexto en el cual los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
1. Disminuir plazos de tramitación, lo que reducirá el costo asociado.
2. Eliminar incertezas jurídicas.
3. Mejorar la información disponible para los inversionistas mineros.
El referido órgano técnico discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde, Galilea y Harboe.
Cabe tener presente que los artículos 6 y 7 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren, para su aprobación, 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 25 a 31 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Muchas gracias, señora Secretaria.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Economía, Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como lo ha relatado la señora Secretaria de la Corporación, este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, busca perfeccionar los textos legales que se indican para promover la inversión y, además, tiene urgencia calificada de "suma".
La iniciativa consta de siete artículos permanentes y dos transitorios y contiene normas de quorum especial.
El artículo 1 contempla tres modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
La primera se refiere a las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica de 3 megawatts .
Actualmente, la letra c) del artículo 10 de dicha ley establece que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) las centrales generadoras de energía mayores a 3 megavatios (millones de vatios).
En la época de la aprobación de la ley mencionada la única fuente importante de la matriz energética del país en la producción de energía eléctrica era la basada en petróleo (energía no renovable). Por tanto, cualquier planta que generara menos de 3 megawatts era mínima y no causaba impacto alguno.
Con la entrada en funcionamiento de todas las plantas de energía renovables no convencionales, varias que producen menos de 3 megawatts sí tienen impacto importante en el medioambiente (por ejemplo, las eólicas e incluso algunas hidráulicas). Conforme al parámetro legal vigente, estas no deben someterse a evaluación.
La propuesta contenida en el proyecto elimina el guarismo de los 3 megawatts establecido en la letra c) con respecto a la capacidad instalada para la generación de las centrales y plantas de energía eléctrica como requisito de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Será el reglamento -propone la iniciativa- el que dispondrá cuáles serán los proyectos de plantas generadoras de energía que deberán someterse al referido sistema.
Segunda enmienda: "ventanilla única".
Actualmente, varios servicios públicos, como la DGA o la Conaf, luego de que los inversionistas han obtenido la resolución de calificación ambiental (RCA), solicitan permisos ambientales sectoriales, exigiendo nuevas condiciones.
La propuesta que trae el proyecto en relación con tales permisos refuerza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como "ventanilla única", al indicarse expresamente en la futura ley que "La resolución de calificación ambiental contendrá los permisos ambientales sectoriales, los que se otorgarán dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre que sean compatibles con los plazos y procedimientos de éste y de acuerdo a lo señalado en el reglamento.".
Tercer aspecto: distinción entre tipos de fuentes.
En la actualidad, una actividad contaminante de pequeñas emisiones reduce su carga en la misma proporción que otra de grandes emisiones. El proyecto señala que ello resulta poco eficiente, ya que esta última debiese reducir sus emisiones en una proporción bastante mayor.
Con el fin de que todas las fuentes contaminantes que genera un proyecto disminuyan en la misma proporción, aun cuando se trate de una fuente que contamine muy poco y otra que contamine mucho, la propuesta establece la posibilidad de que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre tipos de fuentes en directa relación a su aporte contaminante, a efectos de fijar la proporción en que deben reducirse las emisiones de las distintas fuentes.
Así podrá ser corregida la fuente más contaminante en mayor proporción que la de menor contaminación.
Los artículos 2 y 3 modifican el decreto ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, y el Código de Minería en dos aspectos.
Primero, permite al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras las publicaciones en el Boletín Oficial de Minería (numeral 1 del artículo 2 y artículo 3).
Segundo, obliga a las empresas que tienen un contrato de arriendo con la Corfo y se dedican a la explotación del litio a entregar al Sernageomin un plan anual sobre las inversiones que realizan en cada uno de esos lugares, desde 2018 hasta 2030 (numeral 2 del artículo 2).
El artículo 4 enmienda el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, con tres objetivos.
Adapta la normativa para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación. Este instrumento deberá entregar, en formato de datos abiertos, información sobre la cantidad y el tipo de solicitudes que se presenten en cada dirección de obras municipales, el tiempo de su tramitación y la identidad de los solicitantes.
En la misma plataforma deberán tramitarse los reclamos que puedan presentarse ante la secretaría regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en contra de los actos de las direcciones de obras.
Y, tercero, obliga a hacer públicas las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos, y publicitar los permisos de edificación.
El artículo 5 modifica el Código de Aguas en tres puntos.
Establece que, por medio de un sistema informático de tramitación, será posible recibir y tramitar digitalmente las presentaciones que lleguen a la Dirección General de Aguas (DGA) relacionadas con la adquisición o el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Asimismo, permite la externalización de ciertos trámites ante la DGA respecto de determinadas obras mediante la creación de la figura de revisores externos.
Por último, para el caso de aprobación de obras de construcción, modificación y unificación de bocatomas, se regula la posibilidad de que la Dirección General de Aguas corrija los errores georreferenciales que se produzcan en las resoluciones, a solicitud del particular, y en la medida en que las obras no afecten la seguridad de terceros ni produzca la contaminación de las aguas.
El artículo 6 modifica el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
Se busca establecer que las municipalidades deberán otorgar de manera inmediata patente provisoria a los establecimientos que cumplan con los requisitos señalados, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente y siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicta al efecto.
Las municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito pertinente dentro de un plazo determinado, el que no podrá exceder de dos años, contados desde la fecha en que se entregue la patente provisoria.
Si transcurrido el plazo otorgado los contribuyentes no cumplen con todas las exigencias legales, la municipalidad deberá decretar la clausura del establecimiento.
Finalmente, el artículo 7 enmienda la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Para incrementar la cobertura y eficiencia en el uso de los recursos estatales en zonas con menor cobertura, permite la celebración de convenios interadministrativos entre todos los órganos del Estado. Empresas públicas y municipios podrán sustituir funciones materiales de otros servicios públicos. Asimismo, se proponen normas para exigir el cumplimiento de estos convenios.
De igual modo, para exigir el cumplimiento de tales convenios, se establece que este deberá ser incluido en los convenios de desempeño que suscribirá el jefe superior.
Existen dos disposiciones transitorias.
La primera señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos de las partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos. También se dispone que en los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva en cada partida.
La segunda propone que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo establezca, mediante decreto, la gradualidad de incorporación de las direcciones de obras municipales a la plataforma digital a que se refiere el artículo 4 de esta futura ley, pudiendo distinguir entre los distintos tipos de trámites.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Tal como ha dicho la señora Secretaria, la iniciativa fue aprobada en general en forma unánime en la Comisión respectiva. Sin embargo, existen diferencias respecto de los artículos en particular, ya que cada uno de los Senadores del órgano técnico ha manifestado reparos al texto propuesto por el Ejecutivo.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ofrece la palabra.

La señora RINCÓN.- Votemos, señor Presidente.

El señor OSSANDÓN.- Sí.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto que busca simplificar un conjunto de trámites para facilitar el desarrollo de nuevos negocios.
En ese escenario, lo primero que hay que decir es que nos encontramos en la discusión en general. Desde ese punto de vista, en el texto que vamos a aprobar hay muchas normas que son perfectibles, pero esos cambios los haremos durante el debate en particular.
Por de pronto, considero importante destacar la existencia o la motivación de la llamada "ventanilla única". Esta va a evitar lo que muchos emprendedores reclaman: la multiplicidad de ofertas del Estado. Van a un lado; los mandan para otro, y después para uno distinto.
Lo importante es que el Estado construya un back office, un sistema de trabajo interno, digital, que facilite el rol de los emprendedores. Se piensa que este tipo de sistemas se aplica, por ejemplo, solo en Santiago. ¡Vaya usted a ser emprendedor en regiones!
Mucha de la permisología radica en las capitales regionales. Pero hay otra respecto de la cual el director regional debe consultar a Santiago.
Entonces, existe un conjunto de problemas en ese ámbito.
Eso es bien destacable.
El segundo aspecto que me parece relevante es el que dice relación con las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se establece una serie de enmiendas en dicha materia, dado que hay dispersión en esos trámites.
Respecto de los permisos de obras, vean ustedes cuánto demora en desarrollarse un proyecto hoy día desde que se solicita la autorización hasta que se inicia la construcción, que genera mano de obra, empleo, dinamismo económico. El trámite es extremadamente largo y muchas veces, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, hace inviable desarrollar los negocios.
Hace un tiempo me contaba un señor que estaba construyendo un edificio que debía en forma obligatoria instalar un ascensor. Se lo exigieron al momento de pedir la autorización para avanzar en la obra. Pero había tres empresas de ascensores en Chile, todas operando en Santiago, ¡y le dijeron que recién en nueve meses estaría instalado el ascensor!
Desde el punto de vista financiero, de los sueldos, del trabajo, ¡era imposible sostener una situación semejante!
¡Y esa persona no era un empresario grande!
Me decía: "¡Cómo hago para poder cumplir con esa obligación que me exige el municipio, si la empresa me dilata nueve meses! ¡No tengo cómo cumplirla! ¡Me encarece los costos y hace inviable llevar adelante el proyecto!".
También se introducen modificaciones a la Ley de Rentas Municipales y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para mejorar la eficiencia en la tramitación interna entre los servicios públicos. En definitiva, se busca que los órganos del Estado tengan la obligación de coordinarse entre sí a efectos de dar una solución a los trámites que se están planteando.
Señor Presidente, creo que es importante señalar que este proyecto apunta en la dirección correcta. Probablemente, junto con otros Senadores y Senadoras, vamos a presentar indicaciones durante la discusión en particular. Pero, en esta etapa, voy a votar a favor de la idea de legislar.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, esta iniciativa, que perfecciona algunos textos legales para promover la inversión, fue discutida y aprobada en general unánimemente por la Comisión de Economía, que me toca también integrar.
Tal como lo han dicho los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra se trata de un proyecto misceláneo que aborda diversos ámbitos y cuerpos legales: Bases Generales del Medio Ambiente, Código de Minería, Dirección de Obras Municipales, Dirección General de Aguas, Rentas Municipales, Bases Generales de la Administración del Estado.
En ciertos casos, uno puede compartir mucho las propuestas; en otros casos, menos.
Quiero destacar algunos aspectos que me parecen relevantes y que debieran generar en forma efectiva un impacto significativo en la inversión.
Lo primero es la obligación legal para las direcciones de obras municipales de tener en línea todas las tramitaciones de sus proyectos. Esto, que se llama "DOM en línea", que es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo y que, afortunadamente, algunas municipalidades ya lo han implementado, tiene que ser el estándar nacional.
Esta propuesta de mejoramiento se cruza con una iniciativa que estamos viendo en la Comisión de Gobierno relativa a la digitalización del Estado de Chile, planteamiento que, por supuesto, aborda el quehacer de las direcciones de obras municipales y establece como plazo máximo para que esté digitalizado todo lo vinculado con el aparato estatal cuatro años contados desde la fecha de publicación de la referida ley.
Poner esto sobre la mesa implica que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tome este mandato legal como algo relevante y lo lleve a la práctica y que apoye, sobre todo, a las municipalidades pequeñas, que muchas veces no tienen las posibilidades tecnológicas ni financieras para hacer tal esfuerzo.
Bueno, de concretarse tal objetivo, me parece que estaríamos frente a un avance muy muy relevante en nuestro país.
Otro aspecto que me gustaría destacar es lo que se establece respecto de las rentas municipales; en especial, lo relativo al trámite de sacar patente.
Probablemente, muchos de nosotros hemos sido testigos de la realidad que afecta a montones de emprendedores que van a sacar patente a su respectivo municipio, sea cual sea, y se topan con un infierno de papeles y trámites antes de obtener el permiso.
Esta iniciativa de ley miscelánea propone que las municipalidades puedan otorgar una patente provisoria por un plazo de dos años.
La persona presentará los papeles mínimos que exigirá esta futura ley y la municipalidad le otorgará el permiso y la patente para operar, de modo que este emprendedor o empresario pueda inmediatamente empezar su actividad y posea un plazo razonable para cumplir cualquier papeleo que tenga que ir arreglando en el camino.
Finalmente, quiero hacer mención de la posibilidad que se establece en las modificaciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado en cuanto a la celebración de convenios entre servicios públicos. Esto, que probablemente no es tan relevante en ciudades grandes o lugares muy habitados, sí lo es para las zonas extremas de nuestro país y las comunas que están muy alejadas de los principales centros urbanos. Quizás allí haya una oficina del Registro Civil, pero no del Sernatur. Pues bien, ahora ambos organismos podrán interactuar y pedir que uno efectúe los servicios del otro. Y este ejemplo puede replicarse en un montón de otros ámbitos: en vivienda, en fin. Puede darse una variedad de asociaciones y convenios entre servicios, que serán obligatorios, los cuales buscarán llegar con buenos servicios -valga la redundancia- a los lugares más apartados de Chile.
Así que, más allá de las apreciaciones en cuanto a que estas normas tienen mayor o menor importancia, me parece necesario avanzar en esta materia, y por eso voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto, de promoción de la inversión, efectivamente va a favorecer a las regiones. Busca fortalecer la inversión, la competitividad y la productividad de la economía, equilibrando debidamente la certeza jurídica, por un lado, y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para el país, por el otro.
A través de diversas medidas vamos a simplificar los procedimientos que establecen las leyes vigentes, sin sacrificar la rigurosidad de ellas, y poner a disposición de los inversionistas sistemas digitales. Se tramitarán permisos, permitiendo la externalización de los servicios de revisión, con el fin de reducir lo más importante, como es el tiempo que dura la tramitación de los proyectos.
Quiero destacar, primero, la creación de una ventanilla única que hará posible que todos los proyectos, en especial los eléctricos, que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no tengan duplicidad en cada una de las gestiones que deban realizar.
Por otra parte, se va a complementar el catastro minero nacional, lo que, a mi juicio, es esencial, en especial en las regiones del norte de Chile.
Asimismo, las direcciones de obras municipales serán clave, fundamentalmente en lo que significa la digitalización de la información, estableciéndose la tramitación electrónica para emisión de certificados.
En la Ley sobre Rentas Municipales se definirá claramente que un pequeño empresario, un emprendedor dispondrá de dos años para operar con patente provisoria.
También se va a digitalizar el funcionamiento de la Dirección General de Aguas, en especial en lo relativo a los proyectos que se tramitan ante ella, perfeccionándose los mecanismos de aprobación de aquellos que se le presenten.
En general, las regiones que tienen una estrategia de desarrollo regional fundamentada, básicamente, en la dinamización de su economía en áreas como el turismo, la agricultura o la plataforma de servicios, con esta iniciativa de ley que incentiva la productividad y promueve la inversión consolidarán tal desarrollo y podrán generar más y mejores empleos.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, lo que estamos presenciando en este momento es el inicio de la transformación de nuestra sociedad, basada en papeles, a una sociedad digital. De hecho, son varios los Ministerios que se van a ver afectados.
¿Cuál es el comentario general y particular que uno puede hacer? Que existe la necesidad de avanzar en diferentes ámbitos, no solo en la transformación digital, en poner en marcha a Chile, sino también en proteger esta información. Y aquí surge, quizás, la mayor falencia: avanzamos muy rápido en lo digital y no nos preocupamos mucho de la seguridad de los datos, de la protección de los datos personales, ni de la capacidad que tenemos para cuidar nuestra infraestructura crítica.
Por lo tanto, debemos tener presente que toda iniciativa de ley que vaya en esa dirección requiere, necesariamente, respaldo legislativo para una ley marco de ciberseguridad, que es en lo que deseamos avanzar este año.
Llama la atención que por fin normas tan antiguas como una de 1960, sobre concesiones marítimas, también estén siendo consideradas. ¿Por qué? Porque al Estado le compete administrar y regular los terrenos y bienes situados dentro de las más altas mareas, los 80 metros, y en todas las riberas de los ríos y lagos del país. Efectivamente, los privados pueden hacer uso de ellos en la medida en que soliciten las concesiones marítimas correspondientes.
¿Qué se estaba promoviendo en el artículo Cuarto? Agregar un artículo 6° bis facultando al concesionario de una concesión marítima para dar en garantía su concesión y los bienes propios destinados a la explotación de esta. Vale decir, se reconoce el carácter comercial que puede tener una concesión marítima onerosa. Se trata de que la actividad cercana a ríos, lagos y especialmente al mar pueda ser impulsada.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque esto va destinado a regiones. Santiago tiene todo (la concentración del poder, el cien por ciento de las decisiones, más del 70 por ciento de los recursos), pero no tiene mar, no tiene la capacidad de dar eso que es tan importante. Y en las regiones sí se puede comenzar a avanzar en este ámbito.
En cuanto a posibilitarles a los emprendedores que hagan uso de tecnologías como la empresa en un click, efectivamente, el RUT se puede sacar a distancia con un click, se puede obtener un dominio de internet en NIC Chile en un par de minutos, pero la patente asociada a ese emprendimiento toma demasiado tiempo.
Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula para que, especialmente en la economía actual, en la economía del comercio electrónico, de las tecnologías digitales, donde una empresa a veces es un notebook, nada más, las personas puedan tener un domicilio electrónico, la capacidad de pagar su patente, como corresponde, pero a un click de distancia.
Por lo tanto, tenemos que avanzar bastante más en este ámbito.
Pienso que la transformación digital a que se ve sometida esta generación, que es brutal, que es profunda, debemos entenderla completa. Así, los procesos no pueden ser los mismos que había en papel, sino entender que las transformaciones deben ser llevadas a cabo de otra manera: procesos transaccionales en línea, y seguros. La ciberseguridad tiene que ser parte de todas las actividades que desarrollemos.
En general, adhiero plenamente a esta iniciativa y la voy a aprobar con mi voto.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero valorar que el Ejecutivo se haya hecho cargo de un compromiso importante que el Gobierno tiene, principalmente, con las micro y pequeñas empresas.
La cantidad de brechas existentes hoy día en la demora de los trámites es excesiva y el sentido de la oportunidad es importante cuando se trata de desarrollar un negocio. Los tiempos no son un tema menor, sobre todo en el ámbito de los permisos para formalizar actividades económicas.
Yo me alegro, como integrante de la Comisión de Vivienda, de que el "DOM en línea" sea un proyecto que esté llevando adelante con mucha fuerza el Ministerio de Vivienda con todas las direcciones de obras municipales en Chile. Es una realidad y conversa con este proyecto de ley.
Me preocupa que, de alguna manera -y en esto voy a ser bien transparente-, haya municipios que cuenten con un solo encargado como director y fiscalizador de patentes. O sea, en la práctica una misma persona hace todo el trabajo.
Entonces, muchas veces hay buenas intenciones legislativas, pero en la operación, diversos municipios, sobre todo los pequeños, no pueden aplicar efectivamente la ley del modo que se quiere para agilizar la tramitación de los asuntos sobre los que hoy día estamos legislando.
Esta es una ley miscelánea que se hace cargo de muchos aspectos que en la actualidad constituyen reclamos permanentes de los emprendedores. Estamos en una primera instancia, pero el Ejecutivo tiene que preocuparse sobremanera de cómo pasar del espacio de la legislación a la operativización y fiscalización de todas estas normas, que tienen una muy buena intención.
Sin embargo, tenemos ejemplos meritorios al respecto, como el Estatuto Mipyme, que se generó en Gobiernos anteriores. Es un programa extraordinario para agilizar y formalizar a la micro y pequeña empresa, pero, lamentablemente, no fue posible aplicarlo porque no hubo ni las personas, ni las capacitaciones, ni la transferencia de conocimiento suficientes para dicha normativa.
Por lo tanto, yo valoro y apruebo este proyecto, pero quiero dejar constancia de que resulta muy importante velar por su verdadera aplicación, lo que implica generar las condiciones y los recursos humanos necesarios para la implementación de esta futura legislación.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, las leyes misceláneas, que abordan varias materias y nos permiten, como este proyecto, facilitar trámites a los ciudadanos, son positivas. En lo personal, comparto la opinión de algunos que señalan que el nombre de esta iniciativa es muy rimbombante para lo que realmente contiene. Es decir, "mucho ruido, pocas nueces". Yo espero que en el debate logremos agregarle más nueces para que podamos superar una serie de burocracias o trámites que no siempre son tan claros.
Quiero poner un ejemplo respecto al funcionamiento de la Dirección General de Aguas.
Ocurre que en las comunas del secano costero de mi región -me imagino que es muy parecido al de muchas zonas del país-, cuando el dueño de un predio quiere realizar una inversión, una extensión de la ciudad, hace un pozo y, si encuentra agua, evidentemente debe inscribirla. Y todos sabemos que la inscripción de aguas ante la DGA no es un trámite breve. Adicionalmente, si esa persona quiere lotear, le corresponde hacer el proyecto de distribución de aguas, de alcantarillado. Para eso necesita un certificado de calidad del agua, lo cual también es necesario para asegurar que el recurso que existe en ese pozo sea potable. Y, por cierto, también debe presentar ese proyecto ante las autoridades de salud, la Dirección de Obras y otras entidades.
La pregunta es: ¿necesita esta persona ser titular de los derechos de agua al comenzar o al terminar el proyecto? Es evidente que necesita ser titular de los derechos de agua al término, porque, si no cuenta con ellos, no puede operar la planta y no puede vender sus condominios, sus casas, lo que sea. Corre el riesgo de la inversión. Pero lo que no debe ocurrir es que se esté exigiendo cierto requisito que no sea necesario al principio de un emprendimiento.
Uno no tiene por qué ser titular de los derechos de agua -me refiero al caso de un pozo profundo en la propiedad de una persona- sino hasta cuando los vaya a usar.
Y ejemplos como este podemos dar varios, señor Presidente. Cotidianamente, a muchos nos toca enfrentar peticiones que se realizan antes de tiempo. Por eso, espero que contemos con la posibilidad de ponerle más carne a este proyecto, para que efectivamente al ciudadano sencillo se le faciliten los trámites.
Existen otros casos similares, relacionados con vivienda y emprendimientos múltiples, donde a veces lo que se necesita es que se den autorizaciones o permisos condicionados a la efectiva puesta en ejecución del proyecto, la obra o la iniciativa de que se trate.
Votaré a favor de esta iniciativa en general. Creo que le falta harta más carne para el nombre rimbombante que ostenta, pero estoy seguro de que entre todos trataremos de encontrar mecanismos que permitan que efectivamente el emprendimiento en nuestro país sea más fácil para los chicos, para los pequeños, para los medianos, porque, sin duda, los grandes se las arreglan. Y también para que existan normas que se interpreten de la misma forma en todo Chile, ya que no resulta correcto que cuando uno va a una comuna o una región determinada ellas se interpreten de un modo y en otras comunas o regiones se interpreten de manera distinta. Creo que es el tipo de problemas que queremos superar.
Me parece que esta propuesta legislativa sienta las bases para algo que es útil. Sin embargo -reitero-, no sé si vaya a ser "el gran proyecto proinversión", sino más bien uno que elimina barreras burocráticas que a nadie ayudan.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, se ha dado, como norma general un tanto perversa, que en la tramitación de los proyectos no se cuente con participación ciudadana ni con nadie que no sea parlamentario, ministro o asesor.
Este proyecto plantea una intención que yo comparto: promover la inversión. Pero lo he dicho anteriormente: la inversión no debe ser a cualquier costo, porque se ha demostrado una y mil veces que cuando promovemos la inversión hay quienes aprovechan todas las ventanas, todas las ventanillas, todas las rendijas para sumar más contaminación y menos impuestos.
Tengo dudas en esta materia.
Primero, ni una organización ambiental ha sido partícipe del debate en general. No se han realizado audiencias públicas. ¡Debe haber audiencias públicas, señor Presidente! Hay que invitar a los actores involucrados. ¡No hay ningún alcalde que haya sido invitado! ¡Ningún concejal!
Respecto a las facultades que estamos entregando a los municipios, sobre todo en lo tocante al tema de la digitalización de la información, yo comparto con el Senador Pugh la necesidad de digitalizar. Pero en Chile hay 345 municipios. ¿Cuántos de ellos cuentan con la capacidad para entrar en este procedimiento que estamos exigiendo?
Más allá de eso, señor Presidente, me preocupa lo establecido en el artículo 1, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en cuanto a hacer desaparecer el guarismo de 3 megawatts como requisito para someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Esa es una resolución compleja. Nuestros parques nacionales, todas las zonas protegidas, han hecho diversas solicitudes sobre la materia, y eliminar de aquí en adelante los 3 megawatts traerá aparejado un cuestionamiento ambiental.
Del mismo modo, se habla de que el SEIA podrá distinguir entre distintos tipos de fuente, por razones ambientales, pero me preocupa que se diga "en directa relación a su aporte contaminante". ¡Señor Presidente! Presidí la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en varias oportunidades he presidido la del Senado. ¿Qué significa "en directa relación a su aporte contaminante"? ¿Quién hará la calificación?
En segundo término, se exige a las empresas que tienen contrato de arrendamiento con Corfo que se dedican a la explotación de litio entregar al Sernageomin un plan anual sobre las inversiones que realicen en cada uno de los lugares, del 2018 al 2030. ¡Plan anual! Señor Presidente, ¡la minería se planifica con procesos que van mucho más allá de un plan anual! Y la verdad es que la capacidad de fiscalización del Sernageomin, particularmente en materia de litio, no es la más adecuada. Me quiero referir, en especial, a Soquimich. ¿Le estamos diciendo que debe presentar un plan anual, cuando lo que queremos es que devuelva el recurso que les robó a todos los chilenos?
¿A quién le vamos a facilitar los trámites: a la pequeña minería del litio? ¿Existe pequeña minería del litio? Porque aquí la norma menciona, claramente, a ese mineral; no cita ningún otro. Dice: "Las empresas que poseen contratos de arriendo con la Corporación de Fomento de la Producción y que se dedican a la explotación del litio, deberán entregar al Servicio Nacional de Geología y Minería un plan anual". Me parece absolutamente insuficiente, conociendo los plazos que se manejan en el rubro de la minería.
Del mismo modo, en el proyecto hay modificaciones al Código de Aguas que son complejas. Por ejemplo, se "Permite la externalización de ciertos trámites de la DGA, respecto a determinadas obras, creando la figura de revisores externos".
Señor Presidente, la Dirección General de Aguas ha tenido largos problemas. Este Gobierno quiere entregar el agua a perpetuidad a privados que ya la tienen gratis y que se han enriquecido. Y ahora decimos que vamos a externalizar trámites de la DGA creando figuras de revisores externos, los cuales van a estar en un catastro. La Dirección no puede abandonar sus funciones básicas de fiscalización. Ya hemos tenido demasiados problemas en la aprobación de represas y de diversos proyectos relacionados con el agua como para permitir que algunos trámites se externalicen.
No estoy disponible para aprobar este proyecto, señor Presidente, si no hay claridad respecto de la DGA, cuya primera función es proteger el agua como un bien escaso y cada día más caro.
Del mismo modo, las modificaciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado permitirán que empresas públicas y municipios puedan sustituir funciones materiales de otros servicios públicos. La verdad, señor Presidente, es que si una empresa pública podrá ponerse de acuerdo con un municipio para sustituir funciones materiales de otros servicios, me gustaría saber exactamente cuáles serán estos y cuáles sus alcances, para que ello no quede en manos...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para concluir.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Decía que me gustaría saber cuáles van a ser esos servicios y cuál es el alcance de ello, para que no quede en manos de un reglamento.
Señor Presidente, el proyecto quiere acelerar el proceso, y cada vez que lo hacemos, el medio ambiente y la gente sufren porque no tienen capacidad de defensa.
En el informe no hay opiniones de quienes me habría gustado conocerlas: de ONG ambientalistas; de ciudadanos; de municipios; de la propia DGA, que no fue invitada a la elaboración de la iniciativa.
Debido a tantas dudas que genera respecto del cumplimiento estricto de las funciones del Estado en el cuidado del medio ambiente; en el resguardo de la protección de los ciudadanos, que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son meramente escuchados, voy a votar en contra de la idea de legislar, hasta que tengamos una explicación mucho más amplia en cuanto a los alcances precisos de esta iniciativa.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la iniciativa que debemos votar en general en la sesión de hoy busca fortalecer la inversión, la competitividad y la productividad de la economía, estableciendo un adecuado equilibrio entre la certeza jurídica y la rapidez, la agilidad que debe existir por parte de quienes demandan la ejecución de proyectos productivos con cierto grado de complejidad que son, sin duda, relevantes para la economía de nuestro país.
Es un proyecto que establece, en sus distintas propuestas, formas de simplificar los procedimientos -esto es muy importante- sin sacrificar la rigurosidad regulatoria que existe, y junto con esto incorpora instrumentos de carácter digital para que sean más rápidas las respuestas. De esta forma, obviamente se reducen los tiempos de espera; y estos proyectos, que son significativos para la economía, se puedan desarrollar con mayor celeridad.
Voté a favor en general en la Comisión, y lo voy a hacer hoy en la Sala del Senado. No obstante, es bien relevante establecer algunas precisiones.
La primera, como lo ha señalado el Senador Letelier, es que en cuanto al impacto real que tiene en la inversión, en la competitividad, en la productividad de la economía, este proyecto es más acotado de lo que, sin duda, sería nuestra legítima aspiración. Se plantean iniciativas específicas, concretas, que esperamos tengan un resultado positivo, pero que están muy lejos de la necesidad que existe en esta materia. Se requerirían propuestas adicionales, que tendrían que ser trabajadas con el Ejecutivo en el marco de su tramitación.
La segunda apunta a que es fundamental -en ese sentido la intervención del Senador Navarro ha sido muy relevante- que la celeridad de estos procesos no significara bajo ninguna circunstancia rebajar los estándares regulatorios, sobre todo en materia medioambiental.
Por ello, pese a que votaré a favor de la idea de legislar, tengo dudas respecto de la pertinencia de algunas normas específicas que tendrán que ser debatidas en la discusión en particular en la Comisión de Economía, de la cual formo parte, y que debieran ser corregidas para -reitero- evitar efectos perniciosos sobre el medio ambiente, estableciendo un delicado equilibrio entre la necesidad de mantener la rigurosidad regulatoria y contar con tiempos de respuesta mucho más acotados, incorporando, sobre todo, las nuevas tecnologías.
Por eso, voto a favor de la iniciativa en general.
Sin embargo, para la discusión en particular, teniendo dudas respecto de algunas propuestas específicas, me reservo la posibilidad de votar en contra de estas, salvo que, como fruto de la tramitación legislativa, sean corregidas en la Comisión de Economía antes de su discusión definitiva en la Sala del Senado.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, el Senador Navarro me inspiró para intervenir en este caso. Y no lo estoy diciendo en mala, o simplemente para contradecirlo, sino que para levantar un debate; pues ha planteado un tema que se encuentra en la raíz de esta discusión, y donde sí tenemos una diferencia importante.
Él dice: "Bien la inversión, pero no a cualquier costo". Lo que pasa es que nuestro país dice: "Coloquémosles todos los costos a la inversión". Y ahí es donde tenemos un punto de distancia y de diferencia.
Yo creo que la inversión es clave para el crecimiento, para el empleo, para el desarrollo del país, ¡clave! Y con eso no estoy diciendo ninguna cosa novedosa, sino que tratando de reiterar que no es un concepto vacuo, donde cada uno interpreta lo que quiere, ¡no! Los índices de crecimiento y desarrollo en Chile y el mundo van asociados a las tasas de inversión que se plantearon en su momento.
Aquí las materias de milagros son muy relativas. Y cada vez es más complejo en un mundo más globalizado, donde uno ya no solo tiene una óptica isleña para ver lo que pueda ocurrir, sino que está compitiendo con todos los países del mundo en términos de dónde producir determinada cosa o no.
Entonces, señor Presidente, siento a ratos -y por eso tengo una legítima diferencia; por algo estamos en posiciones políticas distintas- que no hay una conciencia exacta de cómo podemos facilitar, sin menoscabar pero tampoco por el gusto de burocratizar, todo aquello que esté asociado a la inversión.
No considero normal que, como lo han planteado muchos emprendedores en la zona, un proyecto cualquiera se demore como mínimo, tres, cuatro, cinco años, solo en los estudios. ¡Y eso si es que no se judicializa! Porque es la otra cosa que ha empezado a ocurrir en nuestro país: todo se judicializa, más allá de cualquier lógica.
He estado leyendo cómo lo hacen a veces otros países, y hay distintas soluciones. Algunos dicen: "Mire, seamos exigentes, pero una vez que esté aprobado un proyecto, cualquier judicialización tendrá efectos indemnizatorios, no inhibidores de la inversión que ha sido aprobada en su momento".
Aquello se ha intentado alguna vez en el Parlamento, y no ha sido posible.
Hay que darse cuenta de que no estamos en un país que disponga de una legislación que atraiga inversión de forma adecuada, mientras que otros países sí la tienen.
Yo no estoy diciendo que sea a cualquier costo. ¡No! Porque aquí hemos coincidido, en otro momento, en que tiene que haber estándares de distinta naturaleza: ambientales, sociales, históricos, de futuro, que de alguna manera uno va armando. Sin embargo, no cuesta nada llenar a esta nación, sin darse cuenta, de reglas, de burocracia y de trámites, que, al final, obviamente generan desincentivos muy severos.
Entonces, claro, uno dice: "Tiene que haber trámites". Sí, pero cuántos.
¿Es normal -no en mi Región, pero sí en otra parte- que me digan que tuvieron que presentar dos mil papeles para hacer una inversión? ¡Lleva siete años! ¿O que en la zona que represento, respecto de obras de riego, se demoren tres años en lograr las autorizaciones, porque -expresión que usaba mi padre- "se van superponiendo una caterva de temas"?
Al final, uno ya no sabe cómo enfrentar un drama. ¿Cómo va a ser razonable que en un país que quiere tirar el carro del crecimiento, del desarrollo, aquellos que deseen hacerlo terminen agobiados llenando papeles o realizando estudios, y estudios sobre estudios, o inversión sobre inversión?
Estamos ahogándonos dentro de un tema serio.
Por eso, señor Presidente, yo no solo apruebo este proyecto, sino que me gustaría que fuera mucho más ambicioso, y en eso comparto algún criterio. Creo que es un paso, pero podríamos ir bastante más allá.
¡Yo invito a ir más allá! Pero en la lógica de ayudar a la inversión.
Me preocupa cuando alguien se plantea que sea a todo el costo posible. ¡No! Los países no funcionan así. Aprendamos un poco del siglo XXI.
Los convoco a aprobar, y obviamente a mejorar esta iniciativa. Pero, por favor, no demos señales equívocas ante un mundo que ya no tolera errores de esta naturaleza, y que pagan todos los chilenos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador señor Coloma, su intervención ha motivado también al Honorable señor Soria, a quien le doy la palabra.

El señor SORIA.- Señor Presidente, al ingresar a un segundo año en el Senado de la República, quisiera decir que hemos adquirido cierta experiencia al ir escuchando.
Atrás mío hay 52 años como alcalde en la praxis, en todos los cuales no estuve (por motivos ajenos a mi voluntad, por si acaso).
Quiero contestarle al colega Navarro que respecto de lo que él plantea yo estoy cien por ciento de acuerdo.
Yo soy -para presentarme ante los que no me conocen- hijo de una chileno-peruana dueña de una oficina salitrera. O sea, mi madre nació en la gloria de esa industria, pero yo nací después de su quiebra. O sea, tengo claro lo que fue pertenecer a una familia poseedora de esa fortuna, que terminó en cero.
Además, mi padre fue un hombre de trabajo, que partió de empleado en una oficina marítima, y luego como agente logró traer las primeras naves a Chile, junto con otras personas de su mismo nivel.
Quiero decir que en las iniciativas para desarrollar el país se requieren los equilibrios, y por eso creo que mi colega del frente peca al referirse a una sola cosa.
Lo que veo como Senador es que aquí -tal como dice el colega Navarro- hay que estudiar el asunto. Y estoy de acuerdo con él, pero yo iría más allá que los Senadores Navarro y Coloma, pues lo que se requiere es velocidad. Y en ese sentido comparto lo dicho por este último en cuanto a la creación rápida de las empresas privadas -yo sigo siendo pequeño empresario, no he dejado nunca de serlo-, pero no se puede pasar a llevar las normas, porque ello termina destruyendo al país.
Sin embargo, nadie -porque todos queremos ser superchilenos- ha mencionado en este Senado que todo lo que estamos discutiendo sobre las aguas ya se ha inventado en los países del mundo.
Por eso, yo tendría aquí adentro una oficina encargada de traer información a cada una de las Comisiones, y no que estas fueran por su cuenta a buscarla a Estados Unidos, por ejemplo. En el fondo, una oficina especialista que primero vea cómo funciona el mundo en el caso del agua, cosa que no nos tome más de una sesión el tema, porque aquí las cosas se demoran un año, durante el cual se sigue conversando al respecto.
En definitiva, se precisa tener organismos técnicos que asesoren a los Senadores.
Estoy de acuerdo con lo que dice el colega Navarro, pero no con lo señalado por el Senador Coloma en el sentido de que hay que tirar para adelante nomás, porque así podemos destruir a nuestro pueblo y a nuestros empresarios, a los cuales, al final, se les da vuelta la película.
Todo está estudiado, señor Presidente.
Si el tema del agua hay que verlo, preguntemos por las asesorías que hay en todo el mundo.
A mi juicio, esa es la oficina que le hace falta al Senado.
Agradezco a ambos Senadores, porque me han inspirado a señalar que hay que discutir estas cosas y tirar los sueños a la mesa.
Gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA.- ¡Muy bien!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, Su Señoría.
Este es el nuevo estilo de la Mesa, en que se ha motivado a los Senadores señores Soria, Navarro y Coloma.
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval, quien también se ha motivado a intervenir, aunque estamos en el límite del Orden del Día.

El señor SANDOVAL.- Dos minutos, señor Presidente, porque ya se han referido a las materias significativas.
Creemos que existe, particularmente desde la perspectiva de las regiones -conozco algunos casos de vecinos que incluso se han visto envueltos en problemas de regularización con el propio Estado-, una maraña de trámites; de burocracia; de requerimientos de documentos, de información, que muchas veces duplican los tiempos de los respectivos procesos.
En el gobierno pasado se presentó un proyecto que apuntaba en esta misma dirección y numerosas de las materias allí contenidas se hallan comprendidas en la iniciativa que ahora nos ocupa, la cual introduce modificaciones en ocho diferentes cuerpos legales.
Al respecto, hay que recordar que los primeros meses del 2018 se declaró que el 50 por ciento de los proyectos de inversión en Chile se encontraban paralizados en la etapa de permisos.
Eso habla un poco de la limitación que significa para bastantes emprendedores llevar adelante sus proyectos, muchos de los cuales -por lo demás- representan una importante fuente generadora de mano de obra y de inversión, que hoy día nuestro país requiere sustantivamente.
En la actualidad, el promedio de tramitación de un proyecto de tal naturaleza es de cuatro o cinco años, pero en caso de judicializarse los tiempos prácticamente se duplican.
Por ello, la iniciativa en debate se hace cargo del mecanismo propuesto, el cual busca eliminar precisamente las incertezas jurídicas y regular los procesos que hoy día afectan la gestión de muchos emprendedores que están esperando por la agilización de los respectivos procedimientos.
Se trata de una instancia que -como bien lo señaló el Senador Soria- urge perfeccionar y modernizar, por la duplicidad de los trámites de esta naturaleza, particularmente en la Administración Pública, a pesar de los esfuerzos impulsados en el último tiempo.
Aún queda mucho por avanzar y mejorar. No obstante, resulta evidente que este proyecto va en la dirección correcta, más allá de las discusiones válidas y legítimas que se darán para perfeccionarlo en su tramitación en particular.
Por eso, en lo personal, estimo que la iniciativa en análisis va en la dirección adecuada.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Soria.
Se abstuvieron la señora Órdenes y los señores Latorre y Quintana.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hago presente que la próxima semana se fijará plazo para la presentación de indicaciones al proyecto recién aprobado. Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole RESPUESTA DE EJÉRCITO DE CHILE, COMO MANDANTE EN CONTRATO CON CONSTRUCTORA ALCARRAZ, ANTE DESPIDO DE TRABAJADORES DE ESTA SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN.
A la señora Ministra de Educación, reiterándole solicitud de FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, ÚNICA ESCUELA BÁSICA PÚBLICA EN COMUNA DE PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
Del señor GIRARDI:
Al señor Ministro de Salud y a la señora Subsecretaria de Salud Pública, pidiéndoles informar sobre ESTADO DE PROCESOS DE DESVINCULACIÓN REALIZADOS ENTRE 2018 Y MARZO DE 2019, ENVIANDO COPIA DIGITALIZADA DE DOCUMENTOS USADOS COMO FUNDAMENTO.
Del señor GUILLIER:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole información acerca de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y POSIBILIDAD DE CONSIDERACIÓN DE COMPROMISOS SUSCRITOS CON COMUNIDAD DE TOCOPILLA.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, para que remita información en cuanto a SOLICITUD DE TÍTULO GRATUITO INTERPUESTA POR DOÑA MARÍA ELIANA HERNÁNDEZ MEDINASOBRE INMUEBLE QUE OCUPA.
Al señor Superintendente de Salud, requiriéndole antecedentes sobre ESTADO DE AVANCE DEDENUNCIA EFECTUADA POR DON GABRIEL PINEDA MUÑOZ CONTRA ISAPRE BANMÉDICA.
De la señora ÓRDENES:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, a la señora Ministra del Medio Ambiente, a la señora Intendenta Regional de Aysén y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, pidiéndoles informar sobre PLAN DE RECUPERACIÓN DE DAÑOS POR INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS EN SECTORES DE COLONIA SUR Y BAHÍA MANSA.
De la señora RINCÓN:
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole revisar USO DE RECURSOS ESPEJO EN REGIONES.
)----------(

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:31.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante